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SCP 0193/2024-S4

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Cuarta Especializada · 4 de junio de 2024

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Cuarta Especializada
Fecha
4 de junio de 2024
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano
Expediente
48133-2022-97-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante denuncio la lesión de sus derechos a la libertad física y a la libertad de locomoción, en merito a que, habiendo sido sentenciado a cumplir pena privativa de libertad de cinco años por el supuesto delito de robo agravado; no obstante, al haber logrado el beneficio de la libertad condicional; y, cumplido el tiempo de la condena, la autoridad jurisdiccional demandada, no emite en su favor la Resolución de Libertad y el correspondiente Mandamiento al efecto. En consecuencia, corresponde en revisión, analizar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve:

CONFIRMAR la Resolución 14/2022 de 31 de mayo, cursante de fs. 30 a 36, pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Cuarto del departamento de La Paz; y en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, conforme a los Fundamentos Jurídicos del presente fallo constitucional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Efectos del cumplimiento de la condena
  2. III.2. De la acción de libertad traslativa o de pronto despacho
  3. III.3. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0193/2024-S4 Sucre, 4 de junio de 2024 SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano Acción de libertad Expediente: 48133-2022-97-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 14/2022 de 31 de mayo, cursante de fs. 30 a 36, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Carlos Quintanilla Méndez contra Eduardo Quispe Copa, Juez de Sentencia Penal Tercero, en suplencia legal del Juzgado de Ejecución Penal Primero, ambos del departamento de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 30 de mayo de 2022, cursante de fs. 1 a 3, el accionante manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Sentenciado a pena privativa de libertad de cinco años, por el supuesto delito de robo agravado y antes de cumplir la misma, fue beneficiado con libertad condicional; empero, ante el cumplimiento de la señalada condena –5 años–, peticionó al Juez hoy demando, emita Resolución de libertad y consiguientemente libre en su favor el correspondiente Mandamiento de libertad. Sin embargo, la autoridad demandada, corrió en traslado dicha solicitud al Ministerio Público, instancia que le respondió que no es necesario su pronunciamiento ante el cumplimiento de la condena, pero el Juez de la causa, argumentando que se encuentra en libertad –debido al beneficio citado–, no impone celeridad a su petición, tampoco toma en cuenta que la libertad condicional limita su derecho a la libertad física y libertad de locomoción. Además de ello, alegó que las víctimas del ilícito son turistas brasileros, quienes ya no se encuentran en el País, y al parecer la autoridad demandada, intenta lograr su pronunciamiento respecto a su situación jurídica intentando notificarles hasta el lugar de su residencia.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

El impetrante de tutela denunció la lesión de sus derechos a la libertad física y libertad de locomoción, sin citar norma constitucional alguna.

I.1.3. Petitorio

Solicitó se le conceda la tutela impetrada; y consecuentemente, se ordene a la autoridad demandada el cese de la persecución indebida, y que se le otorgue la libertad definitiva ante el cumplimiento de su condena.

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías

Celebrada la audiencia virtual el 31 de mayo de 2022, conforme consta en el acta cursante de fs. 28 a 29 vta.; ausentes todas las partes procesales (solicitante de tutela y demandado), se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

El impetrante de tutela no se hizo presente a la audiencia de consideración de esta acción de defensa, pese a su legal notificación, cursante a fs. 8, pero se dio lectura del memorial de acción de libertad de 30 de mayo de 2022, por el Secretario del Tribunal de garantías.

I.2.2. Informe de la autoridad demandada

Eduardo Quispe Copa, Juez de Sentencia Penal Tercero, en suplencia legal del Juzgado de Ejecución Penal Primero, ambos del departamento de La Paz, a través de informe escrito presentado el 31 de mayo de 2022, cursante a fs. 9 y vta., señaló lo siguiente: a) Ingresó en suplencia legal del Juzgado de Ejecución Penal Primero del referido departamento, el 9 de marzo de 2022, en cumplimiento de memorándum emitido por Presidencia del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; b) En consideración a lo impetrado por el accionante, por Decreto de 16 de mayo de 2022, se dispuso correr en traslado al Ministerio Público, lo que ocurrió el 23 del mismo mes y año, cumplido este actuado se dictó la Resolución 020/2022 el 24 de mayo, misma que fue notificada al hoy solicitante de tutela; c) En cumplimiento a la referida Resolución 020/2022, se libró Mandamiento de libertad en favor del impetrante de tutela, el cual fue remitido a la Oficina Gestora de Porosos para su respectiva notificación; y, d) Tomando en cuenta que la jurisprudencia constitucional, establece que, ante la sustracción de la materia o pérdida del objeto procesal no existe lesión de derechos fundamentales, peticionó se deniegue la tutela solicitada.

I.2.3. Resolución

El Tribunal de Sentencia Penal Cuarto del departamento de La Paz, constituido en Tribunal de garantías, mediante Resolución 14/2022 de 31 de mayo, cursante de fs. 30 a 36, concedió la tutela impetrada en la modalidad innovativa, con base en los siguientes fundamentos: 1) De la revisión del expediente se tiene que, la autoridad demandada dictó Resolución de libertad definitiva el 24 de mayo de 2022 y libró en favor del accionante Mandamiento de libertad el 25 del mismo mes y año, siendo notificado al Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, el 30 de igual data; 2) Del análisis del expediente, se advierte que el solicitante de tutela peticionó se le otorgue su libertad irrestricta el 20 de enero del citado año, adjuntando documentación sobre el informe de supervisión de reglas, el computo de la pena y otros, aspecto que ocurrió de manera tardía recién el 24 de mayo del referido año; 3) Siendo que, la jurisprudencia constitucional ha establecido que el principio de celeridad, debe aplicarse en las solicitudes vinculadas con el derecho a la libertad, y dado que la autoridad demandada no dio la celeridad correspondiente al requerimiento del hoy accionante, éste ha lesionado su derecho al debido proceso.

II. CONCLUSIÓN

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados se establece lo siguiente: II.1. Consta nota escrita de 31 de mayo de 2022, firmada por, Marydenn Pawelvy Flores Chávez, Secretaria del Juzgado de Ejecución Penal Primero del departamento de La Paz; mediante la cual, remite “fotocopias legalizadas del libro diario del mes de mayo de 2022” (sic), documentación en la que se advierte que, Carlos Quintanilla Méndez –hoy impetrante de tutela–, el 13 de mayo de 2022 presentó memorial anunciado queja y solicitud; y, el 16 del mismo mes y año, se remitió informe de auxiliatura, que paso a conocimiento de las partes (fs. 13 a 28).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante denuncio la lesión de sus derechos a la libertad física y a la libertad de locomoción, en merito a que, habiendo sido sentenciado a cumplir pena privativa de libertad de cinco años por el supuesto delito de robo agravado; no obstante, al haber logrado el beneficio de la libertad condicional; y, cumplido el tiempo de la condena, la autoridad jurisdiccional demandada, no emite en su favor la Resolución de Libertad y el correspondiente Mandamiento al efecto. En consecuencia, corresponde en revisión, analizar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. Efectos del cumplimiento de la condena

Por disposición del art. 19 de la Ley de ejecución Penal y Supervisión (LEPS), “El Juez de Ejecución Penal es competente para conocer y controlar: 1. La ejecución de las sentencias condenatorias ejecutoriadas que impongan penas o medidas de seguridad y de los incidentes que se produzcan durante su ejecución” (las negrillas nos pertenecen), concordante con el art. 55 del Código de Procedimiento Penal (CPP), que dispone los siguiente, “Los jueces de ejecución penal, además de las atribuciones contenidas en la Ley de Organización Judicial y en la Ley de Ejecución de Penas y Sistema Penitenciario, tendrán a su cargo: 1) El control de la ejecución de las sentencias y de las condiciones impuestas en la suspensión condicional del proceso, del control de la suspensión condicional de la pena y del control del respeto de los derechos de los condenados” (las negrillas son nuestras); por otro lado, el art. 39 de la LEPS, dispone que: “Cumplida la condena, concedida la Libertad Condicional o cuando cese la detención preventiva, el interno será liberado en el día, sin necesidad de trámite alguno” (las negrillas nos corresponden), normativa de la cual se interpreta en relación a los jueces de ejecución penal que, “…su competencia se extiende a disponer la libertad del condenado que ha cumplido la pena, conforme lo entendió la SC 0676/2005-R de 16 de junio. Además, esa autoridad debe velar por el control del respeto de los derechos y garantías del privado de libertad, contenidas en la Constitución y en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos” (SC 0082/2010-R de 3 de mayo). En la misma línea de razonamiento y de manera más detallada, la SCP 1707/2013 de 10 de octubre, con relación a la labor de Juez de Ejecución Penal, sostuvo que: “…de lo establecido por los arts. 19.1 de la LEPS y 55.1 del CPP, le corresponde hacer un minucioso y permanente seguimiento de la situación de cada uno de los condenados que se encuentren bajo su control, y estar al tanto con precisión, de la fecha en que los indicados cumplan sus respectivas condenas, por lo que no deberá necesariamente esperar que el condenado que cumpla su condena le solicite expresamente mandamiento de libertad por esta circunstancia, sino que inclusive podrá disponerla de oficio, expidiendo el correspondiente mandamiento, previa constatación del efectivo cumplimiento de la condena y de que el condenado no se encuentre detenido por otra circunstancia, verificación que como se dijo, deberá ser realizada anticipadamente, de modo tal que cuando se cumpla el término de la condena, el interno pueda ser liberado en el día, sin necesidad de trámite alguno, como imperativamente establece el art. 39 de la LEPS, debiéndose prescindir de toda formalidad o trámite burocrático, bajo responsabilidad penal del juez e inclusive del secretario en su caso, puesto que de persistir la privación de libertad luego de cumplida la condena, ésta se convierte automáticamente en ilegal e indebida, conforme a las previsiones del art. 23.III de la CPE. En definitiva, cuando el precepto contenido en el art. 39 de la LEPS, manda que el interno que cumpla su condena, será liberado en el día, dicha disposición no sólo es aplicable para los directores de los establecimientos penitenciarios en cuanto a efectivizar el mandamiento de libertad, sino que vincula también a todos los operadores jurídicos, quienes deberán efectivizar la libertad del interno en el día, correspondiendo aclarar que el entendimiento plasmado anteriormente, constituye una modulación de la línea jurisprudencial antes citada” (las negrillas nos pertenecen).

III.2. De la acción de libertad traslativa o de pronto despacho

Al respecto la SCP 0114/2018-S2 de 11 de abril, sostuvo que: “La jurisprudencia constitucional a través de la SC 0044/2010-R de 20 de abril, seguida por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1254/2013-L de 9 de diciembre, 1135/2016-S2 de 7 de noviembre, entre otras, refiriéndose al antes habeas corpus, ahora acción de libertad, indico que: ‘Por último, se debe hacer referencia al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, a través del cual lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad’. Sobre lo cual la SC 0465/2010-R de 5 de julio, asumida por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0093/2012 de 19 de abril y 1233/2012 de 7 de septiembre, entre otras, determinó que la acción de libertad traslativa o de pronto despacho: ‘…se constituye en el mecanismo procesal idóneo para operar en caso de existir vulneración a la celeridad cuando esté relacionada a la libertad y devenga de dilaciones indebidas, que retardan o evitan resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad (…) todas aquellas solicitudes vinculadas a la libertad del imputado, en especial la cesación de la detención preventiva, deben ser tramitadas con la debida celeridad, puesto que el ingresar en una demora o dilación indebida en que incurra una autoridad judicial al resolver una solicitud de tal naturaleza, implica una lesión a ese derecho fundamental, supuesto ante el cual se activa el hábeas corpus traslativo o de pronto despacho; empero se deja claramente establecido, que no existirá lesión si la demora o dilación es promovida por el propio imputado’” (las negrillas son nuestras).

III.3. Análisis del caso concreto

El accionante denuncia la lesión de sus derechos invocados en virtud a que, al encontrase con libertad condicional, cumplió el término de su condena de cinco años que le fue impuesta al ser declarado culpable del delito de robo agravado; empero, la autoridad hoy demandada, aun conocido el cumplimiento de su condena, no emite la Resolución de libertad y por ende el Mandamiento de libertad correspondiente a su favor.

Con carácter previo a ingresar en el análisis concreto, corresponde señalar que, en aplicación del art. 36.2 del Código Procesal constitucional (CPCo), aun cuando las partes no hubieran asistido a la audiencia tutelar como consta en el Antecedente I.2 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, ello no implica la imposibilidad de instalar la audiencia –tal como ocurrió en el presente caso–, tampoco la imposibilidad de ingresar al fondo de lo demandado.

En ese comprendido, el solicitante de tutela en su memorial de acción de libertad, ha señalado que hubiere cumplido el término de su condena de cinco años, que le fue impuesta por haber cometido el delito de robo agravado, aspecto que no fue desmentido en su informe por la autoridad demandada, en ese entendido, del Antecedente I.2.3 de este fallo constitucional, se tiene que el Tribunal de garantías, en análisis de la documental del referido proceso penal, pudo comprobar que la petición del impetrante de tutela al Juzgado de Ejecución Penal Primero del departamento de La Paz, de que se emita en su favor Resolución de libertad por el cumplimiento de su condena, se efectivizó el 20 de enero de 2022.

Sin embargo, la Resolución de libertad, se la emitió recién el 24 de mayo del mismo año, y el Mandamiento de libertad un día después, siendo notificado el mismo al Centro Penitenciario San Pedro de La Paz el 30 de mayo de 2022; es decir, cuatro meses y diez días después de que el accionante hubiera impetrado que en consideración al cumplimiento de su condena y adjuntado entre otra documentación informe de supervisión de reglas y el computo de la pena, se emita la extrañada Resolución, lo que demuestra que su pretensión fue respondida pero de manera excesivamente tardía.

Ahora bien, es pertinente considerar que la autoridad demandada –Juez de Sentencia Penal Tercero del departamento de La Paz–, en su informe escrito manifestó que, asumió la suplencia del Juzgado de Ejecución Penal Primero recién el desde el 9 de marzo de 2022; por tanto, la señalada tardanza, no incumbe de manera integra a esta autoridad; no obstante, tomando en cuenta que dicha autoridad asumió la suplencia el citado día, desde la fecha, –9 de marzo de 2022– que la misma es responsable por la demora en la tramitación peticionada por el hoy solicitante de tutela. En consideración a lo descrito, del Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, se tiene que, el Juez de Ejecución Penal Primero del departamento de La Paz, es competente para conocer y controlar la ejecución de las sentencias condenatorias y cumplidas las mismas, la persona debe ser liberada en el día por la referida autoridad jurisdiccional sin mayor trámite; en cumplimiento de dichas atribuciones, al prenombrado Juez de Ejecución Penal le corresponde hacer un minucioso y permanente seguimiento de la situación de cada uno de los condenados que se encuentren bajo su control, y estar al tanto con precisión, de la fecha en que éstos cumplen sus respectivas condenas, con el fin de que una vez cumplida la misma, el condenado recobre su derecho a la libertad y otros derechos fundamentales que le hubieren sido restringidos en mérito a dicha sanción legal.

En ese marco, el Juez de Ejecución Penal Primero del departamento de La Paz, deberá actuar con la debida celeridad, dado que, con el cumplimiento de la condena, la restricción del derecho a la libertad se torna en ilegal, al no existir motivo o argumento para mantener al condenado privado de este derecho fundamental; en el caso de que, la autoridad jurisdiccional no actué con la debida diligencia y celeridad, el justiciable podrá interponer la acción de libertad en su modalidad traslativa, misma que opera en caso de existir vulneración del debido proceso y de una justicia pronta y oportuna, cuando esté relacionada a la libertad y devenga de dilaciones indebidas, que retardan o evitan resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad (Fundamento Jurídico III.2).

En el presente caso, si bien se hace referencia a que el accionante antes de cumplir su condena, se benefició con la libertad condicional, que implica la imposición se ciertas condiciones e instrucciones que debe cumplir (art. 174 de la LEPS), una vez que éste cumplió el terminó de su condena – cinco años–, estas condiciones e instrucciones, también deben quedar sin efecto, ya que el condenado ha cumplido con la sanción que se le ha impuesto; por lo cual, la Resolución de libertad, ante el cumplimiento de la condena debe ser emitida sin dilaciones innecesarias o indebidas que atenten contra los derechos invocados por el hoy accionante, en particular el derecho a la libertad de locomoción, máxime si el propio solicitante de tutela el 13 de mayo de 2022, ya presentó una queja por esta dilación a la autoridad hoy demandada, quien en vez de resolver esta situación corrió en traslado a las partes esta reclamación (Conclusión II.1.), sin que esta exigencia se encuentre regulada en la normativa procesal penal; por lo cual, con la conducta omisiva de resolver la situación jurídica del impetrante de tutela, el Juez demandado lesionó el derecho al debido proceso en su elemento celeridad, vinculado con el derecho a la libertad de locomoción del accionante.

Sin embargo, y dado que, mediante Reclusión de 24 de mayo de 2022, y Mandamiento de libertad de 25 del mismo mes y año, ha cesado la vulneración advertida, en virtud a que, “…el propósito de la acción de libertad innovativa, radica, fundamentalmente, en que todo acto contrario al régimen constitucional que implique desconocimiento o comprometa la eficacia de los derechos tutelados por esta garantía jurisdiccional, debe ser repudiado por la justicia constitucional. Así, el propósito fundamental de la acción de libertad innovativa, tiene la misión fundamental de evitar que en el futuro se repitan y reproduzcan los actos contrarios a la eficacia y vigencia de los derechos a la vida, la libertad física y de locomoción”, (SCP 2075/2013 de 18 de noviembre [las negrillas nos pertenecen]), corresponde conceder la tutela solicitada, en la modalidad innovativa. En consecuencia, el Tribunal de garantías al conceder la tutela impetrada, obró de manera correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve:

CONFIRMAR la Resolución 14/2022 de 31 de mayo, cursante de fs. 30 a 36, pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Cuarto del departamento de La Paz; y en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, conforme a los Fundamentos Jurídicos del presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano

MAGISTRADO

René Yván Espada Navía

MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0193_2024-S4.pdf · páginas 1 a 8.

Huella digital del PDF (SHA-256): a212ffd8d2c94607424c33e9492e87bb13eed086362b92bd91d1809c6178e57d

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