B.IA.LEGAL

SCP 0198/2026-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Tercera · 19 de marzo de 2026

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
19 de marzo de 2026
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrado relator
Ángel Edson Dávalos Rojas
Expediente
59014-2023-119-AAC
Departamento
Potosí
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

El accionante denuncia la lesión de su derecho al juez natural y al principio de seguridad jurídica; argumentando que, habiendo cesado en el cargo de Director General de Formación de Maestros, dependiente del Viceministerio de Educación Superior y Formación Profesional del Ministerio de Educación, Deportes y Cultura, la autoridad sumariante de dicha cartera de Estado dispuso, sin competencia, el inicio de un proceso disciplinario en su contra, mismo que concluyó con la emisión de una Resolución que estableció responsabilidad administrativa, decisión posteriormente confirmada por las resoluciones que resolvieron los recursos de revocatoria y jerárquico interpuestos, vulnerando así el procedimiento previsto en los arts. 12, 13, 14, 15, 18, 21 y 67.V del DS 23318-A, modificado por el DS 26237 y el DS 28003, así como el art. 29 de la Ley SAFCO, al procesarlo sin considerar el cargo que ocupaba, pues la normativa aplicable establece que la autoridad sumariante competente debía ser un abogado independiente y no un funcionario del Ministerio de Educación; en dicho mérito, solicita se conceda la tutela impetrada y, se disponga: 1) La anulación de la Resolución Ministerial Jerárquica 05/2023 de 21 de marzo; y, 2) La restitución de su derecho al juez natural, así como sus garantías constitucionales, en aplicación al art. 67 del DS 23318-A, modificado por los Decretos Supremos 26237 y 28003. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 066/2023 de 6 de octubre, cursante de fs. 334 a 339 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada conforme a los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; y, 2° Disponer la nulidad de la Resolución Ministerial Jerárquica 05/2023 de 21 de marzo, dictada por Edgar Pary Chambi, entonces Ministro de Educación del Estado Plurinacional, que confirmó a su vez la Resolución de Recurso de Revocatoria 03/2023 de 27 de enero, dentro del proceso sumario administrativo seguido contra Iver Colque Paco -accionante- en su condición de: “…ex servidor público…” (sic) en el cargo de Director General de Formación de Maestros, dependiente del Viceministerio de Educación Superior y Formación Profesional de dicha cartera de Estado, por la presunta omisión en el cumplimiento del numeral 6, acápite B del Manual Puestos del Ministerio de Educación, así como del art. 9 inc. a) del Estatuto del Funcionario Público (EFP) -Ley 2027 de 27 de octubre de 1999-. Debiendo la parte demandada, emitir un nuevo pronunciamiento, ordenando la remisión de todos los antecedentes ante la autoridad competente llamada por ley, a efecto de que se dicte nuevo Auto de Inicio de Proceso Sumario Administrativo Interno, en el marco de la ley y con base en los argumentos desarrollados en el presente fallo constitucional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Sobre el debido proceso y su aplicación al ámbito administrativo sancionador
  2. III.2. Sobre el derecho al juez natural
  3. III.3. De la responsabilidad por la función pública de Directores o ex
  4. III.4. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0198/2026-S3 Sucre, 19 de marzo de 2026 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de amparo constitucional Expediente: 59014-2023-119-AAC Departamento: Potosí En revisión la Resolución 066/2023 de 6 de octubre de 2023, cursante de fs. 334 a 339 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Iver Colque Paco contra Edgar Pary Chambi, ex Ministro de Educación del Estado Plurinacional de Bolivia.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memoriales presentados el 22 y 29 de septiembre de 2023, cursantes de fs. 35 a 44 y 47 a 48 vta., el accionante expresó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Ejerció el cargo de Director General de Formación de Maestros, dependiente del Ministerio de Educación, desde el 13 de noviembre de 2020 hasta el 22 de noviembre de 2021; no obstante, el 7 de septiembre, fue notificado con el Auto Inicial de Proceso Administrativo 024/2022 de 22 de agosto, emitido por la autoridad sumariante del Ministerio de Educación, causa disciplinaria que concluyó con la Resolución Final de Proceso Sumario Administrativo 040/2022 de 23 de diciembre, estableciendo la existencia de responsabilidad administrativa en su contra. Ante tal determinación, el 4 de enero de 2023 interpuso recurso de revocatoria, que fue resuelto confirmando la decisión de primera instancia mediante Resolución de recurso de revocatoria 03/2023 de 27 de enero; posteriormente, el 1 de marzo de igual año, interpuso recurso jerárquico, resuelto mediante Resolución Ministerial Jerárquica 05/2023 de 21 de marzo, emitida por Edgar Pary Chambi, entonces Ministro de Educación -ahora demandado-, vulnerando y desconociendo lo dispuesto en los arts. 12, 13, 14, 15, 18, 21 y 67.V del Decreto Supremo (DS) 23318-A de 3 de noviembre de 1992 -Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública-, modificados por el DS 26237 de 29 de junio de 2001 y por el DS 28003 de 11 de febrero de 2005, así como el art. 29 de la Ley de Administración y Control Gubernamentales (SAFCO) -Ley 1178 de 20 de julio de 1990-, al procesarlo sin considerar el cargo que ocupaba como Director de Formación de Maestros, dependiente del Ministerio de Educación y omitiendo que la normativa establece que la autoridad sumariante que conozca el proceso administrativo debe ser un abogado independiente -no funcionario del Ministerio de Educación-, designado directamente por el Ministro cabeza de sector; en tal sentido, la autoridad sumariante del Ministerio de Educación -que inició el proceso administrativo- carecía de competencia, encontrándose comprometida la imparcialidad e independencia, en contravención de lo previsto por el art. 122 de la Constitución Política del Estado (CPE). Con base en esos antecedentes, las resoluciones sumariales, de revocatoria y jerárquica no guardan armonía con los valores, derechos fundamentales ni garantías constitucionales.

I.1.2. Derechos y principios supuestamente vulnerados

Denuncia la lesión de su derecho al juez natural y al principio de seguridad jurídica; citando al efecto, los arts. 9.2, 109, 110, 120 y 122 de la CPE; 10 y 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH); y, 8.1 y 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela impetrada y, en consecuencia, se disponga: a) La anulación de la Resolución Ministerial Jerárquica 05/2023 de 21 de marzo; y, b) La restitución de su derecho al juez natural, así como sus garantías constitucionales, en aplicación al art. 67 del DS 23318-A, modificado por los Decretos Supremos 26237 y 28003.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia pública el 6 de octubre de 2023, según consta en acta cursante de fs. 329 a 333 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

El accionante a través de su abogado ratifico de manera íntegra el contenido de su acción tutelar.

I.2.2. Informe de la parte demandada

Jhonny Martin Melendres Fernández en representación del ex Ministro de Educación, mediante informe escrito presentado el 6 de octubre de 2023, cursante de fs. 325 a 328, solicitó se deniegue la tutela, señalando que: 1) El accionante fue nombrado en el cargo de Director General de Formación de Maestros mediante Resolución Ministerial (RM) 0261/2020 de 13 de noviembre, cargo que ejerció hasta el 22 de noviembre de 2021; posteriormente, fue notificado con el Auto Inicial del Proceso Sumario Administrativo 024/2022, emitido por la Autoridad Sumariante del Ministerio de Educación; 2) En su condición de ex servidor público, fue procesado conforme a lo dispuesto en el art. 18 del DS 23318-A, modificado por el DS 26237 y, la SCP 0280/2017-S1, que establecen que, al tener la calidad de ex servidor público al momento del inicio del proceso sumario administrativo, corresponde la aplicación de dicha normativa; en consecuencia, no existe vulneración al principio del juez natural; 3) En aplicación de la regla general establecida en los arts. 12 y 15 del Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública, la autoridad competente para conocer procesos administrativos contra servidores y ex servidores públicos es la autoridad sumariante de la entidad; asimismo, el art. 67 de la norma invocada por el accionante se aplica únicamente a las autoridades comprendidas en dicha disposición cuando se encuentran en pleno ejercicio de sus funciones; y, 4) Debe considerarse que, la Nota Cite CGE/SCSL-219/2023 de 27 de marzo, establece que la autoridad competente para conocer y resolver procesos administrativos contra servidores y ex servidores públicos será la prevista en las normas específicas de la entidad o en su defecto, el servidor público designado por la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) en la primera semana hábil del año; en consecuencia, la autoridad sumariante competente para procesar al accionante, en su condición de ex Director General de Formación de Maestros, es la del Ministerio de Educación.

I.2.3. Resolución

La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, mediante Resolución 066/2023 de 6 de octubre, cursante de fs. 334 a 338 vta., denegó la tutela solicitada; señalando que: i) El accionante se encuentra dentro de los servidores administrativos -Director General- que al momento de iniciarse el proceso administrativo disciplinario, no se encontraba desempeñando dichas funciones; ii) Corresponde aplicar lo establecido en la SCP 0280/2017 de 31 de marzo, que señala que en los sumarios administrativos seguidos contra funcionarios públicos que no se encuentran en el desempeño de sus cargos, previstos en el parágrafo V, la Autoridad Sumariante será el Asesor Legal o el funcionario designado para ese efecto de la entidad en la que se preste o prestaba servicios; en ese entendido, el accionante no se encuentra comprendido dentro del parágrafo V del DS 26237; y, iii) De la revisión de la documentación presentada por las partes, no se evidencia vulneración de los derechos invocados.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Consta la Resolución Ministerial 0261/2020 de 13 de noviembre, emitida por Adrián Rubén Quelca Tarqui, entonces Ministro de Educación del Estado Plurinacional de Bolivia, designando a Iver Colque Paco -accionante- como Director General de Formación de Maestros, dependiente del Viceministerio de Educación Superior y Formación Profesional del Ministerio de Educación, Deportes y Cultura (fs. 34). II.2. Cursa el Auto Inicial de Proceso Sumario Administrativo 024/2022 de 22 de agosto, emitido por Julia Quisbert Quispe, autoridad sumariante del Ministerio de Educación, disponiendo el inicio del mencionado proceso sumario administrativo contra el accionante, en su condición de: “…ex servidor público…” (sic) en el cargo de Director General de Formación de Maestros, dependiente del Viceministerio de Educación Superior y Formación Profesional del Ministerio de Educación, por la presunta omisión en el cumplimiento del numeral 6, acápite B del Manual de Puestos del Ministerio de Educación, así como del art. 9 inc. a) del Estatuto del Funcionario Público (EFP) -Ley 2027 de 27 de octubre de 1999- (fs. 2 a 6). II.3. Consta la Resolución Final de Proceso Sumario Administrativo 040/2022 de 23 de diciembre, dictado por la misma autoridad sumariante, determinando: a) La existencia de responsabilidad administrativa contra el hoy accionante en su calidad de “…ex servidor público…” (sic), por haber omitido el cumplimiento del numeral 6, acápite B del Manual Puestos del Ministerio de Educación, así como del art. 9 inc. a) del EFP; b) El registro en el sistema CONTROLEG II de la Contraloría General del Estado de la Resolución; y, c) El rechazo de la excepción de incompetencia -formulado por el sumariado- a efectos del procesamiento mediante autoridad sumariante externa (fs. 7 a 16). II.4. Se tiene la Resolución de Recurso de Revocatoria 03/2023 de 27 de enero, emitida por Daniela Villegas Carvajal, autoridad sumariante del Ministerio de Educación, confirmando la Resolución Final de Proceso Sumario Administrativo 040/2022 de 23 de diciembre, manteniendo firme y subsistente lo resuelto contra el accionante en su condición de: “…ex servidor público…” (sic [fs. 17 a 25]). II.5. Cursa la Resolución Ministerial Jerárquica 05/2023 de 21 de marzo, dictada por Edgar Pary Chambi, entonces Ministro de Educación, confirmando la Resolución de Recurso de Revocatoria 03/2023 de 27 de enero, manteniendo firme y subsistente lo resuelto contra el accionante en su condición de: “…ex servidor público…” (sic [fs. 26 a 33]).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante denuncia la lesión de su derecho al juez natural y al principio de seguridad jurídica; argumentando que, habiendo cesado en el cargo de Director General de Formación de Maestros, dependiente del Viceministerio de Educación Superior y Formación Profesional del Ministerio de Educación, Deportes y Cultura, la autoridad sumariante de dicha cartera de Estado dispuso, sin competencia, el inicio de un proceso disciplinario en su contra, mismo que concluyó con la emisión de una Resolución que estableció responsabilidad administrativa, decisión posteriormente confirmada por las resoluciones que resolvieron los recursos de revocatoria y jerárquico interpuestos, vulnerando así el procedimiento previsto en los arts. 12, 13, 14, 15, 18, 21 y 67.V del DS 23318-A, modificado por el DS 26237 y el DS 28003, así como el art. 29 de la Ley SAFCO, al procesarlo sin considerar el cargo que ocupaba, pues la normativa aplicable establece que la autoridad sumariante competente debía ser un abogado independiente y no un funcionario del Ministerio de Educación; en dicho mérito, solicita se conceda la tutela impetrada y, se disponga: 1) La anulación de la Resolución Ministerial Jerárquica 05/2023 de 21 de marzo; y, 2) La restitución de su derecho al juez natural, así como sus garantías constitucionales, en aplicación al art. 67 del DS 23318-A, modificado por los Decretos Supremos 26237 y 28003. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. Sobre el debido proceso y su aplicación al ámbito administrativo sancionador

El art. 115.II de la CPE, dispone que: “El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones”; a su vez, el art. 117.I de la Norma Suprema, establece que: “Ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en un debido proceso (…)”.

El derecho al debido proceso, consagrado en la Ley Fundamental, se encuentra en armonía con los instrumentos internacionales sobre derechos humanos, de los cuales es signatario el Estado boliviano; así la Convención Americana sobre Derechos Humanos en su art. 8 en relación con los arts. 7 numerales 2, 3, 4, 5 y 6; 9; 10; 24; 25; y, 27 de la misma norma internacional, lo consagra como un derecho humano; de igual modo está contemplado en el art. 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).

Por otra parte, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (Corte IDH) señaló que las garantías del debido proceso no se restringen a los procesos judiciales o jurisdiccionales; pues, incluye procedimientos administrativos de todo orden; entendimiento que fue recogido en la SCP 0567/2012 de 20 de julio, que estableció importante doctrina jurisprudencial. En ese contexto, corresponde señalar que el derecho y garantía genérica del debido proceso no se restringe en su aplicación al ámbito jurisdiccional solamente, sino, es extensivo a cualquier procedimiento en el que deba determinarse una responsabilidad.

La SC 0902/2010-R de 10 de agosto, respecto al debido proceso, en el Fundamento Jurídico III.5, señaló que:

En consonancia con los tratados internacionales citados, a través de la jurisprudencia constitucional se ha establecido que los elementos que componen al debido proceso son el derecho a un proceso público; derecho 1El FJ III.4.1, indica: "La Constitución Política de Estado, define que la administración de justicia se fundamenta en los principios procesales de gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad, honestidad, legalidad, eficacia, eficiencia, accesibilidad, inmediatez, verdad material, debido proceso e igualdad de partes ante el juez, consecuentemente, el art. 115.II de la CPE señala: `El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones´. El art. 117.I de la Norma Suprema, por su parte establece: `Ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en un debido proceso…´. La Declaración Universal de Derechos Humanos, adoptada y proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en su resolución 217 A (III), de 10 de diciembre de 1948, en su art. 7 dispone: `Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley´. Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, determina que las garantías inherentes al debido proceso, no únicamente son exigibles a nivel judicial, sino también que deben ser de obligatorio cumplimiento por cualquier autoridad pública, señalando que: `De conformidad con la separación de los poderes públicos que existe en el Estado de Derecho, si bien la función jurisdiccional compete eminentemente al Poder Judicial, otros órganos o autoridades públicas pueden ejercer funciones del mismo tipo (...). Es decir, que cuando la Convención se refiere al derecho de toda persona a ser oída por un «juez o tribunal competente» para la «determinación de sus derechos», esta expresión se refiere a cualquier autoridad pública, sea administrativa, legislativa o judicial, que a través de sus resoluciones determine derechos y obligaciones de las personas. Por la razón mencionada, esta Corte considera que cualquier órgano del Estado que ejerza funciones de carácter materialmente jurisdiccional, tiene la obligación de adoptar resoluciones apegadas a las garantías del debido proceso legal en los términos del artículo 8 de la Convención Americana´. El debido proceso es una garantía de orden constitucional, que en virtud de los efectos de irradiación de la Constitución Política del Estado, es aplicable a cualquier acto administrativo que determine algún tipo de sanción de ése carácter que produzca efectos jurídicos que indudablemente repercuten en los derechos de las personas. Como ya se ha definido en otras Sentencias Constitucionales, el doctrinario Ticona Póstigo, ha señalado que: `El debido proceso legal, proceso justo o simplemente debido proceso (así como el derecho de acción, de contradicción) es un derecho humano fundamental que tiene toda persona y que le faculta a exigir del Estado un juzgamiento imparcial y justo, ante un juez responsable, competente e independiente, pues, él «Estado no sólo está obligado a proveer la prestación jurisdiccional (cuando se ejercitan los derechos de acción y contradicción) sino a proveerla bajo determinadas garantías mínimas que le aseguren tal juzgamiento imparcial y justo». A criterio del tratadista Saenz, «el Debido Proceso en su dimensión adjetiva, se refiere a toda aquella estructura de principios y derechos que corresponden a las partes durante la secuela de todo tipo de proceso, sea este jurisdiccional, sea administrativo, o sea corporativo particular»´. Como también ya se expuso en al abundante jurisprudencia constitucional, cualquier proceso administrativo sancionatorio, más aún si este puede derivar en sanciones como la destitución de determinado funcionario público, debe contener los elementos: i) al juez natural, ii) legalidad formal, iii) tipicidad, iv) equidad y v) defensa irrestricta. El tratadista español, Eduardo García Enterría, al referirse al proceso administrativo sancionador, indicó que: `…La doctrina en materia de derecho sancionador administrativo es uniforme al señalar que éste no tiene una esencia diferente a la del derecho penal general y por ello se ha podido afirmar que las sanciones administrativas se distinguen de las sanciones penales por un dato formal, que es la autoridad que las impone, es decir sanciones administrativas, la administración y sanciones penales, los tribunales en materia penal´. El derecho a la defensa irrestricta, que su vez es componente del debido proceso, se halla reconocido por el art. 115.II de la CPE, cuando señala que: `El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa…´. El doctrinario argentino Alberto Binder afirma: `El Derecho a la Defensa cumple dentro del Proceso Penal, un papel particular, por una parte actúa en forma conjunta con las demás garantías; por la otra, es la garantía que torna operativas a todas las demás´, concepto aplicable a los procedimientos sancionadores de esencia administrativa. El derecho a la defensa irrestricta, es un elemento esencial del proceso sancionatorio. Es uno de los mínimos procesales que necesariamente debe concurrir en cualquier procedimiento sancionatorio, constituyendo de esta manera un bloque de garantías procesales a favor del administrado en procura de efectivizar en todos los casos un proceso justo, no aceptándose el extremo de sustanciar asunto alguno sin conocimiento del procesado, situación inaceptable en cualquier sistema jurídico”.

al juez natural; derecho a la igualdad procesal de las partes; derecho a no declarar contra si mismo; garantía de presunción de inocencia; derecho a la comunicación previa de la acusación; derecho a la defensa material y técnica; concesión al inculpado del tiempo y los medios para su defensa; derecho a ser juzgado sin dilaciones indebidas; derecho a la congruencia entre acusación y condena; la garantía del non bis in idem; derecho a la valoración razonable de la prueba; derecho a la motivación y congruencia de las decisiones (…)

…no se concreta en las afirmaciones positivizadas en normas legales codificadas, sino que se proyecta hacia los derechos, hacia los deberes jurisdiccionales que se han de preservar con la aspiración de conseguir un orden objetivo más justo, es decir, el debido proceso es el derecho a la justicia lograda a partir de un procedimiento que supere las grietas que otrora lo postergaban a una simple cobertura del derecho a la defensa en un proceso. El reconocimiento del debido proceso como derecho, garantía y principio, también se encuentra plasmado en la SC 0086/2010-R de 4 de mayo, en cuyo Fundamento Jurídico III.7, indicó:

…el debido proceso, consagrado en el texto constitucional en una triple dimensión, en los arts. 115.II y 117.I como garantía, en el art. 137 como derecho fundamental y en el art. 180 como principio procesal; y, en los arts. 8 del Pacto de San José de Costa Rica y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), como derecho humano (…).

En resumen, se entiende que el derecho al debido proceso es de aplicación inmediata, vincula a todas las autoridades judiciales o administrativas; y que conforme a la jurisprudencia constitucional, sufrió una transformación de un concepto abstracto que perseguía la perfección de los procedimientos; es decir, que daba preeminencia a la justicia formal, a un ideal moderno que destaca su rol como única garantía fundamental para la protección de los derechos humanos.

En esa línea, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Plurinacional contenida en la SCP 0142/2012 de 14 de mayo, en el Fundamento Jurídico III.1, estableció:

…respecto al ejercicio de la potestad sancionadora disciplinaria del Estado, se desprenden dos temas, que se sustentan en normas constitucionales-principios del nuevo modelo de Estado: 1) El fundamento de su ejercicio; y, 2) Los límites a ese ejercicio, que encuentran una barra de contención en el respeto de garantías mínimas, siendo una de ellas, el debido proceso.

1) El ejercicio de la potestad sancionadora del Estado, en el ámbito disciplinario, permite a la administración pública en sus distintos órganos e instituciones del nivel central y de las diferentes entidades territoriales autónomas imponer sanciones a sus servidoras y servidores públicos para garantizar que se cumplan los fines y funciones esenciales del Estado previstos en la Constitución y la ley conforme refiere el art. 9 de la CPE, siendo ese su fundamento. En efecto, son la Constitución, la legislación y reglamentación del nivel central y de las entidades territoriales autónomas que en ese cometido le confieren a la administración pública la potestad y facultad de aplicar, en vía disciplinaria, diversos tipos de sanciones a sus servidoras y servidores públicos.

2) Ahora bien, el ejercicio de la potestad de las entidades públicas de imponer sanciones disciplinarias a sus propios servidores públicos, está subordinado y limitado al respeto de determinadas garantías mínimas, entre ellas, la garantía del debido proceso, por cuanto ello controla y limita el campo de acción de la potestad sancionadora del Estado, a efectos de evitar una actividad arbitraria de la administración pública que se torne en ilícita. Ello, en aras de la búsqueda de la materialización de los valores, en los que se sustenta el Estado Constitucional de Derecho Plurinacional Comunitario e Intercultural (art. 8.II de la CPE), que en lo conducente, al ámbito sancionador disciplinario, principalmente son el de justicia y armonía.

En ese entendido, la actividad sancionadora, tanto penal como administrativa, debe respetar el sustento axiológico y dogmático de la Constitución Política del Estado, en especial los derechos y garantías de las personas que se constituyen en el fundamento y límite del poder sancionador del Estado.

III.2. Sobre el derecho al juez natural

El juez natural se constituye en una garantía jurisdiccional que forma parte del debido proceso; el cual, conforme lo determinó la jurisprudencia constitucional, es también aplicable a los procesos administrativos de tipo sancionador y a los procesos disciplinarios.

La SCP 1047/2013 de 27 de junio, reiterando el entendimiento de la SC 0074/2005 de 10 de octubre, indicó que la autoridad jurisdiccional debe estar establecida con anterioridad al hecho de la causa; haciendo referencia a que ninguna persona puede ser sometida a juzgados o tribunales que no hubieren estado instituidos antes del inicio de la causa; es decir, antes del inicio del juicio propiamente dicho, en el que la autoridad, con plena jurisdicción y competencia, conocerá y resolverá el proceso judicial o disciplinario; así en el Fundamento Jurídico III.3.3, estableció que:

El juez natural, conforme lo ha sostenido la jurisprudencia constitucional contenida en la SC 0074/2005 de 10 de octubre, implica: “…el derecho que tiene toda persona a ser oída y juzgada, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez regular predeterminado, competente, independiente e imparcial, en la substanciación de cualquier acusación penal o disciplinaria formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal, familiar o de cualquier otro carácter. Ahora bien, a los fines de la resolución de la problemática planteada, siguiendo la doctrina constitucional, corresponde describir de manera resumida la naturaleza jurídica de los elementos constitutivos del `juez natural´:

a) Juez predeterminado, se entiende por tal a la autoridad cuya jurisdicción y competencia es determinada por el ordenamiento jurídico con anterioridad al hecho cometido que será objeto del proceso, sea judicial o disciplinario administrativo, lo que supone que el órgano judicial o disciplinario haya sido creado por la norma legal previamente. De lo referido se infiere que, en el ámbito del derecho al debido proceso significa el derecho que tiene la persona a ser juzgada por la autoridad investida, por el ordenamiento jurídico, de jurisdicción y competencia con anterioridad al hecho motivador de la actuación o proceso judicial o disciplinario, conforme corresponda. (…)

De lo referido se infiere que el derecho al Juez predeterminado es con relación al juzgado o tribunal con jurisdicción y competencia predeterminado, no es al titular, es decir, a la persona que ejerce la condición de Juez o miembro del Tribunal respectivo; por ello debe entenderse que la garantía (…) del derecho al juez predeterminado, se refiere a la creación y establecimiento del juzgado o tribunal con la respectiva jurisdicción y competencia, no a los jueces o miembros de un Tribunal como sujetos; así fue entendido por este Tribunal en su SC 0560/2002-R de 15 de mayo, en la que se expresó la siguiente doctrina constitucional: `...los alcances del precepto constitucional (art. 14) no pueden extraerse de la literalidad del precepto, sino de la finalidad que el mismo tiene dentro del orden constitucional. De ahí que, de manera congruente con lo anotado, cuando dicho precepto dice: 'Nadie debe ser juzgado por comisiones especiales o sometido a otros jueces que los designados con anterioridad al hecho de la causa', está desarrollando la garantía del Juez natural, dentro de los alcances anteriormente expuestos, y no a prohibir que un Juez designado después del hecho conozca y revuelva el caso, pues esto no sólo que no cumpliría la función teleológica del mismo, sino que sería de imposible aplicación; pues, ni aun existiendo jueces vitalicios podría cumplirse tal exigencia, que como ha quedado establecido no está presente en el espíritu de la norma´. b) Juez competente, es el órgano que de acuerdo a las normas jurídicas previamente establecidas, conforme a criterios de territorio, materia y cuantía, es el llamado para conocer y resolver una controversia judicial; al igual que se manifestó al conceptuar al juez predeterminado dicha acepción de competencia no se refiere a la persona que ejerce circunstancialmente la jurisdicción, sino alude a la competencia del órgano creado con especificidad para el ejercicio de la potestad jurisdiccional, vale decir que como juez competente se debe entender la autoridad que cumpliendo los criterios que legitiman su acción como tercero imparcial, independientemente de la persona, ejerce la potestad jurisdiccional en la dilucidación de una situación problemática para la que fue creada.

c) Juez independiente tiene una doble significación, por un lado, alude al órgano judicial, como Órgano del Estado, en ese sentido su configuración constitucional garantiza su independencia de los otros poderes (art. 116.VI y VIII de la CPE); y de otro lado, alude a la persona que ejerce la jurisdicción, la cual debe estar exenta de toda injerencia o intromisión de otras autoridades o poderes del Estado.

d) Juez imparcial, también está referido al órgano jurisdiccional del Estado, y es un elemento propio y connatural de la jurisdicción; en otros términos, el ejercicio de la función jurisdiccional supone la existencia de un órgano imparcial, ajeno por completo al conflicto originado entre las partes contendientes en el proceso, cuya misión es la de dirimir un conflicto o la constatación de una situación jurídica, con efectos de cosa juzgada”.

III.3. De la responsabilidad por la función pública de Directores o ex

Directores Generales

El Estatuto del Funcionario Público (EFP) -Ley 2027 de 27 de octubre de 1999-, en su art. 16, señala que todo servidor público que se encuentra sujeto a esa normativa, sin distinción de ninguna naturaleza asume responsabilidad por sus acciones, omisiones, la forma de su desempeño funcionario y los resultados obtenidos por el mismo. A su turno, el Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública prevé en su art. 2, que sus disposiciones: “…se aplican exclusivamente al dictamen y a la determinación de la responsabilidad por la función pública, de manera independiente y sin perjuicio de las normas legales que regulan las relaciones de orden laboral”. De ahí que, el art. 12 del DS referido modificado por el DS 26237, prevé lo siguiente: “I. Autoridad legal competente es: a. La prevista en las normas específicas de la entidad o en su defecto, el servidor público designado por el máximo ejecutivo en la primera semana hábil del año. b. El máximo ejecutivo de la entidad que ejerce tuición o el servidor público que corresponda para los casos señalados en el artículo 67 del presente Reglamento. c. El Superintendente de Servicio Civil o el máximo ejecutivo de la entidad, según corresponda a Funcionarios de carrera o a Funcionarios provisorios, para conocer de los recursos jerárquicos. II. En los casos de los Gobiernos Municipales, Universidades Públicas, Escalafón Judicial del Poder Judicial, Carrera Fiscal del Ministerio Público, Servicio Exterior y Escalafón Diplomático, Magisterio Público, Servicio de Salud Pública y Seguridad Social, Fuerzas Armadas y Policía Nacional, la autoridad legal competente así como el procedimiento para la determinación de responsabilidad administrativa, se regirá por su legislación especial aplicable” (las negrillas nos corresponden). Asimismo, el art. 15 del mismo Decreto Supremo modificado, prevé que: “Todo servidor público es pasible de responsabilidad administrativa. Lo son asimismo los ex servidores públicos a efecto de dejar constancia y registro de su responsabilidad. Toda autoridad que conozca y resuelva procesos internos disciplinarios deberá enviar copia de la Resolución final ejecutoriada a la Contraloría General de la República para fines de registro” (las negrillas nos pertenecen). El art. 67 del DS 23318-A modificado por el DS 26237, y este a su vez modificado por los Decretos Supremos 28003 y 28010 de 11 y 18 febrero de 2005 respectivamente, establece: “I. Las denuncias, informes de auditoría y dictámenes de responsabilidad administrativa que involucren al máximo ejecutivo, los miembros de un directorio, los abogados o auditores internos de una entidad, serán conocidos y resueltos en la fase del sumario por el asesor legal principal de entidad que ejerce tuición, con las facultades previstas y dentro de los plazos señalados en los artículos 21 al 23 del presente reglamento. II. En el caso de posible responsabilidad administrativa, el asesor legal principal de la entidad que ejerce tuición actuará como sumariante, con las facultades previstas y dentro de los plazos señalados en los artículos 21 al 23 del presente reglamento. III. La máxima autoridad ejecutiva de la entidad que ejerce tuición resolverá el recurso jerárquico, en el plazo señalado en el artículo 29 del presente reglamento. IV. Las excusas y recusaciones del sumariante o de la máxima autoridad ejecutiva serán resueltas en única instancia por el asesor legal principal del Ministerio de la Presidencia y en caso de ser declaradas legales. Corresponderá al Ministerio de Presidencia designar al servidor Público de igual jerarquía del servidor público o la autoridad que se excuse o que fue recusada, quien no podrá excusarse ni ser recusado. V. En caso de estar involucrados los Viceministros, Directores Generales, Directores Nacionales, Subprefectos y Corregidores, funcionarios de libre nombramiento así como los auditores internos y abogados de la Presidencia, Vicepresidencia de la República, Ministerios de Estado o Prefecturas del Departamento, se aplicara en cuanto corresponda lo previsto en los párrafos I, II, III y IV que anteceden. A este efecto: a. El sumariante deberá ser un abogado independiente nombrado directamente por el Ministro responsable cabeza de sector, cuyo honorario por cada proceso no deberá exceder de Bs.4.000.- (CUATRO mil 00/100 BOLIVIANOS). b. Los Recursos Jerárquicos serán resueltos por el Ministro responsable cabeza de sector, sin recurso administrativo ulterior. c. El Sumariante deberá ser un abogado independiente nombrado directamente por el Prefecto de Departamento, cuyo honorario por cada proceso no deberá exceder de Bs.4.000.- (CUATRO MIL 00/100 BOLIVIANOS). d. Los Recursos Jerárquicos serán resueltos por el Prefecto de Departamento, sin recurso administrativos ulterior”. Extracto jurisprudencial que corresponde a la SCP 0031/2026-S1 de 28 de enero.

III.4. Análisis del caso concreto

El accionante denuncia la vulneración de su derecho al juez natural y al principio de seguridad jurídica; argumentando que, habiendo cesado en el cargo de Director General de Formación de Maestros, dependiente del Viceministerio de Educación Superior y Formación Profesional del Ministerio de Educación, Deportes y Cultura, la autoridad sumariante de dicha cartera de Estado, dispuso sin competencia, el inicio de un proceso disciplinario en su contra, mismo que concluyó con la emisión de una Resolución que estableció responsabilidad administrativa, decisión posteriormente confirmada por las resoluciones que resolvieron los recursos de revocatoria y jerárquico interpuestos, vulnerando así el procedimiento previsto en los arts. 12, 13, 14, 15, 18, 21 y 67.V del DS 23318-A, modificado por el DS 26237 y el DS 28003, así como el art. 29 de la Ley SAFCO, al procesarlo sin considerar el cargo que ocupaba, pues la normativa aplicable establece que la autoridad sumariante competente debía ser un abogado independiente y no un funcionario del Ministerio de Educación.

III.4.1. Consideración previa

De una revisión del sistema de gestión procesal del Tribunal Constitucional Plurinacional, se tienen los registros de las causas con los expedientes 56089-2023-113-AAC y 58834-2023-118-AAC, resueltas mediante la SCP 0823/2025-S3 de 30 de julio y la citada SCP 0031/2026-S1, respectivamente; procesos constitucionales que, coincidentemente fueron promovidos por Iver Colque Paco como accionante y Edgar Pary Chambi, entonces Ministro de Educación del Estado Plurinacional de Bolivia, denunciando en ambos casos la vulneración del derecho al juez natural, precisamente por la supuesta inaplicación del régimen especial previsto por el art. 67 del DS 23318-A, modificado por los Decretos Supremos 26237, 28003 y 28010.

No obstante, dicha similitud, corresponde precisar que ambos precedentes responden a supuestos fácticos diferenciados, aspecto relevante para determinar el alcance vinculante de cada precedente jurisprudencial. En efecto, la SCP 0823/2025-S3 concedió la tutela solicitada al concluir que, el procesamiento disciplinario emergía directamente del ejercicio de funciones inherentes al cargo de Director General desempeñado por el entonces accionante; razón por la cual, aun cuando el proceso hubiese sido iniciado con posterioridad al cese de funciones, resulta aplicable el régimen especial previsto en el art. 67.V del DS 23318-A, particularmente en lo concerniente a la designación de un sumariante independiente.

2Al respecto, en un caso en el que el accionante denunció la lesión del debido proceso en su elemento juez natural –entre otros–, argumentando que las autoridades demandadas iniciaron un proceso sumario y determinaron responsabilidad administrativa en su contra por contravenciones cometidas cuando ejercía el cargo de Director Ejecutivo a.i. de la AETN, pese a no tener competencia; puesto que, el art. 67.I del DS 23318-A, modificado por el art. 2 del DS 26237, establece que la autoridad competente para iniciar y resolver un proceso contra la MAE sería el Asesor Principal del Ministerio de Hidrocarburos y Energía, este Tribunal, mediante la SCP 0364/2025-S4 de 28 de abril, concedió la tutela, señalando que: “…se infiere que, el accionante cuando ejercía funciones como máximo ejecutivo de la entidad AETN (ex servidor) habría adecuado su conducta a las previsiones establecidas en la Ley 1178 y el DS 23318-A; motivo por el cual, iniciaron proceso sumario interno dictaminando responsabilidad administrativa; empero, las autoridades accionadas en ningún momento considerando que las faltas y/o contravenciones administrativas denunciadas y procesadas sumarialmente, fueron cometidas por el ahora accionante durante el ejercicio de funciones como MAE de la AETN; es decir cuando todavía fungía ese cargo, y lógicamente tenía que haberse aplicado las norma vigentes en el momento de perpetrada la contravención o falta, en el ejerció de ese cargo de ‘máximo ejecutivo’, conforme el art. 67.I. del DS 23318-A, modificado por el art. 2 del DS 26237, considerando que el accionante a momento de adecuar su conducta a las faltas y contravenciones denuncias en el ejercicio de su cargo como máximo ejecutivo de la AETN tenía que haber sido procesado en la fase del sumario por el Asesor Legal principal de la entidad… (…). …el accionante para sostener su reclamo, en el contenido de su demanda tutelar, fundamentó (…) que, la Autoridad Sumariante de la AETN actuó sin competencia, señaló reiterativamente la incorrecta aplicación e interpretación del contenido normativo del art. 67.I del DS 23318-A, modificado por el art. 2 del DS 26237, en actual vigencia, transcribiendo literalmente la misma; sin embargo, paradójicamente, para las autoridades accionadas, el impetrante de tutela, por el hecho de ser ex servidor público ya no goza de las prerrogativas que un servidor público en ejercicio activo, interpretación sesgada, porque si bien es cierto que al momento de su notificaron con el inicio del proceso sumario ya no era servidor público de esa entidad; sin embargo, las faltas o contravenciones denunciadas fueron cometidas cuando el accionante Por su parte, la SCP 0031/2026-S1, denegó la tutela impetrada, precisando que no toda investigación o proceso instaurado contra una ex autoridad comprendida en el art. 67.V del DS 23318-A activa automáticamente el régimen especial allí previsto; puesto que, corresponde verificar si los hechos atribuidos derivan propiamente del ejercicio de las funciones jerárquicas inherentes al cargo o si, por el contrario, se trata de obligaciones administrativas generales aplicables a cualquier servidor público. Sobre esta base, la referida Sentencia Constitucional Plurinacional concluyó que, tratándose de un proceso disciplinario relacionado con el incumplimiento de obligaciones vinculadas a la declaración jurada de bienes y rentas, no correspondía la aplicación del régimen excepcional del art. 67.V del DS 23318-A, al no encontrarse comprometido el ejercicio de atribuciones propias del cargo jerárquico desempeñado. En consecuencia, más que una contradicción absoluta entre ambos precedentes, este Tribunal advierte que la SCP 0031/2026-S1 efectuó una delimitación y precisión interpretativa del alcance de la SCP 0823/2023-S3, estableciendo que la aplicación del régimen especial previsto para Directores Generales y otras altas autoridades, no depende exclusivamente de la jerarquía del cargo previamente ocupado ni de la sola condición de ex autoridad, sino fundamentalmente de la naturaleza de los hechos atribuidos y de su vinculación material con el ejercicio de funciones jerárquicas inherentes a dicho cargo. Bajo ese entendimiento, corresponde establecer si, en el presente caso, los hechos atribuidos al accionante emergen directamente del ejercicio de las funciones propias del cargo de Director General de Formación de Maestros -supuesto en el cual resultaría aplicable la SCP 0823/2025-S3- o si, por el contrario, se trata de obligaciones administrativas generales sujetas al régimen ordinario de responsabilidad disciplinaria desarrollado en la SCP 0031/2026-S1.

III.4.2. Análisis

De la revisión de antecedentes, se constata que el ahora accionante, mediante Resolución Ministerial Jerárquica 0261/2020 de 13 de noviembre, emitida por Adrián Rubén Quelca Tarqui, entonces Ministro de Educación del Estado Plurinacional de Bolivia, fue designado Director General de Formación de Maestros, dependiente del Viceministerio de Educación Superior y Formación Profesional del Ministerio de Educación, Deportes y Cultura (Conclusión II.1). Ahora bien, cursa el Auto Inicial de Proceso Sumario Administrativo 024/2022 de 22 de agosto, emitido por Julia Quisbert Quispe, autoridad sumariante del Ministerio de Educación, disponiendo el inicio del mencionado proceso sumario administrativo contra el accionante, en su condición de: “…ex servidor público…” (sic) en el cargo de Director General de Formación de Maestros, dependiente del Viceministerio de Educación Superior y Formación Profesional del Ministerio de Educación, por la presunta omisión en el cumplimiento del numeral 6, acápite B del Manual Puestos del Ministerio de Educación, así como del art. 9 inc. a) del EFP (Conclusión II.2), causa que concluyó con la Resolución Final de Proceso Sumario Administrativo 040/2022 de 23 de diciembre, dictado por la misma autoridad sumariante, determinando: i) La existencia de responsabilidad administrativa contra el hoy accionante en su condición de: “…ex servidor público…” (sic), por haber omitido el cumplimiento del numeral 6, acápite B del Manual Puestos del Ministerio de Educación, así como del art. 9 inc. a) del EFP; y, ii) El rechazo de la excepción de incompetencia -formulado por el sumariado- a efectos del procesamiento mediante autoridad sumariante externa (Conclusión II.3). En tal sentido, se tiene la Resolución de Recurso de Revocatoria 03/2023 de 27 de enero, emitida por Daniela Villegas Carvajal, autoridad sumariante del Ministerio de Educación, confirmando la Resolución Final de Proceso Sumario Administrativo 040/2022, manteniendo firme y subsistente lo resuelto contra el accionante en su condición de: “…ex servidor público…” (Conclusión II.4). Finalmente, cursa la Resolución Ministerial Jerárquica 05/2023 de 21 de marzo, dictada por Edgar Pary Chambi, entonces Ministro de Educación, confirmando la Resolución de Recurso de Revocatoria 03/2023 de 27 de enero, manteniendo firme y subsistente lo resuelto contra el accionante en su condición de: “…ex servidor público…” (Conclusión II.5).

Bajo tales premisas, este Tribunal advierte que el reclamo del accionante, al igual que en el contexto de la SCP 0823/2025-S3 y la SCP 0031/2026-S1, esencialmente se centra en la presunta incompetencia de la autoridad sumariante del Ministerio de Educación para sustanciar el proceso administrativo disciplinario instaurado en su contra, aspecto que -en su criterio- vulnera el derecho juez natural y provoca la nulidad de actuados conforme al art. 12 de la CPE. Al respecto, conforme se tiene desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, el ejercicio de la potestad sancionadora disciplinaria del Estado, se fundamenta en: a) La potestad de la administración pública -en sus distintos órganos e instituciones del nivel central y de las diferentes entidades territoriales autónomas- de imponer sanciones a sus servidoras y servidores públicos, con el propósito de garantizar el cumplimiento de los fines y funciones esenciales del Estado, previstos en el art. 9 de la CPE; y, b) La subordinación y limitación en el ejercicio de dicha atribución al respeto de las garantías constitucionales mínimas establecidas en la Norma Suprema, entre ellas, el debido proceso y con ello el derecho al juez natural, como límite de la potestad sancionatoria del Estado, a efectos de evitar una actividad arbitraria de la administración pública y buscar la materialización de los valores, en los que se sustenta el Estado Constitucional de Derecho Plurinacional Comunitario e Intercultural, según el art. 8.II de la CPE, principalmente la justicia y armonía. En ese marco, el Fundamento Jurídico III.2 desarrolló que el juez natural, en su elemento competencia, exige que la autoridad llamada a conocer un determinado proceso disciplinario se encuentre predeterminada por el ordenamiento jurídico con anterioridad al hecho investigado, impidiendo la creación de autoridades ad hoc o la extensión de competencias fuera de los supuestos expresamente previstos por la norma. Sobre esta temática, el Fundamento Jurídico III.3 del presente fallo constitucional, hace hincapié en que el art. 67.V del DS 23318-A, modificado por los Decretos Supremos 26237, 28003 y 28010, que prevé un régimen especial de procesamiento disciplinario respecto de altas autoridades -entre ellas, Directores Generales- disponiendo, entre otros aspectos, la intervención de un abogado independiente designado directamente por el Ministro cabeza de sector. No obstante, corresponde precisar que dicha disposición normativa configura un régimen excepcional de competencia, distinto del régimen ordinario previsto en los arts. 12 y 15 del mismo cuerpo normativo, aplicable de manera general a servidores y ex servidores públicos; razón por la cual, su interpretación debe efectuarse de manera restrictiva y funcional, conforme a los principios de legalidad y seguridad jurídica previstos en los arts. 178.I y 180 de la CPE. En consecuencia, cuando los hechos investigados en la vía disciplinaria emergen directamente del ejercicio de potestades jerárquicas, decisiones institucionales o atribuciones funcionales inherentes al cargo de Director General u otra alta autoridad comprendida en el art. 67.V del DS 23318-A, corresponde la activación del régimen especial y la intervención de un sumariante independiente; toda vez que, la finalidad de dicha previsión normativa radica en reforzar las garantías de independencia e imparcialidad respecto de actuaciones funcionales vinculadas al ejercicio de altos cargos de dirección dentro de la estructura estatal. Por el contrario, cuando el proceso disciplinario se refiere al incumplimiento de obligaciones generales exigibles a todo servidor público, cuya naturaleza no guarda relación directa con el ejercicio de atribuciones jerárquicas especiales, resulta aplicable el régimen ordinario de responsabilidad administrativa previsto para servidores y ex servidores públicos, correspondiendo la competencia de la autoridad sumariante de la entidad, conforme a los arts. 12 y 15 del DS 23318-A. Bajo dicho entendimiento, la SCP 0031/2026-S1 precisó el alcance interpretativo de la SCP 0823/2025-S3 -concordante con la SCP 0364/2025-S4-, estableciendo que la aplicación del régimen especial previsto en el art. 67.V del DS 23318-A, no depende únicamente de la jerarquía del cargo previamente ocupado o de la sola condición de ex autoridad; sino, fundamentalmente, de la naturaleza de los hechos atribuidos y de su vinculación material con el ejercicio de funciones jerárquicas inherentes al cargo desempeñado. En el caso concreto, de la revisión de los antecedentes se advierte que el ahora accionante fue sometido a proceso sumario administrativo por la presunta omisión en el cumplimiento del numeral 6, acápite B del Manual de Puestos del Ministerio de Educación, así como del art. 9 inc. a) del Estatuto del Funcionario Público, conforme se evidencia del Auto Inicial de Proceso Sumario Administrativo 024/2022 y de la Resolución Final de Proceso Sumario Administrativo 040/2022, causa que tiene como origen la Nota Administrativa CITE: UAI/NA/001/2021 de 2 de septiembre, emitida por la Unidad de Auditoría del Ministerio de Educación, que como parte de sus hallazgos estableció indicios de responsabilidad en su contra en los casos de postulantes admitidos por la comisión de verificación de la Dirección General de Formación de Maestros en la modalidad “B1” en su condición de ex funcionario, siendo el hecho concreto atribuido -según la autoridad sumariante- que, en su condición de ex Director General de Formación de Maestros tenía como obligación el velar por el cumplimiento de los numerales 17 y 28, parágrafo II, título IV del Reglamento de Admisión y “Notas Importantes” de la “Convocatoria Pública 001/2020”, vinculado al proceso de admisión de postulantes a las Escuelas Superiores de Formación de Maestros y Unidades Académicas, aprobado mediante Resolución Ministerial 0042/2020 de 1 de diciembre; sin embargo, al revisar los informes de los postulantes invalidó la admisión de algunos postulantes que en un primer momento habían sido admitidos o viceversa; asimismo, procedió a la admisión de nuevos postulantes en reemplazo de aquellos invalidados, sin que consten los motivos de las observaciones realizadas para la invalidación de las postulaciones. Conforme se pude advertir, al igual que en el supuesto analizado en la SCP 0823/2025-S3 -en el que los hechos atribuidos guardaban relación directa con actuaciones emergentes del ejercicio de funciones jerárquicas vinculadas a procesos de institucionalización del SEP-, en el presente caso las conductas investigadas también se encuentran referidas al incumplimiento de deberes funcionales específicos del cargo de Director, conforme al numeral 6, acápite B del Manual de Puestos del Ministerio de Educación -según refiere la propia autoridad sumariante-, los cuales este Tribunal advierte son exclusivas e inherentes al cargo jerárquico de Director General. En consecuencia, los hechos atribuidos al accionante se encuentran materialmente vinculados al ejercicio de potestades jerárquicas especiales propias del cargo comprendido en el art. 67.V del DS 23318-A; razón por la cual, resulta aplicable el régimen excepcional previsto en dicha disposición normativa y no así el régimen ordinario de responsabilidad administrativa previsto para servidores y ex servidores públicos. Consiguientemente, tomando en cuenta que el proceso administrativo fue instaurado cuando el accionante ya no ejercía el cargo de Director de Formación de Maestros del Ministerio de Educación, y considerando además que las conductas investigadas emergen del ejercicio de atribuciones jerárquicas inherentes a dicho cargo, este Tribunal concluye que la competencia para conocer y resolver el proceso disciplinario correspondía a la autoridad sumariante de dicha cartera de Estado, conforme a los arts. 12 y 15 del DS 23318-A. Por tanto, es evidente la vulneración del derecho al juez natural en su elemento competencia, afectando de esta manera al debido proceso y a la seguridad jurídica; toda vez que, la autoridad que sustanció el proceso administrativo, dictando el Auto Inicial de Proceso Sumario Administrativo 024/2022, la Resolución Final de Proceso Sumario Administrativo 040/2022 y la Resolución de Recurso de Revocatoria 03/2023, no se encontraba legalmente habilitada para ello, actuando al margen del ámbito competencial previsto por el ordenamiento jurídico vigente. De ahí que, al no haber corregido el procedimiento y reencausado el proceso disciplinario, el entonces Ministro de Educación Edgar Pary Chambi, al emitir la Resolución Ministerial Jerárquica 05/2023, confirmando la Resolución de Recurso de Revocatoria 03/2023, también lesionó los derechos mencionados, correspondiendo a esta jurisdicción conceder la tutela impetrada y disponer su restitución hasta el estado anterior a cuando se produjeron tales vulneraciones. En consecuencia, la Sala Constitucional, al denegar la tutela solicitada, no obró de manera correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 066/2023 de 6 de octubre, cursante de fs. 334 a 339 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada conforme a los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; y, 2° Disponer la nulidad de la Resolución Ministerial Jerárquica 05/2023 de 21 de marzo, dictada por Edgar Pary Chambi, entonces Ministro de Educación del Estado Plurinacional, que confirmó a su vez la Resolución de Recurso de Revocatoria 03/2023 de 27 de enero, dentro del proceso sumario administrativo seguido contra Iver Colque Paco -accionante- en su condición de: “…ex servidor público…” (sic) en el cargo de Director General de Formación de Maestros, dependiente del Viceministerio de Educación Superior y Formación Profesional de dicha cartera de Estado, por la presunta omisión en el cumplimiento del numeral 6, acápite B del Manual Puestos del Ministerio de Educación, así como del art. 9 inc. a) del Estatuto del Funcionario Público (EFP) -Ley 2027 de 27 de octubre de 1999-. Debiendo la parte demandada, emitir un nuevo pronunciamiento, ordenando la remisión de todos los antecedentes ante la autoridad competente llamada por ley, a efecto de que se dicte nuevo Auto de Inicio de Proceso Sumario Administrativo Interno, en el marco de la ley y con base en los argumentos desarrollados en el presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

Fdo. Boris Wilson Arias López

MAGISTRADO

Notas al pie

estaba en ejerció del cargo como máximo ejecutivo, y lógicamente tenía que haber sido sumariado o procesado por la Autoridad Sumariante de ese entonces en esa entidad donde ejercía ese cargo de máximo ejecutivo…” (el subrayado es añadido).

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0198_2026-S3.pdf · páginas 1 a 19.

Huella digital del PDF (SHA-256): 7a58242e6154bce4d52b3413777824130b3d3d8788f6d77322eb3ea038cf24c1

La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.

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