Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Tercera · 1 de abril de 2025
Deniega la tutela
La accionante denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso en sus componentes fundamentación, motivación, congruencia y valoración de la prueba; a la defensa, y a la justicia; así como, de los principios de seguridad jurídica, legalidad, especificidad y taxatividad; aduciendo que, dentro del proceso civil ejecutivo de estructura monitoria seguido en su contra a instancia de Mary Sol Caro Navía -tercera interesada-, los Vocales demandados mediante Auto de Vista 239/2022 de 28 de junio, manifestaron que el que el art. 1497 del CC, no resultaba aplicable por cuanto en procesos ejecutivos la prescripción está expresamente normada, inobservando los Autos Supremos 930/2015 de 14 de octubre y 1090/2015 de 23 de noviembre, que establecen jurisprudencia aplicable a dicha excepción. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 21/2023 de 14 de febrero, cursante de fs. 101 a 103 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro; y en consecuencia DENEGAR la tutela solicitada.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0202/2025-S3 Sucre, 01 de abril de 2025 SALA TERCERA Magistrada Relatora: Paola Verónica Prudencio Candia Acción de amparo constitucional Expediente: 53676-2023-108-AAC Departamento: Oruro En revisión la Resolución 21/2023 de 14 de febrero, cursante de fs. 101 a 103 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Reynata Pacheco Arnez contra Primo Martínez Fuentes y Ricardo Edgar Flores Carvajal Vocales de la Sala Civil y Comercial de Familia Niñez y Adolescencia Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro.
Por memoriales presentados el 26 de enero y 2 de febrero de 2023, cursante de fs. 1 a 9 vta., y 30 a 31 vta., la accionante refirió que:
Dentro el proceso civil ejecutivo de estructura monitoria seguido en su contra, a instancia de Mary Sol Caro Navía -ahora tercera interesada-, la Jueza Publica Civil y Comercial Quinta de la Capital del departamento de Oruro emitió Sentencia Inicial 3/2021 de 17 de noviembre, que fue ejecutoriada por Auto de 1 de febrero de 2022, anoticiada de ese extremo el 7 de igual mes y año, se apersonó presentando incidente de prescripción extintiva o liberatoria conforme el art. 1497 del Código Civil (CC), norma que no mereció actividad intelectiva por parte de las “…autoridades jurisdiccional para comprender los alcances del art. 1479…” (sic) del citado Código obteniendo como respuesta el Auto Interlocutorio de 13 de abril de 2022, que rechazó su incidente; por lo cual, planteó recurso de reposición bajo alternativa de apelación.
Como resultado de esa impugnación los Vocales demandados pronunciaron el Auto de Vista 239/2022 de 28 de junio, confirmando el citado Auto Interlocutorio; con el razonamiento de que el art. 1497 del CC, no resultaba aplicable por cuanto en procesos ejecutivos la prescripción está expresamente normada, siendo la regla que dictada la sentencia inicial y puesta en conocimiento del demandado este puede invocar el referido instituto jurídico dentro el plazo de diez días; más aún cuando el art. 381.6 del Código Procesal Civil (CPC) otorga la posibilidad de formular dicha excepción; desconociendo las mencionadas autoridades que el art 1497 del CC establece que la prescripción puede interponerse inclusive en ejecución de sentencia realizando de esa forma una abusiva y arbitraria interpretación de ese mecanismo intraprocesal, obviando aplicar la amplia jurisprudencia sobre la materia contenida en los Autos Supremos 930/2015 de 14 de octubre y 1090/2015 de 23 de noviembre; por tal motivo se encuentra en un estado absoluto de indefensión.
Denunció la lesión de sus derechos al debido proceso en sus componentes fundamentación, motivación, congruencia y valoración de la prueba; a la defensa, y de los principios de seguridad jurídica, legalidad, especificidad y taxatividad citando al efecto los arts. 115.II, de la Constitución Política del Estado (CPE); y, 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).
Solicitó se conceda la tutela, disponiendo: a) Se Anule el Auto de Vista 239/2022 y que Sala Civil, Comercial, Familiar, Niñez y Adolescencia Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro de conformidad al art. 1497 del CC declare la prescripción del derecho patrimonial consistente en la suma de $us3 500.- (tres mil quinientos dólares estadounidenses); y, b) Condene en costas, daños y perjuicios.
Celebrada la audiencia pública el 14 de febrero de 2023, según consta en acta cursante de fs. 97 a 100, se produjeron los siguientes actuados:
La accionante a través de su abogado, ratificó el contenido íntegro de la acción de amparo constitucional, y ampliándolo señaló que: 1) En cuanto a lo informado por las autoridades demandadas respecto a que no se cumplió con el plazo de inmediatez, debió considerarse que se ingresó a un periodo de vacaciones judiciales y que “…según lo emitido por el Consejo de la Magistratura, se cortaban todos los plazos procesales, entonces prácticamente dándonos un tiempo más amplio...” (sic); y, 2) Formuló su solicitud de prescripción conforme la línea jurisprudencia de los Autos Supremos 930/2015 y 1090/2015, toda vez que esos fallos versan sobre el art. 1497 del CC y la oportunidad de presentar tal instituto jurídico, que en la práctica puede ser formulado en cualquier estado del proceso inclusive en ejecución de sentencia; de ese modo se lesionaron sus derechos a “la justicia”, defensa y debido proceso.
Primo Martínez Fuentes y Ricardo Edgar Flores Carvajal, Vocales de la Sala Civil y Comercial de Familia Niñez y Adolescencia Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, por informe escrito de 9 de febrero de 2023, cursante de fs. 47 a 48, sostuvieron que: i) La accionante pretendía se asuma una interpretación errada del art. 1497 del CC, forzando sus alcances sin llegar a comprender que en el proceso que la atañe al ser de estructura monitoria cuenta con reglas propias; ii) El Auto de Vista 239/2022 fue pronunciado el 28 de junio de 2022, y notificado a la impetrante de tutela a horas 8:37 del 29 de idéntico mes y año; y, iii) De la revisión al cargo de presentación de esta acción tutelar se advierte que fue recibida a horas 16:30 del 26 de enero de 2023 es decir fuera del plazo que prevén el art. 129.II de la CPE, incumpliendo con el principio de inmediatez; puesto que los seis meses que otorga la norma se cumplieron el 29 de diciembre de 2022.
Mary Sol Caro Navía, en audiencia de garantías, a través de su abogado, solicitaron se “…rechace el presente amparo…” (sic), con base en los siguientes argumentos: a) Como demandante en el proceso ejecutivo de estructura monitoria efectuó todos los actuados conforme a procedimiento, realizando las notificaciones como corresponde y presentando memoriales en respuesta de los recursos formulados por la ahora peticionante de tutela; y, b) Ratifica el informe presentado por los Vocales demandados.
La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, por Resolución 21/2023 de 14 de febrero, cursante de fs. 101 a 103 vta., denegó la tutela solicitada, con base en los siguientes fundamentos: 1) Al identificar la impetrante de tutela el Auto de Vista 239/2022, como la génesis de la presunta lesión a sus derechos, el cómputo de los seis meses de plazo propio de esta acción de defensa debía computarse desde su notificación con tal determinación es decir el 29 de junio de 2022; 2) Este mecanismo constitucional fue presentado el 26 de enero de 2023, es decir fuera del indicado plazo, al respecto la impetrante de tutela adujo que durante el periodo de vacaciones judiciales se hubiese dispuesto la suspensión de plazos; no obstante, tal afirmación es errónea, puesto que se emitió un acuerdo de Sala Plena del citado Tribunal Departamental de Justicia que designó a la Sala Constitucional Segunda de dicho Tribunal a ingresar de turno; y, 3) Este mecanismo constitucional fue presentado de forma extemporáneo incumpliéndose con el principio de inmediatez.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:
II.1. Mediante Auto Interlocutorio de 13 de abril de 2022, la Jueza Pública Civil y Comercial Quinta de la Capital del departamento de Oruro rechazó el incidente de prescripción interpuesto por Reynata Pacheco Arnez -accionante- (fs. 83 a 84 vta.). II.2. Como resultado del recurso de reposición bajo alternativa de apelación formulado el 21 de abril de 2022, por la impetrante de tutela contra la precitada determinación, Primo Martínez Fuentes y Ricardo Edgar Flores Carvajal, Vocales de la Sala Civil y Comercial de Familia, Niñez y Adolescencia Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro -demandados-, emitieron el Auto de Vista 239/2022 de 28 de junio de 2022, confirmando el precitado Auto Interlocutorio, determinación que fue notificada a la accionante el 29 de junio de 2022 a horas 8:37 (fs. 89 a 92 vta. y 93 vta.). II.3. Según el formulario del Sistema Integrado de Registro Judicial (SIREJ) la causa fue presentada el 26 de enero de 2023 (fs. 1).
La accionante denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso en sus componentes fundamentación, motivación, congruencia y valoración de la prueba; a la defensa, y a la justicia; así como, de los principios de seguridad jurídica, legalidad, especificidad y taxatividad; aduciendo que, dentro del proceso civil ejecutivo de estructura monitoria seguido en su contra a instancia de Mary Sol Caro Navía -tercera interesada-, los Vocales demandados mediante Auto de Vista 239/2022 de 28 de junio, manifestaron que el que el art. 1497 del CC, no resultaba aplicable por cuanto en procesos ejecutivos la prescripción está expresamente normada, inobservando los Autos Supremos 930/2015 de 14 de octubre y 1090/2015 de 23 de noviembre, que establecen jurisprudencia aplicable a dicha excepción. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
El art. 129.II de la CPE, prevé que la acción de amparo constitucional podrá interponerse en el plazo de seis meses, computables desde la comisión de la vulneración alegada o de notificada la última decisión administrativa o judicial; en armonía con ello, el art. 55.I del Código Procesal Constitucional (CPCo), establece con claridad que: “La Acción de Amparo Constitucional podrá interponerse en el plazo máximo de seis meses, computable a partir de la comisión de la vulneración alegada o de conocido el hecho” (las negrillas son propias). Bajo ese marco, resulta menester recurrir además al criterio emitido por la SCP 0871/2014 de 12 de mayo, que señaló: ”…La jurisprudencia del Tribunal Constitucional, desarrolló una interpretación pedagógica, sobre el alcance del principio de inmediatez, estableciendo su comprensión desde un punto de vista positivo y negativo, en función a su naturaleza protectora de derechos y garantías, así como la objetividad de los hechos que deben ser puestos a consideración del Juez o Tribunal de garantías, así la SC 0921/2004-R de 15 de junio, señaló: 'el Tribunal de amparo hizo una incorrecta interpretación de la naturaleza jurídica y alcances del principio de inmediatez, cabe aclarar que dicho principio tiene dos elementos; uno positivo, lo que significa que el amparo constitucional es una vía tutelar para la protección inmediata de los derechos fundamentales vulnerados por actos u omisiones ilegales o indebidas, lo que implica que esta vía se activa inmediatamente de haberse producido la lesión, sino hubieren otras vías, o de haber agotado las vías legales ordinarias idóneas y efectivas si es que existen; y otro negativo, lo que significa que la persona titular de los derechos fundamentales vulnerados, debe activar inmediatamente el amparo constitucional, no dejando pasar lapsos de tiempo prolongado que la hagan ineficiente a esta vía tutelar; a cuyo efecto este Tribunal ha establecido, por vía jurisprudencial un plazo razonable de seis meses'.
Similar criterio contiene la SC 0852/2010-R de 10 de agosto, haciendo referencia a la SC 1157/2003-R de 15 de agosto, al señalar que: '...el principio de preclusión de los derechos para accionar, pues por principio general del derecho ningún actor procesal puede pretender que el órgano jurisdiccional esté a su disposición en forma indefinida, sino que sólo podrá estarlo dentro de un tiempo razonable, pues también es importante señalar que si en ese tiempo el agraviado no presenta ningún reclamo implica que no tiene interés alguno en que sus derechos y garantías le sean restituidos'.
Finalmente y sobre el principio en análisis, la SCP 1427/2012 de 24 de septiembre, sostiene la siguiente concepción: 'se puede advertir en síntesis que la presentación de la acción de amparo constitucional fuera del plazo de los seis meses, responde al tiempo prudente de tolerancia o aceptación del acto lesivo que se acusa, caso contrario, ante la jurisdicción constitucional opera el principio de preclusión del derecho de acudir a esta acción tutelar; en ese sentido, si la persona supone que se le han vulnerado sus derechos o garantías constitucionales, esta de forma diligente y sin esperar que transcurra el tiempo -más de los seis meses- debe dirigirse a la jurisdicción constitucional, caso contrario se considera su interposición como extemporánea, situación que inhabilita el ingreso al análisis de fondo de la problemática planteada'” (las negrillas son añadidas).
De antecedentes se advierte que dentro un proceso ejecutivo de estructura monitoria la Jueza Pública Civil y Comercial Quinta de la Capital del departamento de Oruro, pronunció el Auto Interlocutorio de 13 de abril de 2022, por el cual, rechazó el incidente de prescripción interpuesto por la accionante el 7 de febrero del indicado año, (Conclusión II.1); en virtud a ello la prenombrada formuló recurso de reposición bajo alternativa de apelación el 21 de abril de 2022, obteniendo como respuesta el Auto de Vista 239/2022 pronunciado por los Vocales ahora demandados, quienes confirmaron el precitado Auto Interlocutorio, determinación que fue notificada a la accionante a horas 8:37 del 29 de junio de 2022 (Conclusión II.2). En ese marco, el impetrante de tutela denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso en sus componentes fundamentación, motivación, congruencia y valoración de la prueba; a la defensa, y a la justicia; así como, de los principios de seguridad jurídica, legalidad, especificidad y taxatividad identificado como acto lesivo el Auto de Vista 239/2022. Ahora bien dada la naturaleza de la acción de amparo constitucional, su activación procede sobre la base de los principios constitucionales de inmediatez y subsidiariedad, salvo supuestos excepcionales plenamente justificados; en ese contexto se tiene que: i) Los autos de vista en procesos monitorios de acuerdo a procedimiento no reconocen recurso ulterior por lo cual el primer requisito estaría superado al no contar el impetrante de tutela con otro medio o recurso legal para reclamar la protección de sus derechos; y, ii) Por otro lado en cuanto al principio de inmediatez se debe efectuar el cómputo del plazo señalado en el art. 55.I del CPCo, para formular esta acción de defensa desde la notificación con el Auto de Vista a la impetrante de tutela, que conforme la diligencia cursante de fs. 93 vta. tuvo lugar el 29 de junio de 2022, a horas 8:37; en contraste con el formulario de recepción de esta acción de defensa (fs. 1) que data del 26 de enero de 2023 a horas 15:49 hubieran transcurrido más de seis meses. Es prudente aclarar que la impetrante de tutela sostuvo que al ingresar en vacaciones judiciales los plazos se habrían suspendido, razonamiento erróneo por cuanto tal determinación es aplicable a los procesos en trámite ante la jurisdicción ordinaria bajo determinados parámetros, y no así para el cómputo de los seis meses propios de esta acción tutelar; por tal razón, en el caso concreto no concurre ninguna causal para la interrupción de los seis meses, máxime si durante ese periodo de descanso judicial se contaba con una sala constitucional de turno, despacho ante el cual la accionante estaba constreñida a interponer este mecanismo constitucional de forma oportuna. En ese entendido, esta acción de defensa fue interpuesta fuera del plazo establecido en la normativa procesal constitucional vigente, cuya observancia y cumplimiento eran responsabilidad de la impetrante de tutela siendo inviable que este Tribunal pueda superar tal aspecto, infringiéndose el principio de inmediatez que deviene de la naturaleza de este mecanismo constitucional, siendo una de sus principales características la prontitud y efectividad para brindar la tutela debida, reparación y restablecimiento de los derechos y garantías fundamentales presuntamente lesionados, conforme se tiene glosado en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, corresponde denegar la tutela solicitada. En consecuencia, la Sala constitucional al haber denegado la tutela impetrada, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 21/2023 de 14 de febrero, cursante de fs. 101 a 103 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro; y en consecuencia DENEGAR la tutela solicitada. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia
MAGISTRADA
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0202_2025-S3.pdf · páginas 1 a 8.
Huella digital del PDF (SHA-256): da7dc938e1baf52623669e38f9a9714899b3bec8d62f336deee123fbf084c27e
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