B.IA.LEGAL

SCP 0201/2023-S2

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Segunda · 25 de abril de 2023

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Segunda
Fecha
25 de abril de 2023
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrado relator
MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano
Expediente
46566-2022-94-AAC
Departamento
Santa Cruz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

Los accionantes denuncian la vulneración de sus derechos al debido proceso, de petición y a una resolución fundamentada y motivada; señalando que el Gobierno Autónomo Municipal de Cotoca del departamento de Santa Cruz, de manera arbitraria y sin su consentimiento modificó el código catastral y la base imponible que le correspondía al bien inmueble rustico de su propiedad, a cuyo efecto solicitaron su modificación al anterior que tenía, recibiendo en respuesta una nota sin la necesaria explicación sobre lo solicitado, lo que motivo dedujeran recursos de revocatoria y jerárquico ante esas instancia municipales.

En revisión, corresponde verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 02/2022 de 4 de enero, cursante de fs. 108 vta. a 112 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Sobre la motivación y fundamentación de las resoluciones judiciales o administrativas como componente del debido proceso. Jurisprudencia reiterada
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0201/2023-S2 Sucre, 25 de abril de 2023 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano Acción de amparo constitucional Expediente: 46566-2022-94-AAC Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 02/2022 de 4 de enero, cursante de fs. 108 vta. a 112 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Juanita Mónica Maldonado de Guzmán y Samuel Félix Maldonado Salvatierra contra Raúl Gonzalo Alvis Claudio, Alcalde y Paul Ardaya, Director de Catastro, ambos del Gobierno Autónomo Municipal de Cotoca del departamento de Santa Cruz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 17 de diciembre de 2021, cursante de fs. 72 a 80, los accionantes, expresaron lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Desde 1997, luego de la compra del fundo rústico denominado “El Campanero”, ubicado en el municipio de Cotoca del departamento de Santa Cruz y habiendo cancelado de manera regular sus impuestos el año 2017, al momento de apersonarse a las oficinas de dicha comuna, les informaron que no existían datos respecto a los límites, colindancias y registro alguno de la propiedad de dicho inmueble, para ese efecto era necesario realizar un levantamiento topográfico de la propiedad en cuestión, lo que efectuaron a través de un agrimensor de la entidad municipal, cancelando por ese trabajo Bs3251.- (tres mil doscientos cincuenta y un bolivianos). Es así que el 2022, acudieron a las oficinas municipales con la finalidad de cancelar los impuestos, pues desde el 2017, cuando se realizó el levantamiento, por factores ajenos a su voluntad no pudieron retornar al municipio a pagar los tributos correspondientes, ocasión en el que fueron sorprendidos con una deuda por este concepto desde la gestión 2016, de Bs44 959.- (cuarenta y cuatro mil novecientos cincuenta y nueve bolivianos), no obstante que, el último impuesto cancelado el 2015, era de Bs459.- (cuatrocientos cincuenta y nueve bolivianos). El Gobierno Autónomo Municipal de Cotoca, al cambiar el código catastral que correspondió a su inmueble sin autorización alguna los perjudicó, por esa razón presentaron recursos y memoriales solicitando información sobre el incremento sufrido en el pago de impuestos; el 22 de diciembre de 2020, obtuvieron respuesta de la indicada entidad municipal sin mayores explicaciones, limitándose a proporcionarle el nuevo código catastral, en el que fue sustituida la superficie del inmueble y la supuesta base imponible, citando la Ley Autonómica Municipal 49/2019 de 29 de noviembre y el Decreto Edil 172/2019 de 21 de igual mes, manifestando que ambos habrían sido puestos en nuestro conocimiento de manera verbal; de ahí que, al no contar con una respuesta detallada, fundamentada y concreta, interpusieron recurso de revocatoria el 7 de enero de 2021, al no tener respuesta a dicho recurso presentaron recurso jerárquico el 4 de marzo de igual año, con el mismo argumento del recurso de revocatoria; sin embargo, pese a los reiterados apersonamientos a las oficinas de la comuna, jamás se les hizo conocer respuesta alguna relativa bajo qué criterios se hizo la actualización de datos y el cambio del código catastral. La normativa edil citada en el Anexo III, establece que para dicho impuesto utiliza un sistema automático de liquidación, sobre la base de una declaración que efectúa el contribuyente; empero, tampoco presentaron ningún formulario de declaración jurada o autoliquidación, como prevé dicha norma, sumándose a ello que el municipio no sabía desde que año les iban a cobrar impuestos con esa nueva escala impositiva, la que también pretenden aplicarla de manera retroactiva, pues de la última proforma que obtuvieron el 2 de septiembre 2021, se tiene que adeudan desde la gestión 2013, pese a que cancelaron los impuestos hasta el 2015; no obstante que, el predicho Decreto Edil 172/2019 en su art. 1, instruyó el cobro del impuesto municipal a la propiedad de bienes inmuebles para la gestión 2019 con el descuento del 15% a partir del 2 de enero de 2020.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Señalaron como lesionados sus derechos al debido proceso, de petición y a una resolución fundamentada y motivada, citando al efecto los arts. 24 y 115 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitaron se conceda la tutela; y en consecuencia, se restituya el código catastral anterior y cualquier otra modificación en los trámites sea bajo su consentimiento, respetando el debido proceso.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia virtual el 4 de enero de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 102 a 108, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

Los accionantes a través de su abogado, ratificaron in extenso los argumentos contenidos en la demanda tutelar, añadiendo que: a) Juanita Mónica Maldonado de Guzmán, en su condición de copropietaria de un inmueble rústico denominado “El Campanero”, registrado en Derechos Reales (DD.RR.) bajo la matrícula computarizada 7.01.1.06.014935, con código catastral 070102-5020788039118, pagaba un impuesto anual a la propiedad de Bs439.-, hasta la gestión 2015; no obstante, cuando se apersonó al municipio en la gestión 2020 y 2021, se encontró con la sorpresa de que aparentemente no habría pagado ningún impuesto a la propiedad, y era deudora al municipio de Cotoca desde la gestión 2013; por cuanto, la comuna procedió de forma arbitraria y unilateral a modificar el código catastral de su inmueble, lo que incidió en la base imponible y por ende también en el monto del impuesto anual de Bs439.- a Bs14 000.- (catorce mil bolivianos) que sumado desde la gestión 2013 al 2021, adeudaría al municipio de Cotoca la suma de Bs257 000.-(doscientos cincuenta y siete mil bolivianos); b) Es así que, pidió mediante nota explicación de la razón o motivo del por qué su base imponible y su certificado catastral fueron modificados sin su consentimiento; toda vez que, cualquier alteración en los registros tenía que ser necesariamente solicitada a petición de parte; es decir, debería existir un formulario mediante el cual el propietario peticione la actualización del certificado catastral; sin embargo, cuando requirieron una explicación el municipio se limitó a señalar que la modificación fue realizada por la comuna en mérito a un decreto municipal sin mayor fundamentación, porque ya había la Ley Autonómica Municipal 049/2019 de 29 de noviembre, omitiendo informar si existió un formulario de solicitud de actualización de código catastral o petición de reajuste de la base imponible y demás antecedentes; c) Recibida esa respuesta insuficiente y omisiva, interpusieron recurso de revocatorio contra la misma, el que tampoco fue respondido, así que amparados en el silencio informativo, citado en el procedimiento administrativo, interponen recurso jerárquico, por silencio administrativo, que no fue respondido, agotando la vía recursiva a los fines de la subsidiariedad; d) Por estos antecedentes, vulneraron el derecho al debido proceso al omitir cumplir un procedimiento; toda vez que, para modificar el código catastral es necesaria la solicitud expresa del propietario; el municipio, tampoco presentó prueba alguna sobre cuál la razón de modificación del código catastral, no indicaron el trámite administrativo que el municipio realizó para el cambio efectuado en un inmueble de propiedad privada; e) Consideran que se lesionó la seguridad jurídica de todo el municipio de Cotoca, habida cuenta que a sola discreción del Alcalde o del Director de Catastro, podría modificarse cualquier base imponible, número de inmueble, código catastral; de ahí que, la documentación que uno tiene en su condición de propietario, perdería efecto porque el municipio de un día para el otro puede cambiar; y, f) La falta de respuesta a las resoluciones de los recursos de revocatoria y jerárquico, es una vulneración del debido proceso en su vertiente de fundamentación y motivación. Solicitando que la autoridad municipal -anulando obrados- sobre estos trámites administrativos y restituyendo el antiguo código catastral, y si es que el propietario quiere modificar su código catastral tiene que existir una petición expresa de su parte, por cuanto el municipio administra, pero no puede modificar los códigos catastrales o los números de inmuebles como si ellos fuesen los propietarios.

I.2.2. Informe de los demandados

Raúl Gonzalo Alvis Claudio, Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Cotoca del departamento de Santa Cruz, en audiencia a través de sus abogados, peticionó se deniegue la tutela, en mérito a los siguientes argumentos: 1) No es evidente que no respondieron a la petición formulada por los accionantes, lo que consta en la acción de amparo constitucional, cuando indicaron que el 8 de diciembre de 2020, solicitaron información sobre el incremento al impuesto municipal a la propiedad de bienes inmuebles de su terreno de 16 ha.; es decir, con una superficie bastante extensa, ubicado en el segundo anillo de la ciudad de Cotoca, que anteriormente era, según los impetrantes de tutela, cerca de Bs500.- (quinientos bolivianos) como impuesto anual, cifra ínfima para un inmueble de tal extensión; 2) Adjuntaron carta de respuesta, haciéndoles conocer la actualización de la base imponible sustentada en normas municipales, cursantes en obrados que fueron acompañados con la Ley Autonómica Municipal 027/2016 de 6 de diciembre, “…Ley autonómica municipal 018/2019…” (sic) y el Decreto Edil 078/2019 de 16 de abril, que responden a una valuación zonal de toda la superficie que están dentro del municipio de Cotoca, tanto del área rural como urbana, ya que dentro de las competencias de todo gobierno autónomo municipal, están justamente la prevista en el art. 302.10, de catastro urbano en el ámbito de su jurisdicción y también lo que corresponde a la creación, modificación y administración de impuestos de carácter municipal, en el núm. 19; leyes municipales dictadas para la administración de estos impuestos de carácter municipal de acuerdo a la Ley de clasificación y definición de impuestos y de regulación para la creación y/o modificación de impuestos de dominio de los gobiernos autónomos, Ley de clasificación y definición de impuestos y de regulación para la creación y/o modificación de impuestos de dominio de los gobiernos autónomos -Ley 154 de 14 de julio de 2011- emitida en el marco del art. 321 de la CPE, que prevé que el Gobierno Central debe clasificar los impuestos y los gobiernos municipales, entre ellos el de Cotoca, pronuncian leyes referidas a los tributos de carácter municipal, a lo que responde esa Ley edil, actualizando los valores catastrales para que los contribuyentes de este municipio valoricen sus terrenos en términos económicos y también en la recaudación del municipio, para la atención de las diferentes competencias como salud y educación, que son beneficiados por una mayor recaudación; 3) Tal antecedente fue dado a conocer al administrado, en el caso a los demandantes de tutela; no obstante, el fondo del asunto es que ellos no estarían de acuerdo con pagar más impuestos a la comuna por su terreno de 16 ha., y no la falta de respuesta y explicación, pues el Director de Catastro, después de entregarles la nota les dio una explicación técnica de cómo opera esa actualización, en base a la precitada Ley, y cómo se actualiza el sistema informático a cargo de la Dirección de Catastro y Recaudación, y los contribuyentes puedan pagar ajustándose a la nueva valuación en el municipio; 4) En relación al recurso de revocatoria presentado, también contó con una respuesta oportuna; sin embargo, como la solicitud era confusa, mediante decreto de 31 de mayo de 2021, -notificado en tablero de Secretaría Municipal conforme la Ley de Procedimiento Administrativo) pues no dejaron domicilio real ni procesal- debían subsanar aspectos formales a los cuales ajustar su petitorio, al no hacerlo emitieron el Decreto Edil 451/2021, dando por desistida la pretensión; 5) En cuanto al derecho al debido proceso, los peticionantes de tutela adujeron una modificación unilateralmente del código catastral, para lo que no estaría facultado el Gobierno Autónomo Municipal de Cotoca; no obstante, ello es una de sus competencias exclusivas, a saber la creación, modificación y administración de tributos municipales, de la que emergen tres potestades: la legislativa, a través de la emisión de leyes municipales; la reglamentaria, mediante decretos ediles que regulan la ley; y la ejecutiva, que implica la toma de decisiones y acciones, relativas al catastro urbano y a los impuestos municipales; 6) Todos los gobiernos municipales realizan esta actividad sin el permiso de ningún administrado, en el marco de lo determinado en el Código Tributario Boliviano, ya sea a nivel nacional, municipal o departamental, estableciendo la base imponible, los sujetos pasivos y activos, la alícuota, el hecho generador, con base en las disposiciones constitucionales contenidas en los arts. 321 y siguientes de la CPE sobre política fiscal y el 323 de igual Norma Suprema, que dispone la forma en que se crean los impuestos de dominio nacional, departamental o municipal; 7) En el caso, si la parte accionante consideraba que la creación, modificación y administración de este impuesto contravenía los principios constitucionales, debió acudir al recurso contra tributos, previsto en los arts. 133 al 138 del Código Procesal Constitucional (CPCo), conforme el art. 135 de la citada norma, le otorga legitimación activa para interponer dicho recurso porque toda persona natural o jurídica que se considere afectada por la creación, modificación o supresión de un tributo, impuesto, tasas, patentes o contribución de cualquier clase o naturaleza, ésta era la vía adecuada y no la acción de amparo constitucional; y, 8) Del mismo modo si consideraban la determinación de un nuevo código catastral por la actualización que llevó a cabo el Gobierno Autónomo Municipal de Cotoca, también vulneraba derechos constitucionales o el principio de legalidad, el art. 130 del Código Tributario Boliviano (CTB), prevé que las normas administrativas con carácter general que dicta la administración tributaria, en uso de las facultades, respecto de tributos que se hallen a cargo, en este caso los municipales, podrían ser impugnados en única instancia por asociaciones, entidades administrativas o personas naturales o jurídicas que carezcan de entidades representativas, dentro de los veinte días de publicada la ley, de ahí que la Ley de actualización de los valores catastrales de 2019, podía ser confutada dentro del referido plazo, pero no hicieron uso de ese recurso, dejaron pasar ese tiempo y pretenden mediante una acción de amparo constitucional modificar una determinación adoptada por el Gobierno Autónomo Municipal de Cotoca, en uso pleno de sus facultades ejecutivas dentro de lo que es la competencia de administración de tributos municipales, de tal manera consideran que esta acción tutelar debe ser declarada improcedente ya que trata de un acto, resolución o una decisión administrativa, que pudo haber sido cuestionada con algún otro recurso previsto en la normativa tributaria, lo que no se hizo de manera oportuna. Advierten que tampoco existe vulneración alguna del derecho de petición y menos del debido proceso por los descargos presentados. En respuesta a la interrogante efectuada por el Presidente de la Sala Constitucional, expresó que: i) Se presentó el decreto de 31 de mayo de 2021, siendo notificado a la parte accionante en igual fecha en el tablero del municipio en presencia del testigo Rubén Darío Márquez Balcázar con cédula de identidad número 8875458, relativa a la subsanación de defectos formales, según el art. 43 de la Ley de Procedimiento Administrativo (LPA); y, ii) Como no se tuvo respuesta a la referida Resolución, fue emitido el Decreto Edil -451/2021-, rechazando el recurso de revocatoria, planteado por Juanita Mónica Maldonado de Guzmán, hoy demandante de tutela, de esta manera se dio respuesta a su solicitud; sin embargo, por desconocimiento no pasaron por las oficinas de la Dirección Jurídica del Gobierno Autónomo Municipal de Cotoca, para recibir estas notificaciones que acompañan ahora para cursar en el expediente, también podrían obtenerlas de la comuna. Paul Ardaya, Director de Catastro del Gobierno Autónomo Municipal de Cotoca del departamento de Santa Cruz, no asistió a la audiencia ni remitió informe escrito alguno a pesar de su legal notificación cursante a fs. 85.

I.2.3. Resolución

La Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, mediante Resolución 02/2022 de 4 de enero, cursante de fs. 108 vta. a 112 vta., denegó la tutela solicitada. Determinación asumida con base en los siguientes fundamentos: a) Los impetrantes de tutela adujeron la lesión de su derecho de petición al no haber merecido respuesta a su memorial de solicitud de explicación, por la cual es evidente que Juanita Mónica Maldonado de Guzmán fue notificada con el decreto de 31 de mayo de 2021, en igual fecha, por el que se conminó a la prenombrada para que en el plazo de cinco días hábiles a partir de su notificación direccione su pedido conforme establece la Ley de Procedimiento Administrativo, lo que significa que probablemente por desconocimiento de dicha notificación, permitieron que dicho acto se consolide y adquiera ejecutoria por sí sola, por lo que mal podría considerarse la existencia de lesión del derecho de petición; b) Respecto al derecho al debido proceso y la obligación de las autoridades administrativas de responder oportunamente a quienes lo solicitan, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en la Opinión Consultiva (OC) OC-16/99 de 1 de octubre de 1999, apartado 177, señaló: “…En opinión de esta Corte, para que exista ‘debido proceso legal’ es preciso que un justiciable pueda hacer valer sus derechos y defender sus intereses en forma efectiva y en condiciones de igualdad procesal con otros justiciables. Al efecto, es útil recordar que el proceso es un medio para asegurar, en la mayor medida posible, la solución justa de una controversia. A ese fin atiende el conjunto de actos de diversas características generalmente reunido bajo el concepto de debido proceso legal. El desarrollo histórico del proceso, consecuente con la protección del individuo y la realización de la justicia, ha traído consigo la incorporación de nuevos derechos. Es así como se ha establecido en forma progresiva el apartado de las garantías judiciales que recoge el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, al que pueden y deben agregarse, bajo el mismo concepto, otras garantías aportadas por diversos instrumentos del Derecho Internacional” (sic); c) De igual forma y en cuanto a las obligaciones de las autoridades que no cumplen funciones jurisdiccionales la Corte en la sentencia o el caso “…Flor Freire Vs. Ecuador en la Sentencia del 31 de agosto del 2016, en que la Corte en el apartado 165 dijo lo siguiente: ‘Además, la Corte ha establecido que, de acuerdo lo dispuesto en el artículo 8.1 de la Convención, en la determinación de los derechos y obligaciones de las personas…’’” (sic) del mismo modo lo hizo la Corte Interamericana “…en el caso Galindo Cárdenas y otros Vs Perú, la Sentencia de 02 de octubre de 2015 en que la Corte en el apartado 210, dijo lo siguiente: ‘En igual sentido, la Corte ha precisado que la expresión «juez o tribunal competente» inserta en el artículo 8 del tratado se refiere a «cualquier autoridad pública, sea administrativa, legislativa o judicial, que a través de sus resoluciones determine derechos y obligaciones de las personas». Por ese motivo, «cualquier órgano del Estado que ejerce funciones de carácter materialmente jurisdiccional, tiene la obligación de adoptar resoluciones apegadas a las garantías del debido proceso legal»’” (sic); d) El debido proceso demandado por la parte accionante constituye un elemento fundamental no solo para sostener el mismo como tal sino para sostener el Estado constitucional y democrático de derecho, en ese entendido las autoridades administrativas también tienen la obligación de desarrollar sus tareas de acuerdo a las características y exigencias del debido proceso, en el presente caso se identificó que los impetrantes de tutela adujeron que se violentó su derecho al debido proceso, al no darles una respuesta a los recursos de revocatoria y jerárquico, los formularon oportunamente en su criterio, por su parte la autoridad demandada señaló que esa situación no es evidente ya que en fase de recurso de revocatoria, en observancia de las disposiciones contenidas en la Ley de Procedimiento Administrativo, procedieron a efectuar las advertencias de forma y contenido de dicho recurso sin que los administrados cumplieran con dicha observación, por lo que posteriormente dieron por desistido el recurso de revocatoria; e) Los solicitantes de tutela alegaron que existe una ley municipal que asignó nuevos valores de catastro al inmueble de su propiedad, de lo que la Sala Constitucional identificó dos elementos para denegar la tutela impetrada; el primero, vinculado al debido proceso, concretamente respecto al hecho de la citación efectuada a los administrados con las observaciones, actuado que no ha sido objeto de esta acción de defensa, estando así frente a un derecho precluido; y segundo, dado que no hizo uso de los recursos o la vía que la ley señala para proteger su derecho; y, f) Los accionantes señalaron que no es una cuestión individual sino de contenido general; toda vez que, esa Ley Municipal actualizó los valores del catastro municipal de la ciudad de Cotoca, lo que esa Sala no podría ingresar a considerar dado que su competencia está limitada de acuerdo a la Ley Fundamental, al conocimiento de las acciones de defensa y no al cuestionamiento de una disposición legal, que podría ser realizada mediante otros mecanismos, como el recurso de inconstitucionalidad.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa nota de 8 de diciembre de 2020, de Juanita Mónica Maldonado de Guzmán -hoy accionante- dirigida al Director de Catastro del Gobierno Autónomo Municipal de Cotoca del departamento de Santa Cruz, con referencia: “REITERA SOLICITD DE RESTITUCIÓN DE CODIGO CATASTRAL DE FUNDO RUSTICO Y LA BASE IMPONIBLE”, cuyo contenido es el siguiente: “…en mi condición de co-propietario del inmueble fundo rustico denominado ‘el Campanero’ registrado en derechos reales bajo la matrícula Nro. 7.01.1.06.0141935 con código catastral Nro. 070102-502078803 es que mi persona tomo conocimiento de formulario de fecha 7 de junio de 2020 mediante el cual se institución procede la modificación SIN EL REQUERIMIENTO DE MI PERSONA DEL CÓDIGO CATASTRAL por el código catastral Nro. 070102-501857-8038792 y LA BASE IMPONIBLE DE MI PROPIEDAD.

Estas modificaciones que su institución procede a realizar lo hizo de forma arbitraria y lesiona mi derecho patrimonial toda que mi persona procede pagar la exorbitante suma de dinero de Bs. 44.959,00 (Cuarenta y Cuatro Mil Novecientos Cincuenta y Nueve 00/100 Bolivianos) de impuesto a la propiedad solo por la gestión del 2016, cuando en la anterior gestión del 2015 mi persona solo pago la suma Bs. 439,00 (Cuatrocientos Treinta y Nueve 00/100 bolivianos), situación que causa un gran daño a mi persona toda vez que mi persona solo tienen una pequeña construcción y se dedica función agraria en mi propiedad. Por lo que por el medio de la presente tengo a bien reiterar a su autoridad que por la sección correspondiente se proceda a la RESTITUCION DE MI CODIGO CATASTRAL Y RESTITUCION DE MI BASE IMPONIBLE a los efectos que mi persona pueda pagar de forma correcta el impuesto a la propiedad del inmueble del cual soy co-propietario hasta a la última gestión, petición que la hago al amparo del art. 24 de la CPE Plurinacional” (sic [fs. 5 a 6]). II.2. Mediante oficio OF.INT.DIR.CAT. 159/2020 de 17 de diciembre, del Director de Catastro del Gobierno Autónomo Municipal de Cotoca, con referencia: “RESPUESTA A MEMORIAL”, señaló: “Mediante la presente me dirijo a usted para dar cumplimiento al memorial de fecha 8 de diciembre de 2020 presentado por la SR. JUANITA MONICA MALDONADO DE GUZMAN.

Revisado el mosaico de propiedades de nuestro sistema se pudo evidenciar que el código catastral 070102-501857-8038792 a nombre de FELIX MALDONADO CADIMA, tiene una base imponible de 3482282, con una superficie de 160947.27 mts2 con una zona de 75, vía 25 serv. 0.6 registrado en el sistema S.I.C. Según LEY AUTONOMICA MUNICIPAL N° 049/2019 Y DECRETO EDIL N° 172/2019…” (sic); con cargo manuscrito de recibido el 22 de diciembre de 2022 por “Juanita” (fs. 7). II.3. Según decreto de 31 de mayo de 2021, emitida por la Directora Jurídica del Gobierno Autónomo Municipal de Cotoca, en el marco del proceso administrativo, en el que la impetrante de tutela pidió revocar el código catastral 070102-501857-8038792; indicando en suma, que su pedido no correspondía efectuarlo por esa vía y el procedimiento a seguir a dicho efecto, para lo cual debía re direccionar su petición bajo las formalidades legales establecidas en la Ley de Procedimiento Administrativo; disposición con el que fue notificada, según formulario de notificación en igual fecha, en el tablero de notificación de la Secretaría General del Gobierno Autónomo Municipal de Cotoca, conforme al art. 43 del Decreto Supremo (DS) 27113 (Reglamento a la Ley de Procedimiento Administrativo) y art. 33 de la LPA (fs. 86 a 87).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

Los accionantes denuncian la vulneración de sus derechos al debido proceso, de petición y a una resolución fundamentada y motivada; señalando que el Gobierno Autónomo Municipal de Cotoca del departamento de Santa Cruz, de manera arbitraria y sin su consentimiento modificó el código catastral y la base imponible que le correspondía al bien inmueble rustico de su propiedad, a cuyo efecto solicitaron su modificación al anterior que tenía, recibiendo en respuesta una nota sin la necesaria explicación sobre lo solicitado, lo que motivo dedujeran recursos de revocatoria y jerárquico ante esas instancia municipales.

En revisión, corresponde verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.

III.1. Sobre la motivación y fundamentación de las resoluciones judiciales o administrativas como componente del debido proceso. Jurisprudencia reiterada

La SC 0863/2007-R de 12 de diciembre, señaló que: “…la garantía del debido proceso, comprende entre uno de sus elementos la exigencia de la motivación de las resoluciones, lo que significa, que toda autoridad que conozca de un reclamo, solicitud o que dicte una resolución resolviendo una situación jurídica, debe ineludiblemente exponer los motivos que sustentan su decisión, para lo cual, también es necesario que exponga los hechos establecidos, si la problemática lo exige, de manera que el justiciable al momento de conocer la decisión del juzgador lea y comprenda la misma, pues la estructura de una resolución tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que también la decisión está regida por los principios y valores supremos rectores que rigen al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno convencimiento de que no había otra forma de resolver los hechos juzgados sino de la forma en que se decidió.

(…)

Finalmente, cabe señalar que la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y de fondo. En cuanto a esta segunda, la motivación puede ser concisa pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiendo expresar el Juez sus convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se tendrán por fielmente cumplidas. En sentido contrario, cuando la resolución aún siendo extensa no traduce las razones o motivos por los cuales se toma una decisión, dichas normas se tendrán por vulneradas” (énfasis añadido).

Por su parte, la SCP 0450/2012 de 29 de junio, remarcó: “La jurisprudencia señaló que el debido proceso es de aplicación inmediata, vincula a todas las autoridades judiciales, jurisdiccionales y administrativas, y constituye una garantía de legalidad procesal prevista por el constituyente para proteger la libertad, la seguridad jurídica y la fundamentación o motivación de las resoluciones judiciales o administrativas. Abarca un conjunto de derechos y garantías mínimas que garantizan el diseño de los procedimientos judiciales y administrativos, entre sus elementos se encuentra la fundamentación y motivación de las resoluciones, a las que toda autoridad a cargo de un proceso está obligada a cumplir, no solamente a efectos de resolver el caso sometido a su conocimiento, sino exponiendo de manera suficiente, las razones que llevaron a tomar cierta decisión, así como las disposiciones legales que sustentan la misma, es decir, debe llevar al convencimiento que se hizo justicia, tanto a las partes, abogados, acusadores y defensores, así como a la opinión pública en general; de lo contrario, no sólo se suprimiría una parte estructural de la resolución sino impediría que las partes del proceso conozcan los motivos que llevaron a dicha autoridad a asumir una determinación, lo que no implica que dicha motivación contenga una exposición ampulosa y sobrecargada de consideraciones y citas legales, basta con que ésta sea concisa pero clara y satisfaga todos los aspectos demandados…” (las negrillas son nuestras).

III.2. Análisis del caso concreto

En la presente acción de defensa, los accionantes denuncian la vulneración de sus derechos al debido proceso, de petición y a una resolución fundamentada y motivada; por parte del Gobierno Autónomo Municipal de Cotoca del departamento de Santa Cruz, puesto que mediante memorial de 8 de diciembre de 2020, solicitaron la restitución del código catastral y la base imponible del fundo rústico de su propiedad, el cual fue modificado sin su consentimiento, mereciendo una respuesta en la que no explicaron ni atendieron favorablemente su petitorio a cabalidad.

De acuerdo a los antecedentes que ilustran el expediente, se colige que los impetrantes de tutela, en su condición de copropietarios del fundo rústico denominado “El Campanero”, ubicado en el municipio de Cotoca, advirtieron respecto del mismo que el Gobierno Autónomo Municipal, modificó el número del código catastral y por ende la base imponible de dicho predio, cambio que se habría producido de manera inconsulta y sin que los propietarios lo hubieran requerido; es así que, a través de nota de 8 de diciembre de 2020, solicitaron la restitución del predicho código catastral al que anteriormente tenían (Conclusión II.1), ya que las referidas modificaciones les causan un gran daño, porque solo se dedican a la actividad agraria, adeudando la suma Bs44 959.- por concepto de impuesto anual a la propiedad, solo de la gestión 2016, cuando en la anterior de 2015, cancelaron Bs439.- afectando así su patrimonio, adjuntando para el efecto la documentación que demuestra su derecho propietario el cual está debidamente registrado en DD.RR. bajo matrícula computarizada 7.01.1.06.0141935.

Al efecto, se observa la emisión de la comunicación OF.INT.DIR.CAT. 159/2020 de 17 de diciembre, emitida por Paúl Ardaya Dorado, Director de Catastro del Gobierno Autónomo Municipal de Cotoca, dando a conocer al Secretario Municipal Técnico, la respuesta al escrito de 8 de diciembre de 2020, presentado por la impetrante de tutela Juanita Mónica Maldonado de Guzmán (Conclusión II.2); en la cual en suma, indican la existencia en el mosaico de propiedades del código catastral 070102-501857-8038792 a nombre de Félix Maldonado Cadima, además de otros datos técnicos del inmueble en cuestión consignados en el sistema de dicho municipio, haciendo igualmente referencia en su contenido a la Ley Autonómica Municipal 049/2019 de 29 de noviembre y al Decreto Edil 172/2019 de 21 de similar mes.

Conforme se tiene descrito la génesis de la problemática es la supuesta lesión al debido proceso por falta de una respuesta, a su pedido de reposición del código catastral, a través de una resolución fundamentada y motivada, lo que motivo dedujeran recurso de revocatoria y jerárquico; empero, del informe prestado por la entidad demandada, se advierte la existencia del decreto de 31 de mayo de 2021, emitido en atención al referido recurso de revocatoria, con el que se notificó en igual fecha a la demandante de tutela (Conclusión II.3) pues no dejaron domicilio real ni procesal, en la cual se les indicaba que debían subsanar aspectos formales a los cuales ajustar su petitorio, al no enmendar lo objetado emitieron el Decreto Edil -451/2021-, dando por desistida la pretensión; elementos que, permiten inferir no ser evidente que el recurso de revocatoria planteado no hubiera merecido una resolución fundamentada y motivada, que conllevaría la lesión al derecho al debido proceso; en tal sentido, no se advierte la comisión de la lesión alegada, otra cosa es que no ajustaron su reclamo al procedimiento determinado, que fue objetado en su oportunidad por la comuna; en consecuencia, la parte accionante tuvo una respuesta oportuna por parte de la entidad edil demandada, a través de la emisión del precitado decreto, correspondiendo en el caso denegar la tutela solicitada. De ahí que no es evidente que se hubiera lesionado el debido proceso al no haberse emitido una resolución fundamentada y motivada respecto de su pretensión; toda vez que, fueron pronunciados a dicho efecto tanto el decreto de 31 de mayo de 2021, como el Decreto Edil -451/2021-, emitidos en el marco del reclamo inicial efectuado por Juanita Mónica Maldonado de Guzmán en instancias municipales, referido en síntesis al cambio de código catastral asignado al predio “El Campanero”, pretensión que no puede ser absuelta a través de la presente acción tutelar, por la que se busca la restitución de dicho dato técnico, de acuerdo al petitorio de los accionantes; consiguientemente, tampoco se advierte lesión alguna por parte de los demandados al derecho de petición como fue alegado.

En consecuencia, la Sala Constitucional al denegar la tutela impetrada, actuó de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 02/2022 de 4 de enero, cursante de fs. 108 vta. a 112 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano

MAGISTRADO

Fdo. MSc. Brigida Celia Vargas Barañado

MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0201_2023-S2.pdf · páginas 1 a 13.

Huella digital del PDF (SHA-256): c6eb7978974a20b064692727293c238806cfbf122d2f2f1a26ad85c01c6a856a

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