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SCP 0199/2025-S4

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Cuarta Especializada · 2 de abril de 2025

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Cuarta Especializada
Fecha
2 de abril de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
René Yván Espada Navía
Expediente
50590-2022-102-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

La solicitante de tutela, a través de su representante sin mandato, denunció la lesión de su derecho a la libertad y al debido proceso; ya que, dentro del proceso penal seguido en su contra por el Ministerio Público, el 13 de septiembre de 2022, reinstalada su audiencia de consideración de procedimiento abreviado, la ahora autoridad demandada habría emitido la Resolución 338/2022 de la misma fecha, donde aceptando el requerimiento conclusivo de procedimiento abreviado del Fiscal de Materia, emitió sentencia condenatoria en su contra, de dos años de reclusión por el delito de encubrimiento; sin embargo, la autoridad ahora demandada habría omitido pronunciarse sobre la aplicación del beneficio del perdón judicial solicitado; sin tomar en cuenta que, no registra antecedentes penales, a razón de existir un anuncio de apelación restringida por parte de la defensa de la víctima y que dicha determinación aún no estaría ejecutoriada; y que, posterior a su ejecutoria se consideraría la solicitud de perdón judicial. En consecuencia, corresponde en revisión, dilucidar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 06/2022 de 21 de septiembre, cursante de fs. 27 a 29, pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Novena de El Alto del departamento de La Paz; y en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, disponiendo que, en el plazo de veinticuatro horas de notificada a la autoridad demandada con el presente fallo constitucional, proceda a considerar la solicitud de aplicación o no del beneficio de Perdón Judicial, siempre y cuando la situación jurídica de la accionante no haya cambiado por el transcurso del tiempo y por la resolución de los recursos impugnatorios formulados en su momento.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Finalidad del beneficio de la suspensión condicional de la pena aplicable al Perdón Judicial
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0199/2025-S4 Sucre, 2 de abril de 2025 SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: René Yván Espada Navía Acción de libertad Expediente: 50590-2022-102-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 06/2022 de 21 de septiembre, cursante de fs. 27 a 29, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Marcelo Flores Quispe, en representación sin mandato de Rosario Churqui Portugal contra Dina Larrea López, Jueza de Instrucción Penal Tercera de El Alto del departamento de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 20 de septiembre de 2022, cursante de fs. 1 a 3 vta., la accionante, a través de su representante sin mandato; manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

El 13 de septiembre de 2022, se reinstaló audiencia de consideración de procedimiento abreviado, donde la ahora autoridad demandada emitió la Resolución 338/2022 de la misma fecha, donde se dispuso aceptar el requerimiento conclusivo de procedimiento abreviado, emitiendo sentencia condenatoria de dos años de reclusión por el delito de encubrimiento; sin embargo, la autoridad ahora demandada omitió pronunciarse sobre la aplicación del beneficio del perdón judicial, máxime cuando la autoridad fiscal adjuntó el Registro Judicial de Antecedentes Penales (REJAP), donde se evidencia que no registra antecedentes penales. En la indicada audiencia el abogado de una de las víctimas anunció apelación restringida, y su abogado solicitó la aplicación del art. 368 del Código de Procedimiento Penal (CPP), concerniente al perdón judicial; empero, dicha autoridad demandada rechazó dicha petición a razón de existir un anuncio de apelación restringida y que dicha determinación aún no estaría ejecutoriada y que posterior a su ejecutoria se consideraría la solicitud de perdón judicial. Y citando a la “SC 1262/2006-R de 11 de diciembre” señaló que, un Juez que no haya ordenado se deje sin efecto la ejecución de un mandamiento de condena, al verificar que se concedió el beneficio de perdón judicial, incurre en persecución indebida, al igual que cuando libra el referido mandamiento de condena, bajo la concesión del perdón judicial. Por otro lado el beneficio de perdón judicial, no es facultativo del administrador de justicia, sino obligación dispuesta por la referida norma, que contiene un mandato imperativo de cumplimiento obligatorio.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

La accionante a través de su representante sin mandato, denunció la lesión de su derecho a la libertad y al debido proceso, sin citar norma constitucional alguna.

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela impetrada; y, en consecuencia, se ordene a la Jueza de Instrucción Penal Tercera de El Alto del departamento de La Paz –ahora demandada–, que en plazo de veinticuatro horas, de forma inmediata le conceda el beneficio del perdón judicial y se libre mandamiento de libertad correspondiente.

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías

Celebrada la audiencia virtual el 21 de septiembre de 2022, según consta en el acta cursante a fs. 24 a 26; presente, la accionante acompañada de su abogado; y, ausente autoridad demandada; se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

La impetrante de tutela, se ratificó in extenso en su memorial de demanda de la presente acción tutelar; y ampliándolo, señaló que: a) Mediante Resolución 565/2021 de 22 de agosto, de consideración de procedimiento abreviado se dispuso su detención preventiva en el Centro Penitenciario de Obrajes de La Paz; b) Asimismo, durante toda la etapa de investigación, se ha podido establecer y se ha dado a conocer también la existencia de dos menores de edad, los cuales están en guarda con sus familiares externos; toda vez que, el padre también se encuentra con detención preventiva; c) De las investigaciones que se ha ido realizando, se ha podido advertir de que ya no habría la existencia de delito primigenio que era robo agravado en grado de complicidad; y posteriormente, el 25 de agosto de 2022, el Ministerio Público requirió la aplicación de la salida alternativa de procedimiento abreviado a su favor; es así que, el 13 de septiembre del mismo año se llevó a cabo audiencia para el efecto, y en la misma se dictó la Resolución 338/2022; por la cual, se dispuso aceptar el requerimiento conclusivo del procedimiento abreviado, emitiendo sentencia condenatoria de dos años de reclusión por el delito de encubrimiento; sin embargo, la autoridad demandada omitió pronunciarse sobre la aplicación del beneficio del perdón judicial; es en ese instante que se vulneró el derecho a su libertad, el debido proceso entendiéndose como la tutela judicial efectiva; así como, en su elemento de seguridad jurídica, así también el derecho a ser juzgado en una justicia pronta y efectiva; d) La presente acción lleva un triple carácter preventivo, correctivo y reparador, también reforzando su carácter la acción de defensa oportuna y eficaz; y, conforme se razonó en la “SCP 1515/2005-R de 23 de noviembre” no es posible ejecutar el mandamiento de condena, mientras se encuentre el trámite de perdón judicial; tomando en cuenta, que este beneficio ha sido legalmente ya concebido mediante una resolución; es así que: “se advierte que estando sin pronunciamiento las solicitudes de perdón judicial y cumplidos con los requisitos, la jueza incurrió en irregularidades(…) cometió un acto vulneratorio y dilatorio porque analizado este decreto se estaría dilatando la resolución del perdón judicial pronunciándose en otros aspectos que nada tiene que ver, tales como la Ejecutoria de la Sentencia Condenatoria, donde no es necesario que se encuentre ejecutoriada la misma para otorgar el perdón judicial” (sic); y, e) El perdón judicial no es facultativo del administrador de justicia, sino obligación dispuesta por la referida norma, porque ésta establece que el Juez debe observar la aplicación del perdón judicial, no dice que previamente debería estar ejecutoriada o no la sentencia; es en ese contexto que, se ha vulnerado su derecho a la libertad, ya que el actuar de la Jueza hoy demandada al no haber ordenado que se deje sin efecto la ejecución de un mandamiento de condena, incurre en persecución indebida.

I.2.2. Informe de la autoridad demandada

Dina Larrea López, Jueza de Instrucción Penal Tercera de El Alto del departamento de La Paz, mediante informe escrito de 21 de septiembre de 2022, cursante a fs. 11 y vta.; señaló que: 1) El proceso penal que se le sigue a la ahora accionante, es a raíz de existir una imputación formal en su contra por la presunta comisión del delito de robo agravado en grado de complicidad y que bajo Resolución 565/2021 de 23 de agosto, se habría dispuesto la detención preventiva en el Centro de Orientación Femenina de Obrajes, a raíz de que existen cuatro personas más investigadas por el delito de robo agravado y asociación delictuosa por el robo de remesa minera de “230.000 Dólares” (sic); 2) La Resolución 338/2022 admitió la salida alternativa de procedimiento abreviado a favor de la ahora solicitante de tutela, y dictó la sentencia condenatoria para la misma, por haberse declarado autora del delito de encubrimiento del delito de robo agravado tipificado en el art. 171 del Código Penal (CP); 3) El abogado de la hoy impetrante de tutela, no ha planteado enmienda y complementación de ninguna índole, no ha planteado reposición con relación a que deba primero ejecutoriarse y luego beneficiarse con el perdón judicial, ya que como prevé el art. 408 del CPP, establece quince días para apelar, y al no haber existido reclamo por parte de la defensa técnica de la sentencia; más aún, siendo una audiencia presencial, ha aceptado la determinación asumida en audiencia; y, 4) Si se computa el tiempo, desde la emisión de la sentencia mediante Resolución 338/2022 de 13 de septiembre, han transcurrido ocho días y recién pretende establecer mediante esta acción de defensa, que debe beneficiarse con el perdón judicial, cuando en la referida audiencia no hizo uso del recurso de apelación ante la determinación de la autoridad judicial; lo cual, debe entenderse que está de acuerdo con la sentencia, con la emisión del mandamiento de condena y esperar la ejecutoria de la sentencia.

I.2.3. Resolución

La Jueza de Sentencia Penal Novena de El Alto del departamento de La Paz, constituida en Jueza de garantías, a través de Resolución 06/2022 de 21 de septiembre, cursante de fs. 27 a 29, denegó la tutela impetrada; bajo el siguiente fundamento: Si bien es cierto que por mandato del art. 368 del CPP; se tiene que, la autoridad jurisdiccional al dictar sentencia condenatoria debe conceder el perdón judicial al autor o partícipe por un primer delito y que haya sido condenado a pena privativa de libertad no mayor a dos años; y que, la jurisdicción constitucional puede ser activada cuando los medios de defensa existentes en el ordenamiento común, no sean los idóneos para reparar de manera urgente, pronta y eficaz, el derecho a libertad ilegalmente restringido; empero, este no es el caso, por cuanto si bien en la última parte del acta de audiencia de aplicación de procedimiento abreviado de 13 de septiembre de 2022, la autoridad jurisdiccional dispuso la notificación de las partes en sala, con el decreto de rechazo a la solicitud de aplicación del art. 368 del CPP; sin embargo, el mismo no fue cumplido; ya que, su autoridad extraña esta notificación en el cuaderno de control jurisdiccional; es decir, que la solicitante de tutela estaría aún en plazo para interponer los recursos impugnatorios que la ley le franquea, para restituir su derecho a la libertad; por lo que, no correspondía plantear directamente esta acción de defensa.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Por Auto de Control Jurisdiccional de 15 de julio de 2022, la Jueza ahora demandada, declaró que: “…ha quedado en claro el hecho que persiste investigar y a quien se investiga Rosario Churqui Portugal por la presunta comisión del delito de robo agravado en grado de complicidad art. 332 numeral 1 y 2 con relación al art. 23 del Código Penal…” (sic [fs. 20 y vta.]). II.2. El 21 de agosto de 2021, el Fiscal de Materia asignado al caso amplió la investigación y presentó Resolución de Imputación Formal 114/2021, en contra de Rosario Churqui Portugal –ahora accionante–, solicitando la aplicación de medidas cautelares (fs. 12 a 16 vta.). II.3. Cursa Resolución 565/2021 de 22 de agosto de 2021, dictada por el Juzgado de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia las Mujeres Primero de El Alto del departamento de La Paz, en el proceso penal seguido por el Ministerio Público en contra de la ahora impetrante de tutela, por el delito de robo agravado, que dispuso la detención preventiva de la misma y sea en el Centro de Orientación Femenina de Obrajes por el plazo de tres meses (fs. 17 a 19 vta.). II.4. Se tiene Sentencia 338/2022 de 13 de septiembre, emitida por Dina Larrea López, Jueza de Instrucción Penal Tercera de El Alto del departamento de La Paz –ahora demandada–, en la que: i) Admitió la salida alternativa de procedimiento abreviado a favor de Rosario Churqui Portugal –ahora solicitante de tutela–, emitido por el Ministerio Público, y falla dictando Sentencia condenatoria para la indicada, por haberse declarado autora del delito de encubrimiento del delito de robo agravado tipificado en el art. 171 del Código Penal (CP), imponiéndole la pena de dos años de reclusión en el Centro de Orientación Femenina de Obrajes, más el pago de costas al Estado de Bs2 000.- (dos mil bolivianos); debiendo empozarse al Consejo de la Magistratura dicho monto; ii) Asimismo, estableció que deberá pagarse si así corresponde el resarcimiento de costas y daños a la víctima, que deberá ser calificado ante el Juez de Ejecución; en consecuencia, ordenó se emita el mandamiento de condena de la ahora accionante; iii) El abogado de la víctima hizo la reserva de recurso de apelación restringida; a ello, la referida Jueza indicó que se considere el tiempo prudencial conforme al art. 408 del CPP para luego su ejecutoria; y, iv) Por su parte el abogado de la hoy impetrante de tutela, presentando el certificado de antecedentes penales de su defendida, solicitó la aplicación del art. 368 del CPP referido al perdón judicial; y, la mencionada Jueza señaló: “…conforme establece la ley es posible el beneficio de un perdón judicial, sin embargo habiendo anunciado un recurso de apelación, no está ejecutoriado para darse la eficacia de la sentencia de 2 años, en consecuencia ejecutoriada la misma la autoridad jurisdiccional pues deberá establecer un perdón judicial conforme prevé la ley pero primeramente debe ejecutoriarse la misma…” (sic [fs. 8 a 10]).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La solicitante de tutela, a través de su representante sin mandato, denunció la lesión de su derecho a la libertad y al debido proceso; ya que, dentro del proceso penal seguido en su contra por el Ministerio Público, el 13 de septiembre de 2022, reinstalada su audiencia de consideración de procedimiento abreviado, la ahora autoridad demandada habría emitido la Resolución 338/2022 de la misma fecha, donde aceptando el requerimiento conclusivo de procedimiento abreviado del Fiscal de Materia, emitió sentencia condenatoria en su contra, de dos años de reclusión por el delito de encubrimiento; sin embargo, la autoridad ahora demandada habría omitido pronunciarse sobre la aplicación del beneficio del perdón judicial solicitado; sin tomar en cuenta que, no registra antecedentes penales, a razón de existir un anuncio de apelación restringida por parte de la defensa de la víctima y que dicha determinación aún no estaría ejecutoriada; y que, posterior a su ejecutoria se consideraría la solicitud de perdón judicial. En consecuencia, corresponde en revisión, dilucidar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.

III.1. Finalidad del beneficio de la suspensión condicional de la pena aplicable al Perdón Judicial

La SCP 0528/2010-R de 12 de julio estableció que “La norma prevista por el art. 366 del CPP, establece que el juez o tribunal, previo los informes necesarios, tomando en cuenta los móviles o causas que hubiesen inducido al delito, la naturaleza y modalidad del hecho, podrá suspender de modo condicional el cumplimiento de la pena cuando concurran los requisitos de que la persona haya sido condenada a pena privativa de libertad que no exceda de tres años y que además no hubiese sido objeto de condena anterior por delito doloso en los últimos cinco años, por su parte el art. 367 del mismo Código dispone que si durante el período de prueba el beneficiario infringe, sin causa justificada, las normas de conducta impuestas, la suspensión será revocada y deberá cumplir la pena impuesta. (…) El imputado condenado que cumpla con los requisitos previstos por el art. 366 del CPP, puede acogerse al beneficio de la suspensión condicional de la pena, aun se encuentre pendiente de resolución el recurso de apelación restringida contra la sentencia que se hubiere pronunciado. …El razonamiento respecto al perdón judicial, fue aplicado también a la suspensión condicional de la pena a través de la SC 0797/2006-R de 15 de agosto, al señalar que: “…la suspensión condicional de la pena, al igual que el perdón judicial, constituye un beneficio instituido por el legislador como una medida de política criminal con similar finalidad a la que persigue el perdón judicial, encuentra su fundamento en la necesidad de privar de los efectos negativos de las penas privativas de libertad de corta duración, por ello es un instituto de carácter sustantivo que se encuentra condicionado al cumplimiento de los requisitos que el legislador ha previsto”. Este entendimiento fue reiterado por la Sentencia Constitucional Plurinacional 1099/2016-S2 de 3 de noviembre, que cito a la SCP 0332/2013 de 18 de marzo, la cual cito a la SC 0528/2010-R de 12 de julio con el referente texto, entre otras; esta última, en su Fundamento Jurídico III.3, indica: “Con relación al beneficio de la suspensión condicional de la pena, la SCP 0327/2013 de 18 de marzo, determinó que: “De acuerdo a la jurisprudencia emitida por este Tribunal, la suspensión condicional de la pena es una medida de política criminal, cuyo propósito es semejante al que persigue el perdón judicial, su fundamento radica en la necesidad de evitar las secuelas negativas de las penas privativas de libertad que son de corta duración; también, es necesario referirse que su otorgación está..” (…) El razonamiento indicado supra tiene como precedente la SC 1614/2005-R de 9 de diciembre, que a momento de resolver cuestionamientos respecto a si se justifica por su utilidad que el favorecido por beneficio del perdón judicial sea privado de su libertad en tanto se ejecutoria la condena que le fue impuesta, estableció que: ‘…no es constitucionalmente justificable, que el condenado favorecido con perdón judicial deba continuar privado de su libertad, por haber desaparecido el factor utilidad procesal en el que se justificó desde el juicio de proporcionalidad, el sacrificio del derecho a la libertad por la eficacia en la protección de los bienes jurídicos penalmente tutelados que se realiza a través de la defensa social, que la Constitución le encomienda al Ministerio Público’”.

III.2. Análisis del caso concreto

La impetrante de tutela, a través de su representante sin mandato, denunció la lesión de su derecho a la libertad y al debido proceso; ya que, dentro del proceso penal seguido en su contra por el Ministerio Público, el 13 de septiembre de 2022, reinstalada su audiencia de consideración de Procedimiento abreviado, la ahora autoridad demandada habría emitido la Resolución 338/2022 de la misma fecha, donde aceptando el requerimiento conclusivo de procedimiento abreviado del Fiscal de Materia, emitió sentencia condenatoria en su contra, de dos años de reclusión por el delito de encubrimiento; sin embargo, la autoridad ahora demandada habría omitido pronunciarse sobre la aplicación del beneficio del perdón judicial solicitado; sin tomar en cuenta que, no registra antecedentes penales, a razón de existir un anuncio de apelación restringida por parte de la defensa de la víctima y que dicha determinación aún no estaría ejecutoriada; y que, posterior a su ejecutoria se consideraría la solicitud de perdón judicial. De lo expuesto y desglosados los antecedentes por este Tribunal y mediante los fundamentos expuestos en las Conclusiones del presente fallo constitucional; se advierte que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en contra de la ahora solicitante de tutela, por el delito de robo agravado, se emitió Auto de Control Jurisdiccional de 15 de julio de 2022, por el que, la Jueza ahora demandada, señaló que quedó en claro el hecho que persiste investigar a la ahora accionante, por la presunta comisión del delito de robo agravado en grado de complicidad citando al “art. 332 numeral 1 y 2 con relación al art. 23 del Código Penal” (sic); y el 21 de agosto de 2021, el Fiscal de Materia asignado al caso amplió la investigación y presentó Resolución de Imputación Formal 114/2021, en contra de Rosario Churqui Portugal –ahora solicitante de tutela–, solicitando la aplicación de medidas cautelares; y por Resolución 565/2021 de 22 de agosto, dictada por el Juzgado de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia las Mujeres Primero de El Alto del departamento de La Paz, se dispuso la detención preventiva de la misma en el Centro de Orientación Femenina de Obrajes por el plazo de tres meses. (Conclusiones II.1. a II.3.). Y, admitiéndose la salida alternativa de procedimiento abreviado a favor de Rosario Churqui Portugal –ahora impetrante de tutela–, emitido por el Ministerio Público, se pronunció Sentencia Condenatoria 338/2022, dictada por la autoridad demandada, por haberse declarado autora del delito de encubrimiento del delito de robo agravado tipificado en el art. 171 del CP, imponiéndole la pena de dos años de reclusión en el Centro de Orientación Femenina de Obrajes, más el pago de costas al Estado de Bs2 000.- debiendo empozarse al Consejo de la Magistratura; asimismo, estableció que deberá pagarse si así corresponde el resarcimiento de costas y daños a la víctima, que deberá ser calificado ante el Juez de Ejecución; en consecuencia, ordenó se emita el mandamiento de condena de la ahora solicitante de tutela. En dicha audiencia, el abogado de la víctima hizo la reserva de recurso de apelación restringida; a ello, la referida Jueza indicó que se considere el tiempo prudencial conforme al art. 408 del CPP para luego su ejecutoria; y, por su parte el abogado de la hoy accionante, presentando el certificado de antecedentes penales de su defendida, solicitó la aplicación del art. 368 del mismo código, referido al perdón judicial; y, la Jueza ahora demandada señaló: “…conforme establece la ley es posible el beneficio de un perdón judicial, sin embargo habiendo anunciado un recurso de apelación, no está ejecutoriado para darse la eficacia de la sentencia de 2 años, en consecuencia ejecutoriada la misma la autoridad jurisdiccional pues deberá establecer un perdón judicial conforme prevé la ley pero primeramente debe ejecutoriarse la misma…” (sic [Conclusiones II.4.]). Establecidos los antecedentes procesales y en relación con lo impetrado, expresado en el memorial de acción de libertad, este Tribunal advierte que la impetrante de tutela a través de su representante sin mandato, considera, vulnerados su derecho a la libertad y el debido proceso; ya que, habiendo su defensa técnica solicitado el perdón judicial, al haberse dispuesto sentencia condenatoria en su contra por la comisión del delito de encubrimiento previsto en el art. 171 del CP, dicha autoridad jurisdiccional demandada habría diferido la consideración de su pretensión, alegando que, la defensa de la víctima habría anunciado interponer apelación incidental e indicando que primero tendría que ejecutarse la sentencia. Bajo ese contexto, se concluye que de acuerdo al entendimiento jurisprudencial asumido en el Fundamento Jurídico III.1. de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, se tiene que tanto la suspensión condicional de la pena, al igual que el perdón judicial, constituye un beneficio instituido por el legislador como una medida de política criminal con similar finalidad a la que persigue el perdón judicial, encuentra su fundamento en la necesidad de privar de los efectos negativos de las penas privativas de libertad de corta duración, por ello es un instituto de carácter sustantivo que se encuentra condicionado al cumplimiento de los requisitos que el legislador ha previsto, entre los cuales no se tiene como exigencia la que previamente se ejecutoríe la sentencia, es decir que no está prevista la posibilidad de que se pueda diferir la tramitación de una solicitud de perdón judicial bajo el argumento de que estaría pendiente la interposición de una apelación restringida. Bajo esos antecedentes desglosados; se advierte que, habiéndose solicitado el perdón judicial en aplicación a lo previsto en el art. 368 del CPP, en audiencia de pronunciamiento de Sentencia condenatoria de la accionante, correspondía que la Jueza demandada a momento de que la impetrante de tutela solicitó el perdón judicial a su favor, en audiencia previa verificación de los requisitos de procedencia se pronuncie ya sea de manera positiva o negativa y no condicionar a un presupuesto no previsto en la norma procesal penal como es la interposición de apelación restringida incurriendo con dicha decisión en un acto vulneratorio y dilatorio. A mayor abundamiento se debe tener presente lo previsto en el art. 368 del CPP, referido al Perdón Judicial, estableciendo que: “La jueza o el juez o tribunal al dictar sentencia condenatoria, concederán el perdón judicial al autor o partícipe que por un primer delito haya sido condenado a pena privativa de libertad no mayor a dos años. No procederá el perdón judicial, bajo ninguna circunstancia, en delitos de corrupción”. Por tanto, no constituye un requisito el que la sentencia condenatoria sea ejecutoriada para la aplicación del citado instituto procesal. En consecuencia tomando en cuenta lo expresado en el Fundamento Jurídico III.1. del presente fallo constitucional, que señala que, cuando una persona pueda ser beneficiada con el perdón judicial, corresponde a la autoridad de la causa considerar de manera inmediata la aplicación o no de dicho beneficio, no siendo posible diferirla o condicionarla a la presentación de un recurso de apelación restringida o la ejecutoria de la sentencia, pues su esencia y finalidad de dicho instituto es evitar los efectos negativos de una privación de libertad en casos en los que la condena es mínima; ya que actuar en contrario se constituye en una decisión que vulnera el debido proceso; por lo que, corresponde conceder la tutela solicitada. En consecuencia, la Jueza de garantías, al denegar la tutela impetrada, obró de forma incorrecta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 06/2022 de 21 de septiembre, cursante de fs. 27 a 29, pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Novena de El Alto del departamento de La Paz; y en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, disponiendo que, en el plazo de veinticuatro horas de notificada a la autoridad demandada con el presente fallo constitucional, proceda a considerar la solicitud de aplicación o no del beneficio de Perdón Judicial, siempre y cuando la situación jurídica de la accionante no haya cambiado por el transcurso del tiempo y por la resolución de los recursos impugnatorios formulados en su momento. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

René Yván Espada Navía

MAGISTRADO

MSc. Isidora Jiménez Castro

MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0199_2025-S4.pdf · páginas 1 a 10.

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