Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Segunda · 2 de marzo de 2026
Concede en parte la tutela
El accionante denuncia la vulneración de su derecho al debido proceso en sus componentes fundamentación, motivación y congruencia; toda vez que, en la denuncia penal que sigue contra David Oviedo Rodríguez -tercero interesado-, por la presunta comisión del delito de estafa, la Fiscal de Materia codemandada emitió una resolución de rechazo de forma incongruente y sin valoración integral de la prueba, pese a existir un autor identificado, múltiples denuncias previas por estafa, pagos realizados por las víctimas y un mismo modus operandi, elementos suficientes para sustentar una imputación e incluso una acusación formal, que planteaba la objeción de rechazo de denuncia; el ex Fiscal Departamental codemandado, al ratificar la indicada Resolución incurrió en incongruencia y falta de motivación, basando su decisión en argumentos retóricos y valoraciones arbitrarias, sin que se hubiera iniciado una investigación efectiva, omitiendo la prueba documental presentada, sin analizar la posible configuración de los delitos de estafa y estelionato. Ante ello, el Fiscal Departamental demandado señala que, la Resolución Jerárquica F.D.O./F.G.A.C. […]
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 82/2022 de 24 de agosto, cursante de fs. 105 a 109, pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro; y, en consecuencia, 1° CONCEDER en parte la tutela solicitada, respecto a Orlando Agustín Zapata Sánchez, Fiscal Departamental y Freddy Gonzalo Álvarez Condori, ex Fiscal Departamental, ambos del departamento de Oruro y por la lesión del derecho al debido proceso en sus componentes fundamentación, motivación y congruencia, en los mismos términos dispositivos establecidos por la Sala Constitucional; y,
2° DENEGAR con relación a Lourdes Rivera Aguilar, Fiscal de Materia con base en la fundamentación expuesta en este fallo constitucional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0196/2026-S2 Sucre, 2 de marzo de 2026 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de amparo constitucional Expediente: 49937-2022-100-AAC Departamento: Oruro En revisión la Resolución 82/2022 de 24 de agosto, cursante de fs. 105 a 109, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Antonio Mallea Chávez contra Orlando Agustín Zapata Sánchez, Fiscal Departamental y Freddy Gonzalo Álvarez Condori, ex Fiscal Departamental ambos del departamento de Oruro; y, Lourdes Rivera Aguilar, Fiscal de Materia.
Por memoriales presentados el 3 y 5 de agosto de 2022, cursantes a fs. 1 y 59 a 61 vta.; y, 65, el accionante manifiesta lo siguiente:
Dentro del proceso penal que sigue a David Oviedo Rodríguez -tercero interesado-, por la presunta comisión del delito de estafa previsto en el art. 335 del Código Penal (CP), señala que se evidenciaron graves vulneraciones al derecho al debido proceso en sus elementos fundamentación, motivación y prohibición de la arbitrariedad, atribuibles tanto al Fiscal Departamental de Oruro -demandado- como a la Fiscal de Materia -codemandada-. Respecto al ex Fiscal Departamental de Oruro codemandado, afirma que al ratificar la Resolución Fundamentada de Rechazo -de 26 de mayo de 2017-, incurrió en incongruencia y falta de motivación, basando su decisión en argumentos retóricos y valoraciones arbitrarias, sin que se hubiera iniciado una investigación efectiva; omitió deliberadamente la prueba documental presentada; no analizó adecuadamente la posible configuración de los delitos de estafa y estelionato, pese a que el tercero interesado habría vendido un bien ajeno, vulnerando así el debido proceso. En cuanto a la Fiscal de Materia codemandada, sostiene que emitió la referida Resolución de Rechazo con incongruencia y sin una valoración integral de los elementos probatorios recolectados; afirmando que, del análisis del cuaderno de investigaciones, se advirtió la existencia de un autor plenamente identificado, así como informes de la unidad de sistemas del Ministerio Público, que dieron cuenta de que el tercero interesado registraba cuatro denuncias adicionales por la presunta autoría del delito de estafa, las cuales fueron formuladas por otras personas, además de contar con elementos objetivos, como la disposición de dinero por parte de las víctimas y las boletas de pagos parciales efectuados al nombrado, todos ellos bajo un mismo modus operandi, que pese a existir suficientes elementos probatorios que evidenciaban la reiteración de la actividad delictiva, la Fiscal de Materia codemandada emitió una resolución de rechazo incoherente y sin respaldo en el cuaderno de investigaciones, afirmando erróneamente la insuficiencia de pruebas, que se sustentó en un rechazo previo, el cual era inexistente en el expediente de su caso, y aunque esas irregularidades fueron objetadas, el ex Fiscal Departamental codemandado concluyó arbitrariamente que no se podía probar la comisión del delito de estafa, ignorando la prueba existente. Asimismo, cuestionó la actuación del Ministerio Público en el marco del modelo de fiscalías especializadas en procesos por estafa, los fiscales omitieron dictar resoluciones debidamente fundamentadas y valorar objetivamente las pruebas, dejando en indefensión a las víctimas; pese a la existencia de daño económico y elementos probatorios suficientes, las investigaciones no fueron adecuadamente reconducidas ni se atribuyeron responsabilidades penales, incurriéndose en arbitrariedad e incongruencia que vulnera el derecho al debido proceso en sus componentes fundamentación, motivación y congruencia.
Denuncia la lesión del derecho al debido proceso en sus componentes fundamentación, motivación y congruencia; citando al efecto el art. 115 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicita se conceda la tutela impetrada; y, en consecuencia: a) Anular la Resolución Fundamentada de Rechazo de 26 de mayo de 2017 y la Resolución Jerárquica -F.D.O./F.G.A.C. 244- de 3 de febrero de 2022, debiendo las autoridades demandadas emitir fallos debidamente fundamentados y motivados, conforme a los datos que aporta el cuaderno de investigaciones; y, b) Tasación de costas daños y perjuicios.
Celebrada la audiencia pública el 24 de agosto de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 101 a 104, se produjeron los siguientes actuados:
El accionante, a través de su abogado, ratificó in extenso el contenido de su memorial de acción de libertad, y ampliando señaló que: 1) Cuestiona el informe presentado por el Fiscal Departamental demandado y la Resolución Jerárquica -F.D.O./F.G.A.C. 244- emitida por el ex Fiscal Departamental codemandado, al considerarlos arbitrarios y carentes de debida fundamentación y motivación, puesto que vulneran el debido proceso, la legalidad y la supremacía constitucional, al no valorar integralmente el cuaderno de investigaciones ni los elementos probatorios aportados, incumpliendo lo establecido por la Ley Orgánica del Ministerio Público y la jurisprudencia constitucional; y, 2) Tanto la referida Resolución Jerárquica como la Resolución Fundamentada de Rechazo -de 26 de mayo de 2022-, se basan en argumentos genéricos de atipicidad sin analizar los hechos concretos, el engaño, el error y el modus operandi del tercero interesado, ni las pruebas existentes en su caso, e incluso hicieron referencia a supuestas resoluciones previas, las cuales eran inexistentes; omisiones que evidencian falta de congruencia, razonabilidad y motivación suficiente; por lo que, solicita la nulidad de ambas Resoluciones y la emisión de nuevos fallos debidamente fundamentados, con valoración objetiva de la prueba y dentro de un plazo razonable.
Orlando Agustín Zapata Sánchez, Fiscal Departamental de Oruro, por informe escrito cursante a fs. 79 y vta., sostuvo que: i) La Resolución Jerárquica F.D.O./F.G.A.C. 244, fue emitida conforme a los principios constitucionales del debido proceso, derecho a la defensa y justicia pronta y efectiva, en cumplimiento de las funciones y principios que rigen al Ministerio Público; por cuanto, resolvió el memorial de objeción al rechazo de denuncia, luego de un análisis integral de los fundamentos expuestos por la Fiscal de Materia codemandada, la parte denunciante y los elementos probatorios del cuaderno de investigaciones; ya que, de dicha valoración concluyó que los hechos denunciados no configuraban el tipo penal, careciendo de identidad penal, por lo que resultaba inconsistente proseguir la causa en la vía penal, correspondiendo su tratamiento en la vía civil conforme al principio de subsidiariedad del derecho penal; y, ii) Afirmó que la indicada Resolución Jerárquica se encuentra debidamente motivada y fundamentada, no existiendo vulneración de derechos constitucionales; por lo que, solicitó declarar improbada la acción de amparo constitucional y denegar la tutela impetrada. Freddy Gonzalo Álvarez Condori, ex Fiscal Departamental de Oruro, no presentó informe escrito alguno, ni participó en la audiencia de garantías, pese a su citación cursante a fs. 70
David Oviedo Rodríguez, no presentó escrito alguno, ni se hizo presente en la audiencia de garantías, a pesar de su citación cursante a fs. 100.
La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, por Resolución 82/2022 de 24 de agosto, cursante de fs. 105 a 109, concedió en parte la tutela solicitada en relación a Orlando Agustín Zapata Sánchez, Fiscal Departamental y Freddy Gonzalo Álvarez Condori, ex Fiscal Departamental ambos del departamento de Oruro, disponiendo dejar sin efecto la Resolución Jerárquica F.D.O./F.G.A.C. 244, instruyendo al actual Fiscal Departamental del indicado departamento emitir un nuevo fallo que tome en cuenta los fundamentos de esa resolución constitucional y proceda a realizar una valoración integral de todos los antecedentes de la causa; y, denegó respecto a Lourdes Rivera Aguilar, Fiscal de Materia; con base en los siguientes fundamentos: a) La parte accionante impugnó la resolución de rechazo de una investigación penal por estafa, alegando que la Fiscal de Materia codemandada rechazó la denuncia sin identificar adecuadamente al denunciado ni valorar de forma suficiente las pruebas; que, luego de la impugnación, el ex Fiscal Departamental codemandado ratificó el rechazo mediante la citada Resolución Jerárquica, lo que motivó la acción de amparo constitucional por presunta vulneración del debido proceso, especialmente por falta de fundamentación, motivación y congruencia; y, b) El Fiscal Departamental demandado sostuvo que la aludida Resolución estaba motivada y que los hechos no configuraban el referido delito, al carecer de los elementos de engaño y error, señalando además que se trataba de un asunto de naturaleza civil; sin embargo, del análisis de los antecedentes, la Sala Constitucional advirtió que no se respondieron a varios puntos esenciales de la indicada objeción, como la inexistencia de un informe preliminar policial, la falta de actos investigativos, la existencia de múltiples víctimas, la citada omisión de declaraciones y pericias relevantes; por lo que, concluyó que la Resolución Jerárquica no valoró integralmente los antecedentes ni respondió a todos los agravios planteados, incurriendo en incongruencia y vulnerando el derecho al debido proceso; y, en aplicación del principio de subsidiariedad, el análisis se limita dicha Resolución Jerárquica, al ser esta la que pudo corregir las deficiencias del fallo de la Fiscal de Materia codemandada.
Mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 004/2025-II de 30 de diciembre, ante el cese de cinco Magistraturas, se dispuso la devolución a la Comisión de Admisión de los expedientes y causas sorteadas para la realización de un nuevo sorteo de manera aleatoria y equitativa entre las Salas Primera, Segunda y Tercera del Tribunal Constitucional Plurinacional, a fin de que los actuales Magistrados asuman el conocimiento y prosigan con la tramitación de dichas causas hasta su conclusión, garantizando así la continuidad del servicio jurisdiccional (fs. 118 a 122); en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión, sin aguardar el orden cronológico respectivo, procedió al sorteo de la presente causa.
De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Se tiene Formulario de Denuncia ORU1601169 de 25 de abril de 2016 realizada por Antonio Mallea Chávez -accionante-, contra David Oviedo Rodríguez -tercero interesado-, por la presunta comisión del delito de estafa (fs. 2 y 3). II.2. Cursa memorial de 28 de abril de 2016, sin sello de recepción, por el cual, Jimmy Ivert Rodríguez Cáceres, Fiscal de Materia, comunica al Juez Instructor de turno en lo Penal, el inicio de investigaciones a denuncia del accionante en contra del tercero interesado, por la supuesta autoría del ilícito de estafa, previsto y sancionado por el art. 335 del CP (fs. 4). II.3. Consta memorial de 19 de abril de 2016, sin constancia de recepción, a través del que el impetrante de tutela interpone ante el Fiscal de Materia de Turno denuncia en contra del tercero interesado por la aparente comisión del delito descrito precedentemente (fs. 8 a 12 vta.). II.4. Corre la Resolución Fundamentada de Rechazo de 26 de mayo de 2017, emitida por Lourdes Rivera Aguilar, Fiscal de Materia -codemandada-, por la cual dispone el rechazo de denuncia interpuesta por el solicitante de tutela contra el tercero interesado, por la presunta comisión del ilícito de estafa; sosteniendo que, no se demostró que el denunciado haya participado en los hechos en el referido caso penal (fs. 40 a 41 vta.). II.5. Cursa memorial de 5 de junio de 2017, dirigido a la Fiscal de Materia codemandada, por el que, el accionante solicita reapertura de la investigación en base al cumplimiento de tareas de investigación; oficio que, mereció la providencia de 6 de igual mes y año, indicando que “Se tiene presente y considérese” (sic); de igual manera, se tiene el escrito de 30 de abril de 2021, por el cual el impetrante de tutela reitera su solicitud de reapertura de la investigación, afirmando que existirían nuevos elementos de juicio conforme al art. 304. núm. 3 del Código de Procedimiento Penal (CPP [fs. 43 a 45 vta.]). II.6. Se tiene memorial de 4 de abril de 2021, presentado el 5 de mayo del mismo año, por el cual, el solicitante de tutela interpuso objeción a la Resolución de Rechazo de Denuncia de 26 de mayo de 2017; resuelto por la Resolución Jerárquica F.D.O./F.G.A.C. 244 de 3 de febrero de 2022, emitida por Freddy Gonzalo Álvarez Condori, entonces Fiscal Departamental de Oruro, por la que ratificó la indicada Resolución de Rechazo de Denuncia (fs. 51 a 53 vta.; y, 54 a 58 vta.).
El accionante denuncia la vulneración de su derecho al debido proceso en sus componentes fundamentación, motivación y congruencia; toda vez que, en la denuncia penal que sigue contra David Oviedo Rodríguez -tercero interesado-, por la presunta comisión del delito de estafa, la Fiscal de Materia codemandada emitió una resolución de rechazo de forma incongruente y sin valoración integral de la prueba, pese a existir un autor identificado, múltiples denuncias previas por estafa, pagos realizados por las víctimas y un mismo modus operandi, elementos suficientes para sustentar una imputación e incluso una acusación formal, que planteaba la objeción de rechazo de denuncia; el ex Fiscal Departamental codemandado, al ratificar la indicada Resolución incurrió en incongruencia y falta de motivación, basando su decisión en argumentos retóricos y valoraciones arbitrarias, sin que se hubiera iniciado una investigación efectiva, omitiendo la prueba documental presentada, sin analizar la posible configuración de los delitos de estafa y estelionato. Ante ello, el Fiscal Departamental demandado señala que, la Resolución Jerárquica F.D.O./F.G.A.C. 244 de 3 de febrero de 2022, fue emitida en resguardo del debido proceso, del derecho a la defensa y la justicia efectiva, tras un análisis integral de la objeción al rechazo de denuncia, los fundamentos de la Fiscal de Materia y los elementos probatorios del cuaderno de investigaciones, de dicha valoración se concluyó que los hechos denunciados no configuran un tipo penal y deben ser tratados en la vía civil, conforme al principio de subsidiariedad del derecho penal; por lo que, la indicada Resolución Jerárquica está debidamente motivada y fundamentada, no existiendo vulneración de derechos constitucionales. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Al respecto, la SCP 0881/2025-S2 de 13 de agosto, señaló que: "El art. 73 del Código de Procedimiento Penal (CPP), establece que: ‘...Los fiscales formularán sus requerimientos y resoluciones de manera fundamentada y específica...’; precepto concordante con el art. 57 de la Ley Orgánica del Ministerio Público (LOMP), que dispone: ...Las y los Fiscales formularán sus requerimientos y resoluciones de manera fundamentada y específica...’. Al respecto, la SC 1523/2004-R de 28 de septiembre, señala que: ...toda decisión emitida dentro de un proceso penal que no implique cuestión de mero trámite sino que concierna al fondo de lo que se investiga debe ser necesariamente motivada o lo que es lo mismo, debidamente fundamentada, lo que significa, que tanto el fiscal o los jueces que conozcan el proceso, sea en control jurisdiccional o para resolver el fondo, deberán dictar sus requerimientos o resoluciones cumpliendo las exigencias de la estructura de forma como de contenido de las mismas. En particular en lo relativo al contenido de fondo, no sólo deberán circunscribirse a relatar lo expuesto por las partes sino también citar las pruebas que aportaron las partes, exponer su criterio sobre el valor que le dan a las mismas luego del contraste y valoración que hagan de ellas dando aplicación a las normas jurídicas aplicables para finalmente resolver.
Si no proceden de esa forma y dictan una resolución sin respetar la estructura señalada, resulta obvio que su decisión será arbitraria y considerada subjetiva e injusta, pues el sujeto procesal a quien no le sea favorable no podrá entender y menos saber la razón jurídica de la decisión; y de incurrirse en esta omisión al disponer sobreseimiento a favor de la parte imputada, la víctima podrá impugnar el requerimiento ante el superior jerárquico, y si éste igualmente incurre en la misma omisión, quedará abierta la jurisdicción constitucional para que acuda a la misma en busca de protección a sus derechos a la seguridad jurídica y de acceso a la justicia o tutela judicial efectiva, cuyo alcance no abarca, como se dijo, a que la parte acusadora pretenda que este Tribunal obligue a un Fiscal a presentar obligatoriamente la acusación si no únicamente a que dicha autoridad emita su requerimiento conclusivo debidamente fundamentado como lo exigen las normas previstas por los arts. 45. 7) de la LOMP, 73 y 323.3 del CPP'.
Asimismo, la SCP 1385/2016-S3 de 2 de diciembre, concluyó que: ...las Resoluciones que resuelvan una objeción de rechazo de denuncia, obligatoriamente deben encontrarse razonadas y con el debido sustento legal, sin que ello implique la exposición exagerada de consideraciones o citas legales sino más bien que contengan una estructura de forma y de fondo justificable de tal manera que permita a las partes conocer las razones por las cuáles se ha tomado tal determinación’” (negrilla añadida).
De la revisión de antecedentes, se tiene que el 25 de abril de 2016, el impetrante de tutela formuló denuncia contra David Oviedo Rodríguez -tercero interesado-, por la presunta comisión del delito de estafa; más adelante, el 28 del mismo mes y año el Fiscal de Materia comunicó al Juez de Instructor de turno en lo Penal, el inicio de investigaciones (Conclusiones II.1 у II.2).
Posteriormente, el 26 de mayo de 2017, la Fiscal de Materia codemandada emitió la Resolución Fundamentada de Rechazo de idéntica fecha contra David Oviedo Rodríguez, por el delito de estafa; afirmando que, no se demostró que el denunciado haya participado en los hechos ilícitos, contra dicha determinación el 5 de mayo de 2021, el peticionante de tutela presentó objeción a la Resolución de Rechazo de Denuncia, que por Resolución Jerárquica F.D.O./F.G.A.C. 244 de 3 de febrero de 2022, el Fiscal Departamental accionado ratificó la Resolución de rechazo de denuncia (Conclusiones II.4 y II.6).
Ahora bien, sobre el punto 1), referido a que la Fiscal de Materia demandada al emitir la citada Resolución Fundamentada de Rechazo, de forma incongruente y sin valoración integral de la prueba, pese a existir un autor identificado, múltiples denuncias previas por estafa, pagos realizados por las víctimas y un mismo modus operandi, elementos suficientes para sustentar una imputación e incluso una acusación formal, sustentándose en un supuesto rechazo previo que era inexistente en el expediente de su caso. Al respecto, habiéndose impugnado dicha Resolución y siendo ésta resuelta por el ex Fiscal Departamental codemandado conforme el principio de subsidiariedad que rige a la acción de amparo constitucional, entonces no corresponde emitir pronunciamiento en la medida en la que su actuación fue analizada por la autoridad fiscal jerárquica superior, decisión que corresponde analizar.
Sobre el punto 2), relativo a que el ex Fiscal Departamental codemandado, al ratificar la indicada Resolución Fundamentada de Rechazo incurrió en incongruencia y falta de motivación, basando su decisión en argumentos retóricos y valoraciones arbitrarias, sin que se hubiera iniciado una investigación efectiva, omitiendo la prueba documental presentada, ni analizar la posible configuración de los delitos de estafa y estelionato
De antecedentes se tiene que, contra la determinación de la Fiscal de Materia codemandada, el accionante, a través de su memorial de objeción al rechazo de denuncia, manifestó que: 1) La Resolución Fundamentada de Rechazo es cuestionada por carecer de una investigación efectiva, ya que no se realizaron pericias, entrevistas a testigos, no se tomó declaración al denunciado ni se elaboró un informe preliminar policial, evidenciando una deficiente dirección funcional de la investigación; 2) Se invocó erróneamente la existencia de una supuesta resolución de rechazo previa de fecha "01/03/2016", la cual asegura que no consta en el cuaderno de investigaciones de su proceso, lo que demuestra falta de fundamentación y afectación a la verdad material; 3) La referida Resolución contiene imprecisiones, omite valorar diligencias pendientes y se emitió de forma prematura, pese a existir la posibilidad de recabar mayores elementos probatorios; 4) No se efectuó una valoración integral de la información recolectada; y, 5) Advierte la existencia de múltiples víctimas y un mismo modus operandi, lo que podría configurar una agravante del delito de estafa. En ese contexto, sostuvo que la citada Resolución carece de una adecuada motivación, valoración probatoria y congruencia, vulnerando el debido proceso; por lo que, solicitó la revocatoria de la Resolución Fundamentada de Rechazo y la prosecución de la investigación penal.
Frente a dicha impugnación, el ex Fiscal Departamental codemandado, al emitir la Resolución Jerárquica F.D.O./F.G.A.C. 244, ratificó la referida Resolución Fundamentada de Rechazo, señalando que los hechos denunciados no configuran el delito de estafa, ya que derivan de una relación de compra y venta de lotes de terreno con obligaciones incumplidas, propias del ámbito civil y no penal; que, tras analizar el art. 335 del CP, no concurren los elementos esenciales del tipo penal de estafa -engaño y error-, pues no se identifica un ardid ni una inducción a error que haya determinado la disposición patrimonial de la presunta víctima. Asimismo, refirió que el derecho penal, no debe emplearse como medio supletorio para resolver conflictos civiles ni como mecanismo de coerción. En consecuencia, consideró inconsistente proseguir la investigación penal, ya que los hechos carecen de entidad penal, y la objeción planteada no aporta argumentos suficientes para desvirtuar la resolución de rechazo.
Del análisis integral de los antecedentes sometidos a control constitucional, este Tribunal advierte que el ex Fiscal Departamental codemandado al emitir la Resolución Jerárquica F.D.O./F.G.A.C. 244, incurrió en una omisión sustancial al no dar respuesta expresa, clara y razonada a los argumentos vertidos por la parte accionante en su memorial de objeción al rechazo de denuncia, puesto que no se pronuncia sobre ninguno de los cinco puntos identificados por este Tribunal, inobservando que, cuando resuelva una objeción de rechazo de denuncia, se encuentra obligado no solo a emitir una resolución estructurada de forma que sea comprensible para los lectores y pueda identificarse cada cargo, sino también responder a cada cargo o agravio con la debida fundamentación, motivación y congruencia en resguardo del debido proceso, de tal manera que permita a las partes, en este caso al que presentó objeción, conocer las razones de que los motivos de la objeción planteada no sirvieron para revocar el rechazo a la denuncia, lo cual no sucedió en el presente caso; en contraposición a lo expresado en el Fundamento III.1 de este fallo constitucional, correspondiendo, dejar sin efecto la indicada Resolución Jerárquica, a efectos de que el Fiscal Departamental demandado emita una nueva, con base en los fundamentos expuestos en esta sentencia constitucional plurinacional.
En efecto, el derecho al debido proceso no se agota con la mera emisión formal de una resolución, sino que exige que toda decisión que resuelva el debate jurídico que contenga una correspondencia lógica y coherente entre lo pedido, lo analizado y lo resuelto, toda vez que la congruencia constituye, en ese sentido, un presupuesto esencial de validez de los actos decisorios, en tanto garantiza que la autoridad responda de manera motivada a los agravios oportunamente planteados por las partes, evitando decisiones arbitrarias o meramente aparentes. En consecuencia, la Sala Constitucional, al conceder en parte la tutela impetrada obró de manera correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 82/2022 de 24 de agosto, cursante de fs. 105 a 109, pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro; y, en consecuencia, 1° CONCEDER en parte la tutela solicitada, respecto a Orlando Agustín Zapata Sánchez, Fiscal Departamental y Freddy Gonzalo Álvarez Condori, ex Fiscal Departamental, ambos del departamento de Oruro y por la lesión del derecho al debido proceso en sus componentes fundamentación, motivación y congruencia, en los mismos términos dispositivos establecidos por la Sala Constitucional; y,
2° DENEGAR con relación a Lourdes Rivera Aguilar, Fiscal de Materia con base en la fundamentación expuesta en este fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Boris Wilson Arias López
MAGISTRADO
Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0196_2026-S2.pdf · páginas 1 a 10.
Huella digital del PDF (SHA-256): 74a316d227c1a3393a5a118ce6b66960f514acb530a32cb0a8c5b14e5facf266
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