B.IA.LEGAL

SCP 0203/2024-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 13 de junio de 2024

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera
Fecha
13 de junio de 2024
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
MSc. Georgina Amusquivar Moller
Expediente
64171-2024-129-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

La parte impetrante de tutela, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, a una protección reforzada bajo el principio del interés superior del niño y al debido proceso en sus vertientes de fundamentación y motivación; toda vez que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público, contra cinco menores de edad -entre ellos los ahora peticionantes de tutela- por la presunta comisión del delito de violación a menor adolescente previsto y sancionado por el art. […]

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 088/2024 de 17 de abril, cursante de fs. 220 a 224 vta., pronunciada por el Juez de Instrucción Penal, Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Séptimo de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia: DENEGAR la tutela solicitada, conforme los fundamentos expuestos en el presente fallo constitucional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. El enfoque interseccional para analizar la violencia hacia las mujeres, que busca equilibrar los derechos de víctimas e imputados, en sintonía con el deber estatal de eliminar toda violencia de género
  2. III.2. El enfoque de protección integral de los derechos de los adolescentes en conflicto con la ley, en el marco de la Convención sobre los Derechos del Niño y el corpus iuris de protección de los derechos de los niños
  3. III.3. La ponderación de derechos fundamentales y su aplicación
  4. III.4. Las resoluciones de medidas cautelares y su debida fundamentación y motivación por los tribunales de apelación en aplicación correcta del art. 398 del Código de Procedimiento Penal
  5. III.5. La revisión de la valoración de la prueba en sede constitucional
  6. III.6. Las inconsistencias o contradicciones en la declaración de una víctima de delitos de violencia sexual, no pueden ser consideradas como mentiras, al constituirse esta en prueba fundamental de los
  7. III.7. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0203/2024-S1 Sucre, 13 de junio de 2024 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Georgina Amusquivar Moller Acción de libertad Expediente: 64171-2024-129-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 088/2024 de 17 de abril, cursante de fs. 220 a 224 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Santos Chejo Parisaca, Cesar Quenallata Santos y Mario Aliaga Luque, en representación de sus hijos menores de edad AA, BB y CC, contra Cesar Wenceslao Portocarrero Cuevas, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 13 de abril de 2024, cursante de fs. 190 a 200, la parte accionante manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público, contra cinco menores de edad -entre ellos los ahora impetrantes de tutela- por la presunta comisión del delito de violación previsto y sancionado por el art. 308 del Código Penal (CP). El relato de la víctima incorporado a la denuncia de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia (DNA) del Gobierno Autónomo Municipal (GAM) de Escoma del departamento de La Paz fue cambiando, y se tiene prueba que demuestra la inexistencia de las supuestas violaciones; asimismo, según informe del profesor de la “Unidad Educativa”, hubo una reunión en la que en ningún momento la víctima ni su padre manifestaron que fue violada; versión ratificada por las declaraciones de los asistentes a la misma, incluido el Director de la “Unidad Educativa”. De manera extraña, el 7 de diciembre de 2023, el padre de la víctima presentó una denuncia ante la Policía, indicando que su hija manifestó que el 5 del citado mes y año, luego de tomar bebidas alcohólicas perdió el conocimiento y cuando se levantó al promediar las 16:00 horas se dio cuenta que fue agredida sexualmente. Falsedades que dieron lugar a que sean aprehendidos, imputados y puestos en detención preventiva junto a los otros dos jóvenes en el Centro de Reintegración Social para Adolescentes Varones del Servicio Departamental de Gestión Social (SEDEGES) La Paz, desarraigándoles de su núcleo familiar, social, estudiantil, con el abandono del servicio militar por parte de dos de los jóvenes, además sus padres tuvieron que dejar sus trabajos para dedicarse a los trámites, teniendo que viajar de Escoma a Carabuco donde se encuentra el Juzgado de Instrucción Penal; como también a Puerto Acosta donde está la Fiscalía; y, a La Paz para visitar a sus hijos. Así solicitaron la cesación a su detención preventiva, misma que fue rechazada por Resolución NNA 07/2024 de 27 de febrero. Bajo el marco señalado precedentemente, se tiene que interpusieron una apelación contra la Resolución NNA 07/2024, emitida por el Juzgado Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia, de Partido del Trabajo y Seguridad Social e Instrucción Penal Primero de Puerto Carabuco del departamento de La Paz; ante lo cual, se emitió el Auto de Vista 266/2024 de 5 de abril, que declaró improcedente el recurso y confirmó la citada Resolución, incurriendo en los siguientes hechos generados de la presente acción tutelar: a) Omisión valorativa de la prueba; toda vez que, al ratificar el rechazo a la cesación a la detención preventiva, no se tomó en consideración los siguientes agravios: a.1) El Sistema penal juvenil diferenciado, en cuanto a la excepcionalidad de la privación de libertad en casos de menores y su solicitud de cambio de medida a una menos gravosa; como tampoco las pruebas presentadas para desvirtuar la participación de los adolescentes en el hecho, consistentes en declaraciones de las tres testigos menores de edad; informe del “Director de colegio”, donde la testigo presencial DD señaló que en ningún momento los ahora peticionantes de tutela cometieron ningún acto; donde se refiere que en la reunión de 6 de diciembre de 2023 en ningún momento la víctima señaló haber sido objeto de violación; y, los informes del área de psicología de la DNA de Carabuco realizados a los adolescentes imputados, donde se señala las afectaciones de los menores en su situación a encierro e injusto juzgamiento; siendo que, la Ley 348 señala como uno de los requisitos para la procedencia de las medidas cautelares, los indicios sobre la existencia del hecho delictivo; a.2) En relación al art. 290 inc. e) del Código Niña, Niño y Adolescente (CNNA) -Ley 548 de 17 de julio de 2014- tampoco se valoró la prueba que demuestra que la víctima ya no vive en el lugar; las certificaciones de buen comportamiento de los ahora solicitantes de tutela; las garantías de los padres de los menores a favor de la víctima y su familia; informes de las juntas de vecinos, certificaciones del Registro Judicial de Antecedentes Penales (REJAP), Policial, antecedentes de violencia, Certificado de Permanencia de Conducta del Centro de Reintegración Social para Adolescentes Varones del Servicio Departamental de Gestión Social (SEDEGES) La Paz donde se establece que no cuentan con antecedentes y su buen comportamiento; e, Informe psicológico de terapia que señala los niveles bajos de riesgo; b) La autoridad demandada validó la actuación de la Jueza a quo sin considerar los derechos de los menores, violentando el principio de especialidad que rige en materia de adolescentes con responsabilidad penal; por lo que, en consideración del interés superior del niño se debió realizar una ponderación a la prueba documental denunciada como no valorada en la apelación y fundamentar desde el principio de especialidad y protección reforzada, conforme el bloque de convencionalidad establece la excepcionalidad de la privación de libertad para menores con responsabilidad penal; c) Falta de fundamentación y motivación; toda vez que, no se citó las normas, ni se valoró las pruebas, generando duda.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

La parte accionante denunció la vulneración de sus derechos a la libertad, a una protección reforzada bajo el principio del interés superior del niño y al debido proceso en sus vertientes de fundamentación y motivación; citando al efecto los arts. 22, 23.I, 58, 60, 115, 117, 178.I y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE); 3, 12, 37 y 40 de la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN); 1.5, 8.2.b), d) y e), 19 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).

I.1.3. Petitorio

Solicitaron se conceda la tutela impetrada y se disponga: 1) La anulación del Auto de Vista 266/2024 de 5 de abril y se emita una nueva resolución bajo la observancia del debido proceso, en relación a la fundamentación y motivación; 2) Que la autoridad demandada considere de manera transversal el sistema de justicia penal juvenil con todos sus principios y garantías principalmente bajo la observancia del interés superior del niño el principio de especialidad; 3) Se realice el test de ponderación considerando la edad de los imputados y los derechos y garantías como menores de edad; y, 4) La reparación del daño para los menores AA, BB y CC.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

La audiencia virtual de la presente acción de defensa, se celebró el 17 de abril de 2024, según consta en acta cursante de fs. 216 a 219 vta., produciéndose los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

La parte impetrante de tutela a través de su abogada ratificó in extenso el contenido de la presente acción de libertad.

I.2.2. Informe de la autoridad demandada

Cesar Wenceslao Portocarrero Cuevas, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante informe escrito presentado el 17 de abril de 2024 cursante a fs. 228 a 229 vta., solicitó se deniegue la tutela solicitada; en razón a que: i) La acción tutelar no señala de forma expresa si se interpone porque: la vida del imputado estuviera en peligro, estuviese ilegalmente perseguido, indebidamente procesado o indebidamente privado de su libertad, lo cual amerita la denegatoria de tutela solicitada; ii) La Sala Penal Primera del Tribunal Departamento de Justicia del mencionado departamento dictó el Auto de Vista 266/2024 dentro del marco de lo establecido en el art. 398 del Código de Procedimiento Penal (CPP), disponiéndose la admisibilidad del recurso de apelación interpuesta por la parte imputada, declarando la improcedencia de las cuestiones planteadas y confirmando en el fondo la Resolución NNA 07/2024, con los fundamentos expuestos en la mencionada resolución; iii) Se efectuó un análisis correspondiente a la resolución emitida por la Jueza a quo y se verificó que la misma cumple con la debida fundamentación y motivación en relación a la pruebas presentadas, dejándose establecido que las mismas serían consideradas en la etapa correspondiente, debido a que el proceso se encuentra en etapa investigativa; por lo que, no procede valorar prueba en esta instancia para verificar la participación de los adolescentes en el hecho atribuido; iv) Respecto al riesgo procesal latente, conforme el art. 290 inc. e) de la Ley 548, estableció que la Jueza a quo, valoró la prueba presentada y estableció por qué permanece latente este riesgo procesal, debido a la revisión de antecedentes del cuaderno del control jurisdiccional, y no como señala la parte peticionante de tutela que hace referencia al cuaderno de investigaciones; se consideró la situación de vulnerabilidad de la víctima mujer y adolescentes en contraposición de los derechos de los imputados; por lo que, se extraña la incertidumbre en relación a qué prueba se debe presentar ante una nueva cesación, ya que se analizó el valor otorgado a la prueba presentada y se consideró insuficiente para poder desvirtuar este riesgo, bajo criterios de lógica y sana crítica por parte de la Jueza a quo; v) Como segundo agravio refiere que no se citó qué prueba fue valorada en el citado Auto de Vista emitido para considerar que no procede el cese de la detención preventiva a partir del interés superior del niño, aspecto que no se encuentra dentro de los alcances del art. 398 del CPP, lo único que el Tribunal de alzada debe constatar, son los puntos de agravios con la resolución apelada y ver si se efectuó una correcta valoración de la prueba por parte del Juez a quo; vi) Con relación a la protección reforzada de los intereses de los niños, niñas y adolescentes y el sistema penal diferenciado, el Auto de Vista 266/2024 señala que no se está desconociendo derechos de los mismos, sino que la Jueza a quo consideró la situación de la víctima que es menor de edad y además mujer, en doble situación de vulnerabilidad frente de los menores infractores, por ello se dejó claro que se efectuó un test de proporcionalidad ante contraposición de derechos; y, vii) El Auto de Vista 266/2024, fue claro en sus fundamentos, no siendo necesaria una fundamentación ampulosa, conforme lo establecido por la SCP 0450/2012 de 29 de junio.

I.2.3. Resolución

El Juez de Instrucción Penal Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Séptimo de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 088/2024 de 17 de abril, cursante de fs. 220 a 224 vta., denegó la tutela solicitada, bajo los siguientes fundamentos: a) Respecto a la valoración de la prueba presentada en audiencia con relación a la declaración de testigos, se puede establecer que hay duda en la existencia del hecho atribuido a los adolescentes; la Resolución apelada señala que estos aspectos serán analizados en la etapa correspondiente conforme a la Ley 548, razonamiento lógico; toda vez que, el proceso aún se encuentra en etapa investigativa; por lo que, no se evidencia ningún agravio por reparar; si se hubiera encontrado un punto de agravio respecto a esta circunstancia, tendría que haber realizado una fundamentación y motivación; b) Con relación al segundo agravio, no se puede argüir que se desvirtúe la vulnerabilidad de la víctima, debido a que la misma ya no se encuentra en la comunidad de Escoma sino en El Alto; toda vez que, la jueza a quo consideró la situación de vulnerabilidad de la víctima, en este caso adolescente y mujer, lo que no significa que se esté desconociendo los derechos de los adolescentes infractores; por lo que, no se evidencia agravio que reparar; y, c) La jueza a quo realizó un análisis escueto; sin embargo, analizó los derechos que tienen los menores de edad; si bien no señaló que se está haciendo un análisis bajo una perspectiva interseccional aplicando perspectiva de género, lo hizo bajo los aspectos que señala la SC 1672/2011-R; por lo que, claramente no se necesita una fundamentación concisa de normas legales a objeto de establecer cuál es el fundamento o motivo que le llevó a tomar una determinada decisión, pero realizó una valoración específica de todos los agravios y al mismo tiempo dio una respuesta motivada y fundamentada, haciendo una ponderación entre los derechos de la víctima y los menores.

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Mediante Acuerdo Jurisdiccional TCP-AJ-SP-005/2021 de 22 de julio, se dispuso la priorización en el sorteo de casos de niñas, niños y adolescentes con el fin de hacer efectiva su atención prioritaria y eficaz protección; en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, sin aguardar el orden cronológico respectivo, procedió al sorteo de la presente causa.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece las siguientes conclusiones: II.1. Mediante Resolución NNA 07/2024 de 27 de febrero, emitida por la Jueza Pública Mixta Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia, de Partido del Trabajo y Seguridad Social e Instrucción Penal Primero de Puerto Carabuco del departamento de La Paz, señaló lo siguiente:

CONSIDERANDO II. Fundamentación jurídica.

Debemos citar lo previsto por el artículo 291 que señala que, la cesación a la detención preventiva se da en los siguientes casos: a) cuando nuevos elementos de juicio demuestren que no concurren los motivos que fundaron o tornen conveniente que sea sustituida por otra medida. En el memorial presentado por escrito los adolescentes también habrían hecho mención al inciso c) cuando la duración exceda a los 45 días sin acusación o 90 en caso de pluralidad de personas adolescentes.

CONSIDERANDO II. Fundamentación fáctica.

1ro.- El día de hoy la abogada no se ha manifestado respecto a este numeral tan solo ha hecho mención respecto al numeral a) cuando nuevos elementos de juicio demuestran que no concurren los motivos que fundaron o torne conveniente sea sustituida por otra. Así debemos primero determinar cuál es el motivo o las razones que se establecieron para disponer la detención preventiva de los adolescentes en conflicto con la ley, si revisamos antecedentes como ya tienen conocimiento los sujetos procesales la Resolución primigenia llega a ser la No. 445/2023 emitida el 17 de agosto por el Juez 2do Público Niñez y Adolescencia de la ciudad de El Alto en la cual habría dejado firmes y subsistentes los riesgos procesales contenidos en el art. 290 inciso d) y e). Referente al art 290. d) de forma textual señala “...El Ministerio Público señala respecto a que puedan ocultar, modificar, suprimir destruir elementos de prueba, en la imputación formal presentada ante esta autoridad se tiene la inspección técnica ocular del lugar de los hechos, este riesgo no ha sido rebatido por ninguno de los adolescentes en conflicto con la ley..." Asimismo el inciso e) señala “...que pueda influir negativamente o poner en riesgo o peligro a persona alguna relacionada con el proceso sea autoridad, partícipe, testigo, perito o tercero; a la presente audiencia el Ministerio Público y la víctima han hecho hincapié en el proceso se tiene a la víctima adolescente se debe tener en cuenta si bien las medidas cautelares son instrumentales a fin de garantizar la presencia de los imputados en actos investigativos, también se tiene la finalidad de proteger a la víctima en el presente caso adolescente de 17 años que por su condición de mujer merece protección reforzada a fin de garantizar la seguridad, este riesgo procesal contenido en el 290 inciso e)...“ Esta resolución ha merecido por parte de la víctima como por parte de uno de los adolescentes en conflicto con la ley, habiendo sido confirmada por la Sala Penal cuarta la Dra. Marcela Castro Dorado en la que ha declarado improcedente la apelación interpuesta, queda firme y subsistente esta resolución primigenia.

2do.- La abogada de la defensa como el Ministerio Público nos han presentado y han argumentado que hasta el desarrollo de la investigación principalmente respecto al hecho que se viene investigando, se ha demostrado que de las declaraciones de los testigos principalmente como en la inspección técnica ocular los hechos no habrían sucedido por qué, porque existiría contradicción en la declaración de la víctima y esto argüido porque existiría una manipulación por parte del abogado. Por otra parte, el Ministerio Publico habría presentado un informe pericial por el cual se tiene que el perito que había entregado de manera reciente el informe el día de ayer ha señalado, ha determinado la presencia de espermatozoides.

La abogada en principio ha señalado que estos argumentos no pueden ser considerados dentro del proceso donde se juzgan adolescentes en conflicto con la ley es la misma autoridad que debe conocer desde la etapa investigativa -preparatoria inclusive a momento de la sanción correspondiente, a diferencia del proceso común para mayores de edad el proceso se divide inclusive en 3 etapas desde el punto de vista procesal, tenemos una etapa preparatoria a cargo del Juez Cautelar, una etapa de juicio ante un Tribunal y un Juzgado de Sentencia y al momento de la sanción y verificar el cumplimiento de la sanción o no impuesta inclusive el Juez de Ejecución. Aquí la autoridad va conocer todo el desarrollo del proceso en virtud al principio de especialización que rige la Ley 548; en ese entendido los argumentos vertidos como por la defensa como por el Ministerio Público son parte de fondo del mismo proceso, estamos dentro de una etapa investigativa que a la conclusión del mismo la autoridad fiscal reunido todos los elementos emitirá la resolución correspondiente y así se tiene el artículo 296, finalizada la investigación de la o el fiscal presentará los siguientes requerimientos y nos señala cuáles son las resoluciones que va a emitir; por lo tanto, esta autoridad como lo ha manifestado la defensa no podría manifestarse respecto al fondo mismo de las pruebas que han sido ofrecidas.

3ro.- Respecto a riesgos procesales, Art. 290 d), dimos lectura textual a la resolución primigenia y qué es lo que nos había señalado la autoridad fiscal, la realización de la inspección técnica ocular, si bien la víctima habría señalado que la misma no se habría desarrollado pero en aplicación al principio de verdad material y ninguno de los sujetos procesales o la parte acusadora ha manifestado que ha existido algún entorpecimiento, que no se habría podido desarrollar, han señalado estábamos presentes y el actuar o no haber transcrito en qué manera modificaría el acta de inspección técnica ocular no puede ser modificado porque ha sido en presencia de todos además ha sido grabado en un CD; por lo tanto, este riesgo procesal ha desaparecido y además quiero dejar en claro que al momento de que los abogados habrían solicitado la salida judicial se ha adjuntado el requerimiento y reitero principalmente los sujetos procesales han reconocido que se ha llevado a cabo el acto. 4to.- Respecto al inciso e) del 290, para el Juez cautelar el fundamento es la protección principalmente a la víctima por su condición de mujer en este aspecto la defensa ha señalado principalmente que se debe tener consideración que también los adolescentes en conflicto con la ley merecen una protección reforzada por el Estado inclusive desde un enfoque interseccional, ha señalado que se debe respetar este derecho que tienen ellos respecto a la presunción de veracidad. Debemos tener presente que los adolescentes no están privados de libertad por una orden externa están dentro de un proceso penal, este proceso penal que se ha aperturado en su contra a denuncia de la Defensoría de Escoma y que viene llevando adelante el Ministerio Publico en aplicación al principio de legalidad se ha restringido los derechos ya en una audiencia de medida cautelar, este es otro instituto de cesación a la detención preventiva donde ellos tienen la carga de la prueba donde ellos deben desvirtuar aquellos elementos respecto a aquellos que en ellos ya no concurren los motivos que fundaron su detención preventiva. En ese entendido se pretende por la defensa señalan y ha sido muy enfática que se debe considerar el principio del interés superior, la presunción de veracidad pero tenemos que ver también que dentro del presente proceso también constituyen un sujeto procesal la víctima, esta víctima que también es menor de edad al igual que los adolescentes en conflicto con la ley, entonces al estar en conflicto de derechos frente a los derechos de la parte imputada y los derechos de la de la víctima se tiene que hacer una ponderación y así la SCP 439/2018 S2 ha señalado respecto a cuando existen la colisión entre derechos del Adolescente infractor con la ley y la víctima de violencia sexual, debemos decir que la víctima en su derecho que ella tiene merece una protección reforzada por parte del Estado, esta protección que no solamente es un derecho que le asiste y es una obligación que tiene el Estado por protegerla así se encuentra respaldado desde una norma superior como es la Constitución Política del Estado en el Art. 15 no solo ellos también haciendo un control de constitucionalidad y un control de convencionalidad existen diversos tratados internacionales en materia de protección de Derechos Humanos del cual conforme al artículo 410, 13 y 256 el Estado por medio de las autoridades judiciales y siendo los Jueces los primeros garantes del derecho, es que también debe cumplirse.

También el artículo 60 y el artículo 61 de la Constitución Política del Estado protege a este sector vulnerable a los menores de edad, efectivamente ambos imputados y víctima se les tienen que resguardar este principio de derecho y garantía del interés superior pero aquí existe una pequeña diferencia es la condición de vulnerabilidad que tiene la víctima, esta víctima que ha sido víctima de una agresión sexual y al respecto la SC 3494/2018 ha señalado que la finalidad de las medidas cautelares señala el art. 221 no solamente es la averiguación de la verdad y que el proceso se desarrolle sino también cuando la víctima es una mujer se debe resguardar los derechos de la víctima. Ustedes me dirán la abogada ha señalado que no existe vulnerabilidad que en ellos por los informes que habrían presentado. Respecto al informe social emitido por el personal del centro de Reintegración Social, la abogada habría señalado que en ellos existe un riesgo bajo que ellos están preocupados por la situación que vienen atravesando; al respecto estos informes sociales efectivamente son emitidos por funcionarios públicos y describen la realidad de los adolescentes, pero estos informes emergen de la orden emitida por la autoridad jurisdiccional de aquella oportunidad conforme a lo ordenado por dicha autoridad, estos informes vienen a ser al momento de ingreso mismo a este Centro, mas no en el desarrollo del mismo.

6to.- Ahora bien, por eso es que ellos habrían señalado cómo es que los menores o los adolescentes habrían ingresar, han ingresado para el caso del Adolescente CC con un riesgo bajo, para el caso de la adolescente Dante un riesgo bajo de igual manera para BB tiene un nivel de riesgo bajo, pero reitero, estos informes son al ingreso al Centro. De los informes sociales se tiene que en caso de CC el informe emitido por la Lic. Lucero Martínez señala que el adolescente CC de 17 años al momento presenta indicaciones y afectación psicológica. Por otro lado respecto a Dante señala que al encontrarse en el centro de reintegración tiene síntomas movimientos, repetitivos, continuos, compulsivos, nerviosismo, preocupación; y, en el caso de Edgar de igual manera señala que tiene una situación de preocupación, sin embargo nuevamente si hacemos una ponderación y por ello revisado el cuaderno de investigación se tiene el informe realizado ante la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de Achacachi en el que entre el diagnóstico de ansiedad a la víctima señala "me quiero matar" y eso lo ha manifestado cuando el progenitor de la víctima señala que mi hija está muy traumada; ese es el grado de vulnerabilidad que se tiene aparte como lo habíamos señalado este grado de vulnerabilidad también conforme a la Sentencia Constitucional antes referida, no solamente son varios factores para determinar el grado de vulnerabilidad así se tiene las características del delito, la ventaja o desventaja que se encuentra la víctima y la conducta con anterioridad y posterioridad de acto. Veamos cómo han sucedido los hechos conforme se tiene de la denuncia y el grado de desventaja que se tiene y ahí se puede se debe identificar esta vulnerabilidad, menores de edad, en un grupo mayor a dos personas frente a una menor de edad han consumido bebidas alcohólicas, además ello no solamente se tiene de la denuncia sino también del informe en cámara gesel y también de este informe social emitido por la defensoría por el informe psicológico de la psicóloga de la DNA del GAM de Achacachi.

Entonces si pedimos que se considere la situación de menores de edad por ser menores de edad por este enfoque interseccional; sin embargo, también vemos del otro lado que también existen condiciones de vulnerabilidad de parle de la víctima quien también se encuentra en una situación de vulnerabilidad además si bien lo ha señalado que los menores se encuentran estudiando en el colegio de Escoma conforme lo ha manifestado la Defensoría de la Niñez y Adolescencia en virtud a la Resolución Ministerial No. 01/24 se tiene que se habría ratificado la inscripción de ella, entonces en la cantidad y al momento de cómo están los hechos, según se tiene son menores de edad, pero la cantidad de menores en conflicto con la ley, frente a la víctima.

7mo.- Que, dentro de la documentación presentada por los adolescentes, la defensa ha cuestionado respecto a la contradicción que existirían en las declaraciones de la víctima si es cierto pero también de debe considerar que en este tipo de hechos la declaración de la víctima en delitos de violencia sexual deben ser considerados dentro de una investigación, seguramente y bajo su misma fundamentación a lo largo del desarrollo de la investigación se verificará por otros elementos de prueba las contradicciones existentes; sin embargo, hasta el presente debemos como obligación del Estado por medio de todos los funcionarios realizar una debida diligencia por qué, porque aquí hemos identificado un sujeto de protección en relación a otros sujetos pero ella merece mucho mayor consideración porque es mujer porque es menor de edad. Entonces vemos que los factores de discriminación no están en igualdad de condiciones frente a los también imputados quiénes son menores de edad también se encuentran dentro de una situación de vulnerabilidad y esto a qué nos obliga a juzgar con perspectiva de género, esta perspectiva de género que también es una obligación de parte de todos los jugadores a identificar factores de discriminación que hace que tal como han sido descritos anteriormente; si bien habrían presentado documentación de certificación de permanencia y buena conducta también se debe considerar conforme lo ha manifestado también la víctima este informe deviene de la conducta de los adolescentes en el centro de reintegración, evidentemente bajo el principio de verdad material la conducta va a ser muy diferente cuando ellos estén en libertad. Por otro lado, la certificación emitida en cuanto al señor César Quenallata emitida por la junta de vecinos evidentemente señala que el señor Quenallata es miembro, es vecino de la población de Escoma participando activamente en las actividades del municipio; sin embargo, en este informe no han mencionado siquiera el accionar de los principales que es los sujetos adolescentes en conflicto con la ley. Lo mismo sucede con CC, ha señalado que vive en Escoma, sin embargo, en este voto resolutivo emitido por el secretario de actas principalmente de la comunidad Chimoco señala que él tendría su domicilio en Chimoco y también lo ha manifestado el progenitor del adolescente CC que él vive en Chimoco, entonces existiría una contradicción toda vez que vive en Escoma o vive en Chimoco. También se ha presentado documentación y si bien a abogada ha manifestado que habrían presentado certificados de antecedentes penales, policiales inclusive en el caso del Adolescente Chejo respecto al policía de Escoma que no registra antecedentes de ninguna índole. Debernos tener presente que en materia de niñez y adolescencia prevalece el principio de reserva y más garantizando los Adolescentes dentro del sistema penal juvenil los antecedentes penales, policiales o Cenvi no pueden ser registrados datos de los referidos; por lo tanto, esta documentación resulta impertinente.

Que los derechos que tienen los adolescentes en conflicto con la ley es evidente, pero en la aplicación al artículo solamente 262 inciso k) dispone la excepcionalidad a la privación de libertad cuando provenga de un proceso penal aperturado en su contra, se tiene que estos derechos fundamentales que tienen no solamente ellos sino también todas las personas, se encuentran limitados siempre y cuando exista una resolución emitida por autoridad judicial; en el presente deviene de un proceso penal que se viene investigando hasta el presente.

8vo. Por otro lado, la defensa ha señalado como los progenitores y principalmente los adolescentes que ellos tienen la voluntad o ellos deben continuar con los estudios y ellos merecen cesar esta su detención preventiva porque quieren continuar principalmente los estudios. Bien debemos decir que La Constitución Política del Estado protege los derechos de las personas privadas de libertad solamente se está restringiendo la libertad, sin embargo no se está restringiendo los demás derechos, los adolescentes en conflicto con la ley pueden ejercer ese su derecho y en el Centro de Reintegración Varones precisamente a diferencia de en el sistema penal para adolescentes también están estas medidas este derecho que ellos tienen a ejercer su educación seguramente a través del equipo interdisciplinario y ellos pueden ejercer este derecho; por lo tanto, de ninguna manera se les está restringiendo no se olviden que estamos dentro de una investigación reitero a la conclusión de esta etapa seguramente cuando el Ministerio Publico recabe todos los actos investigativos se emitir a una resolución correspondiente; por lo que, principalmente en cuanto al inciso e) del artículo 290 no ha sido desvirtuado estando subsistente este riesgo procesal.

Bajo todos estos argumentos que la autoridad ha referido y realizando una valoración integral bajo la sana crítica es que se dispone lo siguiente:

POR TANTO

La suscrita Jueza Mixto Público Civil y Comercial de Familia, Niñez y Adolescencia de, Partido del Trabajo y S.S. e Instrucción Penal Primero de Puerto Carabuco Provincia Camacho del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, conforme 1 Art. DISPONE el RECHAZO a la solicitud de cesación a la detención preventiva impetrada por Santos Chejo en representación de AA Cesar Quenallata Santos en representación de BB y Mario Aliaga Luque en representación de CC (sic [fs. 136 vta. a 141). II.2. Consta Memorial presentado el 1 de marzo de 2024 ante el Juzgado Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia, de Partido del Trabajo y Seguridad Social e Instrucción Penal Primero de Puerto Carabuco del departamento de La Paz, por el que Santos Chejo Parisaca, Cesar Quenallata Santos y Mario Aliaga Luque, en representación de sus hijos menores de edad AA, BB y CC,- ahora solicitantes de tutela-presentaron un recurso de apelación contra la Resolución NNA 07/2024 de 27 de febrero, señalando lo siguiente:

1. Luego de haber acumulado prueba que refleja como la víctima miente en relación a los hechos, y demostrar por los múltiples informes ya sea de la comunidad de Escoma como de funcionarios del Slim de Carabuco que ahora a insistencia de nuestra abogada ingresa en defensa de nuestros hijos al ser estos menores de edad, se presenta prueba como los informes de Terapia Varones donde el equipo interdisciplinario indica que los jóvenes tienen un nivel Bajo de riesgo (este es el mínimo que tiene la escala), por lo tanto solicitamos Cesación a la Detención Preventiva, al amparo de los establecido en el Código Niña, Niño Adolescente - CNNA: (…)

2. En audiencia y siguiendo los parámetros de la Resolución Primigenia Nº 445/2023 emitida por el Juzgado de la Niñez y Adolescencia de El Alto, que señala la existencia de suficientes indicios para determinar la Autoría de los jóvenes en el hecho…

A este respecto se presenta la declaraciones de las tres testigos menores de edad de testigos (…), quienes de manera uniforme señalan que el día de los hechos 5 de diciembre la víctima estaba en estado de ebriedad y lloraba inconsolablemente por el enamorado, en ningún momento señala que se despertó con el pantalón abajo y adolorida de la parte genital. Principalmente la menor de iniciales (…) que estuvo desde el inicio señala que no pasó nada que los chicos se salieron a las 2: 00 a 2:30 y solo se quedaron ella con la victima quien estaba muy ebria, siendo que tomo incontrolablemente pues señalaba que había visto a su enamorado (…) con otra chica en el recreo. Las otras señoritas señalan como se caía, las gradas por lo mareada que estaba.

Se presenta el informe del director del colegio que señala que el día 6 de diciembre se tuvo una reunión con los papas de los menores, donde estaba también la víctima y sus progenitores y que se trató el tema de porque los chicos bebieron y se los reflexiono, es decir no se señala nada sobre una supuesta violación, en ningún momento.

Se presente los informes de la Psicóloga de la DNA de Carabuco donde señala de manera expresa lo que declaran los jóvenes, y recomiendo se tome en consideración la afectación que está teniendo su encierro.

Esta prueba no fue ni considerada, pues señala la Juez que debe conocer en el fondo del caso por las regulaciones que se tiene en el Sistema Penal Juvenil.

Con relación a los riesgos procesales en relación al Art.

“Artículo 290. RIESGO DE FUGA U OBSTACULIZACIÓN DE LA AVERIGUACIÓN DELA VERDAD.

d). Que puedo destruir, modificar, ocultar, suprimir o falsificar elementos de prueba:"

A este respecto se desvirtúa mediante Resolución 07/2024 de fecha 27 de febrero este riesgo procesal considerando que ya se había realizado la Inspección Técnica Ocular - ITO, pues la resolución primigenia fue el único presupuesto que fundo este riesgo. Por lo que habiéndose realizado el mismo en fecha 14 de febrero se lo tenía por desvirtuado.

3. Siendo el otro riesgo el establecido en el inciso e), que señala. "e) Que pueda influir negativamente o poner en peligro a alguna persona relacionada al proceso, sea autoridad, partícipe, testigo, perito, parte o tercero;" A este respecto se presenta pruebas que demuestran el buen comportamiento como ser:

De manera uniforme presentamos que los tres papas suscribieron garantías para la víctima y sus familias, que si bien es cierto que la línea jurisprudencial SC 001/2019 S -2 que la medida es revictimizante, no es menos evidente que los mismos no resultan ser victimizantes cuando son unilaterales, por lo tanto establecen un marco de seguridad para la víctima.

La resolución primigenia fundamenta en estándares internacionales de derechos humanos de las mujeres para imponer medida extrema de detención preventiva señalando:

ART. 15, 60 de la CPE

Art. 1 y 7 de la Convención Belen do para Autos supremos que señalan la presunción de veracidad de la víctima, en la Resolución 455/2024 a fs. 45 vta., señala de manera expresa:

“son instrumentales y tienen también la finalidad de proteger a la víctima en el presente caso adolescente con 17 años y por su condición de mujer, merece protección reforzada a fin de garantizar su seguridad este riesgo procesal contenido en el inc. E del Art. 290 no fue desvirtuado por los adolescentes con responsabilidad penal”

En ese entendido nos remitimos a las Reglas de Brasilia que señala a los menores de edad, indígenas y personas privadas de libertad, como clases en situación de vulnerabilidad, por lo tanto se le solicita considere estos extremos interseccionales para los derechos de los jóvenes. Sin embargo no los considera, es más ni los toma en cuenta en su Resolución hoy apelada 007/2024. Por lo anterior también apelamos a la Convención de los derechos del niño que desde el Art. 37 y 40 establece y regula la forma en que el Estado debe llevar adelante una investigación donde se tiene a menores con responsabilidad penal, a este respecto debemos señalar, las normas que también les protegen, como ser que la Comité de los Derechos del Niño en el Observación General N° 24 señala claramente cómo se debe interpretar el derecho a la libertad y la forma más restringida en la que debe restringirse: A este respecto señala la juez que la detención de los jóvenes el legal siendo que emana de autoridad competente que lo determinó, sin considerar que la legalidad tiene como fuente principal lo señalado en el Art. 7 numeral 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que para el caso de menores esta reforzada por el Art. 19 del mismo marco legal. Extremos claramente señalados en la parte donde se le pido complementación y explicación a la juez.

Asimismo, se tiene que la Srta. Victima ya no vive en la localidad de Escoma, es decir esta distante de los jóvenes así se tiene del informe de la junta de vecinos de Escoma, quienes indican que ya no vive en Escoma, es el mismo padre quien señala que trasladaron a los dos hijos menores a la ciudad de El Alto. Es importante señalar a este respecto que la Sra. Víctima de 17 años vivía junto a su hermanos solos en Escoma, ya que sus padres viven en la ciudad de El Alto, se señala que el representante del MP ya recibió este informe y como de costumbre no lo coloca en portafolio y tampoco en el cuaderno de investigaciones, demostrando que lo que quiere es obstaculizar los derechos de los jóvenes adolescente que a la fecha están en calidad de víctimas del sistema, como se puede evidenciar por la forma en que están siendo tratados por todos los sujetos del sistema de justicia.

A efectos de demostrar su personalidad y la falta de un riesgo en su comportamiento que ponga en peligro a la víctima se presenta: Certificado Rejap, Policial y Sipasse que señala que no tiene antecedentes, certificados de las juntas de la comunidad como de la junta de vecinos que señalan que tanto ellos como sus padres tienen un excelente comportamiento y nunca se vieron envueltos en conflictos. Certificado de Permanencia y conducta que señala su buen comportamiento en el Centro de Reintegración Social para Varones. Informe de la UE que señala que los menores están inscritos en el 6to. de secundaria es decir en la promoción. Libreta del colegio con notas sobresalientes y que cursan en el Cuaderno de Control Jurisdiccional, que si bien fueron presentados en la audiencia primigenia estás no fueron valoradas por el Juez.

Informe social de terapia varones, que señala la situación económica y los efectos en los jóvenes y sus familias sobre el hecho denunciado donde los menores señalan que nunca cometieron ese delito. Informe psicológico de terapia Varones que señala los niveles bajos de riesgo (Este es el parámetro mínimo que tiene la escala) los niveles de depresión, dolor nostalgia que vienen atravesando al ser separados de sus padres y principalmente se hace mención al menor (…) quien es el segundo hermano y su padre tiene la jefatura del hogar ante el abandono de la madre. Todo esto hace a su personalidad, de donde se tiene que son jóvenes con valores y sobre todo se señala la necesidad de cambio de medida, que si bien es cierto que la resolución primigenia señala un peligro para la víctima no es menos evidente que toda la prueba valorada en toda su comunidad hace entrever la necesidad de cambien al medida de Detención Preventiva por otra medida menos gravosa como por ejemplo régimen de domicilio. Hicimos notar que llego el informe de pericia en biológica forense donde se establece la existencia de espermatozoides en las muestras tomadas a la víctima, sin embargo hacemos hincapié que como defensa de los jóvenes quienes se encuentran consientes de no hacer cometido delito alguno se ha pedido de manera recurrente al fiscal ordene la toma de muestra para realizar cualquier prueba de comparación genética. Asimismo, hicimos notar que este informe lleva el nombre de otra mujer que tiene 36 años en la parte conclusiva.

Entre todos estos elementos se tiene que en traslado al Ministerio Público consiente de toda la prueba acumulado en defensa de los jóvenes adolescentes hoy como imputados, señala que si se ha desvirtuado algunos riesgos procesales y deja solo en constancia que llego la Pericia en biología forense donde se establece que hay espermatozoides y el error en el nombre al Señalar en la parte conclusiva o una mujer de nombre Maria Mary lima Choque mujer de 36 años, es un error y que ya hablo con el perito par que se modifique y que en esta prueba dice existir espermatozoides por lo tanto debe ser valorada - violación a la presunción de inocencia pues se da por sentado que les pertenece a los jóvenes cuando de las memoriales presentados se tiene que los jóvenes de manera reiterada solicita tome las muestras para hacer la comparación genética.

La juez de la Caus niega la solicitud señalando que la víctima tiene mayor ponderación que los jóvenes al ser esta la víctima y los otros los agresores (Violación a la presunción de inocencia), señala que es la victima la que tiene mayor ponderación, desconociendo que no se le pidió la libertad pura y simple sino el cambio de medida.

Base se resolución de rechazo de Cesación a la Detención Preventiva haciendo hincapié en la pericia psicológica sin considerar que esta en la parte conclusiva cuenta con el nombre de una mujer de 36 años de edad, lo que da lugar a sostener una duda. Asimismo, señala que mayor ponderación tienen la victima sobre los jóvenes sin considerar que estándares internacionales de derechos como la misma Constitución Política del Estado señala la necesidad de tener como último recurso la detención preventiva o privación de libertad, es decir hace un razonamiento como en la justicia de adultos y no de personas adolescentes. Por todos estos antecedentes se tiene una incorrecta valoración de la prueba presentada, basando su resolución de rechazo en prueba no presentada por las partes, es decir la juez se remite a buscar prueba para rechazar la solicitud de los jóvenes sin considerar que estos son menores de edad, al igual que la víctima y también tienen una protección reforzada del Estado, no considera toda la prueba presentada que hacen dudar sobre la veracidad de las declaraciones de la joven víctima, para finalmente no dar curso a un cambio de medida desconocimiento que la privación de libertad es aplicable de manera muy ecepconal en casos de menores en calidad de infractores (sic [fs. 145 a 154 vta.]).

II.3. Cursa Auto de Vista 266/2024 de 5 de abril, emitido por Cesar Wenceslao Portocarrero Cuevas, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz -ahora demandado-, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público, contra cinco menores de edad -entre ellos los ahora accionantes- por la presunta comisión del delito de violación previsto y sancionado por el art. 308 del CP, declaró la improcedencia de las cuestiones planteadas y en el fondo confirma la resolución NNA 07/2024 de 27 de febrero, señaló lo siguiente:

CONSIDERANDO III: (…) este tribunal comienza a analizar los agravios expresados:

1. Que, sustancialmente la parte imputada hace referencia a que no se habría valorado la prueba presentada en audiencia con relación a la declaración de 3 testigos de las cuales se puede establecer que existe duda en la existencia del hecho atribuido a los adolescentes; al respecto, de la lectura de la resolución apelada la juez señala que estos aspectos serán analizados en etapa de proceso correspondiente conforme la Ley 548; situación que se enmarca como un razonamiento lógico para este Tribunal de Alzada, además que el proceso aún se encuentra en etapa investigativa, menos considerar la duda razonable; en consecuencia en este punto no se evidencia ningún agravio que reparar.

2. Con relación al segundo agravio señala que no se ha considerado la prueba presentada en referencia al Art. 290 inciso e) de la Ley 548 siendo que demuestran que la víctima ya no vive en el lugar de los hechos, que con la certificación de la comunidad y el informe psicológico se evidencia que los imputados no son peligro, además de adjuntar certificaciones de antecedentes penales y policiales, CENVI y la juez únicamente se ha basado en un informe de 13 de diciembre para mantener este riesgo. Al respecto de la revisión de la resolución apelada se verifica que ello no es evidente, en razón que la Juez a quo a analizado todos los documentos presentados por la parte imputada para fundar que no corresponde la concurrencia de este riesgo, ello se colige también con en análisis que efectúa de los antecedentes del cuaderno de control jurisdiccional, además de tener presente que el Art. 290 inciso e) de la Ley 548 señala: “Que pueda influir negativamente o poner en peligro a alguna persona relacionada al proceso, sea autoridad, partícipe, testigo, perito, parte o tercero”. Toma en cuenta las reglas de la sana crítica en este sentido no se puede argüir el hecho de que la víctima no se encuentra en la Comunidad de Escoma y habría sido trasladada a ciudad de El Alto, para desvirtuar este riesgo, esto bajo un criterio de lógica y reitera la sana crítica y el haber analizado documentos que no han sido ofrecido por ninguna de las partes tampoco puede ser señalado como agravio, siendo que la Juez a quo ha considerado la situación de vulnerabilidad de la víctima en este caso adolescente y mujer y ello no quiere decir que se esté desconociendo los derechos de los adolescentes infractores, lo único que se ha efectuado por el Juez a quo es aplicar un test de proporcionalidad en cuanto al resguardo de derechos de la víctima quien pide la tutela efectiva y el derecho a la defensa por los imputados; por lo que en este aspecto tampoco se evidencia ningún agravio que reparar.

Finalmente, en cuanto que no se ha considerado el derecho de estudio que tienen los mismos para la aplicación de una medida menos gravosa, en este punto la Juez a quo textualmente señala: “bien debemos decir que la Constitución Política de Estado protege los derechos de las personas privadas de libertad solamente se está restringiendo la libertad; sin embargo no se está restringiendo los demás derecho, los adolescentes en conflicto de la ley pueden ejercer ese derecho” es decir, ha existido un pronunciamiento por la Juez a quo acorde al principio de razonabilidad y proporcionalidad que se adecúa a los fines pretendidos en definitiva no se evidencia ningún agravio que reparar” (sic [fs. 158 a 160 vta.]).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La parte impetrante de tutela, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, a una protección reforzada bajo el principio del interés superior del niño y al debido proceso en sus vertientes de fundamentación y motivación; toda vez que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público, contra cinco menores de edad -entre ellos los ahora peticionantes de tutela- por la presunta comisión del delito de violación a menor adolescente previsto y sancionado por el art. 308 del CP interpusieron un recurso de apelación contra la Resolución NNA 07/2024 de 27 de febrero emitida por la Jueza Pública Mixta Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia, de Partido del Trabajo y Seguridad Social e Instrucción Penal Primero de Puerto Carabuco del departamento de La Paz; ante lo cual, se emitió el Auto de Vista 266/2024 de 5 de abril, que declaró improcedente el recurso y confirmó la citada Resolución, incurriendo en los siguientes hechos generados de la presente acción tutelar: 1) Omisión valorativa de la prueba; toda vez que, al ratificar el rechazo a la cesación de la detención preventiva, no se consideró los siguientes agravios: 1.i) No tomó en consideración las pruebas presentadas para desvirtuar la participación de los adolescentes en el hecho, consistentes en declaraciones de las tres testigos menores de edad; informe del “Director de Colegio”, donde la testigo presencial DD señaló que en ningún momento los ahora solicitantes de tutela cometieron ningún acto; donde se refiere que en la reunión de 6 de diciembre de 2023 en ningún momento la víctima señaló haber sido objeto de violación; y, los informes del área de psicología de la DNA de Carabuco realizados a los adolescentes imputados, donde se señala las afectaciones de los menores en su situación a encierro e injusto juzgamiento; siendo que, el Código Niña, Niño y Adolescente señala como uno de los requisitos para la procedencia de las medidas cautelares, los indicios sobre la existencia del hecho delictivo; 1.ii) En relación al art. 290 inc. e) del CNNA, tampoco valoró la prueba que demuestra que la víctima ya no vive en el lugar; las certificaciones de buen comportamiento de los ahora accionantes; las garantías de los padres de los menores a favor de la víctima y su familia; informes de las juntas de vecinos, certificaciones del REJAP, Policial, antecedentes de violencia, Certificado de Permanencia de Conducta del Centro de Reintegración de Varones del Servicio Departamental de Gestión Social (SEDEGES) La Paz donde se establece que no cuentan con antecedentes y su buen comportamiento; e, Informe psicológico de terapia que señala los niveles bajos de riesgo; 2) Validó la actuación de la Jueza a quo sin considerar los derechos de los menores, violentando el principio de especialidad que rige en materia de adolescentes con responsabilidad penal; por lo que, en consideración del interés superior del niño se debió realizar una ponderación a la prueba documental denunciada como no valorada en la apelación y fundamentar desde el principio de especialidad y protección reforzada, conforme el bloque de convencionalidad establece la excepcionalidad de la privación de libertad para menores con responsabilidad penal; y, 3) Incurrió en falta de fundamentación y motivación; toda vez que, no citó las normas, ni se valoró las pruebas, generando duda. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los extremos denunciados son evidentes para conceder o denegar la tutela solicitada, desarrollando para ello los siguientes temas: i) El enfoque interseccional para analizar la violencia hacia las mujeres, que busca equilibrar los derechos de víctimas e imputados, en sintonía con el deber estatal de eliminar toda violencia de género; i.a) Respecto del enfoque interseccional para el análisis de la violencia hacia niñas y adolescentes, mujeres; ii) El enfoque de protección integral de los derechos de los adolescentes en conflicto con la ley, en el marco de la Convención sobre los Derechos del Niño y el corpus iuris de protección de los derechos de los niños; iii) La ponderación de derechos fundamentales y su aplicación; iv) Las resoluciones de medidas cautelares y su debida fundamentación y motivación por los tribunales de apelación en aplicación correcta del art. 398 del Código de Procedimiento Penal; v) La revisión de la valoración de la prueba en sede constitucional; vi) Las inconsistencias o contradicciones en la declaración de una víctima de delitos de violencia sexual, no pueden ser consideradas como mentiras, al constituirse esta en prueba fundamental de los hechos, conforme la Corte Interamericana de Derechos Humanos; y, vii) Análisis del caso concreto.

III.1. El enfoque interseccional para analizar la violencia hacia las mujeres, que busca equilibrar los derechos de víctimas e imputados, en sintonía con el deber estatal de eliminar toda violencia de género

El presente Fundamento Jurídico, fue citado en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales: 0116/2023-S1 de 28 de marzo; 1302/2022-S1 de 10 de noviembre; y, 0646/2023-S1, 14 de junio -entre otras- que formularon el siguiente razonamiento. La descripción a las reflexiones constitucionales desarrollada en la SCP 0394/2018-S2 de 3 de agosto, fue realizada en la SCP 0268/2020-S1 de 5 de agosto, misma que, con un enfoque interseccional contiene argumentos garantistas y progresivos respecto de los derechos de las mujeres, niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia a efectos de su aplicación mediante una perspectiva de género.

III.1.1. Respecto del enfoque interseccional para el análisis de la violencia hacia niñas y adolescentes, mujeres.

La SCP 0394/2018-S2, en su Fundamento Jurídico III.1, con profundidad abordó este aspecto que se constituye en un elemento importante a tiempo de compulsar y tratar casos donde se advierta a mujeres víctimas de violencia. En ese sentido, la precitada Sentencia Constitucional Plurinacional, inicialmente señaló que el enfoque interseccional, es una herramienta útil para el análisis de la vulneración de derechos, y en especial la igualdad al presentarse elementos de discriminación, agregando al respecto que:

…es posible tener una mirada plural de la discriminación y violencia hacia diversas categorías biológicas, sociales y culturales, como el sexo, el género, la clase, la discapacidad, la orientación sexual, la religión, la edad, la nacionalidad y otros ejes de identidad que se interaccionan en múltiples, y a menudo, en simultáneos niveles de discriminación y violencia, comprendiendo las desigualdades y necesidades de esta población en los casos concretos, las cuales pueden estar atravesadas por diversas identidades u otros factores, que las coloquen en situaciones mayores de subordinación, violencia o discriminación (el resaltado es añadido). Asimismo, refirió que el enfoque interseccional, es incorporado gradualmente superando con ello el análisis unidimensional para alcanzar la interpretación múltiple de la discriminación en sus diferentes factores y categorías en cumplimiento a las recomendaciones de instrumentos internacionales como en el Sistema de Protección de Derechos Humanos de la Organización de la Naciones Unidas (ONU), la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención Belém Do Pará); en ese marco internacional, precisó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) aplicaron el enfoque interseccional al advertir factores de discriminación. Del razonamiento desplegado por la mencionada SCP 0394/2018-S2, es posible puntualizar que el enfoque interseccional es un instrumento necesario y valioso para analizar, especialmente la vulneración del derecho a la igualdad, permitiendo visualizar de forma plural la discriminación y violencia en general hacia las mujeres; tomando en cuenta para ello, sus desigualdades y necesidades, haciendo eco, a través de ese análisis, sobre las exigencias a nivel internacional como la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, siendo uno de sus mandatos, el considerar el estado de vulnerabilidad de la mujer víctima de violencia, por razones diversas.

1 Este enfoque, permite analizar la discriminación y violencia hacia las mujeres, comprendiendo sus desigualdades y necesidades en casos concretos, como lo exige, además, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención Belém Do Pará), en cuyo art. 9 establece como criterio interpretativo sobre las obligaciones internacionales de los Estados, que éstos tendrán especialmente en cuenta, la situación de vulnerabilidad a la violencia que pueda sufrir la mujer, en razón, entre otras, de su raza o de su condición étnica, de migrante, refugiada o desplazada, así, como embarazada, discapacitada, menor de edad, anciana o que se encuentre en situación socioeconómica desfavorable o afectada por situaciones de conflictos armados o de privación de su libertad. 2 “…Así, la referida Corte IDH, en el Caso del Penal Miguel Castro Castro Vs. Perú, a través de la Sentencia de 25 de noviembre de 2006, sobre Fondo, Reparaciones y Costas, en el párrafo 259 inc. i), hizo referencia a la violencia sexual contra las mujeres que se encuentran bajo la custodia del Estado, señalando que: “…Las mujeres han sido víctimas de una historia de discriminación y exclusión por su sexo, que las ha hecho más vulnerables a ser abusadas cuando se ejercen actos violentos contra grupos determinados por distintos motivos, como los privados de libertad...”.

La misma Sentencia en el párrafo 292, también se refirió a las mujeres embarazadas que se encontraban en prisión, indicando que: “…Las mujeres embarazadas que vivieron el ataque experimentaron un sufrimiento psicológico adicional, ya que además de haber visto lesionada su propia integridad física, padecieron sentimientos de angustia, desesperación y miedo por el peligro que corría la vida de sus hijos…”. Asimismo, hizo referencia a las madres internas, indicando en el párrafo 330, que: La incomunicación severa tuvo efectos particulares en las internas madres. Diversos órganos internacionales han enfatizado la obligación de los Estados de tomar en consideración la atención especial que deben recibir las mujeres por razones de maternidad, lo cual implica, entre otras medidas, asegurar que se lleven a cabo visitas apropiadas entre madre e hijo. La imposibilidad de comunicarse con sus hijos ocasionó un sufrimiento psicológico adicional a las internas madres.

Por otra parte la Corte IDH, en el Caso González y Otras (“Campo Algodonero”) vs. México, a través de la Sentencia de 16 de noviembre de 2009 sobre Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas, en los párrafos 408 y 409, además de analizar la relación de la violencia de género con las relaciones sociales, culturales y económicas de discriminación, para caracterizar a las víctimas, también lo hizo respecto a las discriminaciones de género, pobreza y edad, al hacer referencia a los derechos de las víctimas menores de edad (…)

En el mismo sentido, la Corte IDH en los Casos Rosendo Cantú y Otra VS. México -Sentencia de 31 de agosto de 2010 sobre Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas- y Fernández Ortega y Otros VS. México -Sentencia de 30 de agosto de 2010 sobre Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas-, efectuó el análisis sobre la discriminación y violencia de las mujeres indígenas, estableciendo que debía garantizarse el acceso a la justicia de los miembros de las comunidades indígenas, adoptando medidas de protección que tomen en cuenta sus particularidades propias, sus características económicas y sociales, su situación de especial vulnerabilidad, su derecho consuetudinario, así como sus valores, usos y costumbres.

También cabe mencionar, el Caso Atala Riffo y Niñas Vs. Chile, en cuya Sentencia de 24 de febrero de 2012 sobre Fondo, Reparaciones y Costas, donde la Corte IDH hizo referencia a la discriminación sufrida por las mujeres con orientación sexual diversa; pues se impuso a la accionante, que en su condición de mujer atendiera y privilegiara sus deberes como madre (…)”.

Reanudando, la aludida Sentencia Constitucional Plurinacional, refirió que, en el caso concreto (motivo de su análisis), al tratarse de una mujer víctima de violencia sexual adolescente, debe ser aplicado el enfoque interseccional, que permitirá comprender de mejor forma su vulnerabilidad e identificar criterios reforzados de protección plasmados en la Constitución Política del Estado e instrumentos internacionales; así respecto a la normativa internacional que rige la protección de niñas, niños y adolescentes, en el marco del art. 60 de la CPE, señaló que estos grupos etáreos gozan de especial protección y atención de sus derechos, debiendo en consecuencia ser atendidos con preferencia en los centros de salud, en la escuela, entidades judiciales, y por la Policía Boliviana, entre otros; en tal sentido, añadió que los estándares de protección internacional, son obligatorios para nuestro Estado, ya que a partir de los arts. 13 y 256 de la CPE, pueden ser aplicados de forma preferente y favorable; así, citó a dichos estándares internacionales como el art.19 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), que prevé medidas de protección para los menores; art. 16 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales -Protocolo de San Salvador-, que reconoce por un lado, el derecho a medidas de protección; y por otro, una obligación para el Estado referido a adoptar medidas especiales de protección a fin de garantizarles la plena maduración de sus capacidades física, intelectual y moral; art. VII de la declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (DADDH), que regula sobre la protección y cuidado de los niños; Declaración de los Derechos del Niño que en sus principios 8 y 9 prevé el derecho a la protección ante el 3. Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 19: “Todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requiere por parte de su familia, de la sociedad y del Estado”. Suscrita en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos en San José de Costa Rica, 1969. Entra en vigor el 18 de julio de 1978. A la cual Bolivia se adhiere mediante Decreto Supremo (DS) 16575 el 13 de junio de 1979, elevado a rango de Ley 1430 de 11 de febrero de 1993. 4 Protocolo de San Salvador, art. 16: “Todo niño sea cual fuere su filiación tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requieren por parte de su familia, de la sociedad y del Estado. Todo niño tiene el derecho a crecer al amparo y bajo la responsabilidad de sus padres; salvo circunstancias excepcionales, reconocidas judicialmente, el niño de corta edad no debe ser separado de su madre. Todo niño tiene derecho a la educación gratuita y obligatoria, al menos en su fase elemental, y a continuar su formación en niveles más elevados del sistema educativo.” También, art. 15 con el título “Protección de la familia”; en el cual, es muy relevante la obligación de los Estados de brindar adecuada protección al grupo familiar, así dentro del numeral 2, literal c., indica: “adoptar medidas especiales de protección de los adolescentes a fin de garantizar la plena maduración de sus capacidades física, intelectual y moral”. Suscrito en San Salvador de El Salvador, el 17 de noviembre de 1988, en el décimo octavo período ordinario de sesiones de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA). Entró en vigor el 16 de noviembre de 1999. Ratificado por Bolivia mediante Ley 3293 de12 de diciembre de 2005. 5 Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, art. VII: “Toda mujer en estado de gravidez o en época de lactancia, así como todo niño, tienen derecho a protección, cuidados y ayuda especiales”. Adoptada en la novena Conferencia Interamericana, celebrada en Bogotá, Colombia, 1948, conjuntamente con la constitución de la OEA. 6Declaración de los Derechos del Niño, Principio 8: “El niño debe, en todas las circunstancias, figurar entre los primeros que reciban protección y socorro”. Principio 9: “El niño deber ser protegido contra toda forma de abandono crueldad y explotación (…)”

abandono cruel y explotación, y la preferencia en recibir socorro y protección; y, el art. 39 de la Convención sobre los Derechos del Niño, que en esencia dispone para los Estado el deber de adoptar medidas en favor de la niñez víctima de cualquier forma de abuso o explotación en el marco los mismos principios descritos en la referida Convención.

Identificada y descrita la normativa del contexto internacional, la precitada SCP 0394/2018-S2, se refirió a la normativa vinculada a mujeres víctimas de violencia sexual y las específicas regulaciones conectadas a la violencia contra niñas y adolescentes; en dicha labor, razonó que el constituyente al haber incorporado el art. 15 en la CPE, reconoció un derecho especifico que deriva en la obligación para el Estado (en todos sus niveles) para investigar, socorrer y sancionar los actos de violencia contra la mujer; asimismo, agregó que:

…el Estado al ratificar un convenio internacional de derechos humanos, adquiere la obligación de respetar y proteger los derechos reconocidos en dicho instrumento. Así, la Convención Belém Do Pará de 9 de junio de 1994, ratificada por Bolivia mediante Ley 1599 de 18 de agosto de igual año, se constituye en el primer Tratado Interamericano que reconoce la violencia hacia las mujeres, como una violación de derechos humanos; en cuyo art. 7, consigna los deberes que tienen los estados, de adoptar políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, entre ellos, el de abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer, y velar, porque las autoridades y funcionarios se comporten de acuerdo a esa obligación ... (…) …el art. 9 de dicha Convención establece, que los Estados tendrán especialmente en cuenta la situación de vulnerabilidad a la violencia que pueda sufrir la mujer, en razón, entre otras, por ser menor de edad o estar en situación socioeconómica desfavorable” (las negrillas son agregadas). Prosiguiendo, la precitada Sentencia Constitucional Plurinacional, al referirse sobre los estándares del Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos, vinculados con la violencia de género, se remitió a la Recomendación 19 pronunciada por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Comité de la CEDAW), que se constituye como una de las más relevantes al señalar que la violencia contra la mujer es una forma de discriminación que impide el goce de sus derechos y libertades en igualdad con el hombre, y que la violencia contra la mujer conlleva responsabilidad estatal en cuanto a la implementación de mecanismos necesarios de protección y prevención para impedir la lesión de los derechos o para investigar y castigar los actos de violencia e indemnizar a las víctimas; de igual forma la indicada jurisprudencia, respecto al acceso a la justicia de las mujeres señaló que:

...El mencionado Comité de la CEDAW, en la Recomendación General 33 de 3 de agosto de 2015, sobre el acceso de las mujeres a la justicia, examinó las obligaciones de los Estados Partes, para asegurar que éstas tengan acceso a dicho derecho, al advertir que existen obstáculos y restricciones que les impiden efectivizarlo en el marco de la igualdad; obstáculos que se producen en un contexto estructural de discriminación y desigualdad, debido a factores como los estereotipos de género, leyes discriminatorias, procedimientos interseccionales de discriminación, las prácticas y los requisitos en materia probatoria; limitaciones que constituyen violaciones persistentes a los derechos humanos de las mujeres. En dicha Recomendación, se hace referencia a la justiciabilidad, estableciendo que se requiere el acceso irrestricto de la mujer a la justicia, y para ello, recomienda que se debe mejorar la sensibilidad del sistema de justicia a las cuestiones de género, empoderando a las mujeres para lograr la igualdad de jure y de facto -de derecho y hecho-; asegurando que los profesionales de los sistemas de justicia, tramiten los casos, teniendo en cuenta las cuestiones de género; y, revisando las normas sobre la carga de la prueba, para asegurar la igualdad entre las partes, en todos los campos, en aquellas relaciones de poder que priven a las mujeres a la oportunidad de un tratamiento equitativo de su caso.

El mencionado Comité de la CEDAW, también recomienda a los Estados Partes establecer y hacer cumplir recursos adecuados, efectivos, atribuidos con prontitud, holísticos y proporcionales a la gravedad del daño sufrido por las mujeres; recursos que deben incluir, según corresponda, la restitución -reintegración-, la indemnización -en forma de dinero, bienes o servicios- y la rehabilitación -atención médica, psicológica y otros servicios sociales-. Asimismo, establece recomendaciones específicas en la esfera del Derecho Penal, encomendando que los Estados ejerzan la debida diligencia para prevenir, investigar, castigar y ofrecer la reparación, por todos los delitos cometidos contra mujeres, ya sea, perpetrados por agentes estatales o no estatales; garantizando que la prescripción se ajuste a los intereses de las víctimas, tomando medidas apropiadas para crear un entorno de apoyo, que las aliente a reclamar sus derechos, denunciar delitos cometidos en su contra y participar activamente en los procesos; revisando las normas sobre pruebas y su aplicación específicamente en casos de violencia contra la mujer; y, mejorando la respuesta de la justicia penal a la violencia en el hogar (el resaltado es ilustrativo).

En ese marco, añadió que en el caso el Caso LC vs. Perú -octubre 2011, la Decisión asumida por el Comité de la CEDAW , es un importante precedente por cuanto el referido Comité, además de abordar el derecho del aborto en casos de violencia sexual, reconoció la obligación de protección reforzada, que recae sobre las niñas, adolescentes y mujeres como mayores víctimas de violencia sexual.

Sujetándose a la normativa internacional descrita, la mencionada SCP 0394/2018-S2, advirtió que conforme a la Ley 548 de 17 de julio de 2014, denominada Código Niña, Niño y Adolescente (CNNA), el Estado (multinivel) adquiere una corresponsabilidad a través de sus instituciones, y las niñas, niños y adolescentes adquieren derechos y son sujetos de protección contra toda violencia, priorizando su resguardo. Por su parte, en referencia a la Ley 2033 de 29 de octubre de 1999, Ley de Protección a las Víctimas de Delitos Contra la Libertad Sexual, y Ley 348 de 9 de marzo de 2013, titulada Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, refirió que estos actos legislativos contienen un conjunto de disposiciones en favor de las víctimas; entre ellas: La obligación de la autoridad que investiga delitos contra la violencia sexual, para ordenar las medidas necesarias de la protección a la víctima, sus familiares, dependientes y testigos entre otros; el establecimiento de mecanismos y medidas integrales de prevención, atención y reparación a mujeres en situación de violencia, implementando para ello, el Sistema Integral Plurinacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia en Razón de Género (SIPASSE); la prioridad nacional del Estado en la erradicación de la violencia hacia las mujeres; y, la obligación de articular servicios, acciones y políticas integrales destinadas a la atención, sanción y erradicar todo tipo de violencia por parte del Nivel Central del Estado y las Entidades Territoriales Autónomas (ETA).

9Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, Caso L. C. vs. Perú, Comunicación 22/2009 de 18 de junio. Documento de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) CEDAW/C/50/D/22/2009 (25 de noviembre de 2011). 10. “…cuyo objeto es garantizar el ejercicio pleno e integral de los derechos de la niña, niño y adolescente, implementando el Sistema Plurinacional Integral de la Niña, Niño y Adolescente (SPINNA), para garantizar la vigencia plena de sus derechos, mediante la corresponsabilidad del Estado, a través de todas sus instituciones públicas y privadas, en todos sus niveles, la familia y la sociedad. Este nuevo instrumento legal se basa en once principios; cuales son, interés superior, prioridad absoluta, igualdad y no discriminación, equidad de género, desarrollo integral, corresponsabilidad, ejercicio progresivo de derechos y especialidad. En el Capítulo VIII del citado Código, se desarrolla el derecho a la integridad personal y la protección contra la violencia a las niñas, niños y adolescentes, priorizando el resguardo contra cualquier forma de vulneración a su integridad sexual; disponiendo se diseñen e implementen políticas de prevención y protección contra toda forma de abuso, explotación o sexualización precoz. Así, el art. 145.I, establece que: “La niña, niño y adolescente, tiene derecho a la integridad personal, que comprende su integridad física, psicológica y sexual”. Por su parte, el art. 148.II inc. a) del Código Niña, Niño y Adolescente (CNNA), respecto a este sector poblacional, prevé el derecho de ser protegidas y protegidos contra la violencia sexual; la cual es definida como: “…toda conducta tipificada en el Código Penal que afecte la libertad e integridad sexual de una niña, niño o adolescente”. Asimismo, el art. 157 del CNNA, en el marco del derecho de acceso a la justicia, establece: I. Las niñas, niños y adolescentes, tienen el derecho a solicitar la protección y restitución de sus derechos, con todos los medios que disponga la ley, ante cualquier persona, entidad u organismo público o privado (…) IV. La preeminencia de los derechos de la niña, niño y adolescente, implica también, la garantía del Estado de procurar la restitución y restauración del derecho a su integridad física, psicológica y sexual. Se prohíbe toda forma de conciliación o transacción en casos de niñas, niños o adolescentes víctimas de violencia (las negrillas son incorporadas)”.

En ese marco, la antedicha SCP 0394/2018-S2, refirió que de acuerdo al contenido regulatorio del art. 11 de la Ley Orgánica del Ministerio Público (LOMP), en los delitos cometidos contra niñas, niños y adolescentes, el Ministerio Público debe brindar una protección inmediata a los mismos; además, puntualizó que:

…si bien internamente tenemos un adecuado desarrollo normativo; sin embargo, es evidente que las disposiciones legales, en muchos casos, requieren ser interpretadas, considerando el contexto de violencia -estructural y concreta- de la víctima, así como su situación especial de vulnerabilidad. Es, en ese marco de interpretación, que tanto las autoridades judiciales, como del Ministerio Público y la Policía Boliviana, deben tomar en cuenta el enfoque interseccional, cuando se trate de niñas o adolescentes víctimas de violencia, a efectos de actuar inmediatamente, con prioridad, adoptando las medidas de protección que sean necesarias, evitando todas aquellas acciones que se constituyan en revictimizadoras y no tomen en cuenta el interés superior de la niña o la adolescente.

En ese sentido, el enfoque interseccional permite dar concreción al principio de igualdad, comprendido desde una perspectiva material; pues analiza las situaciones que colocaron a una persona, en el caso concreto, en mayores niveles de vulnerabilidad, con la finalidad de resolver el caso aplicando medidas, cuando corresponda, que permitan reparar y transformar las situaciones de subordinación, discriminación o violencia, no solo de la víctima en concreto, sino también, de todas las personas que se encuentren en situación similar (el resaltado es añadido). Prosiguiendo, la SCP 0394/2018-S2, en su Fundamento Jurídico III.2 bajo el título: “Sobre el riesgo procesal de fuga de peligro efectivo para la víctima o el denunciante en delitos relacionados contra la mujer” señaló que, al ser la detención preventiva meramente instrumental, la aplicación de su restricción resulta una excepcionalidad, debiendo concurrir simultáneamente las exigencias de los numerales 1 y 2 del art. 233 del CPP; así, en cuanto a los peligros de fuga y obstaculización, de acuerdo a los arts. 234 y 235, de la referida norma procesal penal, para decidir sobre su concurrencia, se debe realizar una avaluación integral de las circunstancias existentes, como el “peligro efectivo para la víctima o el denunciante”, previsto en el actual art. 234.7 del CPP. Asimismo, remitiéndose a la SCP 0056/2014 de 3 de enero, que declaró la constitucionalidad del entonces art. 234.10

-ahora-art. 234.7 del CPP, señaló que, el peligro efectivo para la víctima o el denunciante debe ser materialmente verificable, suponiendo ello, la existencia de elementos comprobables sobre la situación de las víctimas; en tal sentido, agregó que, en supuestos de violencia contra las mujeres, corresponderá a los fiscales y autoridades judiciales desde una perspectiva de género, considerar “la situación de vulnerabilidad o desventaja en la que se encuentre la víctima o denunciante respecto al imputado; las características del delito cuya autoría se atribuye al imputado; y, la conducta exteriorizada por éste, contra la víctima o denunciante, antes y con posterioridad a la comisión del delito, para determinar si la misma puso y pone en evidente riesgo de vulneración, los derechos, tanto de la víctima como del denunciante”.

En ese contexto, la referida SCP 0394/2018-S2, sostuvo que las medidas destinadas a desvirtuar los peligros de fuga del antes art. 234.10 -ahora art. 234.7- del CPP -peligro efectivo para la víctima o denunciante-, no debe significar una revictimización; por ello, los fiscales y jueces deben considerar que, en muchas veces, las garantías personales o mutuas solicitadas por los imputados para desvirtuar dicho riesgo, se constituyen en medidas revictimizadoras debido a que la víctima tiene que enfrentarse con su agresor, desnaturalizando además la protección que el Estado debe otorgar a las mujeres víctimas de violencia, ya que incluso, según el art. 35 de la Ley 348, ellas tienen el derecho de solicitar las medidas de protección, cuya finalidad, según el art. 32.I de la referida norma es: “…interrumpir e impedir un hecho de violencia contra las mujeres, o garantías, en el caso de que éste se haya consumado, que se realice la investigación, procesamiento y sanción correspondiente”; en tal sentido la mencionada SCP 0394/2018-S2, concluyo precisando tres aspectos a ser considerados, según los siguientes términos:

Consiguientemente, a partir de todo lo explicado, en el marco de las medidas de protección exigidas al Estado boliviano, por las normas nacionales e internacionales, las autoridades fiscales y judiciales, deben considerar que:

a) En los casos de violencia contra las mujeres, para evaluar el peligro de fuga contenido en el art. 234.10 del CPP, deberá considerarse la situación de vulnerabilidad o de desventaja en la que se encuentren la víctima o denunciante respecto al imputado; así como las características del delito, cuya autoría se atribuye al mismo; y, la conducta exteriorizada por éste contra las víctimas, antes y con posterioridad a la comisión del delito, para determinar si dicha conducta puso y pone en evidente riesgo de vulneración, los derechos tanto de la víctima como del denunciante;

b) De manera específica, tratándose del delito de trata de personas, deberá considerarse la especial situación de vulnerabilidad de las víctimas que sufrieron engaño, fraude, violencia, amenaza, intimidación, coerción, abuso de autoridad, o en general, ejercicio de poder sobre ellas; y,

En casos de violencia contra las mujeres, la solicitud de garantías personales o garantías mutuas por parte del imputado, como medida destinada a desvirtuar el peligro de fuga previsto en el art. 234.10 del CPP, se constituye en una medida revictimizadora, que desnaturaliza la protección que el Estado debe brindar a las víctimas; pues, en todo caso, es ella y no el imputado, la que tiene el derecho, en el marco del art. 35 de la Ley 348, de exigir las medidas de protección que garanticen sus derechos”. De todo lo descrito y desarrollado por la SCP 0394/2018-S2 de 3 de agosto, citado y precisado en la SCP 0268/2020-S1 de 5 de agosto, se tiene que, estas, contienen reflexiones constitucionales con un enfoque interseccional, que contribuyen en la tarea de reforzar y garantizar la protección de las niñas y adolescentes mujeres víctimas de violencia conforme al bloque de constitucionalidad y la normativa nacional; lo cual, sin duda alguna, las sitúan dentro el ámbito de la doctrina del estándar más alto respecto a la protección de este grupo altamente vulnerable; extremo, que conlleva a que dichos razonamientos, deben ser aplicados por las instancias investigativas (policiales y fiscales) y jurisdiccionales en todos los casos en los que se advierta como víctimas a niñas y adolescentes mujeres; cumpliendo de esta forma, con las exigencias internacionales a nuestro Estado, respecto de la obligación de actuar con la debida diligencia, para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer (niñas y adolescentes), guiados a una finalidad mayor que es la erradicación total de la violencia y protección a las víctimas.

III.2. El enfoque de protección integral de los derechos de los adolescentes en conflicto con la ley, en el marco de la Convención sobre los Derechos del Niño y el corpus iuris de protección de los derechos de los niños

El presente Fundamento Jurídico, fue citado en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales: 0442/2021-S1 de 16 de septiembre; 0209/2023-S1 de 12 de abril; y, 0660/2023-S1 de 20 de junio; -entre otras-que formularon el siguiente razonamiento. La protección de la niñez fue una preocupación en el plano internacional después de la Primera Guerra Mundial, ya que muchos niños y adolescentes fueron afectados por la misma; por cuanto, a iniciativa de la fundadora de Save The Children Fund, Eglantyne Jebb, quien elaboró la Declaración de Ginebra y la envió a la Sociedad de Naciones, la cual la adoptó en su V Asamblea en diciembre de 1924, constituyéndose así en el primer texto internacional que reconoce la existencia de derechos específicos para los niños y niñas.

Ahora bien, dentro del Sistema Internacional de Derechos Humanos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, aprobada en la X Conferencia Internacional Americana realizada en Bogotá en 1948, incluyó el Derecho de protección a la infancia al establecer en su art. VII que “Toda mujer en estado de gravidez o en época de lactancia, así como todo niño, tienen derecho a protección, cuidados y ayuda especiales”.

Asimismo, el art. 25.II de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que fue adoptada por la Asamblea General en diciembre de 1948, dispuso también que: “La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a igual protección social” (las negrillas son añadidas).

Por su parte, la Declaración Universal de Derechos del Niño de 1959 proclamada por la Asamblea de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) establece una protección especial para el mismo a fin de precautelar su desarrollo, e inclusive en los principios 2 y 6 hace mención a que se debe tener en cuenta el interés superior del niño en la emisión de leyes y a quienes tienen la responsabilidad de su educación y orientación; asimismo, contiene derechos, entre ellos a la salud, alimentación, vestimenta, servicios, educación elemental y a la no discriminación.

En este orden, las Declaraciones internacionales señaladas precedentemente fueron ratificadas por Bolivia; de ahí que, en nuestro país los derechos a la salud física, mental y moral de la infancia, como los derechos del niño al hogar, la educación y la amplia asistencia cuando se halla en situación de abandono, de enfermedad o de desgracia se encuentran visibilizados constitucionalmente por primera vez en el art. 134 de la CPE de 1938, que fue promulgado durante la presidencia de Germán Busch, encomendando su cumplimiento a organismos técnicos adecuados, regulación que se mantuvo en la referida Norma Suprema hasta que en la Constitución Política del Estado de 1967 se incluyó una reserva de ley para la regulación de la protección del menor. Si bien hasta esa época el Sistema Internacional de Derechos Humanos, a través de las Declaraciones Internacionales mencionadas ut supra e inclusive la Declaración Universal de Derechos del Niño y asimismo la Constitución Política del Estado de Bolivia señalada anteriormente, instituyeron disposiciones de protección a la infancia y a la niñez; empero, obedecían a la corriente de la “doctrina de la situación irregular”; es decir que, se concebía a los niños y a los jóvenes como “objetos de protección o tutela” a partir de una definición negativa de estos actores sociales, y que en palabras de Antonio Carlos Gomes da Costa, esa definición se basaba en lo que no saben, no tienen o no son capaces; es así que, la normativa emitida durante esa corriente ideológica tiene varios indicadores conforme ha desarrollado la experta internacional en materia penal y en derechos de la Niñez y Adolescencia Mary Beloff, entre los cuales se tienen los siguientes:

 Los niños y jóvenes aparecen como objetos de protección, no son reconocidos como sujetos de derecho sino como incapaces que requieren un abordaje especial. Por eso las leyes no son para toda la infancia y la adolescencia sino sólo para una parte del universo de la infancia y la adolescencia, son para los “menores”.  Se utilizan categorías vagas, ambiguas, de difícil aprehensión desde la perspectiva del derecho, tales como “menores en situación de riesgo o peligro moral o material”, o “en situación de riesgo” o “en circunstancias especialmente difíciles” o similares, que son las que habilitan el ingreso discrecional de los “menores” al sistema de justicia especializado.  En este sistema, es el “menor” quien está en situación irregular; son sus condiciones personales, familiares y sociales las que lo convierten en un “menor en situación irregular” y por eso es objeto de intervenciones estatales coactivas tanto él como su familia.  A partir de esa concepción, existe una división entre aquellos que serán atravesados por el dispositivo legal/tutelar, que generalmente coinciden con los que están fuera del circuito familia-escuela (los “menores”), y los niños y jóvenes, sobre quienes este tipo de leyes -como se señaló- no aplica. Un ejemplo de 13Constitución Política del Estado de 1938 “Artículo 134 - Es deber primordial del Estado, la defensa de la salud física, mental y moral de la infancia. El Estado defiende los derechos del niño al hogar, la educación y a la amplia asistencia cuando se halla en situación de abandono, de enfermedad o de desgracia. El Estado encomendará el cumplimiento de lo dispuesto en este artículo a organismos técnicos adecuados”. 14Constitución Política del Estado de 1967 “Artículo 199.- El Estado protegerá la salud física, mental y moral de la infancia, y defenderá los derechos del niño al hogar y a la educación. Un código especial regulará la protección del menor en armonía con la legislación general. 15Beloff, Mary, Justicia y Derechos del Niño, Número 1, Modelo de la protección integral de los Derechos del Niño y de la Situación Irregular. Un modelo para armar y otro para desarmar” Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), Santiago de Chile, noviembre de 1999, pág. 13. 16 Beloff Mary, Justicia y Derechos del Niño, Número 1, Modelo de la protección integral de los Derechos del Niño y de la Situación Irregular. Un modelo para armar y otro para desarmar”, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), Santiago de Chile, noviembre de 1999, páginas. 14-16. Modelo de la protección integral de los Derechos del Niño y de la Situación Irregular. Un modelo para armar y otro para desarmar”.

este punto es que frente a un mismo problema de la familia, un grupo de personas (los “menores”) son intervenidos por la justicia de menores, en tanto que otro grupo, probablemente, si hay intervención judicial, será intervenido por la justicia de familia.  También aparece que la protección es de los “menores” en sí mismos, de la persona de los menores, de ahí la idea de que son “objetos de protección”.  Por eso, esa protección frecuentemente viola o restringe derechos, porque no está pensada desde la perspectiva de los derechos.  Aparece también la idea de la incapacidad.  Vinculada con ésta última, entonces, la opinión del niño es irrelevante.  En la misma lógica, se afecta la función jurisdiccional, ya que el juez de menores debe ocuparse no solo de las cuestiones típicamente “judiciales” sino también de suplir las deficiencias de la falta de políticas sociales adecuadas. Por eso se espera que el juez actúe como un “buen padre de familia” en su misión de encargado del “patronato” del Estado sobre estos “menores en situación de riesgo o peligro moral o material”. De ahí que el juez no esté limitado por la ley y tenga facultades omnímodas de disposición e intervención sobre la familia y el niño.  Todo está centralizado.  Así queda definitivamente confundido todo lo relacionado con los niños y jóvenes que cometen delitos con cuestiones relacionadas con las políticas sociales y la asistencia, es lo que se conoce como “secuestro y judicialización de los problemas sociales”.  De este modo es que también se instala la categoría del “menor abandonado/delincuente” y se “inventa” la delincuencia juvenil. Se relaciona este punto con la “profecía autocumplida”: si se trata a una persona como delincuente aun cuando no haya cometido delito es probable que exitosamente se le pegue esa etiqueta de “desviado” y que, en el futuro, efectivamente lleve a cabo conductas criminales.  Como consecuencia de todo lo explicado, se desconocen todas las garantías individuales reconocidas por los diferentes sistemas jurídicos de los Estados de Derecho a todas las personas (no sólo a las personas adultas).  Principalmente, la medida por excelencia que adoptan los juzgados -tanto para infractores de la ley penal, cuanto para víctimas o para los “protegidos”- es la privación de la libertad. Todas las medidas se adoptan por tiempo indeterminado.  Se consideran a los niños y jóvenes imputados de delitos como inimputables, lo que entre otras cosas implica que no se les hará un proceso con todas las garantías que tienen los adultos, y que la decisión de privarlos de libertad o de adoptar cualquier otra medida no dependerá necesariamente del hecho cometido sino, precisamente, de que el niño o joven se encuentre en “estado de riesgo”. En este entendido, el sistema de la “situación irregular” se caracteriza a decir de la autora porque:

a) Refleja criterios criminológicos propios del positivismo de fines del siglo pasado y principios de éste, de la cual deriva un sistema de justicia de menores que justifica las reacciones estatales coactivas frente a infractores (o “potenciales infractores”) de la ley penal a partir de las ideas del tratamiento, la resocialización -o neutralización en su caso- y, finalmente, de la defensa de la sociedad frente a los peligrosos. Desde la perspectiva de las teorías del castigo; b) El argumento de la tutela. Mediante este argumento fue posible obviar dos cuestiones centrales en materia político-criminal. En primer lugar, el hecho de que todos los derechos fundamentales de los que gozan los adultos no fueran reconocidos a los niños y a los jóvenes. En segundo lugar, el hecho de que las consecuencias reales de esa forma de concebir y tratar a la infancia y la juventud sólo reprodujera y ampliara la violencia y marginalidad que se pretendía evitar con la intervención “protectora” del Estado; y, c) Las funciones atribuidas al juez de menores, quien deja de cumplir funciones de naturaleza jurisdiccional para cumplir funciones más propias de las políticas sociales. En este estado de cosas, la doctrina de la “situación irregular” estuvo fuertemente acentuada también en Bolivia, puesto que en nuestro país después de la Guerra del Chaco (1932-1935) se creó el Patronato del Menor debido a que muchos niños, niñas y adolescentes quedaron en la orfandad, entonces se hace visible la institucionalización o internación de este sector de la población en el marco de la visión tutelar del Estado, así también siguiendo esta misma perspectiva se crea posteriormente el Consejo Nacional del Menor (CONAME), y para 1971 empieza a funcionar la Junta Nacional de Solidaridad y Desarrollo Social, que en 1982 se convierte en la Junta Nacional de Solidaridad y Desarrollo Social, que se encargaba de coordinar sus funciones asistencialistas y proteccionistas dirigida a la referida población en coordinación con las Direcciones Regionales del Menor (DIRME) en cada departamento, que de igual manera su accionar estaba dirigido a la asistencia social y protección a niños, niñas y adolescentes que tenían esa calidad, que persistió con la creación del Organismo Nacional del Menor, Mujer y Familia, en 1992, el cual también funcionaba a nivel nacional, departamental y provincial, para posteriormente en 1999 con el proceso de descentralización se originan los Servicios Departamentales de Gestión Social (SEDEGES), como órganos desconcentrados de las prefecturas, con la misión de aplicar políticas y normas emitidas en el ámbito nacional, en temas de género, generacionales, familia y servicios sociales, además de coordinar programas y proyectos en materia de gestión social.

Esta corriente tutelar y asistencialista estuvo fuertemente arraigada con la creación de las instituciones estatales señaladas precedentemente no sólo en Bolivia sino también en Latinoamérica, inclusive la Corte Interamericana de Derechos Humanos durante los años sesenta y setenta tuvo como marco normativo la Declaración Americana de Derechos y Deberes de los Hombres para efectuar sus informes sobre la constatación de violaciones en lo concerniente a detenciones arbitrarias de niños como el caso del niño dominicano Felipe de Jesúsy otros relacionados con la muerte de niños por la milicia privada al servicio del Gobierno , de niños que permanecían privados de libertad en condiciones inadecuadas ; asimismo, en la Convención Americana sobre los Derechos Humanos el 22 de noviembre de 1969, se establece en su art. 19 una cláusula de derechos, que señala “Todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requieren por parte de su familia, de la sociedad y del Estado”; y también instituye varias disposiciones de protección inherentes a esa población; que de manera posterior es fortalecida por el Protocolo de San Salvador, adicional a la mencionada Convención, en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que en su art. 16 dispone como Derechos de la Niñez que “Todo niño sea cual fuere su filiación tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requieren por parte de su familia, de la sociedad y del Estado. Todo niño tiene el derecho a crecer al amparo y bajo la responsabilidad de sus padres; salvo circunstancias excepcionales, reconocidas judicialmente, el niño de corta edad no debe ser separado de su madre. Todo niño tiene derecho a la educación gratuita y obligatoria, al menos en su fase elemental, y a continuar su formación en niveles más elevados del sistema educativo” (las negrillas son añadidas), que si bien fue suscrito en 1988, recién entró en vigencia el 16 de noviembre de 1999; por lo que, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su Informe Anual de 1984 -1985 hace referencia al citado art. 19; de igual manera, entre los años 1985 y 1990 emitió varios informes sobre la violación del derecho a la vida y a la libertad de niños, a su integridad personal y sus garantías judiciales,y en relación a los que se encuentran también en conflicto con la ley penal, precisando en este caso que los mismos debían ser sometidos a un juez especial y que su detención debía llevarse a cabo en lugares distintos a los de la población adulta. Sin embargo, es a partir de la vigencia de la Convención sobre los Derechos del Niño el 2 de septiembre de 1990, que se trasunta a otro paradigma en la forma de concebir a las niñas, niños y adolescentes; es decir, que es una transición de la doctrina de la “situación irregular” en la que se encontraba esta población hacia la doctrina de protección integral, mediante la cual se constituyen en sujetos de derechos y no simplemente en objetos de tutela, tal cual se los consideraba antes de la Convención; en consecuencia, se entiende que la protección integral es igual a la “protección de derechos” de las niñas, niños y adolescentes, que a su vez tiene como eje central el principio rector del interés superior del niño, que si bien ya fue instituido en la Declaración Universal de Derechos del Niño; empero, ahora en el marco de la visión de que los niños son sujetos de derechos, y ciudadanos que también tienen responsabilidades, en este entendido dicho principio viene a ser una directriz obligatoria para el cumplimiento efectivo y satisfacción de manera preeminente de sus derechos por parte del Estado a través de todos sus órganos de gobierno; asimismo, la sociedad incluyendo la familia, de ahí que, también la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el análisis de las decisiones adoptadas en materia de la niñez empieza a consolidar el reconocimiento de las niñas, niños y adolescentes como sujetos de derechos y se pronuncia sobre varias situaciones de violaciones de sus derechos, y una de las primeras referencias al principio del interés superior del niño que se realiza en el Sistema Internacional de Derechos Humanos puede encontrarse en su Informe Anual de 1997, donde señala que en todos los casos que involucren decisiones que afecten la vida, la libertad, la integridad física o moral, el desarrollo, la educación, la salud u otros derechos de los menores de edad, dichas decisiones sean tomadas a la luz del interés más ventajoso para el niño, estableciendo así un estándar de protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes; por lo que, debe entenderse que esas decisiones no pueden ser en ningún momento discrecionales sino precautelando siempre la satisfacción de sus derechos en su calidad de sujetos y no objetos; es decir, teniendo en cuenta su opinión en su calidad de personas; asimismo, en la Opinión Consultiva 17/2002 de 28 de agosto se expresa que el interés superior del niño se entiende como una “norma de resolución de conflictos entre derechos, y/o como una guía para la evaluación de leyes, prácticas y políticas referidas a la infancia”.

Asimismo, la Convención sobre los Derechos del Niño, con el objeto de realizar un seguimiento a las obligaciones contraídas por los Estados que son parte ha incorporado la creación de un Comité de los Derechos del Niño, para lo cual los mencionados Estados deben presentar de manera obligatoria informes sobre las medidas que hayan adoptado para dar efecto a los derechos que se encuentran reconocidos por la Convención y el progreso obtenido en lo referente al goce de los mismos, de conformidad al plazo establecido ; por lo que, el referido Comité en la Observación General 10 pronunciada sobre Los Derechos del Niño en la Justicia de Menores, se ha referido al interés superior del niño en la justicia penal, señalando que:

…Los niños se diferencian de los adultos tanto en su desarrollo físico y psicológico como por sus necesidades emocionales y educativas. Esas diferencias constituyen la base de la menor culpabilidad de los niños que tienen conflictos con la justicia. Estas y otras diferencias justifican la existencia de un sistema separado de justicia de menores y hacen necesario dar un trato diferente a los niños. La protección del interés superior del niño significa, por ejemplo, que los tradicionales objetivos de la justicia penal, a saber, represión/castigo, deben ser sustituidos por los de rehabilitación y justicia restitutiva cuando se trate de menores delincuentes. Esto puede realizarse al mismo tiempo que se presta atención a una efectiva seguridad pública”. (las negrillas son añadidas).

De la misma forma varias observaciones establecidas en la Observación 10 señalada ut supra, se emitieron a la luz del interés superior del niño, de conformidad a la protección integral de los adolescentes en conflicto con la ley en el marco de la Convención sobre los Derechos del Niño, la cual a su vez también ha establecido otros principios como el de No Discriminación, Autonomía, Participación, Protección, excepcionalidad, legalidad, y especialización , que garantizan el cumplimiento de los derechos establecidos en esta norma internacional.

Asimismo, el interés superior del niño, no puede concebirse solamente como principio, sino también como garantía, puesto que la misma se entiende como “vínculos normativos idóneos para asegurar efectividad a los derechos subjetivos” , en este entendido también se constituye en un derecho, pues tal como se explicó precedentemente es de cumplimiento obligatorio y se encuentra vinculado a principios que coadyuvan en su cumplimiento; es así que, el Tribunal Constitucional Plurinacional en el marco de la Convención sobre los Derechos del Niño se ha referido en varias Sentencias Constitucionales Plurinacionales al interés superior del niño; sin embargo, en la SCP 0125/2017-S1 de 9 de marzo, reiterada por la SCP 0626/2019-S1 de 25 de septiembre, ha establecido una comprensión amplia del referido principio, y su vinculación con otros principios que refuerzan su cumplimiento al señalar que:

…este principio se traduce en un mandato de protección y efectivización de los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes, que todas las autoridades tanto administrativas y judiciales, asimismo la familia y la sociedad deben tener en cuenta de manera prioritaria al momento de realizar acciones que tengan que ver con sus intereses, a fin de garantizarles un desarrollo integral, en condiciones dignas e iguales, que hagan posible una sociedad en armonía, por ello, la Corte Interamericana de Derechos Humanos instituyó principios relacionados con el señalado, entre ellos el de protección reforzada, que es adicional al que tiene cualquier persona, en virtud a la especial gravedad de las violaciones a los derechos humanos del niño, que merecen todas las medidas necesarias y especiales para asegurar que se cumpla el mismo, que fue desarrollado en el caso Bulacio vs Argentina” (el resaltado fue añadido).

A mayor abundamiento, el interés superior del niño tiene asimismo una labor hermenéutica que permite interpretar sistemáticamente sus disposiciones a fin de efectivizar el ejercicio pleno de sus derechos, así también posibilita la resolución de conflictos entre derechos que se encuentran establecidos en la Convención sobre los Derechos del Niño; es decir, que se utiliza este principio en la ponderación de derechos, entonces bajo esta comprensión los derechos del niño no pueden estar supeditadas al interés colectivo ni pueden asimilarse al mismo; por lo que, cuando surgen conflictos de derechos del niño con el interés social, los otros deben ser ponderados de manera prioritaria.

Así también, el interés superior del niño según el autor Parker puede servir como un principio orientador al momento de evaluar la legislación o práctica que no se encuentren regidas por la ley, facilitando llenar algunos vacíos o lagunas legales, tanto para la promulgación de leyes como para cuando se tenga que tomar decisiones en casos en que no existe norma expresa; de la misma forma, en la Opinión Consultiva sobre la Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño expresó que el interés superior del niño se entiende como una “norma de resolución de conflictos entre derechos, y/o como una guía para la evaluación de leyes, prácticas y políticas referidas a la infancia”, conceptualizando también la referida Opinión Consultiva 17/02 a dicho principio como un “principio regulador de la normativa de los derechos del niño que se funda en la dignidad misma del ser humano, en las características propias de los niños, y en la necesidad de propiciar el desarrollo de éstos, con pleno aprovechamiento de sus potencialidades así como en la naturaleza y alcances de la Convención sobre los Derechos del Niño. Ahora bien, siguiendo la concepción del nuevo paradigma de protección integral, esta fue también reconocida en la Sentencia de 19 de noviembre de 1999, en el caso “Niños de la Calle”, Villagrán Morales y otros vs. Guatemala, donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos realizó una interpretación evolutiva del art. 19 de la Convención Americana de Derechos Humanos, apartándose de la concepción tutelar con la cual fue concebida, otorgándole un contenido a partir de la incorporación de los artículos de la Convención sobre los Derechos del Niño, así como de los instrumentos internacionales comprendidos en las Reglas Mínimas para la Administración de Justicia de Menores de 1985, las Directrices para la Prevención de la Delincuencia Juvenil (Riad) de 1990 y las Reglas para la Protección de los Menores de Edad Privados de Libertad de 1990, las cuales bajo esa comprensión se constituyen en parte del corpus iuris internacional de protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes de niñas, niños, y adolescentes, de la misma forma, en la Opinión Consultiva sobre la Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño se refiere a la protección integral, ratificando la concepción de que el niño se constituye en sujeto de derechos a partir de la Convención sobre los Derechos del Niño; es así que, en base al referido corpus iuris la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido también estándares importantes con relación a las garantías y derechos de los adolescentes en conflicto con la ley y que tienen que ver con el derecho al juez natural competente, independiente e imparcial, a la doble instancia, presunción de inocencia, contradicción, audiencia y defensa, así como de los principios que rigen a la administración de justicia referente a esta población, entre los cuales se puede destacar el caso Instituto de Reducación del Menor Vs. Paraguay, en el cual se hace un desarrollo del carácter excepcional de la prisión preventiva y de la sanción privativa de libertad, así como se enumera los principios de la justicia penal juvenil, como los principios de especialización y de excepcionalidad; asimismo, sobre estos principios las Observaciones finales Antigua y Barbuda, manifiestan su preocupación por la responsabilidad penal que se fija a partir de los 8 años y la posibilidad de que un menor de 18 años pueda ser condenado a cadena perpetua por asesinato, pudiendo ser también procesado como adultos por homicidio y no se encuentran separados de los adultos durante su detención; por lo que, el Comité de los Derechos del Niño establece observaciones para que ese país revise sus leyes y políticas para garantizar la plena aplicación de normas de justicia de menores.

Por su parte, en el caso Mendoza y otros Vs. Argentina, se refiere a que no se puede aplicar el Derecho Penal para Adultos a los menores de edad, mencionando también el carácter excepcional de la privación de libertad y en su caso la corta duración que debe tener, y la exigencia de su revisión periódica y la prohibición de la pena privativa de libertad perpetua; mientras que en el caso Pacheco Terurel y otros vs. Honduras se hace mención a las detenciones indiscriminadas y la legislación antimaras; en el caso Petruzzi y otros Vs Perú, como en el caso de los hermanos Gomez Paquiyauri Vs. Perú, se hace referencia al principio de legalidad; de igual forma la Opinión Consultiva 17/02 se ha expresado con relación al juez natural, a la presunción de inocencia, derecho a la defensa, a la doble instancia, al derecho a ser oído y participar del proceso.

Asimismo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su 100 período ordinario de sesiones, que se celebró en Washintong D.C. el 24 de septiembre al 13 de octubre de 1998, decidió crear la Relatoría sobre los Derechos de la Niñez, con la finalidad de fortalecer el respeto de los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes en las Américas. Consecuentemente, bajo la comprensión de la protección integral en el marco de la Convención sobre los Derechos del Niño, es que los Estados han tenido que realizar las adecuaciones a sus legislativas internas; en consecuencia, la experta en la materia Mary Beloff establece características que permiten identificar a las leyes que se enmarcan en la mencionada protección integral, como ser:

• “Se definen los derechos de los niños y se establece que en caso de que alguno de esos derechos se encuentre amenazado o violado, es deber de la familia, de la comunidad y/o del Estado restablecer el ejercicio concreto del derecho afectado a través de mecanismos y procedimientos efectivos y eficaces tanto administrativos cuanto judiciales, si así correspondiere. • Por eso desaparecen las vagas y antijurídicas categorías de “riesgo” “peligro moral o material”, “circunstancias especialmente difíciles”, “situación irregular”, etcétera. • Se establece, en todo caso, que quien se encuentra en “situación irregular” cuando el derecho de un niño o adolescente se encuentra amenazado o violado, es alguien o alguna institución del mundo adulto (familia, comunidad o Estado). • Se distinguen claramente las competencias de las políticas sociales de la cuestión penal, planteando la defensa y el reconocimiento de los derechos de los niños y los jóvenes como una cuestión que depende de un adecuado desarrollo de las políticas sociales. • Las políticas se caracterizan por estar diseñadas e implementadas por la sociedad civil y el Estado, por estar descentralizadas y focalizadas en los municipios. • Se abandona la noción de menores como sujetos definidos de manera negativa, por lo que no tienen, no saben o no son capaces, y pasan a ser definidos de manera afirmativa, como sujetos plenos de derecho. • Se desjudicializan cuestiones relativas a la falta o carencia de recursos materiales, supuesto que en el sistema anterior habilitaba la intervención de la jurisdicción especializada. • La protección es de los derechos del niño y/o el adolescente. No se trata como en el modelo anterior de proteger a la persona del niño o adolescente, del “menor”, sino de garantizar los derechos de todos los niños y adolescentes. • Por lo tanto, esa protección reconoce y promueve derechos, no los viola ni restringe. • También por ese motivo la protección no puede significar intervención estatal coactiva. • De la idea de universalidad de los derechos, se desprende que estas leyes son para toda la infancia y adolescencia, no para una parte. Por eso se dice que con estas leyes se recupera la universalidad de la categoría infancia, perdida con las primeras leyes para “menores”. • Ya no se trata de incapaces, medias-personas o personas incompletas, sino de personas completas cuya única particularidad es que están creciendo. Por eso se les reconocen todos los derechos que tienen todas las personas, más un plus de derechos específicos precisamente por reconocerse el hecho de que están creciendo. • De ahí que de todos los derechos, uno que estructura la lógica de la protección integral sea el derecho del niño a ser oído y a que sus opiniones sean tenidas en cuenta. • Se jerarquiza la función del juez en tanto éste debe ocuparse de cuestiones de naturaleza jurisdiccional, sean de derecho público (penal) o privado (familia). • El juez, como cualquier juez, está limitado en su intervención por las garantías. • En cuanto a la política criminal, se reconocen a los niños todas las garantías que le corresponden a los adultos en los juicios criminales según las constituciones nacionales y los instrumentos internacionales pertinentes, más garantías específicas. La principal, en relación con los adolescentes, es la de ser juzgado por tribunales específicos con procedimientos específicos, y la de que la responsabilidad del adolescente por el acto cometido se exprese en consecuencias jurídicas absolutamente diferentes de las que se aplican en el sistema de adultos. Este reconocimiento de garantías es independiente del hecho de sostener que los niños y jóvenes son inimputables, como es el caso, por ejemplo, del Estatuto del Niño y del Adolescente de Brasil. • Se establece como consecuencia jurídica de la comisión de un delito por parte de un joven un catálogo de medidas, en el que lo alternativo, excepcional, ultima ratio y por tiempo breve es la privación de libertad. Estas medidas se extienden desde la advertencia y la amonestación hasta los regímenes de semilibertad o privación de la libertad en institución especializada. Deben dictarse por tiempo determinado. • Se determina que la privación de libertad será una medida de último recurso, que deberá aplicarse por el tiempo más breve que proceda y, en todos los casos, por tiempo determinado como consecuencia de la comisión de un delito grave” (las negrillas y subrayado son añadidas).

Sin embargo, estas características que hacen a las legislaciones que adoptan la protección integral conforme la Convención sobre los Derechos del Niño, tuvo un lento avance en el caso de Bolivia, pues pese a que ratificó la mencionada Convención mediante Ley 1152 de 14 de mayo de 1990, promulgó un Código del Menor el 18 de diciembre de 1992, donde si bien se establece el principio del interés superior del niño, como pauta de actuación; sin embargo, se mantiene la noción del “menor” como objeto de tutela, pues en esa norma se crea ONANFA como cabeza de sector a nivel nacional, departamental y provincial, el cual si bien se encuentra a cargo de regular, normar, fiscalizar y supervisar las políticas dirigidas al “menor” las mujer y la familia; empero, se crean los Servicios Tutelares del Menor, que dependen de las Direcciones Departamentales Ejecutivas de dicha instancia, que ejercen las facultades de investigación y jurisdiccionales en casos de menores infractores, mientras que, los Jueces Tutelares del Menor 56 tienen otras funciones inherentes a la resolución de procedimientos referentes a la minoridad, vinculadas con situaciones de abandono, de peligro, maltrato en la que se encuentren menores, así como procesos de guarda, tenencia y adopciones; en consecuencia, este Código no supera los resabios de la situación irregular.

Posteriormente, el 27 de octubre de 1999, se promulga el Código de Niña, Niño y Adolescente mediante Ley 2026, en la cual existe un cambio trascendental de la concepción que se tenía de los “menores” en el anterior Código, al establecerse un régimen especializado de justicia para adolescentes infractores, que viene a ser el cambio fundamental al nuevo paradigma de la protección integral, donde se establecen principios y garantías procesales importantes que efectivizan los derechos de los adolescentes en conflicto con la Ley, además de otorgarle al Juez de la Niñez y Adolescencia la competencia jurisdiccional; asimismo, se desconcentra a nivel municipal y departamental las instancias de protección de las niñas, niños y adolescentes, de ahí que, los Servicios Departamentales de Gestión Social (SEDEGES) se constituyen en instancias que establecen políticas no solo de atención y protección sino de prevención en materia de niñez y adolescencia a nivel departamental, aunque mantienen resabios de la institucionalización de la doctrina de la situación irregular anterior, que se ve superada en mayor medida al realizar la inserción familiar de niñas, niños y adolescentes de los Hogares bajo su dependencia, de igual manera es trascendental la creación de las Defensorías de la Niñez y Adolescencia, quienes a parte de realizar funciones de prevención de la violencia en contra de este sector de la población, son los promotores y defensores de los derechos de los niños y adolescentes en el Municipio del que son parte, por ello se constituyen en un brazo operativo importante de los Gobiernos Autónomos Municipales para garantizar el ejercicio de esos derechos.

Asimismo, la Constitución Política del Estado de 2009, ha establecido una Sección específica dirigida a los Derechos de la Niñez y Adolescencia , siendo importante destacar el art. 60 donde se establece que: “Es deber del Estado, la sociedad y la familia garantizar la prioridad del interés superior de la niña, niño y adolescente, que comprende la preeminencia de sus derechos, la primacía en recibir protección y socorro en cualquier circunstancia, la prioridad en la atención de los servicios públicos y privados, y el acceso a una administración de justicia pronta, oportuna y con asistencia de personal especializado” (las negrillas son añadidas), elevando así el interés superior del niño a rango constitucional, garantizando la satisfacción de los derechos de los niños y adolescentes en todos los niveles del Estado, los órganos de poder y de la sociedad boliviana, es así que, se realza también la protección de las y los adolescentes en conflicto con la ley, al establecer el acceso a una justicia pronta y oportuna; sin embargo, de acuerdo al Cuarto Informe Periódico del Estado Plurinacional de Bolivia elevado ante el Comité de los Derechos del Niño, esta instancia en su 52 período de sesiones de 16 de octubre de 2009, ha establecido Observaciones para Bolivia, que en lo referente a la Administración de Justicia Juvenil, son las siguientes:

82. El Comité insta al Estado parte a que vele por la plena aplicación de las normas de justicia juvenil, en particular los artículos 37 b), 39 y 40 de la Convención, así como las Reglas mínimas de las Naciones Unidas para la administración de la justicia de menores (Reglas de Beijing), las Directrices de las Naciones Unidas para la prevención de la delincuencia juvenil (Directrices de Riad) y las Reglas de las Naciones Unidas para la protección de los menores privados de libertad (Reglas de La Habana). En particular, el Comité insta al Estado parte a tener en cuenta la Observación general Nº 10 (2007) del Comité sobre la administración de la justicia de menores. También recomienda que:

a) El Estado parte vele por que el sistema jurídico positivo y el sistema indígena tradicional respeten la Convención, e introduzca una clara separación de competencias entre ambos sistemas; b) El Estado parte tome medidas preventivas, como respaldar el papel de la familia y la comunidad, para eliminar las condiciones sociales que llevan a los niños entrar en contacto con el sistema de justicia penal o con el sistema indígena tradicional, y tome todas las disposiciones posibles para evitar la estigmatización; c) Los niños en conflicto con la ley sean juzgados por el sistema de justicia juvenil, y no como adultos en los tribunales ordinarios; d) Se introduzca en todas las regiones la figura del juez especializado en la infancia, y que estos jueces especiales reciban una educación y capacitación apropiadas; e) La privación de libertad constituya una medida de último recurso con la menor duración posible, y cuya aplicación se examine periódicamente con miras a retirarla; f) Se desarrollen penas alternativas a la privación de libertad tanto en el sistema jurídico positivo como en el sistema indígena tradicional, como la libertad condicional, la mediación, los servicios a la comunidad, o la condena condicional, siempre que sea posible; g) Los niños privados de libertad tengan acceso a la educación, incluso cuando se encuentren en prisión preventiva; h) El Estado parte solicite asistencia al Grupo Interinstitucional sobre Justicia Juvenil, del que forman parte la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, el UNICEF, el ACNUDH y diversas ONG”.

En este contexto, es que por Ley 548 de 17 de julio de 2014, se promulga en Bolivia el Código de Niño, Niña y Adolescente, norma que se encuentra en la actualidad en vigencia, en el cual se reconocen como sujetos de derecho a los niños que comprenden desde la concepción hasta los doce años y la adolescencia desde los doce a los dieciocho años; asimismo, establece que se le debe garantizar el ejercicio de las garantías constitucionales y de aquellas que se encuentran en la citada norma; de igual forma, se incluyen varios principios generales , entre ellos el del interés superior del niño, que se vincula con la protección integral y pregona la satisfacción de los derechos de manera preeminente; también, una de las implementaciones importantes del referido Código es la inclusión de un Sistema Penal Para Adolescentes, en el cual se establece una visión integral de atención y protección de los adolescentes en conflicto con la Ley, desde las instituciones involucradas y los procedimientos tanto procesales como administrativos para el ejercicio de los derechos de esta población, que condice con lo dispuesto en el art. 8.II de la norma en cuestión, ya que esa disposición establece la obligatoriedad del Estado a través de todos sus niveles a garantizar el ejercicio pleno de los derechos de las niña, niños y adolescentes; instituyendo en consecuencia entre sus derechos y garantías la especialidad, presunción de inocencia, a ser oída u oído, a guardar silencio, es decir a no declarar en su contra, a ser informada o informado, a un traductor o intérprete, al debido proceso, a la defensa especializada, asistencia integral, a permanecer en centros especializados para adolescentes, a la comunicación, a la privacidad, confidencialidad, intervención de sus representantes legales, a la proporcionalidad, única persecución, y excepcionalidad de la privación de libertad; por otra parte, uno de los cambios trascendentales es el ámbito de aplicación de dicho sistema penal, pues ahora está dirigida a los adolescentes a partir de los 14 años hasta los 18 años, que modificó la Ley 2026 en la cual se establecía la aplicación del régimen especial desde los 12 a 16 años, finalmente también se incluyen medidas específicas de justicia restaurativa, que tampoco se encontraba en la citada norma.

Así las cosas, Bolivia cuenta con una Constitución Política del Estado y un Código de Niña, Niño y Adolescente que se sujetan a la Convención sobre los Derechos del Niño y por ende al enfoque de la protección integral de derechos, donde se establecen también principios que son directrices para la actuación de las autoridades judiciales y administrativas que conforman el Sistema Penal para Adolescentes en conflicto con la Ley, a fin de garantizar la plena satisfacción de los derechos de la niñez y adolescencia en nuestro país; sin embargo, en ese entendido es importante remarcar que ante los vacíos normativos e inclusive de tipo administrativo, el corpus iuris internacional de protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes se constituye en un referente principal de instrumentos internacionales del Sistema Internacional de Derechos Humanos, que deben ser aplicados por dichas autoridades, en virtud a la obligatoriedad que tiene el Estado Plurinacional de cumplir con las Convenciones y Acuerdos suscritos en esa materia, en concordancia con el principio de pacta sunt servanda y además teniendo en cuenta que a la luz de la propia Constitución Política del Estado, estas normas son aplicables de manera preferente cuando establecen derechos más favorables que la referida Norma Suprema, a su vez de conformidad a la interpretación efectuada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos al contenido y alcance del art. 19 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pues no solamente se trata de la aplicación de ese contenido a partir de las Convenciones y Tratados sobre la materia sino también de las Reglas o Directrices de Justicia Juvenil, las Opiniones Consultivas como las Observaciones Generales.

Bajo tal comprensión, es importante que el enfoque de la protección integral que pregona la Convención sobre los Derechos del Niño en favor de los adolescentes en conflicto con la ley se consolide materialmente en nuestro país a través de todas las instancias del Estado y de los órganos de poder; es decir, bajo este enfoque de satisfacción de los derechos de esta población de manera preeminente, todo ello en consonancia con el interés superior del niño.

III.3. La ponderación de derechos fundamentales y su aplicación

El presente Fundamento Jurídico, fue citado en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales: 0186/2021-S1 de 22 de junio; 1066/2022-S1 de 5 de octubre; 0384/2023-S1 de 3 de mayo; -entre otras- que formularon el siguiente razonamiento. A fin de explicar el desarrollo del entendimiento jurisprudencial efectuado por este Tribunal sobre la aplicación de la ponderación de los derechos fundamentales en el marco de la doctrina constitucional, corresponde hacer referencia a los razonamientos efectuados a partir de la jurisprudencia desarrollada en los primeros diez años del Tribunal Constitucional, en donde se pronunció de acuerdo a la Doctrina Constitucional que los derechos fundamentales no son absolutos, encontrando límites y restricciones en su ejercicio respecto a los derechos de los demás; es decir, que, tanto la prevalencia del interés general, la primacía del orden jurídico y los factores de seguridad y salubridad pública no pueden verse afectados en relación a los derechos individuales; por lo que., estos pueden ser limitados en función del interés social, conforme lo señaló la SC 004/2001 de 5 de enero en un Recurso Indirecto de Inconstitucionalidad; asimismo, la SC 1015/2004-R de 2 de julio razonó que cuando los derechos fundamentales entran en conflicto es imprescindible realizar un ponderación, lo que no implica un desconocimiento del derecho de la otra persona, sino una valoración preferente, reiterando que los derechos no son absolutos al estar limitados por los demás, debiendo entenderse ello como una armonización de los principios constitucionales, teniendo en cuenta la unidad de la Constitución y la primacía de los derechos fundamentales.

Asimismo, la SC 1806/2004 de 22 de noviembre reiteró los entendimientos efectuados por las Sentencias Constitucionales 004/2001-R y 1015/2004-R y por su parte resolviendo el caso en concreto sobre el derecho del recurrente a la libertad física y de locomoción y por otra parte el derecho de sus hijos (beneficiarios de la asistencia familiar) a la vida, la salud, la educación, al desarrollo integral indicó que dicha ponderación de bienes debe ser efectuado sobre “la base de una interpretación sistematizada de los derechos fundamentales a la luz de los valores supremos y principios fundamentales inherentes al Estado Democrático de Derecho, acudiendo, además, a las normas previstas en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos”, es así que, ampliando el entendimiento sobre la aplicación de dicha ponderación señaló que:

…todos los derechos deben ceder ante la exigencia de mayor valor, de modo que el Juez, que es el intérprete en general, habrá de sopesar el valor respectivo del derecho y de los argumentos para sacrificarlo, para decidir, en consecuencia, a favor del derecho o de su sacrificio total o parcial. Aunque se acepte que esta ponderación tiene límites -como se tiene dicho, en cuanto al respeto al contenido esencial del derecho- el énfasis se pone en la limitabilidad intrínseca de todo derecho. Ponderar es sopesar. Ponderar los mandatos de la Constitución con el fin de establecer limitaciones a los derechos fundamentales equivale a depositar sobre distintos lugares de esa plataforma diversos pesos, en representación proporcional de la fuerza ejercida por los diversos principios constitucionales, hasta lograr un equilibrio deseado.

En consecuencia sobre la base de los argumentos señalados moduló el entendimiento efectuado en la SC 1156/2004-R, razonando que si bien no puede someterse a una persona que incumple el pago de pensiones a una restricción indefinida de sus derecho a la libertad; empero, resguardando los valores, derechos e intereses de la minoridad beneficiaria de asistencia familiar consideró que el obligado puede obtener su libertad previa presentación de fianza personal a fin de asegurar el cumplimiento de pago de las pensiones devengadas, entendimiento que fue reiterado por la SC 0618/2011-R de 3 de mayo y esta a su vez repetida por la SC 1497/2011-R de 11 de octubre, las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0973/2012 de 22 de agosto, 0957/2013 de 20 0de junio, entre otras.

Ahora bien, cerrando esa etapa de los primeros diez años del Tribunal Constitucional e ingresando en la época del Tribunal Constitucional Plurinacional, la SCP 2164/2013 de 21 de noviembre , reiteró los entendimientos efectuados en las Sentencias Constitucionales 0004/2001-R, 1015/2004-R, 0618/2011-R y 1497/2011-R, y asimismo sobre el principio de ponderación nombrando a José Antonio Rivera Santivañez señaló que:

El principio de ponderación de bienes es utilizado para armonizar o establecer un orden de preferencia entre los principios en conflicto o colisión. Ponderar consiste en determinar cuál es el peso específico de los principios que entran en colisión; es decir que, es un método para evaluar o determinar el peso o la importancia de cada uno de los derechos en conflicto en el caso concreto que se juzga. A partir del mismo debe buscarse un equilibrio práctico entre las necesidades de los titulares de los derechos colisionados.

En este entendido, para aplicar el referido principio citando al mismo autor se refiere a sus elementos, como “La Ley de Ponderación”, la cual implica que, “Cuanto mayor sea el grado de la falta de satisfacción o de la afectación de un derecho, tanto mayor tiene que ser la fundamentales, entendimiento desarrollado por la SC 1015/2004-R de 2 de julio; que para realizar la ponderación de bienes debe considerarse lo dispuesto por el art. 28 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre «Los derechos de cada hombre están limitados por los derechos de los demás, por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bienestar general y el desenvolvimiento democrático».

En el marco de la norma citada y la doctrina del Derecho Constitucional, este Tribunal ha establecido «los derechos fundamentales no son absolutos -en su ejercicio-, encuentran límites y restricciones en los derechos de los demás, la prevalencia del interés general, la primacía del orden jurídico y los factores de seguridad y salubridad públicos, que no pueden verse sacrificados en aras de un ejercicio arbitrario o abusivo de las prerrogativas individuales; es decir, que los derechos fundamentales pueden ser limitados en función al interés social» (SC 0004/2001-R de 5 de enero). De lo expresado se concluye que en una situación en la que se produzca una colisión entre los derechos fundamentales de una persona con los derechos fundamentales de las demás personas o con el interés colectivo, es absolutamente conforme a la Constitución, el restringir el ejercicio de los derechos del primero en resguardo de los derechos de los segundos, lo que supone sacrificar el bien menor en aras de proteger el bien mayor; empero ello exige que esa restricción no suponga eliminar el contenido o núcleo esencial del derecho, lo que obliga a que se busque los medios más adecuados para la restricción de los derechos fundamentales de la persona, sin afectar su contenido esencial.

En principio, se supone que todos los derechos deben ceder ante la exigencia de mayor valor, de modo que el Juez, que es el intérprete en general, habrá de sopesar el valor respectivo del derecho y de los argumentos para sacrificarlo, para decidir, en consecuencia, a favor del derecho o de su sacrificio total o parcial. Aunque se acepte que esta ponderación tiene límites -como se tiene dicho, en cuanto al respeto al contenido esencial del derecho- el énfasis se pone en la limitabilidad intrínseca de todo derecho. Ponderar es sopesar. Ponderar los mandatos de la Constitución con el fin de establecer limitaciones a los derechos fundamentales equivale a depositar sobre distintos lugares de esa plataforma diversos pesos, en representación proporcional de la fuerza ejercida por los diversos principios constitucionales, hasta lograr un equilibrio deseado.

(…) En la ponderación no se trata de un «o todo o nada», sino de una tarea de optimización, en el que se intente lograr el mayor equilibrio posible entre los valores en juego...'”.

Por su parte, el constitucionalista José Antonio Rivera Santiváñez, a tiempo de desarrollar este principio, ha explicado que: “El principio de ponderación de bienes es utilizado para armonizar o establecer un orden de preferencia entre los principios en conflicto o colisión. Ponderar consiste en determinar cuál es el peso específico de los principios que entran en colisión; es decir que, es un método para evaluar o determinar el peso o la importancia de cada uno de los derechos en conflicto en el caso concreto que se juzga. A partir del mismo debe buscarse un equilibrio práctico entre las necesidades de los titulares de los derechos colisionados”.

Ahora bien, sobre la forma de aplicación de este principio, el citado autor ha previsto que deben utilizarse ciertos elementos de la ponderación, como “La Ley de Ponderación”, la cual implica que, “Cuanto mayor sea el grado de la falta de satisfacción o de la afectación de un derecho, tanto mayor tiene que ser la importancia de la satisfacción del otro”; y para cumplir con esta, señala también que tendrán seguir los siguientes pasos:

“1) Definir el grado de la no satisfacción o de afectación de uno de los derechos; 2) Definir la importancia de la satisfacción del derecho que juega en sentido contrario; y, 3) Definir la importancia de la satisfacción del derecho contrario justifica la afectación del otro”.

De todo lo anotado, se concluye que el principio de ponderación de bienes y derechos es un mecanismo para dilucidar casos complejos en los que los principios, garantías constitucionales o derechos fundamentales entran en conflicto; teniéndose además que, para la correcta aplicación de éste en la resolución de un caso concreto, necesariamente se deberán utilizar y cumplir ciertos elementos de ponderación que servirán para determinar tanto el grado de satisfacción como de afectación de los derechos, así como la importancia y consecuencias de las mismas”.

importancia de la satisfacción del otro”; asimismo, para cumplir la referida ley, menciona que se deben seguir los siguientes pasos:

1) Definir el grado de la no satisfacción o de afectación de uno de los derechos; 2) Definir la importancia de la satisfacción del derecho que juega en sentido contrario; y, 3) Definir la importancia de la satisfacción del derecho contrario justifica la afectación del otro.

Concluyendo que, el principio de ponderación de bienes y derechos “es un mecanismo para dilucidar casos complejos en los que los principios, garantías constitucionales o derechos fundamentales entran en conflicto”; por lo que, para la aplicación correcta del mencionado principio es necesario que se utilice los elementos señalados precedentemente, entendimiento que fue reiterado por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0171/2017-S1 de 10 de marzo, 0587/2019-S2 de 22 de julio entre otras. Asimismo, la SCP 1787/2013 de 21 de octubre, en el marco del modelo constitucional denominado neoconstitucionalismo, en cuanto a la ponderación de derechos fundamentales hace mención a las teorías de ponderación desde la perspectiva de Robert Alexy y Luis Prieto Sanchís, para concluir que antes de la aplicación de dicho principio se debe subsumir; es decir, “constatar que el caso se halla incluido en el campo de aplicación de los dos principios”. En este contexto jurisprudencial, no es menos cierto que en el análisis de los diferentes casos concretos revisados por este Tribunal se presentan conflictos entre derechos jerárquicamente iguales, lo cual implica que las autoridades jurisdiccionales deban realizar una ponderación, con el fin de buscar un equilibrio que permita garantizar de manera razonable y proporcional la protección de ambos derechos haciendo justicia y protegiendo a personas que requieran la aplicación de medidas reforzadas, al respecto de la ponderación Robert Alexy sostiene “La regla de la ponderación partiendo de la 68 En el F.J.III.4., respecto a la ponderación de los derechos fundamentales refiere que: “Robert Alexy en su obra, Derechos Fundamentales Ponderación y Racionalidad, establece que: “hay dos teorías básicas de los derechos fundamentales: una estrecha y rigurosa, y otra amplia y comprehensiva; la primera es denominada 'teoría de las reglas', la segunda 'teoría de los principios'. En ningún lado se realizan puramente estas dos teorías; sin embargo, representan diferentes tendencias básicas, y la cuestión de cuál es mejor resulta central de la interpretación de toda Norma Constitucional, que conoce los derechos fundamentales y la jurisdicción constitucional”. Por su parte, Luis Prieto Sanchís, en su obra Neoconstitucionalismo y Ponderación Judicial, indica que: “Suele decirse que la ponderación es el método alternativo a la subsunción: las reglas serían objeto de subsunción, donde, comprobado el encaje

En otras palabras, antes de ponderar es preciso «subsumir», constatar que el caso se halla incluido en el campo de aplicación de los dos principios. Por ejemplo, para decir que una pena es desproporcionada por representar un límite al ejercicio de un derecho, antes es preciso que el caso enjuiciado pueda ser subsumido no una, sino dos veces: en el tipo penal y en el derecho fundamental. Problema distinto es que, a veces, las normas llamadas a ser ponderadas carezcan o presenten de forma fragmentaria el supuesto de hecho, de modo que decidir que son pertinentes al caso implique un ejercicio de subsunción que pudiéramos llamar valorativa; no es obvio, por ejemplo, que consumir alcohol o dejarse barba constituyan ejercicio de la libertad religiosa, que lo constituyen, pero es imprescindible «subsumir» tales conductas en el tipo de la libertad religiosa para luego ponderar ésta con los principios que fundamentan su eventual limitación”.

En la misma línea de razonamiento la SCP 0886/2013 de 20 de junio, expone: “…a través de la ponderación de los derechos para el análisis de los casos concretos en los cuales exista una manifiesta, irreversible y grosera vulneración a derechos fundamentales, debe prevalecer la justicia material a cuyo efecto, su labor hermenéutica de ponderación, generará la flexibilización a ritualismos extremos para que en casos graves se repare un derecho manifiesta y groseramente vulnerado, así, el rol del control de constitucionalidad, en virtud del cual, la justicia formal ceda frente a la justicia material”.

caracterización de los principios como mandatos de optimización, puede ser formulada de la siguiente manera: «…cuanto mayor sea el grado de no realización o afectación de un principio, tanto mayor tiene que ser la importancia de la satisfacción del otro».

La ponderación postula un principio general que es el de la proporcionalidad, que conforme al desarrollo de la jurisprudencia constitucional, fue concebido no solo como una prohibición de exceso en la actuación del poder sino como una exigencia para que sus funciones sean realizadas bajo limitaciones y responsabilidades que la Norma Suprema establece, como el respeto a los derechos fundamentales, en consecuencia tiene su fundamento en el carácter inviolable de los derechos fundamentales reconocidos en el art. 13.I de la CPE y es considerado como un criterio hermenéutico de imperativa observancia en el ejercicio de cualquier competencia pública, que consta de tres sub principios: idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto, los cuales siguiendo a Alexy, expresan la idea de optimización relativa a las perspectivas fácticas”; es decir, sobre la base de este principio general como es la proporcionalidad se establece los parámetros a considerar en la aplicación de las medidas a través de los sub principios como son:

a) Idoneidad, sobre la base de la cual se debe establecer si la medida limitadora es adecuada para alcanzar la finalidad para la que fue impuesta, no es idónea si no resulta apta para la protección y al contrario resulta perjudicial para el otro principio.

69 La SCP 0010/2018-S2 de 28 de febrero, en su F.J. III.3 respecto principio o test de proporcionalidad en la aplicación de la detención preventiva a partir de un enfoque interseccional, reiterando los entendimientos efectuados por la SCP 2299/2012 de 28 de febrero, razonó en términos generales que: “…la autoridad, al momento de elaborar una ley, emitir una norma o aplicar una disposición legal que limita un derecho fundamental, debe efectuar un juicio de proporcionalidad en el que se analice tres aspectos fundamentales: 1) Si la medida limitativa o restrictiva de un derecho fundamental es idónea o adecuada para la finalidad buscada con la misma; 2) Si la medida limitativa o restrictiva es necesaria y si acaso, existen otras medidas menos graves, que restrinjan en menor grado el derecho fundamental, que podrían ser adoptadas en el caso concreto para alcanzar la finalidad perseguida; y, 3) Analizar la proporcionalidad en sentido estricto que consiste en dilucidar si la afectación, restricción o limitación al derecho fundamental no resulta exagerada o desmedida frente a las ventajas que se obtienen con tal restricción y el cumplimiento de la finalidad perseguida.

Asimismo, la SCP 0025/2018-S2 de 28 de febrero, en el F.J.III.2 respecto al principio de proporcionalidad en la limitación de derecho fundaméntale respecto a la aplicación de medidas cautelares señala que: “El principio de proporcionalidad fue concebido por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Plurinacional -SCP 2299/2012 de 16 de noviembre- no solo como una prohibición de exceso en la actuación del poder, en el entendido que las autoridades de los diferentes órganos del poder público y las instituciones del Estado, deben actuar conforme a las competencias otorgadas por la Ley Fundamental, sino también como una exigencia para que sus funciones sean realizadas bajo limitaciones y responsabilidades que la Norma Suprema establece, como el respeto a los derechos fundamentales. En ese entendido, el ejercicio de las funciones y competencias de las autoridades requiere proporcionalidad, en especial cuando interfiere en el ejercicio de derechos fundamentales, por cuanto una actuación desproporcionada, quebranta las bases fundamentales del Estado Plurinacional Constitucional.

El principio de proporcionalidad, de acuerdo a la SCP 2299/2012, se sustenta en la idea de vinculación de los poderes públicos a los derechos fundamentales, por lo que, una disminución en el ejercicio de los mismos debe tener una causa justificada y solo en la medida necesaria. Este principio tiene su fundamento en el carácter inviolable de los derechos fundamentales reconocidos en el art. 13.I de la CPE y es considerado como un criterio hermenéutico de imperativa observancia en el ejercicio de cualquier competencia pública, por cuanto la efectivización de un derecho fundamental no puede ser limitado más allá de lo que sea imprescindible para la protección de otro derecho fundamental o bien jurídico constitucional, con la finalidad de evitar el sacrificio innecesario o excesivo de los derechos fundamentales.

Lo anotado implica, entonces, que la autoridad, al momento de elaborar una ley, emitir una norma o aplicar una disposición legal que limita un derecho fundamental, debe efectuar un juicio de proporcionalidad en el que se analice tres aspectos fundamentales: a) Si la medida limitativa o restrictiva de un derecho fundamental es idónea o adecuada para la finalidad buscada con la misma; b) Si la medida limitativa o restrictiva es necesaria, y si acaso, existen otras menos graves, que restrinjan en menor grado el derecho fundamental, que podrían ser adoptadas en el caso concreto para alcanzar la finalidad perseguida; y, c) Analizar la proporcionalidad en sentido estricto, que consiste en dilucidar si la afectación, restricción o limitación al derecho fundamental no resulta exagerada o desmedida frente a las ventajas que se obtienen con tal restricción y el cumplimiento de la finalidad perseguida.

b) Necesidad, por la cual se debe buscar una medida menos restrictiva pero con iguales resultados protectores.

c) Proporcionalidad, por la que se analiza si la afectación, limitación o restricción de un derecho fundamental no resulta exagerada o desmedida frente a las ventajas que se obtiene con tal restricción y el cumplimiento de la finalidad perseguida. De lo que se concluye que en los casos donde se presenten conflicto de principios, valores, derechos y garantías y se manifiesten plenamente la ponderación, esta debe ser realizada por los Jueces Juezas y Tribunales en las distintas jurisdicciones y en especial por la justicia constitucional.

III.4. Las resoluciones de medidas cautelares y su debida fundamentación y motivación por los tribunales de apelación en aplicación correcta del art. 398 del Código de Procedimiento Penal

El presente Fundamento Jurídico, fue citado en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales: 0483/2021-S1 de 24 de septiembre; 1159/2022-S1 de 11 de octubre; y, 1312/2023 S1 de 20 de diciembre; -entre otras- que formularon el siguiente razonamiento. Inicialmente, corresponde señalar que, conforme a la doctrina argumentativa, la argumentación como instrumento esencial de la autoridad que imparte justicia, tiene una transcendental finalidad, que es la justificación de la decisión, misma que está compuesta por dos elementos, que si bien tienen sus propias características que los distinguen y separan, empero son interdependientes al mismo tiempo dentro de toda decisión; así, dichos elementos de justificación son: la premisa normativa y la premisa fáctica, que obligatoriamente deben ser desarrollados en toda resolución; es decir, los fallos deben contener una justificación de la premisa normativa o fundamentación, y una justificación de la premisa fáctica o motivación. En tal sentido, la fundamentación se refiere a la labor argumentativa desarrollada por la autoridad competente en el conocimiento y resolución de un caso concreto, en el cual está impelido de citar todas las disposiciones legales sobre las cuales justifica su decisión; pero además, y, en casos específicos, en los cuales resulte necesario una interpretación normativa, tiene la obligación efectuar dicha labor, aplicando las pautas y métodos de la hermenéutica constitucional, en cuya labor, los principios y valores constitucionales aplicados, se constituyan en una justificación razonable de la premisa normativa. Por su parte, la motivación, está relacionada a la justificación de la decisión a través de la argumentación lógico-jurídica, en la cual se desarrollan los motivos y razones que precisan y determinan los hechos facticos y los medios probatorios que fueron aportados por las partes, mismos que deben mantener una coherencia e interdependencia con la premisa normativa descrita por la misma autoridad a momento de efectuar la fundamentación; asimismo, en cuanto a la justificación, esta se define como un procedimiento argumentativo a través del cual se brindan las razones de la conclusión arribada por el juzgador. Efectuada las precisiones que anteceden, e ingresando a la exigencia de fundamentar y motivar las resoluciones en las cuales se apliquen medidas cautelares, por las autoridades jurisdiccionales en el ámbito penal, incumbe remitirnos a la amplia jurisprudencia constitucional emitida por esta instancia celadora de la supremacía constitucional; en ese sentido, la SC 0782/2005-R de 13 de julio, en su Fundamento Jurídico III.2, efectuó el siguiente desarrollo jurisprudencial, precisando que:

Ahora bien, la exigencia de pronunciar una resolución motivada en la que se establezca la concurrencia de los requisitos de validez para determinar la detención preventiva, entendiendo por motivo fundado a aquél conjunto articulado de hechos que permiten inferir de manera objetiva que la persona imputada es probablemente autora de una infracción o partícipe de la misma y que existe riesgo de fuga y/u obstaculización de la averiguación de la verdad no sólo alcanza al juez cautelar, sino también al tribunal que conozca en apelación la resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, toda vez que si bien de conformidad con el art. 251 del CPP, las medidas cautelares dispuestas por el juez cautelar, pueden ser apeladas y, por lo mismo, modificadas, ello no significa que el tribunal de apelación cuando determine disponer la detención preventiva, esté exento de pronunciar una resolución lo suficientemente motivada, en la que se exprese la concurrencia de los dos requisitos que la ley impone para la procedencia de esa medida cautelar. Consecuentemente, el Tribunal de apelación, está obligado a motivar y fundamentar su Resolución, precisando los elementos de convicción que le permiten concluir en la necesidad de revocar las medidas sustitutivas y aplicar la detención preventiva; a cuyo efecto debe también justificar la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos por el art. 233 del CPP y una o varias de las circunstancias establecidas por los arts. 234 y 235 del CPP, mediante una resolución debidamente fundamentada, conforme exige el art. 236 del CPP, puesto que sólo cuando se han fundamentado debidamente estas dos situaciones, se puede disponer la detención preventiva (el resaltado es ilustrativo).

Asimismo, la SC 0012/2006-R de 4 de enero, en su Fundamento Jurídico III.1.7, bajo el epígrafe “Sobre la exigencia de la decisión judicial sea fundamentada”, estableció que la motivación implica conocer de forma indubitable las razones que llevaron al Juez o autoridad judicial de tomar una determinada decisión, aspecto que es exigible tanto para la imposición de la detención preventiva como para rechazarla, modificarla, sustituirla o revocarla.

Prosiguiendo con la revisión de la jurisprudencia constitucional, respecto a la exigencia de fundamentar y motivar las resoluciones, se tiene a las razones de la SC 0759/2010-R de 2 de agosto, que en su Fundamento Jurídico III.3 epigrafiado como “La motivación de las resoluciones como obligación del juez”, acudiendo al art. 124 del CPP, señaló que toda resolución debe ser debidamente fundamentada, exponiendo los hechos y normas legales aplicables; añadiendo además que:

…cuando un juez omite la motivación de una resolución, no sólo suprime una parte estructural de la misma sino también en los hechos toma una decisión de hecho no de derecho, que vulnera de manera flagrante el citado derecho, que permite a las partes conocer cuáles son las razones para que se declare en tal o cual sentido o lo que es lo mismo, cuál es la ratio decidendi que llevó al juez a tomar la decisión (el resaltado es añadido).

Por su parte, respecto a que la motivación no debe ser ampulosa, la citada jurisprudencia constitucional, extrayendo las razones de la SC 1356/2005-R de 31 de octubre, precisó que:

…cabe señalar que la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y fondo. En cuando a esta segunda, la motivación puede ser concisa, pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiendo expresar el juez sus convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se tendrán por fielmente cumplidas. En sentido contrario, cuando la resolución aun siendo extensa no traduce las razones o motivos por los cuales se toma una decisión, dichas normas se tendrán por vulneradas (el resaltado es nuestro).

De igual forma, la SC 0033/2012 de 16 de marzo, mediante su Fundamento Jurídico III.3, denominado “De la fundamentación de las resoluciones que determinen la detención preventiva”, refirió básicamente que la detención preventiva como medida cautelar personal, puede ser dispuesta cuando existan los elementos referidos al “fumus boni iuris” y el “periculum in mora”, previstos en el art. 233 del CPP, decisión que debe ser dispuesta mediante una resolución debidamente fundamentada conforme prevé el art. 236 del mismo cuerpo adjetivo penal; además, dicha jurisprudencia, apoyándose en las razones desarrolladas por la SC 0089/2010-R de 4 de mayo, refirió que:

En este sentido la jurisprudencia constitucional ha señalado en su SC 0089/2010-R-de 4 de mayo, ‘En los casos en que un Tribunal de apelación decida revocar las medidas sustitutivas y a la par disponer la aplicación de la detención preventiva de un imputado, está obligado igualmente a dictar una resolución debidamente fundamentada sobre la necesidad de aplicar dicha medida cautelar de carácter personal, explicando la concurrencia de los dos requisitos determinados en el art. 233 del CPP. En ese sentido, se ha establecido que el tribunal de apelación, está obligado a motivar y fundamentar su resolución, precisando los elementos de convicción que le permiten concluir en la necesidad de revocar las medias sustitutivas y aplicar la detención preventiva; a cuyo efecto, debe también justificar la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos por el art. 233 del CPP y una o varias de las circunstancias señaladas por los art 234 y 235 del CPP, mediante una resolución debidamente fundamentada, conforme exige el art. 236 del CPP, puesto que sólo cuando se han fundamentado debidamente estas dos situaciones se puede disponer la detención preventiva (el resaltado es ilustrativo). Con relación a la fundamentación y motivación de las resoluciones al aplicar el art. 398 del CPP , la jurisprudencia de esta instancia constitucional, a través de la SCP 0077/2012 de 16 de abril, en su Fundamento Jurídico III.3, titulado “El alcance de lo previsto en el art. 398 del CPP y la exigencia de motivación en las resoluciones que disponen la detención preventiva”, señaló inicialmente que de acuerdo al referido precepto legal del art. 398 del CPP, los tribunales de alzada sólo pueden resolver y pronunciarse sobre los agravios expuestos en apelación; empero, precisó que: al tratarse de la aplicación de medidas cautelares:

Sin embargo, tratándose de la aplicación de medidas cautelares, dicha normativa no debe ser entendida en su literalidad sino interpretada en forma integral y sistemática, por lo que también cabe referirse a lo establecido en el art. 233 del CPP, modificado por la Ley 007 de 18 de mayo de 2010, cuando señala que: ‘Realizada la imputación formal, el juez podrá ordenar la detención preventiva del imputado, a pedido fundamentado del fiscal o de la víctima aunque no se hubiera constituido en querellante, cuando concurran los siguientes requisitos: 1. La existencia de elementos de convicción suficientes para sostener que el imputado es, con probabilidad, autor o partícipe de un hecho punible; 2. La existencia de elementos de convicción suficientes de que el imputado no se someterá al proceso u obstaculizará la averiguación de la verdad’” (negrillas adicionadas).

En ese marco, dicha Sentencia Constitucional Plurinacional, haciendo referencia al antes art. 236.3 -ahora- art. 236.4 del CPP, agregó que:

En el marco de las normas legales citadas, aplicables al caso que se examina, se establece que el límite previsto por el art. 398 del CPP a los tribunales de alzada, de circunscribirse a los aspectos cuestionados de la resolución, no implica que los tribunales de apelación se encuentren eximidos de la obligación de motivar y fundamentar la resolución por la cual deciden imponer la medida cautelar de detención preventiva, quedando igualmente obligados a expresar la concurrencia de los dos presupuestos que la normativa legal prevé para la procedencia de la detención preventiva, en el entendido que ésta última determinación únicamente es válida cuando se han fundamentado los dos presupuestos de concurrencia, para cuya procedencia deberá existir: 1) El pedido fundamentado del fiscal o de la víctima aunque no se hubiere constituido en querellante; 2) La concurrencia de los requisitos referidos a la existencia de elementos de convicción suficientes para sostener que el imputado es, con probabilidad, autor o partícipe de un hecho punible y la existencia de elementos de convicción suficiente de que el imputado no se someterá al proceso u obstaculizará la averiguación de la verdad; circunstancias que deben ser verificadas y determinadas por el tribunal y estar imprescindiblemente expuestas en el auto que la disponga, por lo mismo, la falta de motivación por parte de los tribunales de alzada no podrá ser justificada con el argumento de haberse circunscrito a los puntos cuestionados de la resolución impugnada o que uno o varios de los presupuestos de concurrencia para la detención preventiva no fueron impugnados por la o las partes apelantes.

En tal sentido, el tribunal de alzada al momento de conocer y resolver recursos de apelación de la resolución que disponga, modifique o rechace medidas cautelares, deberá precisar las razones y elementos de convicción que sustentan su decisión de revocar las medidas sustitutivas y aplicar la detención preventiva; expresando de manera motivada la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos para su procedencia, no pudiendo ser justificada su omisión por los límites establecidos en el art. 398 del CPP (el resaltado es ilustrativo). Jurisprudencia constitucional, que fue reiterada entre otras por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales: 0303/2013 de 13 de marzo, 0329/2016-S2 de 8 abril; y, 1158/2017-S2 15 de noviembre.

Finalmente, siguiendo dichos razonamientos, la SCP 0723/2018-S2 de 31 de octubre, respecto de la aplicación del art. 398 del CPP, señaló que:

…el tribunal de alzada al momento de conocer y resolver recursos de apelación de la resolución que disponga, modifique o rechace medidas cautelares o determine la cesación o rechace ese pedido, deberá precisar las razones y elementos de convicción que sustentan su decisión; expresando de manera motivada la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos, no pudiendo ser justificada su omisión por los límites establecidos en el art. 398 del CPP. Cuando se trata de la protección del derecho a la libertad personal por medio del recurso de apelación de la medida cautelar, el análisis del tribunal de alzada, no puede reducirse a una mera formalidad, sino, debe examinar las razones invocadas por el recurrente y manifestarse expresamente sobre cada una de ellas, de acuerdo a los parámetros establecidos en el punto anterior, debiendo expresar fundadamente los motivos por los que considera que efectivamente se dan los riesgos procesales previstos por el art. 233 del CPP. En todo caso, el tribunal de apelación debe realizar una revisión integral del fallo del juez que impuso la medida cautelar, considerando los motivos de agravio que fundamenta el recurso de apelación, los argumentos de contrario, analizar y valorar fundadamente las pruebas que se traen a su consideración, para finalmente en su determinación, expresar las circunstancias concretas de la causa que le permiten presumir razonadamente la existencia de los riesgos procesales que justifican que se mantenga la detención preventiva; no siendo posible un rechazo sistemático de la solicitud de revisión, limitándose a invocar, por ejemplo, presunciones legales relativas al riesgo de fuga.

El tribunal de apelación no puede limitarse a invocar presunciones legales relativas a los riesgos procesales o normas, que de una forma u otra, establecen la obligatoriedad del mantenimiento de la medida. Si a través del fundamento de la resolución, no se demuestra que la detención preventiva de la persona es necesaria y razonable, para el cumplimiento de sus fines legítimos, la misma deviene en arbitraria (el resaltado nos corresponde). Conforme al contexto jurisprudencial descrito, es posible concluir que, las autoridades jurisdiccionales, están obligadas a emitir sus resoluciones debidamente fundamentadas y motivadas, comprendiendo que el primero se refiere a la justificación de todas las disposiciones legales sobre las cuales sostiene su decisión; y el segundo relacionado a la justificación de las razones lógico-jurídicas, respecto de los hechos facticos y los medios probatorios que fueron aportados por las partes; máxime cuando se trate de decisiones que emerjan de la aplicación de medidas cautelares, supuestos en los cuales, los jueces instructores o cautelares y los tribunales de apelación, están impelidos de sustentar sus resoluciones.

Ahora bien, en el caso de los tribunales de apelación, y al tratarse de solicitudes de aplicación de medidas cautelares, conforme lo precisado por la citada SCP 0077/2012, el art. 398 del CPP, no debe ser entendida en su literalidad, sino interpretada de forma integral y sistémica; lo cual, exige que estas autoridades jurisdiccionales, luego de un análisis integral del supuesto, deben fundamentar y motivar sus decisiones precisando los elementos de convicción que permitan concluir en la necesidad de modificar, rechazar medidas cautelares o determinar la cesación o rechazo de esa solicitud; a cuyo efecto, deben también justificar la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos por el art. 233 del CPP y una o varias de las circunstancias establecidas por los arts. 234 y 235 de la citada Norma Adjetiva Penal, mediante una resolución con la suficiente justificación normativa, conforme requiere el art. 236.4 del referido precepto legal. No siendo admisible que las autoridades del tribunal de apelación rechacen la solicitud, basándose en presunciones relativas a los riesgos de fuga y obstaculización; ya que, si no se demuestra mediante una debida fundamentación y motivación la necesaria detención preventiva, la resolución emitida conlleva una arbitrariedad que vulnera los derechos previstos por la Constitución Política del Estado.

III.5. La revisión de la valoración de la prueba en sede constitucional

El presente Fundamento Jurídico, fue citado en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales: 0081/2021-S1 de 21 de mayo, 0512/2022-S1 de 4 de julio; y, 1316/2023-S1 de 20 de diciembre -entre otras- que formularon el siguiente razonamiento.

Sobre esta línea jurisprudencial esta Magistratura, efectuó un cambio de razonamiento, a partir de la SCP 0307/2020-S1 de 12 de agosto, sustentado en el apego a la fuerza vinculante del precedente jurisprudencial con estándar más alto (Fundamento Jurídico III.2), entendido este, como aquella interpretación a través de la cual este Tribunal Constitucional Plurinacional resolvió un problema jurídico de forma más progresiva, que permita efectivizar y materializar de mejor manera los derechos fundamentales y garantías constitucionales previstas en la Constitución Política del Estado y en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos que forman parte del bloque de constitucionalidad, cuya identificación se la realiza a través de un examen o análisis integral de la línea jurisprudencial, y una vez detectada es obligación del juzgador vincularse al estándar más alto; bajo esa comprensión y razonamientos que además están contenidos en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 2233/2013 de 16 de diciembre y 0087/2014-S3 de 27 de octubre, bajo ese entendido la SCP 0307/2020-S1 iniciando ese análisis integral de la línea jurisprudencial respecto a la valoración de la prueba en sede constitucional, comenzó citando a las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0092/2018-S1, 0343/2018-S1, 0526/2018-S1, 0615/2018-S1, 0640/2018-S1 y 1021/2019-S1, en las cuales esta Magistratura fue asumiendo una línea de carácter restrictivo, por cuanto 73“…los únicos supuestos para que la jurisdicción constitucional ingrese a revisar la valoración realizada por dichas autoridades: 1) Cuando en dicha valoración exista apartamiento de los marcos legales de razonabilidad y equidad previsibles para decidir y 2) Cuando se haya omitido arbitrariamente valorar la prueba y su lógica consecuencia sea la lesión de derechos fundamentales y garantías constitucionales, es decir en el primer supuesto cuando en la labor valorativa se apartan del procedimiento establecido valorando arbitraria e irrazonablemente y en el segundo, que actuando arbitrariamente no se haya procedido a la valoración de la prueba, por cuya omisión se vulneren derechos y garantías fundamentales.

(…)

En ese orden de razonamiento para que este Tribunal pueda cumplir con esta tarea, es necesario que la parte procesal, que se considera agraviada con los resultados de la valoración efectuada dentro de un proceso judicial o administrativo, invocando la lesión a sus derechos fundamentales, exprese de manera adecuada y precisa en los fundamentos jurídicos que sustenten su posición (recurso de amparo) lo siguiente:

Por una parte, qué pruebas (señalando concretamente) fueron valoradas apartándose de los marcos legales de razonabilidad y equidad previsibles para decidir; o, cuáles no fueron recibidas, o habiéndolo sido, no fueron producidas o compulsadas; para ello, será preciso, que la prueba no admitida o no practicada, se haya solicitado en la forma y momento legalmente establecidos, solicitud, que en todo caso, no faculta para exigir la admisión de todas las pruebas que puedan proponer las partes en el proceso, sino que atribuye únicamente el derecho a la recepción y práctica de aquellas que sean pertinentes, correspondiendo a los órganos judiciales ordinarios, el examen sobre la legalidad y pertinencia de las pruebas solicitadas, debiendo motivar razonablemente la denegación de las pruebas propuestas. Por supuesto, una vez admitidas y practicadas las pruebas propuestas declaradas pertinentes, a los órganos judiciales, les compete también su valoración conforme a las reglas de la lógica y de la sana crítica, según lo alegado y probado.

Asimismo, es imprescindible también, que el recurrente señale en qué medida, en lo conducente, dicha valoración cuestionada de irrazonable de inequitativa o que no llegó a practicarse, no obstante haber sido oportunamente solicitada, tiene incidencia en la Resolución final; por cuanto, no toda irregularidad u omisión procesal en materia de prueba (referida a su admisión, a su práctica, a su valoración, etc.) causa por sí misma indefensión material constitucionalmente relevante, correspondiendo a la parte recurrente, demostrar la incidencia en la Resolución final a dictarse, es decir, que la Resolución final del proceso hubiera podido ser distinta de haberse practicado la prueba omitida, o si se hubiese practicado correctamente la admitida, o si se hubiera valorado razonablemente la compulsada; puesto que resulta insuficiente, para la viabilidad del recurso de amparo, la mera relación de hechos; porque sólo en la medida en que el recurrente exprese adecuada y suficientemente sus fundamentos jurídicos, la jurisdicción constitucional podrá realizar la labor de contrastación, que amerita este tema de revisión excepcional de la labor de la valoración de la prueba realizada por la jurisdicción ordinaria; máxime si se tiene en cuenta que el art. 97 de la LTC, ha previsto como un requisito de contenido, el exponer con precisión y claridad los hechos que le sirvan de fundamento y precisar los derechos o garantías que se consideren restringidos, suprimidos o amenazados, señalando en qué consiste la restricción o supresión” (negrillas agregadas).

si bien se establecía, que de manera excepcional la jurisdicción constitucional podía revisar la labor probatoria desarrollada en las distintas jurisdicciones ordinarias; empero, condicionaba su apertura a exigencias que los justiciables debían cumplir, teniendo así a la SC 0965/2006-R de 2 de octubre que señala:

….qué pruebas (señalando concretamente) fueron valoradas apartándose de los marcos legales de razonabilidad y equidad previsibles para decidir; o, cuáles no fueron recibidas, o habiéndolo sido, no fueron producidas o compulsadas…”

….en qué medida, en lo conducente, dicha valoración cuestionada de irrazonable de inequitativa o que no llegó a practicarse, no obstante haber sido oportunamente solicitada, tiene incidencia en la Resolución final… (las negrillas nos pertenecen)

Exigencias que al no ser cumplidas de manera expresa, generaba que esta vía constitucional se vea impedida de realizar esa revisión excepcional de la labor valorativa efectuada por los jueces o tribunales ordinarios, derivando en la denegación de la tutela y por ende se vea restringido el real acceso a la justicia constitucional; así, la citada SCP 0307/2020-S1 reflexionó que tales condicionamientos no guardaban armonía con los principios y valores consagrados en la Constitución Política del Estado y que en atención precisamente al mandato constitucional conferido en el art. 196 de la Norma Fundamental, por el cual este Tribunal Constitucional Plurinacional tiene la misión de velar por la supremacía de la Constitución Política del Estado, ejercer el control de constitucionalidad en resguardo y protección de los derechos y garantías fundamentales -los cuales gozan de igual jerarquía-, así como de los principios y valores; teniendo entre otros, al principio de progresividad, que identificó una segunda línea jurisprudencial que contiene una interpretación más amplia y favorable de los derechos que garantiza el ejercicio legítimo de los mismos, que en este caso tiene que ver con el debido proceso en su elemento de valoración de la prueba.

En tal sentido, citó a la SCP 0297/2018-S2 de 25 de junio , fallo constitucional en el cual, a través de una contextualización de la línea 74“En ese antecedente, y considerando la misión constitucional conferida al Tribunal Constitucional Plurinacional otorgada por el constituyente mediante el art. 196.I de la CPE, esta instancia de control constitucional y garante de los derechos fundamentales, tiene la misión de ejercer una labor hermenéutica en los diferentes tipos de control constitucional, como el tutelar en su función revisora de casos remitidos por los jueces y tribunales de garantías; en esa ruta, se tiene que, conforme se describió precedentemente, la jurisprudencia constitucional, estableció que excepcionalmente, se podría efectuar una función revisora de la actividad probatoria de las diferentes jurisdicciones; empero, condicionado a que las o los accionantes señalen concretamente y de forma precisa qué pruebas fueron valoradas apartándose de los marcos legales de razonabilidad y equidad, o cuáles no fueron recibidas, o habiéndolo sido, no fueron producidas o compulsadas; y, señale en qué medida, en lo conducente, dicha valoración cuestionada de irrazonable de inequitativa o que no llegó a practicarse, no obstante haber sido oportunamente solicitada, tiene incidencia en la Resolución final.” 75 “Ahora bien, a través de la SCP 0297/2018-S2 de 25 de junio, luego de efectuar contextualización de línea jurisprudencial referida a la valoración de prueba, al respecto se concluyó que:

´Al respecto, la citada SC 0965/2006-R, estableció determinados presupuestos para efectuar la revisión de la valoración de la prueba, exigiendo que la o el accionante debía: i) Identificar las pruebas que se omitieron valorar o los cánones de razonabilidad y/o equidad que fueron inobservados en la valoración; y, ii) Indicar la incidencia de la omisión o el apartamiento de los cánones jurisprudencial referida a la valoración de prueba, señaló que el Tribunal desde sus inicios, fue estableciendo presupuestos para efectuar la revisión de la valoración de la prueba, bajo el criterio que dicha actividad es propia de la jurisdicción ordinaria; dichos presupuestos, fueron sistematizados por la SC 0965/2006-R que exigía al accionante a) Identificar las pruebas que se omitieron valorar o los cánones de razonabilidad y/o equidad que fueron inobservados en la valoración; y, b) Indicar la incidencia de la omisión o el apartamiento de los cánones de razonabilidad y/o equidad en la decisión final; argumentando de forma precisa los motivos por los cuales la valoración de la prueba afectaría los principios de razonabilidad y/o equidad; refirió que posteriormente, la SCP 1215/2012 de 6 de septiembre, estableció los supuestos de procedencia de revisión de valoración de la prueba, señalando que la justicia constitucional debe verificar si en dicha labor las autoridades; 1) No se apartaron de los marcos legales de razonabilidad y equidad; 2) No omitieron de manera arbitraria la consideración de las pruebas, ya sea parcial o totalmente; y, 3) Basaron su decisión en una prueba inexistente o que refleje un hecho diferente al utilizado como argumento; estableciendo además, la relevancia constitucional al exigir que el accionante debe demostrar la lógica consecuencia de que el incumplimiento de los presupuestos para la valoración de la prueba, le ocasionó lesión de derechos fundamentales y/o garantías constitucionales. Así, establecidos tanto los supuestos de procedencia de revisión de valoración, como los presupuestos para efectuar la revisión de la misma, la citada SCP 0297/2018-S2 continuando con ese análisis dinámico, señaló que esa línea jurisprudencial fue modulada por la SCP 0410/2013 de 27 de marzo, que eliminó el requisito de la carga argumentativa, que se exigía para el análisis de fondo de la problemática en cuanto a la valoración de la prueba, señalando que:

Posteriormente, la SCP 0410/2013 de 27 de marzo moduló la línea jurisprudencial de referencia y eliminó el requisito de la carga de razonabilidad y/o equidad en la decisión final; argumentando de forma precisa los motivos por los cuales la valoración de la prueba afectaría los principios de razonabilidad y/o equidad.

En similar sentido, la señalada SCP 1215/2012, refirió que en cualquier caso, se debe demostrar la lógica consecuencia que el incumplimiento de los presupuestos para la valoración de la prueba ocasionó lesión de derechos fundamentales y/o garantías constitucionales al afectado; lo que se traduce en relevancia constitucional.´” 76 La SCP 0410/2013, en el FJ III.2 señala: “En ese orden, si bien es cierto que la jurisdicción constitucional debe respetar el ámbito de atribuciones propias de la jurisdicción ordinaria, es también correcto que cuando se ha quebrado el sistema constitucional, sus dogmas y principios o los derechos fundamentales de la persona humana, es deber del Tribunal Constitucional Plurinacional revisar la interpretación de la legalidad ordinaria efectuada por el juzgador ordinario, para resguardar la vigencia material de la Norma Fundamental y la materialización de los derechos constitucionales. Similar doctrina existe para la intervención de las resoluciones judiciales, cuando se denuncia indebida o errónea valoración o apreciación de la prueba; una explicación de esta teoría se encuentra en la SCP 1916/2012 de 12 de octubre.

Ahora bien, es necesario esclarecer que estas auto restricciones de la jurisdicción constitucional, deviene del principio de separación y distribución de funciones, que impiden la injerencia de la jurisdicción constitucional en la función asignada a la jurisdicción ordinaria; empero, deben comprenderse conforme a la nueva arquitectura de ésta, por ello deben ser asimiladas también bajo los principios de impulso de oficio, inquisitivo y no formalismo, por lo que su naturaleza es la de instrumentos útiles para el análisis de la función cumplida por la jurisdicción ordinaria, son herramientas de fundamentación de las acciones y recursos al alcance de las partes interesadas en activar la jurisdicción constitucional y de argumentación de las resoluciones para el Tribunal Constitucional Plurinacional; pero también, son el parámetro válido y legítimo de verificabilidad de la idoneidad, argumentativa que la jurisprudencia exigía para el análisis de fondo de la problemática en esta temática, señalando que las reglas impuestas a la parte accionante referidas a:

…explicar de modo sistemático y metódico la irrazonabilidad, inequidad, omisión arbitraria, o valoración equivocada de la prueba (…) constituyen instrumentos argumentativos, no causales de denegatoria de la acción de amparo constitucional…

Por otro lado, en cuanto a los alcances de la revisión de la valoración de la prueba por parte de la justicia constitucional, la referida SCP 1215/2012, en el Fundamento Jurídico III.3.2, señaló que dicha competencia:

…se reduce únicamente a establecer la ausencia de razonabilidad y equidad en la labor valorativa, o bien, si existió una actitud omisiva en esta tarea, ya sea parcial o total; o finalmente, si se le dio un valor diferente al medio probatorio, al que posee en realidad, distorsionando la realidad y faltando al principio de rango constitucional, como es la verdad material, pero en ningún caso podrá pretender sustituir a la jurisdicción ordinaria, examinando directamente la misma o volviendo a valorarla, usurpando una función que no le está conferida ni legal ni constitucionalmente.

Bajo tales razonamientos y luego de un análisis e interpretación de los entendimientos contenidos en dichos fallos que fueron generando línea jurisprudencial en cuanto a la valoración de la prueba en sede constitucional, la tantas veces reiterada sentencia constitucional concluyó que la revisión de la labor valorativa efectuada por la jurisdicción ordinaria se efectuará bajo los siguientes criterios:

1) La valoración de la prueba es una actividad propia de las juezas y jueces de las diferentes jurisdicciones del Órgano Judicial o de las autoridades administrativas.

2) La justicia constitucional puede revisar la valoración de la prueba cuando:

legitimidad y calidad de las resoluciones judiciales o administrativas cuasi jurisdiccionales; más, no son requisitos ineludibles que el accionante debe cumplir bajo sanción de rechazo o denegación de la acción tutelar, ya que ésta una vez activada, genera en la jurisdicción constitucional el compromiso ineludible de perseguir al evento acusado de inconstitucional, basado en la información concedida por el accionante, siendo pertinente analizar los hechos conocidos con todas las herramientas y métodos de análisis al alcance de la Sala del Tribunal Constitucional Plurinacional que conozca el asunto, sin que ningún instrumento o método quede al margen por la sola razón de no haber sido mencionado, sutileza que sería una argucia de aquellas que corrompen los sistemas judiciales obsoletos y decadentes.

Del modo explicado en el párrafo anterior, se entiende que las reglas y subreglas contenidas en la doctrina de las auto restricciones de la jurisdicción constitucional, respecto al canon de interpretación de la legalidad ordinaria, así como la valoración integral de la prueba, son instrumentos al servicio de la persona que crea sus derechos vulnerados, que bien utilizados redundará en una mejor comprensión del tema por parte de la jurisdicción constitucional y con ello mayores posibilidades de concesión de la tutela requerida, por ello su buen uso deviene en una ventaja procesal; mientras que para el Tribunal Constitucional Plurinacional, son herramientas de verificación de la legalidad y constitucionalidad de las resoluciones judiciales; pero en ningún caso se pueden aplicar para rechazar o denegar la activación de la jurisdicción constitucional por el sólo hecho de no haber sido nombradas en el memorial de amparo”.

2.1) Las autoridades se apartaron de los marcos legales de razonabilidad y equidad;

2.2) Omitieron de manera arbitraria la consideración de las pruebas, ya sea parcial o totalmente; y,

2.3)Basaron su decisión en una prueba inexistente o que refleje un hecho diferente al utilizado en la argumentación.

3) La competencia de la justicia constitucional en el análisis de la revisión de la valoración de la prueba, se reduce a establecer la ausencia de razonabilidad y equidad en la labor valorativa o a constatar una actitud omisiva en esa tarea o finalmente, si se le dio un valor diferente al medio probatorio, desconociendo el principio de verdad material; y,

4) Las irregularidades en la valoración de la prueba solo darán lugar a la concesión de la tutela cuando tengan relevancia constitucional; es decir, cuando incidan en el fondo de lo demandado y sean la causa para la lesión de derechos fundamentales y/o garantías constitucionales. Criterios que fueron acogidos por esta relatoría en la ya mencionada SCP 0307/2020-S1 , al considerar que la SCP 0297/2018-S2 se constituye en el estándar más alto, al haber también asumido un entendimiento más favorable como el contenido en la SCP 0410/2013 de 27 de marzo, que al eliminar la carga argumentativa como exigencia para que esta jurisdicción efectué la revisión excepcional de la labor valorativa realizada por los jueces y tribunales ordinarios, posibilitó a este Tribunal garantizar un efectivo acceso a la justicia constitucional en resguardo de los derechos fundamentales y garantías constitucionales; razones por las cuales, esta Magistratura determinó ajustar sus razonamientos al carácter progresivo y al principio de favorabilidad de los derechos fundamentales consagrados en los arts. 13.I y 256.I de la CPE.

Finalmente, en el marco de todo lo descrito, la SCP 0307/2020-S1 que se describe, concluyó que, esta instancia constitucional se encuentra habilitada para efectuar la revisión de la actividad probatoria de otras jurisdicciones sin necesidad de exigir el cumplimiento de presupuestos como:

a) Identificar las pruebas que se omitieron valorar o los cánones de razonabilidad y/o equidad que fueron inobservados en la valoración; y, b) Indicar la incidencia de la omisión o el apartamiento de los cánones de razonabilidad y/o equidad en la decisión final, argumentando de forma precisa los motivos por los cuales la valoración de la prueba afectaría los principios de razonabilidad y/o equidad;

En esa labor el juez constitucional debe considerar los siguientes criterios: Primero.- La valoración de la prueba es una actividad propia de las juezas, jueces y de las autoridades administrativas; Segundo.- La justicia constitucional puede revisar la valoración cuando: i) las autoridades se apartan de los marcos legales de razonabilidad y equidad; ii) De manera arbitraria omiten considerar las pruebas, ya sea parcial o totalmente; y, iii) Basan su decisión en una prueba inexistente o que refleje un hecho diferente al utilizado en la argumentación; Tercero.- La competencia de la justicia constitucional en el análisis de la revisión de la valoración de la prueba, se reduce a establecer la ausencia de razonabilidad y equidad en la labor valorativa o a constatar una actitud omisiva en esa tarea o finalmente, si se le dio un valor diferente al medio probatorio, desconociendo el principio de verdad material; y, Cuarto.-Las irregularidades en la valoración de la prueba solo darán lugar a la concesión de la tutela cuando incidan en el fondo de lo demandado y sea la causa de la lesión de derechos y/o garantías constitucionales.

III.6. Las inconsistencias o contradicciones en la declaración de una víctima de delitos de violencia sexual, no pueden ser consideradas como mentiras, al constituirse esta en prueba fundamental de los

hechos, conforme la Corte Interamericana de Derechos Humanos

El presente fundamento Jurídico, fue citado en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0268/2020-S1 de 5 de agosto; y, 0104/2021-S1 de 27 de mayo. Que formularon el siguiente razonamiento. El art. 119.I de la CPE, señala que:

Las partes en conflicto gozarán de igualdad de oportunidades para ejercer durante el proceso las facultades y los derechos que les asistan, sea por la vía ordinaria o por la indígena originaria campesina. (las negrillas nos pertenecen). Así mismo la Constitución Política del Estado en su art. 120.I establece que:

Toda persona tiene derecho a ser oída por una autoridad jurisdiccional competente, independiente e imparcial,… (las negrillas son añadidas).

De igual manera, respecto al derecho que tiene la víctima de intervenir en un proceso penal, el art. 121.II de la Norma suprema, refiere que:

La víctima en un proceso penal podrá intervenir de acuerdo a ley, y tendrá derecho a ser oída antes de cada decisión judicial… (las negrillas nos corresponden).

En ese marco constitucional, incumbe precisar que dentro el derecho penal como aplicación de última ratio, en la cual interviene todo el ius puniendi estatal a través del Ministerio Público para la sanción del ilícito penal, convergen intereses contrapuestos; es decir, por un lado la víctima, denunciante o querellante, incluido el Ministerio Público en delitos de orden público; y por otro lado, está el supuesto autor del delito, que por su condición de inculpado, todo el proceso penal en su contra debe estar rodeado de los principios y garantías constitucionales que aseguren el ejercicio pleno de sus derechos frente a ese ius puniendi del Estado; empero, no se debe perder de vista los derechos de las víctimas que tienen igualdad en la participación penal, y con mucha mayor razón al tratarse de víctimas de violencia sexual; consecuentemente, su participación cobra mayor relevancia para la justicia ordinaria, instancia en la cual tiene la posibilidad de ser oída antes de una decisión por ejemplo, o de prestar su declaración informativa a efectos de su compulsa como medio probatorio dentro el proceso penal.

Ahora bien, respecto a los delitos de violencia cometidos en contra de las mujeres, dentro de un proceso penal, se debe tomar presente que para la presentación de las pruebas a producirse por parte de la víctima, debe tomarse en cuenta aspectos fundamentales descritos en la norma especializada al respecto, a lo cual los arts. 92 y 93 de la Ley 348 de 9 de marzo de 2013 (Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia), establece que:

ARTÍCULO 92. (PRUEBA). Se admitirán como medios de prueba todos los elementos de convicción obtenidos, que puedan conducir al conocimiento de los hechos denunciados. La prueba será apreciada por la jueza o el juez, exponiendo los razonamientos en que se funda su valoración jurídica. ARTÍCULO 93. (MEDIOS ALTERNATIVOS). Para la presentación de la prueba, la mujer en situación de violencia podrá decidir si se acoge al procedimiento regular o a los medios optativos siguientes: 1.Prestar declaración o presentar pruebas por medios alternativos, sin que comparezca al juzgado. 2.Aportar pruebas en instancias judiciales sin verse obligada a encontrarse con el agresor (Las negrillas nos corresponden).

En ese marco; tratándose de delitos de violencia sexual, en las que la víctima opte por realizar la declaración, esta debe ser valorada por los operadores de justicia -tribunales, jueces y fiscales- como una prueba fundamental de los hechos denunciados, declaración que debe ser tomada como cierta, pese a que en el fondo de dichas alegaciones puedan existir contradicciones o inconsistencias internas, las que no deben ser tasadas como si el hecho no hubiere existido o que la víctima hubiese mentido en la misma.

Así fue entendido en la jurisprudencia emitido por la Corte IDH, así tenemos el Caso Fernández Ortega y Otros Vs. México al indicar:

En primer lugar, a la Corte le resulta evidente que la violación sexual es un tipo particular de agresión que, en general, se caracteriza por producirse en ausencia de otras personas más allá de la víctima y el agresor o los agresores. Dada la naturaleza de esta forma de violencia, no se puede esperar la existencia de pruebas gráficas o documentales y, por ello, la declaración de la víctima constituye una prueba fundamental sobre el hecho. (las negrillas nos corresponden).

Entendimiento, reiterado por dicha Corte, en el Caso Espinoza Gonzáles Vs. Perú en la Sentencia de 20 de noviembre de 2014, la que determinó que las imprecisiones en la declaración de la víctima no significa que sean falsas o que los hechos carezcan de veracidad, al señalar que:

150. … al analizar dichas declaraciones se debe tomar en cuenta que las agresiones sexuales corresponden a un tipo de delito que la víctima no suele denunciar, por el estigma que dicha denuncia conlleva usualmente. La Corte, igualmente, ha tenido en cuenta que las declaraciones brindadas por las víctimas de violencia sexual se refieren a un momento traumático de ellas, cuyo impacto puede derivar en determinadas imprecisiones al recordarlos. Por ello, la Corte ha advertido que las imprecisiones en declaraciones relacionadas a violencia sexual o la mención de algunos de los hechos alegados solamente en algunas de éstas no significa que sean falsas o que los hechos relatados carezcan de veracidad. (las negrillas son nuestras). En ese sentido, en el referido Caso Fernández Ortega y Otros Vs. México, sobre estas imprecisiones en la declaración de la víctima, indicó que:

… la Corte considera que no es inusual que el recuento de hechos de esta naturaleza contenga algunos aspectos que puedan ser considerados, a priori, imprecisiones en el relato. No es la primera vez que un tribunal internacional de derechos humanos debe observar eventuales divergencias en los relatos de personas que se refieren a violaciones sexuales de las cuales habrían sido víctimas.

Determinaciones asumidas por este este Tribunal Constitucional Plurinacional, en la SCP 0353/2018-S2 de 18 de julio en su Fundamento Jurídico III.3, al establecer que:

Dada la naturaleza de esta forma violencia, no se puede esperar que dentro de un proceso penal de este tipo, se presenten pruebas gráficas o documentales, y por ello, la declaración de la víctima se constituye en una prueba fundamental sobre los hechos (las negrillas pertenecen al texto original).

Concluyendo que en delitos de violencia sexual no es un requisito sine quanon que la víctima presente pruebas documentales, para demostrar los hechos, siendo su declaración la prueba fundamental sobre la existencia del delito, la que debe ser valorada conforme a la naturaleza del hecho. En ese entendido, adelantándose a los posibles actos de contradicciones o inconsistencias en las que pudiese incurrir la víctima de violencia sexual en su declaración, a causa del trauma causado por dicho vejamen, la referida SCP 0353/2018-S2 en el antedicho Fundamento Jurídico III.3, prescribió que.

Las contradicciones de la persona víctima de violencia sexual, no pueden reducirse a la conclusión que la víctima hubiere mentido, sino, que deben ser valoradas conforme a la naturaleza del hecho (las negrillas fueron añadidas).

Por lo que se concluye, que en los procesos penales en las que la víctima de violencia sexual opte por brindar su declaración sobre la existencia de hechos de dicha naturaleza, las autoridades llamadas por ley, deben valorar la referida declaración como prueba fundamental de la comisión del delito, sin que por evidenciar inconsistencias o contradicciones en sus alegaciones, deban juzgárselas a priori como si fueran falsas o que la declaración carece de veracidad y desestimar la denuncia; ya que, al realizar dicho acto por parte de los administradores de justicia, se ingresa en una ineficacia judicial frente a casos de violencia contra las mujeres, propiciando un ambiente de impunidad que promueve la repetición de dichos hechos, enviando un mensaje a la sociedad que la violencia contra las mujeres puede ser tolerada o aceptada, constituyéndose en un acto de discriminación de la mujer en el acceso a la justicia, determinaciones descritas por la Corte IDH en el Caso Veliz Franco y Otros Vs. Guatemala, al indicar que:

La Corte reitera que la ineficacia judicial frente a casos individuales de violencia contra las mujeres propicia un ambiente de impunidad que facilita y promueve la repetición de los hechos de violencia en general y envía un mensaje según el cual la violencia contra las mujeres puede ser tolerada y aceptada, lo que favorece su perpetuación y la aceptación social del fenómeno, el sentimiento y la sensación de inseguridad de las mujeres, así como una persistente desconfianza de estas en el sistema de administración de justicia. Dicha ineficacia o indiferencia constituye en sí misma una discriminación [de la mujer] en el acceso a la justicia. Por ello, cuando existan indicios o sospechas concretas de violencia de género, la falta de investigación por parte de las autoridades de los posibles móviles discriminatorios que tuvo un acto de violencia contra la mujer, puede constituir en sí misma una forma de discriminación basada en el género.

III.7. Análisis del caso concreto

La parte impetrante de tutela, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, a una protección reforzada bajo el principio del interés superior del niño y al debido proceso en sus vertientes de fundamentación y motivación; toda vez que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público, contra cinco menores de edad -entre ellos los ahora peticionantes de tutela- por la presunta comisión del delito de violación a menor adolescente previsto y sancionado por el art. 308 del CP interpusieron un recurso de apelación contra la Resolución NNA 07/2024 de 27 de febrero emitida por la Jueza Pública Mixta Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia, de Partido del Trabajo y Seguridad Social e Instrucción Penal Primero de Puerto Carabuco del departamento de La Paz; ante lo cual, se emitió el Auto de Vista 266/2024 de 5 de abril, que declaró improcedente el recurso y confirmó la citada Resolución, incurriendo en los siguientes hechos generados de la presente acción tutelar: a) Omisión valorativa de la prueba; toda vez que, al ratificar el rechazo a la cesación de la detención preventiva, no se consideró los siguientes agravios: a.1) No tomó en consideración las pruebas presentadas para desvirtuar la participación de los adolescentes en el hecho, consistentes en declaraciones de las tres testigos menores de edad; informe del “Director de Colegio”, donde la testigo presencial DD señaló que en ningún momento los ahora solicitantes de tutela cometieron ningún acto; donde se refiere que en la reunión de 6 de diciembre de 2023 en ningún momento la víctima señaló haber sido objeto de violación; y, los informes del área de psicología de la DNA de Carabuco realizados a los adolescentes imputados, donde se señala las afectaciones de los menores en su situación a encierro e injusto juzgamiento; siendo que, el Código Niña, Niño y Adolescente señala como uno de los requisitos para la procedencia de las medidas cautelares, los indicios sobre la existencia del hecho delictivo; a.2) En relación al art. 290 inc. e) del CNNA, tampoco valoró la prueba que demuestra que la víctima ya no vive en el lugar; las certificaciones de buen comportamiento de los ahora accionantes; las garantías de los padres de los menores a favor de la víctima y su familia; informes de las juntas de vecinos, certificaciones del REJAP, Policial, antecedentes de violencia, Certificado de Permanencia de Conducta del Centro de Reintegración de Varones donde se establece que no cuentan con antecedentes y su buen comportamiento; e, Informe psicológico de terapia que señala los niveles bajos de riesgo; b) Validó la actuación de la Jueza a quo sin considerar los derechos de los menores, violentando el principio de especialidad que rige en materia de adolescentes con responsabilidad penal; por lo que, en consideración del interés superior del niño se debió realizar una ponderación a la prueba documental denunciada como no valorada en la apelación y fundamentar desde el principio de especialidad y protección reforzada, conforme el bloque de convencionalidad establece la excepcionalidad de la privación de libertad para menores con responsabilidad penal; y, c) Incurrió en falta de fundamentación y motivación; toda vez que, no citó las normas, ni se valoró las pruebas, generando duda.

Bajo ese marco, de inicio, es necesario señalar que, a partir de lo establecido en los arts. 203 de la CPE y 15 del Código Procesal Constitucional (CPCo) 82 , las decisiones y sentencias del Tribunal Constitucional Plurinacional son de carácter vinculante no solo de manera vertical para jueces, tribunales y autoridades, sino también horizontal para el mismo Tribunal; bajo esa línea, habiéndose emitido la SCP 0394/2018-S2 citada por la SCP 0268/2020-S1 se generó un precedente trascendental para este Tribunal, pues se estableció la obligatoriedad de realizar un análisis del problema jurídico de las acciones de defensa cuando las mismas devengan de un contexto de violencia en razón de género (Fundamento Jurídico III.1); en tal sentido, en el presente caso, tomando en cuenta que la problemática traída en revisión emerge de un proceso penal cuya investigación se relaciona con actos de violación de infante niña, niño y adolescente, en el abordaje de la misma se debe considerar Estándares Internacionales para la protección de derechos de las mujeres niñas víctimas de violencia; pues es innegable que, el Estado al ser parte de los Sistemas Universal e Interamericano de Derechos Humanos tiene el deber de ejercer el control de convencionalidad y cumplir con las obligaciones de respetar y garantizar los derechos humanos; en ese entendido, este Tribunal, en conocimiento de la presente acción de libertad que emerge de un proceso penal en el que se debate hechos de violencia hacia una mujer menor de edad, se encuentra obligado a efectuar un análisis del problema jurídico aplicando el enfoque interseccional, sin limitarse a la denuncia efectuada por la o el accionante, sino también, analizando los derechos de la víctima y las actuaciones realizadas por las autoridades policiales, fiscales o judiciales; verificando si se cumplieron con los estándares internacionales e internos respecto a la protección del derecho de las mujeres a vivir libres de violencia, que de inobservarse generarán responsabilidad internacional del Estado ante el incumplimiento de sus obligaciones conforme lo establecido en el Fundamento Jurídico III.1 de esta Resolución Constitucional.

Precisado el problema jurídico de esta acción de defensa, previo a su respectivo análisis, resulta necesario contextualizar los antecedentes de los que emerge la misma; así, conforme la descripción realizada en las Conclusiones de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, se tiene que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público, contra cinco menores de edad -entre ellos los ahora impetrantes de tutela- por la presunta comisión del delito de violación previsto y sancionado por el art. 308 del CP, a través de la Resolución NNA 07/2024, emitida por la Jueza Pública Mixta Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia, de Partido del Trabajo y Seguridad Social e Instrucción Penal Primero de Puerto Carabuco del departamento de La Paz, se dispuso el rechazo a la solicitud de cesación a la detención preventiva impetrada por los ahora peticionantes de tutela (Conclusión II.1); en tal virtud, por Memorial presentado el 1 de marzo de 2024 ante el citado Juzgado, Santos Chejo Parisaca, Cesar Quenallata Santos y Mario Aliaga Luque, en representación de sus hijos menores de edad AA, BB y CC, presentaron un recurso de apelación contra la Resolución NNA 07/2024, solicitando la cesación de la detención preventiva de los menores (Conclusión II.2); ante lo cual se emitió el Auto de Vista 266/2024, emitido por Cesar Wenceslao Portocarrero Cuevas, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, que declaró la improcedencia de las cuestiones planteadas y en el fondo confirmó la resolución NNA 07/2024 (Conclusión II.3).

Efectuada la contextualización de antecedentes, y bajo el alcance del acto lesivo denunciado supra, se advierte que el reclamo formulado por los solicitantes de tutela, en lo medular, se encuentra enfocado en que el Auto de Vista 266/2024 carece de valoración de la prueba aportada por los ahora accionantes, además de fundamentación y motivación; por lo que, la problemática será analizada para posteriormente -como se mencionó líneas arriba- verificar si la autoridad demandada a momento de emitir la resolución cuestionada cumplió o no con la aplicación del enfoque interseccional en apego a los Estándares Internacionales y Nacionales.

1. Respecto a la primera problemática

Los impetrantes de tutela denuncian que el Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, al momento de emitir el Auto de Vista 266/2024 de 5 de abril:

i) Incurrió en omisión valorativa de la prueba; toda vez que, no tomó en consideración las pruebas presentadas para desvirtuar la participación de los adolescentes en el hecho, consistentes en declaraciones de las tres testigos menores de edad; informe del “Director de Colegio”, donde la testigo presencial DD señaló que en ningún momento los ahora peticionantes de tutela cometieron ningún acto; donde se refiere que en la reunión de 6 de diciembre de 2023 en ningún momento la víctima señaló haber sido objeto de violación; y, los informes del área de psicología de la DNA de Carabuco realizados a los adolescentes imputados, donde se señala las afectaciones de los menores en su situación a encierro e injusto juzgamiento; siendo que, el Código Niña, Niño y Adolescente, señala como uno de los requisitos para la procedencia de las medidas cautelares, los indicios sobre la existencia del hecho delictivo.

Siendo esa la problemática identificada, misma que está relacionada con la valoración de la prueba en sede constitucional, el desarrollo jurisprudencial efectuado en el Fundamento Jurídico III.5 del presente fallo constitucional, establece que, si bien la labor valorativa es una actividad propia de las juezas y jueces de las diferentes jurisdicciones del Órgano Judicial o de las autoridades administrativas, la justicia constitucional puede verificar si en dicha labor, las autoridades se apartaron de los marcos legales de razonabilidad y equidad; omitieron de manera arbitraria la consideración de las pruebas, ya sea parcial o totalmente; y, basaron su decisión en una prueba inexistente o que refleje un hecho diferente al utilizado en la argumentación; sin embargo, en dicha labor la competencia de la justicia constitucional se reduce a establecer la ausencia de razonabilidad y equidad en la labor valorativa o a constatar una actitud omisiva en esa tarea o finalmente, si se le dio un valor diferente al medio probatorio, desconociendo el principio de verdad material; y, finalmente las irregularidades en la valoración de la prueba solo darán lugar a la concesión de la tutela cuando incidan en el fondo de lo demandado y sean la causa para la lesión de derechos fundamentales y/o garantías constitucionales. Bajo ese marco jurisprudencial, corresponde ingresar al examen constitucional de la problemática expuesta por la parte accionante; no sin antes señalar que, conforme se indicó líneas arriba, este Tribunal, conociendo que la presente acción tutelar deviene de un proceso penal en el que se debate hechos de violencia hacia una mujer menor de edad, se encuentra obligado de efectuar un análisis del problema jurídico aplicando el enfoque interseccional, sin limitarse a la denuncia efectuada por la o el accionante, sino también, analizando los derechos de la víctima y las actuaciones realizadas por las autoridades policiales, fiscales o judiciales; por lo que, en la presente problemática se abordará también lo señalado en la Resolución NNA 07/2024, emitida por la Jueza Pública Mixta Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia, de Partido del Trabajo y Seguridad Social e Instrucción Penal Primero de Puerto Carabuco del departamento de La Paz, contra la cual los ahora impetrantes de tutela presentaron un recurso de apelación. En este sentido, dicha Resolución, respecto a las pruebas presentadas por los ahora peticionantes de tutela, señaló lo siguiente:

La abogada de la defensa como el Ministerio Público nos han presentado y han argumentado que hasta el desarrollo de la investigación principalmente respecto al hecho que se viene investigando, se ha demostrado que de las declaraciones de los testigos principalmente como en la inspección técnica ocular los hechos no habrían sucedido por qué, porque existiría contradicción en la declaración de la víctima y esto argüido porque existiría una manipulación por parte del abogado.

…y también de este informe social emitido por la defensoría por el informe psicológico de la psicóloga de la DNA del GAM de Achacachi. Asimismo añadió que:

Aquí la autoridad va conocer todo el desarrollo del proceso en virtud al principio de especialización que rige la Ley 548; en ese entendido los argumentos vertidos como por la defensa como por el Ministerio Público son parte de fondo del mismo proceso, estamos dentro de una etapa investigativa que a la conclusión del mismo la autoridad fiscal reunido todos los elementos emitirá la resolución correspondiente y así se tiene el artículo 296, finalizada la investigación de la o el fiscal presentará los siguientes requerimientos y nos señala cuáles son las resoluciones que va a emitir; por lo tanto, esta autoridad como lo ha manifestado la defensa no podría manifestarse respecto al fondo mismo de las pruebas que han sido ofrecidas. En relación a la labor valorativa del Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz al declarar la improcedencia de las cuestiones planteadas y confirmar la Resolución NNA 07/2024, cuestionada por haber omitido de manera arbitraria la consideración de las pruebas presentadas para desvirtuar la participación de los adolescentes en la presunta comisión del delito de violación; por lo que, a efectos de la verificación de esta labor concierne conocer los argumentos expuestos en la apelación contra la Resolución NNA 07/2024:

2. En audiencia y siguiendo los parámetros de la Resolución Primigenia Nº 445/2023 emitida por el Juzgado de la Niñez y Adolescencia de El Alto, que señala la existencia de suficientes indicios para determinar la Autoría de los jóvenes en el hecho… A este respecto se presenta la declaraciones de las tres testigos menores de edad de testigos (…), quienes de manera uniforme señalan que el día de los hechos 5 de diciembre la víctima estaba en estado de ebriedad y lloraba inconsolablemente por el enamorado, en ningún momento señala que se despertó con el pantalón abajo y adolorida de la parte genital. Principalmente la menor de iniciales (…) que estuvo desde el inicio señala que no pasó nada que los chicos se salieron a las 2: 00 a 2:30 y solo se quedaron ella con la victima quien estaba muy ebria, siendo que tomo incontrolablemente pues señalaba que había visto a su enamorado (…) con otra chica en el recreo. Las otras señoritas señalan como se caía, las gradas por lo mareada que estaba.

Se presenta el informe del director del colegio que señala que el día 6 de diciembre se tuvo una reunión con los papas de los menores, donde estaba también la víctima y sus progenitores y que se trató el tema de porque los chicos bebieron y se los reflexiono, es decir no se señala nada sobre una supuesta violación, en ningún momento.

Se presente los informes de la Psicóloga de la DNA de Carabuco donde señala de manera expresa lo que declaran los jóvenes, y recomiendo se tome en consideración la afectación que está teniendo su encierro. Esta prueba no fue ni considerada, pues señala la Juez que debe conocer en el fondo del caso por las regulaciones que se tiene en el Sistema Penal Juvenil. Con relación a los riesgos procesales en relación al Art.

“Artículo 290. RIESGO DE LUGA U OBSTACULIZACIÓN DE LA AVERIGUACIÓN DELA VERDAD. d). Que puedo destruir, modificar, ocultar, suprimir o falsificar elementos de prueba:" A este respecto se desvirtúa mediante Resolución 07/2024 de fecha 27 de febrero este riesgo procesal considerando que ya se había realizado la Inspección Técnica Ocular - ITO, pues la resolución primigenia fue el único presupuesto que fundo este riesgo. Por lo que habiéndose realizado el mismo en fecha 14 de febrero se lo tenía por desvirtuado. En respuesta a dicha apelación, la autoridad ahora demandada, emitió el Auto de Vista 266/2024, en el que refirió lo siguiente:

1. Que, sustancialmente la parte imputada hace referencia a que no se habría valorado la prueba presentada en audiencia con relación a la declaración de 3 testigos de las cuales se puede establecer que existe duda en la existencia del hecho atribuido a los adolescentes; al respecto, de la lectura de la resolución apelada la juez señala que estos aspectos serán analizados en etapa de proceso correspondiente conforme la Ley 548; situación que se enmarca como un razonamiento lógico para este Tribunal de Alzada, además que el proceso aún se encuentra en etapa investigativa, menos considerar la duda razonable; en consecuencia en este punto no se evidencia ningún agravio que reparar. Al respecto, se advierte que la Resolución NNA 07/2024, señaló que tanto la abogada de la defensa como el Ministerio Público argumentaron que hasta el desarrollo de la investigación se demostró que de las declaraciones de los testigos los hechos no habrían sucedido, que existiría contradicción en la declaración de la víctima y además consideró el informe emitido por la DNA del GAM de Achacachi. Señaló que dichos elementos probatorios y argumentos vertidos por la defensa y el Ministerio Público, son parte del fondo del proceso; y que, al estar dentro de una etapa investigativa, a la conclusión de la misma, una vez que el fiscal reúna todos los elementos, emitirá la resolución correspondiente; por lo que, no podría manifestarse respecto al fondo mismo de las pruebas ofrecidas.

Como resultado de esta Resolución, la parte ahora solicitantes de tutela, al apelar la Resolución NNA 07/2024, advirtió la presentación de las declaraciones de tres testigos menores de edad, el informe del “Director de Colegio” colegio y los informes de la psicóloga de la DNA del municipio de Carabuco, prueba que señalan, no fue considerada por la por la Jueza Pública Mixta Civil y Comercial, de Familia. De la Niñez y Adolescencia, de Partido del Trabajo y Seguridad Social e Instrucción Penal Primero de Puerto Carabuco del departamento de La Paz. Como resultado de dicha apelación, el Auto de Vista 266/2024, al desarrollar su labor de valoración probatoria, estableció que la parte imputada señaló que no se habría valorado la prueba presentada en audiencia con relación a la declaración de tres testigos de las cuales se puede establecer que existe duda en la existencia del hecho atribuido a los adolescentes; sin embargo, la resolución apelada al señalar que estos aspectos serán analizados en la etapa de proceso correspondiente, se enmarcó en un razonamiento lógico, además que el proceso aún se encuentra en etapa investigativa y que no se podía considerar la duda razonable; por lo que, no se evidencia ningún agravio que reparar. Conforme a la descripción de estos argumentos, se tiene que la autoridad ahora demandada, valoró de manera razonable la prueba referida a la declaración de tres testigos, señalando que la Resolución apelada contenía un razonamiento lógico, y que estos aspectos serán analizados en etapa de proceso correspondiente conforme al Código Niña, Niño y Adolescente, desvirtuando el referido agravio; si bien no se advierte que la autoridad demandada haya expresado su criterio respecto al informe del “Director de Colegio” y los informes de la psicóloga de la DNA del municipio de Carabuco; sin embargo, conforme se establece de los antecedentes de la presente acción tutelar, en el referido informe del Director solamente se trató el tema de consumo de bebidas alcohólicas y no así sobre el tema de la violación; por lo que, de ninguna manera se podría establecer la existencia de una contradicción en la atestación de la víctima; toda vez que, en la reunión con el Director, no se trató el tema de la violación, sino tan solo del consumo de bebidas alcohólicas, de tal manera que compulsar dicho informe no incidirá en el fondo de la determinación asumida en el Auto de Vista 266/2024.

Respecto a la declaración de los tres testigos, así como de los informes de la Psicóloga de la DNA del municipio de Carabuco, de los cuales la parte accionante advierte que hubiese una posible contradicción en las declaraciones de la víctima; al respecto debemos referirnos al Fundamento Jurídico III.6 del presente fallo constitucional, el cual señala que en los procesos penales en las que la víctima de violencia sexual opte por brindar su declaración sobre la existencia de hechos de dicha naturaleza, las autoridades llamadas por ley, deben valorar la referida declaración como prueba fundamental de la comisión del delito, sin que por evidenciar inconsistencias o contradicciones en sus alegaciones, deban juzgárselas a priori como si fueran falsas o que la declaración carece de veracidad y desestimar la denuncia; ya que, al realizar dicho acto por parte de los administradores de justicia, se ingresa en una ineficacia judicial frente a casos de violencia contra las mujeres, propiciando un ambiente de impunidad que promueve la repetición de dichos hechos, enviando un mensaje a la sociedad que la violencia contra las mujeres puede ser tolerada o aceptada, constituyéndose en un acto de discriminación de la mujer en el acceso a la justicia; de tal manera que de ninguna manera esta instancia constitucional podría considerar que una supuesta contradicción en las declaraciones de la víctima pudiese desvirtuar la existencia de la agresión sexual denunciada; por lo que, corresponde denegar la tutela solicitada respecto a la labor valorativa.

ii) En relación al art. 290 inc. e) del CNNA, tampoco valoró la prueba que demuestra que la víctima ya no vive en el lugar; las certificaciones de buen comportamiento de los ahora impetrantes de tutela; las garantías de los padres de los menores a favor de la víctima y su familia; informes de las juntas de vecinos, certificaciones del REJAP, Policial, antecedentes de violencia, Certificado de Permanencia de Conducta del Centro de Reintegración de Varones del Servicio Departamental de Gestión social (SEDEGES) La Paz donde se establece que no cuentan con antecedentes y su buen comportamiento; e, Informe psicológico de terapia que señala los niveles bajos de riesgo.

Prosiguiendo con el marco jurisprudencial referido en la anterior subproblemática, corresponde ingresar al examen constitucional de la problemática expuesta por la parte peticionante de tutela en relación a la labor valorativa del Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz al declarar la improcedencia de las cuestiones planteadas y confirmar la Resolución NNA 07/2024, cuestionada por haber omitido de manera arbitraria la consideración de las pruebas presentadas para desvirtuar el riesgo de fuga u obstaculización de la averiguación de la verdad, por parte de los adolescentes en la presunta comisión del delito de violación; por lo que, a efectos de la verificación de esta labor concierne conocer los argumentos expuestos en la Resolución NNA 07/2024, emitida por la Jueza Pública Mixta Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia, de Partido del Trabajo y Seguridad Social e Instrucción Penal Primero de Puerto Carabuco del departamento de La Paz, contra la cual los ahora solicitantes de tutela presentaron un recurso de apelación. En este sentido, dicha Resolución, respecto a las pruebas presentadas por los ahora accionantes, señaló lo siguiente:

Respecto al informe social emitido por el personal del centro de Reintegración Social, la abogada habría señalado que en ellos existe un riesgo bajo que ellos están preocupados por la situación que vienen atravesando; al respecto estos informes sociales efectivamente son emitidos por funcionarios públicos y describen la realidad de los adolescentes, pero estos informes emergen de la orden emitida por la autoridad jurisdiccional de aquella oportunidad conforme a lo ordenado por dicha autoridad, estos informes vienen a ser al momento de ingreso mismo a este Centro, mas no en el desarrollo del mismo.

6to.- Ahora bien, por eso es que ellos habrían señalado cómo es que los menores o los adolescentes habrían ingresar, han ingresado para el caso del Adolescente Milán con un riesgo bajo, para el caso de la adolescente Dante un riesgo bajo de igual manera para Edgar Quenallata tiene un nivel de riesgo bajo, pero reitero, estos informes son al ingreso al Centro. De los informes sociales se tiene que en caso de Milán el informe emitido por la Lic. Lucero Martínez señala que el adolescente Milán de 17 años al momento presenta indicaciones y afectación psicológica. Por otro lado respecto a Dante señala que al encontrarse en el centro de reintegración tiene síntomas movimientos, repetitivos, continuos, compulsivos, nerviosismo, preocupación; y, en el caso de Edgar de igual manera señala que tiene una situación de preocupación, sin embargo nuevamente si hacemos una ponderación y por ello revisado el cuaderno de investigación se tiene el informe realizado ante la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de Achacachi en el que entre el diagnóstico de ansiedad a la víctima señala "me quiero matar" y eso lo ha manifestado cuando el progenitor de la víctima señala que mi hija está muy traumada; ese es el grado de vulnerabilidad que se tiene aparte como lo habíamos señalado este grado de vulnerabilidad también conforme a la Sentencia Constitucional antes referida, no solamente son varios factores para determinar el grado de vulnerabilidad así se tiene las características del delito, la ventaja o desventaja que se encuentra la víctima y la conducta con anterioridad y posterioridad de acto. Veamos cómo han sucedido los hechos conforme se tiene de la denuncia y el grado de desventaja que se tiene y ahí se puede se debe identificar esta vulnerabilidad, menores de edad, en un grupo mayor a dos personas frente a una menor de edad han consumido bebidas alcohólicas, además ello no solamente se tiene de la denuncia sino también del informe en cámara gesel y también de este informe social emitido por la defensoría por el informe psicológico de la psicóloga de la DNA del GAM de Achacachi.

Entonces si pedimos que se considere la situación de menores de edad por ser menores de edad por este enfoque interseccional; sin embargo, también vemos del otro lado que también existen condiciones de vulnerabilidad de parle de la víctima quien también se encuentra en una situación de vulnerabilidad además si bien lo ha señalado que los menores se encuentran estudiando en el colegio de Escoma conforme lo ha manifestado la Defensoría de la Niñez y Adolescencia en virtud a la Resolución Ministerial No. 01/24 se tiene que se habría ratificado la inscripción de ella, entonces en la cantidad y al momento de cómo están los hechos, según se tiene son menores de edad, pero la cantidad de menores en conflicto con la ley, frente a la víctima.

7mo.- Que, dentro de la documentación presentada por los adolescentes, la defensa ha cuestionado respecto a la contradicción que existirían en las declaraciones de la víctima si es cierto pero también de debe considerar que en este tipo de hechos la declaración de la víctima en delitos de violencia sexual deben ser considerados dentro de una investigación, seguramente y bajo su misma fundamentación a lo largo del desarrollo de la investigación se verificará por otros elementos de prueba las contradicciones existentes; sin embargo, hasta el presente debemos como obligación del Estado por medio de todos los funcionarios realizar una debida diligencia por qué, porque aquí hemos identificado un sujeto de protección en relación a otros sujetos pero ella merece mucho mayor consideración porque es mujer porque es menor de edad. Entonces vemos que los factores de discriminación no están en igualdad de condiciones frente a los también imputados quiénes son menores de edad también se encuentran dentro de una situación de vulnerabilidad y esto a qué nos obliga a juzgar con perspectiva de género, esta perspectiva de género que también es una obligación de parte de todos los jugadores a identificar factores de discriminación que hace que tal como han sido descritos anteriormente; si bien habrían presentado documentación de certificación de permanencia y buena conducta también se debe considerar conforme lo ha manifestado también la víctima este informe deviene de la conducta de los adolescentes en el centro de reintegración, evidentemente bajo el principio de verdad material la conducta va a ser muy diferente cuando ellos estén en libertad.

Por otro lado, la certificación emitida en cuanto al señor César Quenallata emitida por la junta de vecinos evidentemente señala que el señor Quenallata es miembro, es vecino de la población de Escoma participando activamente en las actividades del municipio; sin embargo, en este informe no han mencionado siquiera el accionar de los principales que es los sujetos adolescentes en conflicto con la ley. Lo mismo sucede con Milán Aliaga Parada, ha señalado que vive en Escoma, sin embargo, en este voto resolutivo emitido por el secretario de actas principalmente de la comunidad Chimoco señala que él tendría su domicilio en Chimoco y también lo ha manifestado el progenitor del adolescente Milán que él vive en Chimoco, entonces existiría una contradicción toda vez que vive en Escoma o vive en Chimoco. También se ha presentado documentación y si bien a abogada ha manifestado que habrían presentado certificados de antecedentes penales, policiales inclusive en el caso del Adolescente Chejo respecto al policía de Escoma que no registra antecedentes de ninguna índole. Debernos tener presente que en materia de niñez y adolescencia prevalece el principio de reserva y más garantizando los Adolescentes dentro del sistema penal juvenil los antecedentes penales, policiales o Cenvi no pueden ser registrados datos de los referidos; por lo tanto, esta documentación resulta impertinente” Respecto a la apelación contra la Resolución NNA 07/2024, la parte impetrante de tutela indicó lo siguiente:

Siendo el otro riesgo el establecido en el inciso e), que señala. "e) Que pueda influir negativamente o poner en peligro a alguna persona relacionada al proceso, sea autoridad, partícipe, testigo, perito, parte o tercero;" A este respecto se presenta pruebas que demuestran el buen comportamiento como ser: De manera uniforme presentamos que los tres papas suscribieron garantías para la víctima y sus familias, que si bien es cierto que la línea jurisprudencial SC 001/2019 S -2 que la medida es revictimizante, no es menos evidente que los mismos no resultan ser victimizantes cuando son unilaterales, por lo tanto establecen un marco de seguridad para la víctima. (…) Asimismo, se tiene que la Srta. Victima ya no vive en la localidad de Escoma, es decir esta distante de los jóvenes así se tiene del informe de la junta de vecinos de Escoma, quienes indican que ya no vive en Escoma, es el mismo padre quien señala que trasladaron a los dos hijos menores a la ciudad de El Alto. Es importante señalar a este respecto que la Sra., Victima de 17 años vivía junto a su hermanos solos en Escoma, ya que sus padres viven en la ciudad de El Alto, se señala que el representante del MP ya recibió este informe y como de costumbre no lo coloca en portafolio y tampoco en el cuaderno de investigaciones, demostrando que lo que quiere es obstaculizar los derechos de los jóvenes adolescente que a la fecha están en calidad de víctimas del sistema, como se puede evidenciar por la forma en que están siendo tratados por todos los sujetos del sistema de justicia.

A efectos de demostrar su personalidad y la falta de un riesgo en su comportamiento que ponga en peligro a la víctima se presenta: Certificado Rejap, Policial y Sipasse que señala que no tiene antecedentes, certificados de las juntas de la comunidad como de la junta de vecinos que señalan que tanto ellos como sus padres tienen un excelente comportamiento y nunca se vieron envueltos en conflictos. Certificado de Permanencia y conducta que señala su buen comportamiento en el Centro de Reintegración Social para Varones. Informe de la UE que señala que los menores están inscritos en el 6to. de secundaria es decir en la promoción. Libreta del colegio con notas sobresalientes y que cursan en el Cuaderno de Control Jurisdiccional, que si bien fueron presentados en la audiencia primigenia estás no fueron valoradas por el Juez. Informe social de terapia varones, que señala la situación económica y los efectos en los jóvenes y sus familias sobre el hecho denunciado donde los menores señalan que nunca cometieron ese delito.

Informe psicológico de terapia Varones que señala los niveles bajos de riesgo (Este es el parámetro mínimo que tiene la escala) los niveles de depresión, dolor nostalgia que vienen atravesando al ser separados de sus padres y principalmente se hace mención al menor (…) quien es el segundo hermano y su padre tiene la jefatura del hogar ante el abandono de la madre. Todo esto hace a su personalidad, de donde se tiene que son jóvenes con valores y sobre todo se señala la necesidad de cambio de medida, que si bien es cierto que la resolución primigenia señala un peligro para la víctima no es menos evidente que toda la prueba valorada en toda su comunidad hace entrever la necesidad de cambien al medida de Detención Preventiva por otra medida menos gravosa como por ejemplo régimen de domicilio. En respuesta a dicha apelación, la autoridad ahora demandada, mediante el Auto de Vista 266/2024, refirió:

2. Con relación al segundo agravio señala que no se ha considerado la prueba presentada en referencia al Art. 290 inciso e) de la Ley 548 siendo que demuestran que la víctima ya no vive en el lugar de los hechos, que con la certificación de la comunidad y el informe psicológico se evidencia que los imputados no son peligro, además de adjuntar certificaciones de antecedentes penales y policiales, CENVI y la juez únicamente se ha basado en un informe de 13 de diciembre para mantener este riesgo. Al respecto de la revisión de la resolución apelada se verifica que ello no es evidente, en razón que la Juez a quo a analizado todos los documentos presentados por la parte imputada para fundar que no corresponde la concurrencia de este riesgo, ello se colige también con en análisis que efectúa de los antecedentes del cuaderno de control jurisdiccional, además de tener presente que el Art. 290 inciso e) de la Ley 548 señala: “Que pueda influir negativamente o poner en peligro a alguna persona relacionada al proceso, sea autoridad, partícipe, testigo, perito, parte o tercero”. Toma en cuenta las reglas de la sana crítica en este sentido no se puede argüir el hecho de que la víctima no se encuentra en la Comunidad de Escoma y habría sido trasladada a ciudad de El Alto, para desvirtuar este riesgo, esto bajo un criterio de lógica y reitera la sana crítica y el haber analizado documentos que no han sido ofrecido por ninguna de las partes tampoco puede ser señalado como agravio, siendo que la Juez a quo ha considerado la situación de vulnerabilidad de la víctima en este caso adolescente y mujer y ello no quiere decir que se esté desconociendo los derechos de los adolescentes infractores, lo único que se ha efectuado por el Juez a quo es aplicar un test de proporcionalidad en cuanto al resguardo de derechos de la víctima quien pide la tutela efectiva y el derecho a la defensa por los imputados; por lo que en este aspecto tampoco se evidencia ningún agravio que reparar. De donde se advierte que, la parte peticionante de tutela, al apelar la Resolución NNA 07/2024, advirtió la presentación de la suscripción de garantías unilaterales efectuada por los padres de los adolescentes para la víctima y su familia; Informe de la junta de vecinos de Escoma que indica que la víctima ya no vive en dicha comunidad y que ahora vive en la ciudad de El Alto; Certificados del REJAP, Policial y SIPASSE que señalan que los adolescentes no tienen antecedentes; Certificados de las juntas de la comunidad como de la junta de vecinos que indican que tanto ellos como sus padres tienen un excelente comportamiento y nunca se vieron envueltos en conflictos; y, Certificado de permanencia y conducta que señala su buen comportamiento en el Centro de Reintegración Social para Varones del Servicio Departamental de Gestión Social (SEDEGES) La Paz.

Al respecto, el Auto de Vista 266/2024 de 5 de abril, al desarrollar su labor de valoración probatoria, estableció que estos aspectos no son evidentes, refiriendo que la Jueza a quo analizó todos los documentos presentados por la parte imputada y los antecedentes del cuaderno de control jurisdiccional, tomando en cuenta las reglas de la sana crítica; por lo que, bajo un criterio de lógica, no se puede argüir el hecho de que la víctima no se encuentra en la Comunidad de Escoma y habría sido trasladada a ciudad de El Alto, para desvirtuar este riesgo; y que se consideró la situación de vulnerabilidad de la víctima adolescente y mujer sin desconocer los derechos de los adolescentes infractores, aplicando un test de proporcionalidad en cuanto a los derechos de la víctima y de los imputados; no evidenciándose ningún agravio que reparar.

Conforme a la descripción de estos argumentos, se tiene que la autoridad ahora demandada, valoró de manera razonable la prueba referida al Informe de la junta de vecinos de Escoma que indica que la víctima ya no vive en dicha comunidad y que ahora vive en la ciudad de El Alto, desvirtuando el referido agravio; ahora bien, respecto a las pruebas referidas a la presentación de la suscripción de garantías unilaterales efectuada por los padres de los adolescentes para la víctima y su familia; Certificados del REJAP, Policial y SIPASSE que señalan que los adolescentes no tienen antecedentes; Certificados de las juntas de la comunidad como de la junta de vecinos que indican que tanto ellos como sus padres tienen un excelente comportamiento y nunca se vieron envueltos en conflictos; y, Certificado de permanencia y conducta que señala su buen comportamiento en el Centro de Reintegración Social para Varones del Servicio Departamental de Gestión Social (SEDEGES) La Paz; la Resolución NNA 07/2024 refirió que el informe social emitido por el personal del indicado Centro se efectuaron al momento de ingreso mismo a dicho Centro, mas no en el desarrollo del mismo, valorando que dicho informe advierte un nivel bajo de riesgo respecto a la víctima; sin embargo, al realizar una ponderación entre la víctima y los adolescentes ahora solicitantes de tutela, refiere el grado de vulnerabilidad y desventaja de la adolescente respecto a los adolescentes que habrían cometido la supuesta agresión sexual. Con relación a la Certificación de permanencia y buena conducta de los adolescentes, refiere que bajo el principio de verdad material la conducta de los mismos será diferente cuando estén en libertad; en cuanto a la Certificación emitida por la junta de vecinos, señala que en dicho informe no se mencionó el accionar de los sujetos adolescentes en conflicto con la ley, como también existe una contradicción en relación sus domicilios; en lo que respecta a los certificados de antecedentes penales y policiales, indica que en materia de niñez y adolescencia prevalece el principio de reserva; por lo que, dicha documentación resulta impertinente. Ahora bien, la autoridad ahora demandada, si bien no valoró el resto de las pruebas presentadas por la parte ahora accionante; sin embargo, dicha omisión no incide en el fondo de lo resuelto; toda vez que, la Resolución NNA 07/2024, realizó un adecuado examen sobre dicha prueba; lo cual hace inviable la concesión de la tutela solicitada respecto a este elemento.

2. Respecto a la segunda problemática

Los impetrantes de tutela denuncian que el Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, al momento de emitir el Auto de Vista 266/2024, validó la actuación de la Jueza a quo sin considerar los derechos de los menores, violentando el principio de especialidad que rige en materia de adolescentes con responsabilidad penal; por lo que, en consideración del interés superior del niño se debió realizar una ponderación a la prueba documental denunciada como no valorada en la apelación y fundamentar desde el principio de especialidad y protección reforzada, conforme el bloque de convencionalidad establece la excepcionalidad de la privación de libertad para menores con responsabilidad penal.

Para el análisis de la presente problemática, se tomará en cuenta si en la emisión del Auto de Vista 266/2024, se consideró la aplicación del enfoque interseccional para analizar la violencia hacia las mujeres, que busca equilibrar los derechos de víctimas e imputados, en sintonía con el deber estatal de eliminar toda violencia de género; y, el enfoque de protección integral de los derechos de los adolescentes en conflicto con la ley, en el marco de la Convención sobre los Derechos del Niño y el corpus iuris de protección de los derechos de los niños. Conforme se tiene desarrollado en los Fundamentos Jurídicos III.1 y III.2 del presente fallo constitucional, en ese orden de ideas, se tiene que contra los peticionantes de tutela se dispuso el rechazo a la solicitud de cesación a la detención preventiva, por la comisión del delito de violación de infante, niña, niño y adolescente mediante la Resolución NNA 07/2024, resolución que fue apelada; por lo cual, el Vocal demandado declaró improcedente la impugnación confirmando la resolución apelada a través del Auto de Vista 266/2024, manteniendo su detención preventiva, al respecto la referida Resolución NNA 07/2024 señaló lo siguiente:

…a diferencia del proceso común para mayores de edad el proceso se divide inclusive en 3 etapas desde el punto de vista procesal, tenemos una etapa preparatoria a cargo del Juez Cautelar, una etapa de juicio ante un Tribunal y un Juzgado de Sentencia y al momento de la sanción y verificar el cumplimiento de la sanción o no impuesta inclusive el Juez de Ejecución. Aquí la autoridad va conocer todo el desarrollo del proceso en virtud al principio de especialización que rige la Ley 548; en ese entendido los argumentos vertidos como por la defensa como por el Ministerio Público son parte de fondo del mismo proceso, estamos dentro de una etapa investigativa que a la conclusión del mismo la autoridad fiscal reunido todos los elementos emitirá la resolución correspondiente y así se tiene el artículo 296, finalizada la investigación de la o el fiscal presentará los siguientes requerimientos y nos señala cuáles son las resoluciones que va a emitir; por lo tanto, esta autoridad como lo ha manifestado la defensa no podría manifestarse respecto al fondo mismo de las pruebas que han sido ofrecidas.

…4to.- Respecto al inciso e) del 290, para el Juez cautelar el fundamento es la protección principalmente a la víctima por su condición de mujer en este aspecto la defensa ha señalado principalmente que se debe tener consideración que también los adolescentes en conflicto con la ley merecen una protección reforzada por el Estado inclusive desde un enfoque interseccional, ha señalado que se debe respetar este derecho que tienen ellos respecto a la presunción de veracidad. Debemos tener presente que los adolescentes no están privados de libertad por una orden externa están dentro de un proceso penal, este proceso penal que se ha aperturado en su contra a denuncia de la Defensoría de Escoma y que viene llevando adelante el Ministerio Publico en aplicación al principio de legalidad se ha restringido los derechos ya en una audiencia de medida cautelar, este es otro instituto de cesación a la detención preventiva donde ellos tienen la carga de la prueba donde ellos deben desvirtuar aquellos elementos respecto a aquellos que en ellos ya no concurren los motivos que fundaron su detención preventiva. En ese entendido se pretende por la defensa señalan y ha sido muy enfática que se debe considerar el principio del interés superior, la presunción de veracidad pero tenemos que ver también que dentro del presente proceso también constituyen un sujeto procesal la víctima, esta víctima que también es menor de edad al igual que los adolescentes en conflicto con la ley… Como consecuencia de la apelación efectuada a la referida resolución, el Auto de Vista 266/2024, vertió los siguientes fundamentos:

CONSIDERANDO III: (…) este tribunal comienza a analizar los agravios expresados: 1. Que, sustancialmente la parte imputada hace referencia a que no se habría valorado la prueba presentada en audiencia con relación a la declaración de 3 testigos de las cuales se puede establecer que existe duda en la existencia del hecho atribuido a los adolescentes; al respecto, de la lectura de la resolución apelada la juez señala que estos aspectos serán analizados en etapa de proceso correspondiente conforme la Ley 548; situación que se enmarca como un razonamiento lógico para este Tribunal de Alzada, además que el proceso aún se encuentra en etapa investigativa, menos considerar la duda razonable; en consecuencia en este punto no se evidencia ningún agravio que reparar. 2. Con relación al segundo agravio señala que no se ha considerado la prueba presentada en referencia al Art. 290 inciso e) de la Ley 548 siendo que demuestran que la víctima ya no vive en el lugar de los hechos, que con la certificación de la comunidad y el informe psicológico se evidencia que los imputados no son peligro, además de adjuntar certificaciones de antecedentes penales y policiales, CENVI y la juez únicamente se ha basado en un informe de 13 de diciembre para mantener este riesgo. Al respecto de la revisión de la resolución apelada se verifica que ello no es evidente, en razón que la Juez a quo a analizado todos los documentos presentados por la parte imputada para fundar que no corresponde la concurrencia de este riesgo, ello se colige también con en análisis que efectúa de los antecedentes del cuaderno de control jurisdiccional, además de tener presente que el Art. 290 inciso e) de la Ley 548 señala: “Que pueda influir negativamente o poner en peligro a alguna persona relacionada al proceso, sea autoridad, partícipe, testigo, perito, parte o tercero”. Toma en cuenta las reglas de la sana crítica en este sentido no se puede argüir el hecho de que la víctima no se encuentra en la Comunidad de Escoma y habría sido trasladada a ciudad de El Alto, para desvirtuar este riesgo, esto bajo un criterio de lógica y reitera la sana crítica y el haber analizado documentos que no han sido ofrecido por ninguna de las partes tampoco puede ser señalado como agravio, siendo que la Juez a quo ha considerado la situación de vulnerabilidad de la víctima en este caso adolescente y mujer y ello no quiere decir que se esté desconociendo los derechos de los adolescentes infractores, lo único que se ha efectuado por el Juez a quo es aplicar un test de proporcionalidad en cuanto al resguardo de derechos de la víctima quien pide la tutela efectiva y el derecho a la defensa por los imputados; por lo que en este aspecto tampoco se evidencia ningún agravio que reparar.

Finalmente, en cuanto que no se ha considerado el derecho de estudio que tienen los mismos para la aplicación de una medida menos gravosa, en este punto la Juez a quo textualmente señala: “bien debemos decir que la Constitución Política de Estado protege los derechos de las personas privadas de libertad solamente se está restringiendo la libertad; sin embargo no se está restringiendo los demás derecho, los adolescentes en conflicto de la ley pueden ejercer ese derecho” es decir, ha existido un pronunciamiento por la Juez a quo acorde al principio de razonabilidad y proporcionalidad que se adecúa a los fines pretendidos en definitiva no se evidencia ningún agravio que reparar”.

En ese orden de cosas, considerando que en el proceso penal la víctima es una menor de edad mujer, que supuestamente sufrió una violación sexual, es necesario verificar si en la emisión del Auto de Vista 266/2024, se cumplió con los Estándares Internacionales e Internos respecto a la protección del derecho de las mujeres a vivir libres de violencia, pues debe comprenderse que los órganos y jueces tienen la obligación reforzada de asegurar el efectivo ejercicio de sus derechos, debiendo actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia hacia la mujer, de ahí que, se debe observar un proceso argumentativo con la debida fundamentación y motivación a partir de un enfoque interseccional que pasa por identificar los patrones de poder y relaciones asimétricas entre la víctima y el imputado, que coloquen a la primera en una situación de vulnerabilidad; determinándose el derecho aplicable y los problemas que pueden surgir, problemas interpretativos o la necesidad de efectuar una ponderación ante la existencia de normas y principios contrapuestos.

En ese contexto, y de los antecedentes puestos en examen, se puede evidenciar que la autoridad demandada a momento de emitir el Auto de Vista 266/2024 ahora impugnado a través de esta acción de defensa, al referirse a la ponderación entre los derechos de los solicitantes de tutela frente a los derechos de la víctima menor de edad, señaló lo siguiente:

…la Juez a quo ha considerado la situación de vulnerabilidad de la víctima en este caso adolescente y mujer y ello no quiere decir que se esté desconociendo los derechos de los adolescentes infractores, lo único que se ha efectuado por el Juez a quo es aplicar un test de proporcionalidad en cuanto al resguardo de derechos de la víctima quien pide la tutela efectiva y el derecho a la defensa por los imputados; por lo que en este aspecto tampoco se evidencia ningún agravio que reparar.

83 Corte IDH. Caso Espinoza Gonzáles Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 de noviembre de 2014. Párr. 242 “La Corte ha especificado los principios rectores que es preciso observar en investigaciones penales relativas a violaciones de derechos humanos. La Corte también ha señalado que el deber de investigar efectivamente tiene alcances adicionales cuando se trata de una mujer que sufre una muerte, maltrato o afectación a su libertad personal en el marco de un contexto general de violencia contra las mujeres. En casos de violencia contra la mujer, ciertos instrumentos internacionales resultan útiles para precisar y dar contenido a la obligación estatal reforzada de investigarlos con la debida diligencia”. 84 La CONVENCION INTERAMERICANA PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER "CONVENCION DE BELEM DO PARA" en su art. 7 establece: “Los Estados Partes condenan todas las formas de violencia contra la mujer y convienen en adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia y en llevar a cabo lo siguiente:

(…) b. actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer”.

Así también, la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer en su art. 4 determina que: “Los Estados deben condenar la violencia contra la mujer y no invocar ninguna costumbre, tradición o consideración religiosa para eludir su obligación de procurar eliminarla. Los Estados deben aplicar por todos los medios apropiados y sin demora una política encaminada a eliminar la violencia contra la mujer. Con este fin, deberán:

(…)

c) Proceder con la debida diligencia a fin de prevenir, investigar y, conforme a la legislación nacional, castigar todo acto de violencia contra la mujer, ya se trate de actos perpetrados por el Estado o por particulares”.

De donde se tiene que se efectuó una argumentación reconociendo la vulnerabilidad de la víctima frente a los acusados, ello aunado a la argumentación efectuada en la Resolución NNA 07/2024, donde se reconoció el interés superior de la adolescente; observándose un proceso argumentativo con la debida fundamentación y motivación a partir de un enfoque interseccional que pasa por identificar los patrones de poder y relaciones asimétricas entre la víctima y los adolescentes, que colocan a la primera en una situación de vulnerabilidad; determinándose el derecho aplicable y los problemas que pueden surgir, problemas interpretativos o la necesidad de efectuar una ponderación ante la existencia de normas y principios contrapuestos, tal como lo señaló el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional; por lo que, se cumplió con el deber de la debida diligencia en el presente caso, que tiene como víctima a una mujer menor de edad, así como también se dio cumplimiento a los estándares internacionales y nacionales de respecto y protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes en situación de violencia, y se puso en alto el interés superior de la adolescente conforme lo establece el art. 60 de la CPE, obligaciones que se encuentran descritos y desarrollados en el Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional.

De donde se puede concluir, que se expuso de manera clara que en casos de violencia contra las mujeres (niñas, adolescentes o mayores de edad) es deber de la autoridad judicial aplicar el enfoque interseccional ello considerando que la víctima de violación es una mujer menor de edad, quien merece especial atención y protección de sus derechos; siendo necesario romperse la forma tradicional de resolver los conflictos, removiendo todos los obstáculos y mecanismos de hecho y derecho que mantienen la impunidad y utilizando todas las medidas para diligenciar el proceso, en el que la investigación sea asumida de manera seria, imparcial y efectiva para la 85 El Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Generó señaló que: “… el enfoque interseccional ha sido poco a poco acogido en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, tanto a nivel normativo como en la interpretación que efectúan los órganos de supervisión tanto del sistema universal como interamericano, lo que ha permitido superar el análisis de un solo eje de discriminación, para introducir una interpretación múltiple, con dos o más ejes de discriminación. Un ejemplo de ello es la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, que en el art. 9 señala que los Estados Partes tendrán especialmente en cuenta la situación de vulnerabilidad a la violencia que pueda sufrir la mujer en razón, entre otras, de su raza o de su condición étnica, de migrante, refugiada o desplazada. En igual sentido se considerará a la mujer que es objeto de violencia cuando está embarazada, es discapacitada, menor de edad, anciana, o está en situación socioeconómica desfavorable o afectada por situaciones de conflictos armados o de privación de su libertad. 86 Corte IDH. Caso Carpio Nicolle y otros Vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de noviembre de 2004. Parr. 134. 87 Caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras. Sentencia de 29 de julio de 1988. Párr. 177 “En ciertas circunstancias puede resultar difícil la investigación de hechos que atenten contra derechos de la persona. La de investigar es, como la de prevenir, una obligación de medio o comportamiento que no es incumplida por el solo hecho de que la investigación no produzca un resultado satisfactorio. Sin embargo, debe emprenderse con seriedad y no como una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa. Debe tener un sentido y ser asumida por el Estado como un deber jurídico propio y no como una simple gestión de intereses particulares, que dependa de la iniciativa procesal de la víctima o de sus familiares o de la aportación privada de elementos probatorios, sin que la autoridad pública busque efectivamente la verdad. Esta apreciación es válida cualquiera sea el agente al cual pueda eventualmente atribuirse la violación, aun los particulares, pues, si sus hechos no son investigados con determinación de la verdad, la persecución, captura, enjuiciamiento, y en su caso, la sanción de los responsables de los hechos , consecuentemente se concluye que el Vocal ahora demandado, cumplió con los Estándares Internacionales e Internos para la protección de los derechos humanos de las mujeres víctimas de violencia; cumpliendo con la obligación de fundamentar y motivar las razones de su decisión, pues se debe tener en cuenta, que la aplicación de la perspectiva de género no es una herramienta para prescindir del contenido que debe tener toda resolución sea esta judicial o administrativa que es la debida fundamentación y motivación; por lo que, tienen el deber de reparar sus actos nulos fundamentando y motivando y sin descuidar que en el contenido de sus decisiones se deba aplicar la perspectiva de género, la perspectiva integral de los derechos de los adolescentes en conflicto con la ley, y la ponderación de derechos conforme lo demanda los Fundamentos Jurídicos III.1, III.2 y III.3 de esta Sentencia Constitucional correspondiendo en consecuencia Plurinacional, denegar la tutela solicitada. 3. Respecto a la tercera problemática

Los impetrantes de tutela denuncian que el Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, al momento de emitir el Auto de Vista 266/2024 incurrió en falta de fundamentación y motivación; toda vez que, no citó las normas, ni se valoró las pruebas, generando duda. En ese contexto, corresponde remitirnos de forma previa antes de abordar la presente y las siguientes sub problemáticas a lo descrito en el Fundamento Jurídico III.4 del presente fallo constitucional, que refiere respecto a la exigencia de los requisitos de fundamentación y motivación de las resoluciones judiciales de los Tribunales de Apelación que:

…la fundamentación se refiere a la labor argumentativa desarrollada por la autoridad competente en el conocimiento y resolución de un caso concreto, en el cual está impelido de citar todas las disposiciones legales sobre las cuales justifica su decisión; pero además, y, en casos específicos, en los cuales resulte necesario una interpretación normativa, tiene la obligación efectuar dicha labor, aplicando las pautas y métodos de la hermenéutica constitucional, en cuya labor, los principios y valores constitucionales aplicados, se constituyan en una justificación razonable de la premisa normativa. Por su parte, la motivación, está relacionada a la justificación de la decisión a través de la argumentación lógico-jurídica, en la cual se desarrollan los motivos y razones que precisan y determinan los hechos facticos y los medios probatorios que fueron aportados por las partes, mismos que deben mantener una coherencia e interdependencia con la premisa normativa descrita por la misma autoridad a momento de efectuar la fundamentación.

Es decir, que las Resoluciones deben contar con el contenido fundamentado, motivado y el respectivo razonamiento explicativo de la decisión asumida para que ésta quede al entendimiento de la parte interesada y la misma quede satisfecha con tal o cual determinación. La Corte IDH, en el Caso Apitz Barbera y otros (“Corte Primera de los Contencioso Administrativo”) Vs. Venezuela, refirió que:

…la motivación ‘es la exteriorización de la justificación razonada que permite llegar a una conclusión’. El deber de motivar las resoluciones es una garantía vinculada con la correcta administración de justicia, que protege el derecho de los ciudadanos a ser juzgados por las razones que el Derecho suministra, y otorga la credibilidad de las decisiones jurídicas en el marco de una sociedad democrática. El Tribunal ha resaltado que las decisiones que adopten los órganos internos que puedan afectar derechos humanos deben estar debidamente fundamentadas, pues de lo contrario serían decisiones arbitrarias. En ese sentido, la argumentación de un fallo debe mostrar que han sido debidamente tomados en cuenta los alegatos de las partes y que el conjunto de pruebas ha sido analizado. Asimismo, la motivación demuestra a las partes que éstas han sido oídas y, en aquellos casos en que las decisiones son recurribles, les proporciona la posibilidad de criticar la resolución y lograr un nuevo examen de la cuestión ante las instancias superiores. Por todo ello, el deber de motivación es una de las ‘debidas garantías’ incluidas en el artículo 8.1 para salvaguardar el derecho a un debido proceso (las negrillas son adicionadas).

Y que dicha labor de los órganos jurisdiccionales, al tratarse de tribunales de apelación, respecto a solicitudes de aplicación de medidas cautelares, el referido Fundamento Jurídico III.4, indicó que la aplicación del art. 398 del CPP, no debe ser entendida en su literalidad, sino interpretada de forma integral y sistémica; lo cual, exige que estas autoridades jurisdiccionales, luego de un análisis integral de supuesto, deben fundamentar y motivar sus decisiones precisando los elementos de convicción que permitan concluir en la necesidad de modificar, rechazar medidas cautelares o determinar la cesación o rechazo de esa solicitud; a cuyo efecto, deben también justificar la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos por el art. 233 del CPP y una o varias de las circunstancias establecidas por los arts. 234 y 235 del Código Adjetivo Penal, a través de una resolución con la debida justificación normativa, conforme lo dispone el art. 236.4 del CPP. No siendo admisible que los tribunales de apelación basen sus determinaciones en presunciones relativas a los riesgos de fuga y obstaculización, debiendo demostrar con una cabal fundamentación y motivación la necesidad de la detención preventiva, y de no hacerlo se torna en una arbitrariedad que vulnera los derechos previstos por la Norma Suprema.

En ese contexto, corresponde a esta jurisdicción constitucional, realizar en primera instancia la compulsa de la Resolución NNA 07/2024, la cual señaló lo siguiente:

3ro.- Respecto a riesgos procesales, Art. 290 d), dimos lectura textual a la resolución primigenia y qué es lo que nos había señalado la autoridad fiscal, la realización de la inspección técnica ocular, si bien la víctima habría señalado que la misma no se habría desarrollado pero en aplicación al principio de verdad material y ninguno de los sujetos procesales o la parte acusadora ha manifestado que ha existido algún entorpecimiento, que no se habría podido desarrollar, han señalado estábamos presentes y el actuar o no haber transcrito en qué manera modificaría el acta de inspección técnica ocular no puede ser modificado porque ha sido en presencia de todos además ha sido grabado en un CD; por lo tanto, este riesgo procesal ha desaparecido y además quiero dejar en claro que al momento de que los abogados habrían solicitado la salida judicial se ha adjuntado el requerimiento y reitero principalmente los sujetos procesales han reconocido que se ha llevado a cabo el acto.

4to.- Respecto al inciso e) del 290, para el Juez cautelar el fundamento es la protección principalmente a la víctima por su condición de mujer en este aspecto la defensa ha señalado principalmente que se debe tener consideración que también los adolescentes en conflicto con la ley merecen una protección reforzada por el Estado inclusive desde un enfoque interseccional, ha señalado que se debe respetar este derecho que tienen ellos respecto a la presunción de veracidad. Debemos tener presente que los adolescentes no están privados de libertad por una orden externa están dentro de un proceso penal, este proceso penal que se ha aperturado en su contra a denuncia de la Defensoría de Escoma y que viene llevando adelante el Ministerio Publico en aplicación al principio de legalidad se ha restringido los derechos ya en una audiencia de medida cautelar, este es otro instituto de cesación a la detención preventiva donde ellos tienen la carga de la prueba donde ellos deben desvirtuar aquellos elementos respecto a aquellos que en ellos ya no concurren los motivos que fundaron su detención preventiva. En ese entendido se pretende por la defensa señalan y ha sido muy enfática que se debe considerar el principio del interés superior, la presunción de veracidad pero tenemos que ver también que dentro del presente proceso también constituyen un sujeto procesal la víctima, esta víctima que también es menor de edad al igual que los adolescentes en conflicto con la ley, entonces al estar en conflicto de derechos frente a los derechos de la parte imputada y los derechos de la de la víctima se tiene que hacer una ponderación y así la SCP 439/2018 S2 ha señalado respecto a cuando existen la colisión entre derechos del Adolescente infractor con la ley y la víctima de violencia sexual, debemos decir que la víctima en su derecho que ella tiene merece una protección reforzada por parte del Estado, esta protección que no solamente es un derecho que le asiste y es una obligación que tiene el Estado por protegerla así se encuentra respaldado desde una norma superior como es la Constitución Política del Estado en el Art. 15 no solo ellos también haciendo un control de constitucionalidad y un control de convencionalidad existen diversos tratados internacionales en materia de protección de Derechos Humanos del cual conforme al artículo 410, 13 y 256 el Estado por medio de las autoridades judiciales y siendo los Jueces los primeros garantes del derecho, es que también debe cumplirse.

También el artículo 60 y el artículo 61 de la Constitución Política del Estado protege a este sector vulnerable a los menores de edad, efectivamente ambos imputados y víctima se les tienen que resguardar este principio de derecho y garantía del interés superior pero aquí existe una pequeña diferencia es la condición de vulnerabilidad que tiene la víctima, esta víctima que ha sido víctima de una agresión sexual y al respecto la SC 3494/2018 ha señalado que la finalidad de las medidas cautelares señala el art. 221 no solamente es la averiguación de la verdad y que el proceso se desarrolle sino también cuando la víctima es una mujer se debe resguardar los derechos de la víctima” (sic). Como consecuencia de la apelación efectuada a la referida Resolución, se emitió el Auto de Vista 266/2024, ahora impugnado, que conforme a lo descrito en la Conclusión II.3 de este fallo constitucional, señaló los siguientes argumentos:

CONSIDERANDO III: (…) este tribunal comienza a analizar los agravios expresados:

1. Que, sustancialmente la parte imputada hace referencia a que no se habría valorado la prueba presentada en audiencia con relación a la declaración de 3 testigos de las cuales se puede establecer que existe duda en la existencia del hecho atribuido a los adolescentes; al respecto, de la lectura de la resolución apelada la juez señala que estos aspectos serán analizados en etapa de proceso correspondiente conforme la Ley 548; situación que se enmarca como un razonamiento lógico para este Tribunal de Alzada, además que el proceso aún se encuentra en etapa investigativa, menos considerar la duda razonable; en consecuencia en este punto no se evidencia ningún agravio que reparar.

2. Con relación al segundo agravio señala que no se ha considerado la prueba presentada en referencia al Art. 290 inciso e) de la Ley 548 siendo que demuestran que la víctima ya no vive en el lugar de los hechos, que con la certificación de la comunidad y el informe psicológico se evidencia que los imputados no son peligro, además de adjuntar certificaciones de antecedentes penales y policiales, CENVI y la juez únicamente se ha basado en un informe de 13 de diciembre para mantener este riesgo. Al respecto de la revisión de la resolución apelada se verifica que ello no es evidente, en razón que la Juez a quo a analizado todos los documentos presentados por la parte imputada para fundar que no corresponde la concurrencia de este riesgo, ello se colige también con en análisis que efectúa de los antecedentes del cuaderno de control jurisdiccional, además de tener presente que el Art. 290 inciso e) de la Ley 548 señala: “Que pueda influir negativamente o poner en peligro a alguna persona relacionada al proceso, sea autoridad, partícipe, testigo, perito, parte o tercero”. Toma en cuenta las reglas de la sana crítica en este sentido no se puede argüir el hecho de que la víctima no se encuentra en la Comunidad de Escoma y habría sido trasladada a ciudad de El Alto, para desvirtuar este riesgo, esto bajo un criterio de lógica y reitera la sana crítica y el haber analizado documentos que no han sido ofrecido por ninguna de las partes tampoco puede ser señalado como agravio, siendo que la Juez a quo ha considerado la situación de vulnerabilidad de la víctima en este caso adolescente y mujer y ello no quiere decir que se esté desconociendo los derechos de los adolescentes infractores, lo único que se ha efectuado por el Juez a quo es aplicar un test de proporcionalidad en cuanto al resguardo de derechos de la víctima quien pide la tutela efectiva y el derecho a la defensa por los imputados; por lo que en este aspecto tampoco se evidencia ningún agravio que reparar.

Finalmente, en cuanto que no se ha considerado el derecho de estudio que tienen los mismos para la aplicación de una medida menos gravosa, en este punto la Juez a quo textualmente señala: “bien debemos decir que la Constitución Política de Estado protege los derechos de las personas privadas de libertad solamente se está restringiendo la libertad; sin embargo no se está restringiendo los demás derecho, los adolescentes en conflicto de la ley pueden ejercer ese derecho” es decir, ha existido un pronunciamiento por la Juez a quo acorde al principio de razonabilidad y proporcionalidad que se adecúa a los fines pretendidos en definitiva no se evidencia ningún agravio que reparar. En ese contexto, es necesario realizar un análisis integral acerca del cumplimiento de los requisitos de fundamentación y motivación con las que debe contar la resolución ahora impugnada. En ese sentido, de la revisión de la Resolución NNA 07/2024, se establece que la misma fundamentó su decisión en la Constitución Política del Estado, señalando el art. 15 referido a las medidas que debe adoptar el Estado para prevenir, eliminar y sancionar la violencia de género y generacional, así como los arts. 410, 13 y 256 con el propósito de establecer control de constitucionalidad y de convencionalidad a fin de aplicar los tratados e instrumentos internacionales en materia de derechos humanos; también se aplicó los arts. 60 y 61 con el objeto de establecer la prioridad del interés superior de la niña, niño y adolescente, que comprende la preeminencia de sus derechos, la primacía en recibir protección y socorro en cualquier circunstancia, la prioridad en la atención de los servicios públicos y privados, y el acceso a una administración de justicia pronta, oportuna y con asistencia de personal especializado; como también para señalar la prohibición y sanción a toda forma de violencia contra las niñas, niños y adolescentes, tanto en la familia como en la sociedad. Con relación al Código de Procedimiento Penal se refirió al art. 221 referido a las medidas cautelares. Respecto al Código Niña, Niño y Adolescente, se aplicó el art. 290 incisos d) y e) relacionados al riesgo de fuga u obstaculización de la averiguación de la verdad respecto a destruir, modificar, ocultar, suprimir o falsificar elementos de prueba; e, influir negativamente o poner en peligro a alguna persona relacionada al proceso, sea autoridad, partícipe, testigo, perito, parte o tercero. De otra parte sustentó su determinación en la SCP 439/2018 S2 de 29 de agosto a fin de establecer que mediante la metodología de ponderación, los derechos y garantías de los acusados no se sobreponen a los derechos de las víctimas, ya que conforme a estándares internacionales y nacionales de protección de los derechos de las mujeres que se encuentran en una situación de violencia, éstas requieren de una protección reforzada.

De otra parte el Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, al momento de declarar la improcedencia de las cuestiones planteadas y en el fondo confirmar la Resolución NNA 07/2024 hizo mención al art. 290 inc. e) del CNNA, resaltando la necesidad de tener presente dicha normativa. En ese contexto, se puede evidenciar que, desde un análisis integral del presente caso, las autoridades que resolvieron por el rechazo de la cesación de la detención preventiva de los ahora accionantes, se cuenta con una decisión fundamentada en las normas legales vigentes, como también en la jurisprudencia emitida por el Tribunal Constitucional Plurinacional, denotándose la existencia de la debida fundamentación exigida por la jurisprudencia desarrollada en el Fundamento Jurídico III.4 de esta Resolución Constitucional, correspondiendo denegar la tutela al respecto. Ahora bien, es menester examinar si existió la debida motivación al momento de disponer el rechazo de la cesación de la detención preventiva de los ahora impetrantes de tutela y su respectiva confirmación; es decir, la subsunción de los hechos con las normas jurídicas que sirvieron como base para tomar la decisión impugnada, si se valoraron de forma objetiva las pruebas aportadas en el caso concreto, realizando esa argumentación lógico-jurídica, explicando los motivos y las razones de dicha determinación, las que deben guardar coherencia e interdependencia con la norma jurídica a momento de fundamentar la decisión, elementos que fueron desarrollados de forma abundante en el Fundamento Jurídico III.4 de esta Resolución Constitucional, las que deben ser cumplidas por toda autoridad sea esta judicial o administrativa, y el no hacerlo la misma se tornaría en arbitraria y por ende sin efecto legal alguno. En ese entendido, se puede advertir que la problemática denunciada de falta de motivación, se encuentra relacionada con la primera problemática del presente fallo constitucional, donde se pudo observar que las autoridades encargadas de resolver la cesación de la detención preventiva de los adolescentes ahora peticionantes de tutela, valoraron de manera razonable la prueba aportada por los mismos, de tal manera que se advierte un razonamiento lógico, habiéndose expresado un criterio respecto a los informes de la psicóloga de la DNA del municipio de Carabuco; Informe de la junta de vecinos de Escoma que indica que la víctima ya no vive en dicha comunidad y que ahora vive en la ciudad de El Alto, a las pruebas referidas a los Certificados del REJAP, Policial y SIPASSE; Certificados de las juntas de la comunidad como de la junta de vecinos; y, el Certificado de permanencia y conducta del Centro de Reintegración Social para Varones del Servicio Departamental de Gestión Social (SEDEGES) La Paz; por lo que, este Tribunal advierte que efectivamente se valoró las pruebas presentadas por la parte ahora solicitante de tutela; ya que, se efectuó una valoración individual e integral de la prueba; toda vez que, las mismas sirvieron para adoptar la decisión acerca de la concurrencia de los riesgos establecidos en el art. 290 del CNNA; específicamente en sus incisos d) y e); toda vez que, se efectuó una valoración individual e integral de la prueba en base al principio de objetividad dejando entender el porqué de la decisión. Asimismo, resulta evidente que se cumplió con la obligación de motivar las razones de la determinación de rechazar la cesación de la detención preventiva de los ahora accionantes, pues se dio una explicación lógica-jurídica, cumpliendo con el derecho al debido proceso en su elemento de motivación, advirtiéndose que respecto al primer agravio denunciado en el memorial de apelación de 1 de marzo de 2024 por los ahora impetrantes de tutela, se señaló que la decisión asumida por la Jueza Pública Mixta Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia, de Partido del Trabajo y Seguridad Social e Instrucción Penal Primero de Puerto Carabuco del departamento de La Paz, se enmarca como un razonamiento lógico. En relación al segundo agravio denunciado, se señaló que la Jueza a quo analizó todos los documentos presentados por la parte imputada para fundar que no corresponde la concurrencia de los riesgos señalado en el art. 290 inc. e) de la Ley 548, y que se tomó en cuenta las reglas de la sana crítica, agregando que se consideró la situación de vulnerabilidad de la víctima -adolescente y mujer- y que con ello no se desconoció los derechos de los adolescentes infractores, habiéndose aplicado un test de proporcionalidad en cuanto al resguardo de derechos de la víctima quien pide la tutela efectiva y el derecho a la defensa por los imputados; por lo que, en este aspecto tampoco evidenció ningún agravio que reparar. Lo que conlleva a advertir que existe una argumentación lógico-jurídica, que explica los motivos y las razones de la determinación, la cual además guarda coherencia e interdependencia con la normativa jurídica. De lo señalado anteriormente, se advierte que se cumplió con la obligación de motivar la decisión efectuando la ponderación de derechos -Fundamento Jurídico III.3-, así como también a momento de confirmar la decisión del juez a quo se aplicó el enfoque interseccional -Fundamento Jurídico III.1- y el enfoque integral de adolescentes en conflicto con la ley -Fundamento Jurídico III.2-para que sus determinaciones no solo estén acordes a los Estándares Internacionales y Nacionales de protección de los derechos de la víctima frente a los de los imputados o acusados, sino que también estén motivados y explique las razones y los motivos de una o cual determinación, pues la aplicación de los enfoques anteriormente citados no permiten que se prescinda de la obligación de motivar la determinación; por lo que, se evidencia que el Auto de Vista 266/2024 de 5 de abril, cuenta con la debida motivación, correspondiendo denegar la tutela al respecto. Finalmente en el presente caso, es necesario aclarar que no se ingresó a efectuar juicios de valor sobre la inocencia o culpabilidad de los ahora peticionantes de tutela; puesto que, no es competencia de este Tribunal realizar dicha labor, debiendo ser la autoridad jurisdiccional del ramo la que realice la valoración de todos los actuados y poder emitir una decisión ya sea absolutoria o condenatoria; en ese antecedente, se analizó las denuncias realizadas por los solicitantes de tutela en relación a los agravios denunciados en contra del Vocal demandado, y se aplicó el enfoque interseccional en el análisis del caso concreto. En consecuencia, el Juez de garantías al denegar la tutela impetrada, obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 088/2024 de 17 de abril, cursante de fs. 220 a 224 vta., pronunciada por el Juez de Instrucción Penal, Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Séptimo de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia: DENEGAR la tutela solicitada, conforme los fundamentos expuestos en el presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. Se hace constar que la Magistrada MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo, es de Voto Aclaratorio. MSc. Georgina Amusquivar Moller MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo MAGISTRADA MAGISTRADA

Notas al pie

7 Convención Belén Do Pará, art. 9: “Para la adopción de las medidas a que se refiere este capítulo, los Estados Partes tendrán especialmente en cuenta la situación de vulnerabilidad a la violencia que pueda sufrir la mujer en razón, entre otras, de su raza o de su condición étnica, de migrante, refugiada o desplazada. En igual sentido se considerará a la mujer que es objeto de violencia cuando está embarazada, es discapacitada, menor de edad, anciana, o está en situación socioeconómica desfavorable o afectada por situaciones de conflictos armados o de privación de su libertad”.

8 Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, ratificada por el Estado boliviano por la Ley 1100 de 15 septiembre de 1989.

11 “Sobre esta circunstancia, la jurisprudencia constitucional contenida en la SCP 0056/2014 de 3 de enero -que declaró la constitucionalidad del art. 234.10 del CPP-, señaló en el Fundamento Jurídico III.5.3, que: En definitiva, el peligro relevante en materia penal al que hace referencia la norma demandada, es la posibilidad de que la persona imputada cometa delitos, pero no el riesgo infinitesimal al que se refiere Raña y descrito en el Fundamentos Jurídicos III.3 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, sino el riesgo emergente de los antecedentes personales del imputado por haberse probado con anterioridad que cometió un delito, lo que genera una probabilidad adicional de delinquir; más, esa situación es similar a la establecida en el art. 234.8 del CPP, referido a: “La existencia de actividad delictiva reiterada o anterior”; empero, aunque parecida no es similar, encontrando diferencia puesto que la norma demandada adicionalmente precisa que la

situación de peligrosidad sea efectiva, mientras que la del art. 234.8 del CPP, precisa antecedentes criminales reiterados; en ese orden, es también necesario comprender la efectividad de la peligrosidad exigida por la norma demandada. El concepto “efectivo” que se debe adicionar a la peligrosidad para que opere como fundamento de la detención preventiva por peligro de fuga, hace alusión, según el diccionario jurídico que utiliza este Tribunal, a un apeligro existente, real o verdadero, como contraposición a lo pretendido, dudoso, incierto o nominal; es decir a un peligro materialmente verificable, más allá del criterio subjetivo del juez, que puede ser arbitrario, por ello supone la asistencia de elementos materiales comprobables en la situación particular concreta desde la perspectiva de las personas y los hechos, por ello se debe aplicar bajo el principio de la razonabilidad y la proporcionalidad, no encontrando en ello ninguna inconstitucionalidad por afectación del debido proceso o de la presunción de inocencia consagrados constitucionalmente. En consecuencia, el peligro efectivo, encuentra justificación en la necesidad de imponer medidas de seguridad a las personas que hubieran sido encontradas culpables de un delito anteriormente, pero no le sindica como culpable del ilícito concreto que se juzga, ni provoca que en la tramitación del proceso sea culpable del presunto delito cometido.

12 Página de Google de la ONG Internacional Humanium.

17 Beloff, Mary, Justicia y Derechos del Niño, Número 1, Modelo de la protección integral de los Derechos del Niño y de la Situación Irregular. Un modelo para armar y otro para desarmar”, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), Santiago de Chile, Noviembre de 1999, páginas 13 y 14.

18 BOLIVIA. La respuesta institucional del Estado a la temática de violencia contra la niñez y adolescencia, Estudio de casos: SEDEGES de La Paz, Cochabamba, Tarija, Santa Cruz y Pando, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas (UDAPE), La Paz – Bolivia 2008, pág. 29.

19 Constitución y Derechos del Niño, Beloff, Mary, Buenos Aires – Argentina 2005, pág. 769.

20 CIDH Informe sobre la Actuación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en República Dominicana, (OEA/Ser.L/V/II.13, doc. 14 Rev). (español), 15 octubre 1965, capítulo IV. Caso del niño dominicano Felipe de Jesús de 14 años de edad quien fue detenido en su residencia de la Calle 17 por el terrible y célebre Balá y tropas del CEFA, el día 20 de mayo de 1965.

21 CIDH, Informe sobre la Situación de Derechos Humanos en Haití, (OEA/Ser.L/V/II.21 doc. 6 (español) Rev. 21) de mayo de 1969, capítulo II. CIDH, Informe sobre la situación de derechos humanos en Chile, (OEA/Ser.L/V/II.34, doc. 21), 25 octubre 1974, Capítulo V.

22 arts. 4, 5, 5.5, 13.4, 17.4 y 5 y 27.2 de la Convención de los Derechos del Niño.

24 CIDH. Informe Anual 1984–1985. “Adicionalmente, considera la Comisión que deben incorporarse normas tendientes a la protección de instituciones y grupos que, por sus especiales características, requieren consideración preferencial por parte del Estado a fin de lograr una vigencia efectiva de los derechos económicos, sociales y culturales. La Comisión alude aquí a las normas de protección de la familia, de la niñez, de la juventud, de los minusválidos y de los ancianos”, párrafo 17.

25 CIDH. Caso 9449 (Perú) 30 de junio de 1987 Con comunicación de 6 de septiembre de 1984, Resolución 20/87 de 30 de junio, Vistos, 1. Denuncia sobre Martín Hipólito Bellido Canchari, de 14 años, estudiante de secundaria en la escuela "Mariscal Cáceres", que fue detenido a finales de 1983, por miembros encapuchados de la Guardia Civil en su casa en Ayacucho, sin tener conocimiento de su paradero, sin lograr esclarecer su paradero, temiéndose por su vida.

26 CIDH. Informe Anual 1986-1987. Caso 9619 (Honduras) 28 de marzo de 1987.

27 CIDH, Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Nicaragua de 1978, capítulo IV.D “En relación a la libertad personal, una grave situación observada por la Comisión Especial es la que se refiere a los menores. Es cierto que la Constitución nicaragüense prescribe que las menores de edad a quienes se les detenga deben ser internados en instituciones especiales de rehabilitación 13/; pero, no obstante ello, la Comisión pudo constatar en los centros de detención visitados, numerosas personas de 14, 15, 16 y 17 años conviviendo en condiciones de promiscuidad con mayores”.

28 Beloff, Mary, Justicia y Derechos del Niño, Número 1, artículo “Modelo de la protección integral de los Derechos del Niño y de la Situación Irregular. Un modelo para armar y otro para desarmar”, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), Santiago de Chile, Noviembre de 1999, pág. 17.

29 Convención de los Derechos de Niño, Artículo 3.”1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño”.

30 CIDH, Informe Anual 1997. Capítulo VII. Recomendaciones a los Estados miembros en áreas en las cuales deben adoptarse medidas para la cabal observancia de los derechos humanos, de conformidad con la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

31 OC-17/2002 de 28 de agosto de 2002, pág. 29.

32 art. 43 de la Convención de los Derechos del Niño.

33 art. 44 de la Convención de los Derechos del Niño.

34 Observación General 10 CRC/C/GC/10 sobre los Derechos del Niño en la Justicia de Menores de 25 de abril de 2007. (Obs. 10).

35 Observación General 10CRC/C/GC/10 sobre los Derechos del Niño en la Justicia de Menores de 25 de abril de 2007. (Obs. 16, 18, 31, 31, 44, 53, 71, 85 y 86).

36 arts. 2, 3, 4, 5, 12, 37, 40, y 40.3 de la Convención de los Derechos del Niño.

37 Ferrajoli, Luigi, Derecho y Razón. Teoría del Garantismo Penal, Trotta, Madrid, 1995.

38 Cillero, Miguel, Justicia y Derechos del Niño, Número 1, artículo “El interés superior del niño en el marco de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), Santiago de Chile, Noviembre de 1999, pág. 57. 39Cillero, Miguel, Justicia y Derechos del Niño, Número 1, artículo “El interés superior del niño en el marco de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), Santiago de Chile, Noviembre de 1999, pág. 58.

40 OC-17/2002 de 28 de agosto de 2002, pág. 29.

41 OC-17/2002 de 28 de agosto de 2002, párrafo 56.

42 Corte Interamericana de Derechos Humanos Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros) Vs. Guatemala Sentencia de 19 de noviembre 1999 “193. El Tribunal ha señalado anteriormente que esta orientación tiene particular importancia para el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, el que ha avanzado sustancialmente mediante la interpretación evolutiva de los instrumentos internacionales de protección. Sobre el particular, esta Corte ha entendido que 194. Tanto la Convención Americana como la Convención sobre los Derechos del Niño forman parte de un muy comprensivo corpus juris internacional de protección de los niños que debe servir a esta Corte para fijar el contenido y los alcances de la disposición general definida en el artículo 19 de la Convención Americana”. 43El interés superior del niño en la jurisprudencia penal juvenil de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Universidad de Costa Rica, Revista Electrónica de Estudios Penales y de la Seguridad, Llobet.. Javier

44 OC-17/2002 de 28 de agosto de 2002, pág. 29.

45 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso “Instituto de Reeducación del Menor” Vs. Paraguay, Sentencia de 2 de setiembre de 2004 (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas).

46 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso “Instituto de Reeducación del Menor” Vs. Paraguay, Sentencia de 2 de setiembre de 2004, Serie C No. 112, párrs. 212, 225, 228 y 230, (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas).

47 Observaciones finales: Antigua y Barbuda, CRC/C/15/Add.247, 3 de noviembre de 2004, párr. 68 y 69.

48 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Mendoza y otros Vs. Argentina, Sentencia de 14 de mayo de 2013, (Excepciones Preliminares, Fondo y Reparaciones).

49 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Pacheco Terurel y otros Vs. Honduras, Sentencia de 30 de mayo de 1999, (Fondo, Reparaciones y costas).

50 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Gomez Paquiyauri Vs. Perú, Sentencia de 8 de julio de 2004, 8 de julio de 2004. Serie C No. 110, párr. 83., (Fondo, Reparaciones y costas).

51 Opinión OC‐17/02 del 28 de agosto de 2002. Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño. Serie A, No. 17, páginas 22, 23, 24 y 25.

52 Página de Google de la CIDH.

53 Justicia y Derechos del Niño, Número 1, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), Santiago de Chile, Noviembre de 1999, páginas. 18-20.

54 art. 281 y siguientes del Código del Menor.

55 art. 297 y siguientes del Código del Menor.

56 art. 208 del Código del Menor.

57 Código del Niño, Niña y Adolescente -Ley 2026-“ Libro Tercero de Protección Jurídica, de la Responsabilidad, de la Jurisdicción y de los Procedimientos”.

58 Sección V. arts. 58 al 61 de la CPE.

59 “ARTÍCULO 5. (SUJETOS DE DERECHOS). Son sujetos de derechos del presente Código, los seres humanos hasta los dieciocho (18) años cumplidos, de acuerdo a las siguientes etapas de desarrollo: a) Niñez, desde la concepción hasta los doce (12) años cumplidos; y b) Adolescencia, desde los doce (12) años hasta los dieciocho (18) años cumplidos”.

60 art. 8.I de la Ley 548.

61 art. 12 de la Ley 548.

62 Libro III Sistema Penal, Responsabilidad y Garantías de la Ley 548.

63 art. 8.II de la CPE.

64 art. 262 de la Ley 548.

65 art. 256 de la CPE.

66 EN el F.J. III.8 señaló que: “...resulta imprescindible realizar una ponderación de los bienes que en este caso se presentan como contrapuestos: el derecho a la defensa del imputado, y el derecho de la víctima de delitos sexuales a no ser sometida a nueva victimización al tener que prestar su declaración en presencia de su agresor. Conviene recordar, al respecto, que el art.

28 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre señala que: "Los derechos de cada hombre están limitados por los derechos de los demás, por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bienestar general y el desenvolvimiento democrático". Comúnmente se dice que la ponderación consiste en dilucidar hasta qué punto está justificado respetar un derecho fundamental cuando hay otros intereses que deben ser atendidos. Se supone que todos los derechos deben ceder ante la exigencia de mayor valor, de modo que el Juez, que es el intérprete en general, habrá de sopesar el valor respectivo del derecho y de los argumentos para sacrificarlo, para decidir, en consecuencia, a favor del derecho o de su sacrificio total o parcial. La ponderación debe entenderse como la armonización de principios constitucionales, guiada por las ideas de unidad de la Constitución y primacía de los derechos fundamentales”.

67 En el F.J.III.2 respecto al principio de ponderación de bienes y derechos señala que: “A tiempo de desarrollar el principio de ponderación de derechos, la jurisprudencia prevista en la SC 1497/2011-R de 11 de octubre, indicó lo siguiente: “Es necesario realizar ineludiblemente una ponderación de derecho, situación que se presenta eventualmente, en ocasiones en la que los derechos fundamentales de unas personas entran en conflicto respecto a los de otras. Derivando en la protección respecto a uno de ellos, sin que esto implique el desconocimiento de los otros. Sino una valoración preferente en atención a que los derechos fundamentales no son absolutos, al estar limitados por los derechos de los demás. Considerando además que, no se agotan en la simple consagración en el texto constitucional, sino que están urgidos de realización material plena, dentro de ello, de su eficaz protección ante cualquier lesión o menoscabo que pudieran sufrir, debiendo para ello, el Estado, adoptar las medidas necesarias tendientes a su efectivización. Así, la SC 0618/2011-R de 3 de mayo, estableció que: '…la ponderación consiste en dilucidar hasta qué punto está justificado respetar un derecho fundamental cuando hay otros intereses que deben ser atendidos. La ponderación debe entenderse como la armonización de principios constitucionales, guiada por las ideas de unidad de la Constitución y primacía de los derechos

70 “La motivación de los fallos judiciales está vinculada al derecho al debido proceso y a la tutela jurisdiccional eficaz, consagrados en el art. 16.IV Constitucional, y se manifiesta como el derecho que tienen las partes de conocer las razones en que se funda la decisión del órgano jurisdiccional, de tal manera que sea posible a través de su análisis, constatar si la misma está fundada en derecho o por el contrario es fruto de una decisión arbitraria; sin embargo, ello no supone que las decisiones jurisdiccionales tengan que ser exhaustivas y ampulosas o regidas por una particular estructura; pues se tendrá por satisfecho este requisito aun cuando de manera breve, pero concisa y razonable, permita conocer de forma indubitable las razones que llevaron al Juez a tomar la decisión; de tal modo que las partes sepan las razones en que se fundamentó la resolución; y así, dada esa comprensión, puedan también ser revisados esos fundamentos a través de los medios impugnativos establecidos en el ordenamiento; resulta claro que la fundamentación es exigible tanto para la imposición de la detención preventiva como para rechazarla, modificarla, sustituirla o revocarla” (el resaltado nos corresponde).

71 El art. 398 del CPP señala que: “Los tribunales de alzada circunscribirán sus resoluciones a los aspectos cuestionados de la resolución”.

72 El art. 236 del CPP modificado por el art. 11 de la Ley 1173 de 3 de mayo de 2019, vigente desde el 4 de noviembre del mismo año, señala: “El auto que disponga la aplicación de una medida cautelar personal, será dictado por la jueza, el juez o tribunal del proceso y deberá contener: 1. Los datos personales del imputado o su individualización más precisa; 2. El número único de causa asignada por el Ministerio Público y la instancia jurisdiccional correspondiente; 3. Una sucinta enunciación del hecho o hechos que se le atribuyen; 4. La fundamentación expresa sobre los presupuestos que motivan la medida, con las normas legales aplicables; 5. El lugar de su cumplimiento; 6. El plazo de duración de la medida”.

77 “…la suscrita Magistrada, en atención a lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.2.1 de este fallo, considera que, en un Estado constitucional de derecho, como lo asumido por el nuestro, que por voluntad del constituyente, se incorporaron en la Constitución Política del Estado, un conjunto de derechos y garantías constitucionales en favor de las personas, que constituyen al Estado Plurinacional de Bolivia, en un Estado garantista; lo cual, implica que, el Tribunal Constitucional Plurinacional, conforme al art. 196 de la CPE en su misión de precautelar por la vigencia de los derechos y garantías constitucionales, debe ajustar sus razonamientos al carácter progresivo y al principio de favorabilidad de los derechos fundamentales (arts. 13.I y 256.I de la CPE); en ese entender, es imperioso aplicar entendimientos y razonamientos más favorables y menos restrictivos para el acceso a la justicia constitucional en cuanto a su invocación de tutela; razón por la cual, respecto a las denuncias de vulneraciones relacionadas a la valoración de la prueba, esta Magistratura luego de advertir dos entendimientos diferentes al respecto, en apego a la jurisprudencia constitucional desarrollada en el citado Fundamento Jurídico III.2.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, opta por seguir y aplicar las razones jurisprudenciales desarrolladas en la SCP 0297/2018- S2, que se constituyen en el estándar más alto conforme lo desplegado en el Fundamento Jurídico III.2.1 de este fallo.”

78 Corte IDH, Caso Fernández Ortega y Otros Vs. México, Sentencia de 30 de agosto de 2010 (Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas). Parr. 100.

79 Parr. 150. En lo que respecta casos de alegada violencia sexual, la Corte ha señalado que las agresiones sexuales se caracterizan, en general, por producirse en ausencia de otras personas más allá de la víctima y el agresor o los agresores. Dada la naturaleza de estas formas de violencia, no se puede esperar la existencia de pruebas gráficas o documentales y, por ello, la declaración de la víctima constituye una prueba fundamental sobre el hecho.

80 Corte IDH, Caso Veliz Franco y Otros Vs. Guatemala, Sentencia de 19 de mayo de 2014 (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas). Parr. 208.

81 La Constitución Política del Estado en su art. 203 determinó que: “Las decisiones y sentencias del Tribunal Constitucional Plurinacional son de carácter vinculante y de cumplimiento obligatorio, y contra ellas no cabe recurso ordinario ulterior alguno.”

82 El Código Procesal Constitucional establece: “Artículo 15°. - (Carácter obligatorio, vinculante y valor jurisprudencial de las sentencias) Las sentencias, declaraciones y autos del Tribunal Constitucional Plurinacional son de cumplimiento obligatorio para las partes intervinientes en un proceso constitucional; excepto las dictadas en las acciones de inconstitucionalidad y recurso contra tributos que tienen efecto general. Las razones jurídicas de la decisión, en las resoluciones emitidas por el Tribunal Constitucional Plurinacional constituyen jurisprudencia y tienen carácter vinculante para los Órganos del poder público, legisladores, autoridades, tribunales y particulares.”

seriedad, resultarían, en cierto modo, auxiliados por el poder público, lo que comprometería la responsabilidad internacional del Estado.”

88 Corte IDH. Caso Kawas Fernández Vs. Honduras. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de abril de 2009. Párr. 101.

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0203_2024-S1.pdf · páginas 1 a 84.

Huella digital del PDF (SHA-256): 647150dd4eccdadd93901c905385349b46ec177d0957ae6cf10bcd0c656e3328

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