Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Cuarta Especializada · 2 de abril de 2025
Deniega la tutela
El accionante a través de su representante sin mandato; expresó que dentro de la causa penal por la supuesta comisión de los delitos de lesiones graves y leves, el impetrante de tutela en su rol procesal de imputado fue beneficiado con la imposición de medidas sustitutivas a la detención preventiva, es decir; la presentación de dos fiadores personales que presten su garantía y también el arraigo personal; al haber cumplido presentando los dos fiadores más la notificación de inicio del arraigo, solicitó la emisión del mandamiento de libertad y dicho acto procesal no se ha materializado por parte de la autoridad demandada. En consecuencia, corresponde en revisión, dilucidar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 26/2022 de 22 de septiembre, cursante de fs. 18 vta. a 21, pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Séptimo del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia DENEGAR la tutela solicitada, conforme a los Fundamentos Jurídicos expuestos, en el presente fallo constitucional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0194/2025-S4 Sucre, 2 de abril de 2025 SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: René Yván Espada Navía Acción de libertad Expediente: 50922-2022-102-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 26/2022 de 22 de septiembre, cursante de fs. 18 vta. a 21, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Roly Claudio Velarde Cutipa en representación sin mandato de Valerio Romero Alegre contra Mary Ruth Guerra Martínez, Jueza de Instrucción Penal Primera de Warnes del departamento de Santa Cruz.
Por memorial presentado el 20 de septiembre de 2022, cursante a fs. 9 y vta., el accionante a través de su representante sin mandato, manifestó lo siguiente:
La autoridad demandada, en audiencia instalada y desarrollada el 5 de agosto de 2022, atendiendo la solicitud de cesación a la detención preventiva y luego del análisis respectivo, determinó estimar la pretensión; ordenando se apliquen medidas sustitutivas a la detención preventiva, como ser la presentación de dos garantes y el arraigo. Obedeciendo lo ordenado por la Jueza de Instrucción Penal Primera de Warnes del departamento de Santa Cruz, el 30 de agosto de 2022, presentó los dos garantes personales exigidos, acto procesal que fue dado por bien hecho mediante proveído de 5 del mismo mes y año; así mismo dispuso la verificación de los domicilios de ambos garantes, labor ejecutada por la Secretaria del Juzgado el 7 de septiembre del mencionado año y luego de mucho insistir, recién el 15 de septiembre del referido año se pudo culminar el trámite en lo que respecta a los dos garantes, esa igual jornada se presentó el formulario de notificación de arraigo documento que difunde la situación del imputado en lo que respecta a la restricción a su derecho a trasladarse. Se ha dado cumplimiento a todas las disposiciones emanadas por la Jueza de Instrucción Penal Primera de Warnes del departamento de Santa Cruz, –ahora demandada– pero dicha autoridad no emite el correspondiente mandamiento de libertad.
El solicitante de tutela, denunció la lesión de su derecho a la libertad, sin mencionar norma constitucional alguna.
Solicitó se conceda la tutela impetrada; y en consecuencia, la autoridad demandada pueda disponer su libertad inmediata.
Celebrada la audiencia pública el 22 de septiembre de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 16 a 18., presente la parte accionante a través de su representante sin mandato y ausente la autoridad demandada; se produjeron los siguientes actuados:
El impetrante de tutela, por intermedio de su abogado, en audiencia ratificó los fundamentos contenidos en su memorial de acción de libertad y ampliando sus argumentos expuso lo siguiente: a) En cuanto al certificado de arraigo, se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en la SCP 0076/2019-S2 de 3 abril, que impone el deber de acreditar la existencia del arraigo por cualquier medio, en el caso en particular a través del formulario de notificación, lo que demuestra el inicio del trámite de arraigo en la instancia administrativa pertinente; y, b) No se pudo tramitar el certificado que demuestre el arraigo por falta de recursos económicos, se han cumplido todos los requisitos impuestos por la autoridad demandada para que se puede emitir el correspondiente mandamiento de libertad.
Mary Ruth Guerra Martínez, Jueza de Instrucción Penal Primera de Warnes del departamento de Santa Cruz, presentó informe escrito el 22 de septiembre cursante a fs. 15, exponiendo los siguientes argumentos: 1) El accionante distorsiona la realidad, porque no presentó el certificado que acredita el arraigo expedido por la dependencia del Ministerio de Gobierno, por ende no ha cumplido con las medidas sustitutivas a la detención preventiva; y, 2) El art. 245 del Código de Procedimiento Penal (CPP), así como la jurisprudencia constitucional disponen que para que un imputado se beneficie con medidas sustitutivas a la detención preventiva, se debe cumplir con las disposiciones que la autoridad jurisdiccional ha determinado, en lo referente al arraigo el medio idóneo para demostrar su vigencia es a través de un certificado, y en consecuencia mientras el imputado no cumpla con los requerimiento no podrá obtener su libertad.
El Tribunal de Sentencia en lo Penal Séptimo del departamento de Santa Cruz, por Resolución 26/2022 de 22 de septiembre, cursante de fs. 18 vta. a 21, denegó la tutela impetrada, bajo los siguientes argumentos: i) El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 1200/2021-S3 de 1 de diciembre, ha expresado que una vez cumplidas las disposiciones que se emiten para determinar las medidas sustitutivas a la detención preventiva, la autoridad jurisdiccional tiene el deber de otorgar la libertad dispuesta; y, ii) La jurisprudencia mencionada por el accionante no es la pertinente para la causa de la especie, dado que se realizó una lectura y revisión llegando a comprobarse que no guarda relación con la problemática que se resuelve, es importante remarcar que el certificado que acredita el arraigo es un requisito indispensable que demuestra la existencia de dicha medida de aseguramiento, porque su vigencia y comprobación permiten la emisión del mandamiento de libertad.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Dentro del proceso penal FUD 70210227220 seguido a instancias del Ministerio Publico contra Valerio Romero Alegre –hoy accionante–, por la supuesta comisión del delito de lesiones graves y leves; el nombrado mediante memorial de 14 de septiembre de 2022, solicitó se expida mandamiento de libertad a su favor, porque supuestamente habría cumplió con las exigencias impuestas por la Jueza de Instrucción Penal Primera de Warnes del departamento de Santa Cruz, –ahora demandada– adjuntando formulario de notificación de arraigo (fs. 6 a 7).
El accionante a través de su representante sin mandato; expresó que dentro de la causa penal por la supuesta comisión de los delitos de lesiones graves y leves, el impetrante de tutela en su rol procesal de imputado fue beneficiado con la imposición de medidas sustitutivas a la detención preventiva, es decir; la presentación de dos fiadores personales que presten su garantía y también el arraigo personal; al haber cumplido presentando los dos fiadores más la notificación de inicio del arraigo, solicitó la emisión del mandamiento de libertad y dicho acto procesal no se ha materializado por parte de la autoridad demandada. En consecuencia, corresponde en revisión, dilucidar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
En relación a la temática, la SCP 0132/2020-S4 de 17 de julio, se remitió a lo expresado por la SCP 1447/2004-R de 6 de septiembre, que señaló que: “…haciendo una interpretación desde y conforme a la Constitución de las normas previstas por el art. 245 del CPP, ha dejado establecido que para otorgar la libertad luego de haberse concedido la cesación de la detención preventiva sólo es exigible el cumplimiento de las medidas sustitutivas que se hubieren aplicado, pues esa es la única condición que ha previsto el legislador, lo que implica que no puede exigirse el cumplimiento de otras condiciones, requisitos o realización de diligencias, como condición previa a viabilizar la libertad de los imputados beneficiados con la cesación de la detención preventiva”. Asimismo, la SCP 0698/2010-R de 26 de julio, citando la indicada jurisprudencia, estableció que: “En consecuencia, el Juez a cargo de la investigación, una vez que se cumplieron las medidas sustitutivas impuestas, antes de disponer la emisión del mandamiento de libertad, tendrá que compulsar si efectivamente el imputado dio cumplimiento a las exigencias impuestas por dicha autoridad a efectos de obtener la cesación de la detención preventiva; y cuando evidencie el cumplimiento de las exigencias, la decisión lógica será de conceder la libertad, sin mayor trámite”. De la jurisprudencia glosada precedentemente, es posible concluir que previo a otorgar la libertad a un procesado, luego de haberse concedido la cesación a su detención preventiva, es exigible el cumplimiento de las medidas sustitutivas que se le hubieren impuesto como condición previa para viabilizar su libertad; interpretación que deviene de la aplicación de las medidas cautelares establecidas en el adjetivo penal.
Asimismo refirió, respecto a la posibilidad de valoración de la prueba en sede constitucional, la jurisprudencia constitucional ha señalado límites a dicha tarea, es así que la SCP 0025/2010-R de 13 de abril, estableció que: “‘…este Tribunal, en invariable y reiterada jurisprudencia, ha establecido que la jurisdicción constitucional no tiene competencia para ingresar a valorar la prueba, dado que ésta compulsa corresponde exclusivamente a la jurisdicción ordinaria, cuyos jueces y tribunales, conforme a la atribución que les confiere la Constitución de manera general; y las leyes de manera específica, deben examinar todo cuanto sea presentado durante el proceso y finalmente emitir un criterio con la independencia que esto amerita...‛. La misma jurisprudencia estableció situaciones excepcionales en las que puede ingresar a la valoración de la prueba, así mediante las SSCC 0938/2005-R, 0965/2006-R, 0662/2010-R, entre otras, sostuvo que: ‘La facultad de valoración de la prueba corresponde privativamente a los órganos jurisdiccionales ordinarios, por ende la jurisdicción constitucional no puede ni debe pronunciarse sobre cuestiones de exclusiva competencia de los jueces y tribunales ordinarios, en consecuencia, menos aún podría revisar la valoración de la prueba que hubieran efectuado las autoridades judiciales competentes, emitiendo criterios sobre dicha valoración y pronunciándose respecto a su contenido. Ahora bien, la facultad del Tribunal Constitucional a través de sus acciones tutelares alcanza a determinar la existencia de lesión a derechos y garantías fundamentales cuando en la valoración de la prueba efectuada por la jurisdicción ordinaria exista apartamiento de los marcos legales de razonabilidad y equidad y/o se hubiese omitido arbitrariamente efectuar dicha ponderación‛.
(…)
El accionante a través de su representante sin mandato; expresa que, dentro de la causa penal por la supuesta comisión de los delitos de Lesiones Graves y Leves, el impetrante de tutela en su rol procesal de imputado fue beneficiado con la imposición de medidas sustitutivas a la detención preventiva, es decir; la presentación de dos fiadores personales que presten su garantía y también el arraigo personal; al haber cumplido presentando los dos fiadores más la notificación de inicio del arraigo, solicitó la emisión del mandamiento de libertad y dicho acto procesal no se ha materializado por parte de la autoridad demandada. La problemática que plantea la causa de la especie, es que el ahora solicitante de tutela, al estar siendo procesado por el Ministerio Publico por la supuesta comisión de los delitos de lesiones graves y leves, dentro del trámite procesal se le otorgó el beneficio de medidas sustitutivas a la detención preventiva, y la autoridad –ahora demandada– ejerciendo su rol de Juez Cautelar, dispuso la presentación de dos garantes para que se constituyan en fiadores personales y también ordenó se registre el arraigo personal. El impetrante de tutela habría presentado a los dos fiadores personales, realizó la verificación domiciliaria; también adjuntó un formulario que demuestra el inicio del trámite de arraigo ante la Dirección General de Migración dependiente del Ministerio de Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia, y al considerar que ha cumplido con lo ordenado por la autoridad jurisdiccional ha solicitado el mandamiento de libertad, que no ha sido emitido por la autoridad demandada (Conclusión II.1.). La parte accionante, establece que la lesión al bien jurídico invocado como lesionado; es porque la autoridad demandada, no habría emitido el correspondiente mandamiento de libertad, porque a criterio del solicitante de tutela, ha cumplido con presentar los requisitos exigidos como resultado de la aplicación de medidas sustitutivas a la detención preventiva que la Jueza de Instrucción Penal Primera de Warnes del departamento de Santa Cruz, –ahora demandada–, ha ordenado a favor de Valerio Romero Alegre dentro de la causa FUD 70210227220, pues mediante Auto de 5 de agosto de 2022, dicha autoridad habría dispuesto que el imputado presente dos fiadores personales y también se proceda a la inscripción del arraigo. En la especie, el imputado –ahora accionante representado sin mandato– presentó dos garantes quienes fueron objeto de la verificación correspondiente por el personal subalterno del Juzgado Cautelar, y para tratar de demostrar que el arraigo es una realidad presentó un formulario de notificación que significa el inicio de dicho trámite, mas no demuestra la existencia del registro real de dicha figura del adjetivo penal, para lograr que el sujeto procesal no se desplace a lugares distintos al lugar de los hechos donde se encuentra la jurisdicción y competencia de las autoridades que se encuentran a cargo del procesamiento del imputado; el cumplimiento de las medidas sustitutivas es imperativo para que el detenido preventivo obtenga el beneficio de la libertad, mientras se tramite el proceso penal, porque como bien establece el art. 221 del CPP, la finalidad y alcance de las medidas cautelares es la indispensable tarea de averiguación de la verdad histórica de los hechos investigados, y en aplicación de la Constitución y las leyes, dichas disposiciones se constituyen en herramientas que los sujetos procesales disponen para que asegure la presencia de todos los involucrados en la causa; en la especie el ahora accionante al estar con detención preventiva luego del trámite procesal ha logrado ser beneficiado con medidas sustitutivas a la detención preventiva, fianza personal y arraigo, para lo cual como se ha previsto en los Fundamentos Jurídicos III.1. de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, la jurisprudencia constitucional es clara para que el imputado cambie su situación procesal como interno de un recinto penitenciario y se beneficie con otras medidas sustitutivas, previo trámite procesal, debe dar cumplimiento estricto a lo ordenado por el juez controlador de garantías, esto en aplicación del art. 231 bis del CPP, eso significa que la autoridad jurisdiccional que tenga a su cargo el control de las garantías, al disponer las medidas sustitutivas a la detención preventiva, para que se efectivice el correspondiente mandamiento de libertad como lo dispone el art. 245 del CPP, tiene el deber y obligación como tarea verificar el cumplimiento preciso de las exigencias impuestas y una vez verificado su cumplimiento también es su obligación expedir el mandamiento de libertad.
Adicionalmente también debemos expresar que los Fundamentos Jurídicos III.2., del presente fallo constitucional al determinar que la solicitud de la valoración de la prueba en jurisdicción constitucional no es posible porque la hermenéutica de la jurisdicción constitucional, no puede ser invasiva o perturbadora respecto a las labores de la jurisdicción ordinaria, ya que la interpretación de la legalidad ordinaria implica que los jueces y tribunales de dicho ámbito tienen la potestad única y exclusiva para poder valorar y dimensionar el impacto de dichos elementos y su incidencia intra proceso, al respecto si se evidencia que la actividad desplegada por los Tribunales y Jueces ordinarios, es lesiva al contenido de la Norma Suprema, recién se habilitará la competencia de la jurisdicción constitucional para ingresar a la revisión de dichas actuaciones, en la especie el formulario de notificación (fs. 6) no constituye en un documento que acredite el arraigo, pues el Certificado de Arraigo emitido por la Dirección General de Migración dependiente del Ministerio de Gobierno es el documento idóneo para demostrar la existencia del arraigo aplicado al imputado –hoy accionante–, por lo que no se puede establecer que vía acción de libertad se pretenda lograr que esta jurisdicción ingrese a valorar los elementos documentales mencionados, ya que la comunicación de inicio del trámite de arraigo no constituye en la pieza documental que demuestra la existencia del registro, de igual manera a fs. 17 y vta. en el acta de la audiencia desarrollada para resolver la presente acción tutelar, el abogado del accionante, manifestó que no presentado el memorial que contiene la solicitud del certificado de arraigo lo que genera la convicción sobre la no existencia del certificado de arraigo el imputado y ahora accionante está obligado a presentar. La problemática puesta a conocimiento de este Tribunal, no contiene elementos que denoten que se ha lesionado derechos o garantías fundamentales que se encuentren dentro de la esfera de la acción de libertad.
En consecuencia, el Tribunal de garantías, al denegar la tutela impetrada, obró de manera correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 26/2022 de 22 de septiembre, cursante de fs. 18 vta. a 21, pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Séptimo del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia DENEGAR la tutela solicitada, conforme a los Fundamentos Jurídicos expuestos, en el presente fallo constitucional.
Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
René Yván Espada Navía
MAGISTRADO
MSc. Isidora Jiménez Castro
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0194_2025-S4.pdf · páginas 1 a 8.
Huella digital del PDF (SHA-256): 7e3eca2126084e695dd849ea9bc7ab021a5875e07e1487221d7bd2d01e8f2bff
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