B.IA.LEGAL

SCP 0198/2024-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 13 de junio de 2024

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera
Fecha
13 de junio de 2024
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
MSc. Georgina Amusquivar Moller
Expediente
48460-2022-97-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El impetrante de tutela denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso, a la libertad y a la defensa; toda vez que, el Fiscal de Materia -ahora demandado-luego de haber prestado su primera declaración, por segunda vez lo citó para la declaración informativa el 1 de junio de 2022, posteriormente, emitió la orden de aprehensión, y no así un mandamiento de aprehensión conforme establece el art. 129 del CPP, instrumento con el cual luego fue aprehendido; por lo que, se encuentra privado en forma ilegal de su libertad. En consecuencia, corresponde verificar si tales extremos son ciertos, con el fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para lo cual, se tomarán en cuenta los siguientes aspectos: 1) La Subsidiariedad excepcional en la acción de libertad; y, 2) Análisis del caso concreto.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 46/2022 de 3 de junio, cursante de fs. 51 a 53, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Noveno de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías conforme a los Fundamentos Jurídicos descritos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; y, en consecuencia: DENEGAR la tutela solicitada, aclarando que no se ingresó al fondo del caso.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.3. La Subsidiariedad excepcional en la acción de libertad
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0198/2024-S1 Sucre, 13 de junio de 2024 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Georgina Amusquivar Moller Acción de libertad Expediente: 48460-2022-97-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 46/2022 de 3 de junio, cursante de fs. 51 a 53, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Franklin Marcos Aguilar Boyan representante sin mandato de Wilson Hernán Velasco Blanco contra Edgar Luis Rojas Laura, Fiscal de Materia.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 2 de junio de 2022, cursante de fs. 14 a 18 vta., el accionante a través de su representante sin mandato expresó los siguientes argumentos de hecho y derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal, por la presunta comisión del delito de estafa, seguido en su contra por el Ministerio Público, refiere que en calidad de abogado suscribió una minuta de compra y venta de un inmueble, donde los ahora denunciantes pidieron la inclusión de ciertas cláusulas a sugerencia de otro abogado; empero, sin involucrarse en el fondo de la negociación de las partes, fruto de esta supuesta participación, fue citado para declaración informativa el 12 de abril de 2022, a la cual, acudió ante la autoridad competente, luego fue citado a un careo, al cual, asistió conjuntamente su abogado, por último a una inspección técnica ocular y reconstrucción en su oficina particular donde se redactó la minuta. Posteriormente, se apertura el caso remitiéndose la notificación del inicio y control jurisdiccional el 24 de marzo de 2022, en mérito a esas actuaciones se dejó en su domicilio citación para prestar una segunda declaración informativa el 1 de junio del citado año a horas 14:30; por lo que, considera esta segunda citación un hecho irregular ilícito, bajo los siguientes argumentos: a) Fue citado para prestar su declaración informativa policial el 12 de abril del señalado año, por el supuesto delito de estafa, al cual, se presentó en el día señalado; empero, por segunda vez nuevamente fue citado para el 1 de junio del mismo año, constituyéndose en un hecho irregular; toda vez que, el art. 97 del Código de Procedimiento Penal (CPP) en su parte pertinente señala: “…el imputado podrá solicitar se les reciba nueva declaración solicitud que será atendida siempre que la autoridad correspondiente no la considere como procedimiento dilatorio” (sic), ahora en caso de una posible ampliación la misma debió ser puesta a conocimiento de las partes, lo que no ocurrió en el presente caso, por lo que existe un procesamiento indebido. Conforme el art. 129 del CPP el mandamiento de aprehensión, significa disponer la conducción del aprehendido ante la autoridad competente, es claro al establecer que nadie puede ser detenido, aprehendido o privado de libertad sin mandamiento emitido por autoridad competente, siendo inclusive obligación de los responsables de los centros de reclusión o detención contar con dicho mandamiento para permitir el ingreso a los aprehendidos; en el presente caso, la autoridad Fiscal no emitió ningún mandamiento de aprehensión conforme lo establece la norma antes expuesta, simplemente emitió un documento calificado como ORDEN DE APREHENSIÓN, ordenando simplemente ejecutar el mismo sin disponer ante qué autoridad será conducido, pues no existe imputación alguna, el art. 129 del CPP refiere al mandamiento de aprehensión y no orden de aprehensión e indicó además, que el mandamiento de aprehensión es expedido en caso de desobediencia o resistencia a órdenes judiciales; lo que no aplica en el presente caso; empero, estando presente a horas 16:15 el 1 de junio del citado año, fue aprehendido en celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), siendo indebidamente detenido sin un mandamiento de aprehensión expedido por autoridad competente.

I.1.2. Derechos y principios supuestamente vulnerados

Denunció la vulneración de sus derechos a la libertad, al debido proceso; y, a la defensa señalando al efecto los arts. 115,117 y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela impetrada y se disponga la inmediata libertad del ahora impetrante de tutela, y el señalamiento de costas por el daño ocasionado por la indebida persecución, procesamiento y detención, solicitando que se califique en la suma de Bs50 000.- (cincuenta mil bolivianos).

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

La audiencia (virtual), se realizó el 9 de junio de 2022, según consta en acta cursante de fs. 48 a 50, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El peticionante de tutela, a través de su abogado, ratificó inextenso en los términos de su demanda y ampliándolo añadió lo siguiente: 1) El ahora solicitante de tutela en calidad de abogado redactó una minuta de transferencia de un bien inmueble a petición de los denunciantes, los que pidieron incluso que se incluya cláusulas sugeridas por otro abogado sin haber participado de la negociación de las partes; 2) Se apertura el caso remitiendo la notificación del inicio de investigaciones y control jurisdiccional el 24 de marzo de 2022; por lo que, se realizaron actuaciones como la declaración informativa, careo en dependencias de la Policía y una inspección técnica ocular en la oficina donde se redactó la minuta; 3) Empero, por segunda vez, fue citado para declaración informativa para el 1 de junio del mismo año, denotándose una persecución y procesamiento indebido; 4) El Fiscal de Materia ahora demandado emitió una orden de aprehensión y no un mandamiento de aprehensión, ordenando ejecutar el mismo, sin disponer remisión alguna ante autoridad competente; 5) El 1 de junio del citado año, a horas 16:15 fue indebidamente aprehendido en celdas de la FELCC sin un mandamiento expedido por autoridad competente; 6) El 2 de junio del señalado año, a horas 14:00 se llevó acabo la audiencia de medidas cautelares, donde se dispuso su detención preventiva; y, 7) Ante tal determinación de la detención preventiva señaló que interpuso recurso de apelación.

I.2.2. Informe de la autoridad demandada

Edgar Luis Rojas Laura, Fiscal de Materia, mediante informe oral en audiencia de acción de libertad y escrito cursante a fs. 47 y vta., señaló: i) El proceso está bajo control jurisdiccional en el Juzgado de Instrucción Penal Tercero de la Capital del departamento de La Paz, con Código Único: 201103042200499, seguido por el Ministerio Público a instancias de Beatriz Mamani Quispe y Gonzalo Eddy Nova Rodríguez contra Wilson Hernán Velasco Blanco y otros, por la presunta comisión de los delitos de estafa, falsedad ideológica, asociación delictuosa, concurso real; ii) A partir del 24 de marzo de 2022, se llevaron diferentes actuaciones investigativas, hasta la fecha cuenta con resolución de imputación formal en contra de WILSON HERNAN VELASCO BLANCO, señalándose audiencia de medidas cautelares para el 2 de junio del mismo año a horas 14:00; y, iii) El principio de subsidiariedad, es un principio jurídico que puede plantearse en situaciones jurídicas; solo se podrá acudir a la vía constitucional, cuando no existe un Juez de control jurisdiccional, dentro del presente caso es el Juez de Instrucción Penal Tercero de la Capital del señalado departamento y cualquier reclamo debe ser resuelta por el Juez de control jurisdiccional de forma adecuada, aspecto que la parte accionante no adecuó de forma correcta.

I.2.3. Resolución

El Juez de Sentencia Penal Noveno de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 46/2022 de 3 de junio, cursante de fs. 51 a 53, denegó la tutela solicitada, bajo los siguientes fundamentos: a) El Ministerio Público viene realizando actos investigativos por el delito de estafa, ante la suscripción de una minuta de compra y venta de un inmueble en la cual, el ahora impetrante de tutela no tendría ninguna participación, sin embargo, a efectos de investigación se tomó su declaración informativa, careo e inspección técnica ocular en las oficinas del abogado ahora peticionante de tutela; b) Fue citado por segunda vez para declaración informativa; empero; no fue notificado con alguna solicitud o disposición fiscal de ampliación de denuncia; por lo que, se estaría vulnerando su derecho fundamental a la defensa, derecho al debido proceso, pidiendo se corrija este procedimiento en la fase de investigación, toda vez que, nunca solicitó una nueva declaración; c) El Ministerio Público emitió orden de aprehensión y no coincide con lo establecido en el art. 129 del CPP, debiendo emitirse mandamiento de aprehensión; d) Fue notificado en las dos oportunidades para que se le investigue por el delito de estafa y no como indica el Fiscal de Materia por varios delitos: asociación delictuosa, concurso real y otros; la resolución de imputación formal carece de fundamentación que no es cierto que habrían riesgos de obstaculización, en consecuencia al haber emitido una orden de aprehensión esta detención sería ilegal, dando así cumplimiento estricto a lo previsto por los arts. 129 del CPP y 23 de la CPE; e) El solicitante de tutela fue indebidamente detenido y sometido a una audiencia de medida cautelar; por lo que, solicitó se conceda la tutela y declare la libertad inmediata del ahora privado de libertad; f) El Ministerio Público refirió que ya emitió una resolución de imputación formal, que al presente cuenta con Juez de control jurisdiccional, y que se encuentra radicando en el Juzgado de Instrucción Penal Tercero de la Capital del citado departamento, a instancias del Ministerio Público y de Beatriz Mamani Quispe y Gonzalo Eddy Nova Rodríguez contra Wilson Hernán Velasco Blanco y otros, por los delitos de estafa, falsedad ideológica, asociación delictuosa, concurso real, todos del Código Penal, que al presente cuenta con una resolución de imputación formal estaría esperando otra audiencia programada para “la presente fecha” -se entiende 3 de junio de 2022- a horas 14:00, habiendo considerado todos y cada uno de los antecedentes expuestos en la presente audiencia en base a dicha fundamentación habría dispuesto la detención preventiva en el Centro Penitenciario de San Pedro de La Paz, y en audiencia de acción de libertad el accionante señaló que se interpuso apelación ante esta resolución en audiencia; g) De la documentación presentada por el Ministerio Público se puede advertir que existe un informe de inicio de investigación, ampliación de la investigación, actas de declaración informativa del ahora impetrante de tutela; h) El Acta fue realizada por un funcionario Policial Omar González de radio patrulla 110, realizada en la ciudad de La Paz provincia Murillo a horas 13:00 el 31 de mayo de 2022, entregándose copia respectiva de la citación, firma un testigo de actuación, solicitud de ampliación de investigación en contra de Emergildo Limachi, Wilson Hernán Velasco Blanco, “López Álvarez” y Teresa Martínez Sarmiento, todos por el delito de estafa, asociación delictuosa así como concurso real del Código Penal (CP); empero, no señala está actuación practicada por la Policía Boliviana, con qué documento le estaría citando o notificando, dando a entender que la fiscalía estaría citando con la ampliación, está actuación no corresponde, asimismo se adjunta una citación al ahora peticionante de tutela en calidad de sindicado a dependencias de la fiscalía, dentro de la investigación Caso 201103042200499, para que se haga presente a efectos de comparecer ante la autoridad Fiscal y pueda prestar su declaración, esta vez por el delito de estafa, falsedad ideológica, asociación delictuosa, concurso real, tipificado en el Código Penal, esto si es una comparecencia para que preste declaración, pero hay que cumplir con el procedimiento “dice se cita para efectos legales que corresponda (…) en consecuencia se advierte que existe anomalía en las actuaciones del Ministerio Público, asimismo se expide orden de aprehensión, no dice la resolución que se emita una orden de aprehensión solo dice, requiere aprehensión el ciudadano Wilson Hernán Velasco Blanco, hay una resolución complementaria de aprehensión art. 226, manteniendo firme y consistente los datos consignados en la resolución fundamentada de aprehensión, se emite un acta de notificación con la resolución ese es el medio de hacer conocer a las personas de una actuación, finalmente se adjunta un informe de ejecución de allanamiento formula resolución de imputación formal solicitando audiencia de medidas cautelares de carácter personal, ejecución de allanamiento, la imputación formal en contra de varios ciudadanos por los delitos que se han hecho mención, solicitando finalmente la detención preventiva del ciudadano Wilson Hernán Velasco Blanco en el centro penitenciario de San Pedro” (sic); i) En audiencia de acción de libertad el representante del Ministerio Público hizo conocer que se llevó adelante audiencia de consideración de medidas cautelares al Juez de control jurisdiccional, el solicitante de tutela hubiera interpuesto recurso de apelación contra la decisión asumida por el Juez de control jurisdiccional que está pendiente de resolución por el Juez de instancia superior, es decir, que no se encuentra en estado de indefensión si no más al contrario se encuentra dentro de la vía ordinaria el trámite a instancia superior; y, j) Al estar con un recurso de apelación ante una instancia superior no corresponde ingresar a mayor análisis sino simple y llanamente agotar estas instancias en la vía ordinaria.

II. CONCLUSIONES

Del análisis de la documental adjunta al expediente, se evidencia lo siguiente: II.1. Mediante memorial de 24 de marzo de 2022, Elizabeth Zambrana Mercado, Fiscal de Materia informó el inicio de la investigación al Juez de Instrucción Penal de Turno de la Capital del departamento de La Paz, dentro de la denuncia interpuesta por Beatriz Mamani Quispe contra Norah Agustina Sánchez Machicado y Jorge Sócrates Azabal Delgado, por el delito de estafa (fs. 2). II.2. Consta memorial presentado el 11 de abril de 2022, por Edgar Luis Rojas Laura, Fiscal de Materia -ahora demandado-, dirigido al Juez de Instrucción Penal Tercero de la Capital del departamento de La Paz, apersonándose y poniendo a conocimiento la ampliación de las investigaciones contra Wilson Hernán Velasco Blanco -ahora accionante- y otros por el delito de estafa, solicitando se tenga presente (fs. 24). II.3. Consta Acta de Declaración Informativa de Wilson Hernán Velasco Blanco

-ahora impetrante de tutela- de 12 de abril de 2022, por la presunta comisión del delito de estafa, con relación a la denuncia caso 201103042200499 (fs. 25 a 27). II.4. Por memorial de 26 de marzo de 2022, Edgar Luis Rojas Laura, Fiscal de Materia ante el Juez de Instrucción Penal Tercero de la Capital del departamento de La Paz, solicitó la ampliación de investigaciones por los delitos de falsedad ideológica, asociación delictuosa, concurso real, en grado de autores a Wilson Hernán Velasco Blanco -ahora peticionante de tutela- y otros (fs. 29). II.5. Consta citación emitido por el Fiscal de Materia para Wilson Hernán Velasco Blanco -ahora solicitante de tutela- a objeto de presentar su declaración informativa el 1 de junio de 2022 a horas 14:30, en dependencias de la fiscalía departamental de La Paz, en caso de inconcurrencia se expedirá la orden de aprehensión, siendo citado el prenombrado el 31 del referido mes y año, entregándose copia de la citación a su esposa Jenny Santos al no encontrarse en su domicilio el -ahora accionante- (fs. 31 y vta.). II.6. Cursa Acta de declaración informativa de 1 de junio de 2022; por el que, el -ahora impetrante de tutela- se acogió al derecho de guardar silencio (fs. 32 y vta.). II.7. Consta Acta de Notificación de 1 de junio de 2022, por el que se notificó a Wilson Hernán Velasco Blanco -ahora peticionante de tutela- con Resolución y orden de aprehensión, asimismo, con la Resolución complementaria de aprehensión (fs. 38). II.8. Cursa orden de aprehensión de 1 de junio de 2022, emitido por Edgar Luis Rojas Laura, Fiscal de Materia contra Wilson Hernán Velasco Blanco -ahora solicitante de tutela- por los delitos de estafa, falsedad ideológica, asociación delictuosa, concurso real, en grado de autor. Acta de CUMPLIMIENTO A ORDEN DE APREHENSIÓN llevado a cabo por el funcionario policial Nelson Elcier Salazar Chui el mismo día a horas 15:41 aproximadamente en dependencias de la FELCC (fs. 36 y vta.). II.9. Mediante memorial de 2 de junio de 2022, Edgar Luis Rojas Laura, Fiscal de Materia presentó Resolución de Imputación Formal RES/ELRL/027/2022, contra Wilson Hernán Velasco Blanco -ahora accionante- y otros (fs. 39 a 45 vta.). Mediante decreto de la misma fecha, el Juez de control jurisdiccional señaló audiencia de consideración de medidas cautelares de carácter personal para el 3 del referido mes y año (fs. 46).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El impetrante de tutela denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso, a la libertad y a la defensa; toda vez que, el Fiscal de Materia -ahora demandado-luego de haber prestado su primera declaración, por segunda vez lo citó para la declaración informativa el 1 de junio de 2022, posteriormente, emitió la orden de aprehensión, y no así un mandamiento de aprehensión conforme establece el art. 129 del CPP, instrumento con el cual luego fue aprehendido; por lo que, se encuentra privado en forma ilegal de su libertad. En consecuencia, corresponde verificar si tales extremos son ciertos, con el fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para lo cual, se tomarán en cuenta los siguientes aspectos: 1) La Subsidiariedad excepcional en la acción de libertad; y, 2) Análisis del caso concreto.

III.3. La Subsidiariedad excepcional en la acción de libertad

El principio de subsidiariedad excepcional, que exige el agotamiento de los recursos ordinarios establecidos por ley previamente antes de acudir a la vía constitucional, no forma parte de la naturaleza de la acción de libertad, pues por su ámbito de protección de los derechos a la libertad personal y de locomoción y a la vida, justamente su trámite tiene carácter sumarísimo, inmediato e informal.

En este sentido, de acuerdo al entendimiento efectuado en la SC 982/00-R de 23 de octubre de 2000, el entonces recurso de hábeas corpus -ahora acción de libertad- no requería que la persona previamente acuda a la jurisdicción ordinaria para agotar los recursos ordinarios a fin de reparar la lesión de su derecho a la libertad, pues la vía constitucional estaba expedita para ello; sin embargo, la jurisprudencia constitucional a través de la SC 160/2005-R de 23 de febrero, moduló este entendimiento y estableció excepciones en las que era permisible declarar la improcedencia del citado recurso al existir otros medios o recursos inmediatos, expeditos e idóneos, lo cual empero implica que la aplicación del principio de subsidiariedad tiene carácter excepcional; toda vez que, “si el ordenamiento jurídico no prevé un medio de defensa que tenga las características de idoneidad, especificidad e inmediatez, es posible, a través del habeas corpus, analizar las supuestas lesiones al derecho a la libertad”.

En este marco, la SC 0026/2010-R de 13 de abril, respecto a la legalidad o no de las actuaciones policiales y de la aprehensión fiscal, en su ratio decidendi señaló que:

…de conformidad a lo previsto por el art. 54 inc.1) del CPP le compete controlar la investigación; por ende, es al mencionado Juez a quién le corresponde analizar los argumentos fácticos y jurídicos, como también valorar la prueba aportada por las partes, a objeto de determinar conforme a derecho la legalidad o no de las actuaciones policiales y de la aprehensión fiscal, y precisamente dicha autoridad jurisdiccional -a momento del análisis de la acción tutelar- ya ha fijado fecha y hora para la consideración de las supuestas ilegalidades en la aprehensión del imputado hoy accionante; y toda vez que está bajo control jurisdiccional, será esa la autoridad que determine su libertad, si es que corresponde; motivo por el cual no es posible conceder la tutela solicitada, por cuanto la presente acción, no es la vía idónea para revisar y valorar las actuaciones de dichos funcionarios, mucho menos para ordenar la libertad del recurrente. Ahora bien, con la finalidad de delimitar los casos excepcionales en los cuales no es posible ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada a través de la acción de libertad, en el marco de la aplicación de los valores de equilibrio y complementariedad de las jurisdicciones ordinaria y constitucional, es que la SC 0080/2010-R de 3 de mayo, estableció los siguientes supuestos de subsidiariedad:

Primer supuesto:

Si antes de existir imputación formal, tanto la Policía como la Fiscalía cometieron arbitrariedades relacionadas al derecho a la libertad física o de locomoción, y todavía no existe aviso del inicio de la investigación, corresponde ser denunciadas ante el Juez Cautelar de turno. En los casos en los que ya se cumplió con dicha formalidad procesal, es decir, con el aviso del inicio de la investigación, al estar identificada la autoridad jurisdiccional, es ante ella donde se debe acudir en procura de la reparación y/o protección a sus derechos. De no ser así, se estaría desconociendo el rol, las atribuciones y la finalidad que el soberano a través del legislador le ha dado al juez ordinario que se desempeña como juez constitucional en el control de la investigación (el resaltado y subrayado fueron añadidos).

Segundo Supuesto:

Cuando existe imputación y/o acusación formal, y se impugna una resolución judicial de medida cautelar que; por ende, afecta al derecho a la libertad física o de locomoción, con carácter previo a interponer la acción de libertad, se debe apelar la misma, para que el superior en grado tenga la posibilidad de corregir la arbitrariedad denunciada. Puesto que el orden legal penal ha previsto ese medio impugnativo, precisamente para que a través de un recurso rápido, idóneo, efectivo y con la mayor celeridad se repare en el mismo órgano judicial, las arbitrariedades y/o errores que se hubiesen cometido en dicha fase o etapa procesal. Lo propio si está referido a cuestiones lesivas a derechos fundamentales relacionados a actividad procesal defectuosa, o relacionado al debido proceso, casos en los cuales se debe acudir ante la autoridad judicial que conoce la causa en ese momento procesal, puesto que el debido proceso es impugnable a través de la acción de libertad, sólo en los casos de indefensión absoluta y manifiesta, o que dicho acto sea la causa directa de la privación, o restricción a la libertad física.

Tercer supuesto:

Si impugnada la resolución la misma es confirmada en apelación; empero, en lugar de activar inmediatamente la acción libertad, decide voluntariamente, realizar una nueva petición ante la autoridad ordinaria, tendiente a un nuevo análisis y reconsideración de su situación jurídica, sea mediante una solicitud de modificación, sustitución, cesación de detención preventiva, etc., y la misma está en trámite, en esos casos, ya no es posible acudir a la jurisdicción constitucional impugnando la primera o anterior resolución judicial, donde se emitió el auto de vista, inclusive; por cuanto las partes de un proceso están impelidas de actuar con lealtad procesal, de no ser así, se provocaría una duplicidad de resoluciones en ambas jurisdicciones, e incidiría negativamente en el proceso penal de donde emerge la acción tutelar (las negrillas y el subrayado son ilustrativas). Sin embargo, la citada Sentencia Constitucional, en el caso de que se denuncie la vulneración del derecho a la vida por medio de la acción de libertad ha establecido que no opera la improcedencia por subsidiariedad. Igualmente, sobre la activación simultánea de jurisdicciones distintas en la acción de libertad, la SC 0105/2010-R de 10 de mayo, estableció que:

…para que se abra la tutela que brinda esta acción, es preciso que previamente se determine si existen los medios de impugnación específicos e idóneos para restituir el derecho a la libertad en forma inmediata, pero además de ello, se debe considerar también que cuando quien recurre de hábeas corpus, acciona en forma paralela un medio de defensa previsto en el ordenamiento jurídico, aún en el supuesto de que dicho medio o recurso no sea el más idóneo, eficaz o inmediato, es lógico suponer que tampoco procede esta acción tutelar en aplicación de la excepción de subsidiariedad, ello debido a que el recurrente, actual accionante, no puede activar dos jurisdicciones en forma simultánea para efectuar sus reclamos, no siendo admisible dicha situación que de ocurrir inviabiliza la acción tutelar, pues al activar en forma simultánea la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción constitucional, para que ambas conozcan y resuelvan las irregularidades denunciadas, se crearía una disfunción procesal contraria al orden jurídico.

Por su parte, la SCP 0185/2012 de 18 de mayo, efectuó el cambio de línea jurisprudencial que fue establecida en la primera parte del primer presupuesto de la SC 0080/2010-R, en virtud al ámbito de protección de la acción de libertad; toda vez que, si el Juez cautelar no tiene conocimiento del inicio de investigación o si en un caso ajeno que no implique un delito, las personas, los servidores públicos y por ende las fuerzas del orden público como la autoridad Fiscal tienen la obligación de dar cumplimiento a la Constitución Política del Estado y respetar el derecho a la libertad, en ese entendido se instituyó que:

…en cuanto a la presunta indebida privación de libertad, deberá tenerse en cuenta que la misma puede producirse, ya por hechos y circunstancias eventualmente no vinculadas a la presunta comisión de un delito y otras veces, sí vinculadas a dicha presunta comisión de un delito. En consecuencia, si no existe inicio de investigación y tampoco presunta comisión de delito alguno, corresponderá a la justicia constitucional conocer directamente y resolver la acción de libertad que acuse una presunta indebida privación de libertad.

De acuerdo a lo señalado la precitada Sentencia Constitucional Plurinacional, ha mantenido el razonamiento efectuado en la segunda parte del primer presupuesto de la SC 0080/2010-R, al señalar que:

…cuando la restricción se hubiera presuntamente operado al margen de los casos y formas establecidas por ley y que, sin embargo, tal hecho se hubiera dado a conocer al juez cautelar del inicio de la investigación y, en su caso, de la imputación, resulta indispensable recordar que el art. 54.1 del CPP, establece que entre las competencias del Juez de Instrucción en lo Penal, está el ejercer el control jurisdiccional de la investigación, lo que significa, que es la autoridad encargada de resguardar que la etapa de investigación se realice conforme a procedimiento y en estricta observancia de respeto a los derechos fundamentales y garantías constitucionales de las partes del proceso -imputado, querellante y víctima-. En ese contexto, corresponde al juez ejercer el control jurisdiccional de la investigación y, por lo mismo, que ésta se desarrolle de manera correcta e imparcial y no en forma violatoria de derechos fundamentales o garantías constitucionales; es decir, desde otra perspectiva, cualquier acto ilegal y/o arbitrario durante la investigación en que incurriere el Ministerio Público como titular de la acción penal o la Policía Boliviana como coadyuvante, deberá ser denunciado ante el Juez de Instrucción en lo Penal, que tenga a su cargo el control jurisdiccional de la investigación.

De otro lado, la SCP 0360/2012 de 22 de junio, en cuanto a la competencia para conocer una denuncia de vulneración del derecho a la libertad señaló como excepción a lo establecido ya por la jurisprudencia lo siguiente:

…Cuando no existe al menos una denuncia o investigación penal abierta contra la persona, o que al momento de su aprehensión ni siquiera se le sorprendió en la comisión de un delito flagrante, situación que posibilita ingresar directamente al análisis de fondo de la causa a través de la acción de libertad, sin necesidad de acudir ante el Juez cautelar, al no existir los medios inmediatos y eficaces previstos por ley para que opere el carácter excepcional de subsidiariedad de la acción de libertad.

Así también, la jurisprudencia constitucional a través de la SCP 0482/2013 de 12 de abril, vio la necesidad de realizar una aclaración en relación al Juez de Instrucción de Turno como instancia previa antes de activar la acción de libertad y unificar la interpretación que desarrollaron las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0185/2012 y 0360/2012, para así efectuar una integración marco de la línea jurisprudencia con la finalidad de que las personas puedan acceder de manera efectiva a la jurisdicción constitucional y asimismo facilitar el trabajo de los operadores de justicia y otorgar seguridad y certeza respecto a la aplicación del principio de subsidiariedad en la acción de libertad.

En este entendido, la referida Sentencia Constitucional Plurinacional unificando la jurisprudencia señalada precedentemente, estableció de manera excepcional los siguientes escenarios que imposibilitan ingresar al fondo de la mencionada acción de defensa:

1. Cuando la acción de libertad esté fundada directamente en la vulneración al derecho a la libertad personal por causa de haberse restringido la misma al margen de los casos y formas establecidas por ley, y no esté vinculada a un delito y por tanto no se hubiera dado aviso de la investigación, la acción puede ser activada de forma directa contra las autoridades o persona que violentaron la Constitución Política del Estado y la ley; aclarando que el Juez de Instrucción de turno, no tiene competencia para el efecto conforme se ha señalado en el Fundamento Jurídico III.2.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional.

2. Cuando el fiscal da aviso del inicio de la investigación al Juez cautelar y ante la denuncia de una supuesta ilegal aprehensión, arresto u otra forma de restricción de la libertad personal o física por parte de un Fiscal o de la Policía, el accionante, previo a acudir a la jurisdicción constitucional debe en principio, denunciar todos los actos restrictivos de su libertad personal o física ante la autoridad que ejerce el control jurisdiccional.

3. Cuando el accionante hubiera denunciado los actos restrictivos de su libertad personal o física ante el Juez cautelar, como también, paralela o simultáneamente a la jurisdicción constitucional a través de la acción de libertad, sobreviene también la subsidiaridad.

4. Cuando existe imputación y/o acusación formal, y se impugna una resolución judicial de medida cautelar que por ende, afecta al derecho a la libertad física o de locomoción, con carácter previo a interponer la acción de libertad, se debe apelar la misma, para que el superior en grado tenga la posibilidad de corregir la arbitrariedad denunciada.

5. Si impugnada la resolución, ésta es confirmada en apelación, empero, en lugar de activar inmediatamente la acción libertad, decide voluntariamente, realizar una nueva petición ante la autoridad ordinaria, tendiente a un nuevo análisis y reconsideración de su situación jurídica, sea mediante una solicitud de modificación, sustitución, cesación de detención preventiva, etc., y la misma está en trámite, en esos casos, ya no es posible acudir a la jurisdicción constitucional impugnando la primera o anterior resolución judicial, donde se emitió el auto de vista, inclusive; por cuanto las partes de un proceso están impelidas de actuar con lealtad procesal, de no ser así, se provocaría una duplicidad de resoluciones en ambas jurisdicciones, e incidiría negativamente en el proceso penal de donde emerge la acción tutelar.

Asimismo, la SCP 1888/2013 de 29 de octubre, realizó la modulación de la SCP 0185/2012 y el primer presupuesto establecido en la SCP 0482/2013, sobre la posibilidad de la presentación de la acción de libertad, prescindiendo de la subsidiariedad excepcional, bajo los siguientes presupuestos:

…i) La supuesta lesión o amenaza al derecho a la libertad física o personal no esté vinculada a un delito o, ii) Cuando, existiendo dicha vinculación, no se ha informado al juez cautelar sobre el inicio de las investigaciones, no obstante haber transcurrido los plazos establecidos para el efecto en el Código de procedimiento penal; no siendo exigible, en ninguno de los dos supuestos anotados, acudir ante el juez cautelar de turno con carácter previo; pues se entiende que, en el primer caso, no se está ante la comisión de un delito y, por lo mismo, el juez cautelar no tiene competencia para el conocimiento del supuesto acto ilegal, y en el segundo, existe una dilación e incumplimiento de los plazos procesales por parte de la autoridad fiscal o, en su caso, policial, que bajo ninguna circunstancia puede ser un obstáculo para el acceso a la justicia constitucional.

Sin embargo, la mencionada Sentencia Constitucional Plurinacional, también explicó que el razonamiento señalado precedentemente no implica un desconocimiento a la previsión contenida en el art. 303 del CPP, el cual establece que, si el Fiscal no formaliza la imputación formal de la persona que se encuentra detenida dentro del plazo de veinticuatro horas desde que tomó conocimiento de la aprehensión; “…el juez de la instrucción dispondrá, de oficio o a petición de parte, la inmediata libertad del detenido…”; la cual, fue prevista para los supuestos en los que existe una autoridad jurisdiccional identificada, pues en este caso se comprende que el Fiscal ya dio aviso al Juez cautelar sobre el inicio de las investigaciones. De igual forma, aclaró que si la persona acude directamente al Juez de instrucción “la persona aprehendida ya no podrá acudir de manera paralela con su reclamo ante la justicia constitucional a través de la acción de libertad, sino sólo cuando dicha autoridad jurisdiccional de turno no hubiere reparado la supuesta lesión denunciada por el imputado”.

Este entendimiento fue reiterado por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0235/2020-S1, 0560/2020-S1, 1067/2021-S3 y 0762/2021-S2, entre otras.

De la sistematización jurisprudencial efectuada, se concluye que la acción de libertad no tiene carácter subsidiario por su naturaleza jurídica; empero, de acuerdo a lo establecido por la jurisprudencia constitucional, se establecieron excepciones que imposibilitan acudir directamente a la jurisdicción constitucional a través de la referida acción tutelar para resolver la vulneración denunciada y por ende la aplicación del principio de subsidiariedad excepcional, en tal sentido, de acuerdo a la modulación efectuada por la jurisprudencia, en lo concerniente a la jurisdicción competente para conocer la presunta lesión del derecho a la libertad, queda establecido que, cuando el Fiscal hubiera dado a conocer el inicio de la investigación al Juez de turno o la imputación formal, queda plenamente identificado el Juez que ejerce el control jurisdiccional del proceso; en consecuencia, corresponde que la persona acuda previamente a dicha autoridad judicial para que resguarde ese derecho y en caso de que el mismo no lo restablezca, recién se puede acudir a la instancia constitucional, de lo contrario si se acude directamente ante esta jurisdicción se aplica la subsidiariedad excepcional y no se ingresa al fondo del asunto reclamado.

III.2. Análisis del caso concreto

El peticionante de tutela denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso, a la libertad y a la defensa; toda vez que, el Fiscal de Materia -ahora demandado- luego de haber prestado su primera declaración, por segunda vez, lo citó para la declaración informativa el 1 de junio de 2022, posteriormente, emitió la orden de aprehensión, y no así un mandamiento de aprehensión conforme establece el art. 129 del CPP, instrumento con el cual luego fue aprehendido; por lo que, se encuentra privado en forma ilegal de su libertad. A efectos de verificar tales denuncias, incumbe precisar que el -ahora solicitante de tutela- en su calidad de abogado redactó una minuta de compra y venta de inmueble, de modo que, el 24 de marzo de 2022, la Fiscal de Materia, informó el inicio de investigación al Juez de Instrucción Penal de Turno del departamento de La Paz, dentro de la denuncia interpuesta por Beatriz Mamani Quispe y otro contra Norah Agustina Sánchez Machicado y otros, consiguientemente, el Fiscal de Materia -ahora demandado- hizo su apersonamiento ante el Juez de Instrucción Penal Tercero de la Capital del señalado departamento, a efectos de poner en conocimiento la ampliación de las investigaciones contra Wilson Hernán Velasco Blanco -ahora accionante- y otros, por el delito de estafa, por el cual, fue citado para su declaración informativa el 12 de abril del citado año, por la presunta comisión del delito de estafa (Conclusiones II.1. II.2. y II.3).

Posteriormente a través de memorial de 26 de mayo del señalado año, el Fiscal de Materia -ahora demandado- se dirige al Juez de control jurisdiccional solicitando la ampliación de investigaciones por los delitos de falsedad ideológica, asociación delictuosa, concurso real, en grado de autores a Wilson Hernán Velasco Blanco -ahora impetrante de tutela- y otros; por lo que, prosiguiendo con los actos investigativos el Fiscal de Materia por segunda vez citó al -ahora peticionante de tutela- para la declaración informativa a realizarse el 1 de junio de 2022 a horas 14:30, siendo citado el prenombrado el 31 del citado mes y año, entregándose una copia a la esposa del -ahora solicitante de tutela- al no encontrarse en su domicilio Wilson Hernán Velasco Blanco -ahora accionante-, presentándose para su declaración informativa en la mencionada fecha, acogiéndose al derecho a guardar silencio (Conclusiones II.4, II.5 y II.6); sin embargo, después de su declaración fue notificado con la Resolución y orden de aprehensión; por lo que, fue aprehendido el mismo día a horas 15:41 por el funcionario policial Nelson Elcier Salazar Chui en dependencias de la FELCC, emitiéndose la Resolución de Imputación Formal RES/ELRL/027/2022 contra el -ahora impetrante de tutela-, señalando el Juez de control jurisdiccional, audiencia de medidas cautelares de carácter personal para el 3 de junio del mismo año (Conclusiones II.7,II.8, y II.9).

Al respecto y conforme se ha expresado previamente, de acuerdo a lo descrito en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, la jurisprudencia constitucional ha establecido excepciones que imposibilitan acudir directamente a la jurisdicción constitucional a través de la acción de libertad, para resolver la vulneración del derecho a la libertad o de locomoción y por ende la aplicación del principio de subsidiariedad. En ese sentido, para el caso presente y en relación a la parte demandada, (el Fiscal de Materia asignado al caso), se tiene que el -ahora peticionante de tutela- denunció la vulneración de sus derechos después de haber efectuado su declaración informativa por -segunda vez-, el 1 de junio de 2022 a horas 14:30, siendo notificado con la resolución y orden de aprehensión en su contra; y no así, con un mandamiento de aprehensión conforme establece el art. 129 del CPP, instrumento con el cual luego fue aprehendido; no obstante, de la revisión del cuaderno de investigación de la causa, se advierte que la Fiscal de Materia, mediante memorial de 24 de marzo de 2022, puso en conocimiento de la autoridad de control jurisdiccional -Juzgado de Instrucción Penal de turno del departamento de La Paz-, el informe de inicio de investigaciones del caso 201103042200499 (Conclusión II.1 y II.2); y, mediante memorial de 2 de junio del mismo año, ante la autoridad de control jurisdiccional Juez de Instrucción Penal Tercero de la Capital del mencionado departamento, presentó la Resolución de Imputación Formal RES/ELRL/027/2022 en contra del sindicado -ahora solicitante de tutela-, remitiéndolo ante esa instancia en calidad de aprehendido (Conclusión II.9); de lo que, se desprende que, el -ahora accionante- debió poner en conocimiento del Juzgado de Instrucción Penal Tercero de la Capital del señalado departamento, en la que recayó la causa, las denuncias de agravios que expuso en su memorial de acción de libertad, antes de recurrir a esta instancia de control constitucional, a efectos de que la autoridad jurisdiccional ejerza las facultades otorgadas por el art. 54 del CPP.

Considerando que, el mecanismo de defensa jurisdiccional de la causa no fue activado, torna aplicable la jurisprudencia desarrollada en el citado Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional; que establece que, la jurisdicción constitucional se activa cuando ya no exista otra vía oportuna e inmediata para restituir los derechos vulnerados; es decir, cuando se hayan agotado todos los mecanismos ordinarios y cuando los medios de impugnación no resultaren eficaces y oportunos y, a consecuencia de ello subsista la lesión, dejando claro que ésta vía constitucional no es un medio alternativo ni sustitutivo de la jurisdicción ordinaria; por lo tanto, corresponde denegar la tutela solicitada sin ingresar al fondo de la problemática planteada. Consecuentemente, el Juez de garantías, al denegar la tutela impetrada, obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 46/2022 de 3 de junio, cursante de fs. 51 a 53, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Noveno de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías conforme a los Fundamentos Jurídicos descritos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; y, en consecuencia: DENEGAR la tutela solicitada, aclarando que no se ingresó al fondo del caso. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

MSc. Georgina Amusquivar Moller MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo MAGISTRADA MAGISTRADA

Notas al pie

1 Serrudo Santelices, Patricia. La tutela eficaz del derecho a la libertad personal en el marco del art. 25.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos: Una visión a la acción de libertad en el Estado Plurinacional de Bolivia, páginas 21 a 22.

2 “…para que se abra la tutela que brinda esta acción, es preciso que previamente se determine si existen los medios de impugnación específicos e idóneos para restituir el derecho a la libertad en forma inmediata, pero además de ello, se debe considerar también que cuando quien recurre de hábeas corpus, acciona en forma paralela un medio de defensa previsto en el ordenamiento jurídico, aún en el supuesto de que dicho medio o recurso no sea el más idóneo, eficaz o inmediato, es lógico suponer que tampoco procede esta acción tutelar en aplicación de la excepción de subsidiariedad, ello debido a que el recurrente, actual accionante, no puede activar dos jurisdicciones en forma simultánea para efectuar sus reclamos, no siendo admisible dicha situación que de ocurrir inviabiliza la acción tutelar, pues al activar en forma simultánea la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción constitucional, para que ambas conozcan y resuelvan las irregularidades denunciadas, se crearía una disfunción procesal contraria al orden jurídico”.

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0198_2024-S1.pdf · páginas 1 a 15.

Huella digital del PDF (SHA-256): 4b02d058517274bfca7c14ddaf95ba71dbe556b13790c655a6b89407679cfde8

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