B.IA.LEGAL

SCP 0195/2025-S4

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Cuarta Especializada · 2 de abril de 2025

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Cuarta Especializada
Fecha
2 de abril de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
René Yván Espada Navía
Expediente
50931-2022-102-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El impetrante de tutela alega la lesión de sus derechos a la libertad, al debido proceso, presunción de inocencia y a la tutela judicial efectiva, vinculado al principio de seguridad jurídica, porque la autoridad fiscal ahora demandada negó los requerimientos fiscales solicitados bajo el fundamento que la causa ya se encuentra con acusación y en etapa de juicio, además de que lo referido no era pertinente para la cesación de la detención preventiva; sin considerar que, dicha documentación tenía como objeto generar prueba para solicitar la cesación de su detención preventiva, desvirtuando los riesgos procesales establecidos por la autoridad judicial. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 13/2022 de 27 de septiembre, cursante de fs. 29 a 31 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Noveno de El Alto del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías; y, en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, ordenando a la autoridad ahora demandada, o a quien se encuentre en conocimiento de la causa, emitir en el plazo de veinticuatro horas los requerimientos solicitados por el accionante, una vez notificada la presente resolución; todo conforme a los Fundamentos Jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho. La celeridad en actuaciones vinculadas con la libertad personal
  2. III.2. Sobre la atribución del Ministerio Público para emitir requerimientos fiscales para obtener documentación destinada a una eventual solicitud de cesación a la detención preventiva.
  3. III.3. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0195/2025-S4 Sucre, 2 de abril de 2025 SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: René Yván Espada Navía Acción de libertad Expediente: 50931-2022-102-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 13/2022 de 27 de septiembre, cursante de fs. 29 a 31 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Franz Vidal Chambi Cutipa contra María Isabel Condori Fernández, Fiscal de Materia.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 26 de septiembre de 2022, cursante de fs. 1; y, 18 a 20, el accionante manifestó los siguientes argumentos de hecho y de derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal que le sigue el Ministerio Público por el presunto delito de Estupro, con la finalidad de desvirtuar los riesgos procesales establecidos en la resolución que dispuso su detención preventiva, mediante memorial de 2 de septiembre de 2022 solicitó a la autoridad fiscal ahora demandada, requerimientos fiscales y copias simples y legalizadas del cuaderno de investigaciones; requerimientos que le fueron negados mediante decreto de 5 de septiembre de 2022, bajo el argumento de que la causa cuenta con resolución de acusación, por lo tanto, en etapa de juicio; acto contra el cual formuló recurso de reposición mediante memorial presentado el 9 del mismo mes y año, que fue resuelto mediante decreto de 12 de igual mes y año, confirmando la decisión impugnada, argumentando que en lo principal el caso se encontraba en juicio y que lo solicitado no era pertinente para la cesación de la detención preventiva.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

El impetrante de tutela denunció la lesión de sus derechos a la libertad, al debido proceso, presunción de inocencia y tutela judicial efectiva, vinculado al principio de seguridad jurídica, citando al efecto los arts. 24, 115, 116, 117.II y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE); y, 8 y 14 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela impetrada; y en consecuencia se ordene que, en el plazo de veinticuatro horas, se extiendan los requerimientos impetrados; los cuales, tienen por objeto desvirtuar los riesgos procesales establecidos para su detención preventiva.

I.2. Audiencia y resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia pública el 27 de septiembre de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 27 a 28 vta., presentes el accionante asistido de su abogado patrocinante; así como, la autoridad demandada, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El impetrante de tutela ratificó los términos expuestos en su memorial de acción de amparo constitucional, y ampliándolos manifestó que: a) El requerimiento fiscal solicitado a la autoridad ahora demandada consistía en la verificación de la actividad lícita de imputado, siendo que, a través de Resolución 332/2022 de 21 de julio, la autoridad judicial que ejerce el control jurisdiccional de la investigación, manifestó claramente que debía constatarse la actividad lícita de este; de manera que, lo argumentado por la autoridad ahora demandada, no es fundamento válido para negar la extensión de los requerimientos fiscales impetrados; y, b) Las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0134/2018-S2 de 16 de abril y 0775/2018-S4 de 14 de noviembre, establecen la importancia de los requerimientos fiscales para la obtención de elementos que sirvan al imputado para la cesación a la detención preventiva, aun existiendo una acusación formal, de manera que, el hecho de que la causa se encuentre con acusación formal y en etapa de juicio no constituyen fundamentos válidos para tal fin.

I.2.2. Informe de la autoridad demandada

María Isabel Condori Fernández, Fiscal de Materia, por informe presentado el 27 de septiembre de 2022, cursante de fs. 25 a 26, señaló que: 1) En relación a las solicitudes formuladas por el ahora solicitante de tutela, el 3 de agosto de 2022 se emitió la Resolución de Acusación 407/2022; de manera que, toda la información que solicitó; así como, los actuados que cursaban en el cuaderno de investigaciones, se encuentran en el sistema de justicia libre; al cual, se tiene acceso las veinticuatro horas del día; 2) De otro lado, mediante decreto de 5 de septiembre de 2022, se dispuso la otorgación de las copias legalizadas que requería la parte ahora accionante; asimismo, revisado el cuaderno de investigaciones, se advierte la emisión de varios requerimientos fiscales con el objeto de solicitar la cesación a la detención preventiva por el imputado; entre ellos, los certificados de no violencia, de antecedentes penales y otros, de manera que en el caso se obró de manera pertinente, observando la correcta actuación de los actos investigativos, bajo la debida diligencia, con el objeto de llegar a la verdad material del hecho investigado, por lo que no se vulneró el derecho constitucional acusado en la presente acción de tutela; 3) El impetrante de tutela no ha demostrado ni fundamentado cómo es que la autoridad hoy demandada puso en peligro su vida; o, de qué manera se encontraría ilegalmente perseguido, procesado o privado de su libertad personal; y, 4) En ningún momento el Ministerio Público ha negado al ahora solicitante de tutela los requerimientos solicitados para efectos de la cesación a la detención preventiva. Con base en dichos argumentos solicitó que se deniegue la tutela impetrada.

I.2.3. Resolución

El Juez de Sentencia Penal Noveno de El Alto del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, por Resolución 13/2022 de 27 de septiembre, cursante de fs. 29 a 31 vta., denegó la tutela, bajo los siguientes fundamentos: i) El accionante no activó de manera correcta los mecanismos intraprocesales que la Ley franquea; ya que si bien planteó recurso de reposición contra el decreto de 5 de septiembre de 2022; empero, se conformó con la respuesta que le otorgó la autoridad fiscal mediante una simple providencia y sin fundamento ni motivación, omitiendo recurrir a la vía ordinaria antes de acudir a la jurisdicción constitucional; ii) El impetrante de tutela tenía otras vías para efectivizar sus solicitudes, como es el Tribunal de Sentencia Penal Quinto de El Alto del mismo departamento, sin que tenga necesariamente que acudir a la autoridad fiscal para ello; iii) El recurso de reposición formulado por el hoy solicitante de tutela, no cumplió con lo establecido en el art. 401 del Código de Procedimiento Penal (CPP), respecto a la debida fundamentación; ya que, el mismo es contra la providencia y no contra su solicitud; de modo que, la autoridad demandada no ha lesionado los derechos alegados como lesionados en esta acción de tutela, habiéndose otorgado la respuesta dentro del plazo establecido por la Ley; y, iv) En cuanto a la garantía de presunción de inocencia, el accionante no ha fundamentado como la misma fue lesionada por la autoridad demandada.

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

En el marco del Acuerdo Jurisdiccional TCP-AJ-SP-04/2024 de 9 de mayo, emitido por la Sala Plena del Tribunal Constitucional Plurinacional, la presente causa fue sorteada el 14 de marzo de 2025, conforme se tiene anotado de fs. 35 a 42 del expediente constitucional.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados se establece lo siguiente: II.1. Por Auto Interlocutorio 332/2022 de 21 de julio, el Juzgado de Instrucción Penal Séptimo de El Alto del departamento de La Paz, rechazó la solicitud de cesación a la detención preventiva presentada por Franz Vidal Chambi Cutipa, argumentando que aún concurren los riesgos procesales previstos en los numerales 1, 2 y 7 del art. 234 del CPP; así como el numeral 2 del art. 235 del mismo cuerpo adjetivo procesal (fs. 16 a 17). II.2. Mediante memorial de 2 de septiembre de 2022, Franz Vidal Chambi Cutipa, solicitó a María Isabel Condori Fernández, Fiscal de Materia, requerimientos fiscales dirigidos: a) Al investigador asignado al caso, para que informe sobre el avance de la investigación y emita un informe que contenga los siguientes puntos en relación a su persona: a.1) Si obstaculizó o entorpeció en la causa sobre la averiguación de la verdad de los hechos, desde su detención hasta la emisión de la certificación; a.2) Si influyó negativamente sobre los testigos, policías y peritos dentro del caso, desde su detención hasta el informe; a.3) Si después de haber sido detenido preventivamente influyó sobre el asignado al caso; b) A la Secretaria del Tribunal Quinto de Sentencia Penal de la ciudad de El Alto, para que informe sobre los siguientes puntos: b.1) Si influyó negativamente sobre dicha servidora pública judicial; así como, los funcionarios de su dependencia dentro de la causa, desde su detención preventiva; b.2) Si después de haber sido detenida preventivamente, influyó sobre la funcionaria judicial en el caso; b.3) Si existe en el cuaderno jurisdiccional algún memorial de queja o informe del policía asignado al caso donde indique que su persona haya interferido u obstaculizado la investigación desde su detención; b.4) Si existe en el cuaderno jurisdiccional, algún memorial de queja o comunicado elevado por el psicólogo, denunciante, trabajadora social o Defensoría de la Niñez y Adolescencia, en el que indique que su persona haya interferido u obstaculizado la investigación desde su detención; c) Al Director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC); para que, a través de la instancia correspondiente realice la verificación del trabajo real ubicado en zona Villa Copacabana, Avenida Imperial 1278, esquina calle 10, a dos cuadras de la parada del minibús 378, de El Alto del departamento de La Paz, elaborando luego la respectiva acta de verificación, con tomas fotográficas y realizando el correspondiente croquis del trabajo real, constando dos testigos; y, d) En el otrosí primero, impetró la extensión de fotocopias legalizadas de todos los actuados cursantes en el cuaderno de investigaciones (fs. 2 a 3). II.3. A través de decreto de 5 de septiembre de 2022, la autoridad fiscal ahora demandada, en respuesta a la solicitud de requerimientos fiscales antes señalados, dictaminó: “No ha lugar, siendo que la causa cuenta con la Resolución de Acusación y nos encontramos en etapa de juicio. Al otrosí 1°. - Franquéese, sea bajo acto de constancia” (sic. [fs. 3]). II.4. Por memorial de 8 de septiembre de 2022, el ahora accionante formuló recurso de reposición contra el decreto de 5 de septiembre de 2022 (fs. 4 a 5 vta.). II.5. Mediante decreto de 12 de septiembre de 2022, la autoridad fiscal hoy demandada, respondiendo al recurso de reposición formulado por el ahora solicitante de tutela, señaló: “A lo principal, se aclara que el caso se encuentra en juicio y lo solicitado no es pertinente para la cesación de la detención preventiva” ([sic.] fs. 5 vta.).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El impetrante de tutela alega la lesión de sus derechos a la libertad, al debido proceso, presunción de inocencia y a la tutela judicial efectiva, vinculado al principio de seguridad jurídica, porque la autoridad fiscal ahora demandada negó los requerimientos fiscales solicitados bajo el fundamento que la causa ya se encuentra con acusación y en etapa de juicio, además de que lo referido no era pertinente para la cesación de la detención preventiva; sin considerar que, dicha documentación tenía como objeto generar prueba para solicitar la cesación de su detención preventiva, desvirtuando los riesgos procesales establecidos por la autoridad judicial. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho. La celeridad en actuaciones vinculadas con la libertad personal

Con relación a la acción de libertad de pronto despacho, la SCP 1874/2014 de 25 de septiembre, señaló que: “La acción de libertad traslativa o de pronto despacho, se encuentra desarrollada por la jurisprudencia de este Tribunal, entendida como el medio procesal idóneo para que las partes de un proceso puedan obtener la celeridad necesaria en los trámites judiciales o administrativos cuando en los mismos exista dilaciones innecesarias o indebidas y como efecto se prolonga una restricción al derecho a la libertad, criterio este que va en conjunción con el principio de celeridad, reconocido en los arts. 178 y 180.I de la CPE, al indicar:‘…La jurisdicción ordinaria se fundamenta en los principios procesales de gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad, honestidad, legalidad, eficacia, eficiencia, accesibilidad, inmediatez…′ (art. 180.I); por ende, todo administrador de justicia en ejercicio de sus funciones, se encuentra constreñido a observar los indicados principios, evitando dilaciones indebidas o innecesarias que solo generan perjuicio al derecho a la vida o la libertad de los procesados, criterio que es concordante con instrumentos internacionales, así los arts. 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), que señalan el derecho que tiene toda persona a ser juzgada en un proceso sin dilaciones indebidas′”. A su vez, la SCP 0791/2015-S3 de 10 de julio, precisó que: “El entonces Tribunal Constitucional, mediante la SC 1579/2004-R de 1 de octubre, realizó la clasificación doctrinal del recurso de hábeas corpus, ahora acción de libertad, a saber: a) Reparador, si ataca a una lesión que ya fue consumada; b) Preventivo, cuando procura impedir una lesión a producirse; y, c) Correctivo, si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida; posteriormente, a través de la SC 0044/2010-R de 20 de abril, se amplió dicha clasificación identificando al hábeas corpus: 1) Restringido, ante limitaciones del ejercicio del derecho a la libertad; 2) Instructivo, que procede cuando el derecho a la libertad se encuentra vinculado al derecho a la vida; y, 3) Traslativo o de pronto despacho, a través del cual se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona privada de libertad. Respecto a esta última -la ahora acción de libertad traslativa o de pronto despacho-, el Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0011/2014 de 3 de enero, se pronunció señalando que esta: '…busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad, precisamente para la concreción del valor libertad, el principio de celeridad y el respeto a los derechos'. Además, enfatizó que: '…todo tipo de decisiones judiciales vinculadas al derecho a la libertad personal, tienen que ser: tramitadas, resueltas (SC 0224/2004-R de 16 de febrero) y efectivizadas (SC 0862/2005-R de 27 de julio) con la mayor celeridad (SCP 528/2013 de 3 de mayo)”' (las negrillas son nuestras). Por su parte, la SC 0465/2010-R de 5 de julio, concluyó que: ”…los tipos de hábeas corpus precedentemente aludidos, también pueden ser identificados en la nueva Ley Fundamental, e inclusive ampliados. Así dentro de la tipología desarrollada por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional citada en líneas precedentes, se agregó el hábeas corpus restringido, el hábeas corpus instructivo y al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho (SC 0044/2010-R de 20 de abril).

Conforme la doctrina constitucional sentada por este Tribunal, por medio del hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad” (las negrillas son nuestras). Con base en la jurisprudencia constitucional glosada se puede señalar que, la acción de libertad traslativa o de pronto despacho se activa para reparar las lesiones al derecho a la libertad ante demoras injustificadas o dilaciones indebidas que vulneran los derechos fundamentales de las personas cuya libertad se encuentre privada o restringida; en ese contexto, la acción de libertad de pronto despacho persigue la efectividad de los principios constitucionales previstos en los arts. 178.I y 180.I de la CPE, en consonancia con el 8.1. del CADH; y, 14.3 inc. c) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), que establecen el derecho que tiene toda persona a ser juzgada en un proceso sin dilaciones indebidas.

III.2. Sobre la atribución del Ministerio Público para emitir requerimientos fiscales para obtener documentación destinada a una eventual solicitud de cesación a la detención preventiva.

Modulación de la SCP 0415/2015-S3 de 23 de abril, a través de la SCP 0134/2018-S4 de 16 de abril La citada SCP 0134/2018-S4, en relación a este punto, precisó que: “En varios fallos emitidos por este Tribunal Constitucional Plurinacional, se estableció que la autoridad encargada de emitir los requerimientos necesarios para obtener documentación destinada a la presentación de una solicitud de cesación a la detención preventiva, durante la etapa preparatoria es el Fiscal de Materia, aclarando que la figura cambiaba si se había presentado la acusación formal, recayendo la obligación en la autoridad que ejercía el control jurisdiccional; así la SCP 0415/2015-S3 señaló; “Finalmente, en este contexto y siendo que se trata de una nueva solicitud diferente a la tratada en la SCP 0110/2014-S1, corresponde cambiar el criterio de la Sentencia citada, en sentido que habiéndose presentado la acusación fiscal, toda solicitud relacionada a medidas cautelares debe conocerse por el Juez de Instrucción, ello mientras no se radique la causa ante el Tribunal de Sentencia pues dicha autoridad se encuentra aun ejerciendo el control jurisdiccional; en razón a que: 1) En el proceso penal el Fiscal de Materia al presentar la acusación formal ante el Juez de Instrucción en lo Penal -después de haberse hecho cargo de la dirección funcional de la etapa preparatoria y de la investigación, estima que existen los suficientes fundamentos y elementos de prueba para el enjuiciamiento público del procesado, conforme establece el artículo 323 inc. 1) del CPP- se constituye en parte contraria del mismo, en ese entendido, no es coherente ni razonable que dicha autoridad viabilice requerimientos para sustentar la solicitud de cesación a la detención preventiva que tendrá como lógica consecuencia la obtención de la libertad provisional del procesado; (…) De lo expuesto ut supra, se advierte que el razonamiento realizado por este Tribunal Constitucional Plurinacional, debe mutar, considerando que en toda modulación corresponde efectivizar el acceso efectivo a la justicia y la eficacia de los derechos fundamentales. En este sentido, se tiene que la Constitución Política del Estado en su art. 225 establece que: I. ‘El Ministerio Público defenderá la legalidad y los intereses generales de la sociedad, y ejercerá la acción penal pública. El Ministerio Público tiene autonomía funcional, administrativa y financiera. II. El Ministerio Público ejercerá sus funciones de acuerdo con los principios de legalidad, oportunidad, objetividad, responsabilidad, autonomía, unidad y jerarquía’. La Ley Orgánica del Ministerio Público en su art. 5, relativo a sus principios, entre los atinentes al caso, señala: ‘El Ministerio Público en el ejercicio de sus funciones y atribuciones se rige por los siguientes principios: 1. Legalidad, por el cual perseguirá conductas delictivas y se someterá a lo establecido en la Constitución Política del Estado, los Tratados y Convenios Internacionales vigentes y las leyes. Los actos del Ministerio Público se someten a la Constitución Política del Estado, tratados y convenios internacionales y las leyes; (...) 3. Objetividad, por el que tomará en cuenta las circunstancias que permitan demostrar la responsabilidad penal de la imputada o el imputado, también las que sirvan para reducirla o eximirla, cuando deba aplicar las salidas alternativas al juicio oral; (...) y 7. Celeridad, el Ministerio Público deberá ejercer sus funciones de manera pronta, oportuna y sin dilaciones’. La Constitución Política del Estado y la norma específica, Ley Orgánica del Ministerio Público, establecen cuál el rol del Ministerio Público en la persecución penal, misma que debe ejercerse conforme los principios antes desarrollados, particularmente el de legalidad, objetividad y celeridad, es decir que, sus actos se enmarcan en apego a la Constitución y las leyes, pues en el desarrollo del proceso penal en sus actuados investigativos están destinados a la búsqueda de la verdad histórica de los hechos denunciados y para llegar a este resultado se debe resguardar los derechos de las partes, tanto de la víctima del delito como de la persona sujeta de investigación y/o procesamiento, es así que ante la solicitud de documentación atinente al proceso y/o en su caso para el ejercicio del derecho a la defensa, en resguardo a la libertad, se encuentra impelido de actuar bajo el paraguas del principio de celeridad y acceso efectivo a la justicia. A la luz de este marco constitucional y legal, se tiene que el Ministerio Público se constituye en una institución de especial importancia en la eficacia de la persecución penal pública y representa a la sociedad velando el respeto de los derechos y garantías constitucionales; en este contexto, sus actuaciones deben enmarcarse dentro de los principios y valores constitucionales, y al bloque de convencionalidad; es así que, si el Ministerio Público mediante sus representantes, presentan la acusación formal conforme el art. 323 inc. 1) del CPP, y se constituye en parte contraria de la o del imputado, eso no impide de ninguna manera, que aún pueda emitir requerimientos fundamentados, dando curso a solicitudes que sirvan para recolectar elementos para una petición de cesación a la detención preventiva, tomando en cuenta que la referida cesación es un instituto accesorio al proceso principal -donde no se discute si el imputado es culpable o no- en el cual, éste debe suscitar un incidente que aborde las causales establecidas en el art. 239 del CPP, y que en caso de ser declarado procedente, no tiene ninguna repercusión para el fondo del proceso, pues las medidas cautelares -como se dijo- es un instituto procesal tendiente a evitar los peligros de obstaculización del proceso y buscan asegurar la presencia del imputado en el juicio, siendo una de sus características que estas medidas no causan estado; de ahí su revestimiento de su carácter excepcional, instrumental y de necesidad. Consiguientemente, a la luz del principio de favorabilidad y la fuerza expansiva de los derechos fundamentales, el Ministerio Público tiene el deber de emitir requerimientos para la obtención de documentos que sirvan a la o el imputado a presentar un incidente de cesación a la detención preventiva, aún exista acusación formal; sin perjuicio de que éste, también pueda hacerlo directa y particularmente efectivizando su derecho constitucional a la petición, pues el art. 24 de la CPE, señala que: ‘Toda persona tiene derecho a la petición de manera individual o colectiva, sea oral o escrita, y a la obtención de respuesta formal y pronta. Para el ejercicio de este derecho no se exigirá más requisito que la identificación del peticionario’; similar precisión, está inserta en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, que en su art. XXIV, precisa: ‘Toda persona tiene derecho de presentar peticiones respetuosas a cualquier autoridad competente, ya sea por motivo de interés general, ya de interés particular, y el de obtener pronta resolución’. Por su parte, la doctrina estableció que de este derecho constitucionalmente reconocido acontecen dos consecuencias: la de ‘...no ser castigado por solicitar algo al Estado...’ y ‘...la de obtener una respuesta de la autoridad a la que se dirige (...). Tal derecho a respuesta -independientemente del contenido de ella-, en un término razonable, resulta obligado en un régimen republicano donde las autoridades son responsables ante la comunidad, y ésta es fuente del poder de aquellos. Además, el derecho a respuesta da sentido y solidez al derecho de peticionar’ (Sagüés, Néstor Pedro. Elementos de Derecho Constitucional. Tomo 2, editorial Astrea, Buenos Aires, Argentina 1999). Consiguientemente, cuando ya exista acusación formal, independientemente de que se acuda o no al Ministerio Público, la o el imputado puede solicitar la documentación que requiera para su cesación a la detención preventiva de manera directa, descongestionando así la labor del Ministerio Público; considerándose también que en el instituto de medidas cautelares rige la libertad probatoria y a partir de esta facultad, será el juez o tribunal quien le otorgue el valor que corresponda a la prueba, en coherencia con ello, se aclara que en este instituto no rige la exclusión probatoria siendo un medio diseñado exclusivamente para el juicio oral” (las negrillas fueron añadidas). De lo señalado se extrae que, aún si la autoridad fiscal hubiera emitido resolución de acusación formal contra los imputados, y el proceso se encuentre en etapa de juicio oral, el Ministerio Público, en cumplimiento del derecho a la petición y los principios que rigen dicho órgano de defensa de la sociedad, debe extender los requerimientos que correspondan o le sean requeridos, con mayor razón si los mismos tienen por objeto la obtención de documentación para una eventual solicitud de cesación a la detención preventiva, independientemente de si la documentación a ser obtenida desvirtúe o no los riesgos procesales que sustentan la extrema medida; dado que, dicha valoración corresponde a la autoridad jurisdiccional del caso.

III.3. Análisis del caso concreto

En el caso de análisis, el accionante alegó la lesión de sus derechos a la libertad, debido proceso, presunción de inocencia y a la tutela judicial efectiva, vinculado al principio de seguridad jurídica; por que la autoridad fiscal ahora demandada, negó los requerimientos fiscales solicitados, bajo el fundamento que la causa ya se encuentra con acusación y en etapa de juicio, además de que lo requerido no era pertinente para la cesación de la detención preventiva, sin considerar que dicha documentación tenía como objeto generar prueba para pedir la cesación de su detención preventiva, desvirtuando los riesgos procesales establecidos por la autoridad judicial. De la revisión de los antecedentes que se acompañan al expediente constitucional y conforme con las conclusiones del presente fallo, se tiene que, dentro del proceso penal que por el delito de estupro sigue el Ministerio Público contra Franz Vidal Chambi Cutipa, este último, mediante memorial de 2 de septiembre de 2022, solicitó a María Isabel Condori Fernández, Fiscal de Materia, ahora demandada, tres requerimientos fiscales dirigidos: a) Al investigador asignado al caso, para que informe sobre el avance de la investigación y emita un informe que contenga los siguientes puntos en relación a su persona: a.1) Si obstaculizó o entorpeció la averiguación de la verdad de los hechos, desde su detención hasta la emisión de la certificación; a.2) Si influyó negativamente sobre los testigos, policías y peritos dentro del caso, desde su detención hasta el informe; a.3) Si después de haber sido detenido preventivamente influyó sobre el asignado al caso; b) A la Secretaria del Tribunal Quinto de Sentencia Penal de la ciudad de El Alto, para que informe sobre los siguientes puntos: b.1) Si influyó negativamente sobre dicha servidora pública judicial; así como, los funcionarios de su dependencia dentro de la causa, desde su detención preventiva; b.2) Si después de haber sido detenida preventivamente, influyó sobre la funcionaria judicial en el caso; b.3) Si existe en el cuaderno jurisdiccional algún memorial de queja o informe del policía asignado al caso donde indique que su persona haya interferido u obstaculizado la investigación desde su detención; b.4) Si existe en el cuaderno jurisdiccional, algún memorial de queja o comunicado elevado por el psicólogo, denunciante, trabajadora social o Defensoría de la Niñez y Adolescencia, en el que indique que su persona haya interferido u obstaculizado la investigación desde su detención; y, c) Al Director de la FELCC, para que, a través de la instancia correspondiente realice la verificación del trabajo real ubicado en zona Villa Copacabana, Avenida Imperial 1278, esquina calle 10, a dos cuadras de la parada del minibús 378, de El Alto del departamento de La Paz, elaborando luego el respectivo acta de verificación, con tomas fotográficas y realizando el correspondiente croquis del trabajo real, constando dos testigos; sin embargo, tal solicitud fue rechazada por la autoridad fiscal ahora demandada, a través de decreto de 5 de septiembre de 2022, argumentando que la causa cuenta con resolución de acusación y en etapa de juicio, decisión que fue confirmada mediante Decreto de 12 de igual mes y año, en respuesta al recurso de reposición formulado por el hoy accionante, bajo los mismos fundamentos; agregando que lo solicitado no era pertinente para la cesación de la detención preventiva. Ahora bien, conforme fue precisado en el Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional, aún si la autoridad fiscal hubiera emitido resolución de acusación formal contra el imputado o imputados, y el proceso se encuentre en etapa de juicio oral, el Ministerio Público, en cumplimiento del derecho a la petición y los principios que rigen el actuar de dicho órgano de defensa de la sociedad, tiene plena competencia para extender los requerimientos que correspondan o le sean solicitados, con mayor razón si los mismos tienen por objeto la obtención de documentación para una eventual solicitud de cesación a la detención preventiva, independientemente de si la documentación desvirtúe o no los riesgos procesales que sustentan la extrema medida; dado que, su valoración corresponde a la autoridad jurisdiccional del caso; supuesto que no aconteció en el caso; debido a que, la autoridad hoy demandada rechazó la solicitud de requerimientos fiscales formulada por el impetrante de tutela a efectos de obtener documentación para la solicitud de cesación de su detención preventiva, argumentando la autoridad, que la causa se encontraba con acusación y en etapa de juicio, y no obstante que el solicitante formuló recurso de reposición ante dicha decisión, la autoridad mantuvo su decisión bajo el mismo sustento, agregando además que lo requerido no era pertinente para tal efecto. La indicada decisión evidentemente lesiona el derecho a la libertad del ahora accionante; debido a que, los requerimientos tienen como propósito la obtención de documentación para una eventual solicitud de cesación a su detención preventiva, desvirtuando los riesgos procesales, desconociendo con ello los razonamientos jurisprudenciales ya precisados anteriormente, en cuanto se refiere a la obligación del Fiscal de Materia de emitir los requerimientos que correspondan, aun cuando la causa se encuentre con acusación y en etapa de juicio, que es el caso; y, en cuanto se refiere al argumento de que lo requerido no era pertinente para la cesación a la detención preventiva, es una cuestión que no le corresponde a la autoridad fiscal juzgar, sino a la autoridad jurisdiccional competente, que una vez conocida la solicitud de la parte interesada, evaluará la prueba presentada y determinará lo que corresponda en derecho. Conforme fue razonado en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, la acción de libertad traslativa o de pronto despacho fue desarrollada en la jurisprudencia constitucional, siendo entendida como el medio procesal idóneo para que las partes de un proceso puedan obtener la celeridad necesaria en los trámites judiciales o administrativos, cuando en los mismos existan dilaciones innecesarias o indebidas y como efecto se prolongue una restricción al derecho a la libertad; lo que ocurre en el caso, debido a que el rechazo de la solicitud de requerimientos fiscales, bajo argumentos que no se adecuan a derecho, lo cual ha generado indebida dilación y como efecto de ello la prolongación de la restricción del derecho a la libertad del acusado, independientemente del resultado de la solicitud de cesación a la detención preventiva, cuya decisión en todo caso le corresponde a la autoridad jurisdiccional competente. En tal sentido, al haber rechazado la autoridad ahora demandada, la solicitud de requerimientos fiscales presentados por el hoy accionante mediante memorial de 2 de septiembre de 2022, bajo el argumento de que la causa cuenta con acusación y en etapa de juicio, lesionó el derecho a la libertad de Franz Vidal Chambi Cutipa, inobservando con ello el principio de seguridad jurídica, que obligaba a la autoridad fiscal a emitir los requerimientos impetrados, aun considerando el estado de la causa.

En consecuencia, el Juez de garantías, al denegar la tutela impetrada, no efectuó un correcto análisis de los antecedentes del caso.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 13/2022 de 27 de septiembre, cursante de fs. 29 a 31 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Noveno de El Alto del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías; y, en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, ordenando a la autoridad ahora demandada, o a quien se encuentre en conocimiento de la causa, emitir en el plazo de veinticuatro horas los requerimientos solicitados por el accionante, una vez notificada la presente resolución; todo conforme a los Fundamentos Jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

René Yván Espada Navía MSc. Isidora Jiménez Castro MAGISTRADO MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0195_2025-S4.pdf · páginas 1 a 13.

Huella digital del PDF (SHA-256): e19c98ba5b7e8b7f1f0a5193592e5ce58fcff6e1e449c019a0cf30b93915d03b

La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.

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