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SCP 0192/2026-S2

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Segunda · 2 de marzo de 2026

Concede en parte la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Segunda
Fecha
2 de marzo de 2026
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrado relator
Boris Wilson Arias López
Expediente
45141-2022-91-AAC
Departamento
Chuquisaca
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

La parte accionante denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso en sus vertientes fundamentación, motivación, congruencia, aplicación correcta de la norma, “predictibilidad de la resolución judicial”, “igualdad ante la ley” y “aplicación objetiva del ordenamiento jurídico”; debido a que, dentro el proceso laboral de reincorporación, los Magistrados demandados emitieron el Auto Supremo 203/2021 de 16 de marzo, sin considerar que: 1) No explicaron las razones por las cuales el Auto de Vista englobó los puntos 6, 7 y 8 del recurso de apelación en un solo reclamo; 2) Omitieron pronunciarse sobre la solicitud de diligenciamiento de prueba en segunda instancia -previsto en el art. […]

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 013/2022 de 10 de febrero, cursante de fs. 251 a 256, pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca; y, en consecuencia: 1° CONCEDER en parte la tutela solicitada, únicamente respecto a la falta de fundamentación vinculada a la procedencia de la reincorporación laboral cuando se trate de contratos por obra ya concluidos. 2° DENEGAR la tutela en cuanto a todos los demás puntos.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Sobre la imposibilidad material de la reincorporación laboral
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0192/2026-S2 Sucre, 2 de marzo de 2026 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de amparo constitucional Expediente: 45141-2022-91-AAC Departamento: Chuquisaca En revisión la Resolución 013/2022 de “8” -siendo lo correcto y en adelante 10- de febrero, cursante de fs. 251 a 256, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Alejandro Pemintel Echenique, Fernando Bruno Escobar Pacheco, Danica Mariana Yaksic Hoyos, Luz Marina Iriarte Abuawad y Carmen Jhoselyn Gaspar Soliz, en representación legal de la empresa SHELL BOLIVIA CORPORATION, SUCURSAL BOLIVIA, contra Ricardo Torres Echalar, Carlos Alberto Egüez Añez y Olvis Egüez Oliva, Magistrados de la Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memoriales presentados el 15 y 23 de diciembre de 2021, cursante a fs. 1 y 148 a 160; y, 164 y vta., la parte accionante manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro el proceso laboral de reincorporación seguido en su contra, se dictó la Sentencia 34/2019 de 30 de septiembre, mediante la cual se declaró probada la demanda y se ordenó la reincorporación laboral de John Dee Smith IV -ahora tercero interesado-, así como el pago de salarios devengados y otros derechos colaterales. Contra dicha Sentencia, se interpuso recurso de apelación, alegando la falta de fundamentos en la determinación de la autoridad judicial, la errónea valoración de las pruebas de descargo, la vulneración de normas y principios previstos en el Código Procesal del Trabajo y la Constitución Política del Estado, así como la falta de aplicación de la jurisprudencia constitucional vinculante. Dicho recurso fue resuelto mediante el Auto de Vista 67/2020 de 5 de noviembre, emitido por la Sala Social Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, que confirmó la Sentencia de primera instancia, pese a los agravios expresamente formulados contra dicho fallo. Ante esta determinación, se interpuso recurso de casación en la forma y en el fondo, denunciando que el referido Auto de Vista no consideró todos los agravios expuestos en el recurso de apelación, además de haber omitido el diligenciamiento de prueba oportunamente solicitado -lo que, incluso, tornaba anulable dicha resolución-; asimismo, sostuvo que se eludió el análisis de la prueba y la normativa laboral aplicable, particularmente en relación con los criterios que limitan la aplicación de la inamovilidad laboral en contratos temporales de trabajo, la naturaleza de la relación laboral con el tercero interesado y su falta de interés real en ser reincorporado, dado que este ya no residía en el país. Como resultado, Ricardo Torres Echalar y Carlos Alberto Egüez Añez, Magistrados de la Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia -ahora demandados-emitieron el Auto Supremo 203/2021 de 16 de marzo, declarando infundado el recurso de casación, sin considerar que: a) Aglomeraron los puntos 6, 7 y 8 del recurso de apelación en un solo reclamo, bajo el argumento de que habrían sido resueltos en torno al punto central relativo a la reincorporación laboral y que no constituían aspectos con trascendencia suficiente para generar nulidad; b) Omitieron pronunciarse sobre la solicitud de diligenciamiento de prueba en segunda instancia -previsto en el art. 261.III.3 del Código Procesal Civil (CPC)-, ofreciendo una respuesta incongruente al ampararse en el principio de preclusión procesal; c) Realizaron una interpretación errónea de las disposiciones normativas en materia laboral para determinar la naturaleza del contrato de trabajo, sustentando su decisión en afirmaciones genéricas sobre la valoración integral de la prueba; d) Debían hacer una “revalorización” la prueba aportada, la cual demostraba la inviabilidad de la reincorporación laboral; y, e) Se apartaron de los estándares jurisprudenciales que establecen la inaplicabilidad de la inamovilidad laboral a trabajadores que desempeñan actividades eventuales.

I.1.2. Derechos y principio supuestamente vulnerados

Denunció la lesión de sus derechos al debido proceso en sus vertientes fundamentación, motivación, congruencia, aplicación correcta de la norma, “predictibilidad de la resolución judicial”, “igualdad ante la ley” y “aplicación objetiva del ordenamiento jurídico”; citando al efecto los arts. 115 y 117 de la Constitución Política del Estado (CPE); 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH); y, 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PDCP).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela; y, en consecuencia: 1) Se deje sin efecto el Auto Supremo 203/2021, y; 2) Se ordene a los Magistrados demandados emitan uno nuevo, respetando el debido proceso de acuerdo a lo expuesto en su acción de amparo constitucional.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia virtual el 8 y 10 de febrero de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 226 a 250, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

La parte accionante ratificó in extenso el contenido de su acción de amparo constitucional. Gonzalo Flores Céspedes, Vocal de la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, al referirse al diligenciamiento de prueba en segunda instancia, formuló la siguiente consulta: “…el Juez se manifiesta y le da un mandato; le dice el recurso de apelación contra la Sentencia, Traslado al demandado, al otrosí, dice acuda al Tribunal Superior por la suspensión de la competencia, la pregunta es ¿en virtud a este decreto que ha sido providenciado por el Juez, se acudió al Tribunal superior?” (sic); a lo que la parte accionante respondió que: “…Nosotros consideramos que el hecho de que este en el otrosí recurso de apelación es una solicitud al Tribunal, entonces el Tribunal no respondió a ese otrosí…” (sic).

I.2.2. Informe de la parte demandada

Carlos Alberto Egüez Añez, Magistrado de la Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, por informe escrito cursante de fs. 193 a 199, solicitó se deniegue la tutela impetrada, manifestando lo siguiente: i) El Tribunal ad quem valoró la prueba conforme a las reglas de la sana crítica, considerando que, en materia laboral, dicha valoración debe realizarse de manera integral, atendiendo a las circunstancias relevantes del litigio y la conducta procesal de las partes; ii) Del análisis de la demanda inicial se advirtió que el vencimiento del contrato de operaciones para el plan de desarrollo “Campo Vertiente” estaba previsto para el 2 de mayo de 2019; no obstante, el despido se produjo el 26 de septiembre de 2016, es decir, con bastante antelación a la fecha de conclusión de dicho contrato; iii) La parte accionante no consideró el derecho a la inamovilidad laboral del trabajador, derivado del estado de gestación en el que se encontraba su esposa al momento del despido; y, iv) El art. 45 del Código Procesal del Trabajo (CPT) establece que los contratos de trabajo celebrados fuera del país, pero ejecutados en territorio boliviano, se rigen por la normativa nacional, extremo que correspondía aplicar en el presente caso, máxime cuando la totalidad de la prueba producida así lo demostró. Ricardo Torres Echalar y Olvis Egüez Oliva, Magistrados de la Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, no presentaron informe alguno, ni se hicieron presentes en la audiencia de garantías, pese a su citación cursante a fs. 170 y vta.

I.2.3. Intervención del tercero interesado

John Dee Smith IV, mediante su abogado, en audiencia de garantías adhirió sus argumentos al informe presentado por la parte demandada.

I.2.4. Resolución

La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, por Resolución 013/2022 de 10 de febrero, cursante de fs. 251 a 256, concedió la tutela solicitada, disponiendo dejar sin efecto el Auto Supremo 203/2021, haciendo constar que el Vocal Gonzalo Flores Céspedes emitió voto disidente, con base en los siguientes fundamentos: a) El Auto Supremo cuestionado, respecto a los puntos de fondo, se limitó a exponer de manera general los principios que rigen en materia laboral, sin precisar los parámetros normativos y jurisprudenciales aplicables al análisis de la problemática concreta; y, particularmente, omitió identificar el supuesto error en la valoración probatoria, la naturaleza jurídica del contrato de trabajo y los criterios que rigen la eventual conversión de contratos temporales en contratos de carácter indefinido; b) Las autoridades demandadas se limitaron a señalar que el Auto de Vista emitió sus fundamentos de manera clara y conjunta, sin proporcionar mayores argumentos, lo que evidenció una respuesta meramente retórica, carente de sustento fáctico y legal; c) El diligenciamiento de la prueba en segunda instancia carecía de relevancia, toda vez, que el Tribunal de alzada no encontró respaldo en ninguno de los supuestos previstos por el Código Procesal Civil; por tanto, las razones expuestas por las autoridades demandadas para rechazar la nulidad de obrados se ajustaban a los principios que rigen la aplicación de la nulidad procesal; d) No se explicó con precisión si el contrato de trabajo correspondía a uno de conclusión por obra o si, por el contrario, se trataba de labores propias y permanentes del giro habitual de la empresa accionante; máxime cuando las autoridades demandadas debieron examinar la legalidad o ilegalidad de la desvinculación laboral, en lugar de centrar su análisis únicamente en las fechas y el vencimiento del contrato; e) Se abordó la conversión de contratos a plazo fijo en contratos indefinidos, pese a que dicho aspecto resultaba ajeno a la problemática debatida, la cual se encontraba referida específicamente a la desvinculación anticipada antes de la culminación de la obra; y, f) El hecho de que el tercero interesado sea padre progenitor no constituía, por sí mismo, una causal válida para la conversión de contratos por obra en contratos a plazo indefinido.

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 004/2025-II de 30 de diciembre, ante el cese de cinco Magistraturas, se dispuso la devolución a la Comisión de Admisión de los expedientes y causas sorteadas para la realización de un nuevo sorteo de manera aleatoria y equitativa entre las Salas Primera, Segunda y Tercera del Tribunal Constitucional Plurinacional, a fin de que los actuales Magistrados asuman el conocimiento y prosigan con la tramitación de dichas causas hasta su conclusión, garantizando así la continuidad del servicio jurisdiccional (fs. 264 a 268); en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión, sin aguardar el orden cronológico respectivo, procedió al sorteo de la presente causa.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Consta Sentencia 34 de 30 de septiembre de 2019, emitida por Nelly Rosario Sánchez Justiniano, Jueza de Partido de Trabajo y Seguridad Social Primera de la Capital del departamento de Santa Cruz, mediante la cual, se declaró probada la demanda de reincorporación laboral interpuesta por Jhon Dee Smith IV -ahora tercero interesado- (fs. 84 a 90). II.2. Mediante recurso de apelación presentado el 3 de enero de 2020, la empresa Shell Bolivia Corporation, Sucursal Bolivia -accionante- solicitó se anule la Sentencia 34/2019 o, en su defecto, sea revocada, declarando improbada la demanda de reincorporación laboral; asimismo, a través de su otrosí, solicitó el diligenciamiento de prueba en segunda instancia, conforme a lo previsto por el art. 261.III.3 y 4 del CPC, requiriendo la emisión de un oficio dirigido al Servicio Nacional de Migración, a fin de que dicha entidad informe sobre el flujo de movimientos migratorios realizados por el tercero interesado (fs. 49 a 66 vta.).

II.3. A través de Decreto de 7 de enero de 2020, la autoridad judicial de primera instancia dispuso traslado del referido recurso de apelación al tercero interesado; por otra parte, respecto a la solicitud de diligenciamiento, señaló que la parte accionante “…Acuda al Tribunal superior por la suspensión de la competencia” (sic [fs. 67]). II.4. Se tiene Auto de Vista 67/2020 de 5 de noviembre, pronunciado por la Sala Social, Administrativa, Contenciosa, Contenciosa Administrativa y Tributaria Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, confirmando la Sentencia 34/2019 en todas sus partes (fs. 142 a 147).

II.5. Por memorial de interposición de recurso de casación, presentado el 30 de noviembre de 2020, contra el Auto de Vista 67/2020, la parte accionante, expuso los agravios de forma y fondo, solicitando se anule dicho fallo debido a los vicios procesales precisados; en su defecto, en atención al art. 220.IV del CPC, casen el mencionado Auto de Vista y, en consecuencia, declaren improbada la demanda interpuesta (fs. 29 a 47 vta.). II.6. Cursa Auto Supremo 203/2021 de 16 de marzo -notificado el 28 de julio de igual año-, emitido por Ricardo Torres Echalar y Carlos Alberto Egüez Añez, Magistrados de la Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia -ahora demandados-, declarando infundado el recurso de casación en la forma y el fondo, con costas (fs. 91 a 100 vta.).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La parte accionante denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso en sus vertientes fundamentación, motivación, congruencia, aplicación correcta de la norma, “predictibilidad de la resolución judicial”, “igualdad ante la ley” y “aplicación objetiva del ordenamiento jurídico”; debido a que, dentro el proceso laboral de reincorporación, los Magistrados demandados emitieron el Auto Supremo 203/2021 de 16 de marzo, sin considerar que: 1) No explicaron las razones por las cuales el Auto de Vista englobó los puntos 6, 7 y 8 del recurso de apelación en un solo reclamo; 2) Omitieron pronunciarse sobre la solicitud de diligenciamiento de prueba en segunda instancia -previsto en el art. 261.III.3 del Código Procesal Civil (CPC)-, ofreciendo una respuesta incongruente al ampararse en el principio de preclusión procesal; 3) No correspondía disponer la reincorporación laboral, en atención a la naturaleza del contrato suscrito, al tratarse de un vínculo a plazo fijo y por obra determinada; y, 4) Debió revisarse la valoración de la prueba aportada, en tanto esta demostraría la inviabilidad de la reincorporación laboral. Ante ello, Carlos Alberto Egüez Añez, Magistrado de la Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia -autoridad demandada- manifestó que: i) El Tribunal de alzada valoró la prueba conforme a las reglas de la sana crítica y de manera integral, en atención a las circunstancias del litigio; ii) El despido del trabajador se produjo con antelación al vencimiento del contrato de operaciones del plan “Campo Vertiente”, previsto para el 2 de mayo de 2019; iii) La parte accionante omitió considerar el derecho a la inamovilidad laboral derivado del estado de gestación de la esposa del tercero interesado; y, iv) Conforme al art. 45 del CPT, correspondía aplicar la normativa laboral boliviana a un contrato ejecutado en territorio nacional, extremo acreditado por la prueba producida.

En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. Sobre la imposibilidad material de la reincorporación laboral

El art. 46.I.1 de la CPE reconoce que toda persona tiene derecho “Al trabajo digno, con seguridad industrial, higiene y salud ocupacional, sin discriminación y con remuneración o salario justo, equitativo y satisfactorio, que le asegure para sí y su familia una existencia digna”; a su vez, el art. 48.II del mismo texto constitucional dispone que las normas laborales deben interpretarse conforme a principios como el de primacía de la relación laboral y el de continuidad y estabilidad laboral, para poder garantizar el derecho efectivo al trabajo. Bajo este precepto constitucional, se entiende que la reincorporación laboral posee una característica esencialmente restitutoria, destinada a preservar la estabilidad del trabajador y a restablecer la relación laboral ante un despido injustificado de forma que se asegure la subsistencia del trabajador y de su familia; en esa línea, el art. 10.III del Decreto Supremo (DS) 28699 de 1 de mayo de 2006 estableció que, cuando el trabajador solicite su reincorporación y se compruebe el despido injustificado, debe disponerse “…la inmediata reincorporación al mismo puesto que ocupaba a momento del despido…”; lo cual, presupone la existencia de la fuente laboral en las mismas condiciones anteriores a la desvinculación o, en su caso, bajo parámetros equivalentes. En consecuencia, resultaría contradictorio imponer una reincorporación cuando esta no pueda concretarse en términos reales y efectivos. Si bien la Constitución Política del Estado, el DS 28699 y demás normativa laboral regulan la reincorporación como mecanismo de restitución del derecho vulnerado, ninguna de estas disposiciones impone su aplicación cuando no existen las condiciones fácticas o materiales para su ejecución; así, por un lado, la parte trabajadora debe encontrarse en condiciones objetivas de reintegrarse a sus funciones, lo que no ocurriría, por ejemplo, en caso de fallecimiento del trabajador durante la tramitación del proceso; y, por otra, deben existir las condiciones materiales que permitan su retorno efectivo a la entidad empleadora, extremo que, en virtud del principio de inversión de la carga probatoria, corresponde ser acreditado por la parte empleadora. En efecto, el principio de primacía de la realidad, reconocido por el art. 4.I. inc. d) del DS 28699, exige que los hechos prevalezcan sobre las formas; por consiguiente, la protección de la estabilidad tampoco puede sustentarse en una ficción jurídica que desconozca la verdad material; siendo que, pueden presentarse situaciones que tornen materialmente inviable su cumplimiento, tales como la conclusión definitiva de la obra o actividad que dio origen al vínculo laboral, que la empresa entre en liquidación por quiebra, la desaparición del puesto de trabajo o cualquier modificación estructural que imposibilite la continuidad efectiva de la relación laboral.

III.2. Análisis del caso concreto

Con relación al agravio 1), de la revisión de obrados, se observa que el recurso de apelación (Conclusión II.2), en su punto sexto, refería que la contratación del trabajador tenía una duración temporal y se trataba de un contrato a plazo fijo por lo que se habría vulnerado los arts. 11 del DS 28699, 1 y 2 de DS 16187 de 16 de febrero de 1979 y 5 del DS 0012 de 19 de febrero de 2009; así como, eludido la línea jurisprudencial relativa a los contratos a plazo fijo en tareas propias pero no permanentes. Por su parte, en el punto séptimo se sostuvo que el extracto de aportes de BBVA Previsión Administradora de Fondos de Pensiones (AFP) Sociedad Anónima (S.A.) fue erróneamente valorado. Finalmente, en el punto octavo se denunció que la autoridad de primera instancia no habría valorado la totalidad de las pruebas presentadas. Tales aspectos fueron analizados de manera conjunta en el punto IV -referido a la motivación fáctica- del Auto de Vista 67/2020 de 5 de noviembre (Conclusión II.4), bajo el argumento de que el tercero interesado mantenía una relación laboral por tiempo indefinido, desempeñando funciones propias y permanentes de la empresa; razón por la cual no correspondía la suscripción de contratos destinados a simular un vínculo laboral a plazo fijo, en contravención de lo establecido por ley; en ese entendido, se concluyó que “…los aspectos señalados fueron correctamente analizados por la Juez a quo…” (sic). Ahora bien, debe hacerse notar que en el recurso de casación de la parte accionante se sostuvo como cargo que dichos puntos no habrían sido resueltos por lo que el Auto de Vista sería una resolución infra petita sobre lo cual el Auto Supremo 203/2021 de 16 de marzo (Conclusión II.6), determinó que, a partir de los fundamentos expuestos en el Auto de Vista 67/2020, “…el tribunal de apelación resolvió los reclamos apelados en su conjunto, dilucidando con claridad las razones de su decisión…” (sic); con base en ello, concluyó que no existía agravio que justificara la nulidad de obrados.

Sin embargo, de la lectura de la acción de amparo constitucional se advierte una modificación en la formulación del agravio; ello, debido a que inicialmente la parte accionante, como se observa de lo referido ut supra denunció incongruencia omisiva, al sostener que los puntos señalados no habrían merecido un pronunciamiento razonado, mientras que en esta instancia constitucional replantea su cuestionamiento bajo el rótulo de falta de fundamentación y motivación , pues señala que “…no entendemos cómo se llegó a la conclusión de que todos estos reclamos podían ser englobados en uno solo…” (sic). De ese modo, al tratarse de un nuevo agravio lo planteado en la acción de amparo constitucional, el cual no fue planteado en el recurso de casación, entonces no corresponde ingresar al análisis de fondo de lo denunciado, debido al incumplimiento del principio de subsidiariedad previsto en el art. 129.I de la CPE.

Respecto al agravio 2), relativo a la solicitud de diligenciamiento de prueba en segunda instancia, consistente en la emisión de un oficio al Servicio Nacional de Migración a efectos de que se informe sobre el flujo migratorio del tercero interesado, la parte impetrante de tutela sostiene que dicha prueba permitiría acreditar la falta de interés del entonces demandante en retornar a su fuente laboral, todo ello conforme a lo previsto en el art. 261.III.3 del CPC. En respuesta, el Auto Supremo cuestionado señaló que, “…el recurrente no precisó ni adecuó su petición a uno de los numerales previstos en la norma invocada, menos estableció la trascendencia ineludible que connota en la decisión asumida; por lo que se establece que tardíamente aduce diligenciamiento de la citada prueba, habiéndose activado la preclusión procesal…” (sic); en otros términos, explicó que el hecho sobreviniente invocado no se produjo en fase de apelación, siendo que en el recurso de apelación se solicitó el referido oficio migratorio respecto al periodo comprendido “…desde el 1/01/2016 hasta la fecha 26/12/2019…” (sic [Conclusión II.2]) cuando la Sentencia 34/2019 de 30 de septiembre (Conclusión II.1) ya había sido pronunciada; de ahí que dicha solicitud no podía ser atendida en observancia del principio de preclusión.

En ese contexto, se advierte que la parte accionante no acreditó la relevancia constitucional de su solicitud amparada en el art. 261.III.3 del CPC, en la medida en que no explicó de qué manera la decisión emitida por la autoridad de primera instancia se habría visto afectada por el supuesto traslado del tercero interesado a otro país o ciudad, mientras aguardaba el fallo que determine la reincorporación laboral pretendida; tampoco sustentó jurídicamente que dicho traslado genere un impedimento o una disfunción procesal, máxime cuando dicho extremo debía ser demostrado por la parte empleadora. En virtud de ello, resulta pertinente aclarar que, desde la SC 1262/2004-R de 10 de agosto, se estableció que incumbe a la parte impetrante de tutela demostrar que las lesiones denunciadas al debido proceso poseen relevancia constitucional, es decir, “…que esa infracción procesal de lugar a que la decisión impugnada tenga diferente resultado al que se hubiera dado de no haber incurrido en los errores o defectos denunciados”; extremo que no aconteció en el caso concreto. Por consiguiente, corresponde denegar la tutela solicitada sobre este punto.

En lo referente al agravio 3), se alegó que el Auto Supremo en examen no habría considerado que el tercero interesado y “…su contratación -como bien lo refiere la misma Sentencia- especialmente tenía una duración temporal y se trataba de un contrato a plazo fijo…” (sic), circunstancia que impediría la aplicación de la inamovilidad laboral; asimismo, explicó que, al tratarse de un contrato temporal por conclusión de obra, “…el proyecto para el cual se contrató al demandante ha concluido (…) la naturaleza de la actividad petrolera, se desarrolla esencialmente por fases y no así de carácter continuo o indefinido…” (sic), aspecto que haría materialmente imposible la reincorporación laboral. Sobre dicho agravio, las autoridades demandadas señalaron que, “…el tribunal de alzada valoró el contrato de trabajo por obra (…) estableciendo que el vencimiento del plazo del contrato de operaciones para el plan de desarrollo de campo 'vertiente' concluía el 2 de mayo de 2019, por lo que al haber procedido con el despido del demandante el 26 de septiembre de 2016 -con anticipación a la fecha de conclusión de la fecha preestablecida- dedujo la existencia de un despido injustificado, añadiendo a ello la inamovilidad por el estado de gestación de la esposa del actor” (sic [Conclusión II.6]); refiriendo, además, que esta conclusión devino de una valoración integral de las pruebas aportadas conforme a la sana critica “…no siendo, evidente la vulneración de los arts. 22 de la LGT, 11 del DS 28699, 3.II del DS 0012 y 3 del D.S. 26877” (sic).

En ese marco, tanto la Sentencia de primera instancia como el Auto de Vista tuvieron como eje central de análisis el contrato por obra suscrito entre el tercero interesado y la parte peticionante de tutela, su plazo de vigencia y la fecha efectiva de desvinculación; documental a partir de la cual se concluyó que la desvinculación se produjo con anterioridad al vencimiento del contrato, considerando que aún existían planes de desarrollo pendientes de ejecución, extremo que la empresa entonces demandada no logró desvirtuar durante la tramitación del proceso y que, en efecto, ahora contradice lo alegado respecto a que el tercero interesado no podía ser reincorporado debido a que el contrato temporal supuestamente habría concluido. No obstante, se advierte que las autoridades demandadas, al emitir el Auto Supremo 203/2021, no consideraron que la Sentencia de primera instancia fue dictada el 7 de octubre de 2019, cuando ya se encontraba acreditado que las obras para el cual se contrató al tercero interesado habían finalizado el 2 de mayo del mismo año, es decir, mientras se sustanciaba el proceso laboral; este extremo, fue expresamente reclamado por la parte accionante en su recurso de apelación (Conclusión II.3) donde refirió que “…la presente sentencia es emitida el 7/10/2019 conociendo efectivamente que las operaciones de la empresa BG Bolivia en el campo la Vertiente concluyeron hace aproximadamente 6 meses…” (sic), siendo además reiterado en su recurso de casación; extremo respecto del cual, no existe un pronunciamiento expreso en el referido Auto Supremo es decir que, si bien se determinó la existe de una relación laboral permanente para realizar un determinado trabajo no se valoró que la parte accionante alegaba que ya no existía la necesidad de dicho trabajo aspecto sobre el cual no existe pronunciamiento expreso de las autoridades demandadas. En efecto, tal circunstancia adquiere relevancia constitucional en la medida en que, conforme al Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, no resulta pertinente ordenar la reincorporación laboral cuando ya no existen las condiciones materiales para su efectivización; en el caso concreto, el Auto Supremo 203/2021 no se pronunció sobre este extremo, eludiendo analizar si la conclusión de la obra incidía en la viabilidad real de la medida dispuesta; en consecuencia, corresponde otorgar la tutela solicitada en este punto, disponiendo que las autoridades demandas emitan un nuevo pronunciamiento en el que analicen de manera expresa si la conclusión de la obra incidía en la procedencia de la reincorporación laboral a fin de evitar una decisión de imposible cumplimiento en cuyo caso corresponde el pago de salarios devengados y otros derechos laborales hasta el momento en el que la reincorporación se hizo inviable, aspecto que, sin embargo, no puede determinarse por la justicia constitucional y debe analizarse por las autoridades demandadas.

En lo concerniente al agravio 4), la parte accionante sostiene que existen pruebas que demostrarían que no se trata de un proceso habitual de reincorporación, las cuales no habrían sido correctamente valoradas y, en algunos casos, ni siquiera consideradas, lo que habría derivado en una aplicación indiscriminada de las normas y principios en materia laboral, sin la debida contextualización del caso concreto; asimismo, alega que las autoridades demandadas dispusieron la reincorporación del trabajador cuando “…éste ni siquiera tuvo participación activa en el proceso y que tampoco radica en el país…” (sic) lo que -bajo su criterio- evidenciaría una falta de interés real del trabajador en retornar a su fuente laboral.

Al respecto, si bien se sostiene que las autoridades demandadas debieron realizar una “revalorización” del acervo probatorio, señalando que se habría cumplido con la carga argumentativa correspondiente en virtud de lo expuesto precedentemente, la parte impetrante de tutela no precisa qué aspectos concretos del Auto Supremo cuestionado habrían carecido de fundamentación ni identifica de manera específica las deficiencias argumentativas en las que habría incurrido dicha Resolución; por el contrario, se limita a reiterar el listado de pruebas y disposiciones normativas que considera indebidamente analizadas, mencionando incluso, de forma general y abstracta, que algunas habrían sido omitidas y, simultáneamente, mal valoradas. De ello se advierte únicamente una expresión de disconformidad con la decisión asumida, sin contextualizar adecuadamente la falta de fundamentación alegada. A mayor abundamiento, la SCP 0033/2025-S2 de 24 de febrero, estableció los requisitos para habilitar el control constitucional de la valoración probatoria, señalando lo siguiente: “…1) De manera individualizada identificar qué pruebas fueron valoradas al margen de los marcos de razonabilidad y equidad previsibles para decidir, no fueron recibidas, o habiéndolo sido, no fueron producidas o compulsadas, o en su caso, fueron producidas pero eran ilícitas, 2) Cómo la valoración o falta de valoración se representa a derechos y garantías tutelados por la acción de amparo constitucional y, 3) Que la prueba tiene incidencia o relevancia constitucional en la resolución final de forma que su producción o su no valoración podrían haber cambiado la forma de la decisión del caso -SC 0685/2006-R de 17 de julio-”; presupuestos que, en el caso concreto, no concurren, pues la parte accionante no explica de qué manera el hecho de que el trabajador sea extranjero, hubiese percibido una remuneración elevada o haya salido del país mientras se resuelve el proceso laboral evidencia, por sí mismo, que no desea retornar a su fuente laboral. Por tanto, corresponde denegar la tutela solicitada sobre este extremo. En consecuencia, la Sala Constitucional, al conceder la tutela solicitada, obró de forma parcialmente correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 013/2022 de 10 de febrero, cursante de fs. 251 a 256, pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca; y, en consecuencia: 1° CONCEDER en parte la tutela solicitada, únicamente respecto a la falta de fundamentación vinculada a la procedencia de la reincorporación laboral cuando se trate de contratos por obra ya concluidos. 2° DENEGAR la tutela en cuanto a todos los demás puntos. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Boris Wilson Arias López

MAGISTRADO

Dra. Amalia Laura Villca

MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0192_2026-S2.pdf · páginas 1 a 13.

Huella digital del PDF (SHA-256): be03db8ca6d9ac09db8e1b14c76772045272e05b5113a09605892081be9bcb13

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