B.IA.LEGAL

SCP 0197/2023-S2

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Segunda · 24 de abril de 2023

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Segunda
Fecha
24 de abril de 2023
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrada relatora
MSc. Brigida Celia Vargas Barañado
Expediente
46521-2022-94-AAC
Departamento
Oruro
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 38/2022 de 21 de marzo, cursante de fs. 267 a 271 vta., dictada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro; y en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional.

¿Tenés un caso parecido?

B.IA.Legal lee esta sentencia junto con tu expediente, te dice en qué te sirve y te ayuda a redactar el memorial con la cita exacta, sacada del texto del Tribunal.

Probá 6 consultas gratis con registro y foto en tiempo real, y tu matrícula del RPA

¿No sos abogado? Hacé tu consulta legal gratis →

Texto completo

Texto tal como la publicó el Tribunal Constitucional Plurinacional, leído de su PDF oficial. Se sacaron solo los números de página.

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0197/2023-S2 Sucre, 24 de abril de 2023 SALA SEGUNDA Magistrada Relatora: MSc. Brigida Celia Vargas Barañado Acción de amparo constitucional Expediente: 46521-2022-94-AAC Departamento: Oruro En revisión la Resolución 38/2022 de 21 de marzo, cursante de fs. 267 a 271 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Luis Román Pacheco Vargas contra Julio Huarachi Pozo, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 16 de marzo de 2022, cursante de fs. 245 a 249, el accionante expresó que:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal que le sigue el Ministerio Público, a instancia de Janeth Jenifer y Sandra Gonzales Núñez -víctimas y terceras interesadas-, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, la Jueza de Instrucción Penal Séptima de la Capital del departamento de Oruro, mediante Auto Interlocutorio 083/2022 de 15 de febrero, declaró improcedente la pretensión de la detención preventiva y dispuso las medidas establecidas en el art. 231 bis del Código de Procedimiento Penal (CPP); determinación que fue objeto del recurso de apelación incidental por el Fiscal de Materia y las aludidas, cuestionando una presunta falta de fundamentación del mismo. El 8 de marzo del citado año, se llevó a cabo la audiencia para ese efecto, pronunciándose el Auto de Vista 55/2022 de ese fecha, por el Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro -demandado-, quien con argumentos insuficientes para el cumplimiento de las tres finalidades de las medidas cautelares de carácter personal, revocó el fallo impugnado y dispuso arbitrariamente su detención preventiva por dos meses, entendiendo que: a) Fuera suficiente la concurrencia de los numerales 1 y 2 del art. 233 del citado Código -probabilidad de autoría y riesgo de fuga-, a fines de la medida extrema, generando duda y omitiendo exigir la necesaria fundamentación referente al numeral 3 -temporalidad- de dicho artículo; y, b) No justificó ni demostró la necesidad de la referida medida impuesta con elementos de convicción, sin inmiscuirse en actos investigativos y con los tres requisitos que establece el citado artículo.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denunció la lesión de sus derechos al debido proceso en sus componentes de fundamentación y motivación, a ser odio y juzgado previamente en un debido proceso, a la defensa y a una justicia plural pronta, oportuna y transparente; y, de los principios de seguridad jurídica y legalidad, citando al efecto los arts. 115 y 117 de la Constitución Política del Estado (CPE); y, 8.I y 25.I de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela; y en consecuencia, se ordene la nulidad del Auto de Vista 55/2022, disponiendo la emisión de uno nuevo, con respeto pleno de sus derechos y garantías constitucionales.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia pública el 21 de marzo de 2022, según consta en acta cursante de fs. 259 a 266, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

El accionante ni su abogado asistieron a la audiencia de garantías, pese a su notificación cursante a fs. 251.

I.2.2. Informe del demandado

Julio Huarachi Pozo, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, no compareció a la audiencia de garantías, tampoco presentó informe escrito alguno; no obstante, su notificación cursante a fs. 252.

I.2.3. Intervención de las terceras interesadas

Janeth Jhenifer Gonzáles Núñez, a través de su abogado, en audiencia de garantías, pidió se deniegue la tutela, expresando que: 1) En el memorial de esta acción tutelar, el accionante fue muy genérico al señalar que se le vulneraron sus derechos sin concretizarlos, limitándose a indicar que no existió una fundamentación en relación al art. 233.3 del CPP, infiriendo que denuncia una falta de motivación; sin embargo, su persona alegó la necesidad de explicar los elementos que hacen a la detención preventiva; lo que, no estaba orientado a la disposición legal mencionada, sino de los arts. 221 y 222 del citado Código; puesto que, el art. 233.3 del Código Adjetivo Penal, está referido al plazo, y este fue solicitado por ella como víctima y el Ministerio Público, a efecto de la realización de actos investigativos; y, 2) En el presente caso, el Auto de Vista 55/2022 no fue arbitrario al haber establecido los tres requisitos para la procedencia de la medida extrema del peticionante de tutela, como son la probabilidad de autoría, peligro de fuga y el plazo de la misma, por cuatro meses. Sandra Gonzáles Núñez, a través de su abogado en audiencia de garantías, peticionó que se declare “improcedente” esta acción tutelar, manifestando que: Solicitó la privación de libertad del accionante, al concurrir el art. 233 numerales 1, 2 y 3 del CPP, este último numeral referido al plazo; motivo por el cual, en apelación el Vocal demandado la ordenó, no siendo tampoco evidente que se vulneró su derecho a la defensa porque en todo momento la asumió; teniendo presente además, que su procesamiento se debe a la transgresión de la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres un Vida Libre de Violencia -Ley 348 de 9 de marzo de 2013, y en consideración a que al ser mujeres, se encuentran en un grupo vulnerable y gozan de protección reforzada, se lesionó las medidas de protección que se impusieron.

I.2.4. Resolución

La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, mediante Resolución 38/2022 de 21 de marzo, cursante de fs. 267 a 271 vta., concedió en parte la tutela solicitada, únicamente respecto al derecho al debido proceso en sus componentes de fundamentación y motivación, “…y no así con relación a los otros derechos invocados como lesionados…” (sic), disponiendo se anule el Auto de Vista 55/2022, debiendo la autoridad demandada, emitir una nueva resolución; con base en los siguientes fundamentos: i) Con relación al derecho a la defensa y al principio de seguridad jurídica, no especificó cómo a través del citado Auto de Vista, se vulneró los mismos; ii) El citado Auto de Vista respecto de los alegatos de los apelantes; si bien, da respuesta en los puntos 1, 2 y 3; empero, en el punto cuarto, concluyó que solo era necesaria la concurrencia de los numerales 1 y 2 del art. 233 del CPP, para que la detención preventiva sea obligatoria, desconociendo la finalidad del numeral 3 de la misma disposición legal, que debe estar debidamente fundamentada; puesto que, no basta solicitar la referida medida impuesta sin acreditar el grado de fundamentación del tercer elemento, que es la temporalidad; y, iii) No se especificó de manera clara, las razones de derecho en que se basó el Vocal demandado, respecto a los tres numerales insertos en el art. 233 del citado Código; es decir, la existencia de probabilidad; que no se someterá al proceso u obstaculizará; y, el plazo de la detención preventiva, que debieron ser fundamentados de forma expresa.

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

No habiendo encontrado consenso en la Sala, de conformidad al art. 30.I.6 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional (LTCP), se procedió a convocar al Presidente de este Tribunal, a fin de dirimir con su voto el caso en análisis.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Luis Román Pacheco Vargas -accionante-, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, la Jueza de Instrucción Penal Séptima de la Capital del departamento de Oruro, mediante Auto Interlocutorio 083/2022 de 15 de febrero, dispuso declarar improcedente la detención preventiva del prenombrado y determinó: “…APLICAR MEDIDAS CAUTELARES DE CARÁCTER PERSONAL previstas en el Art. 231 Bis. del Código de Procedimiento Penal…” (sic), contra esa decisión formularon apelación incidental el Ministerio Público y las terceras interesadas (fs. 2 a 8). II.2. Cursa Auto de Vista 55/2022 de 8 de marzo, dictado por Julio Huarachi Pozo, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro -ahora demandado-, que resolvió los recursos de impugnación supra citados, determinando en su parte dispositiva: “…declara PROCEDENTES los recursos de apelación interpuestos por el Ministerio Público y la parte víctima, en consecuencia se REVOCA la Resolución Judicial N° 83/2022 de 15 de febrero de 2022 (…) En consecuencia se ordena la detención preventiva del hoy imputado Luis Román Pacheco Vargas, a cumplir en la cárcel pública de ‘San Pedro’, de la ciudad de Oruro, por el lapso de dos meses, a cuyo efecto, la jueza inferior deberá emitir el correspondiente mandamiento de detención preventiva…” (sic [fs. 9 a 11]).

III. FUNDAMENTOS JURIDÍCOS DEL FALLO

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus componentes de fundamentación y motivación, a ser odio en un debido proceso y juzgado previamente a su sanción, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna y transparente; y, de los principios de seguridad jurídica y legalidad; arguyendo que -dentro del proceso penal que le siguen por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, en el que se benefició con medidas sustitutivas a la detención preventiva, mediante el Auto Interlocutorio 083/2022 de 15 de febrero, emitido por la Jueza de la causa- el Vocal demandado en conocimiento de los recursos de apelación formulados por el Ministerio Público y las terceras interesadas, emitió el Auto de Vista 55/2022 de 8 de marzo, revocando dicha determinación y dispuso de forma arbitraria su detención preventiva, omitiendo exigir a los recurrentes la necesaria fundamentación respecto del numeral 3 -temporalidad- del art. 233 del CPP, asumiendo por suficientes -a fines de dicha medida gravosa-, la concurrencia de los numerales 1 y 2 del mencionado artículo, sin justificar ni demostrar la necesidad de dicha medida impuesta con elementos de convicción. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.

III.1. El derecho a la fundamentación y motivación de resoluciones como componentes del debido proceso

Sobre el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada y motivada, la SCP 0893/2014 de 14 de mayo, concluyó que: «…El contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada o derecho a una resolución motivada, fue desarrollado en la SCP 2221/2012 de 8 de noviembre, y complementado por la SCP 0100/2013 de 17 de enero, teniendo en cuenta las finalidades que persigue este derecho fundamental. Así, las señaladas Sentencias Constitucionales Plurinacionales, concluyeron que las finalidades implícitas que determinan el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada o derecho a una resolución motivada (judicial, administrativa o cualesquier otra, expresada en una resolución en general, sentencia, auto, etcétera) que resuelva un conflicto o una pretensión son: “1) El sometimiento manifiesto a la Constitución, conformada por: 1.a) la Constitución formal; es decir, el texto escrito; y, 1.b) Los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que forman el bloque de constitucionalidad; así como a la ley, traducido en la observancia del principio de constitucionalidad y del principio de legalidad; 2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: el valor justicia, el principio de interdicción de la arbitrariedad, el principio de razonabilidad y el principio de congruencia; 3) Garantizar la posibilidad de control de la resolución en cuestión por los tribunales superiores que conozcan los correspondientes recursos o medios de impugnación; 4) Permitir el control de la actividad jurisdiccional o la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado por parte de la opinión pública, en observancia del principio de publicidad…” (SCP 2221/2012 de 8 de noviembre); y, “…5) La exigencia de la observancia del principio dispositivo, que implica la exigencia que tiene el juzgador de otorgar respuestas a las pretensiones planteadas por las partes para defender sus derechos…” (SCP 0100/2013 de 17 de enero). Sobre el segundo contenido; es decir, lograr el convencimiento de las partes de que la resolución no es arbitraria, sino por el contrario, observa: el valor justicia, el principio de interdicción de la arbitrariedad, el principio de razonabilidad y el principio de congruencia, en la SCP 2221/2012, el Tribunal Constitucional Plurinacional ha desarrollado las formas en las que puede manifestarse la arbitrariedad, señalando: “…la arbitrariedad puede estar expresada en: b.1) una ‘decisión sin motivación’, o extiendo esta es b.2) una ‘motivación arbitraria’; o en su caso, b.3) una ‘motivación insuficiente’” desarrollando más adelante, el contenido de cada una de ellas. “b.1) Por ejemplo, cuando una resolución en sentido general (judicial, administrativa, etc.), no da razones (justificaciones) que sustenten su decisión, traducido en las razones de hecho y de derecho, estamos ante la verificación de una ‘decisión sin motivación’, debido a que ‘decidir no es motivar’. La 'justificación conlleva formular juicios evaluativos (formales o materiales) sobre el derecho y los hechos sub iudice [asunto pendiente de decisión]’. b.2) Del mismo modo, verbigracia, cuando una resolución en sentido general (judicial, administrativa, etc.) sustenta su decisión con fundamentos y consideraciones meramente retóricas, basadas en conjeturas que carecen de todo sustento probatorio o jurídico alguno, y alejadas de la sumisión a la Constitución y la ley, se está ante una ‘motivación arbitraria’. Al respecto el art. 30.II de la Ley del Órgano Judicial (LOJ) ‘Obliga a las autoridades a fundamentar sus resoluciones con la prueba relativa sólo a los hechos y circunstancias, tal como ocurrieron, es escrito cumplimiento de las garantías procesales’. En efecto, un supuesto de 'motivación arbitraria' es cuando una decisión coincide o deviene de la valoración arbitraria, irrazonable de la prueba o, en su caso, de la omisión en la valoración de la prueba aportada en el proceso (SC 0965/2006-R), que influye, en ambos casos, en la confiabilidad de las hipótesis fácticas (hechos probados) capaces de incidir en el sentido, en los fundamentos de la decisión. Es decir, existe dependencia en cómo cada elemento probatorio fue valorado o no fue valorado, para que se fortalezca o debilite las distintas hipótesis (premisas) sobre los hechos y, por ende, la fundamentación jurídica que sostenga la decisión. (…) b.3) De otro lado, cuando una resolución no justifica las razones por las cuales omite o se abstiene de pronunciar sobre ciertos temas o problemas jurídicos planteados por las partes, se está ante una 'motivación insuficiente”’» (las negrillas nos corresponden).

III.2. Obligación del tribunal de apelación de fundamentar y motivar la resolución que disponga, modifique o mantenga una medida cautelar

Al respecto, la SCP 0339/2012 de 18 de junio, estableció que: “El Tribunal Constitucional, ha desarrollado amplia jurisprudencia sobre cuáles son las condiciones y formalidades que debe cumplir la resolución que disponga una medida cautelar de carácter personal de detención preventiva de un imputado y/o imputada, a través de la SC 1141/2003 de 12 de agosto, citada a su vez por la SC 0089/2010-R de 4 de mayo, sosteniendo que: ‘...la aplicación de una medida cautelar de carácter personal en el ámbito procesal penal debe cumplir con las condiciones de validez legal, lo que significa que, la autoridad judicial competente, para adoptar la decisión de aplicar la detención preventiva, de una parte, está obligado a verificar y determinar la concurrencia de los requisitos previstos por el art. 233 CPP, para lo que deberá contrastar la solicitud fundamentada del Ministerio Público con los elementos de prueba presentados sobre la concurrencia de los requisitos, en el marco de las normas previstas por los arts. 234 y 235 CPP; de otra parte, deberá fundamentar en derecho la decisión de aplicar la medida cautelar de carácter personal, pues tomando en cuenta que uno de los principios fundamentales inherentes al Estado Democrático de Derecho es la motivación de las decisiones de las autoridades públicas, el juez está obligado a expresar los motivos de hecho y de derecho en que se basa su convicción determinativa de la concurrencia de los requisitos, así como el valor otorgado a los medios de prueba, esa fundamentación no puede ser reemplazada por la simple relación de los documentos o la mención de los requerimientos de las partes; de modo que está obligado a expresar los presupuestos jurídicos que motivan la medida, con cita de las normas legales aplicables y la descripción clara y objetiva de los elementos de convicción concurrentes’. En cuanto al Tribunal de apelación, la citada SC 0089/2010-R, señaló: ‘…está obligado igualmente a dictar una resolución debidamente fundamentada sobre la necesidad de aplicar dicha medida cautelar de carácter personal, explicando la concurrencia de los dos requisitos determinados en el art. 233 del CPP. En ese sentido, se ha establecido que el Tribunal de apelación, está obligado a motivar y fundamentar su Resolución, precisando los elementos de convicción que le permiten concluir en la necesidad de revocar las medidas sustitutivas y aplicar la detención preventiva; a cuyo efecto, debe también justificar la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos por el art. 233 del CPP y una o varias de las circunstancias señaladas por los arts. 234 y 235 del CPP, mediante una resolución debidamente fundamentada, conforme exige el art. 236 del CPP, puesto que sólo cuando se han fundamentado debidamente estas dos situaciones, se puede disponer la detención preventiva’. Así también, la SC 0782/2005-R de 13 de julio, determinó que: ‘Ahora bien, la exigencia de pronunciar una resolución motivada en la que se establezca la concurrencia de los requisitos de validez para determinar la detención preventiva, entendiendo por motivo fundado a aquél conjunto articulado de hechos que permiten inferir de manera objetiva que la persona imputada es probablemente autora de una infracción o partícipe de la misma y que existe riesgo de fuga y/u obstaculización de la averiguación de la verdad no sólo alcanza al juez cautelar, sino también al tribunal que conozca en apelación la resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, toda vez que si bien de conformidad con el art. 251 del CPP, las medidas cautelares dispuestas por el juez cautelar, pueden ser apeladas y, por lo mismo, modificadas, ello no significa que el tribunal de apelación cuando determine disponer la detención preventiva, esté exento de pronunciar una resolución lo suficientemente motivada, en la que se exprese la concurrencia de los dos requisitos que la ley impone para la procedencia de esa medida cautelar’. De lo que se concluye que la fundamentación de las resoluciones judiciales no sólo es exigible al momento de disponer la detención preventiva, sino también cuando se rechaza la solicitud de cesación de la detención preventiva, se determine la sustitución o modificación de esa medida o, finalmente, cuando se la revoca; aclarándose que la fundamentación se exige tanto en las resoluciones pronunciadas en primera instancia, como aquellas emitidas en apelación y en toda decisión judicial conforme establece el art. 124 del CPP” (énfasis añadido).

III.3. Análisis del caso concreto

De los antecedentes adjuntos al expediente, se tiene el Auto Interlocutorio 083/2022 de 15 de febrero, pronunciado por la Jueza de Instrucción Penal Séptima de la Capital del departamento de Oruro -dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra el accionante, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica-, quien dispuso “…APLICAR MEDIDAS CAUTELARES DE CARÁCTER PERSONAL previstas en el Art. 231 Bis. del Código de Procedimiento Penal…” (sic [Conclusión II.1]); que al haberse formulado recursos de apelación incidental por el Ministerio Público y las terceras interesadas, fue dictado el Auto de Vista 55/2022 de 8 de marzo, por el Vocal demandado, declarando “…PROCEDENTES los recursos (…) REVOCA la Resolución Judicial N° 83/2022 de 15 de febrero de 2022 (…) En consecuencia ordena la detención preventiva del hoy imputado Luis Román Pacheco Vargas (…) por el lapso de dos meses…” (sic [Conclusión II.2]). Fallo que es motivo de esta acción tutelar, denunciando la lesión de los derechos invocados, atribuyendo a la autoridad demandada -quien al haber revocado las medidas sustitutivas a su detención preventiva, impuestas por la Jueza a quo y dispuesto en su lugar la medida de ultima ratio-, hubiese inobservado en su análisis la exigencia a los apelantes de fundamentar la concurrencia íntegra del art. 233.3 del CPP, asumiendo que fuera -a fines de la detención preventiva-suficiente la persistencia de los numerales 1 y 2 del citado artículo; así como, tampoco justificó ni demostró la necesidad de la referida medida impuesta con elementos de convicción, conteniendo un examen absolutamente arbitrario y carente de los componentes del debido proceso. Delimitado el objeto procesal que nos ocupa, corresponde examinar los fundamentos desplegados del Auto de Vista 55/2022, a fin de precisar y determinar si resultan evidentes las aseveraciones denunciadas por el peticionante de tutela, cuya decisión razonó que: a) Con relación al art. 233.1 del CPP “…la jueza inferior, da por concurrente el Núm. 1 del art. 233 del Código de Procedimiento Penal; sobre este aspecto, la parte imputada no ha cuestionado en esta audiencia de apelación, es más señala que, no hubiese interpuesto el recurso de apelación, en consecuencia se entiende que este requisito procesal esencial se encontraría latente, eso debe quedar claro en el proceso que estamos analizando a los efectos de la presente resolución” (sic); b) Respecto al numeral 2 del art. 233 del mismo Código, con referencia al art. 234.6 de igual cuerpo legal, “…la fiscalía ha sostenido en sentido que el imputado tiene dos procesos penales. Sobre este particular, en el auto impugnado, a fs. 112 a 113 del cuaderno de apelación, la jueza inferior da por concurrente dicho riesgo de fuga e incluso señala los números de casos penales, de tal manera que, en el caso analizado concurre dicho riesgo de fuga. En el mismo sentido concurriría el Núm. 7 del art. 234 del Código de Procedimiento Penal, así se tiene a fs. 113, del cuaderno de apelación, o sea en el auto impugnado; en suma, concurren los dos presupuestos procesales para los fines de la detención preventiva y como emergencia de aquello, la fiscalía viene realizando varios actos de investigación penal que fue cuestionado, además de los demás actos de investigación que hubiese hecho conocer al juez de la causa, por este motivo en este caso en concreto, debemos observar la razonabilidad sobre la concurrencias de la detención preventiva, es decir sobre los plazos en la forma que ha invocado.

…para los fines de la detención preventiva, deben concurrir la existencia y probable participación del imputado en el hecho punible, aspecto que no está en discusión, asimismo, deben concurrir el o los riesgos procesales, sea de fuga o de obstaculización, cualquiera de estas; en el caso analizado, concurre los dos riesgos de fuga, que no fueron debidamente cuestionadas por la parte imputada menos apelada, respecto al art. 234 Núms. 6 y 7 del Código de Procedimiento Penal y con esos requisitos es suficiente ordenar la detención preventiva” (sic); y, c) “…respecto a la duración de la detención preventiva, a los fines de los actos de investigación, la fiscalía sostuvo los 4 meses de la detención preventiva, empero, también a la defensa tiene razón en referir que se están cumpliendo algunos actos de investigación, empero, tampoco se han precisado que actos de investigación se estuvieran realizando, de tal manera que, la duración de la detención preventiva, debe ser dentro de los marcos de razonabilidad, a los efectos de establecer la investigación penal en etapa preparatoria, en todo caso, en los de la materia, así analizados, procede la detención preventiva en el presente proceso penal, en otros términos, se encontraba justificado, porque la misma jueza inferior, llega a establecer los presupuestos procesales de la detención preventiva, empero, extrañamente, no dispone la detención preventiva, reitero este tribunal de apelación, mantiene esa interpretación legal, en sentido que, cuando concurren los dos presupuestos procelas, y como consecuencia de aquello, el plazo de la duración de la detención preventiva, son los requisitos mínimos para hacer viable la revocatoria del auto impugnado…” (sic). Efectuadas dichas consideraciones, se evidencia que el Vocal demandado a través del Auto de Vista 55/2022, declaró procedente las cuestiones planteadas mediante los recursos de apelación interpuestos por el Ministerio Público y las terceras interesadas; y en efecto, revocó la decisión de la Jueza a quo, que dispuso medidas sustitutivas a la detención preventiva del impetrante de tutela; para cuyo análisis, cabe observar el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; el cual, estableció que la fundamentación y motivación de las resoluciones judiciales -como componentes del debido proceso-, constituyen derechos elementales; en consecuencia, las autoridades judiciales a tiempo de emitir sus fallos, deben desplegar una fundamentación descriptiva, fáctica jurídica e intelectiva -los motivos de hecho y de derecho de la decisión asumida-, resultando en el cimiento de las determinaciones arribadas, no siendo necesaria la exigencia de una exposición amplia de consideraciones y citas legales, tampoco lo es constituir una mera relación de los documentos o mención de los requerimientos de las partes, debiendo contener una estructura de forma y de fondo, en la que los motivos sean expuestos de manera clara, satisfaciendo todos los puntos demandados, expresando las razones determinativas y justificación que la sostengan. Ahora bien, bajo ese marco jurisprudencial, el análisis efectuado por la autoridad demandada en la referida decisión, dio por concurrente el art. 233.1 del CPP; en virtud a que, el accionante no cuestionó en la audiencia de fundamentación de los recursos de apelación, ni impugnó el fallo de primera instancia, concluyendo que dicho requisito procesal se encontraría latente. Con relación al segundo punto, el fallo en examen justificó dicha medida en referencia al art. 234.6 del citado Código, vinculado al art. 233.2 de la misma norma, infiriendo por su concurrencia; en virtud a que, el solicitante de tutela tiene dos procesos penales, tal cual fue analizado por la Jueza inferior, quien identificó el historial de los mismos, que se encontrarían con imputación formal, acreditando con ello la actividad reiterada del prenombrado y dar por latente dicho riesgo de fuga; así como, respecto del art. 234.7 del CPP; sobre el cual, la Fiscalía Departamental de Oruro vendría realizando actos de investigación, comunicados a dicha autoridad jurisdiccional, advirtiéndose una explicación concreta que le llevó a revocar la disposición de la aludida Jueza, justamente sustentada en que no se llegó a desvirtuar con elementos objetivos el citado presupuesto, configurando a partir de una valoración y análisis integral de los antecedentes, motivos suficientes para considerar revocar las medidas sustitutivas y disponer la detención preventiva; así como, respecto de la proporcionalidad como sustento de la necesidad para determinar el plazo de la medida extrema por dos meses; por cuanto, el Auto de Vista en estudio consideró dicho aspecto en el marco de la razonabilidad, a los efectos de establecer la investigación penal en etapa preparatoria, ratificando la justificación de la indicada Jueza; en sentido de que, cuando concurren los dos presupuestos procesales, estos resultan en requisitos mínimos para la revocabilidad del Auto Interlocutorio impugnado, y como consecuencia de aquello, el plazo de la duración de la detención preventiva. Concluyendo su examen, con la valoración desplegada por la Jueza de la causa, siendo que dicha potestad valorativa corresponde a la autoridad jurisdiccional, y el hecho que, de la labor interpretativa desplegada por el Vocal demandado no haya emergido un resultado a su favor del accionante, no implica que se haya realizado un examen carente de sustento como pretende hacer ver el aludido, advirtiéndose al contrario un examen que justifica las razones del porqué correspondía restablecer su detención preventiva; consecuentemente, dicha autoridad consideró un análisis integral a partir de la norma que regula el régimen de las medidas cautelares que prevé el Código de Procedimiento Penal para situaciones donde se investiga la comisión del delito de violencia familiar o doméstica, conteniendo una expresa claridad que derivó en la disposición de detención preventiva del peticionante de tutela, revocando las medidas sustitutivas. Consiguientemente, el Auto de Vista 55/2022 desplegó una labor fundamentada y motivada de los presupuestos del caso de autos, señalando la justificación respectiva de la disposición de la detención preventiva para el prenombrado, y la necesidad de dictaminar la misma, actuando con razonabilidad para que las medidas cautelares cumplan su finalidad, sin afectar el debido proceso que protege los derechos de las partes, asumiendo una decisión acorde al orden constitucional; correspondiendo por ende la denegatoria de la tutela pretendida. Con relación a la lesión de sus derechos a la defensa, a ser oído en un debido proceso y juzgado previamente y a una justicia pronta, oportuna y transparente; y, los principios de seguridad jurídica y legalidad, corresponde su denegatoria, al no constatarse de qué manera hubieran sido vulnerados por parte de la autoridad demandada, limitándose el impetrante de tutela a su indicación. En consecuencia, la Sala Constitucional al haber concedido en parte la tutela solicitada, no obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 38/2022 de 21 de marzo, cursante de fs. 267 a 271 vta., dictada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro; y en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Al no existir consenso en Sala dentro del caso, dirime el Presidente Ph.D. Paul Enrique Franco Zamora; siendo de Voto Disidente el Magistrado MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano.

Ph.D. Paul Enrique Franco Zamora

PRESIDENTE

MSc. Brigida Celia Vargas Barañado MAGISTRADA

Más sobre Acción de amparo — doctrina general

Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0197_2023-S2.pdf · páginas 1 a 12.

Huella digital del PDF (SHA-256): b5c0169614bbed401884f6714ec24690b0446485cc6762b0496bdd03997bea09

La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.

Ver las sentencias más consultadas por abogados bolivianos →