Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 25 de marzo de 2025
Concede la tutela
La accionante denuncia la vulneración de su derecho a la libertad de locomoción; toda vez que, las autoridades judiciales ahora demandadas, se niegan a atender su solicitud de levantamiento de la medida cautelar personal de arraigo impuesta en su contra, encontrándose ya diez años cumpliendo la misma, viéndose muy perjudicada al requerir tratamiento para diabetes y falla cardiaca -se presume fuera del país-; por lo que, pide -conforme sostuvo en la audiencia pública tutelar- se conceda la tutela y se ordene su desarraigo. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada, al efecto, se verificará: a) Los principios de proporcionalidad y de razonabilidad en la limitación de derechos fundamentales, respecto a la aplicación de medidas cautelares; b) La subsidiariedad excepcional de la acción de libertad vinculada al recurso de reposición; y, c) Análisis del caso concreto.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución AL-08/2022 de 23 de septiembre, cursante de fs. 49 a 52, pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Novena de El Alto del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1º CONCEDER la tutela solicitada, conforme a los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; y, 2º Disponer que el Tribunal de Sentencia Penal Séptimo de la Capital del departamento de La Paz, en el día de su notificación con el presente fallo constitucional, resuelva la solicitud de desarraigo presentada por la accionante, si acaso, hasta la fecha no hubiera sido ya dispuesto.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0200/2025-S1 Sucre, 25 de marzo de 2025 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de libertad Expediente: 50739-2022-102-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución AL-08/2022 de 23 de septiembre, cursante de fs. 49 a 52, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Blanca Pamela Marquez Plata contra Solveiga Evelyn Pinto Michel, Leonardo Guillermo Gutiérrez Mendieta y Claudio Torrez Fernández, Jueces Técnicos del Tribunal de Sentencia Penal Séptimo de la Capital del departamento de La Paz; y, Douglas Cecil Borda Montaño y Sergio Sebastián Pacheco Diamantino, Jueces de Instrucción Penal Sexto y Octavo, respetivamente, del mismo asiento judicial.
Por memorial presentado el 22 de septiembre de 2022, cursante de fs. 12 a 14 vta., la accionante manifestó los siguientes argumentos de hecho y derecho:
Señala que en la gestión 2011 compró un bien inmueble en la calle Eloy Salmón -en la ciudad de Nuestra Señora de La Paz- y a raíz de dicha adquisición, le iniciaron una serie de procesos civiles y penales, radicados en los Juzgados de Instrucción Penal Quinto, Sexto y Octavo, y en el Tribunal de Sentencia Penal Séptimo, todos de la Capital del departamento de La Paz, que conllevaron la aplicación de diferentes medidas cautelares en su contra. Luego, a través de su abogado planteó incidente de acumulación de causas penales; por lo que, los casos que se encontraban en los Juzgados de Instrucción Quinto y Octavo fueron acumulados a su similar Sexto, por haber conocido la primera causa.
Aclara que, durante la tramitación del proceso penal en el referido Juzgado de Instrucción Penal Octavo, antes de la acumulación de causas, le impusieron medidas cautelares personales entre ellas, su arraigo. Posteriormente, ante la presentación de acusación fiscal en su contra y otros, su proceso fue remitido al Tribunal de Sentencia Penal Séptimo de la Capital del departamento de La Paz, “…hace más de seis años y desde esa fecha el juicio oral ni siquiera ha terminado la etapa de excepciones e incidentes” (sic), encontrándose arraigada desde el 2012 hasta la fecha -se entiende hasta la interposición de esta acción tutelar-, haciendo un total de diez años de arraigo. Añade que existe una contradicción judicial debido a que en la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, se dispuso su libertad pura y simple; por lo que, el 12 de octubre de 2021, presentó memorial ante el Tribunal de Sentencia Penal Séptimo pidiendo orden de desarraigo, sin obtener respuesta positiva. Posteriormente el 3 de diciembre de igual año, acudió al mismo Tribunal reiterando su solicitud adjuntando el Auto Interlocutorio “…164/2017 y auto de vista con resolución 279/2018 de la Sala Penal Cuarta…” (sic), siendo nuevamente rechazada su pretensión, tal cual consta en las providencias de “12” de octubre de “5” de noviembre de ese año. El 10 de enero de 2022, volvió a realizar su solicitud, pidiendo además derivar su petición al Juzgado de Instrucción Penal Octavo de la Capital del departamento de La Paz, al percibir que el Tribunal se niega a resolver su situación; que fue reiterada por cuarta vez el 14 de marzo de igual año, habiéndole derivado al Juzgado mencionado. Así, el 7 de abril de 2022, presentó memorial al Juzgado de Instrucción Penal Octavo, sin embargo, allí le pidieron que se ponga a la vista los antecedentes del proceso; presentando a su vez un segundo memorial el 26 de mayo de ese año, adjuntando el legajo de documentos para su reposición; empero, en esta oportunidad le remitieron al Juzgado de Instrucción Penal Sexto. Ante lo cual acudió mediante escrito de 5 de julio de 2022 ante dicho Juzgado, donde sin notificarle o dar lugar a observar o impugnar, directamente se decide remitir su solicitud al Tribunal de Sentencia Penal Séptimo, el cual en conocimiento de su petición el 15 de agosto de ese año, le remite nuevamente a la providencia de 16 de marzo de 2022, en la cual niega conocer los antecedentes de su arraigo. Por todo lo expuesto, siendo que durante casi un año viene pidiendo a tres autoridades judiciales atiendan su petición de desarraigo, ninguna de ellas se hace cargo y remiten sus responsabilidades sin entrar a considerar el fondo de su solicitud, encontrándose en la necesidad de acudir a tratamiento médico por diabetes y falla cardiaca, lo que hace justificable su pretensión.
Alega como lesionado su derecho a la libertad de locomoción, citando al efecto el art. 125 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicita de conceda la tutela, reservándose el derecho de ampliar su petitorio en audiencia.
Celebrada la audiencia virtual el 23 de septiembre de 2022, conforme consta en el acta cursante de fs. 46 a 48, se produjeron los siguientes actuados:
La accionante a través de su abogado, en audiencia ratificó el contenido íntegro de su memorial de acción de libertad y añadió que: a) Inicialmente dirigió cuatro memoriales al Tribunal de Sentencia Penal Séptimo de la Capital del departamento de La Paz, por tener la competencia para conocer el juicio oral, empero, a través de sus providencias, éste no se hace responsable ni quiere conocer su situación migratoria “…y lo peor es que este Tribunal que debió haber instaurado el Juicio Oral desde hace 6 años y más en su Tribunal hasta la fecha ni siquiera ha ingresado a la etapa de tratamiento de incidentes y excepciones…” (sic), encontrándose impedida de manifestar oralmente cualquier petición por la retardación de justicia existente; b) El art. 7 concordante con el art. 221 del Código de Procedimiento Penal (CPP), indica que las medidas cautelares deben perdurar en un espacio límite de tiempo; en este caso, en diez años, tres autoridades en diferente tiempo han conocido el proceso acumulado en su contra y se niegan a conceder la revocatoria de esta medida cautelar de carácter administrativo; y, c) Por todo lo expuesto, solicita ordenar a las autoridades ahora demandadas el levantamiento del arraigo dispuesto en su contra.
Solveiga Evelyn Pinto Michel, Jueza del Tribunal de Sentencia Penal Séptimo de la Capital del departamento de La Paz, presentó informe escrito de 23 de septiembre de “2021” -siendo correcto 2022-, cursante de fs. 26 a 27, indicando lo siguiente: 1) En relación a la solicitud formulada por la accionante, referir que en ningún memorial presentado demostró que dicho Tribunal dispuso una medida de carácter real o arraigo, ya que el Auto Interlocutorio 164/2017 de 30 de agosto, se refiere a la detención preventiva dispuesta por el Tribunal, sin embargo en su parte resolutiva indica improcedencia de la misma y dispone la libertad pura y simple, pero no refiere que se imponga un arraigo a la solicitante ni dispone se levante o deje sin efecto alguna medida, porque existiría otra resolución anterior dejando sin efecto dicha medida; 2) El Auto de Vista 279/2018 de 16 de agosto, pronunciado por la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz en su parte resolutiva únicamente confirma el Auto Interlocutorio 164/2017 y no refiere alguna medida de carácter real o arraigo; 3) Se presentó un reporte de registro de arraigo pero en el mismo no se observa qué autoridad judicial y dentro de qué proceso fue arraigada; 4) Quien solicita se deje sin efecto una medida como arraigo debe demostrar y acreditar con documentación fidedigna qué autoridad la arraigó y dentro qué caso; y si es dentro de la causa penal que se encuentra su Tribunal corresponde a la impetrante de tutela la carga de la prueba; 5) Refiere que no se señaló audiencia, empero, en ningún momento la solicitó, pidió dejar sin efecto el arraigo manifestando en el fondo que ella tiene libertad pura y simple, argumento que resulta contradictorio; y, 6) Las providencias emitidas por la Presidencia de dicho Tribunal no fueron sometidas a revisión por los otros jueces técnicos que lo componen; razón por la que si la accionante no estaba de acuerdo con lo decretado, debió hacer uso del recurso de reposición de acuerdo al art. 401 del CPP, para que los otros miembros emitan su voto; al no haberse agotado las vías correspondientes para activar la justicia constitucional, es decir, el principio de subsidiariedad, corresponde la denegatoria de la tutela por carecer de fundamentos y elementos objetivos ciertos que demuestren lo alegado. Sergio Sebastián Pacheco Diamantino, Juez de Instrucción Penal Octavo de la Capital del departamento de La Paz, por informe escrito de 23 de septiembre de 2022, cursante de a fs. 23, señaló que: Conoció la causa con IANUS 201138198 el 20 de junio de 2011 y el 24 de octubre de 2013 se emitió el Auto Interlocutorio 617/2013 que dispuso la acumulación del proceso IANUS 20113610 y el proceso 201138198 al Juzgado de Instrucción Penal Sexto del mismo asiento judicial, debido a que su titular sería la autoridad que primero habría conocido la causa; por lo que, en cumplimiento de dicha determinación remitió los antecedentes ante el referido Juzgado, ya que su competencia habría cesado. Si bien es cierto que la accionante presentó memoriales al proceso con IANUS 201138198, solicitando el levantamiento de las medidas cautelares; empero, en virtud a la acumulación descrita mediante decreto de 27 de mayo de 2022, le indicó que acuda ante la autoridad competente al haber perdido competencia para conocer las solicitudes presentadas; por lo que solicita se deniegue la tutela. Douglas Cecil Borda Montaño, Juez de Instrucción Penal Sexto de la Capital del departamento de La Paz, en audiencia informó lo siguiente: i) Es cierto que la ahora accionante fue procesada penalmente y se consideró imponerle medidas cautelares, pero no por el suscrito sino por uno anterior, es decir, el Juez de Instrucción Penal Octavo de la Capital del departamento de La Paz; sin embargo, por la data se logra entender que este proceso ya se encuentra radicado en el Tribunal de Sentencia Penal Séptimo de la Capital del departamento de La Paz, que conoce la causa, instancia que pronunció el Auto Interlocutorio 164/2017, que fue cuestionado por la “parte accionante”, motivando que la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz pronuncie el Auto de Vista 279/2018, que en su parte dispositiva ordenó la libertad pura y simple de la ahora accionante, siendo esa su situación jurídica; y, ii) Se evidencia dejadez y falta de diligencia del abogado de ese entonces -de la prenombrada-, porque no efectivizó las diligencias para el desarraigo; asimismo, ante la presentación de la acusación formal perdió competencia, correspondiendo que el Juez que pronunció el Auto Interlocutorio 164/2017 -mismo que fue revocado por el Auto de Vista 279/2018- cumpla con la emisión del oficio ante la Dirección General de Migración (DIGEMIG) para proceder al desarraigo; no correspondiéndole a su autoridad realizar ese actuado por haber perdido competencia e inclusive, las autoridades han sido cambiadas, habiendo asumido el cargo desde 2021, es decir, que no conoció la causa; debiendo acudir al Tribunal mencionado al tener conocimiento de la causa y estar facultado para realizar este tipo de trámite. Leonardo Guillermo Gutiérrez Mendieta y Claudio Torrez Fernández, Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Séptimo de la Capital del departamento de La Paz, no remitieron informe escrito alguno ni se conectaron a la audiencia tutelar, pese a su legal citación cursante de fs. 20 y 21.
La Jueza de Sentencia Penal Novena de El Alto del departamento de La Paz, constituida en Jueza de garantías, mediante Resolución AL-08/2022 de 23 de septiembre, cursante de fs. 49 a 52, denegó la tutela impetrada, conforme a los siguientes fundamentos: Se tiene acreditado que la parte accionante solicitó el levantamiento del arraigo con datos erróneos y sin especificar el número de caso en el que habría sido dispuesta esta medida en su contra, no activó los medios impugnatorios intraprocesales que la ley le franquea, como ser el recurso de reposición contra las providencias emitidas tanto por el Tribunal de Sentencia Penal Séptimo como por el Juzgado de Instrucción Penal Octavo, ambos de la Capital del citado departamento, que según la accionante no dieron lugar a su solicitud de desarraigo pese a que la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dispuso su libertad pura y simple, sino que para presentar directamente esta acción de libertad, reitera sus solicitudes con los mismos datos erróneos e incluso mediante decreto de 16 de marzo de 2022, el Tribunal mencionado le aclara que mediante Auto Interlocutorio 164/2017 no se habría dispuesto arraigo alguno en su contra, sino por el contrario, se habría determinado su libertad pura y simple, y que el Auto de Vista 279/2018 en el que apoya su petición, confirma la Resolución emitida por dicho Tribunal, aun así plantea el presente mecanismo constitucional señalando que tendría por cumplida la etapa subsidiaria y para asegurar el mismo refiere que se encuentra con necesidad de acudir a tratamiento médico por diabetes y falla cardíaca, situación que no fue demostrada con documento alguno, todo a fin de obtener por la vía constitucional su desarraigo, cuando no corresponde; por cuanto la jurisdicción constitucional puede ser activada únicamente cuando los medios de defensa existentes en el ordenamiento común no sean los idóneos para reparar de manera urgente pronta y eficaz los derechos vulnerados; por lo que, previamente debió agotar la vía ordinaria.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se evidencia lo siguiente:
II.1. Por Auto Interlocutorio 617/2013 de 24 de octubre, el Juez de Instrucción Penal Octavo de la Capital del departamento de La Paz -autoridad ahora demandada-, dispuso la acumulación de los procesos con número de IANUS 201130610 y 201138198, estableciendo que el Juez de Instrucción Penal Sexto del mismo departamento, es la autoridad competente para conocer ambos, por ser el primero que conoció la causa; asimismo, ordenó que los fiscales que conocen el proceso, acumulen los cuadernos de investigación y los mismos sean conocidos por el fiscal que primero tuvo conocimiento del proceso (fs. 24 a 25 vta.). II.2. Mediante Auto Interlocutorio 164/2017 de 30 de agosto, pronunciado por el Tribunal de Sentencia Penal Séptimo de la Capital del departamento de La Paz, se declaró improcedente la solicitud de detención preventiva contra los acusados -entre ellos la accionante-, disponiendo su libertad pura y simple, de conformidad a lo establecido por el art. 235.1 del CPP; determinación que fue apelada por el acusador particular, mereciendo el pronunciamiento del Auto de Vista 279/2018 de 16 de agosto, por la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, que declaró admisible e improcedentes las cuestiones planteadas, confirmando la Resolución impugnada (fs. 28 a 39). II.3. Cursa memorial presentado el 12 de octubre de 2021 por Blanca Pamela Marquez Plata -ahora accionante- ante el Tribunal de Sentencia Penal Séptimo de la Capital del departamento de La Paz, solicitando orden de desarraigo; que mereció el decreto de 14 de igual mes y año; por lo que, el mencionado Tribunal resolvió indicando: “En atención al memorial que antecede, previamente aclare el número de Resolución del tribunal de alzada a la cual refiere y el número de Resolución por la cual se adoptó la medida sustitutiva de arraigo, hecho lo cual providenciara lo que fuere de ley” (sic [fs. 40 y vta.]). II.4. Consta escrito presentado el 3 de diciembre de 2021 ante el Tribunal de Sentencia Penal Séptimo de la Capital del departamento de La Paz, por el cual la ahora accionante pidió que por Secretaría se informe sobre la veracidad de la acumulación de procesos en su contra, y si dentro del proceso radicado en el Juzgado de Instrucción Penal Octavo mereció una imposición de medida cautelar de arraigo en su contra; con lo cual pide remitir oficio a la DIGEMIG para su desarraigo. Mereciendo la providencia de 6 de igual mes y año, que señaló: “En atención al memorial que antecede estese a los datos del proceso, realice su petitorio de forma clara” (sic [fs. 41 a 42]). II.5. Por memorial presentado el 10 de enero de 2022, la impetrante de tutela reitera su solicitud “en forma clara” ante el Tribunal de Sentencia Penal Séptimo de la Capital del departamento de La Paz, obteniendo como respuesta el decreto de 11 de igual mes y año, que tampoco atiende su solicitud indicando “…por auxiliatura, concluida su vacación póngase en conocimiento de dicha autoridad para que disponga lo que en derecho corresponda” (sic [fs. 43 y vta.]). II.6. Se tiene memorial presentado el 14 de marzo de 2022, por la demandante de tutela, con la suma: “SE ALLANA A LA PROVIDENCIA DE FECHA 14 DE FEBRERO DE 2022” (sic) indicando en su contenido que “Mi último memorial, mereció la siguiente providencia: ‘EN MÉRITO AL INFORME QUE ANTECEDE SE TIENE EN RELACIÓN AL MEMORIAL DE FECHA 10 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO QUE LA SOLICITANTE DEBERÁ ESPECIFICAR CUÁL ES LA RESOLUCIÓN QUE IMPONE LA MEDIDA DE CARÁCTER REAL O ARRAIGO EN QUE FOJAS CURSA DEL CUADERNO DEL CONTROL JURISDICCIONAL, TOMANDO EN CUENTA QUE LA CARGA DE LA PRUEBA LA TIENE EL SOLICITANTE’” (sic). Que fue decretado el 16 de marzo de 2022, con el siguiente texto: “De acuerdo al memorial que antecede, no se demuestra que este tribunal haya dispuesto medidas de carácter real o arraigo (…) En relación a un reporte de registro de arraigo se desconoce dentro de que proceso y a través de qué instrumentos legales se ordena la misma. Razones por las cuales al no haber acreditado con prueba idónea y fidedigna su solicitud no ha lugar a la misma” (sic [fs. 44 a 45 vta.]). II.7. Según Reporte de Arraigo de la ahora accionante, emitido por la DIGEMIG, tiene como fecha de registro de arraigo: 14 de septiembre de 2012; e, Institución que ordena: “JUEZ 8° INST. PENAL CAUT.” (fs. 3).
La accionante denuncia la vulneración de su derecho a la libertad de locomoción; toda vez que, las autoridades judiciales ahora demandadas, se niegan a atender su solicitud de levantamiento de la medida cautelar personal de arraigo impuesta en su contra, encontrándose ya diez años cumpliendo la misma, viéndose muy perjudicada al requerir tratamiento para diabetes y falla cardiaca -se presume fuera del país-; por lo que, pide -conforme sostuvo en la audiencia pública tutelar- se conceda la tutela y se ordene su desarraigo. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada, al efecto, se verificará: a) Los principios de proporcionalidad y de razonabilidad en la limitación de derechos fundamentales, respecto a la aplicación de medidas cautelares; b) La subsidiariedad excepcional de la acción de libertad vinculada al recurso de reposición; y, c) Análisis del caso concreto.
El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0243/2018-S2 de 11 de junio, asumió el siguiente razonamiento: El principio de proporcionalidad fue concebido por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Plurinacional -SCP 2299/2012 de 16 de noviembre- no solo como una prohibición de exceso en la actuación del poder, en el entendido que las autoridades de los diferentes órganos del poder público y las instituciones del Estado, deben actuar conforme a las competencias otorgadas por la Norma Suprema, sino también, como una exigencia para que sus funciones sean realizadas sobre los límites y las responsabilidades que la Constitución Política del Estado establece, como el respeto a los derechos fundamentales. En ese entendido, el ejercicio de las funciones y competencias de las autoridades requiere proporcionalidad, en especial cuando se interfiere en el ejercicio de derechos fundamentales, por cuanto una actuación desproporcionada, quebranta las bases fundamentales del Estado Plurinacional Constitucional. El principio de proporcionalidad, de acuerdo con la SCP 2299/2012, se sustenta en la idea de vinculación de los poderes públicos a los derechos fundamentales, por lo que, una disminución en el ejercicio de los mismos, debe tener una causa justificada y solo en la medida necesaria. Este principio tiene su fundamento en el carácter inviolable de los derechos fundamentales reconocidos en el art. 13.I de la CPE y es considerado como un criterio hermenéutico de imperativa observancia en el ejercicio de cualquier competencia pública, por cuanto, la efectivización de un derecho fundamental no puede ser limitado más allá de lo que sea imprescindible para la protección de otro derecho fundamental o bien jurídico constitucional, con la finalidad de evitar el sacrificio innecesario o excesivo de los derechos fundamentales. Lo anotado, implica entonces, que la autoridad, al momento de elaborar una ley, emitir una norma o aplicar una disposición legal, que limita un derecho fundamental, debe efectuar un juicio de proporcionalidad en el que se analice tres aspectos fundamentales: i) Si la medida limitativa o restrictiva de un derecho fundamental es idónea o adecuada, para la finalidad buscada con la misma; ii) Si la medida limitativa o restrictiva es necesaria, y si acaso, existen otras menos graves, que restrinjan en menor grado el derecho fundamental, que podrían ser adoptadas en el caso concreto, para alcanzar la finalidad perseguida; y, iii) Analizar la proporcionalidad en sentido estricto, que consiste en dilucidar si la afectación, restricción o limitación al derecho fundamental, no resulta exagerada o desmedida frente a las ventajas que se obtienen con tal restricción y el cumplimiento de la finalidad perseguida.
El principio de proporcionalidad fue utilizado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), para el análisis de la limitación al ejercicio de los derechos humanos, y en especial, con relación a las medidas cautelares en materia penal; por ejemplo, reiterando el entendimiento emitido en el Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez vs. Ecuador, la Sentencia de 1 de diciembre de 2016 sobre Fondo, Reparaciones y Costas, dispuesta dentro del Caso Andrade Salmón vs. Bolivia, establece que la aplicación de medidas cautelares, en particular la privación de libertad, debía ser proporcional, determinando los siguientes criterios en el párrafo 147:
Por el contrario, resulta además necesario que, en el momento de la decisión, las autoridades judiciales justifiquen: a) que la finalidad de las medidas que restringen ese derecho sea compatible con la Convención, esto es, el asegurar que el acusado no impedirá el desarrollo del procedimiento ni eludirá la acción de la justicia, b) la necesidad de su imposición en el sentido de que sean absolutamente indispensables para conseguir el fin deseado y que no exista una medida menos gravosa respecto al derecho intervenido entre todas aquellas que cuentan con la misma idoneidad para alcanzar el objetivo propuesto, y c) que sean medidas que resulten estrictamente proporcionales, de tal forma que el sacrificio inherente a la restricción del derecho no resulte exagerado o desmedido frente a las ventajas que se obtienen mediante tal restricción y el cumplimiento de la finalidad perseguida. De ese modo, a la hora de analizar la imposición de ese tipo de medidas, las autoridades judiciales deben basar sus decisiones en elementos objetivos que puedan indicar que se puedan materializar efectivamente los peligros procesales que se buscan precaver. Con relación a la Sentencia del Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez vs. Ecuador, cabe mencionar al Voto Razonado del Juez Sergio García Ramírez, quien sostuvo en el párrafo 7:
En fin de cuentas, pues, las medidas cautelares penales, como cualesquiera restricciones de derechos fundamentales, debieran ser: a) excepcionales y no ordinarias, rutinarias, sistemáticas; b) justificadas dentro de un marco preciso de razones y condiciones que les confieran legitimidad y racionalidad; c) acordadas por autoridad jurisdiccional independiente, imparcial y competente, que las resuelva con formalidad y exprese los motivos y los fundamentos en que apoya el mandamiento; d) indispensables para alcanzar el fin legítimo que con ellas se pretende; e) proporcionales a éste y a las circunstancias en que se emiten; f) limitadas, tanto como sea factible, en intensidad y duración; g) revisables periódicamente: por mandato de la ley y por instancia de las partes, revisión que debe contar con las garantías inherentes a un verdadero régimen impugnativo (independencia, eficacia y celeridad); h) revocables o sustituibles cuando se ha rebasado el tiempo razonable de vigencia, tomando en cuenta sus características. Todo esto, que es aplicable al sistema general de medidas cautelares penales, tiene especial acento si se piensa en la más severa de aquéllas: la privación cautelar de la libertad. En el ámbito interno, estas características están descritas en el art. 221 del CPP, que establece que la libertad personal y los demás derechos y garantías reconocidas a toda persona por la Constitución Política del Estado, las Convenciones y Tratados Internacionales vigentes y el propio Código Procesal Penal “…sólo podrán ser restringidos cuando sea indispensable para asegurar la averiguación de la verdad, el desarrollo del proceso y la aplicación de la ley” (el resaltado es nuestro). En el segundo párrafo, el mismo artículo señala que: “Las normas que autorizan medidas restrictivas de derechos, se aplicarán e interpretarán de conformidad con el art. 7 de este Código. Estas medidas serán autorizadas por resolución judicial fundamentada, según lo reglamenta este Código y sólo durarán mientras subsista la necesidad de su aplicación”. Por su parte, el art. 7 del CPP, respecto a las medidas cautelares y restrictivas -tanto personales como reales- establece que su aplicación será excepcional y que: “Cuando exista duda en la aplicación de una medida cautelar o de otras disposiciones que restrinjan derechos o facultades del imputado, deberá estarse a lo que sea más favorable a éste” (las negrillas son añadidas); introduciendo en este punto el principio de favorabilidad, que en materia penal tiene rango constitucional y está previsto en el art. 116.I de la CPE. Conforme a las normas procesales penales y a los estándares interamericanos antes señalados, las medidas cautelares deben ser aplicadas: a) Con carácter excepcional; b) Cuando resulten indispensables para asegurar la averiguación de la verdad, el desarrollo del proceso y la aplicación de la ley, lo que supone que las autoridades judiciales deban realizar en todos los casos de imposición de medidas cautelares -que suponen una limitación a derechos fundamentales- el juicio de proporcionalidad precedentemente explicado; c) Deben ser impuestas a través de una resolución judicial debidamente fundamentada y motivada; d) Tienen que ser limitadas en cuanto a su duración, en tanto subsista la necesidad de su aplicación, y por ende, también son revocables o sustituibles y revisables periódicamente; y, e) En caso de duda respecto a una medida restrictiva de un derecho, deberá aplicarse lo que le sea más favorable. Este entendimiento, también fue desarrollado en la SCP 0025/2018-S2 de 28 de febrero. De acuerdo a lo anotado, una de las condiciones para la imposición de medidas cautelares, es que éstas sean limitadas en cuanto a su duración, en tanto subsista la necesidad de su aplicación; dicha condición fue denominada como razonabilidad de las medidas cautelares, las cuales no pueden exceder a los límites temporales fijados por el Código de Procedimiento Penal o cuando no existan aquellos, a plazos razonables. Además, estas medidas deben ser revisadas periódicamente, conforme lo entendió la Corte IDH en el Caso Andrade Salmón vs. Bolivia, a través de la Sentencia de 1 de diciembre de 2016 sobre Fondo, Reparaciones y Costas, indicando:
148. Asimismo, al igual que para las medidas cautelares privativas de la libertad, la pertinencia de su manutención debe ser revisada periódicamente por las autoridades judiciales correspondientes a los efectos de determinar la persistencia del riesgo así como la necesidad y la proporcionalidad de las medidas, y la consecuente pertinencia de mantenerlas vigentes. En el presente caso, no consta que las autoridades judiciales hubiesen efectuado tal revisión.
149. Por otra parte, el Tribunal nota que las medidas de arraigo impuestas a la señora Andrade en el caso “Gader” se prolongaron por un período de más de 9 años (supra párrs. 45 y 49), y que no existe claridad en torno al efectivo levantamiento del arraigo que fue ordenado en el 2001 en el caso “Luminarias Chinas” (supra párr. 71). Por tanto, la Corte encuentra que la duración de las medidas de arraigo que fueron impuestas en los dos, sin que se hubiera hecho una revisión periódica de las mismas, procesos resultó desproporcionada en miras a los fines que éstas procuraban alcanzar, más aun tomando en consideración que la pena máxima en expectativa que habría cabido imponerle a la señora Andrade en caso de condena -de 10 a 12 años de prisión en el caso “Gader” y 3 años de prisión en el caso “Luminarias Chinas”-(supras párrs.31 y 55).
150. En consideración de lo anterior, esta Corte concluye que el Estado es responsable por la violación al derecho de circulación contenido en los artículos 22.1 y 22.2 de la Convención, en relación con los artículos 7.5 y 1.1 del mismo instrumento, en perjuicio de la señora Andrade, por la falta de fundamentación de las medidas de arraigo que le fueron impuestas, por su dilación desproporcionada en el tiempo, las cuales se prolongaron por 9 años en el caso “Gader” y por 15 años en el caso “Luminarias Chinas”, así como por la falta de revisión periódica de las mismas, en el marco de los procesos “Gader” y “Luminarias Chinas” (las negrillas son incorporadas).
El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0421/2018-S2 de 14 de agosto, entre otras, asumió el siguiente razonamiento: El Tribunal Constitucional, en la SC 0160/2005-R de 23 de febrero, sentó la línea sobre la subsidiariedad excepcional de la acción de libertad, determinando que en los supuestos en los que existan medios idóneos para reparar de manera urgente, pronta y eficaz el derecho a la libertad física ilegalmente restringido, los mismos deben ser utilizados antes de acudir a la justicia constitucional a través de la acción de libertad. En el marco del entendimiento que antecede, la SC 0181/2005-R de 3 de marzo, señaló que en la etapa preparatoria del proceso penal, se deben impugnar las supuestas lesiones a derechos y garantías, en las que puedan incurrir los órganos encargados de la persecución penal, ante el juez de instrucción penal, no resultando compatible activar directamente o de manera simultánea la justicia constitucional; entendimiento que fue reiterado por la SC 0054/2010-R de 27 de abril, entre muchas otras. Ahora bien, de acuerdo al sistema recursivo del Código de Procedimiento Penal, en su art. 401 prevé el recurso de reposición, que procede contra las providencias de mero trámite, a fin de que el mismo juez o tribunal, advertido de su error, las revoque o modifique; sin embargo, a efecto de determinar los supuestos de subsidiariedad excepcional de la acción de libertad, la SC 0080/2010-R de 3 de mayo determinó que dicho recurso no se constituye en un medio idóneo de existentes en el ordenamiento común, no sean los idóneos para reparar, de manera urgente, pronta y eficaz, el derecho a libertad ilegalmente restringido. No es posible acudir a este recurso, cuando el ordenamiento jurídico prevé medios de impugnación específicos y aptos para restituir el derecho a la libertad, en forma inmediata. Conforme a esto, solamente una vez agotado tal medio de defensa y ante la persistencia de la lesión, se podrá acudir a la jurisdicción constitucional, invocando la tutela que brinda el hábeas corpus” (las negrillas nos pertenecen). 4El FJ III.2, establece: “De lo anterior se extrae que todo imputado que considere que en el curso del proceso investigativo ha sufrido una lesión de un derecho fundamental, entre ellos, el derecho a la libertad en cualquiera de las formas en que pueda sufrir menoscabo, debe impugnar tal conducta ante el juez instructor, que es el órgano jurisdiccional que tiene a su cargo el control de la investigación, desde los actos iniciales hasta la conclusión de la etapa preparatoria. Así, el Código de procedimiento penal al prever la existencia de un órgano jurisdiccional competente para conocer y resolver de manera directa y expedita, las supuestas vulneraciones a los derechos y garantías que pudieran tener origen en los órganos encargados de la persecución penal; no resulta compatible con el sistema de garantías previsto en el ordenamiento aludido, acudir directamente o de manera simultánea a la justicia constitucional, intentando activar la garantía establecida por el art. 18 constitucional, ignorando los canales normales establecidos. Consiguientemente, el hábeas corpus sólo se activa en los casos en que la supuesta lesión no sea reparada por los órganos competentes de la jurisdiccional ordinaria aludidos”. 5El FJ III.3, refiere: “Queda establecido entonces, que ante denuncia de irregularidades, actos ilegales u omisiones presuntamente cometidas por los fiscales o policías en la etapa preparatoria del proceso, que impliquen lesión a los derechos fundamentales de todo denunciado o sindicado, la misma debe presentarse ante el juez cautelar como el encargado de ejercer el control jurisdiccional de la investigación, en aplicación de lo dispuesto por las normas previstas en los arts. 54.1) y 279 del CPP, sin que sea admisible acudir en forma directa a esta acción tutelar si con carácter previo los hechos denunciados no fueron reclamados ante la autoridad encargada del control jurisdiccional, que es la apta para restablecer las presuntas lesiones a derechos fundamentales y -se reitera- sólo en caso de verificarse que existirá una dilación o que esa instancia no se constituye en la eficaz y oportuna para restablecer esos derechos, es que se abre la posibilidad de acudir a la presente acción tutelar en forma directa”. 6El FJ III.4, manifiesta: “…dada la naturaleza no subsidiaria de esta acción; el agraviado debe tener en cuenta que la norma adjetiva penal le da la facultad de interponer recurso de reposición para impugnar en este caso, el decreto de fijación o suspensión de audiencia, y que puede ser activado oralmente en el acto y resuelto de inmediato en la misma audiencia, y si es por escrito, puede ser interpuesto en veinticuatro horas y resuelto en igual plazo, de tal manera que en la misma instancia se reencauce el proceso y se restablezcan sus derechos.
Por tanto, ante esta situación dilatoria, puede acudir directamente a la acción de libertad, o en su defecto antes de interponer esta acción tutelar, puede formular recurso de reposición; empero, lo que no está permitido es que el agraviado incumpliendo su deber de actuar con lealtad procesal, habiendo activado el recurso de reposición y estando en trámite el mismo en la jurisdicción ordinaria, de manera paralela active la acción de libertad en la jurisdicción constitucional, en ese caso no es posible ingresar al análisis de fondo. Entendimiento ya fue establecido en la SC 0030/2010-R de 13 de abril”.
impugnación, y por ende, no podría denegarse la tutela de esta acción de defensa por subsidiariedad excepcional, salvo que la parte accionante, de manera paralela, hubiere activado ese recurso y la vía constitucional; supuesto en el cual, este Tribunal se ve impedido de ingresar al análisis de fondo, porque podrían existir resoluciones contradictorias sobre el mismo tema.
La accionante denuncia la vulneración de su derecho a la libertad de locomoción; toda vez que, las autoridades ahora demandadas, se niegan a atender su solicitud de levantamiento de la medida cautelar personal de arraigo impuesta en su contra, encontrándose ya diez años cumpliendo la misma, viéndose muy perjudicada al requerir tratamiento de diabetes y falla cardiaca -se presume fuera del país-; por lo que pide -conforme sostuvo en la audiencia tutelar- se conceda la tutela y se ordene su desarraigo. Con carácter previo, es preciso señalar que el Juez de garantías denegó la tutela por subsidiariedad excepcional debido a que la accionante solicitó el desarraigo “…con datos erróneos y sin especificar el número de caso en el que había sido dispuesta esta medida…” (sic), además de no haber interpuesto recurso de reposición contra las providencias emitidas; al respecto, cabe precisar que de acuerdo a lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, el recurso de reposición no se constituye en un medio idóneo de impugnación, y por ende, no podría denegarse la tutela por esa causa, salvo que de manera paralela, hubiere activado ese medio y la vía constitucional; situación que no aconteció en el caso que se examina, toda vez que la accionante no interpuso recurso alguno, optando directamente a la presente acción de defensa; por lo que, corresponde ingresar a analizar el fondo de la problemática planteada. Asimismo, concierne aclarar que en cuanto a los codemandados Douglas Cecil Borda Montaño y Sergio Sebastián Pacheco Diamantino, Jueces de Instrucción Penal Sexto y Octavo de la Capital del departamento de La Paz, de la revisión de obrados se advierte que dichas autoridades hubieran conocido el proceso acumulado en la etapa preparatoria; de modo que, para el momento en que la accionante efectuó las solicitudes de desarraigo ante dichas autoridades, éstos ya hubieran perdido competencia respecto al proceso en cuestión (por acumulación de procesos y el otro, por remisión de actuados al Tribunal de Sentencia ante el requerimiento conclusivo acusación formal), por lo que, no corresponde analizar las actuaciones denunciadas de lesivas contra estos demandados; por cuanto, su actuación fue acorde a procedimiento, careciendo de legitimación pasiva en la problemática analizada.
De la compulsa de los antecedentes que cursan en el expediente constitucional, se tiene que mediante Auto Interlocutorio 617/2013 de 24 de octubre, el Juez de Instrucción Penal Octavo de la Capital del departamento de La Paz, ahora demandado, dispuso la acumulación de los procesos -iniciados contra la accionante y otros- con número de IANUS 201130610 y 201138198, estableciendo que el Juez de Instrucción Penal Sexto de la Capital del mismo departamento, sería la autoridad competente para conocer ambos casos, por ser el primero que tuvo conocimiento de la causa; asimismo, ordenó que los fiscales que conocen el proceso acumulen los cuadernos de investigación y los mismos sean conocidos por el fiscal que primero tuvo conocimiento del proceso (Conclusión II.1). El cual, posteriormente, ante la presentación de acusación formal hubiera sido remitido ante el Tribunal de Sentencia Penal Séptimo de la Capital del departamento de La Paz, para la sustanciación del juicio oral, público y contradictorio. Asimismo, se tiene el Auto Interlocutorio 164/2017 de 30 de agosto, pronunciado por el aludido Tribunal de Sentencia Penal, por el cual se declaró improcedente la solicitud de detención preventiva contra los acusados -entre ellos la accionante-, disponiendo su libertad pura y simple, de conformidad a lo establecido por el art. 235.1 del CPP; determinación que fue apelada por el acusador particular, mereciendo el pronunciamiento del Auto de Vista 279/2018 de 16 de agosto, por la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, que declaró admisible e improcedentes las cuestiones planteadas, confirmando la Resolución impugnada (Conclusión II.2). Así también, cursa una serie de memoriales presentados ante el Tribunal mencionado, por el cual la impetrante de tutela solicita se emita oficio de desarraigo, a decir, se tiene el primero presentado el 12 de octubre de 2021, que mereció el decreto de 14 de igual mes y año, indicando: “En atención al memorial que antecede, previamente aclare el número de Resolución del tribunal de alzada a la cual refiere y el número de Resolución por la cual se adoptó la medida sustitutiva de arraigo, hecho lo cual providenciara lo que fuere de ley” (sic [Conclusión II.3]). El segundo, presentado el 3 de diciembre del mismo año, pidiendo se disponga que por Secretaría se informe sobre la veracidad de la acumulación de procesos en su contra y, si dentro del proceso radicado en el Juzgado Octavo mereció una imposición de medida cautelar de arraigo en su contra; con lo cual pide remitir oficio a la DIGEMIG para su desarraigo. Escrito que mereció la providencia de 6 de igual mes y año, que señaló: “En atención al memorial que antecede estese a los datos del proceso, realice su petitorio de forma clara” (sic [Conclusión II.4]).
Posteriormente, el 10 de enero de 2022, presentó su tercera solicitud ante el mismo Tribunal, reiterando su pretensión “en forma clara”, obteniendo como respuesta el decreto de 11 de igual mes y año, que tampoco atiende su solicitud (Conclusión II.5). Y finalmente, el cuarto memorial presentado el 14 de marzo del mismo año, por el que “SE ALLANA A LA PROVIDENCIA DE FECHA 14 DE FEBRERO DE 2022” (sic) indicando en su contenido que “Mi último memorial, mereció la siguiente providencia: ‘EN MÉRITO AL INFORME QUE ANTECEDE SE TIENE EN RELACIÓN AL MEMORIAL DE FECHA 10 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO QUE LA SOLICITANTE DEBERÁ ESPECIFICAR CUÁL ES LA RESOLUCIÓN QUE IMPONE LA MEDIDA DE CARÁCTER REAL O ARRAIGO EN QUE FOJAS CURSA DEL CUADERNO DEL CONTROL JURISDICCIONAL, TOMANDO EN CUENTA QUE LA CARGA DE LA PRUEBA LA TIENE EL SOLICITANTE’” (sic). Que fue decretado el 16 de marzo de 2022, con el siguiente texto: “De acuerdo al memorial que antecede, no se demuestra que este tribunal haya dispuesto medidas de carácter real o arraigo (…) En relación a un reporte de registro de arraigo se desconoce dentro de que proceso y a través de qué instrumentos legales se ordena la misma. Razones por las cuales al no haber acreditado con prueba idónea y fidedigna su solicitud no ha lugar a la misma” (sic [Conclusión II.6]). En ese sentido, la accionante considera dicha negativa como restricción a su derecho a la libertad de locomoción porque el Tribunal de Sentencia Penal Séptimo de la Capital del departamento de La Paz -ahora demandado- se resiste a otorgarle el oficio para levantar su arraigo, habiendo transcurrido diez años de su vigencia, estando facultados para resolver su solicitud al ser las autoridades competentes para su conocimiento, por cuanto el proceso acumulado se encuentra en etapa de preparación del juicio radicado en dicho Tribunal. Ahora bien, de los datos y prueba adjunta, se tiene efectivamente que la accionante se encuentra arraigada desde el 14 de septiembre de 2012, por orden del “JUEZ 8° INST. PENAL CAUT.”, conforme se desprende del Reporte de Arraigo otorgado por la DIGEMIG (Conclusión II.7) demostrando con ello, que se encuentra cumpliendo la medida de arraigo por el lapso de diez años; en ese sentido es que formularon las peticiones supra mencionadas ante la autoridad que conoce la causa -Tribunal de Sentencia Penal- en busca de su levantamiento, sin obtener una solución definitiva a su problemática; así, conforme a lo anotado, corresponde a la justicia constitucional velar por la vigencia y protección del derecho alegado como vulnerado, sin hacer énfasis en el padecimiento de salud que refiere, al no haberse demostrado; de modo que, exigir a la peticionante de tutela que adjunte la resolución que impuso la medida personal en su contra, cuando en varias ocasiones ya le fue requerido sin éxito, sería imponerle una carga excesiva. La medida cautelar personal de arraigo, conforme dispone el parágrafo I numeral 8 del art. 231 bis del CPP, constituye la: “Prohibición de salir del país o del ámbito territorial que se determine, sin autorización judicial previa, a cuyo efecto se ordenará su arraigo a las autoridades competentes”, medida cautelar que restringe el derecho a la libertad de circulación -art. 21.7 de la CPE-, limitación que si bien se encuentra prevista en una ley -Código de Procedimiento Penal-, empero, para su imposición y permanencia, tienen que cumplirse las condiciones que fueron establecidas en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, entre las cuales se encuentra, la proporcionalidad y la razonabilidad, además, éstas deben ser revisadas periódicamente por las autoridades judiciales correspondientes, a los efectos de determinar la persistencia del riesgo, así como la necesidad y consecuente pertinencia de mantenerla vigente. En el presente caso, si bien no se tiene la resolución por la que se impuso la medida cautelar de arraigo a la ahora accionante; empero, resulta evidente que ésta continúa vigente y, por la explicación reiterada tanto en la demanda como en audiencia tutelar, fue impuesta dentro del proceso con IANUS 201138198, entonces a cargo del Juzgado de Instrucción Penal Octavo de la Capital del departamento de La Paz, proceso que posteriormente -por Auto Interlocutorio 164/2017- fue acumulado al IANUS 201130610, a cargo de su similar Sexto; y más adelante, ante la presentación de la acusación formal fue remitido al Tribunal de Sentencia Penal Séptimo de la Capital del referido departamento, se presume, sin las piezas extrañadas; no obstante lo señalado, dicho Tribunal, al estar a cargo del proceso penal de referencia, en conocimiento de la petición de desarraigo indicada, en uso de sus facultades debió solicitar información mediante cooperación directa ante otras autoridades -judiciales o administrativas-, pidiendo certificaciones o informe a la DIGEMIG, informes a los jueces que conocieron las causas acumuladas, remisión de fotocopias legalizadas de las piezas pertinentes o del expediente original -de la etapa preparatoria- del Archivo Judicial o por último, reposición por la interesada o los demás involucrados que forman parte en el proceso sin embargo, optó ante la falta de antecedentes no dar lugar a la solicitud, omitiendo realizar una revisión exhaustiva del expediente con la debida diligencia; no constituyendo un sustento jurídico válido, el exigir la presentación de “prueba idónea y fidedigna” que demuestre que dicho Tribunal haya dispuesto la medida o imponerle la carga para conseguir las piezas procesales exigidas, prolongando indebidamente la consideración de su situación jurídica, cuando lo correcto era resolverla de forma inmediata. En virtud a lo anotado se concluye que en el caso existe una evidente dilación ilegal en el trámite de desarraigo con afectación directa a la libertad de locomoción de la accionante; por cuanto, la interesada dirigió sus solicitudes ante la autoridad judicial a cargo del proceso -Tribunal de Sentencia Penal Séptimo de la Capital del departamento de La Paz-, sin obtener una solución efectiva y definitiva a su pretensión, correspondiendo en consecuencia, la concesión de la tutela impetrada, ordenando que el Tribunal mencionado, de forma inmediata, realice un control y revisión de la medida cautelar de arraigo impuesta contra la impetrante de tutela. En consecuencia, la Jueza de garantías al denegar la tutela solicitada, no obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución AL-08/2022 de 23 de septiembre, cursante de fs. 49 a 52, pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Novena de El Alto del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1º CONCEDER la tutela solicitada, conforme a los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; y, 2º Disponer que el Tribunal de Sentencia Penal Séptimo de la Capital del departamento de La Paz, en el día de su notificación con el presente fallo constitucional, resuelva la solicitud de desarraigo presentada por la accionante, si acaso, hasta la fecha no hubiera sido ya dispuesto. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
MAGISTRADA
Fdo. Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
1 Corte IDH, Caso Andrade Salmón vs. Bolivia (2016), párrafo 147. Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_330_esp.pdf 2Corte IDH, Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez vs. Bolivia (2007), Voto Razonado del Juez Sergio García Ramírez, párrafo 7. Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/CF/Jurisprudencia2/busqueda_casos_contenciosos.cfm
3 El FJ III.1.2, señala: “…la existencia de la garantía constitucional en análisis, no implica que todas las lesiones al derecho a la libertad tengan que ser necesariamente reparadas de manera exclusiva y excluyente a través del hábeas corpus; pues no se trata de una garantía que tenga la vocación de reparar, en exclusiva, todas las formas de lesión a la libertad que pudieran invocarse, sino la de dotar a la persona de un medio de defensa sencillo, eficaz y oportuno, para restablecer la lesión sufrida. En consecuencia, en los supuestos en que la norma procesal ordinaria de manera específica prevea medios de defensa eficaces y oportunos para resguardar el derecho a la libertad supuestamente lesionado, estos deben ser utilizados, previamente, circunstancia en la que excepcionalmente, el recurso de habeas corpus operará de manera subsidiaria (…) Consiguientemente, como el ordenamiento jurídico no puede crear y activar recursos simultáneos o alternativos con el mismo fin sin provocar disfunciones procesales no queridas por el orden constitucional, se debe concluir que el proceso constitucional del hábeas corpus, únicamente se activa cuando los medios de defensa
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0200_2025-S1.pdf · páginas 1 a 17.
Huella digital del PDF (SHA-256): 6d1cfe08270075e0f5ee7df2ab522db172c04acdea8375917caa1ab9a7ea0c1e
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