Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Segunda · 24 de abril de 2023
Deniega la tutela
La accionante denuncia que la Jueza Pública Civil y Comercial Decimoséptima de la Capital del departamento de Santa Cruz, ha vulnerado sus derechos al debido proceso en sus vertientes de fundamentación, motivación y congruencia de las resoluciones judiciales, al acceso a la justicia, a ser oído, protección oportuna y efectiva por los jueces o tutela judicial efectiva, al trabajo, “vivir bien”, vejez digna y “DERECHO HUMANO AL CONTROL DE CONVENCIONALIDAD (incluida la constitucionalidad) y JUZGAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO” (sic), toda vez que al momento de resolver su reposición no le habría concedido la “dispensa” (sic) de presentar el 20% del remate del bien inmueble, como condición previa para considerar su tercería de dominio excluyente. En revisión, corresponde verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve CONFIRMAR la Resolución 62/22 de “7” -lo correcto es 10 de marzo de 2022-, cursante a fs. 641 y vta., pronunciada por el Juez Público Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal Primero San Julián del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia: 1° DENEGAR, la tutela solicitada, con la aclaración de no haber ingresado al fondo de la problemática planteada; y, 2° Por intermedio de Secretaría General de este Tribunal, remitir al Consejo de la Magistratura antecedentes del presente expediente, a fin que determine el inicio de un proceso disciplinario contra el Juez Público Civil y Comercial de Familia e Instrucción Penal Primero de San Julián del departamento de Santa Cruz.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0193/2023-S2 Sucre, 24 de abril de 2023 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano Acción de amparo constitucional Expediente: 46550-2022-94-AAC Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 62/22 de “7” -lo correcto es 10 de marzo de 2022-, cursante a fs. 641 y vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Juana Montero Rivero contra Verónica Vásquez Salvatierra, Jueza Pública Civil y Comercial Decimoséptima de la Capital del departamento de Santa Cruz.
Por memorial presentado el 18 de mayo de 2021, cursante de fs. 407 a 418 vta., la accionante expresó que:
Convivió con Santos Condori Gervacio desde 1984 al 30 de octubre de 2019 -reconocido judicialmente y con certificado de unión libre-, durante ese periodo; además, de los nueve hijos que tuvieron, adquirieron un inmueble ubicado en la comunidad campesina Monte Hermoso, Núcleo 43, parcela 22 de 63.1173 ha, registrado bajo la matrícula computarizada 7.11.04.00000198, a nombre de su pareja. El 31 de octubre de 2017, su entonces pareja mediante Testimonio 64/2017 asumió como garante personal e hipotecario de los deudores Severino Checa Orko e Hilda Pairo Cala en favor de la empresa Agroindu Group Sociedad de Responsabilidad Limitada (S.R.L.); aceptando en la cláusula séptima del referido documento la hipoteca del bien adquirido entre ambos, con la aclaración “…en la parte que le corresponde” (sic).
En tal sentido, asumió que la empresa conocía que la hipoteca era únicamente por el -cincuenta parte- de la propiedad, puesto que no habría firmado ninguna constitución de gravamen sobre la propiedad. Sin embargo, la empresa inició un juicio ejecutivo ante el Juzgado Público Civil y Comercial Decimoséptimo de la Capital del departamento de Santa Cruz procediendo al embargo de la totalidad de la propiedad. Ante lo cual, una vez conocida la existencia del referido proceso presentó ante la autoridad jurisdiccional, memorial de 24 de enero de 2020 solicitando la “exclusión del remate y embargo del 50% de la propiedad que le corresponde” (sic), la citada autoridad mediante decreto de 26 del mismo mes y año, le conminó a que presente una de las tercerías previstas en el Código Procesal Civil. En cumplimiento de dicha observación planteó una tercería de dominio excluyente, acreditando al efecto su legitimación como “esposa” (sic), derecho propietario y existencia cierta que se adquirió el inmueble durante el periodo de “matrimonio” (sic), señalando que respecto al requisito de depósito judicial del 20% del valor de la subasta en la suma de $us39 776,90.- (treinta nueve mil setecientos setenta y seis 90/100 dólares estadounidenses) indicando que sería imposible tener y conseguir, por lo que solicitaría dispensa “BAJO LA INTERPRETACIÓN CONSTITUCIONAL, INTERPRETACIÓN CONVENCIONAL Y JUZGAR CON PERSPECTIVA DE GENERO, con los fundamentos a ser resumidos (V.2 numerales 1, 2, 3, 4 y 5 y IV.3 fs. 214 Vlta. a 217 del memorial de tercería):…” (sic). Ante lo solicitado, la autoridad ahora demandada mediante decreto de 20 de febrero de 2020, sostuvo “Se tiene presente y al existir a fs. 145 autos de señalamiento de audiencia de remate conforme determina el art. 52 y 359.3, 360.II del CPC deberá acompañar el depósito del 20% del valor de la base de la subasta, debiendo para tal efecto por secretaría otorgarse el respectivo depósito judicial y presentado el mismo se iniciara el trámite de la tercería...” (sic); por lo que, planteó conforme los arts. 253 y 254 del Código Procesal Civil (CPC), el respectivo recurso de reposición con los fundamentos de que: a) se le impidió el acceso a la justicia; b) Se trataría de una tercería de dominio excluyente “suigeneris”; c) Corresponde juzgar con perspectiva de género; d) El control de convencionalidad debe realizarse de oficio; y, e) Es mujer de la tercera edad, indígena, pobre y analfabeta por lo que al concurrir un factor de discriminación interseccional mercería una protección reforzada, requeriría la aplicación del protocolo de juzgamiento con perspectiva de género y la realización de una interpretación constitucional y convencional. Mediante Auto 445-20 de 1 de octubre de 2020, la Jueza demandada resolvió el recurso de reposición rechazando la misma, con los siguientes fundamentos: 1) El legislador estableció el pago del 20%, y no la autoridad jurisdiccional; 2) Los adultos mayores gozan de protección privilegiada, conforme a normativa empero, la misma se refiere a disposiciones de turnos, señalamiento de audiencias, no así para exonerar el pago; y, 3) La reposición sólo procede contra autos interlocutorios y no contra providencias.
Asimismo, aclaró que presentó ante el Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal Primero de Cuatro Cañadas del departamento de Santa Cruz, que teniendo su domicilio y el inmueble del litigio en el municipio de San Julián del citado departamento, denunció que el 17 de mayo de “2020”, intentó presentar un memorial que lamentablemente los funcionarios de apoyo judicial no quisieron recibir el mismo dirigido al Juzgado Público Mixto Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal Primero de San Julián del departamento de Santa Cruz , adjuntando fotografías en constancia que estuvieron insistiendo todo el día sin lograr su objetivo.
Señaló como lesionados sus derechos al debido proceso, en sus vertientes de fundamentación, motivación y congruencia de las resoluciones judiciales, al acceso a la justicia, a ser oído, protección oportuna y efectiva por los jueces o tutela judicial efectiva, al trabajo, “vivir bien”, vejez digna y “DERECHO HUMANO AL CONTROL DE CONVENCIONALIDAD (incluida la constitucionalidad) y JUZGAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO” (sic), citando al efecto los arts. 13, 115.II, 117.I, 256 y 410 de la Constitución Política del Estado (CPE); 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).
Solicitó se conceda la tutela y, en consecuencia, ordenar: i) Nulidad del Auto 445-20 de 1 de octubre de 2020; ii) Nulidad de la providencia de 20 de febrero de 2020; y, iii) A la Jueza Publica Civil y Comercial Decimoséptima de la Capital del departamento de Santa Cruz dicte una nueva resolución conforme a los criterios establecidos en la “NORMATIVA INTERNACIONAL (SISTEMA INTERAMERICANO Y UNIVERSAL) Y EL BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD , Y EN EL FONDO REALIZANDO UNA INTERPRETACIÓN CONSTITUCIONAL Y CONVENCIONAL ADEMAS JUZGANDO CON PERSPECTIVA DE GENERO, DISPENSE DEL PAGO DE DEPOSITO JUDICIAL PARA EL CASO Y PERSONA CONCRETA Y ADMITA Y A TRAMITE CONFORME A DERECHO LA TERCERIA DE DOMINIO EXCLUYENTE DE FS. 210 A 218 DE OBRADOS” (sic)
Celebrada la audiencia pública el 10 de marzo de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 639 a 641, se produjeron los siguientes actuados:
La accionante ratificó in extenso los argumentos contenidos en la demanda tutelar, y luego de la lectura del informe de la autoridad demandada señaló: a) En el tiempo oportuno “dentro de juzgado civil 17 de la capital, se agotó todos los medios necesarios, se presentó el recurso de reposición…” (sic), puesto que se le estaba impidiendo el acceso a la justicia; b) La Jueza Publica Civil y Comercial Decimoséptima de la Capital del departamento de Santa Cruz no comprendió que al ser una persona indígena y sin dinero no podía pagar el monto requerido y que la propiedad a ser rematada “ella la trabaja” (sic); y, c) Ordene a la Jueza ahora demandada dicte resolución conforme a la normativa internacional del Sistema Interamericano Universal y el bloque de constitucionalidad ya que debe realizar una interpretación constitucional en el fondo, juzgando con perspectiva de género, se dispense el pago del depósito judicial y procedan a dar trámite a la tercería de dominio excluyente. Posteriormente, luego de escuchar al tercero interesado señaló que lo único que pretende sería que se le permita “se introduzca dentro del proceso para hacer prevalecer sus derechos…” (sic).
Verónica Vásquez Salvatierra, Jueza Pública Civil y Comercial Decimoséptima de la Capital del Tribunal Departamental de Santa Cruz, remitió informe de 18 de febrero de 2022 cursante de fs. 577 a 579 vta., mediante el que solicitó se deniegue la tutela, en mérito a los siguientes argumentos: 1) El 29 de agosto de 2018, se interpuso el proceso monitorio ejecutivo contra los deudores y el garante hipotecario -pareja de la ahora accionante-; 2) El 10 de enero de 2019, se inició la misma, determinándose la prelación de las garantías; 3) La ahora peticionante de tutela, presentó memorial de tercería impetró se excluya el 50% del inmueble, ante lo cual se le pidió que cumpla con los arts. 52 y 360 del CPC; 4) Posteriormente planteó su tercería de dominio excluyente pidiendo la separación del 50 % del remate, la cual fue resuelta por providencia de 20 de febrero de 2020, solicitándose el depósito requerido por la norma adjetiva civil; 5) Además, en el Auto de señalamiento de remate, no se evidenció el registro de su propiedad; 6) El Reglamento de Aranceles y Valores Judiciales DAF 011/2015 de 26 marzo, dispuso que el funcionario judicial sería en el ejercicio de sus responsabilidades el encargado del cobro de los mismos; 7) El recurso de reposición “bajo alternativa de apelación” (sic) fue resuelto el 1 de octubre y notificado el 16 de noviembre de 2020; y, 8) La accionante no activó las vías idóneas para la protección inmediata de sus derechos no se agotaron los mecanismos legales respectivos, motivo por el cual, no puede ingresar a analizarse el fondo de lo planteado.
Danyeli Vaca Coimbra, en representación legal de Agroindu Group S.R.L. solicitó se deniegue la tutela por las siguientes razones: i) Por inmediatez, toda vez que la notificación del Auto de 1 de octubre fue el 16 de noviembre de 2020, y la acción habría sido presentada el 18 de mayo de 2021, vale decir fuera de los seis meses previstos por la Norma Suprema; ii) No habría cumplido con el principio de subsidiariedad puesto que pudiendo haber planteado la apelación correspondiente, no lo hizo y esa negligencia no puede ser enmendada por esta acción tutelar; iii) Adicionalmente, la peticionante de tutela pretende enmendar su propia negligencia acudiendo a la vía constitucional cuando pudo solicitar la ordinarización del proceso monitorio de ejecución, conforme al art. 386 del CPC, para hacer prevalecer su derecho a la propiedad supuestamente conculcado; iv) En el supuesto caso, que la accionante consideró que su derecho al acceso a la justicia se hubiera afectado, pudo también plantear la respectiva acción de inconstitucionalidad concreta, lo cual tampoco lo hizo; y, v) En el caso que consideró no poder accionar por las costas procesales dada una supuesta condición de pobreza, también omitió plantear la excepción de costas y costos que regula justamente el Código Procesal Civil para garantizar el principio de gratuidad, mediante el recurso regulado en el art. 298 de la norma adjetiva civil. Finalmente, luego de la reformulación de la petición de la accionante, requirió al Juez de garantías que no la considere puesto que desnaturaliza el objeto de la acción de amparo constitucional.
El Juez Público Civil y Comercial de Familia e Instrucción Penal Primero de San Julián del departamento de Santa Cruz, constituido en Juez de garantías mediante Resolución 62/22 de “7” -lo correcto es 10 de marzo de 2022-, cursante a fs. 641 y vta., denegó la tutela. Decisión asumida con base en los siguientes fundamentos: a) La Constitución Política del Estado (CPE) en el art. 129, estableció que siempre que no exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías procede la presente acción de amparo constitucional; b) El art. 360.II del CPC determinó que en ejecución de sentencia el tercerista de dominio excluyente deberá acompañar el 20% de la base de la subasta; y, c) La SCP 0870/2013 de 20 de junio, señalaría que en sede administrativa el procesado o administrado con carácter previo a la activación de la jurisdicción constitucional debe acudir a la autoridad que generó la distorsión a los efectos de procurar la reparación de la lesión.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Mediante Auto Interlocutorio 445-20 de 1 de octubre de 2020, la Jueza Pública Civil y Comercial Decimoséptima de la Capital de departamento de Santa Cruz -demandada- en cuanto a la solicitud de reposición “bajo alternativa de apelación” (sic) señaló que la determinación del pago deviene de una norma, la exención de costas y costos se halla reglada en el art. 298 del CPC, con relación a la reposición de la providencia citó que conforme el art. 5 del mismo Código, las normas son de orden público y su omisión conlleva transgredir el procedimiento y el derecho de otros (fs. 341). II.2. Consta la notificación del Juzgado Público Civil y Comercial Decimoséptimo de la Capital de departamento de Santa Cruz, por el cual se notificó a Juana Montero Rivero -accionante- entre otros actuados con el Auto de “fs. 336” -siendo el actual fs. 341-, realizada en tablero el 16 de noviembre de 2020 (fs. 373). II.3. Cursan fotografías de la Casa Judicial cerrada, -cabe aclarar que las mismas no tienen fecha, hora u otro elemento que permita establecer el día y la hora en que fueron tomadas- (fs. 393). II.4. Memorial de la presente acción tutelar adjunto otro memorial dirigido al Juez Público Civil y Comercial de Familia e Instrucción Penal Primero de San Julián; empero, en los Otrosí no lo refiere, salvo lo afirmado en “PREVIO.-” (sic) por la que denunció que los funcionarios de apoyo judicial se negaron a recibir su memorial el 17 de mayo de 2021. Finalmente, consta sello del Juzgado Público Mixto Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal Primero de Cuatro Cañadas del referido departamento recibido a horas 16:00 del 18 del mismo mes y año (fs. 394 a 418 vta.). II.5. Mediante Auto 06 de 19 de mayo de 2021, el Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal Primero de Cuatro cañadas, declinó competencia por razón de territorio al ahora juez de garantías constitucionales de San Julián ambos del departamento de Santa Cruz (fs. 419). II.6. El 31 de mayo de 2021, el expediente fue nuevamente remitido al Juez Público Civil y Comercial de Familia e Instrucción Penal Primero de San Julián del departamento de Santa Cruz, quién planteó su excusa a través del Auto 06 de igual data (fs. 421). II.7. Cursa Oficio 541/2021 de 31 de mayo, por la que la autoridad jurisdiccional de San Julián remitió el expediente por excusa. No consta sello de recepción (fs. 429). II.8. Consta Oficio 560/2021 de “9 de octubre de 2020”, por el que se volvió a remitir la misma excusa, la cual, consta con sello de recepción de Presidencia del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz de 8 de junio de 2021, y a través de providencia del mismo día remite al Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal Primero de Concepción del referido departamento (fs. 431 a 432). II.9. A través de Auto 01 de 16 de junio de 2021, el Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal Primero de Concepción del departamento de Santa Cruz determinó ilegal la excusa y ordenó la devolución de obrados al juez de origen (fs. 434 a 435).
II.10. Consta Auto 484 de 13 de julio de 2021, por el cual la autoridad judicial de San Julián devolvió el expediente sin considerarlo, puesto que al declararse ilegal su excusa debió declinarse competencia al Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal Primero de Cuatro Cañadas, por lo que, vía Presidencia del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, se devolvió a la autoridad jurisdiccional de Concepción, el 15 de septiembre de 2021 (fs. 442 a 446). II.11. Mediante Oficio 804/2021 de 8 de julio, se remitió el presente expediente en copias legalizadas para su sorteo a las Salas de Materia Civil y Comercial, consta sello de Presidencia el 16 de agosto de igual año. Cursa providencia de igual data de Presidencia del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, ordenando envío a Plataforma. Consta Informe TDJ-PAPI-467/”2020” de 25 de agosto de 2021 (sic [fs. 585 a 590]). II.12. Corre nota CITE TEJ –PAPI- 467/2020 de 25 de agosto –siendo lo correcto 2021-, por la que el Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz devolvió el expediente con fotocopias legalizadas. Consta la guía de devolución al juzgado de origen el 3 de septiembre del mismo año. Cursa constancia de recepción, providencia del mismo día y fecha (fs. 591 a 592 vta.). II.13. A través de escrito 948/2021 de 3 de septiembre, nuevamente se remitió el expediente en consulta en copias legalizadas, a las salas constitucionales, consta sello de recepción de Presidencia del Tribunal Departamental de Justicia de 10 de febrero de 2022, con observaciones en la foliatura, mismo que fue sorteado y asignado a la Sala Constitucional Segunda (fs. 594 a 597). II.14. Cursa Auto de 16 de septiembre de 2021, por el cual el Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal Primero de Concepción devolvió el expediente a la autoridad jurisdiccional de San Julián, ambos del departamento de Santa Cruz. Mediante Oficio 502/2021 de 20 de septiembre dirigido al ahora Juez de garantías y consta el Oficio 501/2021 del mismo día, mes y año dirigido al Presidente del Tribunal de Justicia de ese departamento, recepcionado por Presidencia el 21 de septiembre de igual año y devuelto por proveído y oficio 1223/2021 de similar día, mes y año, con guía remitida el 12 de octubre (fs. 446 a 451). II.15. Mediante Auto 568 de 13 de octubre de 2021, el Juzgado Público Civil y Comercial Decimo Séptimo de la Capital del departamento de Santa Cruz admitió la acción de amparo constitucional y señaló audiencia para el 6 de diciembre; empero, no consta notificación a las partes (fs. 452 y vta.).
II.16. A través del memorial presentado el 21 de enero de 2022, requirió la accionante que señale día y hora de audiencia, puesto que no tuvieron conocimiento del citado Auto (fs. 453 y vta.). II.17. Por Auto de 21 de enero de 2022, el Juez Público Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal Primero de San Julián del departamento de Santa Cruz señaló nuevamente audiencia para el 21 de febrero de igual año, con el fin de dar celeridad procesal (fs. 454). II.18. Mediante Auto 05/2022 de 15 de febrero, la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental Justicia de Santa Cruz, determinó reconducir la excusa, disponiendo que la autoridad excusada asuma inmediatamente el conocimiento de la presente acción tutelar (fs. 598 a 601). II.19. Por memorial presentado el 21 de febrero de 2022, Agroindu Group S.R.L., adjuntó la Ley 1104 de 28 de septiembre de 2018 de “Creación de Salas Constitucionales (fs. 576 y vta.). II.20. Consta acta de suspensión de audiencia por la cual el Juez Público Civil y Comercial de Familia e Instrucción Penal Primero de San Julián del departamento de Santa Cruz, señaló que “se ha excusado del presente acción de amparo la misma que se ha elevado en consulta a la fecha no ha sido devuelta la consulta por lo que sin saber si continuara o no conociendo el presente amparo constitucional” (sic[fs. 580]). II.21. Cursa memorial presentado el 23 de febrero de 2022, por Agroindu Group S.R.L., en el que plantearon su declinatoria puesto que sería incompetente por razón de territorio ante la creación de salas constitucionales, y le requirió que remita a la Sala Constitucional de turno en el Tribunal Departamental de Justicia Santa Cruz (fs. 583 a 584).
La accionante denuncia que la Jueza Pública Civil y Comercial Decimoséptima de la Capital del departamento de Santa Cruz, ha vulnerado sus derechos al debido proceso en sus vertientes de fundamentación, motivación y congruencia de las resoluciones judiciales, al acceso a la justicia, a ser oído, protección oportuna y efectiva por los jueces o tutela judicial efectiva, al trabajo, “vivir bien”, vejez digna y “DERECHO HUMANO AL CONTROL DE CONVENCIONALIDAD (incluida la constitucionalidad) y JUZGAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO” (sic), toda vez que al momento de resolver su reposición no le habría concedido la “dispensa” (sic) de presentar el 20% del remate del bien inmueble, como condición previa para considerar su tercería de dominio excluyente. En revisión, corresponde verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.
Jurisprudencia reiterada El art. 129.II de la CPE, dispone que: “La Acción de Amparo Constitucional podrá interponerse en el plazo máximo de seis meses, computables a partir de la comisión de la vulneración alegada o de notificada la última decisión administrativa o judicial”, por otro lado, el art. 55.I del Código Procesal Constitucional (CPCo), establece que: “La Acción de Amparo Constitucional podrá interponerse en el plazo máximo de seis meses, computables a partir de la comisión de la vulneración alegada o de conocido el hecho” (las negrillas son nuestras). Acorde a dichos antecedentes, de manera uniforme la jurisprudencia constitucional dispone que la presente acción de defensa se encuentra regida por el principio de inmediatez; entendido este, como el plazo máximo y perentorio que tienen las partes para activar esta vía de control tutelar extraordinaria, en procura de la restitución y protección de sus derechos y garantías supuestamente vulnerados o amenazados de hacerlo. La SC 0521/2010-R de 5 de julio, sobre el plazo máximo para interponer la acción de amparo constitucional, dispuso: “…habiendo la Constitución Política del Estado vigente acogido expresamente el mismo, adoptando con ello el requisito imprescindible que el accionante debe cumplir, de presentar su recurso dentro de los seis meses a partir de la supuesta vulneración cometida o de la notificación con la resolución judicial o administrativa que se considera lesiva de derechos fundamentales y garantías constitucionales; principio que conforme expresa la SC 1157/2003-R de 15 de agosto: '…está sustentado básicamente en el principio de preclusión de los derechos para accionar, pues por principio general del derecho ningún actor procesal puede pretender que el órgano jurisdiccional esté a su disposición en forma indefinida, sino que sólo podrá estarlo dentro de un tiempo razonable, pues también es importante señalar que si en ese tiempo el agraviado no presenta ningún reclamo implica que no tiene interés alguno en que sus derechos y garantías le sean restituidos’” (las negrillas son añadidas). De igual forma, la SCP 2058/2012 de 8 de noviembre, determina: “Conforme se ha señalado líneas arriba, un requisito para la procedibilidad de la acción de amparo constitucional es precisamente la inmediatez (art. 74.5 del LTCP), siendo que ‘…la jurisdicción constitucional no puede aguardar de manera indefinida a que el titular del derecho solicite su protección, pues en su propio interés debe ser diligente en cuanto al respeto y vigencia de sus derechos que sufren menoscabo, por ello tiene el derecho y el deber de acudir sin ningún tipo de espera o dilación en busca de la protección requerida’ (SC 0128/2010-R de 10 de mayo); de donde se infiere que la presente acción tutelar debe ser intentada dentro de los plazos establecidos por la norma y la jurisprudencia, plazo que es razonable, oportuno y justo y que tiene la finalidad de evitar que este mecanismo de defensa se convierta en una excusa que salve la desidia, negligencia o indiferencia de los actores procesales y que, como lógica consecuencia, genere una suerte de inseguridad jurídica en la sociedad. En este sentido, al ser la inmediatez inherente al núcleo esencial de la protección que brinda la acción de amparo constitucional respecto a los derechos y garantías que la Constitución Política del Estado sustenta, su activación implica la atención de su propia naturaleza que exige en su ejercicio la interposición oportuna de la acción; no puede obviarse que quien ocurre ante la jurisdicción constitucional en busca de la tutela que este mecanismo extraordinario ofrece, a efectos de alcanzar un protección eficaz, debe hacerlo dentro del tiempo prudencial establecido por la Constitución y las leyes, lo contrario involucra inactividad procesal por parte del propio accionante, que conlleva a la inevitable denegatoria de tutela, siendo que la falta de ejercicio, en los plazos legalmente establecidos, de los mecanismos que otorga el ordenamiento jurídico vigente para el reconocimiento y preservación de los derechos individuales, sea en la vía ordinaria o constitucional, no puede argumentarse en beneficio propio, menos aún cuando existen derechos de terceros que pudieran ser afectados con la resolución; en similar sentido ha razonado este Tribunal mediante la SCP 0040/2012 de 26 de marzo, al señalar que: ‘…la interposición de la acción de amparo constitucional fuera del plazo de los seis meses, previsto en el art. 129.II de la CPE, no implica una simple y llana exigencia, sino más bien responde al tiempo prudente de tolerancia o aceptación del acto lesivo que se acusa, de lo contrario da lugar al principio de preclusión del derecho de acudir a esta acción tutelar ante la jurisdicción constitucional; por cuanto el ciudadano o afectado en sus derechos o garantías, por su propio interés debe ser diligente y acudir sin ningún tipo de espera a la protección de los mismos, de no ser así su actitud llega a ser negligente en causa propia llevándolo a una consecuencia jurídica, que es la extemporaneidad de la presentación de la acción; lo que significa que no se puede ingresar al análisis de fondo’” (énfasis añadido).
La accionante denunció que la autoridad judicial demandada al resolver mediante Auto Interlocutorio 445-20 de 1 de octubre de 2020, la reposición contra el rechazo a la “dispensa” (sic) de presentar el 20% del remate del inmueble en litigio de su expareja, como condición previa para considerar su tercería de dominio excluyente ha lesionado sus derechos al debido proceso, en sus vertientes de fundamentación, motivación y congruencia de las resoluciones judiciales, al acceso a la justicia, a ser oído, protección oportuna y efectiva por los jueces o tutela judicial efectiva, al trabajo, “vivir bien”, vejez digna y “DERECHO HUMANO AL CONTROL DE CONVENCIONALIDAD (incluida la constitucionalidad) y JUZGAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO” (sic). De antecedentes, con carácter previo corresponde considerar que la accionante fue notificada el 16 de noviembre de 2020, con el Auto Interlocutorio 445-20 (Conclusiones II.1 y II.2), vale decir, con el último actuado judicial que considera lesivo a sus derechos. Conforme al plazo previsto en la Norma Suprema de seis meses, el mismo habría vencido el 16 de mayo de 2021. La accionante presentó su acción el 18 de mayo de 2021 (Conclusión II.4) justificando que el día anterior, supuestamente no le habrían recibido el memorial de acción de amparo constitucional, para lo cual adjunta dos fotografías de la Casa Judicial (Conclusión II.3). Sin embargo, las mismas no acreditan la fecha y hora en que hubieran sido tomadas y que permitiría a esta Sala corroborar lo afirmado por la accionante, sobre todo considerar el supuesto retraso. Además, un aspecto que resta valor a estas fotografías, y lo denunciado sería que al tratarse de una falta grave -denegar la presentación de una acción- no consta ninguna denuncia al Consejo de la Magistratura, o por lo menos reiterada en la audiencia de la acción de amparo constitucional. En relación a lo anterior, la jurisprudencia consistente de este Tribunal Constitucional Plurinacional, en aplicación del art. 129.II de la Norma Suprema, consideró que uno de los requisitos importante para la procedibilidad de la acción de amparo constitucional, sería el principio de inmediatez, lo cual implica que el titular del derecho supuestamente lesionado debe ser diligente y acudir sin demora a la protección de sus derechos. La jurisprudencia ha establecido que la jurisdicción constitucional no puede esperar indefinidamente a que el titular del derecho solicite su protección. Por ello, la acción de amparo constitucional debe presentarse dentro de los plazos establecidos por la norma y la jurisprudencia. Estos plazos son razonables, oportunos y justos, y tienen como objetivo evitar que este mecanismo de defensa se convierta en una excusa para salvar la desidia, negligencia o indiferencia de los actores procesales y generar inseguridad jurídica en la sociedad.
El principio de inmediatez es un requisito fundamental para la protección que brinda la acción de amparo constitucional. Para obtener un resguardo eficaz y activar esta acción, es necesario que el ciudadano afectado en sus derechos o garantías presente de manera oportuna y dentro del plazo establecido por la Constitución Política Estado para evitar la denegación de tutela, de lo contrario, la inactividad procesal puede tener consecuencias negativas, puesto que obrar en sentido contrario equivaldría lesionar los derechos de los terceros al debido proceso que podrían ser afectados con la resolución o el fallo constitucional. Finalmente, de acuerdo a la SCP 0040/2012 de 26 de marzo, el plazo de seis meses para presentar la acción de amparo constitucional, establecido en el art. 129.II de la CPE, no es una mera formalidad. Este plazo representa el tiempo prudente que tiene el ciudadano afectado en sus derechos o garantías para tolerar o aceptar el acto lesivo que se acusa. Si no presenta la acción dentro de este plazo, se aplica el principio de preclusión del derecho de acudir a esta acción tutelar ante la jurisdicción constitucional. Por lo tanto, es importante que el ciudadano sea diligente y acuda sin demora a la protección de sus derechos. De lo contrario, su actitud se considera negligente y conlleva consecuencias jurídicas, como la extemporaneidad de la presentación de la acción y la imposibilidad de ingresar al análisis de fondo.
El expediente fue manejado de manera inapropiada. Según los antecedentes revisados por esta Sala, el Juez Público Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal Primero de San Julián del departamento de Santa Cruz presentó su excusa poco después de recibir la declinatoria del Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal Primero de Cuatro Cañadas del nombrado departamento (Conclusiones II.5 y II.6). Luego, el Juez Público Civil y Comercial de Familia e Instrucción Penal Primero de Concepción del departamento de Santa Cruz declaró ilegal la excusa y ordenó que los antecedentes fueran devueltos a la autoridad de San Julián (Conclusión II.9). De manera inusual -apenas recibió la resolución de excusa- la autoridad judicial de San Julián devolvió el expediente a la autoridad judicial de Concepción que había declarado ilegal su excusa y le solicitó -mediante tres oficios- que declinara competencia a la autoridad de Cuatro Cañadas (Conclusiones II.7, II.8 y II.10).
La autoridad jurisdiccional de Concepción devolvió el expediente en el día estableciendo que le correspondía su conocimiento al juez Público Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal Primero de San Julián (Conclusión II.14). Finalmente, el Juez Público Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal Primero de San Julián admitió la acción de amparo constitucional el 13 de octubre de 2021 y fijó audiencia para el 16 de diciembre de 2020. Sin embargo, no hay constancia de que se haya notificado sobre la audiencia (Conclusión II.15). Extrañamente, a pesar de estar tramitando la excusa con la autoridad jurisdiccional de Concepción, mediante tres oficios (Conclusiones II.11, II.12 y II.13) pretendió que otra autoridad conozca la misma excusa, duplicando las excusas. Sin embargo, aún más inusual sería el Oficio 948/2021 de 3 de septiembre (Conclusión II.13), remitido por el ahora juez de garantías constitucionales supuestamente remitido en esa fecha, pero recepcionado en la Secretaría de Presidencia del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, el 10 de febrero de 2022, planteando que se revise nuevamente la excusa por las Salas Constitucionales. La accionante conociendo que el expediente habría vuelto a San Julián, requirió que se lleve a cabo la acción tutelar, por lo que pidió nuevamente audiencia (Conclusión II. 16) y la autoridad jurisdiccional señaló para el 21 de febrero de 2022 (Conclusión II.17). Realizadas todas las notificaciones, nuevamente la misma autoridad jurisdiccional extrañamente suspende la audiencia señalando que “el constituido en tribunal de garantía se ha excusado del presente acción de amparo la misma que se ha elevado en consulta a la fecha no ha sido devuelta la consulta por lo que no se sabe si será confirmada o continuaré conociendo el presente amparo constitucional hasta que vuelva la consulta” (sic) refiriéndose al trámite paralelo de excusa (Conclusión II.18). Durante estos trámites de excusas paralelas y demora en el señalamiento de audiencias, el ahora Juez de garantías demoró desde que concluyó la excusa -incluyendo las dos suspensiones de audiencia- a la celebración efectiva de la audiencia, más de nueve meses. En tal sentido, la SC 0373/2006-R de 18 de abril, determinó refiriéndose: “Finalmente es preciso referirse a la actuación del Tribunal de amparo en la tramitación de la presente acción tutelar … que el procedimiento del recurso de amparo es de trámite sumarísimo, por lo que en razón del principio de celeridad el Tribunal de amparo debe procurar realizar todos los actuados con la premura necesaria en cumplimiento de los principios rectores de la administración de justicia … situación que no se dio en el presente caso … lesionando el carácter sumarísimo del trámite y atentando contra el carácter inmediato de la posible tutela que pudiese brindar el recurso de amparo constitucional … por consiguiente, se llama severamente la atención al Tribunal de amparo para que en el futuro observe el trámite que corresponde a este tipo de recursos, garantizando de esta forma una administración de justicia efectiva”. Teniendo en cuenta la demora y los actos inusuales del Juez de garantías, así como ciertos aspectos que requieren prueba y verificación, corresponde que por intermedio de Secretaría General de este Tribunal se remitan antecedentes al Consejo de la Magistratura para que sea esta instancia la encargada de examinar y determinar si es necesario iniciar proceso disciplinario contra la citada autoridad jurisdiccional. En consecuencia, el Juez de garantías, al denegar la tutela impetrada, aunque con otros fundamentos y terminología actuó de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve CONFIRMAR la Resolución 62/22 de “7” -lo correcto es 10 de marzo de 2022-, cursante a fs. 641 y vta., pronunciada por el Juez Público Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal Primero San Julián del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia: 1° DENEGAR, la tutela solicitada, con la aclaración de no haber ingresado al fondo de la problemática planteada; y, 2° Por intermedio de Secretaría General de este Tribunal, remitir al Consejo de la Magistratura antecedentes del presente expediente, a fin que determine el inicio de un proceso disciplinario contra el Juez Público Civil y Comercial de Familia e Instrucción Penal Primero de San Julián del departamento de Santa Cruz. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano
MAGISTRADO
Fdo. MSc. Brigida Celia Vargas Barañado
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0193_2023-S2.pdf · páginas 1 a 15.
Huella digital del PDF (SHA-256): 492130c6a67a87fcb9a53724eb6956229286a0cd09a10cf417a3ca16b3f490da
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