B.IA.LEGAL

SCP 0199/2025-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 25 de marzo de 2025

Concede en parte la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera
Fecha
25 de marzo de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
Expediente
50686-2022-102-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

La impetrante de tutela denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, a la dignidad, a la salud, al trabajo, a la protección oportuna y efectiva por los jueces, al debido proceso, a la presunción de inocencia; y, al principio de seguridad jurídica; en razón a que: a) El Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Segundo de la Capital del departamento de La Paz, no dio respuesta al memorial presentado el 20 de julio de 2022, a través del cual solicitó su libertad irrestricta y el levantamiento de las medidas cautelares impuestas en su contra, por efecto de la Resolución de Sobreseimiento MGL 03/2022 emitida a su favor; y, b) El Juez de Instrucción Penal Primero de la Capital del mencionado departamento, en suplencia legal del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Cuarto del mismo departamento, no dio respuesta a los memoriales presentados el 26 y 31 de agosto y 2 de septiembre, todos de 2022, a través de los cuales reiteró su solicitud de libertad irrestricta y el levantamiento de las medidas cautelares dispuestas en su contra en mérito de la referida Resolución de sobreseimiento. […]

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 04/2022 de 14 de septiembre, cursante de fs. 95 a 98, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal y Anticorrupción Primero de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías; y en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, respecto a Andrés Franz Zabaleta Callizaya, Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Segundo de la Capital del departamento de La Paz en cuanto a la vulneración de los derechos a la libertad, a la protección oportuna y efectiva por los jueces, al debido proceso, relacionados con el principio de la seguridad jurídica; 2° DENEGAR la tutela solicitada, respecto Román Castro Quisbert, Juez de Instrucción Penal Primero de la Capital del departamento de La Paz en suplencia legal del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Cuarto del mismo departamento, así como en cuanto a los derechos a la dignidad, a la salud, al trabajo, y a la presunción de inocencia; y, 3° Dimensionar los efectos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, se mantiene la validez de los actos posteriores a la exhortación al Juez Suplente -se entiende del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Cuarto de la Capital del departamento de La Paz- efectuada a través de la Resolución 04/2022 de 14 de septiembre, para que conozca y resuelva en audiencia en el plazo de veinticuatro horas de su legal notificación con el presente fallo constitucional, la solicitud efectuada por la ahora peticionante de tutela respecto a su libertad irrestricta y los efectos correspondientes de la Resolución de Sobreseimiento siempre y cuando no se haya modificado su situación jurídica.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y la dilación indebida
  2. III.2. La acción de libertad innovativa
  3. III.3. Efectos de la Excusa y Recusación
  4. III.4. Sobre los efectos del sobreseimiento y la libertad de un detenido preventivo
  5. III.5. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0199/2025-S1 Sucre, 25 de marzo de 2025 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de libertad Expediente: 50686-2022-102-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 04/2022 de 14 de septiembre, cursante de fs. 95 a 98, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Scarley Marina Valeriano Barroso contra Andrés Franz Zabaleta Callisaya, Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Segundo y Román Castro Quisbert, Juez de Instrucción Penal Primero en suplencia legal del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Cuarto, ambos de la Capital del departamento de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Mediante memorial presentado el 13 de septiembre de 2022, cursante de fs. 64 a 67 vta., la impetrante de tutela, manifestó los siguientes argumentos de hecho y de derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Señala que dentro el proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra y otros, por la presunta comisión del delito de incumplimiento de deberes, el 19 de mayo de 2020, durante el gobierno de la expresidenta Jeanine Áñez, se procedió al secuestro de su teléfono celular sin orden judicial. A raíz del reclamo que realizó por tal irregularidad, se le inició un proceso penal indebido, dentro del cual, en audiencia de medidas cautelares celebrada el 4 de junio de 2020, se dispuso la aplicación de la medida de carácter excepcional, la detención preventiva, ordenada por el Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Quinto de la Capital del departamento de La Paz.

Mediante la documentación adjunta, acreditó que estuvo privada de libertad por más de dos años, tres meses y diez días; de los cuales, pasaron cinco meses y quince días en detención preventiva en el Centro de Orientación Femenina de Miraflores del señalado departamento, y el tiempo restante, hasta la fecha de presentación de la presente acción tutelar, en detención domiciliaria sin autorización de salida laboral. En junio de 2022, dentro del caso 201102012001472, la Fiscal de Materia Martha López Gonsalez emitió la “Resolución de Sobreseimiento MLG No.03/2022”, presentada el 27 de junio, la cual se encuentra ejecutoriada. Esta situación se constata por los informes de 28 de julio y 1 de agosto de 2022, elaborados por Roberto Israel Tonconi Maydana, Técnico Legal II de la Fiscalía Departamental de La Paz, dirigidos a la misma Fiscal, donde expresamente se señala: “(…) dentro del caso 201102012001472, NO cursa ninguna impugnación contra la RESOLUCIÓN DE SOBRESEIMIENTO MLG N° 03/2022 (…)” (sic); concluyéndose que la mencionada Resolución quedó firme desde el 15 de julio de 2022. A partir de esa fecha, presentó cuatro memoriales solicitando el levantamiento de las medidas cautelares y el restablecimiento de su libertad irrestricta; a saber, el 20 de julio de 2022, ante el Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Segundo de la Capital del departamento de La Paz; y, el 26, 31 de agosto y 2 de septiembre de 2022, ante su similar Cuarto de la misma jurisdicción, sin obtener hasta la presentación de la actual demanda tutelar, respuesta alguna. Desde la ejecutoría de la resolución (15 de julio de 2022) han transcurrido más de sesenta días, sin que ninguna autoridad judicial haya resuelto sus peticiones, lo que configura retardación de justicia y conlleva una afectación directa a su derecho constitucional a la libertad, al continuar detenida de forma indebida bajo una medida cautelar sin sustento legal. Este incumplimiento por parte de los ahora demandados -Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Segundo y Juez de Instrucción Penal Primero en suplencia legal del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Cuarto, ambos de la Capital del departamento de La Paz-, demuestra una grave negligencia judicial, ya que no se ha procedido al levantamiento de las medidas impuestas mediante el Auto Interlocutorio 403/2020 de 11 de noviembre, a pesar de la existencia de una Resolución de Sobreseimiento Ejecutoriada que debió ser cumplida conforme lo establece los arts. 130 y 132 del Código de Procedimiento Penal (CPP).

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

La demandante de tutela, considera lesionados sus derechos a la libertad, a la dignidad, a la salud, al trabajo, a la protección oportuna y efectiva por los jueces, al debido proceso, a la presunción de inocencia; y, al principio de la seguridad jurídica, citando al efecto, los arts. 115, 116.I, 120, 125, 126 y 127 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela; y en consecuencia, se ordene la tramitación de su libertad irrestricta en un plazo no mayor a veinticuatro horas, con el cese de todas las medidas cautelares impuestas a su persona, la devolución de la fianza, cancelación del arraigo, de los antecedentes policiales, además que debe conminarse al Ministerio Público proceda a la devolución de su celular en el mismo plazo.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Efectuada la audiencia pública de consideración de la presente acción tutelar el 14 de septiembre de 2022, según consta en acta cursante de fs. 93 a 94 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

La parte solicitante de tutela a través de su abogado, en audiencia, se ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de amparo constitucional

I.2.2. Informes de las autoridades demandadas

Andrés Franz Zabaleta Callisaya, Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Segundo de la Capital del departamento de La Paz, mediante informe presentado el 14 de septiembre de 2022, cursante de fs. 90 a 92 vta. señaló que: a) El caso de autos de acuerdo al Sistema Integrado de Registro Judicial (SIREJ), con CUD: 201102012001472, consigna como juzgado de origen al Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Cuarto de la Capital del mencionado departamento; b) Tuvo conocimiento de la causa seguida contra la ahora peticionante de tutela por excusa del Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Cuarto de la Capital del citado departamento; c) A partir del sorteo de causas dentro del Sistema Integrado de Registro Judicial de la Capital del departamento de La Paz, se tiene el control de “cusas” en el Sistema Informático, lo que significa que los Secretarios de Despacho efectúan el seguimiento de plazos utilizando dicho sistema; “empero debemos informar que debe ser establecido la titularidad de la ‘cusa’ en el juzgado de origen lo que implica un sorteo de causa y como en el caso de autos se procede a efectuar un sorteo al juzgado en suplencia sea por recusación, excusa o declinatoria” (sic); c) Para la recepción de escritos presentados por las partes se precisa contar con el CUD y se lo debe hacer previo sorteo en plataforma y no directamente al Juzgado; d) No se puede efectuar el control jurisdiccional de “cusas” cuando no se cuenta con el Registro Judicial y el respectivo Código Único; e) Las autoridades jurisdiccionales que conocen “cusas” por declinatoria, recusaciones, excusas ameritan un sorteo, sea por tema temporal o definitivo, en el caso de autos, lo reclamado en la acción de libertad fue por causa temporal, por la existencia de una excusa; f) En el caso concreto, el 9 de noviembre de 2021, William Presvitero Rodríguez Álvarez, Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Cuarto de la Capital del mismo departamento, declinó competencia de forma temporal, ordenando el sorteo respectivo, siendo radicada la causa en su despacho el 3 de diciembre de 2021, mediante Auto de 24 de mayo de 2022, el cual dispuso la declinatoria de competencia temporal, disponiendo sea devuelto el expediente al Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Cuarto de la Capital del referido departamento, al haber desaparecido la causal invocada por la precitada autoridad judicial; g) Respecto al memorial de 20 de julio de 2022, que fue remitido a su despacho el 25 de julio de igual año, se emitió la providencia de 26 de similar mes y año, lo que demuestra que no es evidente que no se haya providenciando dicho memorial; h) Respecto a los escritos de 26 y 31 de agosto y de 2 de septiembre, todos de 2022, no tuvo conocimiento de los mismos, al haber sido presentados al Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Cuarto de la Capital del señalado departamento; i) De acuerdo a los arts. 56 de la Ley de Abreviación Procesal y Fortalecimiento de la Lucha Integral Contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019- y 94 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ) -Ley 025 de 24 de junio de 2010-, quien ejerce el control de despacho es el Secretario del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Cuarto de la Capital del citado departamento, y no así la autoridad ahora demandada, al ser una función no jurisdiccional. Asimismo, el control del Sistema Informático y Seguimiento de “cusa” para el informe respectivo al juez sobre peticiones de mero trámite o de señalamiento de audiencias inserto en el Código Único para efectos de control y acto jurisdiccional está bajo la tuición del Secretario y no de la autoridad jurisdiccional; j) El escrito de 20 de julio de 2022, que fue remitido a su despacho el 25 de igual mes y año, ameritó la providencia de 26 de julio de 2022, disponiendo “estese al auto de 24 de mayo de 2022”, el cual estaba referido a la remisión del expediente al Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Cuarto de la Capital del mencionado departamento; no siendo evidente que no se hubiera providenciado dicho escrito dentro el plazo de veinticuatro horas; k) La parte ahora accionante tenía la vía de reposición de la referida providencia en el marco del art. 401 del CPP y buscar sea corregido, no haber activado dicho recurso, no se cumplió con el principio de subsidiariedad, lo que impide que la autoridad constitucional ejerza tutela en “un acto pendiente de resolución” y por no haber agotado la “instancia” procesal; l) Existe una impertinencia del acto jurisdiccional, debido a que la ahora impetrante de tutela afirma haber presentado el escrito el 20 de julio de 2022 solicitando su libertad irrestricta y el levantamiento de las medidas cautelares impuestas, cuando dice presentar como elemento probatorio el informe de 1 de agosto de 2022, emitido por Roberto Israel Tonconi Maydana, Técnico Legal II del Ministerio Público, lo que impide que el Juez de garantías pueda ingresar en actos de competencia del Juez ordinario para la valoración de dicha prueba; y, m) De acuerdo al art. 125 de la CPE y 47 del Código Procesal Constitucional (CPCo), la acción de libertad procede cuando, la vida está en peligro, esta ilegalmente perseguida, esta indebidamente procesada o esta indebidamente privada de su libertad. Con base a estos argumentos, solicitó se deniegue la tutela al concurrir el principio de subsidiariedad. Román Castro Quisbert, Juez de Instrucción Penal Primero en suplencia legal del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Cuarto de la Capital del departamento de La Paz, mediante informe presentado el 14 de septiembre de 2022, cursante de fs. 77 a 78 vta., señaló que: 1) Fue designado como Juez suplente del precitado Juzgado, el 15 de agosto de 2022, de forma indefinida; 2) La demandante de tutela falta a la verdad ya que su autoridad de acuerdo al informe emitido por Secretaría y la remisión de obrados, podrá evidenciar, que si bien es cierto que la solicitante de tutela presentó ante su despacho judicial el memorial de 26 de agosto de 2022, el mismo, ingresó a su despacho el 29 de igual mes y año; sin embargo, de la revisión del Libro Diario que se adjunta en fotocopia legalizada, dicho memorial fue atendido dentro de los plazos que fija la ley; 3) Respecto al memorial presentado el 31 de agosto de 2022, de acuerdo al Libro Diario, se advierte que el referido escrito mereció la providencia de 1 de septiembre de igual año, dentro de las veinticuatro horas; 4) En cuanto al escrito presentado el 2 de septiembre de 2022, la gestora puso a su conocimiento recién el 5 del mismo mes y año, y mereció la providencia de 6 de la fecha antes mencionada, igualmente, dentro de las veinticuatro horas; 5) Su autoridad no tuvo el control jurisdiccional sobre los memoriales que la ahora peticionante de tutela presentó, debido a que no tenía conocimiento ni competencia para resolver el fondo de lo solicitado, como se evidencia de la fotocopia legalizada del Libro de Altas y Bajas, debido a que el proceso penal con Código Único 201102012001472, carátula “MP c/ Scarley Marina Valeriana Barroso”, que según refiere la ahora accionante hubiera sido remitido al Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Segundo de la Capital del departamento de La Paz, fue devuelto a su despacho el 29 de agosto de 2022, con una observación que no correspondía, pero a fin de dar celeridad proceso, se aclaró la observación y se devolvió el expediente en el día al Juzgado de origen, es decir al Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Segundo de la Capital del citado departamento, como se puede evidenciar del sello de recepción de ese despacho que consigna 29 de agosto, a horas “12 44 p.m.”; 6) Si como suplente del Juzgado Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Cuarto de la Capital del mencionado departamento, tuvo algún tipo de competencia sobre el proceso, fueron prácticamente horas, cuando los antecedentes se encontraban en su despacho; por lo que, al haber devuelto los antecedentes al Juzgado de origen, no podía pronunciarse sobre aspectos de fondo en relación a los memoriales presentados el 26, 31 de agosto y 2 de septiembre, todos del 2022; 7) La solicitante de tutela no hizo uso de los recursos que le franquea el Código de Procedimiento Penal, pues si consideraba que alguna de las providencias dictadas por su autoridad no hubieren satisfecho su petitorio, los hubiera impugnado en observancia de los arts. 125, 401 y 402 del citado cuerpo adjetivo penal; 8) Extraña a su autoridad que para subsanar aspectos de procedimiento en materia penal la peticionante de tutela acuda a la vía constitucional; y, 9) Le llama la atención que se plantee una acción de libertad de pronto despacho, cuando no es evidente la demora, aspecto que fue modulado por la SCP 0810/2018-S1 de 5 de diciembre, que en el punto pertinente señala que debe existir absoluto estado de indefensión y que no tuvo la oportunidad de impugnar los supuestos actos lesivos y que recién los tuvo al momento de la persecución o privación de libertad. Con base a estos argumentos, solicitó se deniegue la tutela.

I.2.3. Resolución

El Juez de Sentencia Penal y Anticorrupción Primero de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 04/2022 de 14 de septiembre, cursante de fs. 95 a 98, denegó la tutela solicitada, y exhortó a la autoridad que cumple suplencia legal del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer que dentro el término de cuarenta y ocho horas, computables desde su legal notificación con la resolución de la presente acción de libertad, determine lo que en derecho corresponda con relación al pedido efectuado por Scarley Marina Valeriano Barroso -ahora peticionante de tutela- sobre el levantamiento de las medidas cautelares de carácter personal y los efectos correspondientes de la resolución de sobreseimiento; con base a los siguientes fundamentos: i) Estando los hechos denunciados relacionados con la libertad de una persona corresponde el análisis del fondo de la problemática; ii) De los argumentos expuestos por la parte impetrante de tutela y la prueba aportada, se evidencia la no impugnación de la Resolución de Sobreseimiento, está contenida en los informes de 28 de julio y 1 de agosto, ambos de 2022 y emitidos por Roberto Israel Tonconi Maydana, Técnico Legal II de la Fiscalía Departamental de La Paz, consiguientemente, la solicitud de 20 de julio de 2022, conocida por Andrés Zabaleta Callisaya, Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Segundo de la Capital del mencionado departamento no tendría mérito para la respectiva tutela, porque la evidencia de la ejecutoría aún no se habría presentado y porque la respuesta del Juez fue correctiva al haberse devuelto el proceso al Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Cuarto de la Capital del mismo departamento mediante Auto de 24 de mayo de 2022; iii) Las tres últimas solicitudes presentadas por la ahora demandante de tutela, fueron exhibidas al Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Cuarto de la Capital del referido departamento, cada una de ellas tiene las respectivas providencias de parte del Juez suplente, que si bien no ingresaron al fondo del asunto, fue porque el referido Juez no contaba con el cuaderno jurisdiccional; iv) El proceso derivó del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Quinto de la Capital del citado departamento (juzgado de origen), cuyo titular William Presvitero Rodríguez Álvarez, se excusó de conocer la causa y declino competencia, habiendo derivado el mismo en el Juzgado de Instrucción Anticorrupción y Violencia contra la Mujer Cuarto de la Capital del mismo departamento, despacho judicial que eventualmente quedó acéfalo; a raíz de esas sucesivas suplencias, participaron del presente proceso varios jueces, entre ellos Andrés Franz Zabaleta Callisaya -Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Segundo de la Capital del mencionado departamento- y a partir del 15 de agosto de 2022, Román Castro Quisbert -Juez de Instrucción Penal Primero de la Capital del señalado departamento-; por lo tanto, las suplencias fueron constantes y participaron distintos operadores de justicia, sin que el Sistema Integrado de Registro de Causas haya identificado al juzgado pertinente; consiguientemente, el aparente despropósito u omisión de parte de las autoridades ahora demandadas no tienen “asidero fáctico respecto a la verdad material”, debido a que por la suplencia legal participaron accesoriamente varias autoridades jurisdiccionales, debiendo tenerse presente también la carga procesal en todos los juzgados del distrito; v) Por el informe de las autoridades demandadas, el tracto procesal hubiera sido superado, encontrándose el proceso materialmente en el Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Cuarto de la Capital del referido departamento; vi) La acción de libertad en la modalidad innovativa, tiene por finalidad que un futuro no se repitan y reproduzcan los actos ilegales y la vigencia de los derechos tutelados por la acción de libertad, en el presente caso, se tiene que la demora se debió a las sucesivas suplencias y las diferentes remisiones del cuaderno de control jurisdiccional a los diferentes despachos judiciales y la respectiva asignación o registro en el Sistema Integrado de Registro de Causas que se constituye una labor administrativa y no jurisdiccional, en ese sentido corresponde determinar el nivel de responsabilidad de las autoridades jurisdiccionales y del personal subalterno, en ese sentido, de acuerdo a la SCP 0396/2020-S3 de 3 de agosto, se determinaron subreglas para establecer la legitimación pasiva de los funcionarios de apoyo jurisdiccional cuando existe un desconocimiento o exceso en sus funciones o por incumplimiento de las instrucciones impartidas por el superior, en ese contexto de los informes de las autoridades demandadas se advierte la participación de los funcionarios subalternos que no están precisamente bajo el control de las autoridades jurisdiccionales, porque eventualmente reemplazaron al Juez titular, incluso solo por horas, como es el caso de Román Castro Quisbert, Juez de Instrucción Penal Primero de la Capital del departamento de La Paz -en suplencia legal del juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Cuarto del mismo departamento-, quien materialmente tuvo el proceso el 29 de agosto de 2022; y, Andrés Franz Zabaleta Callisaya, Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Segundo de la Capital del señalado departamento, providenció la solicitud de 20 de julio de 2022 presentado por la ahora accionante el 26 del mismo mes y año, cuando el proceso ya había sido devuelto mediante Auto de 24 de mayo de 2022; y, vii) No existiría legitimación pasiva de las autoridades jurisdiccionales demandadas, tomando en cuenta, que en los casos de suplencias o reemplazos, el personal de apoyo jurisdiccional del juzgado que es objeto de reemplazo, debe actuar con criterio reforzado respecto a la continuidad y seguimiento de los procesos, al igual que la Oficina del Sistema de Registro de Procesos, por lo que, la presente resolución tiene una orientación exhortativa que le permita a la demandante de tutela tener la certidumbre en el ejercicio de sus legítimos derechos.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. De acuerdo a las fotocopias legalizadas del Libro de Altas y Bajas del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y Violencia contra la Mujer Cuarto de la Capital del departamento de La Paz, se evidencia que el proceso con CUD 201102012001472 seguido por el Ministerio Público contra Scarley Marina Valeriano Barroso -ahora accionante-, fue remitido al Juzgado de Instrucción Anticorrupción y Violencia contra la Mujer Segundo de la Capital del mismo departamento, el 2 de diciembre de 2021, a horas 16:00, por efecto de la excusa formulada por el Juez de origen (fs. 74) II.2. El 27 de junio de 2022, Martha López Gonsalez, Fiscal de Materia, presentó ante el Juez Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Segundo de la Capital del departamento de La Paz, memorial haciendo conocer la “Resolución de Sobreseimiento MGL No.03/2022” de junio en favor de Scarley “Marian” Valeriano Barroso -ahora impetrante de tutela- (fs. 12 a 19). II.3. Cursan notificaciones efectuadas el 1 y 7 de julio de 2022, con la “Resolución de Sobreseimiento MGL No.03/2022” al Viceministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción y Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), respectivamente (fs. 20 y 21) II.4. Consta memorial presentado el 20 de julio de 2022 por la ahora demandante de tutela ante el Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Segundo de la Capital del departamento de La Paz, solicitando libertad irrestricta, al haberse dictado a su favor la “Resolución de Sobreseimiento MGL No.03/2022” de junio (fs. 37 y vta.) II.5. Mediante Informes de 28 de julio y 1 de agosto, ambos de 2022, Roberto Israel Tonconi Maydana, Técnico Legal II de la Fiscalía Departamental de La Paz, hace conocer a Martha López Gonsalez, Fiscal de Materia, que no cursa ninguna impugnación contra la “Resolución de Sobreseimiento MGL No.03/2022” (fs. 37 y 38). II.6. El 29 de agosto de 2022, a horas 12:44, el Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Cuarto de la Capital del departamento de La Paz, procedió a la devolución de los antecedentes del referido proceso al Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Segundo de la Capital del mismo departamento (fs. 75 a 76 vta.). II.7. A través de los memoriales presentados el 26 y 31 de agosto y 2 de septiembre, todos del 2022, la ahora peticionante de tutela solicitó al Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Cuarto de la Capital del departamento de La Paz, disponga su libertad irrestricta y el levantamiento de las medidas cautelares dispuestas en su contra, en razón de haberse dictado a su favor la “Resolución de Sobreseimiento MGL No.03/2022” (fs. 40 a 43 vta.).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La impetrante de tutela denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, a la dignidad, a la salud, al trabajo, a la protección oportuna y efectiva por los jueces, al debido proceso, a la presunción de inocencia; y, al principio de seguridad jurídica; en razón a que: a) El Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Segundo de la Capital del departamento de La Paz, no dio respuesta al memorial presentado el 20 de julio de 2022, a través del cual solicitó su libertad irrestricta y el levantamiento de las medidas cautelares impuestas en su contra, por efecto de la Resolución de Sobreseimiento MGL 03/2022 emitida a su favor; y, b) El Juez de Instrucción Penal Primero de la Capital del mencionado departamento, en suplencia legal del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Cuarto del mismo departamento, no dio respuesta a los memoriales presentados el 26 y 31 de agosto y 2 de septiembre, todos de 2022, a través de los cuales reiteró su solicitud de libertad irrestricta y el levantamiento de las medidas cautelares dispuestas en su contra en mérito de la referida Resolución de sobreseimiento. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada, para el efecto se analizarán los siguientes aspectos: 1) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y la dilación indebida; 2) La acción de libertad innovativa; 3) Efectos de la excusa y recusación; 4) Sobre los efectos del sobreseimiento y la libertad de un detenido preventivo; y, 5) Análisis del caso concreto.

III.1. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y la dilación indebida

El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0259/2018-S2 de 18 de junio, desarrolló el siguiente razonamiento:

La Constitución Política del Estado en su art. 23.I, establece que toda persona tiene derecho a su libertad física, constituido como un derecho fundamental de carácter primario para su desarrollo; por ello, el Estado tiene el deber primordial de respetarlo y protegerlo, por ser inviolable; razón por la que, la acción de libertad fue configurada de manera exclusiva, extraordinaria y sumarísima, con el propósito que la libertad física goce de protección especial, cuando se pretenda lesionarla o esté siendo amenazada de vulneración. A ese efecto, la SC 1579/2004-R de 1 de octubre efectuó una clasificación del entonces recurso de hábeas corpus ante violaciones a la libertad individual y/o de locomoción, señalando que puede ser reparador, si ataca una lesión ya consumada; preventivo, si procura impedir una vulneración a producirse; o, correctivo, si intenta evitar que se agraven las condiciones en las que se mantiene a una persona detenida.

Posteriormente, a través de la SC 0044/2010-R de 20 de abril, se amplió dicha clasificación, identificando además al hábeas corpus restringido, que procede ante limitaciones del ejercicio del derecho a la libertad; dentro del cual, se encuentra el hábeas corpus instructivo, que procede cuando el derecho a la libertad se encuentra vinculado al derecho a la vida; y, traslativo o de pronto despacho; a través del que, se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos ante dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona privada de libertad y la concreción del valor libertad, de los principios de celeridad y respeto a los derechos, debiendo ser tramitados, resueltos -SC 0224/2004-R de 16 de febrero- y efectivizados -SC 0862/2005-R de 27 de julio- con la mayor celeridad -SCP 0528/2013 de 3 de mayo-.

Sobre la base de ese razonamiento, toda autoridad que conozca una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo, podría provocar una restricción indebida del citado derecho; lo que no significa, otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva o negativa, ya que el resultado a originarse, dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso; por cuanto, la lesión del derecho a la libertad física, está en la demora o dilación indebida, al resolver o atender una solicitud; que más bien, debería ser efectuada con la debida celeridad.

III.2. La acción de libertad innovativa

El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0970/2019-S2 de 21 de octubre, desarrolló el siguiente razonamiento:

La línea jurisprudencial sobre la posibilidad de presentar la acción de libertad, aun hubiere cesado la restricción del derecho a la libertad física, conocida en la doctrina como recurso de hábeas corpus innovativo, tiene el siguiente desarrollo jurisprudencial:

El Tribunal Constitucional, en la SC 0092/02-R de 24 de enero de 2002, sostuvo que era posible el planteamiento del hábeas corpus -ahora acción de libertad- cuando el actor ya había sido liberado, pues dicha liberación “…no desvirtúa la ilegalidad del acto ni libera de responsabilidad a los recurridos…”, de forma que en tales casos, se evitaba la reiteración de la conducta; es decir, que el interés en la resolución de la temática, trascendía del caso particular para convertirse en uno de interés general.

Posteriormente, sin modificarse oficialmente aquella línea, la SC 1489/2003-R de 20 de octubre estableció que promovido el recurso de habeas corpus ahora acción de libertad-, no procedía cuando el hecho conculcador ya había cesado, puesto que dicho acto adquiría características que lo hacían punible en la instancia ordinaria penal; por lo que, se debería acudir a esa jurisdicción para conseguir la respectiva sanción.

A través de la SC 0327/2004-R de 10 de marzo, se cambió dicho entendimiento jurisprudencial, sosteniendo que las lesiones del derecho a la libertad, encuentran protección dentro del ámbito del hábeas corpus, en los casos en que se constate la existencia de una ilegal privación de libertad, a pesar de haber cesado la detención antes de la interposición del recurso; supuesto en el cual, la concesión de la tutela debe establecer la responsabilidad de los servidores públicos que efectuaron la indebida privación de libertad; razonamiento que fue adoptado como línea jurisprudencial hasta la gestión 2010.

Con la SC 0451/2010-R de 28 de junio, se recondujo el entendimiento 1El Tercer Considerando, señala: “…Si bien el Juez de la causa dispuso la libertad del procesado ello no desvirtúa la ilegalidad del acto ni libera de responsabilidad a los recurridos, tal como lo establece el art. 91-6) de la Ley N° 1836 (…)”

2El FJ III.2, indica: “En el caso que se examina, conforme lo expresa el propio recurrente, el hábeas corpus fue planteado después de que sus representados fueron puestos en libertad, de manera que si hubo ilegalidad en su detención por no haberse observado lo establecido por los arts. 6.II y 9.I CPE, ella no puede resolverse dentro de un recurso de hábeas corpus que fue presentado luego de haber sido puestos en libertad los recurrentes. Por consiguiente esa presunta ilegalidad adquiere otras características que la hacen punible, por lo que corresponde ser considerada en el ámbito penal o en el que los recurrentes estimen adecuado.

En consecuencia, correspondía al recurrente interponer el recurso en el momento en que sus representados se encontraban -según él- indebidamente detenidos a fin de que la autoridad competente dentro del trámite de hábeas corpus, haga comparecer a los detenidos y analice los antecedentes del caso para pronunciarse sobre la procedencia o improcedencia del mismo, situación que no puede darse, ya que fueron puestos en libertad antes de la presentación misma del recurso”.

3El FJ III.1, refiere: “Consiguientemente, del contenido de los preceptos aludidos y los debates parlamentarios glosados, se extrae de manera clara y precisa que la voluntad del legislador es que las lesiones al derecho a la libertad encuentren protección dentro del ámbito del hábeas corpus, declarando su procedencia en los casos en que se constate la existencia de una ilegal privación de libertad, no obstante haber cesado la detención antes de la interposición del recurso; en consecuencia, es preciso cambiar el entendimiento jurisprudencial sentado en la SC 1489/2003-R (…)”.

4El FJ III.2.2, manifiesta: “Cuando se alega privación de libertad personal, la norma constitucional (art. 125 de la CPE), señala que toda persona que esté indebida o ilegalmente privada de su libertad personal, podrá interponer la acción de libertad y solicitar al juez o tribunal competente `se restituya su derecho a la libertad´”.

jurisprudencial al anterior contenido en la SC 1489/2003-R, estableciendo que cuando se alega o denuncia una privación de libertad personal ilegal o indebida, debe interponerse la acción de libertad mientras persista la lesión, no cuando hubiere cesado; lo cual fue confirmado por el Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0201/2012 de 24 de mayo, entre otras.

Luego, la SC 0895/2010-R de 10 de agosto, complementó el entendimiento previamente asumido y señaló que cuando sea imposible plantear la acción de libertad por situaciones debidamente justificadas durante la privación de libertad, es posible su interposición inmediatamente después de haber cesado la misma.

La jurisprudencia glosada fue reconducida a través de la SCP 2491/2012 de 3 de diciembre; en la que, sobre la base de la SC 0327/2004-R, dispone que procede la acción de libertad -bajo la modalidad de innovativa-, aun hubiere cesado el acto ilegal en cualquiera de las modalidades protectivas de la acción de libertad; es Lo cual significa que en estos casos, la acción de libertad debe ser interpuesta cuando la lesión al derecho a la libertad existe; de no ser así, se desnaturalizaría la esencia de la presente acción de defensa, dado que el petitorio de que `se restituya su derecho a la libertad´, ya no tendría sentido si está en libertad.

En consecuencia, desde el orden constitucional, se debe tener en cuenta los siguientes aspectos procesales: Primero.- Cuando el acto ilegal o indebido denunciado sea la detención o privación de libertad física del agraviado o accionante, la acción de libertad debe ser interpuesta mientras exista la lesión, no cuando haya cesado.

Segundo.- En los casos, en que presentada la acción de libertad conforme a esta exigencia, luego de la notificación a la autoridad, funcionario o persona denunciada o accionada, con la admisión de la misma, ésta libera al accionante o agraviado, ello no impide la prosecución del trámite y la otorgación de la tutela si es que corresponde, a los efectos de la reparación de los daños causados por la privación de libertad y en su caso los efectos que corresponda.

Tercero.- En los casos en que durante la detención no se presentó la acción de libertad, sino después de haber cesado la misma; verificada que sea tal situación, en audiencia pública y sin ingresar al análisis de fondo, corresponde la denegación de tutela, salvando los derechos del agraviado o accionante en la vía jurisdiccional ordinaria.

Al respecto, el art. 110.I de la CPE, señala que: `Las personas que vulneren derechos constitucionales quedan sujetas a la jurisdicción y competencia de autoridades bolivianas´, lo cual guarda coherencia con el art. 292 del Código Penal (CP), que bajo el nomen juris de `privación de libertad´, establece: `El que de cualquier manera privare a otro de su libertad personal, incurrirá en reclusión de seis meses a dos años y multa de treinta a cien días. La sanción será agravada en un tercio, cuando el hecho fuere cometido: 1) Por un funcionario público, con abuso de su autoridad. 2) Sobre un ascendiente, descendiente o cónyuge. 3) Si la privación de libertad excediere de cuarenta y ocho horas´ (…).

El art. 4.II de la Ley 003 de 13 de febrero de 2010 denominada Ley de Necesidad de Transición, señala que: `Los Tribunales, Jueces y autoridades administrativas del Estado Plurinacional podrán considerar la jurisprudencia constitucional emitida con anterioridad a la aprobación del nuevo orden constitucional, en tanto no se contraponga a la Constitución Política del Estado´, en ese sentido, y al ser -entre otras- la función del Tribunal Constitucional, intérprete y guardián de la Constitución vigente; la interpretación efectuada a través de su jurisprudencia no puede contravenir a la Constitución misma, ni asimilar un entendimiento jurisprudencial pasado que se aparte de ella, sino sólo aquél que guarde coherencia o armonía con la Constitución vigente, uniformando así la jurisprudencia constitucional; labor que le corresponde a los miembros que componen este Tribunal. En ese sentido, y a la luz de la nueva Constitución, se concluye que `cuando se alega o denuncia privación de libertad personal ilegal o indebida, debe interponerse la acción de libertad, mientras persista la lesión, no cuando ha cesado´, tal cual se explicó precedentemente, lo cual a su vez significa una reconducción de la línea jurisprudencial al asumido en la SC 1489/2003-R, que es conforme al orden constitucional vigente”.

5El FJ III.2, establece: “Así como no hay derechos absolutos, no hay reglas que no permitan una excepción cuando en mérito a ello se materializará un derecho fundamental, sin alterar la esencia y naturaleza de la acción tutelar, en este caso de la acción de libertad; y es que debe tenerse en cuenta que hay situaciones particulares en las que estando el ciudadano privado de libertad no es posible activar ningún medio de defensa ordinario, mucho menos extraordinario o de rango constitucional, pese a la lesión sufrida; por ello es oportuno complementar al entendimiento asumido en la citada SC 0451/2010-R, con referencia a que cuando se aduzca o se denuncie detención indebida, la acción de libertad debe ser interpuesta estando en privación o restricción de la libertad física, no luego de haber cesado: `Salvo que por las situaciones debidamente justificadas y la particularidad del caso, durante la privación de libertad no le fue posible interponer la acción de libertad, sino inmediatamente después de haber cesado la misma, lo cual no hace desparecer el acto ilegal y amerita un pronunciamiento de fondo a objeto de establecer las responsabilidades que correspondan, sean civiles, penales, u otras, dependiendo de la gravedad y del sujeto pasivo o causante de la lesión de derechos´”.

decir, la amenaza al derecho a la vida, la privación de libertad, la persecución indebida, o en su caso, el indebido procesamiento vinculado con el derecho a la libertad física o personal.

En efecto, la referida SCP 2491/2012 consagra la acción de libertad denominada innovativa, entendimiento que ha sido seguido de manera uniforme por el Tribunal Constitucional Plurinacional a través de las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0640/2013 de 28 de mayo y 2075/2013 de 18 de noviembre, entre otras.

Efectivamente, debe señalarse que la acción de libertad innovativa, radica fundamentalmente, en que todo acto contrario al régimen constitucional, que implique desconocimiento o comprometa la eficacia de los derechos tutelados por esta garantía jurisdiccional, debe ser repudiado por la justicia constitucional. Así, el propósito fundamental de la acción de libertad innovativa, es evitar que en el futuro se repitan y reproduzcan los actos contrarios a la eficacia y vigencia de los derechos a la vida, la libertad física y de locomoción. En ese sentido, no se protegen únicamente los derechos de la persona que interpuso la acción de libertad; sino, su vocación principal es que en lo sucesivo, no se repitan las acciones cuestionadas de ilegales; en razón a que, como lo entendió la jurisprudencia constitucional, la acción de libertad se activa no simplemente para proteger derechos desde una óptica subjetiva, sino también, desde una dimensión objetiva, evitando que se reiteren aquellas conductas que lesionan los derechos que se encuentran dentro del ámbito de su protección y que fundamentan todo el orden constitucional.

En ese marco, corresponde la aplicación de la citada SCP 2491/2012, que en el Fundamento Jurídico III.1, establece:

“…de acuerdo a la nueva coyuntura constitucional imperante desde febrero de 2009, nuestro país atraviesa un proceso de constitucionalización en sus instituciones jurídicas y políticas. No se encuentra al margen la justicia constitucional, que acoge parámetros interpretativos y de amparo más garantistas y favorables a la protección de los derechos y de los derechos humanos”.

En ese sentido, la interpretación que debe hacerse respecto del art. 125 constitucional, no debe recorrer un camino restrictivo, en el sentido de que únicamente la acción de libertad pueda ser interpuesta cuando la persona se encuentre privada de libertad, pues partiendo de un criterio amplio y garantista como se tiene anotado, este mecanismo puede operar cuando efectivamente ha cesado la vulneración al derecho protegido. Este criterio se justifica, al análisis de lo dispuesto por el art. 256 de la CPE, que de forma expresa reconoce criterios de interpretación más favorables que los contenidos en nuestra propia Ley Fundamental y que se encuentran contenidos en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos.

Conforme al espíritu de esta línea jurisprudencial, la figura de la acción de libertad innovativa, debe ser entendida como el mecanismo procesal, por el cual, el juez constitucional asume un rol fundamental para la protección del derecho a la libertad personal, así como de los derechos a la vida, integridad física, debido proceso y libertad de locomoción; pues, si bien pueden haber cesado las vulneraciones a dichos derechos, empero, la ilegalidad fue consumada; por ello, a efecto de determinar la responsabilidad del caso y contribuir con la política criminal de prevención, corresponderá pronunciarse en el fondo de la problemática planteada, a efectos de determinar la responsabilidad de las autoridades, la comunidad o persona particular, cuya conducta sea contraria al orden constitucional y evitar futuras lesiones de derechos fundamentales y garantías constitucionales. Más aún, cuando nuestro ordenamiento jurídico expresamente prevé esta posibilidad, en el art. 49.6 del CPCo, que determina: “Aun habiendo cesado las causas que originaron la Acción de Libertad, la audiencia deberá realizarse en el día y hora señalados, a efectos de establecer las responsabilidades que correspondan”.

III.3. Efectos de la Excusa y Recusación

El art. 321 del Código de Procedimiento Penal modificado por el art. 8 de la Ley 586 de 30 de octubre de 2014 -Ley de Descongestionamiento y Efectivización del Sistema Procesal Penal- señala que: “I. Producida la excusa o recusación, la o el Juez reemplazante no podrá suspender el trámite procesal; aceptada la excusa o la recusación, la separación de la o el Juez será definitiva, aun cuando desaparezcan las causales que las determinaron” (las negrillas son nuestras.

III.4. Sobre los efectos del sobreseimiento y la libertad de un detenido preventivo

El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 1141/2019-S2 de 27 de diciembre, desarrolló el siguiente entendimiento:

Al respecto y con relación al procedimiento que debe ser observado por las autoridades judiciales y por el Ministerio Público; el Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 1206/2012 de 6 de septiembre, establece las siguientes subreglas:

“… 1) Una vez que el Fiscal inferior presenta el sobreseimiento al juez, ya sea como efecto de una impugnación o de oficio, deberá remitir dicho actuado dentro del plazo máximo de veinticuatro horas al Fiscal Departamental para su revisión, y el Fiscal Departamental, o superior jerárquico, una vez recibido el sobreseimiento deberá emitir su resolución de ratificación o de revocatoria al sobreseimiento, indefectiblemente dentro de los cinco días siguientes; y, 2) Una vez transcurrido el lapso señalado, sin que el Fiscal Departamental se haya pronunciado en cualquiera de sus formas, el juez a cargo del proceso, dispondrá de oficio o a petición de parte la libertad inmediata del imputado sobreseído. Entendimiento que implica una superación de la SCP 0068/2012 de 12 de abril” (las negrillas son incorporadas). Dicho entendimiento fue reiterado por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 2495/2012, 0493/2013, 1955/2013 y 0725/2014, entre otras. Posteriormente, la SCP 1095/2017-S3 de 18 de octubre, reiterando los entendimientos jurisprudenciales asumidos en la SCP 1625/2014 de 19 de agosto, señaló que:

“Ahora bien, corresponde aclarar que la SCP 1206/2012 de 6 de septiembre, tuvo el siguiente entendimiento; cumplido el plazo que, tiene el Ministerio Público para resolver la situación jurídica de un imputado, corresponde la libertad inmediata del detenido preventivo; pero previo señalamiento de audiencia, ello en atención a la interpretación sistemática de la jurisprudencia y la normativa vigente.

En efecto, la posibilidad de imponer medidas cautelares existe hasta la ejecutoria de la sentencia, en este sentido corresponde recordar que la naturaleza de las medidas cautelares, es instrumental al proceso penal; razón por la cual, se aplican de manera restrictiva pero a la vez de acuerdo a la necesidad del proceso penal; de ahí que, la orden de libertad no impide la imposición de medidas sustitutivas. Por otra parte, el debido proceso exige en las audiencias cautelares la aplicación del principio de contradicción, para que la parte querellante y el propio Ministerio Público, puedan controvertir el transcurso del término referido en la SCP 1206/2012, o en su caso los elementos de convicción que existan a tiempo de imponerse las medidas sustitutivas, por ello corresponde recordar que la imposición, modificación, y levantamiento de medidas cautelares debe realizarse en audiencia” (las negrillas son nuestras).

III.5. Análisis del caso concreto

La impetrante de tutela denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, a la dignidad, a la salud, al trabajo, a la protección oportuna y efectiva por los jueces, al debido proceso, a la presunción de inocencia; y, al principio de la seguridad jurídica; en razón a que: i) El Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Segundo de la Capital del departamento de La Paz, no dio respuesta al memorial presentado el 20 de julio de 2022, a través del cual solicitó su libertad irrestricta y el levantamiento de las medidas cautelares impuestas en su contra, por efecto de la “Resolución de Sobreseimiento MGL No.03/2022” emitida a su favor; y, ii) El Juez de Instrucción Penal Primero de la Capital del mencionado departamento, en suplencia legal del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Cuarto del mismo departamento, no dio respuesta a los memoriales presentados el 26 y 31 de agosto y 2 de septiembre, todos de 2022, a través de los cuales reiteró su solicitud de libertad irrestricta y el levantamiento de las medidas cautelares dispuestas en su contra.

Ahora bien, de la revisión de antecedentes, se tiene que de acuerdo a las fotocopias legalizadas del Libro de Altas y Bajas del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Cuarto de la Capital del departamento de La Paz, el proceso con CUD 201102012001472 seguido por el Ministerio Público contra Scarley Marina Valeriano Barroso, fue remitido al Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra Violencia hacia la Mujer Segundo de la Capital del citado departamento, el 2 de diciembre de 2021, a horas 16:00, por excusa del Juez (Conclusión II.1.). Posteriormente, Martha López Gonsalez, Fiscal de Materia, el 27 de junio de 2022, presentó ante el Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Segundo de la Capital del mismo departamento, memorial haciendo conocer la “Resolución de Sobreseimiento MGL No.03/2022” de junio, en favor de Scarley “Marian” Valeriano Barroso (Conclusión II.2.). Cursan notificaciones efectuadas el 1 y 7 de julio de 2022, con la “Resolución de Sobreseimiento MGL No.03/2022” al Viceministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción y Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), respectivamente (Conclusión II.3.). A continuación, por memorial presentado el 20 de julio de 2022, la ahora demandante de tutela solicitó al Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Segundo de la Capital del mencionado departamento, disponga su libertad irrestricta, al haberse dictado a su favor la “Resolución de Sobreseimiento MGL No.03/2022” de junio (Conclusión II.4.). Mediante Informes de 28 de julio y 1 de agosto, ambos de 2022, Roberto Israel Tonconi Maydana, Técnico Legal II de la Fiscalía Departamental de La Paz, hizo conocer a Martha López Gonsalez, Fiscal de Materia, que no cursa ninguna impugnación contra la “Resolución de Sobreseimiento MGL No.03/2022” (Conclusión II.5.). El 29 de agosto de 2022, a horas 12:44, el Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Cuarto de la Capital señalado departamento, procedió a la devolución de los antecedentes del referido proceso al Juzgado de Instrucción Anticorrupción y Violencia contra la Mujer Segundo de la Capital del departamento de La Paz (Conclusión II.6.). A través de los memoriales presentados por la ahora solicitante de tutela el 26 y 31 de agosto y 2 de septiembre, todos del 2022, solicito al Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Cuarto de la Capital del mismo departamento, su libertad irrestricta y el levantamiento de las medidas cautelares dispuestas en su contra al haberse dictado a su favor la “Resolución de Sobreseimiento MGL No.03/2022” (Conclusión II.7.).

Identificadas las problemáticas y los antecedentes, corresponde ingresar a su análisis y consideración, al estar las mismas relacionadas con la libertad de la peticionante de tutela. En cuanto al primer acto lesivo referido a que el Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Segundo de la Capital del departamento de La Paz, no dio respuesta al memorial presentado el 20 de julio de 2022, a través del cual solicitó su libertad irrestricta y el levantamiento de las medidas cautelares impuestas en su contra por efecto de la “Resolución de Sobreseimiento MGL No.03/2022” emitida a su favor. Al respecto de la documental cursante en obrados, se observa que de acuerdo a las fotocopias legalizadas del Libro de Altas y Bajas del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Cuarto de la Capital del citado departamento, el proceso con CUD 201102012001472 seguido por el Ministerio Público contra Scarley Marina Valeriano Barroso y otros, fue remitido al Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Segundo de la Capital del departamento de La Paz el 2 de diciembre de 2021, a horas 16:00, por excusa del Juez y radicado en dicho Juzgado el 3 de diciembre de 2022. En esa consideración, por efecto la “Resolución de Sobreseimiento MGL No.03/2022” de junio, emitida por la Fiscal de Materia a cargo de la investigación penal, la ahora accionante, a través de memorial presentado el 20 de julio de 2022, solicitó al Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Segundo de la Capital del mismo departamento, disponga su libertad irrestricta y el levantamiento de las medidas cautelares dispuestas en su contra, solicitud que de acuerdo al informe presentado por dicha autoridad, mereció el decreto de 26 de julio de 2022, disponiendo “estese al auto de 24 de mayo de 2022”, el cual estaba referido a la remisión del expediente al Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Cuarto de la Capital del departamento de La Paz. En ese contexto, corresponde precisar que conforme a la jurisprudencia desarrollada en el Fundamento Jurídico III.3. de este fallo constitucional, producida la excusa o recusación, la o el Juez reemplazante no podrá suspender el trámite procesal; aceptada la excusa o la recusación, la separación de la o el Juez será definitiva, aun cuando desaparezcan las causales que las determinaron. Asimismo, cabe también señalar que conforme al Fundamento Jurídico III.4 del presente fallo constitucional se ha establecido importantes directrices sobre el procedimiento que deben seguir las autoridades judiciales y el Ministerio Público en relación con el sobreseimiento de un caso y la libertad de un detenido preventivo. Así, cuando un Fiscal presenta un sobreseimiento al Juez, ya sea por impugnación o de oficio, este debe remitir el caso al Fiscal Departamental en un plazo máximo de veinticuatro horas. Dicha autoridad del Ministerio Público, a su vez, tiene cinco días para ratificar o revocar el sobreseimiento. Si no se pronuncia dentro de este plazo, el juez deberá ordenar la libertad inmediata del imputado sobreseído, ya sea de oficio o a solicitud de parte, aunque esto debe hacerse previo señalamiento de audiencia. De lo cual, resulta importante destacar que, aunque se ordene la libertad, esto no impide la imposición de medidas cautelares, que son consideradas instrumentales al proceso penal y deben aplicarse de manera restrictiva y conforme a la necesidad del caso. Asimismo, el debido proceso exige que en las audiencias cautelares se respete el principio de contradicción, permitiendo que la parte querellante y el Ministerio Público puedan debatir sobre el tiempo transcurrido y los elementos de convicción que justifiquen la imposición de medidas sustitutivas; consecuentemente, la imposición, modificación y levantamiento de medidas cautelares deben realizarse en audiencia. De lo relacionado precedentemente, se advierte que el Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Segundo de la Capital del departamento de La Paz, por efecto de la excusa expresada por su par Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Cuarto de la Capital del mismo departamento, una vez radicada la causa, asumió plena competencia para el conocimiento y resolución de las incidencias del proceso signado con el CUD 201102012001472, seguido por el Ministerio Público contra Scarley Marina Valeriano Barroso, debido a que Juez excusado, se apartó definitivamente del conocimiento de la referida causa, aún hayan desaparecido las causales que la determinaron. En el marco de lo referido, se evidencia que el Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Segundo de la Capital del mencionado departamento -ahora demandado-, no actuó en el marco del principio de legalidad y celeridad; puesto que, al existir una solicitud de libertad irrestricta y levantamiento de medidas cautelares, por efecto de la “Resolución de Sobreseimiento MLG No.03/2022”, correspondía no solo remitir a la ahora impetrante de tutela al decreto de 24 de mayo de 2022, a través del cual se le hizo conocer la remisión del expediente al Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Cuarto de la Capital del señalado departamento, sino que, verificado que el cuaderno procesal fue remitido al juzgado de origen por un error de conceptualización del efecto de las excusas, correspondía de oficio solicitar su devolución en el plazo de veinticuatro horas a objeto de pronunciarse sobre lo solicitado por la ahora demandante de tutela, o en su defecto, aún si en el Sistema de Registro Judicial no consigne en dicho juzgado el proceso, no impedía que esta autoridad pueda conocer la solicitud planteada por la ahora demandante de tutela, debido a que por efecto de la excusa formulada por su par del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Cuarto de la Capital del departamento de La Paz, por sorteo, le correspondió conocer dicha causa de forma definitiva a partir de su radicatoria -3 de diciembre de 2021-, en esa medida, ante la renuncia del Ministerio Publico de continuar la investigación penal en contra de la ahora impetrante de tutela como se establece de la “Resolución de Sobreseimiento MGL No.03/2022”, correspondía emitir una resolución ordenando la libertad de la ahora accionada y la cesación de todas las medidas personales. En consecuencia, resulta pertinente que la autoridad demandada incumplió con el plazo determinado en el art. 132 inc. 2) del CPP para pronunciarse sobre la solicitud de libertad irrestricta y el cese de las medidas cautelares dispuestas en contra de la hoy accionante, al demorar injustificadamente en el pronunciamiento de la solicitud; a pesar que, dicha autoridad ya tenía conocimiento de la decisión de sobreseimiento el 26 de junio de 2022, por efecto del informe emitido por la Fiscal de Materia a cargo de la investigación. En ese sentido, conforme se tiene de la jurisprudencia glosada en el Fundamento Jurídico III.1. del presente fallo constitucional, en el marco del principio de celeridad, toda autoridad que conozca una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad estará obligada a tramitarla con prontitud y dentro de plazos, ya que un actuar en contrario podría devenir en una restricción indebida del citado derecho. De lo referido precedentemente, al haberse advertido que el Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Segundo de la Capital del departamento de La Paz, no obró con diligencia ante la solicitud de libertad irrestricta y levantamiento de las medidas cautelares formulada por la ahora solicitante de tutela, ciertamente corresponde la concesión de la tutela solicitada por dilación indebida e ilegal, en su modalidad de pronto despacho o traslativa por afectar la esfera del derecho a la libertad de locomoción vinculado al principio de celeridad ocasionado por la dilación de pronunciamiento y atención a la solicitud de 20 de julio de 2022. Por otra parte, si bien la omisión cometida por el Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Segundo de la Capital del señalado departamento provocó detrimento al derecho a la libertad de la peticionante de tutela; a pesar que, este aspecto hubiese cesado por efecto de la exhortación efectuada por el Juez de garantías; sin embargo, este Tribunal, en armonía de lo glosado en el Fundamento Jurídico III.2 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, y verificado el retardo injustificado, resulta inviable convalidar una lesión a los derechos fundamentales, más aún cuando se encuentra involucrada la libertad física; por cuanto, el objetivo de la presente acción tutelar, no es solamente la de disponer la finalización del hecho vulneratorio, sino también exhortar a los servidores públicos, que las conductas de esa naturaleza contravienen el orden constitucional y por consiguiente, son susceptibles de sanción. Por lo cual, corresponde también conceder la tutela de la acción de libertad en su modalidad innovativa. En cuanto al segundo acto lesivo denunciado respecto a que el Juez de Instrucción Penal Primero de la Capital del departamento de La Paz en suplencia legal del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Cuarto, no hubiera dado respuesta a los memoriales presentados el 26 y 31 de agosto y 2 de septiembre, todos de 2022, a través de los cuales reiteró su solicitud de libertad irrestricta y el levantamiento de las medidas cautelares dispuestas en su contra. Al respecto, de acuerdo al informe emitido por dicha autoridad y por las fotocopias legalizadas del Libro Diario del Juzgado de Instrucción Penal Primero de la Capital del mismo departamento (fs. 70 a 72), estas solicitudes fueron respondidas en el plazo de veinticuatro horas, una vez que fueron puestas a conocimiento del Juez de la causa, por lo que, no se evidencia vulneración de los derechos denunciados por la impetrante de tutela por inobservancia de los plazos establecidos en el art. 132 del CPP, aclarando que dicha autoridad no podía pronunciarse en el fondo de las solicitudes planteadas, pues por efecto de excusa del entonces Juez de dicho Juzgado, dicha causa salió de forma definitiva de su control, aun cuando las causales que las determinaron hubieran desaparecido, por lo que, corresponde denegar la tutela respecto a esta autoridad. En cuanto a la lesión de los derechos a la salud, a la dignidad, al trabajo y a la presunción de inocencia, la demandante de tutela se limitó a solo enunciarlos, sin expresar la forma y cómo fueron vulnerados; razón por la cual, corresponde denegar la tutela respeto de estos derechos. Finalmente, es preciso señalar que en el caso concreto, dada las particularidades de la situación fáctica y al verificarse que la exhortación efectuada por el Juez de garantías produjo un efecto cuyo resultado es de necesario dimensionamiento en el tiempo para no generar disfunciones procesales, corresponde aplicar el entendimiento asumido por la jurisprudencia constitucional sobre la facultad previsora de este Tribunal Constitucional Plurinacional, en situaciones excepcionales en las que se revoca la tutela concedida, pero se advierta dicha necesidad de dimensionar efectos de la concesión inicial, así la SCP 0015/2018-S2 de 28 de febrero, señaló que, de conformidad con la jurisprudencia constitucional, los jueces y tribunales de garantías y el Tribunal Constitucional Plurinacional deben y/o pueden modular los efectos de sus sentencias en materia de acciones de defensa, otorgando efectos inmediatos, suspensivos, diferidos, conciliatorios, reparadores, preventivos, a las mismas; con el fin de optar por la alternativa que mejor proteja los derechos y garantías constitucionales que fueron motivo de la acción tutelar; de tal suerte que, la justicia constitucional venga a reparar o prevenir la lesión a derechos y no se convierta en un incordio dentro del proceso judicial o administrativo del cual emerge; para lo que debería tenerse en cuenta que, la protección de los derechos fundamentales de la parte accionante no atente o amenace con vulnerar los derechos fundamentales de la o las partes no accionantes o terceros interesados; por lo que, cuando corresponda, deberá dimensionar los efectos de su resolución en cuanto a los procesos judiciales o administrativos de los cuales deriva la acción de defensa. En virtud al precedente jurisprudencial referido, y en consideración al tiempo transcurrido en la resolución de la presente acción de defensa y al haberse generado en este lapso de tiempo actos procesales se entiende como producto de la referida exhortación, a través de la cual se dispuso que el Juez que cumple suplencia legal del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer, dentro del término de cuarenta y ocho horas, computables desde su legal notificación con la presente Resolución, determine lo que en derecho corresponda con relación al pedido efectuado por Scarley Marina Valeriano Barroso sobre su petición de libertad irrestricta y el cese de todas las medidas cautelares impuestas, como la devolución de la fianza, la cancelación del arraigo y de sus antecedentes policiales; así como, la devolución de un teléfono celular; deben ser canalizados a través de vías intraprocesales pertinentes y no mediante ésta acción tutelar; por lo que, corresponde denegar la tutela respecto a dichos extremos, por no ser viables de forma directo dentro el marco y naturaleza de la acción de libertad (SCP 0090/2018-S2 de 29 de marzo -entre otras-); así como a los fines de evitar una disfunción procesal, dimensionar los efectos de la Resolución pronunciada por el Juez de garantías, conforme los alcances establecidos en la parte resolutiva del presente fallo constitucional. En consecuencia, el Juez de garantías al denegar la tutela impetrada, obró de forma parcialmente correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 04/2022 de 14 de septiembre, cursante de fs. 95 a 98, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal y Anticorrupción Primero de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías; y en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, respecto a Andrés Franz Zabaleta Callizaya, Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Segundo de la Capital del departamento de La Paz en cuanto a la vulneración de los derechos a la libertad, a la protección oportuna y efectiva por los jueces, al debido proceso, relacionados con el principio de la seguridad jurídica; 2° DENEGAR la tutela solicitada, respecto Román Castro Quisbert, Juez de Instrucción Penal Primero de la Capital del departamento de La Paz en suplencia legal del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Cuarto del mismo departamento, así como en cuanto a los derechos a la dignidad, a la salud, al trabajo, y a la presunción de inocencia; y, 3° Dimensionar los efectos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, se mantiene la validez de los actos posteriores a la exhortación al Juez Suplente -se entiende del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Cuarto de la Capital del departamento de La Paz- efectuada a través de la Resolución 04/2022 de 14 de septiembre, para que conozca y resuelva en audiencia en el plazo de veinticuatro horas de su legal notificación con el presente fallo constitucional, la solicitud efectuada por la ahora peticionante de tutela respecto a su libertad irrestricta y los efectos correspondientes de la Resolución de Sobreseimiento siempre y cuando no se haya modificado su situación jurídica. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo

MAGISTRADA

Fdo. Dra. Amalia Laura Villca

MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0199_2025-S1.pdf · páginas 1 a 22.

Huella digital del PDF (SHA-256): 2eeae3b159c55c4928b9c46e1241bdd91d6e9125038a7de6d7c04f5154f6ea2a

La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.

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