Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Cuarta Especializada · 4 de junio de 2024
Concede la tutela
El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la lesión de su derecho a la libertad; toda vez que, la autoridad demandada, no remitió ante el superior en grado el recurso de apelación promovido de su parte contra la resolución que rechazó su solicitud de cesación a la detención preventiva, inobservando en consecuencia, el plazo establecido en el art. 251 del CPP.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 28/2022 de 3 de junio, cursante de fs. 15 a 16, dictada por la Jueza de Sentencia Penal Quinta del departamento de La Paz; en consecuencia; 1° CONCEDER la tutela impetrada, disponiendo que de no haberselo hecho, el Juez de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Tercero del departamento de La Paz, remita en el día la apelación incidental interpuesta por el accionante; y, 2° Exhortar a la autoridad judicial y servidora pública demandada, a cumplir con los plazos establecidos por ley a fin de evitar la vulneración de los derechos fundamentales y garantías constitucionales reconocidos en la Norma Suprema y el bloque de constitucionalidad.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0195/2024-S4 Sucre, 4 de junio de 2024 SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano Acción de libertad Expediente: 48166-2022-97-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 28/2022 de 3 de junio, cursante de fs. 15 a 16, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Cintia Elena Condori Mollericona en representación sin mandato de Juan Carlos Condori Mollericona contra Heber Gonzalo Torrejón Siñani, Juez; y, Rocío Helen Balboa Llusco, Secretaria ambos del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Tercero del departamento de La Paz.
Mediante memorial de 3 de junio de 2022, cursante de fs. 1 a 4 vta., el accionante a través de su representante sin mandato, refirió lo siguiente:
Dentro del proceso penal instaurado en su contra a instancias de Blanca Marisol Vidaurre Peñaranda, y seguido por el Ministerio Público, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, previsto por el art. 272 Bis de Código Penal (CP), se encuentra con detención preventiva en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz. El 24 de mayo de 2022, se llevó a cabo la audiencia sobre su situación jurídica, en el Juzgado de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Tercero del citado departamento, habiendo dictado la autoridad –ahora demandada–, el Auto Interlocutorio 416/2022, la cual lesionó sus derechos a la defensa en sus vertientes motivación, fundamentación y valoración probatoria, disponiéndose en dicha audiencia su permanencia con detención preventiva; sin determinar el tiempo de su detención.
En consecuencia, en la misma audiencia presentó recurso de apelación incidental contra esa resolución; empero, hasta la fecha –3 de junio de 2022–, el Juez ahora demandado no tiene la “…RESOLUCION QUE RESUELVE EN RECHAZAR LA AUDIENCIA DE INCIDENTES DE FECHA 16 de marzo de 2022…” (sic), de igual forma; se tiene que la referida autoridad, tampoco remitió los antecedentes dentro del plazo razonable al Tribunal de alzada para que se tramite su apelación incidental, lo que generó privación de libertad indebida, ilegal e injustificada en su contra. Su abogado defensor, en reiteradas ocasiones se apersonó al indicado Juzgado a consultar a la Secretaria sobre su caso, quien le informó que la resolución dictada en audiencia de consideración de su situación jurídica aún no había sido transcrita, y que por la carga laboral, no se había sorteado a la persona que sería la encargada de transcribir la misma y que al no contar el Juez con un plazo para la firma de resolución, tendría que seguir esperando.
El impetrante de tutela, a través de su representante sin mandato, alegó la lesión de su derecho a la libertad; citando al efecto los arts. 22, 115.I, 116.I y 117.I de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitó se conceda la tutela impetrada y se ordene al Juez y Secretaria ahora demandados remitan los antecedentes con la apelación incidental al Tribunal de alzada en el plazo establecido por Ley.
Celebrada la audiencia virtual el 3 de junio de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 13 a 14, presente la parte accionante y ausente la autoridad judicial y Secretaria demandados; se produjeron los siguientes actuados:
El impetrante de tutela, a través de su abogado, ratificó in extenso su demanda de acción de libertad.
Heber Gonzalo Torrejón Siñani, Juez de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Tercero del departamento de La Paz, por informe escrito de 3 de junio de 2022, cursante a fs. 8, manifestó que por Auto Interlocutorio 416/2022 de 24 de mayo, se resolvió rechazar la pretensión procesal del ahora accionante; quien presentó apelación incidental; en consecuencia, dispuso la remisión de antecedentes ante el Tribunal competente; debiendo la parte hoy impetrante de tutela coordinar con Secretaría para realizar las copias y formar el legajo correspondiente; situación que no fue cumplida por el apelante; pese a ello, según informe de la Secretaria del indicado Juzgado, su causa ya fue sorteada a la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz por consiguiente, no existe materia constitucional de protección en el presente caso. Rocío Helen Balboa Llusco, Secretaria del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Tercero del departamento de La Paz, por informe escrito de 3 de junio de 2022, cursante a fs. 7, indicó que de la revisión del cuaderno de control jurisdiccional, se pudo evidenciar que cursa en obrados el Auto Interlocutorio 416/2022, misma que fue apelada en audiencia por el impetrante; sin embargo, hasta la fecha éste no habría proveído los recaudos para poder realizar las copias del legajo de apelación, y a que el Juzgado no cuenta con boletas de copias; por otro lado, al remitir los antecedentes originales al Tribunal de alzada, se lesionarían los derechos fundamentales y garantías constitucionales del imputado ahora solicitante de tutela; empero, pese a ello, se habría realizado el sorteo de la causa, recayendo en la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.
La Jueza de Sentencia Penal Quinta del departamento de La Paz, constituida en Jueza de garantías, mediante Resolución 28/2022 de 3 de junio, cursante de fs. 15 a 16, concedió la tutela solicitada, disponiendo que la autoridad y Secretaria demandados “el día lunes antes del mediodía se entregue a la Sala Penal Tercera los antecedentes del recurso y sea bajo responsabilidad” (sic); determinación asumida bajo los siguientes fundamentos: a) El Ministerio Público presentó imputación formal contra Juan Carlos Condori Mollerinoca –ahora accionante– dentro del proceso penal por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica; posteriormente, en el Juzgado de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Tercero del departamento de La Paz, el 24 de mayo, se llevó a cabo la audiencia de situación jurídica del imputado, en la cual se emitió el Auto Interlocutorio 416/2022, disponiéndose que continúe con detención preventiva; b) En consecuencia, el procesado presentó en dicha audiencia, recurso de apelación incidental; en ese sentido, los ahora demandados señalaron en sus informes escritos que el apelante no habría provisto los recaudos correspondientes y que pese a esa situación, la causa fue sorteada a la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justica de La Paz; y, c) No se tiene constancia de dicho sorteo ni de la remisión de la apelación a la indicada Sala; infiriéndose que el expediente no fue remitido para su revisión.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se tiene lo siguiente: II.1. Por memorial presentado el 11 de mayo de 2022, ante el Juez de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Tercero del departamento de La Paz –hoy demandado–; Juan Carlos Condori Mollerinoca –ahora accionante–, solicitó señalamiento de audiencia de consideración de su situación jurídica; en respuesta mediante decreto de 12 de igual mes y año, la citada autoridad fijó acto procesal para el 19 del indicado mes y año, a las 12:00 (fs. 9 a 10). II.2. Conforme afirma el impetrante de tutela, en audiencia de 24 de mayo de 2022, su solicitud de cesación a la detención preventiva, fue rechazada mediante Auto Interlocutorio 416/2022 de la fecha señalada; determinación contra la cual, en el mismo acto procesal, interpuso recurso de apelación incidental; empero, dicha impugnación no fue remitida ante el Tribunal superior dentro del término estipulado en el art. 251 del Código Procesal Penal (CPP).
El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la lesión de su derecho a la libertad; toda vez que, la autoridad demandada, no remitió ante el superior en grado el recurso de apelación promovido de su parte contra la resolución que rechazó su solicitud de cesación a la detención preventiva, inobservando en consecuencia, el plazo establecido en el art. 251 del CPP.
Jurisprudencia reiterada
La SC 0900/2010-R de 10 de agosto, citando a la SC 0224/2004-R de 16 de febrero, estableció que: “…toda autoridad que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa, que siempre tendrá que otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva, pues esto dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, dado que se reitera la lesión del derecho a la libertad física, está en la demora o dilación indebida de una solicitud de tal naturaleza, vale decir, que si la solicitud es negada de acuerdo a una compulsa conforme a Ley no es ilegal siempre que esa negativa se la resuelva con la celeridad que exige la solicitud” (las negrillas son nuestras). De igual forma, sobre esta consigna, la SC 1181/2011-R de 6 de septiembre, ratificando lo señalado en la SC 0387/2010-R de 22 de junio, expresó que: “…a toda solicitud relativa o vinculada a la libertad de las personas, debe imprimírsele celeridad en su resolución sea positiva o negativamente para quien la pide, este mismo entendimiento es aplicable para los recursos de apelación sobre medidas cautelares, así como también para las de cesación de detención preventiva, las que pueden traducirse en la remisión de los antecedentes ante el superior en grado, para su resolución, más aún si existe un procedimiento establecido para ello en el que se fijan plazos para la emisión de la resolución correspondiente, como se estableció en la SC 0160/2005 de 23 de febrero’” (las negrillas nos corresponde).
Jurisprudencia reiterada
El art. 251 del CPP, modificado por el art. 11 de la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres −Ley 1173 de 3 de mayo de 2019−, con relación a la apelación incidental establece que: “La resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, será apelable, en el efecto no suspensivo, en el término de setenta y dos (72) horas. Interpuesto el recurso, las actuaciones pertinentes serán remitidas ante el Tribunal Departamental de Justicia, en el término de veinticuatro horas, bajo responsabilidad. El Vocal de turno de la Sala Penal a la cual se sortee la causa, resolverá, bajo responsabilidad y sin más trámite, en audiencia, dentro de los tres (3) días siguientes de recibidas las actuaciones, sin recurso ulterior” (las negrillas son añadidas). El mencionado precepto legal determina que una vez interpuesto el recurso de apelación incidental, las actuaciones pertinentes serán remitidas ante el Tribunal Departamental de Justicia en el término de veinticuatro horas, bajo responsabilidad. Asimismo, señala que el Vocal de turno de la Sala Penal a la cual se sortee la causa, resolverá, bajo responsabilidad y sin más trámite, en audiencia, dentro de los tres días siguientes de recibidas las actuaciones, sin recurso ulterior. Al respecto, la SCP 2356/2012 de 22 de noviembre, refirió que: “La teleología de la apelación incidental diseñada por el legislador contra Resoluciones que dispongan, modifiquen o rechacen las medidas cautelares, es garantizar un procedimiento efectivo, rápido y oportuno para que la situación jurídica del imputado pueda ser revisada y valorada por un Tribunal colegiado de mayor jerarquía. En este sentido, la tramitación prevista por el art. 251 del CPP, (…) se constituye en un procedimiento y tramitación especial que no reúne los mismos parámetros jurídicos o requisitos procedimentales establecidos por los arts. 403, 404 y 405 del CPP, pues dicho recurso se puede interponer inclusive de forma oral al momento de culminar o escuchar el pronunciamiento en audiencia sobre la procedencia o no de la detención preventiva o alguna otra medida sustitutiva, además de que no es necesario que acompañe ninguna otra prueba como así exige el art. 404 del CPP; en todo caso, el juez cautelar tiene el deber de remitir los actuados procesales pertinentes que hacen la apelación dentro de las 24 horas, sin que sea requisito que acompañe nueva prueba para el efecto, y menos aún, se emplace o corra traslado a las otras partes para que contesten dentro de los tres días; aclarando más bien que, el juez no tiene que esperar de ninguna manera que el apelante presente o ratifique su apelación de forma escrita, en todo caso como se dijo, tiene la obligación de imprimir celeridad en sus actos y remitir la documentación ante el Tribunal superior dentro del plazo previsto en el procedimiento especial establecido en el art. 251 del referido cuerpo adjetivo. Consiguientemente, las autoridades que imparten justicia en materia penal, deben considerar que el legislador ha diseñado una apelación incidental especial, distinta a la naturaleza y procedimiento que prevé el art. 403 del CPP, por ello, no deben confundir la aplicación de la norma, procediendo a dilatar indebidamente la tramitación rápida, expedita y eficaz establecida por el art. 251 del citado Código, pues ésta última norma inclusive le otorga la facultad al Tribunal superior de corregir omisiones del Juez cautelar y por ello, de manera fundamentada y motivada, puede aprobar o revocar la decisión inferior restableciendo en su caso y si corresponde, la libertad del imputado o procesado” (las negrillas nos pertenece).
En aplicación del art. 7 de la Ley de Transición del Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental, Consejo de la Magistratura y Tribunal Constitucional Plurinacional –Ley 212 de 23 de diciembre de 2011–, el Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 2075/2013 de 18 de noviembre, determinó: “(…) al constituirse el principio de gratuidad en uno de los pilares del sistema de administración de justicia, no puede, la autoridad jurisdiccional, a título de la falta de provisión de recaudos, paralizar la tramitación de una causa o de un recurso dentro de la misma, toda vez que dicha actuación incidiría directamente en su tramitación, ocasionando una dilación indebida y consecuentemente posibles vulneraciones a derechos y garantías de los particulares”. En particular, la SCP 1975/2013 de 4 de noviembre, en aplicación del entendimiento de la SCP 1907/2012 de 12 de octubre, sostuvo que: “…la falta de provisión de los recaudos de ley, no constituye en razón suficiente para posponer o dilatar la remisión de obrados ante el superior en grado, de manera que, un entendimiento contrario implicaría que la tramitación del proceso esté condicionado a aspectos de índole meramente pecuniario en franca transgresión de las normas establecidas a tal efecto, lo cual implica vulneración de los principios de celeridad, gratuidad, oportunidad, entre otros; y, a partir de ello, la vulneración del art. 115 de la CPE, que demanda una justicia ´…plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones´; más aún si se considera que de acuerdo al art. 7 de la Ley 212, desde el 3 de enero de 2012 se suprimieron todos los timbres judiciales y se eliminó todo pago por concepto de formularios de notificación y papeletas de apelación, en todo tipo y clase de procesos…” (las negrillas son nuestras). Lo anteriormente anotado, establece que la falta de provisión de recaudos por parte del imputado, no exime al juzgador de la responsabilidad de darle celeridad al trámite de remisión del cuaderno procesal al Tribunal de alzada para la revisión del fallo, dentro el plazo de veinticuatro horas conforme determina taxativamente el art. 251 del CPP, siendo ésta una obligación ineludible de parte del Juez contralor de las garantías; además de ello, la jurisprudencia que antecede y los arts. 7 de la Ley 212, se encuentra en consonancia con el 178.I y 180.I de la CPE, pues la potestad de impartir justicia se sustenta –entre otros–, en el principio de gratuidad; en el mismo marco, la jurisdicción ordinaria se fundamenta “también” en el referido principio, y el hecho de pedir recaudos de Ley sin duda quebranta –además– el principio de informalismo y por ende el acceso efectivo a la justicia; por lo que, en el Estado Constitucional de Derecho en el que nos encontramos, los principios referidos, impregnan el ordenamiento jurídico y por tanto, el razonamiento de los jueces debe partir de la Constitución Política del Estado.
El accionante por intermedio de su representante sin mandato, denuncia la lesión de su derecho a la libertad; toda vez que, la autoridad demandada, no remitió ante el superior en grado el recurso de apelación promovido de su parte contra la resolución que rechazó su solicitud de cesación a la detención preventiva, inobservando en consecuencia, el plazo establecido en el art. 251 del CPP. De los argumentos expuestos por el impetrante de tutela a través de su representante sin mandato, así como de los informes de los demandados; se tiene que, el accionante, dentro del proceso penal que le sigue el Ministerio Público por la supuesta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, el 11 de mayo de 2022, solicitó al Juez a quo, audiencia para consideración de su situación jurídica, escrito que mereció decreto de 12 de igual mes y año, señalándole audiencia para el 19 de igual mes y año a las 12:00 (Conclusión II.1), misma que recién se llevó a cabo el 24 de igual mes y año, el Auto Interlocutorio 416/2022, por el cual el Juez de la causa, dispuso su permanencia en detención preventiva, lo que motivó al ahora solicitante de tutela a formular recurso de apelación Incidental; sin embargo, el cuadernillo no fue remitido ante la instancia superior, bajo el argumento de que, conforme informaron los demandados, no se proporcionaron los recaudos necesarios, señalando además, que pese a esta situación se habría realizado el sorteo de la causa, recayendo la misma ante la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; sin embargo, los demandados, no acreditaron de forma idónea lo antes manifestado, infiriéndose en consecuencia, que el envío del cuaderno de apelación no se produjo.
En ese contexto, se tiene que los antecedentes inherentes al recurso de apelación incoado por el hoy accionante, no fueron remitidos al Tribunal de apelación hasta la fecha dentro del plazo previsto por el art. 251 del CPP; toda vez que, desde el 24 de mayo de 2022 en que se emitió el Auto Interlocutorio 416/2022, por el que se rechazó su solicitud de cesación a la detención preventiva, hasta la fecha de interposición de la presente acción tutelar, el 3 de junio de igual año, transcurrieron diez días sin que su impugnación fuera promovida ante el superior en grado, incurriéndose en consecuencia, en una dilación indebida que supera abundantemente el plazo de veinte cuatro horas establecido en el art. 251 del adjetivo penal, ocasionando que la situación jurídica del impetrante de tutela quedara en estado de incertidumbre. En tal virtud, se evidencia que la autoridad demandada, se apartó ostensiblemente de lo previsto en la referida disposición legal, y la jurisprudencia desarrollada en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, respecto la celeridad de todos los trámites relacionados con la libertad de las personas y específicamente a la diligencia que se debe guardar con relación al recurso de apelación de acuerdo al art. 251 de la norma procesal penal, que prevé que, una vez presentado el mismo, las actuaciones pertinentes deben ser remitidas ante el Tribunal de alzada, en el término de veinticuatro horas (Fundamento Jurídico III.2); empero, en el caso concreto, conforme ya se señaló, la impugnación no fue remitida hasta la interposición de la presente acción de defensa. Ahora bien, con relación a que la parte accionante no se hubiese apersonado a proporcionar las fotocopias necesarias, y que por tal razón no hubiere efectivizado la remisión del recurso planteado al Tribunal de alzada; se tiene que de acuerdo a lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.3 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional: “…la falta de provisión de los recaudos de ley, no constituye en razón suficiente para posponer o dilatar la remisión de obrados ante el superior en grado…” (las negrillas son añadidas) ; consecuentemente, el argumento esgrimido por la parte demandada, a todas luces, además de ilegal, se constituye en insostenible, pues la mencionada remisión –legajo en originales–, pudo haber sido efectivizada dentro del plazo previsto por ley. Consiguientemente, al evidenciarse la lesión del principio de celeridad como elemento del debido proceso, directamente vinculado con el derecho a la libertad del impetrante de tutela, cuya situación jurídica fue indebidamente dilatada, corresponde conceder la tutela impetrada bajo los fundamentos jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional; exhortándose a la autoridad judicial y funcionaria demandados, a cumplir con los plazos establecidos por ley a fin de evitar la vulneración de los derechos fundamentales y garantías constitucionales reconocidos en la Norma Suprema y el bloque de constitucionalidad. En consecuencia, la Jueza de garantías, al conceder la tutela solicitada, obró de manera correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 28/2022 de 3 de junio, cursante de fs. 15 a 16, dictada por la Jueza de Sentencia Penal Quinta del departamento de La Paz; en consecuencia; 1° CONCEDER la tutela impetrada, disponiendo que de no haberselo hecho, el Juez de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Tercero del departamento de La Paz, remita en el día la apelación incidental interpuesta por el accionante; y, 2° Exhortar a la autoridad judicial y servidora pública demandada, a cumplir con los plazos establecidos por ley a fin de evitar la vulneración de los derechos fundamentales y garantías constitucionales reconocidos en la Norma Suprema y el bloque de constitucionalidad. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano
MAGISTRADO
René Yván Espada Navía
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0195_2024-S4.pdf · páginas 1 a 9.
Huella digital del PDF (SHA-256): 93d91b27db8e8bf658c52d19437624692b22a365976776bb0b7a68576d2ddd49
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