Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 25 de marzo de 2025
Concede la tutela
El solicitante de tutela, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, a la dignidad y al debido proceso, así como el principio de legalidad; toda vez que, el 18 de octubre de 2022 se emitió en su favor Mandamiento de Detención Domiciliaria, no obstante, el Director del Centro de Readaptación Productiva “Santo Domingo” Cantumarca de Potosí, -ahora demandado- no ejecutó dicha orden judicial de forma inmediata como establece la ley y lo dispuesto en el referido mandamiento. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se analizarán los siguientes ejes temáticos: i) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho; ii) La demora en la efectivización de la detención domiciliaria dispuesta por la autoridad jurisdiccional vulnera el derecho a la libertad; iii) La acción de libertad innovativa; y, iv) Análisis del caso concreto.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 10 de 21 de octubre de 2022, cursante de fs. 23 a 25 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de Potosí constituido en Juez de garantías; y en consecuencia, CONCEDER la tutela impetrada bajo la modalidad traslativa e innovativa, sin disponer ninguna actuación; por cuanto, ya se ejecutó el mandamiento de detención domiciliaria.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0193/2025-S1 Sucre, 25 de marzo de 2025 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de libertad Expediente: 51288-2022-103-AL Departamento: Potosí En revisión la Resolución 10 de 21 de octubre de 2022, cursante de fs. 23 a 25 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Wilson Zúñiga Chara contra Daniel Ponce Meneses, Director del Centro de Readaptación Productiva “Santo Domingo” Cantumarca de Potosí.
Por memorial presentado el 20 de octubre de 2022, cursante de fs. 4 a 6, el accionante manifestó los siguientes argumentos de hecho y de derecho:
Señala que dentro el proceso penal seguido por el Ministerio Público a denuncia de Yesica Natividad Cuba Paniagua en su contra, por la presunta comisión del delito de abuso sexual, desde la gestión 2017 venía cumpliendo estrictamente una medida de detención domiciliaria con todas las reglas de conducta impuestas. Sin embargo, de forma sorpresiva y sin la existencia de hechos nuevos o elementos distintos, durante la gestión 2022 su situación jurídica fue agravada a partir de informes policiales, disponiéndose en audiencia de 31 de agosto del mismo año, la detención domiciliaria con custodio policial permanente, medida que fue objeto de apelación y confirmada en audiencia del 8 de septiembre del citado año. Pese a ello, y sin haber transcurrido por lo menos dos meses, nuevamente se intentó modificar su situación jurídica bajo los mismos argumentos, y en audiencia de 13 de octubre del 2022, el Juez a cargo del control jurisdiccional ordenó su detención preventiva en el Centro Penitenciario "Santo Domingo" de Cantumarca de Potosí.
Ante esta nueva Resolución, interpuso el recurso de apelación previsto en el art. 251 del Código de Procedimiento Penal (CPP), y en audiencia, el Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, efectuó el análisis y valoración de la prueba presentada, disponiendo la modificación de la medida impuesta, restituyendo la detención domiciliaria con custodio policial y autorizando la salida laboral, conforme al Auto de Vista emitido el 18 de octubre de 2022. En ejecución de la Resolución, el Vocal de la referida Sala del Tribunal Departamental de Justicia libró el respectivo mandamiento de detención domiciliaria, instruyendo al Director del Centro de Readaptación Productiva "Santo Domingo” de Cantumarca, dar cumplimiento inmediato, disponiendo el traslado del ahora accionante a su domicilio real, ubicado en la Calle Bartolina Sisa 5, Zona Hospital Daniel Bracamonte, bajo custodio policial. Pese a la orden judicial clara y expresa, el citado mandamiento fue presentado en Secretaría del mencionado Centro Penitenciario el 18 de octubre de 2022, sin embargo, no fue cumplido. Inicialmente, se informó que sería trasladado a horas 16:00, más tarde; a sus familiares se les indicó que sería a las 18:00 horas, ya que se estaba verificando la autenticidad del mandamiento ante el Tribunal Departamental de Justicia de Potosí. Al día siguiente, miércoles 19 del mismo mes y año, se informó que no había funcionario policial disponible para ejercer la custodia; y posteriormente, se comunicó que la determinación judicial no sería cumplida. Lo expuesto, evidencia una vulneración directa a sus derechos fundamentales; dado que, el art. 39 de la Ley de Ejecución Penal y Supervisión (LEPS) -Ley 2298 de 20 de diciembre de 2001-, establece que, cesada la detención preventiva, el interno debe ser liberado en el mismo día, sin necesidad de trámite alguno, siendo pasible de responsabilidad penal y administrativa el funcionario que incumpla esta disposición.
El impetrante de tutela considera lesionados sus derechos a la libertad, a la dignidad y al debido proceso, así como el principio de legalidad; citando al efecto, los arts. 22 y 23.I de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitó se conceda la tutela; y en consecuencia, se declare “procedente” la acción de libertad y se ordene a la autoridad demandada, cumpla con lo dispuesto en el mandamiento de detención domiciliaria.
Celebrada la audiencia pública el 21 de octubre de 2022, según acta cursante de fs. 22 a 23, se produjeron los siguientes actuados:
El impetrante de tutela, a través de su abogado, se ratificó en el contenido íntegro de su demanda de acción tutelar y ampliando sus argumentos, en audiencia, señaló que: a) El 18 de octubre de 2022 a horas 15:00, puso en conocimiento en Secretaría de la Dirección de Seguridad del Centro de Readaptación Productiva “Santo Domingo” de Cantumarca de Potosí, el mandamiento de detención domiciliaria; sin embargo, el mismo no se ejecutó; y, b) El 20 de igual mes y año aproximadamente entre horas 19:00 y 20:00, se dispuso la modificación de la detención preventiva a domiciliaria, causándole una serie de perjuicios al igual que a su familia por la tardanza.
Daniel Ponce Meneses, Director del Centro de Readaptación Productiva “Santo Domingo” de Cantumarca de Potosí, en audiencia, señaló que: 1) Recibido el mandamiento de detención domiciliaria, librada por Juan Carlos Ramírez Flores, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, se remitió un informe donde se hace conocer que se tiene veintidós funcionarios policiales, cumpliendo el servicio de custodios de forma permanente a favor de distintos privados de libertad; 2) De acuerdo al “Manual de Funciones, Seguridad Penitenciaria”, no tiene competencia para designar efectivos policiales, debido a que es una atribución del Comando Departamental de Policía de Potosí; 3) Se efectuó los esfuerzos necesarios, para dar cumplimiento al mandamiento de detención domiciliaria y designar un funcionario policial, elevando tres informes al inmediato superior; y, 4) Por el documento presentado en audiencia, se evidencia que dieron cumplimiento al mandamiento de detención domiciliaria; a pesar que tienen muchos mandamientos de esa naturaleza. Respondiendo a las preguntas del Juez de garantías, manifestó que: i) De acuerdo a procedimiento el mandamiento de detención domiciliaria se deja en Secretaría, luego pasa a conocimiento del Director, posteriormente a Secretaría Jurídica y después archivos; ii) Quien indicó que no había custodios fue el “Sub-Oficial Cayo”; y, iii) Se realizó la lectura del contenido del mandamiento de detención domiciliaria.
El Juez de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de Potosí, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 10 de 21 de octubre de 2022, cursante de fs. 23 a 25 vta., denegó la tutela solicitada, con base a los siguientes fundamentos: a) La Resolución de 18 ese mes y año, fue cumplida, conforme se tiene del informe de 20 de igual mes y año, emitida por Wilson Choque Benito, Encargado de Salidas Judiciales del Centro de Readaptación Productiva “Santo Domingo” de Cantumarca de Potosí; b) A pesar de las contradicciones existentes en el referido mandamiento, emitido por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia, se ejecutó en el marco del principio de verdad material, establecido en el art. 180.I de la CPE; c) Hizo conocer en audiencia la autoridad ahora demandada, la carencia de efectivos policiales, pese a ello, se cumplió lo dispuesto en el mencionado mandamiento, conforme se tiene en el cuaderno y bajo el principio de objetividad; d) La presente acción de libertad no debería ser considerada, toda vez que, ya se encuentra cumplido el referido mandamiento con custodio policial, conforme se evidencia del informe emitido por Wilson Choque Benito, Encargado de Salidas Judiciales del citado Centro Penitenciario; y, e) No se vulneraron los derechos y garantías que alega el demandante de tutela, debido a que la autoridad ahora demandada actuó dentro del marco legal y la sana critica para cumplir con el referido mandamiento; a pesar de los defectos de su contenido. En vía de complementación y enmienda, el solicitante de tutela a través de su abogado, señaló que: 1) Si bien existe un error en el mandamiento de detención domiciliaria, incurrida por la Secretaria de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, sin embargo, en el marco del principio de verdad material, su autoridad debió sancionar la demora por haberse perjudicado con dos días trabajo; y, 2) El Rótulo de mandamiento de detención domiciliaria está en letras más grandes que el resto de su contenido, más aún, si se adjuntó la resolución emitida por el Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia y el referido mandamiento no fue observado por la autoridad demandada. El Juez de garantías señaló que se aplicó el principio de objetividad e incluso el de verdad material, establecido en el art. 180.I de la CPE, incluso se tendría que hablar de falta de legitimación pasiva, debido a que fue el “Sub-Oficial Cayo”, quien indicó que no había custodios, la acción podía haber sido planteada contra este funcionario policial.
Por Acuerdo Jurisdiccional TCP-AJ-SP-04/2024 de 9 de mayo, cursante de fs. 28 a 34, se dispuso en el punto dos disponer el sorteo conforme el orden correlativo de las acciones de libertad traslativas o de pronto despacho, clasificadas a la Sala voluntaria o piloto, según el número que solicite, independientemente del número de causas que le correspondan en el sorteo ordinario.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursa en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Mandamiento de Detención Domiciliaria de 18 de octubre de 2022, emitido por Juan Carlos Ramírez Flores, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí en favor de Wilson Zúñiga Chara -ahora accionante-, disponiendo su ejecución inmediata al Director del Centro Readaptación Productiva de “Santo Domingo” de Cantumarca de Potosí -ahora demandado- y sea con custodio policial (fs. 2). II.2. Consta acta de audiencia pública de consideración y Auto de Vista 239 de 18 de octubre de 2022, efectuado por Juan Carlos Ramírez Flores, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, que se determinó revocar la resolución emitida por el Tribunal a quo de 13 de octubre de 2022, manteniendo vigente la determinación asumida mediante Resolución de 31 de agosto de igual año, a efectos de haberse determinado la detención domiciliaria con un efectivo policial permanente, conminando al Director del citado Centro Penitenciario, proceda a cumplir la determinación dentro del plazo de veinticuatro horas (fs. 16 a 19 vta.). II.3. Por informe de 20 de octubre de 2022, Wilson Choque Benito, Encargado de Salidas Judiciales, informa a la autoridad ahora demandado, que se dio cumplimiento a instrucciones emanadas por su autoridad; así como, lo dispuesto en el Auto de Vista 239 y el mandamiento de detención domiciliaria, emitido por Juan Carlos Ramírez Flores, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí; designándose, un custodio permanente durante las veinticuatro horas con relevo para la vigilancia del privado de libertad -ahora accionante-, en su domicilio ubicado en calle Bartolina Sisa s/n, zona Chapini bajo, de la ciudad de Potosí (fs. 21).
El solicitante de tutela, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, a la dignidad y al debido proceso, así como el principio de legalidad; toda vez que, el 18 de octubre de 2022 se emitió en su favor Mandamiento de Detención Domiciliaria, no obstante, el Director del Centro de Readaptación Productiva “Santo Domingo” Cantumarca de Potosí, -ahora demandado- no ejecutó dicha orden judicial de forma inmediata como establece la ley y lo dispuesto en el referido mandamiento. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se analizarán los siguientes ejes temáticos: i) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho; ii) La demora en la efectivización de la detención domiciliaria dispuesta por la autoridad jurisdiccional vulnera el derecho a la libertad; iii) La acción de libertad innovativa; y, iv) Análisis del caso concreto.
El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0142/2018-S2 de 30 de abril, reiterada por la SCP 0332/2021-S1 de 12 de agosto -entre otras-, asumió el siguiente razonamiento: La Constitución Política del Estado en su art. 23, establece que toda persona tiene derecho a su libertad física, constituido como un derecho fundamental de carácter primario para su desarrollo; por ello, el Estado tiene el deber primordial de respetarlo y protegerlo, por ser inviolable; razón por la que, la acción de libertad fue configurada de manera exclusiva, extraordinaria y sumarísima, con el propósito que la libertad física goce de protección especial, cuando se pretenda lesionarla o esté siendo amenazada de vulneración. A ese efecto, la SC 1579/2004-R de 1 de octubreefectuó una clasificación del entonces recurso de hábeas corpus ante violaciones a la libertad individual y/o de locomoción, señalando que puede ser reparador, si ataca una lesión ya consumada; preventivo, si procura impedir una vulneración a producirse; o, correctivo, si intenta evitar que se agraven las condiciones en las que se mantiene a una persona detenida. Posteriormente, a través de la SC 0044/2010-R de 20 de abril, se amplió dicha clasificación, identificando además al hábeas corpus restringido, que procede ante limitaciones del ejercicio del derecho a la libertad; dentro del cual, se encuentra el hábeas corpus instructivo, que procede cuando el derecho a la libertad se encuentra vinculado al derecho a la vida; y, traslativo o de pronto despacho; a través del que, se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos ante dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona privada de libertad y la concreción del valor libertad, de los principios de celeridad y respeto a los derechos, debiendo ser tramitados, resueltos -SC 0224/2004-R de 16 de febrero- y 1El FJ III.1.1, señala: “Para la procedencia del hábeas corpus reparador es decisivo que se haya configurado una situación de privación de libertad física ilegal inobservando las formalidades esenciales, por ejemplo una detención ejecutada sin orden escrita, o resuelta por autoridad incompetente (…)”. El FJ III.1.2, menciona: “El hábeas corpus procede como un medio preventivo, cuando la detención aún no se ha producido pero puede presuponerse que la misma es inminente, en tanto que la amenaza pueda demostrarse positivamente (…)”. El FJ III.1.3, determina: “El hábeas corpus denominado correctivo, protege al detenido de aquellas condiciones que agravan en forma ilegítima la detención, violando su condición humana. A través de este recurso, se garantiza el trato humano al detenido, establecido en las Convenciones Internacionales de Derechos Humanos. La base legal de este tipo de hábeas corpus, la encontramos en el art. 89 de la LTC, que amplía los alcances protectivos de esta garantía, al referirse a otras `violaciones que tengan relación con la libertad personal en cualquiera de sus formas…´. Conforme a esto, una de las formas en que se manifiestan estas violaciones vinculadas a la libertad, está la referida al agravamiento ilegal de la situación del detenido o condenad (…)”.
2El FJ III.5, indica: “El primer (instructivo); hace referencia a los supuestos, en que el derecho a la libertad se encuentra vinculado al derecho a la vida, fundamentalmente en los casos de desaparición forzada de personas, y tiene como objeto identificar el paradero de la víctima, disponer su libertad e individualizar a los autores del hecho, garantizándose el derecho a la vida y también el derecho a la integridad física. Este hábeas corpus, ahora está previsto en el art. 125 de la CPE, cuando hace referencia a los casos en los que la persona considere que su vida está en peligro. Esta ampliación es coherente con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en la Opinión Consultiva OC-8/87 de 30 de enero de 1987, al absolver la consulta formulada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto a la interpretación de los arts. 25.1 y 7.6 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación a la última frase del art. 27.2 de dicha Convención, que enumera los derechos que no pueden suspenderse durante los estados de excepción; estableció que, la función del hábeas corpus es esencial como: `…medio para controlar el respeto a la vida e integridad de la persona, para impedir su desaparición o la indeterminación de su lugar de detención, así como para protegerla contra la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes´ (…) Por último, se debe hacer referencia al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, a través del cual lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad” (las negrillas nos corresponden).
efectivizados -SC 0862/2005-R de 27 de julio- con la mayor celeridad -SCP 0528/2013 de 3 de mayo-. Con ese razonamiento, toda autoridad que conozca una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo, podría provocar una restricción indebida del citado derecho; lo que no significa, otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva o negativa, ya que el resultado a originarse, dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso; por cuanto, la lesión del derecho a la libertad física, está en la demora o dilación indebida, al resolver o atender una solicitud; que más bien, debería ser efectuada con la debida celeridad.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la SCP 0118/2019-S2, de 8 de abril asumió el siguiente razonamiento. Si bien la medida cautelar de detención domiciliaria tiene algún elemento en común con la preventiva, de ningún modo una y otra pueden equipararse; de hecho, tal como está regulada en nuestra legislación procesal penal; la primera, no aparece como una forma de detención preventiva, sino, como una medida sustitutiva a ésta. Por lo que, ambas medidas tienen en común, la restricción de la libertad y se muestran como cautelares, que ayudan a la consecución de la finalidad del proceso penal; sin embargo, esas semejanzas no alteran el hecho de ser distintas; pues, no pueden equipararse en sus efectos personales ni en el análisis de las condiciones de procedencia. Si bien, ambas medidas cautelares afectan la libertad de locomoción del individuo, lo hacen en intensidades distintas; puesto que, la detención domiciliaria es una medida alternativa de la detención preventiva, cuando no concurrieron los requisitos exigidos por el art. 233 del Código de Procedimiento Penal (CPP) para disponerla. No cabe duda que la libertad del individuo se resiente más, cuando se dispone su procesamiento con mandato de prisión preventiva, que cuando se la restringe con detención domiciliaria. La detención domiciliaria supone una intromisión menos grave a la libertad; pues, resulta una menor carga psicológica, no siendo lo mismo, permanecer por disposición judicial en el domicilio, que en prisión. En definitiva, tal como están reguladas tanto la detención domiciliaria como la preventiva, aun cuando comparten la condición de medidas cautelares personales, son supuestos distintos, en lo que a su incidencia sobre el derecho a la libertad personal respecta. En ese sentido, la demora en sustituir la medida cautelar de detención preventiva por la domiciliaria, dispuesta por la autoridad judicial, vulnera el derecho a la libertad. En ese sentido, cabe mencionar que la SCP 0702/2012 de 13 de agosto estableció que el cumplimiento de la aplicación de la medida sustitutiva de detención domiciliaria por una cuestión administrativa, no es justificable; entendiendo que el ejercicio de los derechos no puede supeditarse a la disponibilidad de recursos económicos ni materiales del Estado; al respecto, en el Fundamento Jurídico III.2, refiere:
Asimismo, el ejercicio de los derechos puede requerir de ciertas condiciones materiales, pero estas no pueden constituir un obstáculo, ello porque el Estado boliviano tiene el deber de adoptar las medidas que sean necesarias para efectivizar los derechos, así el art. 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos ( CADH), determina que: “Si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el Artículo 1 no estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados Partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades”, deber que alcanza entonces a medidas administrativas, presupuestarias, de asignación de recursos humanos, entre otras.
Por su parte la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su sentencia de 6 de mayo de 2008, dentro del caso Yvon Neptune vs. Haití se sostuvo: “es jurisprudencia de este Tribunal que las condiciones en las cuales se encuentra un país, no importa cuán difíciles sean éstas, no son causas de justificación para que los estados Parte en la Convención Americana estén liberados de cumplir con las obligaciones consagradas en ella” y en la sentencia de 3 de abril de 2009 dentro del caso Kawas Fernández vs. Honduras, señaló: “…los estados no pueden invocar privaciones económicas para justificar condiciones de detención que no cumplan con los estándares mínimos internacionales en esta área y no respeten la dignidad del ser humano”. En este contexto, excusar el cumplimiento de condiciones mínimas para el ejercicio de los derechos bajo el alegato de la falta de recursos económicos de un sector poblacional, como lo es la privada de libertad implicaría dispensar el ejercicio de los otros derechos con el mismo razonamiento por ejemplo los derechos de la personas adultas mayores, los derechos de los niños, los derechos de las personas con discapacidad, etc. aspecto que resulta intolerable en un “Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario…” (art. 1 de la CPE). Finalmente, sostener que los derechos prestacionales y el establecimiento de las condiciones materiales para el ejercicio de los derechos en su generalidad vía justicia constitucional no es nuevo sino que en el marco de una Constitución incluso menos garantista se efectuó por el Tribunal Constitucional en casos de personas que requerían hemodiálisis (SSCC 433/2000-R, 26/2003-R y 1294/2004-R, entre otras), previendo el legislador constituyente en el nuevo marco constitucional incluso acciones constitucionales específicas para efectivizar las condiciones y realizar la normativa constitucional y legal como son las acciones de cumplimiento y la acción popular.
El Tribunal Constitucional a través de la SCP 0006/2019-S2 19 de febrero, asumió el siguiente razonamiento: Es una acción tutelar, cuyo propósito es proteger, restablecer y/o restituir el derecho a la libertad física o de locomoción, así como el derecho a la vida, cuando se hallan en peligro como consecuencia de la supresión o restricción a la libertad personal; disponiendo el cese de la persecución indebida, el restablecimiento de las formalidades legales y/o la remisión del caso al juez competente, la restitución del derecho a la libertad física, o la protección de la vida misma. En este marco, la línea jurisprudencial sobre la posibilidad de presentar la acción de libertad, aun hubiere cesado la restricción del derecho a la libertad física, conocida en la doctrina como recurso de hábeas corpus innovativo, tiene el siguiente desarrollo jurisprudencial: El Tribunal Constitucional, en la SC 92/02-R de 24 de enero de 2002, sostuvo que era posible el planteamiento del hábeas corpus -ahora acción de libertad- cuando el accionante ya había sido liberado, pues dicha liberación “…no desvirtúa la ilegalidad del acto ni libera de responsabilidad a los recurridos…”, de forma que en tales casos, se evitaba la reiteración de la conducta; es decir, que el interés en la resolución de la temática, trascendía del caso particular para convertirse en uno de interés general. Posteriormente, sin modificarse oficialmente aquella línea, la SC 1489/2003-R de 20 de octubre estableció que promovido el recurso de habeas corpus -ahora acción de libertad-, no procedía cuando el hecho conculcador ya había cesado, puesto que dicho acto adquiría características que lo hacían punible en la instancia ordinaria penal; por lo que, se debería acudir a esa jurisdicción para conseguir la respectiva sanción.
A través de la SC 0327/2004-R de 10 de marzo, se cambió dicho entendimiento jurisprudencial, sosteniendo que las lesiones del derecho a la libertad, encuentran protección dentro del ámbito del hábeas corpus, en los casos en los que se constate la existencia de una ilegal privación de libertad, a pesar de haber cesado la detención antes de la interposición del recurso; supuesto en el cual, la concesión de la tutela debe establecer la responsabilidad de los servidores públicos que efectuaron la indebida privación de libertad; razonamiento que fue adoptado como línea jurisprudencial hasta la gestión 2010.
Con la SC 0451/2010-R de 28 de junio, se recondujo el entendimiento jurisprudencial al anterior contenido en la SC 1489/2003-R, estableciendo que cuando se alega o denuncia una privación de libertad personal ilegal o indebida, debe interponerse la acción de libertad mientras persista la lesión, no cuando hubiere cesado; lo cual fue confirmado por el Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0201/2012 de 24 de mayo, entre otras.
5El FJ III.1, refiere: “Consiguientemente, del contenido de los preceptos aludidos y los debates parlamentarios glosados, se extrae de manera clara y precisa que la voluntad del legislador es que las lesiones al derecho a la libertad encuentren protección dentro del ámbito del hábeas corpus, declarando su procedencia en los casos en que se constate la existencia de una ilegal privación de libertad, no obstante haber cesado la detención antes de la interposición del recurso; en consecuencia, es preciso cambiar el entendimiento jurisprudencial sentado en la SC 1489/2003-R (…)” 6El FJ III.2.2, manifiesta: “Cuando se alega privación de libertad personal, la norma constitucional (art. 125 de la CPE), señala que toda persona que esté indebida o ilegalmente privada de su libertad personal, podrá interponer la acción de libertad y solicitar al juez o tribunal competente `se restituya su derecho a la libertad´”.
Lo cual significa que en estos casos, la acción de libertad debe ser interpuesta cuando la lesión al derecho a la libertad existe; de no ser así, se desnaturalizaría la esencia de la presente acción de defensa, dado que el petitorio de que `se restituya su derecho a la libertad´, ya no tendría sentido si está en libertad.
En consecuencia, desde el orden constitucional, se debe tener en cuenta los siguientes aspectos procesales:
Primero.- Cuando el acto ilegal o indebido denunciado sea la detención o privación de libertad física del agraviado o accionante, la acción de libertad debe ser interpuesta mientras exista la lesión, no cuando haya cesado.
Segundo.- En los casos, en que presentada la acción de libertad conforme a esta exigencia, luego de la notificación a la autoridad, funcionario o persona denunciada o accionada, con la admisión de la misma, ésta libera al accionante o agraviado, ello no impide la prosecución del trámite y la otorgación de la tutela si es que corresponde, a los efectos de la reparación de los daños causados por la privación de libertad y en su caso los efectos que corresponda.
Tercero.- En los casos en que durante la detención no se presentó la acción de libertad, sino después de haber cesado la misma; verificada que sea tal situación, en audiencia pública y sin ingresar al análisis de fondo, corresponde la denegación de tutela, salvando los derechos del agraviado o accionante en la vía jurisdiccional ordinaria.
Al respecto, el art. 110.I de la CPE, señala que: `Las personas que vulneren derechos constitucionales quedan sujetas a la jurisdicción y competencia de autoridades bolivianas´, lo cual guarda coherencia con el art. 292 del Código Penal (CP), que bajo el nomen juris de `privación de libertad´, establece: `El que de cualquier manera privare a otro de su libertad personal, incurrirá en reclusión de seis meses a dos años y multa de treinta a cien días. La sanción será agravada en un tercio, cuando el hecho fuere cometido: 1) Por un funcionario público, con abuso de su autoridad. 2) Sobre un ascendiente, descendiente o cónyuge. 3) Si la privación de libertad excediere de cuarenta y ocho horas´ (…)
El art. 4.II de la Ley 003 de 13 de febrero de 2010 denominada Ley de Necesidad de Transición, señala que: `Los Tribunales, Jueces y autoridades administrativas del Estado Plurinacional podrán considerar la jurisprudencia constitucional emitida con anterioridad a la aprobación del nuevo orden constitucional, en tanto no se contraponga a la Constitución Política del Estado´, en ese sentido, y al ser -entre otras- la función del Tribunal Constitucional, intérprete y guardián de la Constitución vigente; la interpretación efectuada a través de su jurisprudencia no puede contravenir a la Constitución misma, ni asimilar un entendimiento jurisprudencial pasado que se aparte de ella, sino sólo aquél que guarde coherencia o armonía con la Constitución vigente, uniformando así la jurisprudencia constitucional; labor que le corresponde a los miembros que componen este Tribunal. En ese sentido, y a la luz de la nueva Constitución, se concluye que `cuando se alega o denuncia privación de libertad personal ilegal o indebida, debe interponerse la acción de libertad, mientras persista la lesión, no cuando ha cesado´, tal cual se explicó precedentemente, lo cual a su vez significa una reconducción de la línea jurisprudencial al asumido en la SC 1489/2003-R, que es conforme al orden constitucional vigente”.
La SC 0895/2010-R de 10 de agosto, complementó el entendimiento previamente asumido y señaló que cuando sea imposible plantear la acción de libertad por situaciones debidamente justificadas durante la privación de libertad, es posible su interposición inmediatamente después de haber cesado la misma. La jurisprudencia glosada fue reconducida a través de la SCP 2491/2012 de 3 de diciembre; en la que, sobre la base de la SC 0327/2004-R, dispone que procede la acción de libertad -bajo la modalidad de innovativa-, aun hubiere cesado el acto ilegal en cualquiera de las modalidades protectivas de la acción de libertad; es decir, la amenaza al derecho a la vida, la privación de libertad, la persecución indebida, o en su caso, el indebido procesamiento vinculado con el derecho a la libertad física o personal. En efecto, la SCP 2491/2012 consagra la acción de libertad denominada innovativa; entendimiento que fue seguido de manera uniforme por este Órgano encargado del control de constitucionalidad, a través de las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0640/2013 de 28 de mayo y 2075/2013 de 18 de noviembre, entre otras. Efectivamente, debe señalarse que la acción de libertad innovativa, radica fundamentalmente, en que todo acto que implique desconocimiento o comprometa la eficacia de los derechos tutelados por esta garantía constitucional, debe ser repudiado por la justicia constitucional; de esta manera, evitar que en el futuro se repitan y reproduzcan los actos contrarios a la eficacia y vigencia de los derechos a la vida, la libertad física y de locomoción. En ese sentido, no se protege únicamente los derechos de la persona que interpuso la acción de libertad; al contrario, su vocación principal es que en lo sucesivo no se repitan hechos cuestionados de ilegales; en razón a que, como entendió la jurisprudencia constitucional, la acción de libertad se activa, no simplemente para proteger derechos desde una óptica netamente subjetiva, sino también, desde su dimensión objetiva, evitando que se reiteren aquellas conductas que lesionan los derechos que se encuentran dentro del ámbito de su protección y que fundamentan todo el orden constitucional.
En ese marco, corresponde la aplicación de la SCP 2491/2012, en cuyo Fundamento Jurídico III.1, establece:
…de acuerdo a la nueva coyuntura constitucional imperante desde febrero de 2009, nuestro país atraviesa un proceso de constitucionalización en sus instituciones jurídicas y políticas. No se encuentra al margen la justicia constitucional, que acoge parámetros interpretativos y de amparo más garantistas y favorables a la protección de los derechos y de los derechos humanos.
En ese sentido, la interpretación que debe hacerse respecto del art. 125 constitucional, no debe recorrer un camino restrictivo, en el sentido de que únicamente la acción de libertad pueda ser interpuesta cuando la persona se encuentre privada de libertad, pues partiendo de un criterio amplio y garantista como se tiene anotado, este mecanismo puede operar cuando efectivamente ha cesado la vulneración al derecho protegido. Este criterio se justifica, al análisis de lo dispuesto por el art. 256 de la CPE, que de forma expresa reconoce criterios de interpretación más favorables que los contenidos en nuestra propia Ley Fundamental y que se encuentran contenidos en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos. Conforme al espíritu de esta línea jurisprudencial, la acción de libertad innovativa debe ser entendida como el mecanismo procesal, por el cual el juez constitucional, asume un rol fundamental para el resguardo de los derechos que se encuentran dentro del ámbito de su protección -libertad personal, vida, integridad física, debido proceso y libertad de locomoción-; pues, si bien pueden haber cesado las vulneraciones a dichos derechos, empero, la ilegalidad fue consumada; por ello, a efectos de determinar la responsabilidad del caso y contribuir con la política criminal de prevención, corresponderá pronunciarse en el fondo de la problemática, para determinar la responsabilidad de las autoridades, la comunidad o personas particulares que transgredieron el o los derechos invocados como lesionados, al ser estas conductas contrarias al orden constitucional; evitando de esta forma, futuras conculcaciones de derechos fundamentales y garantías constitucionales. Más aún cuando nuestro ordenamiento jurídico expresamente establece la existencia de esta figura, en el art. 49.6 del Código Procesal Constitucional (CPCo), que determina: “Aun habiendo cesado las causas que originaron la Acción de Libertad, la audiencia deberá realizarse en el día y hora señalados, a efectos de establecer las responsabilidades que correspondan”.
El solicitante de tutela, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, a la dignidad y al debido proceso, así como el principio de legalidad; toda vez que, el 18 de octubre de 2022 se emitió en su favor Mandamiento de Detención Domiciliaria, no obstante, el Director del Centro de Readaptación Productiva “Santo Domingo” Cantumarca de Potosí, -ahora demandado- no ejecutó dicha orden judicial de forma inmediata como establece la ley y lo dispuesto en el referido mandamiento.
Ahora bien, de la revisión de antecedentes se evidencia que, como resultado del recurso de apelación interpuesto por el ahora accionante, Juan Carlos Ramírez Flores, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, emitió a su favor el Mandamiento de Detención Domiciliaria el 18 de octubre de 2022, disponiendo que el Director del Centro Penitenciario “Santo Domingo” de Cantumarca de Potosí proceda a su ejecución inmediata, con la correspondiente asignación de un custodio policial (Conclusión II.1). Asimismo, según consta en el Auto de Vista 239/2022 de la misma fecha emitido por el mencionado Vocal, dispuso revocar la Resolución del Tribunal de Origen de 13 de octubre de ese año, disponiéndose la vigencia de lo determinado mediante Resolución de 31 de agosto de 2022, por la cual se otorgó al demandante la detención domiciliaria con custodia policial permanente, conminando al Director del Centro Penitenciario de Cantumarca a dar cumplimiento a dicha determinación en el plazo máximo de veinticuatro horas (Conclusión II.2). Finalmente, mediante informe de 20 de octubre de 2022, el funcionario Wilson Choque Benito, Encargado de Salidas Judiciales del citado Centro de Readaptación Productiva comunicó a Daniel Ponce Meneses -ahora demandado- que se dio cumplimiento a las instrucciones impartidas por dicha autoridad, así como a lo dispuesto por la resolución judicial del 18 de octubre de 2022 y el correspondiente mandamiento de detención domiciliaria, habiéndose designado un custodio policial con turnos rotativos de veinticuatro horas, para la vigilancia del ahora peticionante de tutela en su domicilio, ubicado en la calle Bartolina Sisa s/n, zona Chapini Bajo, de la ciudad de Potosí (Conclusión II.3). Por lo expuesto, conforme al desarrollo del Fundamento Jurídico III.1, el presente fallo constitucional de la acción de libertad en su modalidad traslativa o de pronto despacho constituye el mecanismo procesal idóneo para reparar vulneraciones al principio de celeridad vinculado al derecho a la libertad personal. En el presente caso, se evidencia que la autoridad demandada, a pesar de haber tomado conocimiento del Mandamiento de Detención Domiciliaria el 18 de octubre de 2022 -fecha en la que dicho documento fue presentado por el accionante ante la Secretaría de Seguridad Penitenciaria- no procedió a su ejecución dentro del plazo de veinticuatro horas fijado por el Auto de Vista 239/2022 ni en los términos del artículo 39 de la Ley 2298, el cual establece que, cesada la detención preventiva, el interno debe ser liberado el mismo día, sin trámite adicional.
La demora en el cumplimiento se justificó en supuestas razones de orden administrativo, como la verificación del mandamiento judicial y la falta de efectivos policiales, aspectos que no resultan válidos ni constitucionalmente admisibles, dado que -conforme a la jurisprudencia desarrollada en el Fundamento Jurídico III.2 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional- el cumplimiento de medidas sustitutivas no puede quedar supeditado a condiciones materiales o económicas del Estado. La ejecución tardía del mandamiento, recién efectivizada el 20 de octubre de 2022 (Conclusión II.3), implicó una demora injustificada en la sustitución de la medida cautelar de detención preventiva por la de detención domiciliaria, afectando directamente el derecho a la libertad del accionante. Por tanto, corresponde conceder la tutela solicitada. Por otra parte, si bien la autoridad demandada dio cumplimiento a la orden judicial antes de la realización de la audiencia de acción de libertad, este Tribunal -en coherencia con lo establecido en el Fundamento Jurídico III.3 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional- considera que no corresponde convalidar una lesión a derechos fundamentales mediante un cumplimiento extemporáneo. El ejercicio de derechos fundamentales, especialmente el de libertad personal, no puede quedar sujeto al arbitrio o a la discrecionalidad de las autoridades administrativas. En tal sentido, no solo debe disponerse la cesación del acto vulneratorio, sino también establecer un precedente claro respecto a la obligación de las autoridades de acatar de forma inmediata las órdenes judiciales, exhortándoles a no incurrir en conductas contrarias al orden constitucional, las cuáles podrían ser objeto de responsabilidad administrativa o penal. Consecuentemente, el Juez de garantías al denegar la tutela solicitada, obró de forma incorrecta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 10 de 21 de octubre de 2022, cursante de fs. 23 a 25 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de Potosí constituido en Juez de garantías; y en consecuencia, CONCEDER la tutela impetrada bajo la modalidad traslativa e innovativa, sin disponer ninguna actuación; por cuanto, ya se ejecutó el mandamiento de detención domiciliaria. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
MAGISTRADA
Fdo. Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
3 El Tercer Considerando, señala: “…Si bien el Juez de la causa dispuso la libertad del procesado ello no desvirtúa la ilegalidad del acto ni libera de responsabilidad a los recurridos, tal como lo establece el art. 91-6) de la Ley N° 1836 (…)”. 4El FJ III.2, indica “En el caso que se examina, conforme lo expresa el propio recurrente, el hábeas corpus fue planteado después de que sus representados fueron puestos en libertad, de manera que si hubo ilegalidad en su detención por no haberse observado lo establecido por los arts. 6.II y 9.I CPE, ella no puede resolverse dentro de un recurso de hábeas corpus que fue presentado luego de haber sido puestos en libertad los recurrentes. Por consiguiente esa presunta ilegalidad adquiere otras características que la hacen punible, por lo que corresponde ser considerada en el ámbito penal o en el que los recurrentes estimen adecuado. En consecuencia, correspondía al recurrente interponer el recurso en el momento en que sus representados se encontraban -según él- indebidamente detenidos a fin de que la autoridad competente dentro del trámite de hábeas corpus, haga comparecer a los detenidos y analice los antecedentes del caso para pronunciarse sobre la procedencia o improcedencia del mismo, situación que no puede darse, ya que fueron puestos en libertad antes de la presentación misma del recurso”.
7 El FJ III.2, establece: “Así como no hay derechos absolutos, no hay reglas que no permitan una excepción cuando en mérito a ello se materializará un derecho fundamental, sin alterar la esencia y naturaleza de la acción tutelar, en este caso de la acción de libertad; y es que debe tenerse en cuenta que hay situaciones particulares en las que estando el ciudadano privado de libertad no es posible activar ningún medio de defensa ordinario, mucho menos extraordinario o de rango constitucional, pese a la lesión sufrida; por ello es oportuno complementar al entendimiento asumido en la citada SC 0451/2010-R, con referencia a que cuando se aduzca o se denuncie detención indebida, la acción de libertad debe ser interpuesta estando en privación o restricción de la libertad física, no luego de haber cesado: `Salvo que por las situaciones debidamente justificadas y la particularidad del caso, durante la privación de libertad no le fue posible interponer la acción de libertad, sino inmediatamente después de haber cesado la misma, lo cual no hace desparecer el acto ilegal y amerita un pronunciamiento de fondo a objeto de establecer las responsabilidades que correspondan, sean civiles, penales, u otras, dependiendo de la gravedad y del sujeto pasivo o causante de la lesión de derechos´”.
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0193_2025-S1.pdf · páginas 1 a 15.
Huella digital del PDF (SHA-256): 5d4cac25c0791a288bd4d7a47699de60ea52de43386d815d459207e981f1a298
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