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SCP 0197/2026-S2

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Segunda · 2 de marzo de 2026

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Segunda
Fecha
2 de marzo de 2026
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrado relator
Boris Wilson Arias López
Expediente
50517-2022-102-AAC
Departamento
Potosí
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

El accionante denuncia la vulneración de la garantía del debido proceso en sus componentes fundamentación, motivación, congruencia, defensa y “pertinencia”, y del principio de seguridad jurídica; toda vez que, los Vocales demandados, al pronunciar el Auto Interlocutorio de 5 de abril de 2022: i) Interpretaron erróneamente las disposiciones de la Ley 483, en el sentido de que las Notarías de Gobierno no están facultadas para extender poderes de representación judicial, atribuyendo dicha competencia de manera exclusiva a los Notarios de Fe Pública; y, ii) Rechazaron la personería del abogado representante del GAD de Potosí, pese a que con anterioridad se admitió su representación bajo la misma modalidad, cuando el proceso ya se encontraba con el Auto de 3 de febrero de igual año, que trabó la relación jurídico procesal y abrió la fase probatoria, afectando la regularidad del desarrollo del proceso en la medida en la que podría anularse los actuados procesales ya existentes. Ante ello, los Vocales demandados no presentaron informe alguno ni asistieron a la audiencia de garantías para rebatir los argumentos de la impetrante de tutela, más solo se consigna la intervención de Remberto Elías López Llanos, Vocal de Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, empero posterior a la emisión de la Resolución 45/2022 por parte de la Sala Constitucional Segunda del referido Tribunal, quien solicitó complementación y enmienda, conforme se refiere en el punto I.2.3 del presente fallo constitucional. En consecuencia…

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 45/2022 de 19 de septiembre, cursante de fs. 45 a 51 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí; y, en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, en los términos dispuestos por la Sala Constitucional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. El principio de preclusión como un elemento del debido proceso
  2. III.2. Presupuestos de la nulidad procesal
  3. III.3. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0197/2026-S2 Sucre, 2 de marzo de 2026 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de amparo constitucional Expediente: 50517-2022-102-AAC Departamento: Potosí En revisión la Resolución 45/2022 de 19 de septiembre, cursante de fs. 45 a 51 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Jhonny Oscar Mamani Gutiérrez, Gobernador del Gobierno Autónomo Departamental (GAD) de Potosí contra Remberto Elías López Llanos y Luis Condori Sunagua, Vocales de Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 13 de septiembre de 2022, cursante a fs. 1 y 5 a 22, el accionante manifiesta lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

El 26 de julio de 2021, Yber Zapata Jiménez, funcionario del GAD de Potosí, actuando en su representación conforme al Poder Notarial 112/2021 de 23 de julio, postuló demanda contenciosa de devolución de anticipo por Bs950 636,24.-(novecientos cincuenta mil seiscientos treinta y seis 24/100 bolivianos) contra la Empresa Unipersonal “…Marcos Construcciones M Y C…” (sic); ante ello, Remberto Elías López Llanos y Luis Condori Sunagua, Vocales de Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí -ahora demandados-, mediante Auto de 2 de agosto del mismo año, admitieron la demanda y dispusieron el traslado a la parte demandada. El 4 de octubre de 2021, la empresa demandada se apersonó, planteó excepción previa de obscuridad en la demanda, sin cuestionar la personería; la cual fue declarada improbada. El 8 de igual mes y año contestó la demanda principal y postuló demanda reconvencional, pidiendo pago por cumplimiento de contrato; reconvención respondida el 9 de noviembre de ese año. Ante los referidos actos postulatorios, los Vocales demandados, mediante Auto de 3 de febrero de 2022, trabaron la relación jurídico-procesal, calificando el proceso como ordinario de hecho y abrieron el término probatorio por cincuenta días; el GAD de Potosí ratificó la prueba ofrecida en su demanda, la cual fue admitida, mientras que la prueba ofrecida por la empresa demandada fue rechazada por estar fuera del plazo. El 31 de marzo de 2022, se presentó memorial de apersonamiento a favor de Octavio Boris Janco Villegas, sustentado en el Poder Notarial 22/2022 de 29 de ese mismo, ante la Notaría del GAD de Potosí; los Vocales demandados dispusieron el traslado de este apersonamiento mediante decreto de 1 de abril de ese año; el 5 de abril de ese mismo año, antes de instalarse la audiencia de producción de prueba, la parte demandada cuestionó la validez del Poder Notarial 22/2022 referido, por ser otorgado ante Notaría del GAD de Potosí, sosteniendo que sólo los notarios de fe pública son competentes para extender poderes en procesos judiciales; dado ello, mediante Auto Interlocutorio de 5 de abril de igual año, los Vocales demandados rechazaron la personería referida, concluyendo que las notarías de gobierno no tendrían facultad para otorgar poderes para representación judicial, ordenando la suspensión de la audiencia; por lo que su representante interpuso recurso de reposición en audiencia por falta de fundamentación, de acuerdo al art. 26 de la Ley del Notariado Plurinacional -Ley 483 de 25 de enero de 2014-, y por vulneración de la garantía del debido proceso; dicho recurso fue rechazado.

I.1.2. Garantía y principio supuestamente vulnerados

Denuncia la lesión de la garantía del debido proceso en sus componentes fundamentación, motivación, congruencia, defensa y “pertinencia”, y del principio de seguridad jurídica; citando al efecto los arts. 115.II, 119.II y 178 de la Constitución Política del Estado (CPE); y, 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela impetrada; y, en consecuencia, se deje sin efecto el Auto Interlocutorio de 5 de abril de 2022 y se emita uno nuevo.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia virtual el 19 de septiembre de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 34 a 44 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El peticionante de tutela, a través de su abogado, ratificó in extenso el contenido de su acción de amparo constitucional y, ampliando en audiencia de garantías, señaló lo siguiente: a) El proceso ya se encontraba con Auto de 3 de febrero de 2022, que traba la relación jurídica procesal y, en consecuencia, con apertura de la fase probatoria; en ese estado del trámite, el 31 de marzo de igual año, se presentó memorial de apersonamiento a favor de Octavio Boris Janco Villegas, sustentado en el Poder Notarial 022/2022 de 29 de ese mes; sin embargo, los Vocales demandados rechazaron en audiencia la personería presentada y, a partir de esa negativa, dispusieron dejar sin efecto el Auto de 3 de febrero de relación procesal, actuación que resulta improcedente; b) La parte demandada en el proceso principal respondió la demanda de forma tardía y fuera de plazo, motivo por el cual fue declarada rebelde, y el trámite debía continuar en el estado en que se encontraba, sin conceder nuevas oportunidades procesales; no obstante, como consecuencia del rechazo del poder, los Vocales demandados permitieron de manera irregular la ampliación y corrección de la reconvención de la parte demandada en el proceso contencioso, lo que solo es posible en etapas previas; y, c) Estas irregularidades únicamente se presentan cuando se apersona ante esta Sala para asumir la defensa de los intereses del Estado, situación que no se produjo con otros abogados, lo que permite advertir una actuación sesgada por parte de las autoridades demandadas.

I.2.2. Informe de la parte demandada

Remberto Elías López Llanos y Luis Condori Sunagua, Vocales de Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, no presentaron informe alguno, ni ingresaron a la audiencia de garantías pese a su notificación cursante de fs. 27 a 28.

I.2.3. Resolución

La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, por Resolución 45/2022 de 19 de septiembre, cursante de fs. 45 a 51 vta., concedió la tutela impetrada, disponiendo dejar sin efecto el Auto Interlocutorio de 5 abril de 2022 y, en su caso, en el plazo de tres días se dicte nueva resolución debidamente fundamentada, motivada y congruente; con base en los siguientes fundamentos: 1) Del cuaderno procesal se desprende que la Asamblea Legislativa Departamental, mediante la Resolución “001/2021-2022”, designó al ahora accionante como Gobernador del GAD de Potosí y que este presentó una acción de amparo constitucional; asimismo, el Auto de 2 de agosto de 2021 admitió la demanda contencioso administrativa sin observar la personería del abogado Yber Zapata Jiménez, lo que supone su reconocimiento implícito; 2) Posteriormente, en el segundo cuerpo del proceso se observa que, en audiencia, se debatió la validez del poder invocado por el abogado Boris Janco Villegas en representación del impetrante de tutela, determinándose su invalidez por ser otorgado por la Notaría de Gobierno, al considerarse que únicamente el notario de fe pública se encuentra facultado para otorgar fe en actos jurídicos de mandato; y, 3) Se tiene que “...de la lectura minuciosa y fría de los documentos cursantes en obrados se puede establecer: que la Sala Social Administrativa Contenciosa en principio, no ha hecho ninguna observación el primer abogado que estuvo presente, al tal Iver, y luego más tarde se hace esta observación, entonces ahí está la incongruencia...” (sic). En vía de aclaración y complementación, Luis Condori Sunagua, Vocal de Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí -quien se incorporó al final de la audiencia-solicitó se precise el alcance de la Resolución emitida, señalando que la observación inicial al referido poder fue formulada por la parte contraria dentro del proceso contencioso, razón por la cual dicho documento fue puesto en conocimiento de las partes conforme a procedimiento, y que el Auto Interlocutorio de 5 de abril de 2022 fue emitida en atención a ese debate procesal y no por una observación oficiosa del Tribunal. Asimismo, realizó una manifestación respecto a una presunta causal de excusa de uno de los Vocales constitucionales, sin formalizarlo mediante observación por los mecanismos procesales previstos. En sustanciación, los Vocales de la Sala Constitucional refirieron que no correspondía aclaración ni complementación alguna respecto a lo solicitado por la parte demandada, toda vez que su derecho a informar y formular observaciones había precluido al no haber presentado informe ni asistido oportunamente a la audiencia. En relación a la solicitud de complementación sobre costas formulada por la parte accionante, señaló que dicho extremo corresponde ser definido por el Tribunal Constitucional Plurinacional en revisión.

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 004/2025-II de 30 de diciembre de 2025, ante el cese de cinco Magistraturas, se dispuso la devolución a la Comisión de Admisión de los expedientes y causas sorteadas para la realización de un nuevo sorteo de manera aleatoria y equitativa entre las Salas Primera, Segunda y Tercera del Tribunal Constitucional Plurinacional, a fin de que los actuales Magistrados asuman el conocimiento y prosigan con la tramitación de dichas causas hasta su conclusión, garantizando así la continuidad del servicio jurisdiccional (fs. 173 a 177); en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión, sin aguardar el orden cronológico respectivo, procedió al sorteo de la presente causa.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Por Auto de 2 de agosto de 2021, Remberto Elías López Llanos y Luis Condori Sunagua, Vocales de Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí -ahora demandados-, admitieron la demanda contenciosa de devolución de anticipo por el monto de Bs950 636,24.-interpuesta por Jhonny Oscar Mamani Gutiérrez, Gobernador del GAD de Potosí contra la Empresa Unipersonal “…Marcos Construcciones M Y C…” (sic), disponiéndose correr en traslado la misma a la empresa, representada por Juan Marcos Durán Gonzales, para que oponga excepciones previas y conteste la demanda, teniéndose presente y admitiéndose la prueba ofrecida por la parte demandante (fs. 73 vta.). II.2. Mediante memorial presentado el 4 de octubre de 2021, Juan Marcos Durán Gonzales, en su condición de representante legal de la Empresa Unipersonal “…Marcos Construcciones M Y C…” (sic), se apersonó al proceso y opuso excepción previa de obscuridad, contradicción o imprecisión en la demanda, solicitando se corra en traslado la referida excepción a la parte demandante para su resolución conforme a ley (fs. 79 a 80). II.3. A través de Auto de 3 de febrero de 2022, los Vocales demandados calificaron el proceso como ordinario de hecho y fijaron término de prueba común y perentorio de cincuenta días para que las partes acrediten sus pretensiones y defensas correspondientes, incluyendo la acreditación de los pagos realizados (fs. 228). II.4. Por memorial presentado el 31 de marzo de 2022, Octavio Boris Janco Villegas, en representación de Jhonny Oscar Mamani Gutiérrez, Gobernador del GAD Potosí -ahora accionante-, se apersonó al proceso con base al Poder Notarial 022/2022 de 29 de ese mes, consignado en el “Otrosí 1°” de dicho escrito, solicitando se declare probada la demanda en todas sus partes. En respuesta, mediante decreto de 1 de abril de igual año, los Vocales demandados refirieron “Traslado. Al otrosí 1.- Se tiene presente…” (sic [fs. 303 y vta.]). II.5. En audiencia del 5 de abril de 2022, la parte demandada observó el Poder Notarial 022/2022, refiriendo que fue emitido por el “…notario de gobierno no así mediante un notario de fe pública…” (sic), solicitando que se rechace la personería del abogado por incumplir la Ley 483. Los Vocales demandados, mediante Auto Interlocutorio de 5 de igual mes y año, concluyeron que la “…notaría de gobierno no tiene facultad, potestad, competencia para poder fraccionar poderes de su ejecutivo en favor de terceras personas…” (sic), atribución que corresponde a los notarios de fe pública. En dicho acto, el accionante interpuso recurso de reposición en audiencia, expresando falta de fundamentación de acuerdo al art. 26 de la Ley 483, vulneración de la garantía al debido proceso; no obstante, dicho recurso fue rechazado (fs. 310 a 313 vta.).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante denuncia la vulneración de la garantía del debido proceso en sus componentes fundamentación, motivación, congruencia, defensa y “pertinencia”, y del principio de seguridad jurídica; toda vez que, los Vocales demandados, al pronunciar el Auto Interlocutorio de 5 de abril de 2022: i) Interpretaron erróneamente las disposiciones de la Ley 483, en el sentido de que las Notarías de Gobierno no están facultadas para extender poderes de representación judicial, atribuyendo dicha competencia de manera exclusiva a los Notarios de Fe Pública; y, ii) Rechazaron la personería del abogado representante del GAD de Potosí, pese a que con anterioridad se admitió su representación bajo la misma modalidad, cuando el proceso ya se encontraba con el Auto de 3 de febrero de igual año, que trabó la relación jurídico procesal y abrió la fase probatoria, afectando la regularidad del desarrollo del proceso en la medida en la que podría anularse los actuados procesales ya existentes. Ante ello, los Vocales demandados no presentaron informe alguno ni asistieron a la audiencia de garantías para rebatir los argumentos de la impetrante de tutela, más solo se consigna la intervención de Remberto Elías López Llanos, Vocal de Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, empero posterior a la emisión de la Resolución 45/2022 por parte de la Sala Constitucional Segunda del referido Tribunal, quien solicitó complementación y enmienda, conforme se refiere en el punto I.2.3 del presente fallo constitucional. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. El principio de preclusión como un elemento del debido proceso

En relación con la preclusión de los actos procesales, esta se encuentra expresamente prevista en el art. 16 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), el cual establece: “I. Las magistradas y magistrados, vocales y juezas o jueces deberán proseguir con el desarrollo del proceso, sin retrotraerlo a las etapas ya concluidas, salvo cuando exista irregularidad procesal oportunamente reclamada que vulnere el derecho a la defensa conforme a ley”; de dicha disposición se desprende prohibición de la retroacción procesal indebida que implica que todo juez debe dar continuidad de los trámites procesales que se encuentren a su cargo salvo situaciones expresamente previstas por la ley y debidamente justificadas. Al respecto se tiene que: a) La regularidad y conservación en el desarrollo del proceso constituyen la regla general, de modo que deben las autoridades judiciales deben intentar preservar la validez y eficacia de los actos procesales superados; b) Los actos válidamente superados no pueden ser suspendidos, dejados sin efecto ni retrotraídos, salvo mediante un pronunciamiento expreso, motivado y sustentado, a través del régimen de nulidades procesales, el cual reviste carácter excepcional; y, c) La nulidad, cuando corresponda, debe ser declarada de forma expresa, debidamente fundamentada y con delimitación precisa de sus efectos debiendo en lo posible dar lugar a la restitución exclusiva del acto viciado, conforme al principio de conservación de los actos procesales y en su caso con un carácter estrictamente excepcional implicar la retroacción total del proceso.

III.2. Presupuestos de la nulidad procesal

La SC 0731/2010-R de 26 de julio, señaló que los presupuestos o antecedentes necesarios para que opere la nulidad procesal son: “…a) Principio de especificidad o legalidad, referida a que el acto procesal se haya realizado en violación de prescripciones legales, sancionadas con nulidad, es decir, que no basta que la ley prescriba una determinada formalidad para que su omisión o defecto origine la nulidad del acto o procedimiento, por cuanto ella debe ser expresa, específica, porque ningún trámite o acto judicial será declarado nulo si la nulidad no esta expresamente determinada por la ley, en otros términos ‘No hay nulidad, sin ley específica que la establezca’ (Eduardo Cuoture, ‘Fundamentos de Derecho Procesal Civil’, p. 386); b) Principio de finalidad del acto, ‘la finalidad del acto no debe interpretarse desde un punto de vista subjetivo, referido al cumplimiento del acto, sino en su aspecto objetivo, o sea, apuntando a la función del acto’ (Palacio, Lino Enrique, ‘Derecho Procesal Civil’, T. IV p. 145), dando a entender que no basta la sanción legal específica para declarar la nulidad de un acto, ya que ésta no se podrá declarar, si el acto, no obstante su irregularidad, ha logrado la finalidad a la que estaba destinada; c) Principio de trascendencia, este presupuesto nos indica que no puede admitirse el pronunciamiento de la nulidad por la nulidad misma, o para satisfacer pruritos formales, como señala Couture (op. cit. p. 390), esto significa que quien solicita nulidad debe probar que la misma le ocasionó perjuicio cierto e irreparable, que solo puede subsanarse mediante la declaración de nulidad, es decir demostrar cuál es el agravio que le causa el acto irregularmente cumplido y si éste es cierto e irreparable; y, d) Principio de convalidación, ‘en principio, en derecho procesal civil, toda nulidad se convalida por el consentimiento’ (Couture op. cit., p. 391), dando a conocer que aún en el supuesto de concurrir en un determinado caso los otros presupuestos de la nulidad, ésta no podrá ser declarada si es que el interesado consintió expresa o tácitamente el acto defectuoso, la primera cuando la parte que se cree perjudicada se presenta al proceso ratificando el acto viciado, y la segunda cuando en conocimiento del acto defectuoso, no lo impugna por los medios idóneos (incidentes, recursos, etc.), dentro del plazo legal (Antezana Palacios Alfredo, ‘Nulidades Procesales’)” (las negrillas corresponden al texto original). En ese sentido, la regularidad del proceso y el principio de preclusión guardan coherencia con lo dispuesto en el art. 180.I de la CPE, conforme al cual la jurisdicción ordinaria se fundamenta, entre otros, en los principios procesales de celeridad, legalidad, eficacia, eficiencia y debido proceso; tales principios se comprometen si se admitiera la suspensión, reposición o retroacción de actuaciones procesales al margen de las causales legales.

III.3. Análisis del caso concreto

Respecto al primer cargo, se advierte que, una vez trabada la relación jurídico-procesal y la apertura del término probatorio, sin que hasta ese momento se hubiese cuestionado la representación legal de la entidad demandada, en audiencia de 5 de abril de 2022 de producción probatoria, los Vocales demandados, mediante Auto Interlocutorio de igual fecha, rechazaron la legitimación ad procesum por insuficiencia del documento notarial, alegando: “...la sala concluye que efectivamente dicha entidad en este caso la notaría de gobierno no tiene facultad, potestad, competencia para poder fraccionar poderes de su ejecutivo en favor de terceras personas…” (sic). Siendo que el art. 26.I de la Ley del Notariado Plurinacional (LNP) refiere: “Las notarias y los notarios de gobierno ejercerán servicio notarial sobre los hechos, actos y negocios jurídicos en los que intervengan entidades del nivel central del Estado o las entidades territoriales autónomas de su jurisdicción, observando las disposiciones previstas en la presente Ley”, se tiene que la determinación de las autoridades demandadas no se encuentra debidamente fundamentada, pues la norma hace referencia de manera genérica a que los notarios de gobierno hacen servicio notarial de: “hechos, actos y negocios”; en este sentido, no se explica por qué otorgar un poder notarial no se constituye en un hecho, acto y/o negocio a efectos del art. 26.I de la LNP, por lo que no se constata una explicación clara que justifique tal decisión, en la medida en que las autoridades demandadas no exteriorizaron el razonamiento y la interpretación que debería adoptarse de la referida norma. Respecto al segundo cargo, si bien los presupuestos procesales, entre ellos el instrumento que sustenta la legitimatio ad procesum, debieron ser observados desde el inicio en la etapa postulatoria, conforme fue expuesto, mediante Auto de 2 de agosto de 2021, los Vocales demandados admitieron la demanda contencioso-administrativa sin formular observación alguna al acto postulatorio, específicamente respecto al presupuesto procesal de la legitimatio ad procesum vinculado al instrumento notarial de mandato. Asimismo, se dispuso el traslado de la demanda a la contraparte, sin que tampoco en dicha oportunidad se hubiera efectuado observación alguna respecto al instrumento notarial. Ahora bien, y considerando lo referido, se entendió por la parte accionante que desconocer el poder notarial: “…genera un caos jurídico y un nefasto precedente toda vez que los procesos en trámite, tendrían que anularse;

es más ya se presentó un incidente de nulidad de obrados hasta el vicio más antiguo…” (sic [fs. 21]), lo que desconocería el principio de preclusión; sin embargo, la resolución de las autoridades demandadas hizo referencia a que, existiendo hasta el presente actos consentidos, se suspendió la audiencia para que la parte impetrante de tutela: “…pueda presentar un mandato conforme a la Ley 483 es decir un poder emitido por un notario de fe pública” (sic [fs. 311 vta.]); por lo que el temor de que posteriormente se retrotraigan los efectos de la decisión es hipotético y contrario a lo ordenado en el Auto Interlocutorio de 5 de abril de 2022. Pese a ello, debe recordarse que la suspensión de la tramitación de la causa depende de la fundamentación de la nueva resolución a emitirse por parte de las autoridades demandadas; por lo que, si bien no se demostró que dicha suspensión del proceso per se lesione derechos y garantías, será la nueva resolución a emitirse, con la debida fundamentación ordenada, la que defina la continuidad o no de la referida suspensión. En consecuencia, la Sala Constitucional, al conceder la tutela impetrada, obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 45/2022 de 19 de septiembre, cursante de fs. 45 a 51 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí; y, en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, en los términos dispuestos por la Sala Constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Boris Wilson Arias López

MAGISTRADO

Dra. Amalia Laura Villca

MAGISTRADA

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