Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 13 de junio de 2024
Concede la tutela
Los accionantes denuncian la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso; toda vez que: i) La autoridad jurisdiccional ordenó su detención en la Estación Policial Integral (EPI) San Roque, por providencia de 4 de julio de 2022, sin el debido mandamiento de arresto, aprehensión o detención preventiva que precautele sus derechos en su condición de procesados; pese a que el proceso penal de acción privada seguido en su contra, se encuentra prescrito; anomalía que se puso en conocimiento del funcionario policial ahora codemandado Ronald Yucra Zárate, sin obtener respuesta alguna y, ii) Considerando el desistimiento del proceso penal de acción privada presentado por la querellante, mediante Auto Interlocutorio de 4 de julio de 2022, el Juez de la causa -ahora demandado-, declaró la extinción de la acción penal en favor de los ahora solicitantes de tutela dejando sin efecto la declaratoria de rebeldía, la emisión de mandamiento de libertad en el día y el archivo de obrados; sin embargo, al momento de solicitar los referidos mandamientos hasta antes de asistir a la audiencia tutelar, los mismos no fueron entregados a su defensa técnica. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela impetrada; para el efecto, se analizará lo siguiente: a) La oportunidad procesal para el retiro y desistimiento de la acción de libertad; b) De la declaratoria de rebeldía y el mandamiento de aprehensión; c) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y la dilación indebida; d) Sobre la facultad de la…
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 248/2022, de 4 de julio, cursante de fs. 26 a 29 y vta., pronunciada por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca; y en consecuencia, CONCEDER la tutela impetrada respecto a los derechos a la libertad y al debido proceso, conforme a lo desarrollado en los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0197/2024-S1 Sucre, 13 de junio de 2024 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de libertad Expediente: 48553-2022-98-AL Departamento: Chuquisaca En revisión la Resolución 248/2022, de 4 de julio, cursante de fs. 26 a 29 y vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Sandra Narda Sivila Mérida de Herrera en representación sin mandato de Primo Herrera Zubelza y Henry Kevin Herrera Sivila contra Julio Martín Echevarría Céspedes, Juez de Sentencia Penal Cuarto de la Capital del departamento de Chuquisaca y Ronald Yucra Zárate, funcionario de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de la Policía Boliviana.
Por memorial presentado el 4 de julio de 2022, cursante a fs. 3 y vta., los accionantes, a través de su representante sin mandato, manifestaron los siguientes argumentos de hecho y derecho:
Señala que dentro del proceso penal de acción privada seguido en su contra por la presunta comisión del delito de lesiones culposas, previsto y sancionado por el art. 274 del Código Penal (CP), por orden del Juez de Sentencia Penal Cuarto de la Capital del departamento de Chuquisaca -ahora demandado-, fueron aprehendidos y conducidos ante su despacho judicial; sin embargo, en lugar de instalar la audiencia respectiva al encontrarse todas las partes presentes, mediante providencia de 4 de julio de 2022, ordenó que se les prive de su libertad hasta el día siguiente, a horas 8:00 a.m. En tal razón, se encuentran detenidos por orden de la autoridad jurisdiccional -ahora demandada-, sin contar con un mandamiento que autorice su ingreso a un Centro Penitenciario; anomalía que se puso en conocimiento del funcionario policial ahora codemandado “Sgto. Choque” -lo correcto es Ronald Yucra Zárate-, sin obtener respuesta alguna; por lo expuesto, consideran que se encuentran ilegalmente detenidos y sin derecho a ningún reclamo, pues la orden partió de la autoridad jurisdiccional ahora demandada, que debía resguardar sus derechos y garantías constitucionales; asimismo, no existe otro recurso inmediato e idóneo que revierta su privación de libertad. A lo que se suma que el proceso penal seguido en su contra -motivo de su aprehensión-, se encuentra prescrito y al no haberse instalado de manera inmediata la audiencia, no tuvo oportunidad de interponer la excepción de prescripción, que debía resolver previamente.
Los impetrantes de tutela denuncian la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso; sin citar norma constitucional alguna.
Solicitan se conceda la tutela y se ordene: a) Su traslado inmediato ante el Juez de Sentencia Penal Cuarto de la Capital del departamento de Chuquisaca -ahora demandado-, a efectos de considerar su situación jurídica; y, b) El cese de su detención en la Estación Policial Integral (EPI) San Roque, ya que existe un mandamiento de libertad, y no hay razón para que continúen aprehendidos, por un proceso penal de acción privada que fue extinguido a petición de la parte querellante.
Celebrada la audiencia pública el 4 de julio de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 18 a 25, se produjeron los siguientes actuados:
Los accionantes a través de su representante sin mandato, en audiencia ratificaron los argumentos expuestos en su demanda tutelar y ampliándolos señalaron: 1) De ninguna manera la presente acción tutelar cuestiona la aprehensión producto de una declaratoria de rebeldía, ni la conducción que hicieron los funcionarios policiales ante la autoridad jurisdiccional ahora demandada, porque dicho mandamiento de aprehensión fue emitido en su oportunidad y no es el motivo de su acción constitucional; 2) No se saben si su privación de libertad hace referencia a la continuación de la aprehensión o es un arresto o detención formal, ya que el señalado Decreto refiere notifíquese a todos los sujetos procesales y condúzcase a la EPI San Roque, a los acusados para su custodia hasta el 5 de julio de 2022; 3) El mandamiento de aprehensión fue emitido para conducirlo ante el Juez de la causa -ahora demandado- y eso ya se cumplió, ya que en esa oportunidad, la referida autoridad judicial, debía definir su situación jurídica; y, 4) Se reconduce la acción de libertad, ya que en función al desistimiento del proceso penal de acción privada por parte del querellante, el Juez de la causa emitió la Resolución de 4 de julio de 2022, declarando “la extinción de la acción penal en favor de Primo Herrera y Henry Herrera; disponiéndose se levante todas las medidas cautelares dispuestas en contra de todos los acusados y en consecuencia el archivo de -obrados-. Al otrosí 1.- se deja sin efecto la rebeldía dispuesta en contra de los acusados, emítase el correspondiente mandamiento de libertad y sea en el día.” (sic); sin embargo, al momento de solicitar los mandamientos de libertad en Secretaría del Juzgado de la causa, hasta antes de asistir a la audiencia de acción de libertad, los mismos fueron negados, por lo que solicita se conceda la tutela impetrada.
Julio Martín Echevarría Céspedes, Juez de Sentencia Penal Cuarto de la Capital del departamento de Chuquisaca, mediante informe escrito presentado el 4 de julio de 2022, cursante a fs. 17, señaló: i) El accionante fue declarado rebelde debido a que, pese a su legal notificación no se hizo presente a la audiencia de juicio oral, público y contradictorio, por lo que se emitió el mandamiento de aprehensión en su contra en base al art. 87.1 del Código de Procedimiento Penal (CPP); ii) A horas 10:00, se puso en conocimiento la ejecución del mandamiento de aprehensión, fijándose audiencia para que se resuelva su situación jurídica, conforme el art. 91 del CPP; y, iii) Ante la presentación del desistimiento de la víctima -el 4 de julio de 2022- a horas 14:08, tratándose de un delito de acción privada, se emitió en el día, el Auto Definitivo que declara la extinción de la acción penal y se extendió el correspondiente mandamiento de libertad; por ello, señala que no vulneró ningún derecho fundamental del accionante, por lo que de manera diligente se expidieron las resoluciones correspondientes; en consecuencia, solicita se deniegue la tutela. Ronald Yucra Zárate, funcionario de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) dependiente de la Policía Boliviana, presente en audiencia, ante las preguntas efectuadas por el Tribunal de garantías, informó que: “A horas 10:00 de la mañana aproximadamente se ha ejecutado mandamiento de aprehensión de estos sujetos, (…) y posterior a ello se condujo a dependencias del juzgado de Sentencia penal 4, y consecuentemente el juez de sentencia fijó audiencia de medidas cautelares para el día de mañana martes 05 de julio a horas 08:00 am., y posteriormente se condujo a los aprehendidos a dependencias a las celdas de la FELCC de Epi San Roque, ya que se estaría a la espera de su mandamiento de libertad.” (sic); posteriormente, a través de la abogada del Comando Departamental de la referida institución, señaló que: La Policía Boliviana solo dio cumplimiento a la misión constitucional prevista por el art. 251 de la Constitución Política del Estado (CPE); en ese entendido, los mandamientos de aprehensión son emitidos por las autoridades jurisdiccionales o por parte del Ministerio Público, lo único que hizo el funcionario policial, es dar cumplimiento a un mandamiento de aprehensión con relación a los ahora accionantes.
La Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, constituida en Tribunal de garantías, mediante la Resolución 248/2022, de 4 de julio, cursante de fs. 26 a 29 y vta., concedieron la tutela solicitada contra el Juez de Sentencia Penal Cuarto del mismo departamento -ahora demandado-, disponiendo la inmediata libertad de los ahora accionantes y la ejecución de los mandamientos de libertad de manera verbal por la autoridad policial; y, denegaron la tutela impetrada, con relación a Ronald Yucra Zárate, funcionario de la FELCC dependiente de la Policía Boliviana, en base a los siguientes fundamentos: a) En virtud del principio de informalismo, se modificaron los hechos denunciados, toda vez que el informe presentado por el Juez ahora demandado, señala que se dispuso la extinción de la acción penal y el cese de la detención de los imputados; sin embargo, a pesar de ello, tratándose de un delito culposo y que en su forma básica es inviable la detención preventiva, por ende la privación de libertad de los imputados, entonces estamos ante una prolongación de la detención indebida, porque tampoco se actuó con la debida diligencia para efectivizar la orden; b) Emitir un mandamiento de aprehensión a causa de una declaratoria de rebeldía puede ser correcto, pero es evidente también que el ejercicio de esta facultad normativa, debe tener en consideración la proporcionalidad de la medida, con respecto al tipo penal en concreto de lesiones culposas, como bien se ha indicado es un delito que no admite detención preventiva en su forma básica, que se trata de una pena no privativa de libertad en el peor de los casos; por ello, se entiende que la diligencia que tenía que haber demostrado la autoridad jurisdiccional ahora demandada, en la emisión y ejecución del mandamiento de libertad es absolutamente necesaria, dado que prolongar la privación de libertad de una persona sin que sea previsible la aplicación de una medida cautelar más grave, como es la detención preventiva, solo a título de aprehensión por la vía de la rebeldía, no condice con las necesidades o con el mandato constitucional que garantiza la libertad de las personas, pues aunque se haya emitido los mandamientos de libertad, no consta que el Juez de la causa haya tomado la debida diligencia para hacerlos efectivos; c) Con relación a la actuación del efectivo policial, es evidente que las autoridades policiales lo único que tienen que hacer, es cumplir los mandamientos que correspondan conforme sean ordenados por la autoridad jurisdiccional y sus diferentes circunstancias; y, d) El delito que se investiga, de lesiones culposas, siendo de conocimiento del Juez ahora demandado, implica que no existiría la necesidad de mantener esta situación de los procesados, dada la imposibilidad material de ser detenido preventivamente conforme el art. 232.I inc. 2 del Código de Procedimiento Penal (CPP); es decir, el delito que se procesa no es pasible de la detención preventiva; sin embargo, en horas de la mañana la referida autoridad jurisdiccional, dispuso mediante un decreto el señalamiento de audiencia y que se custodie hasta el día de mañana, sin el respectivo mandamiento de arresto, aprehensión, detención u otro; al respecto, la autoridad policial y los encargados de cárceles, deben exigir el mandamiento escrito formal, con firmas y sellos de las autoridades jurisdiccionales. El Juez ahora demandado, solicitó aclaración y complementación conforme el art. 36 del Código Procesal Constitucional (CPCo), impetrando se precise los plazos procesales que fueron incumplidos, el valor que se otorgó a la prueba presentada en la audiencia tutelar y la norma que obliga a los jueces a ejecutar los mandamientos librados, aludiendo a los tiempos entre la interposición del desistimiento, la emisión del Auto Interlocutorio y los mandamientos y el lapso de tiempo supuestamente vulneratorio. El Tribunal de garantías, en atención a lo solicitado, a través del Auto Complementario 248-A/2022 de 7 de julio, refirió que: 1) Conforme a la SCP 0161/2022-S3 de 31 de marzo, se tiene que la acción de libertad en su modalidad traslativa o de pronto despacho procura la aceleración de los trámites, cuando en los mismos existe demora indebida para efectivizar la libertad del encausado y/o definir su situación jurídica; de igual forma, el art. 3.7 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), instituye que la celeridad comprende el ejercicio oportuno y sin dilaciones en la administración de justicia; en ese entendido, conforme a lo previsto por el art. 122 del CPP, se establece que el Fiscal, Juez o Tribunal, para el cumplimiento de los actos que ordenen en el ejercicio de sus funciones, dispondrán la intervención de la fuerza pública y las medidas que sean necesarias para su efectivización, obligación que se enfatiza en casos de ejecución de mandamientos de libertad, pues como se refirió en su momento, no basta que se haya emitido los mandamientos de libertad y que los mismos sean remitidos ante la Sala, cuando dichos mandamientos no tienen el cargo de recepción o entrega al funcionario policial que se encuentra plenamente identificado, por lo que, se debió disponer la ejecución inmediata de los citados mandamientos; y, 2) El Tribunal de garantías evidenció que la autoridad jurisdiccional ahora demandada, obró diligentemente conforme a derecho, atendiendo el memorial de desistimiento de la querellante; sin embargo, esa actuación hubiera sido considerada si por Secretaría de su Juzgado, se hubiera corroborado la emisión inmediata del mandamiento de libertad correspondiente, ya que la celeridad tratándose de privados de libertad, no sólo es exigible por la autoridad judicial, sino también por los funcionarios judiciales o administrativos que intervengan en dicha actuación; por lo que, no existe un lapso de tiempo dilatorio.
Del análisis y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establecen las siguientes conclusiones: II.1. Cursa memorial presentado el 4 de julio de 2022, a horas 16:29, por el que la representante de los accionantes, solicita el desistimiento de la acción de libertad planteada, toda vez que desaparecieron los hechos denunciados (fs. 10). II.2. La presente acción de libertad fue interpuesta el 4 de julio de 2022 (fs. 1 y vta.); señalándose audiencia por Auto de igual fecha, para el mismo día, a horas 18:00 vía plataforma CISCO WEBEX (fs. 6)
II.3. Se tiene Mandamiento de Aprehensión 030/2022 de 24 de junio, en contra de Henry Kevin Herrera Sivila -ahora accionante-, emitido por el Juez de Sentencia Penal Cuarto de la Capital del departamento de Chuquisaca -ahora accionado-, en virtud a la orden efectuada por Auto de 28 de abril de igual año, dentro del proceso penal de acción privada seguido en contra de los ahora accionantes por la presunta comisión del delito de lesiones culposas, previsto y sancionado por el art. 274 del CP (fs. 2). II.4. Por el Libro de Audiencias del Juzgado de Sentencia Penal Cuarto de la Capital del departamento de Chuquisaca, en el cual se tiene señalada audiencia para el 5 de julio de 2022, a horas 08:00, dentro del proceso penal de acción privada seguido en contra de los ahora accionantes por la presunta comisión del delito de lesiones culposas, previsto y sancionado por el art. 274 del CP (fs. 11). II.5. Se tiene Auto Interlocutorio, de 4 de julio 2022, por el que se acepta el desistimiento presentado por Margarita Gonzales Fonseca -querellante-; y, con base en el referido desistimiento, el Juez de la causa ahora accionado, declaró “la EXTINCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL en favor de PRIMO HERRERA ZUBELZA y -HENRY- KEVIN HERRERA SIVILA -ahora accionantes-, disponiendo el levante de todas las medidas cautelares dispuestas en contra de los acusados, y en consecuencia el ARCHIVO DE OBRADOS. Al otrosí 1.- Se deja sin efecto la rebeldía dispuesta en contra de los acusados, emítase el correspondiente mandamiento de libertad y sea en el día.” (sic) (fs. 12 y vta.). II.6. Cursa Mandamiento de Libertad 03/2022, de 4 de julio, emitido por el Juez de Sentencia Penal Cuarto de la Capital del departamento de Chuquisaca -ahora demandado- a favor de Primo Herrera Zubelza -ahora accionante-; cuyo original y copia, no cuentan con el cargo de recepción por la representante de los ahora accionantes, el abogado patrocinante o el funcionario policial codemandado (fs. 15 a 16). II.7. Consta Mandamiento de Libertad 04/2022, de 4 de julio, emitido por el Juez de Sentencia Penal Cuarto de la Capital del departamento de Chuquisaca -ahora demandado- a favor de Henry Kevin Herrera Sivila -ahora accionante-; cuyo original y copia, no cuentan con el cargo de recepción por la representante de los ahora accionantes, el abogado patrocinante o el funcionario policial codemandado (fs. 13 a 14).
Los accionantes denuncian la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso; toda vez que: i) La autoridad jurisdiccional ordenó su detención en la Estación Policial Integral (EPI) San Roque, por providencia de 4 de julio de 2022, sin el debido mandamiento de arresto, aprehensión o detención preventiva que precautele sus derechos en su condición de procesados; pese a que el proceso penal de acción privada seguido en su contra, se encuentra prescrito; anomalía que se puso en conocimiento del funcionario policial ahora codemandado Ronald Yucra Zárate, sin obtener respuesta alguna y, ii) Considerando el desistimiento del proceso penal de acción privada presentado por la querellante, mediante Auto Interlocutorio de 4 de julio de 2022, el Juez de la causa -ahora demandado-, declaró la extinción de la acción penal en favor de los ahora solicitantes de tutela dejando sin efecto la declaratoria de rebeldía, la emisión de mandamiento de libertad en el día y el archivo de obrados; sin embargo, al momento de solicitar los referidos mandamientos hasta antes de asistir a la audiencia tutelar, los mismos no fueron entregados a su defensa técnica. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela impetrada; para el efecto, se analizará lo siguiente: a) La oportunidad procesal para el retiro y desistimiento de la acción de libertad; b) De la declaratoria de rebeldía y el mandamiento de aprehensión; c) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y la dilación indebida; d) Sobre la facultad de la Policía Boliviana para la aprehensión y el arresto; y, e) Análisis del caso concreto.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de las SSCCPP 0319/2018-S2 de 9 de julio, y 0597/2018-S2 de 8 de octubre -entre otras-, asumió el siguiente razonamiento: La oportunidad procesal para el retiro o desistimiento de la acción de libertad, tuvo diferentes entendimientos jurisprudenciales; sin embargo, a partir de la SCP 0103/2012 de 23 de abril, en el Fundamento Jurídico III.2.2 se establece que los mismos, únicamente pueden ser presentados hasta antes del señalamiento de día y hora de la audiencia pública, por las siguientes razones jurídicas:
a) De orden procesal. Existe mandato constitucional expreso respecto al procedimiento al que debe sujetarse el juez o tribunal de garantías. Tiene el deber de señalar de inmediato día y hora de la audiencia pública, la que tendrá lugar dentro de las veinticuatro horas de interpuesta la acción (art. 126.I de la CPE), y -después de cumplidas las formalidades procesales- ésta (la audiencia pública) no puede suspenderse en ningún caso (art. 126.II de la CPE), por lo mismo, tiene la obligación de dictar sentencia en el fondo, incluso bajo responsabilidad (art. 126.III de la CPE), último aspecto que el legislador constituyente ha decidido incidir -a diferencia de la Constitución abrogada-. b) De orden sustantivo. La Norma fundamental, establece y regula el procedimiento antes mencionado con mandatos expresos al juez o tribunal de garantías, incluso bajo responsabilidad, no como un fin en sí mismo, sino en razón a que la justicia constitucional a través de la acción de libertad se activa para proteger derechos subjetivos (disponibles) y además derechos en su dimensión objetiva, es decir, busca evitar la reiteración de conductas reñidas contra el orden público constitucional y los bienes constitucionales protegidos de tutela reforzada. La citada SCP 0103/2012, entiende que a pesar de que una persona desista o retire su demanda de acción de libertad después del señalamiento de día y hora de audiencia pública, de todas formas debe resolverse la misma, en razón a que el acceso a la justicia constitucional a través de esta acción de defensa, busca además de resguardar derechos subjetivos de las personas, evitar la reiteración de omisiones o conductas que lesionen los bienes constitucionales protegidos dentro del ámbito de su protección, como son la vida, la integridad física, la libertad personal o de locomoción, o situaciones que constituyan persecución o procesamiento ilegales o indebidos; es decir, el resguardo a la dimensión objetiva de los derechos, en el marco de las obligaciones del Estado.
El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0456/2018-S2 de 27 de agosto, reiterada en la SCP 0545/2019-S2 de 15 de julio -entre otras-, asumió el siguiente razonamiento: Ahora bien, respecto a la declaratoria de rebeldía y sus efectos, la jurisprudencia constitucional contenida en la SCP 0772/2012 de 13 de agosto, precisó las dos formas de comparecencia del rebelde en el proceso penal de acuerdo al art. 91 del CPP, siendo estas: a) La comparecencia voluntaria del rebelde al proceso penal antes de la ejecución del mandamiento de aprehensión; y, b) La comparecencia del rebelde al proceso penal en ejecución del mandamiento de aprehensión; sobre la primera forma, dejó claro que una vez materializada la presentación voluntaria del procesado, la declaratoria de rebeldía no tendría ninguna razón de persistir; por lo que, debe dejársela sin efecto, así como el mandamiento de aprehensión dispuesto, al haberse cumplido el objetivo del mismo cual era que el imputado comparezca ante la autoridad competente; caso contrario se estaría frente a una persecución ilegal. Respecto a la segunda forma de comparecencia; es decir, cuando se ha ejecutado el mandamiento de aprehensión poniendo al imputado a disposición del juez o tribunal, la Sentencia estableció que el proceso debe continuar con su trámite, por lo que igualmente en este segundo supuesto corresponde dejar sin efecto las órdenes emitidas, por cuanto pese de no haber sido voluntaria la presencia del imputado, el mandamiento de aprehensión no puede seguir subsistiendo ya que al haberse ejecutado este cumplió su objetivo; en tal sentido la causa debe continuar con su tramitación, con la salvedad que el juez o tribunal del proceso que hubiese declarado la rebeldía, una vez que sea conducido ante su despacho el imputado, deberá celebrar la audiencia de medidas cautelares para definir su situación jurídica. Con similar razonamiento, la SCP 0811/2012 de 20 de agosto, estableció que el art. 91 del CPP es claro al determinar que cuando el rebelde comparezca o sea puesto a disposición de la autoridad que lo requiera, el 2 La indicada Sentencia, en el FJ. III.6., en el Análisis del caso concreto, señala: “En la problemática planteada, se tiene de los antecedentes, que dentro del proceso penal seguido contra el hoy accionante, el Juez Séptimo de Instrucción en lo Penal, señaló audiencia de consideración de incidentes, excepciones y medidas cautelares para horas 15:30 del 13 de junio de 2012, oportunidad en la cual, ante la inasistencia del imputado a la hora señalada y a solicitud de la parte querellante y Ministerio Público, declaró la rebeldía del encausado ordenando la emisión de mandamiento de aprehensión y arraigo.
Ahora bien, como se dijo, tiene que quedar claro que la resolución de declaratoria de rebeldía tiene como consecuencia la emisión del mandamiento de aprehensión, el arraigo y la publicación de los datos y señales personales del imputado en los medios de comunicación, para su búsqueda y aprehensión, esto con la finalidad de lograr que el declarado rebelde acuda a la citación o llamamiento judicial y la investigación o el proceso penal continúen.
En ese sentido, el art. 91 del CPP, es claro al determinar que cuando el rebelde comparezca o sea puesto a disposición de la autoridad que lo requiera, el proceso continuará su trámite, dejándose sin efecto las órdenes dispuestas para su comparecencia, manteniendo las medidas cautelares de carácter real; añadiendo que si el imputado justifica que no concurrió debido a un grave y legítimo impedimento, la rebeldía será revocada y no habrá lugar a la ejecución de la fianza.
En este marco, se tiene claramente identificado que la pretensión del imputado ahora accionante, es anular por la vía constitucional, el auto que lo declara rebelde y por su efecto, el mandamiento de aprehensión dispuesto; en este sentido, si acogemos el petitorio de tutela mencionado, éste Tribunal Constitucional Plurinacional, estaría ingresando al análisis de una situación jurídica y valoración que le corresponde exclusivamente a la jurisdicción ordinaria, específicamente a la autoridad ahora demandada quien bajo la facultad y aplicación del art. 91 del CPP, descrito, puede dejar sin efecto en el día o en un plazo razonable, las medidas que ahora considera lesivas a sus derechos, el hoy accionante.
Bajo este razonamiento, si bien el accionante denuncia que la audiencia señalada para el 13 de junio de 2012 a horas 15:30, se instaló media hora antes de lo previsto, no es menos evidente que el imputado, inmediatamente podía acudir ante la autoridad demandada quien emitió el auto de rebeldía y justificar su incomparecencia o impedimento en los mismos términos que lo hace ahora vía jurisdicción constitucional y de esta forma, otorgar la oportunidad de que el Juez competente se pronuncie a la luz del art. 91 del CPP, o sea, aplicando el camino procedimental trazado por la voluntad del legislador con la finalidad de que dicha autoridad, restablezca cualquier amenaza o lesión al derecho a la libertad del imputado; en merito a ello, compartimos la posición del Juez demandado quien en su informe de ley, independientemente de indicar que a la fecha no se han expedido el mandamiento de aprehensión al estar sujeto a la publicación de edictos, refiere en su defensa que, si el imputado pretendía anular la resolución de rebeldía, la vía de solución es acudir a su autoridad para así efectivizar los efectos que conlleva el artículo ya citado del Código de Procedimiento Penal.
Otra situación seria, si en el caso de que el imputado active el procedimiento que le otorga la ley de apersonarse ante el Juez o Tribunal con la finalidad de justificar su incomparecencia y la autoridad jurisdiccional se pronuncie saliéndose de la norma o contrariamente a los derechos y garantías de imputado, recién se podrá acudir ante esta jurisdicción buscando la tutela efectiva para restablecer los derechos presuntamente lesionados al no existir medio procesal o norma para el efecto; pues si activamos directamente la acción tutelar, no solo desconocemos un procedimiento específico establecido por la ley, sino, invadiendo la jurisdicción ordinaria podríamos dejar -por consecuencia- sin validez una resolución de declaratoria de rebeldía que conforme establece el art. 90 del CPP, tiene como uno de sus efectos, el interrumpir la prescripción; por eso mismo, el imputado tiene una puerta abierta jurídicamente, para intentar revocar o anular la resolución que ahora se denuncia mediante la presente acción de defensa y en consecuencia, dejar sin efecto las medidas provisionales adoptadas, claro está, previa valoración y resolución fundamentada resultado de la sana critica del Juez.
En este sentido -en el caso concreto- queda claro que la comparecencia ante la autoridad jurisdiccional para justificar la inasistencia a su llamado, es un medio sencillo, rápido, oportuno y eficaz para anular la resolución de declaratoria de rebeldía, por ello, la interpretación normativa debe realizarse en el sentido más favorable para la efectividad de los derechos fundamentales, en concordancia con los preceptos y principios constitucionales; además, debe efectuarse dicha interpretación, de acuerdo a la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de aquella como sucede en el presente caso.
proceso continuará su trámite, dejándose sin efecto las órdenes dispuestas para su comparecencia, manteniendo las medidas cautelares de carácter real; consiguientemente, es ante la autoridad jurisdiccional que dispuso la rebeldía de la o el imputado ante quien corresponde acudir, compareciendo en el proceso, a efecto que dicha autoridad, restablezca cualquier amenaza o lesión al derecho a la libertad del imputado. La misma Sentencia aclaró que diferente es la situación de aquella o aquel imputado que pese a haber activado el procedimiento que le otorga la ley, apersonándose ante la autoridad judicial a objeto de justificar su incomparecencia, dicha autoridad se pronuncia de manera contraria a la norma, vulnerando los derechos y garantías del imputado, supuesto en el cual es posible acudir a la justicia constitucional, a través de la acción de libertad, buscando que se reestablezcan los derechos presuntamente vulnerados, al no existir medio procesal o norma para el efecto. Conforme lo anotado, queda claro que antes de la ejecución del mandamiento de aprehensión dispuesto como efecto de la rebeldía, existe la posibilidad que el rebelde pueda presentarse voluntariamente ante la autoridad judicial que lo declaró rebelde, justificando en su caso su ausencia al actuado judicial convocado, siendo este el mecanismo procesal idóneo para dejar sin efecto la orden de aprehensión y las otras disposiciones dictadas, aclarando que incluso pese a haberse presentado algún tipo de justificativo con carácter previo a la declaratoria de rebeldía, igualmente el imputado deberá posteriormente presentarse ante el juez o Tribunal para solicitar se deje sin efecto la misma y todas las ordenes dispuestas, independientemente que la autoridad judicial no haya considerado valederas las razones de su incomparecencia; pues solo agotada la presentación voluntaria, recién será viable recurrir a la acción de libertad, solicitando se deje sin efecto la rebeldía y el mandamiento de aprehensión, cuando estas medidas persistan pese de la presentación voluntaria del imputado o como efecto de la ejecución del mandamiento de aprehensión dispuesto. Complementando el razonamiento la SCP 1203/2012 de 6 de septiembre, indicó que, como el mandamiento de aprehensión se origina en una declaratoria en rebeldía contra quien evita o rehúye someterse a un proceso iniciado en su contra por evadir, no comparecer, incumplir una orden judicial o ausentarse sin justa causa del lugar donde reside, demostrando una actitud indiferente en el proceso; al presentarse el rebelde ante la autoridad que lo convocó o al ser puesto a su disposición deben cesar automáticamente los efectos establecidos por el art. 89 del CPP, no obstante, ante la imposibilidad de cubrir previamente la obligación pecuniaria, el juez debe aceptar su comparecencia y otorgarle un plazo para cumplir las costas de su rebeldía, dejando sin efecto dicho mandamiento. Finalmente, es importante hacer referencia a la SCP 2029/2013 de 13 de noviembre que, a partir del principio de verdad material previsto en el art. 180 de la CPE, sostiene que cuando el declarado rebelde en juicio presentare un memorial justificando su inasistencia al proceso, aunque no se señale expresamente su apersonamiento, será reconducido al art. 91 del CPP. De las normas constitucionales, procesales y la jurisprudencia constitucional citadas precedentemente, se concluye que el derecho a la libertad no puede estar condicionado al cumplimiento de obligaciones económicas impuestas en la declaratoria de rebeldía, debiendo la autoridad jurisdiccional otorgar un plazo prudente para el efecto.
El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0142/2018-S2 de 30 de abril, reiterada por la SCP 0332/2021-S1 de 12 de agosto -entre otras-, asumió el siguiente razonamiento: La Constitución Política del Estado en su art. 23, establece que toda persona tiene derecho a su libertad física, constituido como un derecho fundamental de carácter primario para su desarrollo; por ello, el Estado tiene el deber primordial de respetarlo y protegerlo, por ser inviolable; razón por la que, la acción de libertad fue configurada de manera exclusiva, extraordinaria y sumarísima, con el propósito que la libertad física goce de protección especial, cuando se pretenda lesionarla o esté siendo amenazada de vulneración. A ese efecto, la SC 1579/2004-R de 1 de octubreefectuó una clasificación del entonces recurso de hábeas corpus ante violaciones a la libertad individual y/o de locomoción, señalando que puede ser reparador, si ataca una lesión ya consumada; preventivo, si procura impedir una vulneración a producirse; o, correctivo, si intenta evitar que se agraven las condiciones en las que se mantiene a una persona detenida. Posteriormente, a través de la SC 0044/2010-R de 20 de abril, se amplió dicha clasificación, identificando además al hábeas corpus restringido, que procede ante limitaciones del ejercicio del derecho a la libertad; dentro del cual, se encuentra el hábeas corpus instructivo, que procede cuando el derecho a la libertad se encuentra vinculado al derecho a la vida; y, traslativo o de pronto despacho; a través del que, se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos ante dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona privada de libertad y la concreción del valor libertad, de los principios de celeridad y respeto a los derechos, debiendo ser tramitados, resueltos -SC 0224/2004-R de 16 de febrero- y efectivizados -SC 0862/2005-R de 27 de julio- con la mayor celeridad -SCP 0528/2013 de 3 de mayo-. Con ese razonamiento, toda autoridad que conozca una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo, podría provocar una restricción indebida del citado derecho; lo que no significa, otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva o negativa, ya que el resultado a originarse, dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso; por cuanto, la lesión del derecho a la libertad física, está en 5 El FJ III.1.1, señala: “Para la procedencia del hábeas corpus reparador es decisivo que se haya configurado una situación de privación de libertad física ilegal inobservando las formalidades esenciales, por ejemplo una detención ejecutada sin orden escrita, o resuelta por autoridad incompetente (…)”. El FJ III.1.2, menciona: “El hábeas corpus procede como un medio preventivo, cuando la detención aún no se ha producido pero puede presuponerse que la misma es inminente, en tanto que la amenaza pueda demostrarse positivamente (…)”. El FJ III.1.3, determina: “El hábeas corpus denominado correctivo, protege al detenido de aquellas condiciones que agravan en forma ilegítima la detención, violando su condición humana. A través de este recurso, se garantiza el trato humano al detenido, establecido en las Convenciones Internacionales de Derechos Humanos. La base legal de este tipo de hábeas corpus, la encontramos en el art. 89 de la LTC, que amplía los alcances protectivos de esta garantía, al referirse a otras `violaciones que tengan relación con la libertad personal en cualquiera de sus formas…´. Conforme a esto, una de las formas en que se manifiestan estas violaciones vinculadas a la libertad, está la referida al agravamiento ilegal de la situación del detenido o condenad (…)”.
6 El FJ III.5, indica: “El primer (instructivo); hace referencia a los supuestos, en que el derecho a la libertad se encuentra vinculado al derecho a la vida, fundamentalmente en los casos de desaparición forzada de personas, y tiene como objeto identificar el paradero de la víctima, disponer su libertad e individualizar a los autores del hecho, garantizándose el derecho a la vida y también el derecho a la integridad física. Este hábeas corpus, ahora está previsto en el art. 125 de la CPE, cuando hace referencia a los casos en los que la persona considere que su vida está en peligro. Esta ampliación es coherente con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en la Opinión Consultiva OC-8/87 de 30 de enero de 1987, al absolver la consulta formulada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto a la interpretación de los arts. 25.1 y 7.6 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación a la última frase del art. 27.2 de dicha Convención, que enumera los derechos que no pueden suspenderse durante los estados de excepción; estableció que, la función del hábeas corpus es esencial como: `…medio para controlar el respeto a la vida e integridad de la persona, para impedir su desaparición o la indeterminación de su lugar de detención, así como para protegerla contra la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes´ (…) Por último, se debe hacer referencia al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, a través del cual lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad” (las negrillas nos corresponden).
la demora o dilación indebida, al resolver o atender una solicitud; que más bien, debería ser efectuada con la debida celeridad.
El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0385/2018-S2 de 25 de julio, reiterada por la SCP 0382/2020-S1 de 25 de agosto -entre otras-, desarrolló el siguiente entendimiento:
Al respecto, el art. 251.I de la CPE, establece que: “La Policía Boliviana, como fuerza pública, tiene la misión específica de la defensa de la sociedad y la conservación del orden público, y el cumplimiento de las leyes en todo el territorio boliviano. Ejercerá la función policial de manera integral, indivisible y bajo mando único, en conformidad con su Ley Orgánica de la Policía Boliviana y las demás leyes del Estado”. Por otro lado, el art. 6 de la Ley Orgánica de la Policía Nacional (LOPN) -Ley de 8 de abril de 1985), establece que: “La Policía Nacional tiene por misión fundamental, conservar el orden público, la defensa de la sociedad y la garantía del cumplimiento de las leyes, con la finalidad de hacer posible que los habitantes y la sociedad se desarrollen a plenitud, en un clima de paz y tranquilidad”; en concordancia con esta disposición, el art. 7 incs. c), d) y w) de la referida Ley, determina sus atribuciones, entre las que se encuentran:
En ese entendido, el art. 227 del CPP, faculta a la Policía a aprehender a toda persona en los casos siguientes:
Adicionalmente, esta entidad castrense, también tiene facultades de arresto conforme a la norma prevista en el art. 225 de referido cuerpo legal, conforme al siguiente texto:
se modifique el estado de las cosas y de los lugares y, de ser necesario, ordenarán el arresto de todos por un plazo no mayor de ocho horas. Sobre estas normas, la SC 0886/2003-R de 1 de julio, reiterada entre otras, por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0054/2017-S3 de 17 de febrero y 0261/2018-S1 de 19 de junio, establecen que cuando fuera de los casos previstos en los arts. 225 y 227 del CPP, los funcionarios policiales detienen a una persona, su actuación no es legal, sino, indebida y corresponde conceder la tutela que brinda la actual acción de libertad.
Los accionantes denuncian la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso, toda vez que: i) La autoridad jurisdiccional ordenó su detención en la Estación Policial Integral (EPI) San Roque, por providencia de 4 de julio de 2022, sin el debido mandamiento de arresto, aprehensión o detención preventiva que precautele sus derechos en su condición de procesados; pese a que el proceso penal de acción privada seguido en su contra, se encuentra prescrito; anomalía que se puso en conocimiento del funcionario policial ahora codemandado Ronald Yucra Zárate, sin obtener respuesta alguna y, ii) Considerando el desistimiento del proceso penal de acción privada presentado por la querellante, mediante Auto Interlocutorio de 4 de julio de 2022, el Juez de la causa -ahora demandado-, declaró la extinción de la acción penal en favor de los ahora solicitantes de tutela, dejando sin efecto la declaratoria de rebeldía, la emisión de mandamiento de libertad en el día y el archivo de obrados; sin embargo, al momento de solicitar los referidos mandamientos hasta antes de asistir a la audiencia tutelar, los mismos no fueron entregados a su defensa técnica. Con carácter previo, es necesario señalar que de acuerdo al Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, el retiro o desistimiento de la acción de libertad presentado por el ahora accionante el 4 de julio de 2022, a horas 16:29, señalando que desaparecieron los hechos denunciados (Conclusión II.1); no resultaba viable, por cuanto, el único momento procesal en el que es factible el retiro o desistimiento, es hasta antes del señalamiento del día y hora de audiencia pública; situación que, en el presente caso no ocurrió, ya que mediante Auto de igual fecha, se señaló audiencia para el mismo día -4 de julio de 2022-, a horas 18:00 vía plataforma CISCO WEBEX (Conclusión II.2). En ese entendido, conforme a la línea jurisprudencial establecida por la SCP 0103/2012 de 23 de abril, considerando el diseño y configuración de la acción de libertad, fijada la audiencia pública los Jueces o Tribunales de garantías, y Salas Constitucionales, no pueden suspender la audiencia por ningún motivo, debiendo dictar sentencia en el fondo, incluso bajo responsabilidad; por lo que, en el caso de una eventual reparación de los derechos vulnerados, debe cumplirse el procedimiento regulado tomando en cuenta la importancia de los derechos tutelados mediante esta acción de defensa; ya que lo que se busca a través de ese entendimiento, es evitar la reiteración de conductas reñidas contra el orden público constitucional y los bienes constitucionales protegidos, por lo que, corresponde el análisis de las vulneraciones denunciadas por los ahora accionantes. Ahora bien, los impetrantes de tutela cuestionan varios aspectos a través de la presente acción de libertad, en cuyo orden se resolverá, analizando los siguientes agravios planteados en la demanda tutelar y ampliados en audiencia de la presente acción tutelar: Bajo ese contexto, respecto al primer agravio, la parte accionante refiere que se encuentran detenidos en la Estación Policial Integral -EPI- San Roque, por orden de la providencia de 4 de julio de 2022 emitida por el Juez ahora accionado; sin embargo, no extendió ningún mandamiento de arresto, aprehensión o detención preventiva que precautele sus derechos en condición de procesados, por lo que se encuentran ilegalmente detenidos y sin derecho a ningún reclamo; pese a que el proceso penal de acción privada seguido en su contra, se encuentra prescrito. De la revisión de los antecedentes que cursan en el legajo constitucional, se verifica que por Auto de 28 de abril de 2022, el Juez ahora demandado, ordenó la aprehensión de los ahora accionantes, emitiendo el correspondiente Mandamiento de Aprehensión 030/2022 de 24 de junio, en contra de Henry Kevin Herrera Sivila -ahora accionante- (Conclusión II.3) y en contra de Primo Herrera Zubelza -ahora accionante-, de acuerdo al informe emitido por el mencionado funcionario policial de la FELCC; mismos que fueron conducidos ante el despacho de la autoridad jurisdiccional de la causa el 4 de julio de 2022, para resolver su situación jurídica, tal cual informó el Ronald Yucra Zárate, funcionario policial de la FELCC -ahora codemandado- en audiencia, cuando señaló que: “A horas 10:00 de la mañana aproximadamente se ha ejecutado mandamiento de aprehensión de estos sujetos, (…) y posterior a ello se condujo a dependencias del juzgado de Sentencia penal 4…” (sic).
En ese contexto, una vez conducidos y puestos a consideración del Juez ahora demandado, se tiene que por proveído de 4 de julio de 2022, señaló audiencia para el 5 de igual mes y año a horas 8:00, ordenando la custodia de los aprehendidos en la Estación Policial Integral (EPI) San Roque, así se tiene por informe del referido funcionario policial, cuando en audiencia de la presente acción tutelar, señaló que: “...el juez de sentencia fijó audiencia de medidas cautelares para el día de mañana martes 05 de julio a horas 08:00 am., y posteriormente se condujo a los aprehendidos a dependencias a las celdas de la FELCC de Epi San Roque, ya que se estaría a la espera de su mandamiento de libertad.” (sic); situación que se confirma con el Libro de Audiencias del Juzgado de Sentencia Penal Cuarto de la Capital del departamento de Chuquisaca, en el cual se tiene señalada audiencia para el 5 del referido mes y año, a horas 08:00, dentro del proceso penal de acción privada seguida en contra de los ahora accionantes por la presunta comisión del delito de lesiones culposas, previsto y sancionado por el art. 274 del CP (Conclusión II.4). En consecuencia, de acuerdo al Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, se advierte que el Juez de la causa ahora demandado, si bien emitió la declaratoria de rebeldía expidiendo los mandamientos de aprehensión en contra de los ahora accionantes, cumpliendo lo dispuesto por los arts. 87.1 y 89 del CPP; no obstante, una vez que lo mismos fueron conducidos y puestos a su disposición, tenía la obligación de celebrar la audiencia para definir su situación jurídica y continuar el proceso, dejando sin efecto las órdenes dispuestas para su comparecencia ya que la finalidad de dichas órdenes, fue cumplida en el momento en que los mismos fueron puestos a su consideración, conforme claramente determina el art. 91 del CPP. Sin embargo, ello no ocurrió, al contrario el Juez de la causa emitió el proveído de 4 de julio de 2022, señalando audiencia de consideración para el 5 de igual mes y año a horas 8:00, manteniendo las órdenes de aprehensión y alargando su privación de libertad de forma ilegal; situación que constituye persecución indebida que atenta su derecho a la libertad y al debido proceso, ya que dejó latentes las ordenes de restricción a su libertad sin una causa justificada; por lo expuesto, corresponde conceder la tutela impetrada. En cuanto al segundo agravio planteado, el accionante a través de su representante sin mandato, refiere que considerando el desistimiento del proceso penal de acción privada presentado por la querellante, mediante Resolución de 4 de julio de 2022, el Juez de la causa -ahora demandado-, declaró la extinción de la acción penal en favor de los ahora accionantes, ordenó el archivo de obrados, dejó sin efecto su rebeldía y ordenó la emisión del mandamiento de libertad en el día; sin embargo, al momento de solicitar los respectivos mandamientos de libertad en el Juzgado de la causa, hasta antes de asistir a la audiencia tutelar, los mismos no fueron entregados a su abogado patrocinante. Revisados los antecedentes que cursan en el expediente constitucional, se evidencia que por Auto Interlocutorio, de 4 de julio 2022, se consideró el desistimiento presentado por Margarita Gonzales Fonseca -querellante-; y, con base en el referido desistimiento, el Juez de la causa ahora accionado, declaró “la EXTINCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL en favor de PRIMO HERRERA ZUBELZA y -HENRY- KEVIN HERRERA SIVILA -ahora accionantes-, disponiendo el levante de todas las medidas cautelares dispuestas en contra de los acusados, y en consecuencia el ARCHIVO DE OBRADOS. Al otrosí 1.- Se deja sin efecto la rebeldía dispuesta en contra de los acusados, emítase el correspondiente mandamiento de libertad y sea en el día.” (sic) (Conclusión II.5); posteriormente, la referida autoridad jurisdiccional ahora accionada, emitió los Mandamientos de Libertad 03/2022 y 04/2022, ambos de 4 de julio, a favor de los ahora accionantes (Conclusiones II.6 y II.7). Ahora bien, de los antecedentes expuestos se advierte que el Juez de la causa ahora demandado, si bien consideró el desistimiento presentado por Margarita Gonzales Fonseca -querellante-, para resolver la extinción de la acción penal a favor de los ahora accionantes, ordenando el archivo de obrados, dejando sin efecto su rebeldía y ordenando la emisión del mandamiento de libertad en el día, a favor de los mismos; sin embargo, los referidos mandamientos de libertad, no fueron entregados a la representante de los ahora accionantes, su abogado patrocinante o al funcionario policial Ronald Yucra Zárate -ahora demandado- quien se encontraba en custodia de los detenidos -ahora impetrantes de tutela-, hecho que se demuestra no sólo con el informe de la autoridad judicial demandada, sino que también se verifica con los mandamientos remitidos a conocimiento del Tribunal de garantías, cuyo original y copia, no cuentan con el cargo de recepción correspondiente (Conclusión II.7). En ese contexto, correspondía que los mandamientos de libertad sean emitidos con la mayor celeridad posible, realizando los trámites necesarios -en el Juzgado- para garantizar el derecho a la libertad de los procesados, el cumplimiento de la resolución judicial emitida y lograr la ejecución inmediata de las órdenes de libertad sin realizar actuaciones dilatorias, con el fin de que las personas beneficiadas sean puestas en libertad; conforme al entendimiento contenido en el Fundamento Jurídico III.3 del presente fallo constitucional, que establece que toda autoridad que conozca una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, pues de no hacerlo, podría provocar una restricción indebida del citado derecho; lo que no sucedió en el presente caso; puesto que la autoridad judicial ahora demandada prolongó la detención ilegal de los ahora accionantes por varias horas, hasta la celebración de la audiencia de la presente acción tutelar, vulnerando su derecho a la libertad física o personal; situación que amerita se conceda la protección que brinda esta acción tutelar. Por último, en el marco de lo señalado, se evidencia también que la actuación de Ronald Yucra Zárate, funcionario policial de la FELCC -ahora demandado-, en cuanto a la detención de los ahora accionantes, se encuentra fuera de los casos previstos por los arts. 225 y 227 del CPP; ya que una vez ejecutados los mandamientos de aprehensión, privando de su libertad a los ahora accionantes, los mismos fueron conducidos y puestos a consideración de la autoridad judicial ahora demandada conforme el art. 91 del CPP; momento procesal en el que dichos mandamientos lograron su finalidad; sin embargo, el referido funcionario policial, como manifestó en su informe, a causa de una orden judicial de señalamiento de audiencia y custodia que emitió el Juez ahora demandado sin contar con un mandamiento u orden de aprehensión o arresto “condujo a los aprehendidos a dependencias a las celdas de la FELCC de Epi San Roque” (sic); dicho contexto demuestra que no existía una orden de restricción de libertad en contra de los ahora accionantes, es decir, no existía motivo justificado para su privación de libertad y si bien la orden de “custodia” podría entenderse en ese sentido, tenía la obligación de informar a sus superiores o a la misma autoridad jurisdiccional que la ordenó, a los fines de obtener mayor claridad y asegurarse de que todas las acciones sean legales y apropiadas; por ello, de acuerdo al Fundamento Jurídico III.4 del presente fallo constitucional, cuando fuera de los casos previstos por los arts. 225 y 227 del CPP, los funcionarios policiales detienen a una persona, su actuación no es legal, sino, indebida; por ello, corresponde conceder la tutela impetrada por los ahora accionantes. En consecuencia, el Tribunal de garantías al conceder en parte la tutela solicitada, obró de forma parcialmente correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 248/2022, de 4 de julio, cursante de fs. 26 a 29 y vta., pronunciada por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca; y en consecuencia, CONCEDER la tutela impetrada respecto a los derechos a la libertad y al debido proceso, conforme a lo desarrollado en los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
MAGISTRADA
Fdo. MSc. Georgina Amusquivar Moller
MAGISTRADA
1 Esta Sentencia Constitucional Plurinacional, sistematizó toda la línea jurisprudencial, sobre la posibilidad y oportunidad de desistir o retirar la acción de libertad, que pueden resumirse así: i) No se admite el retiro ni el desistimiento de la acción de libertad -SSCC 0188/2004-R de 9 de febrero y 0929/2003-R de 3 de julio, entre otras-; ii) No es posible el retiro ni el desistimiento después de admitida la acción de libertad -por todas, la SC 0031/2005-R de 10 de enero-; y, iii) No es posible desistir ni retirar la acción de libertad, cuando hubo cesación del acto lesivo -por todas, las SSCC 1425/2011-R de 10 de octubre y 1229/2010-R de 13 de septiembre-.
3 “Una vez ejecutado el mandamiento y conducido el imputado a la presencia de la autoridad judicial, o si el rebelde decide comparecer de manera voluntaria ante quien dispuso dicha medida, las consecuencias o los efectos establecidos en el art. 89 incs. 1), 2), 3), 4) y 5) del CPP, cesan automáticamente, ello significa que el proceso debe retrotraerse al momento en que se dispuso la rebeldía y seguir el curso normal. El art. 91 del CPP, al referirse a la comparecencia del imputado hace alusión a las costas de rebeldía, que al tenor de la citada disposición legal, ellas deben ser cubiertas por el imputado o en su defecto por su fiador; sin embargo, nótese que dicho aspecto no es un condicionante directo para que la autoridad judicial acepte la comparecencia del declarado rebelde; es decir, el imputado puede comparecer ante la autoridad judicial sin que previamente se haya cubierto esta obligación (costas de rebeldía); lo cual no significa que deba dejarse de lado lo estipulado expresamente en la norma. De presentarse el imputado sin haber cumplido la obligación económica, el juez de la causa no está impedido para aceptar su comparecencia, al contrario, debe aprobarlo y otorgarle un plazo prudente para que cumpla con la obligación pecuniaria. A este efecto, se debe considerar que, la libertad del imputado se encuentra en peligro a consecuencia de la declaratoria de rebeldía y no puede condicionarse su apersonamiento o comparecencia a un factor estrictamente económico” (las negrillas nos corresponden).
4 En el FJ. III.2. sostiene: “Así, en atención al derecho a la libertad personal y a efectos de no interrumpir la tramitación de la causa corresponde cuando el declarado rebelde en juicio y presentare un memorial justificando su inasistencia al proceso aunque en el mismo no se señale expresamente su apersonamiento será reconducida al art. 91 del Código de Procedimiento Penal (CPP), si así se desprende de su contenido. Otro entendimiento no sólo implicaría revestir de rigorismos a la tramitación de solicitudes de las cuales dependa la libertad personal sino una importante afectación al principio de celeridad procesal, que: “Comprende la agilidad de los procesos judiciales tramitados, procurando que su desarrollo garantice el ejercicio oportuno y rápido de la administración de justicia” (art. 30.3 de la LOJ)”.
c) Prevenir los delitos, faltas, contravenciones y otras manifestaciones antisociales. d) Cumplir y hacer cumplir las leyes, reglamentos y demás disposiciones relacionadas con sus funciones (…) w) Tomar las precauciones y medidas necesarias para la eficiente labor policial, cumpliendo otras funciones que no estuviesen previstas en las precedentes (…) 1) Cuando la persona haya sido sorprendida en flagrancia -ante la concurrencia de uno de los supuestos contenidos en el art. 230 del citado Código-; 2) En cumplimiento de mandamiento de aprehensión librado por juez o tribunal competente; 3) En cumplimiento de una orden emanada del fiscal; y, 4) Cuando la persona se haya fugado estando legalmente detenida”. Artículo 225°.- (Arresto). Cuando en el primer momento de la investigación sea imposible individualizar a los autores, partícipes y testigos, y se deba proceder con urgencia para no perjudicar la investigación, el fiscal o la policía podrán disponer que los presentes no se alejen del lugar, no se comuniquen entre sí antes de informar, ni
7 El FJ III.1, señala: “Que, la norma prevista por el art. 227 CPP faculta a la Policía a aprehender a una persona únicamente en los casos siguientes: a) cuando la persona haya sido sorprendida en flagrancia; b) en cumplimiento de mandamiento de aprehensión librado por Juez o tribunal competente; c) en cumplimiento de una orden emanada del fiscal, y d) cuando la persona se haya fugado estando legalmente detenida. Además de los citados casos la Policía también puede arrestar conforme a la norma prevista por el art. 225 CPP, cuando concurran las circunstancias siguientes: a) cuando en el primer momento de la investigación sea imposible individualizar a los autores, partícipes y testigos y b) se deba proceder con urgencia para no perjudicar la investigación. Que, de las normas citadas se infiere que la Policía no está supeditada a obtener ninguna orden emanada de otra autoridad en los casos señalados en los incisos a) y b), pues en éstos, se constituye en la autoridad competente con facultad suficiente para disponer en el hecho la aprehensión, atribución que también se le ha dado en los mismos términos cuando deba proceder al arresto. Que, de la interpretación efectuada, se establece también que cuando la Policía hace uso de la potestad que le otorgan las mismas, simplemente está limitando el derecho a la libertad física, empero cuando fuera de dichos casos y circunstancias procede a aprehender o arrestar, su actuación no es legal sino indebida y por lo mismo puede subsumirse en los supuestos previstos en el art. 18 CPE, que dan lugar no sólo a buscar la tutela que otorga el recurso instituido en dicha disposición fundamental sino que motivan y obligan, con sustento jurídico suficiente, a otorgar la tutela en resguardo del derecho referido”.
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0197_2024-S1.pdf · páginas 1 a 19.
Huella digital del PDF (SHA-256): 18d029679a362ac01a25cc350e07fefc0b8bdb1aa768d5efe3d29bb43d11426d
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