B.IA.LEGAL

SCP 0192/2024-S2

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 27 de mayo de 2024

Concede en parte la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Segunda
Fecha
27 de mayo de 2024
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
MSc. DAEN Brigida Celia Vargas Barañado
Expediente
48285-2022-97-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante a través de su representante, alega la vulneración de sus derechos a la vida y a la salud; puesto que: 1) El personal del Hospital de COSSMIL impidió el acceso a los profesionales médicos especialistas del IDIF, quienes no pudiendo realizarle los estudios que eran necesarios para determinar su real estado de salud; y, 2) La Jueza demandada por proveído de 31 de mayo de 2022, no dio curso a su solicitud de autorización de salida al servicio de emergencia médica interna al referido Hospital para el 1 de junio del citado año, pese a que es adulto mayor y está enfermo.

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 15/2022 de 3 de junio, cursante de fs. 40 a 44, pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Cuarto de la Capital del departamento de La Paz; y en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, con relación a Patricia Eugenia Mendoza Murillo, Jueza de Sentencia Penal Cuarta de la Capital -en suplencia legal del Juez de Ejecución Penal Segundo- del departamento de La Paz; y, Marco Antonio Álvarez Daza, Director General Ejecutivo de la Corporación del Seguro Social Militar, respecto al derecho a la salud vinculado a la vida; y, 2° DENEGAR la tutela con referencia al Director del Centro Penitenciario Chonchocoro de La Paz, conforme el fundamento desplegado en este fallo constitucional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho
  2. III.2. El derecho a la salud y la asistencia médica de los privados de libertad
  3. III.3. Análisis del caso concreto

¿Tenés un caso parecido?

B.IA.Legal lee esta sentencia junto con tu expediente, te dice en qué te sirve y te ayuda a redactar el memorial con la cita exacta, sacada del texto del Tribunal.

Probá 6 consultas gratis con registro y foto en tiempo real, y tu matrícula del RPA

¿No sos abogado? Hacé tu consulta legal gratis →

Texto completo

Texto tal como la publicó el Tribunal Constitucional Plurinacional, leído de su PDF oficial. Se sacaron solo los números de página.

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0192/2024-S2 Sucre, 27 de mayo de 2024 SALA SEGUNDA Magistrada Relatora: MSc. DAEN Brigida Celia Vargas Barañado Acción de libertad Expediente: 48285-2022-97-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 15/2022 de 3 de junio, cursante de fs. 40 a 44, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Ivon Lorena Pacohuanca Ticona en representación sin mandato de Roberto Melean Rendón contra Patricia Eugenia Mendoza Murillo, Jueza de Sentencia Penal Cuarta de la Capital -en suplencia legal del Juez de Ejecución Penal Segundo- del departamento de La Paz; Marco Antonio Álvarez Daza, Director General Ejecutivo de la Corporación del Seguro Social Militar (COSSMIL); y, el Director del Centro Penitenciario Chonchocoro del citado departamento.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 2 de junio de 2022, cursante a fs. 1 y 9 a 12, el accionante a través de su representante, expresó que:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del fenecido proceso penal que siguió el Ministerio Público en su contra, por la comisión del delito de asesinato, por Sentencia 002/2008 de 18 de enero, fue condenado a privación de libertad por treinta años, cumpliendo la misma en el Centro Penitenciario Chonchocoro de La Paz. Debido a su delicado estado de salud y considerando que es adulto mayor, pidió salida por urgencia médica al Hospital de COSSMIL, en el cual debía recibir valoración por especialistas del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF); empero, estos últimos estuvieron impedidos de realizarle los estudios pertinentes; pues, en el referido nosocomio le solicitaron orden judicial que autorice aquello, pese a que ya tenía un Auto Interlocutorio pronunciado por Patricia Eugenia Mendoza Murillo, Jueza de Sentencia Penal Cuarta de la Capital -en suplencia legal del Juez de Ejecución Penal Segundo- del departamento de La Paz. Al no haber mejoría en su estado de salud, el 30 de mayo de 2022, solicitó que se la autorice una salida médica urgente, ante la falta de especialistas en el referido establecimiento penal a fin de tratar las diversas dolencias que presentaría, considerando que padece de insuficiencia renal aguda, eritrocitosis secundaria, pterigion izquierda, hepatotapía crónica, hipertensión arterial, bronconeumonía y gastroenteritis -estas dos últimas a descartar después de los análisis pertinentes-; sin embargo, pese a que requiere internación intrahospitalaria, su pedido fue rechazado por la Jueza demandada, quien señaló que de forma previa deberá acreditar su estado de salud.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denunció la lesión de sus derechos a la vida y a la salud, citando al efecto el art. 35 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela, disponiendo que: a) Los demandados cumplan con la salida médica de urgencia y la internación médica “…MAS AUN QUE EL MISMO SEA PERMANENTE…” (sic); b) Se realice la valoración por el personal especializado del IDIF; y, c) Se imponga el pago de costas, daños y perjuicios.

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías

Celebrada la audiencia pública virtual el 3 de junio de 2022, según consta en acta cursante de fs. 34 a 39, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante a través de sus abogados, ratificó in extenso el contenido del memorial de la demanda tutelar y ampliándolo manifestó que: 1) Es una persona de más de ochenta años, que incluso está utilizando pañales; por lo que, solicitó se le autorice realizar una salida médica para que en el Hospital de COSSMIL pueda ser evaluado y compensado; empero, no fue posible obtener un certificado que respalde su solicitud, desde que se encuentra en el Centro Penitenciario Chonchocoro de La Paz y el médico que lo atiende es general no especialista; sin embargo, la Jueza demandada exige ese documento de difícil obtención; y, 2) No puede ser tratado en dicho nosocomio, porque le darán de alta, alegando que está “desvariando”.

I.2.2. Informe de los demandados

Patricia Eugenia Mendoza Murillo, Jueza de Sentencia Penal Cuarta de la Capital -en suplencia legal del Juez de Ejecución Penal Segundo- del departamento de La Paz, por informe escrito presentado el 3 de junio de 2022, cursante a fs. 21 y vta., y en audiencia de garantías señaló que: i) Dictó el Auto Interlocutorio de 16 de mayo de ese año, en respuesta al memorial de solicitud de internación médica permanente -no indicó data-, aceptando la misma, disponiendo que sea por cinco días; de igual forma, ordenó que el Hospital de COSSMIL informe sobre el estado de salud del accionante, aspecto que no fue cumplido; ii) Se ofició al IDIF para que se constituya en el referido centro de salud, a fin que comunique sobre la salud del prenombrado; empero, el 30 del citado mes y año, la indicada entidad forense refirió que dicho nosocomio no permitió su ingreso para la mencionada valoración; iii) Toda salida médica requiere de acreditación sobre el estado de salud de quien solicita, considerando que debe justificarse la necesidad de autorización para su traslado a alguna institución médica, pues todo centro penitenciario tiene personal a ese fin; en el caso del impetrante de tutela, el médico general del Centro Penitenciario Chonchocoro de La Paz, puede realizar su informe al respecto, siendo un requisito exigido a todo privado de libertad sin discriminación; y, iv) El peticionante de tutela, dos semanas atrás interpuso otra acción de libertad, con los mismos fundamentos de este mecanismo constitucional, negándosele la tutela por haber atendido su solicitud mediante el Auto Interlocutorio de 16 de mayo de 2022. Marco Antonio Álvarez Daza, Director General Ejecutivo de COSSMIL a través de su abogado señaló que: a) En la presente causa el accionante no identificó cual fue el nexo de causalidad entre la relación de hechos, la vulneración del derecho y el petitorio; es decir, no indicó de qué forma la institución a la que representa, vulneró su derecho a la salud; b) No tiene legitimación pasiva al no haberse demostrado que es el causante de la conculcación de algún derecho, tampoco se rehusó a atender al prenombrado; y, c) El 18 de mayo de 2022, el mismo impetrante de tutela presentó otra acción de libertad, denegándole la tutela, existiendo identidad de objeto, sujeto y causa, haciendo uso abusivo de este mecanismo constitucional. Ante la consulta realizada por el Tribunal de garantías, respondió que, el accionante llegó y se le realizó las evaluaciones correspondientes, determinando que estaba estable; en cuanto a los informes aún no los remiten a la autoridad judicial; debido a que, se encuentran en el conducto regular “…a través del Gerente de Salud para su remisión” (sic). El Director del Centro Penitenciario Chonchocoro de La Paz, en audiencia de garantías manifestó que: 1) Es la segunda acción de libertad que el accionante interpuso en su contra con similares argumentos; sin embargo, es preciso informar que la primera salida médica que se le otorgó al mencionado, fue motivado por su persona, debido al delicado estado de salud en el que se encontraba el prenombrado; 2) La Jueza demandada dispuso la salida médica del peticionante de tutela por cinco días, cumpliéndose la misma el 27 de mayo de 2022; empero, este retornó al indicado recinto penitenciario el 29 de ese mes y año, alegando que le habrían dado de alta; y, 3) El 30 del referido mes y año, se le realizó al peticionante de tutela una nueva valoración, concluyéndose que necesitaba consulta con los especialistas en nefrología, urología y gastroenterología, informando de aquello a la Jueza demandada para que disponga la salida del accionante, considerando que el privado de libertad se encuentra en cama, usa pañales y no puede moverse; por esa razón, tampoco pudo contactarse a la audiencia de garantías; solicitando se deniegue la acción de libertad con relación a su persona. Ante la consulta del Tribunal de garantías respondió que, el médico asiste al referido Centro Penitenciario, dos veces por semana, y son algunos privados de libertad que tienen esa profesión los que colaboran con la atención médica, falencia que le corresponde cubrir al Ministerio de Salud, entidad que debe asignar médico permanente en dicho recinto.

I.2.3. Resolución

El Tribunal de Sentencia Penal Cuarto de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Tribunal de garantías, mediante Resolución 15/2022 de 3 de junio, cursante de fs. 40 a 44, concedió en parte la tutela impetrada, disponiendo que: i) La Jueza demandada y el Director General Ejecutivo de COSSMIL deben actuar con celeridad cuando se trate de adultos mayores; y, ii) La referida Jueza ordenará la valoración médica del accionante; y, denegó la tutela respecto al Director del Centro Penitenciario demandado, quien cumplió con los presupuestos legales establecidos en el procedimiento correspondiente; con base en los siguientes fundamentos: a) Las autoridades deben obrar con celeridad; empero, en el caso concreto, la salida judicial está establecida en el art. 109 de la Ley de Ejecución Penal y Supervisión (LEPS) existiendo el informe de solicitud de salida médica -no indica data- efectuada por la “…Gobernación del penal de Chonchocoro…” (sic); pese a ello, la autoridad judicial demandada no dio curso a la misma, quien además debió obrar con celeridad, al tratarse de un adulto mayor, que está protegido con una ley especial; b) La indicada Jueza en una postura formalista exigió la presentación del certificado médico forense o del médico del referido recinto penal, antes de procurar que sea efectiva la valoración de salud del impetrante de tutela, que pidió internación; c) Dicha autoridad debió inmediatamente disponer que en cinco días se realice la valoración del prenombrado, siendo que conocía que se trataba de un adulto mayor, sus antecedentes de salud, además de sus padecimientos recurrentes por la edad avanzada que tiene; y, d) Por su parte, el mencionado Director del Centro Penitenciario, cumplió con todos los requisitos previstos en la Ley de Ejecución Penal y Supervisión, efectuando diligenciamientos extensivos en tiempo oportuno; e incluso, actuando de oficio emitió un informe -no refiere data- para el traslado del peticionante de tutela.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:

II.1. Por Oficio Cite 263/2022 de 24 de mayo, Patricia Eugenia Mendoza Murillo, Jueza de Sentencia Penal Cuarta de la Capital -en suplencia legal del Juez de Ejecución Penal Segundo- del departamento de La Paz -demandada-, solicitó al IDIF, informe sobre el estado actual de salud de Roberto Melean Rendón -accionante-, conforme el memorial de 13 del indicado mes y año, y el Auto Interlocutorio de 16 de igual mes y año, otorgándole a ese fin, el plazo de cinco días hábiles, debiendo constituirse personal de esa dependencia al Hospital COSSMIL (fs. 30 y vta.). II.2. Mediante Nota CITE: IDIF-MF/CLIN 0214/2022 de 25 de mayo, presentada por Edgar Santiago Gisbert Monzón, Médico Forense del IDIF, informó al Juzgado de Ejecución Penal Segundo del departamento de La Paz, que “…por tratarse de una institución castrense, no se permitió el acceso al suscrito para la valoración señalada así mismo sugiero a su autoridad que mediante la instancia correspondiente se gestione mediante un oficio dirigido hacia la dirección de ese nosocomio a efecto de que autorice la realización de la valoración del paciente ROBERTO MELEAN RENDON y se facilite la Historia clínica, junto a sus exámenes de laboratorio y gabinete…” (sic [fs. 31]). II.3. A través del memorial presentado el 30 de mayo de 2022, ante el referido Juzgado, el impetrante de tutela solicitó salida médica al servicio de emergencia médica interna del Hospital de COSSMIL, para el 1 de junio del citado año, a horas 8:00, hasta la finalización de los estudios médicos especializados necesarios, alegando delicado estado de salud y que se encuentra con convulsiones; asimismo, le falta el aire, necesitando oxígeno “…sin ingerir alimentación alguna encontrándose postrado en la cama sin recibir asistencia médica…” (sic [fs. 32 y vta.]). II.4. Por proveído de 31 de mayo de 2022, la Jueza demandada señaló que:

“Del memorial que antecede previamente adjunte documentación que respalde su solicitud” (sic [fs. 33]).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante a través de su representante, alega la vulneración de sus derechos a la vida y a la salud; puesto que: 1) El personal del Hospital de COSSMIL impidió el acceso a los profesionales médicos especialistas del IDIF, quienes no pudiendo realizarle los estudios que eran necesarios para determinar su real estado de salud; y, 2) La Jueza demandada por proveído de 31 de mayo de 2022, no dio curso a su solicitud de autorización de salida al servicio de emergencia médica interna al referido Hospital para el 1 de junio del citado año, pese a que es adulto mayor y está enfermo.

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho

Al respecto, la SC 1579/2004-R de 1 de octubre, concluyó que el recurso de hábeas corpus actualmente -acción de libertad-, puede ser activado en cualquiera de sus cuatro modalidades: “…por violaciones a la libertad individual y/o locomoción, puede ser reparador si ataca una lesión ya consumada, preventivo si procura impedir una lesión a producirse o correctivo si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida”. En ese entendido, el extinto Tribunal Constitucional en la SC 0465/2010-R de 5 de julio, concluyó que: “…los tipos de hábeas corpus precedentemente aludidos, también pueden ser identificados en la nueva Ley Fundamental, e inclusive ampliados. Así dentro de la tipología desarrollada por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional citada líneas precedentes, se agregó el hábeas corpus restringido, el hábeas corpus instructivo y al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho (SC 0044/2010-R de 20 de abril). Conforme la doctrina constitucional sentada por este Tribunal, por medio del hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad” (énfasis y subrayado agregados).

III.2. El derecho a la salud y la asistencia médica de los privados de libertad

Con relación al tema, la SCP 0618/2012 de 23 de julio, sostuvo que: “En primera instancia, conviene resaltar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha establecido que el derecho a la salud de los privados de libertad, se mantiene intacto durante la ejecución de la medida, entendiendo este derecho como ‘…el disfrute del más alto nivel posible de bienestar físico, mental y social, que incluye, entre otros, la atención médica, psiquiátrica y odontológica adecuada; la disponibilidad permanente de personal médico idóneo e imparcial; el acceso a tratamiento y medicamentos apropiados y gratuitos; la implementación de programas de educación y promoción en salud, inmunización, prevención y tratamiento de enfermedades infecciosas, endémicas y de otra índole; y las medidas especiales para satisfacer las necesidades particulares de salud de las personas privadas de libertad pertenecientes a grupos vulnerables o de alto riesgo, tales como: las personas adultas mayores, las mujeres, los niños y las niñas, las personas con discapacidad, las personas portadoras del VIH-SIDA, tuberculosis, y las personas con enfermedades en fase terminal. El tratamiento deberá basarse en principios científicos y aplicar las mejores prácticas’. En este contexto, partiendo de este razonamiento, en nuestro país, de conformidad al art. 23.I de la CPE, si bien el privado de libertad sufre temporalmente las limitaciones de la ley, no se convierte en un ser sin derechos, el Estado, de acuerdo al art. 74.I de la Norma Suprema, les garantizan el respeto de todos aquellos derechos inserto en el texto constitucional, considerados como fundamentales por diferentes instrumentos internacionales; resulta oportuno, analizando el derecho a la salud del grupo humano conformado por los privados de libertad, efectuar un análisis previo respecto a la atención médica que se les otorga durante el período de reclusión. Si consideramos que la salud es imprescindible para que el hombre y en general la sociedad alcancen un total desarrollo respecto a sus necesidades personales y sociales, este aspecto es determinante para el buen desenvolvimiento del ser humano como tal, y partiendo de que la salud es vida y este derecho no puede verse afectado por la mera disminución del derecho a la libertad, en base a los razonamientos expuestos en los Fundamentos Jurídicos precedentes, es pertinente establecer respecto a los privados de libertad que éstos reciben atención médica gratuita en los centros de salud o consultorios médicos existentes en todos los recintos penitenciarios, dependiente del Ministerio de Salud, en los cuales se les brinda asistencia en medicina general y odontología ejecutando un plan de actividades destinadas a la prevención de enfermedades y a la protección de la salud de la población penal, dando estricto cumplimiento a lo establecido en la Constitución Política del Estado, cuando dispone ‘El Estado en todos sus niveles, protegerá el derecho a la salud, promoviendo políticas públicas orientadas a mejorar la calidad de vida, el bienestar colectivo y el acceso gratuito de la población a los servicios de salud’, postulado que se encuentra en directa concordancia con el art. 14.I de la CPE, que prescribe que todo ser humano goza de los derechos reconocidos por la Constitución, sin distinción alguna, siendo de acuerdo al art. 13.I, deber del Estado proteger, promover y respetar los derechos reconocidos por la Norma Fundamental. Ahora bien, a objeto de materializar el ejercicio del derecho a la salud dentro de los recintos penitenciarios, el ordenamiento jurídico prevé medios específicos para resguardar este derecho por su directa vinculación con el derecho a la vida de aquellas personas que circunstancialmente se encuentran privadas de libertad, es así que, la Ley de Ejecución Penal y Supervisión, dispone en su Título Tercero, Capítulo Segundo, arts. 90 al 93 y 96, concordantes con el art. 2.2 y 11 del Decreto Supremo (DS)26715 de 26 de julio de 2002 (Reglamento de Ejecución de Penas Privativas de Libertad), que debe existir en cada centro penitenciario un servicio de asistencia médica que funcione las veinticuatro horas, encargado de otorgar a los internos, atención básica y de urgencia, en medicina general y odontología y en caso de tratarse de enfermedades o dolencias que precisen tratamiento especializado, será el Director del establecimiento el encargado de comunicar estos hechos a las personas indicadas, pudiendo el interno a solicitud expresa ante el Director del establecimiento, acceder a su costo, a atención médica ajena a la del establecimiento, cuya decisión podrá ser apelada ante el juez de ejecución penal. Del mismo modo, tratándose de casos de emergencia, el legislador ha dispuesto en el art. 94 del mismo compilado legal que el director del establecimiento penitenciario o quien se encuentre a su cargo, ordenará el traslado del interno a un Centro de Salud adoptando las Medidas de Seguridad necesarias; debiendo informar de inmediato, al Juez competente; es decir que, cuando la salud de una persona privada de libertad se encuentra disminuida, le corresponde en primera instancia al interno dirigirse en consulta al médico del recinto penitenciario a efecto de que sea este quien determine a prima facie la gravedad del cuadro y adopte las medidas necesarias para asegurar y precautelar el ejercicio de este derecho y por ende su derecho a la vida, y cuando corresponda, en virtud a una emergencia particular o la necesidad específica de tratamiento especializado, el galeno del penal deberá poner en conocimiento de la situación al Director del recinto quien, tomando las previsiones de seguridad necesarias, autorizará el traslado del enfermo a un centro de salud y pondrá dicha determinación en conocimiento del juez competente; similar razonamiento ha manifestado esta Jurisdicción mediante la SCP 0257/2012 de 29 de mayo”. Por su parte, la SCP 0048/2014-S1 de 11 de noviembre, con relación a los permisos de salidas judiciales por motivos de salud refirió que: “‘…el accionante, aduciendo que por su grave estado de salud, acreditado mediante certificados médicos, solicitó a las autoridades demandadas, orden de salida para ser atendido, librándose providencia luego de más de cinco días en la cual se señaló que previamente se le debe practicar un examen médico forense; posteriormente, con el certificado médico requerido, reiteró su petición, otorgándole día y hora de salida; sin embargo, como la fecha fijada no coincidía con los días de atención del especialista, instó sea cambiado, mereciendo una respuesta negativa. En estos casos, las autoridades judiciales no pueden calificar el estado de salud, sino valorar la credibilidad de los certificados médicos, pues lógicamente no puede asegurar que un simple dolor devenga o no en una enfermedad o problema de salud, que de no ser tratada a tiempo ponga en riesgo la vida, la salud o integridad de una o un imputado‴.

III.3. Análisis del caso concreto

El impetrante de tutela a través de su representante, alega la vulneración de sus derechos a la vida y a la salud; puesto que: i) El personal del Hospital de COSSMIL impidió el acceso a los profesionales médicos especialistas del IDIF, quienes no pudiendo realizarle los estudios que eran necesarios para determinar su real estado de salud; y, ii) La Jueza demandada por proveído de 31 de mayo de 2022, no dio curso a su solicitud de autorización de salida al servicio de emergencia médica interna al referido Hospital para el 1 de junio del citado año, pese a que es adulto mayor y está enfermo.

III.3.1. Consideraciones previas

De acuerdo a los informes presentados por los demandados en esta acción de defensa, se tiene que, respecto a la presunta identidad de sujeto, objeto y causa que existiría con una primera acción interpuesta por el peticionante de tutela; en efecto, de la revisión de antecedentes dicha demanda tutelar fue resuelta a través de la SCP 0123/2024-S2 de 22 de abril; y si bien, coinciden los sujetos y en parte la causa; el objeto es diferente; ya que, en la primera se resolvió el reclamo sobre la solicitud del prenombrado de obtener tratamiento médico especializado, a lo cual, este Tribunal advirtió que la Jueza de Sentencia Penal Cuarta de la Capital -en suplencia legal del Juez de Ejecución Penal Segundo- del departamento de La Paz (demandada), dictó el Auto Interlocutorio de 16 de mayo de 2022; y, en esta acción de libertad, expresó que el Hospital de COSSMIL no permitió a los especialistas del IDIF realizarle valoración médica ante su delicado estado de salud, y que ante su nuevo pedido de salida médica urgente realizado el 30 de igual mes y año, la referida autoridad judicial le condicionó su viabilidad previa acreditación que respalde aquello; en consecuencia, al evidenciarse que se tratan de diferentes objetos y parte de la causa, corresponde proceder al análisis de las problemáticas planteadas. Asimismo, es necesario remitirse y reiterar el contenido del Fundamento Jurídico III.3.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, respecto a la condición fáctica previamente expuesta en la SCP 0123/2024-S2, sobre la situación sobreviniente de fallecimiento del accionante y las razones para que este Tribunal se pronuncie sobre el fondo de la acción tutelar. Por otra parte, corresponde referir que la jurisprudencia constitucional de manera uniforme, entendió que en casos en los que se encuentren involucrados los derechos de grupos vulnerables -adultos mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas y otros-, debe abstraerse la subsidiariedad, más aun en la acción de libertad donde la exigencia es de carácter excepcional; en ese sentido, la SCP 0998/2014 de 5 de junio, estableció que: “Tratándose de denuncias o demandas de personas de la tercera edad, la jurisprudencia constitucional entendió que no es dable exigir el cumplimiento del requisito de subsidiariedad, en consideración a que las mismas pertenecen a un grupo de atención prioritaria, por lo que en estos casos es pertinente aplicar una excepción a la subsidiariedad, correspondiendo en consecuencia, ingresar al análisis de fondo, a efectos de establecer si existió o no la lesión de los derechos demandados”; en aplicación de la jurisprudencia vinculante en el caso concreto, al ser el accionante un adulto mayor, corresponde abstraer la subsidiariedad excepcional en la acción de libertad e ingresar al fondo del asunto.

III.3.2. Primera problemática

Se colige de antecedentes que, por Oficio Cite 263/2022 de 24 de mayo, la Jueza demandada solicitó al IDIF, informe sobre el estado actual del accionante, en atención al Auto Interlocutorio de 16 de igual mes y año (Conclusión II.1); no obstante, por Nota CITE: IDIF-MF/CLIN 0214/2022 de 25 de mayo, presentada por Edgar Santiago Gisbert Monzón, Médico Forense del IDIF, informó al Juzgado de Ejecución Penal Segundo del departamento de La Paz, que una vez en el Hospital de COSSMIL: “…por tratarse de una institución castrense, no se permitió el acceso al suscrito para la valoración señalado, así mismo sugiero a su autoridad que mediante la instancia correspondiente se gestione mediante un oficio dirigido hacia la dirección de ese nosocomio a efecto de que autorice la realización de la valoración del paciente ROBERTO MELEAN RENDON y se facilite la Historia clínica, junto a sus exámenes de laboratorio y gabinete…” (sic [Conclusión II.2]). Conforme a lo expuesto se tiene que, si bien la Jueza demandada dispuso se oficie al IDIF para que los especialistas puedan evaluar el estado de salud del impetrante de tutela en el Hospital de COSSMIL, a cuyo fin le otorgó cinco días, ello no se concretó, tal como se tiene en el Informe CITE: IDIF-MF/CLIN 0214/2022, presentado por el Médico Forense del IDIF, y que fue de conocimiento de la prenombrada Jueza;

en ese sentido, la alta médica que se efectivizó el 25 de mayo de 2022, suscrito por Guillermo Osmar Pool Valda, médico del Hospital de COSSMIL (fs. 28), no se debió a la mejora de salud del impetrante de tutela, ni tampoco fue resultado del cumplimiento del Oficio Cite 263/2022; por lo que, se concluye que el peticionante de tutela no recibió la atención de especialistas del IDIF; circunstancia por la cual no se puede tener certeza del real estado de salud del prenombrado, en ese momento, vinculado a la asistencia especializada que requirió. Por consiguiente, el personal del Hospital de COSSMIL a cargo del Director General Ejecutivo, al haber impedido que el referido médico forense le realice exámenes al accionante, pese a que existía el Auto Interlocutorio de 16 de mayo de 2022, y el Oficio correspondiente para ese fin, lesionó los derechos a la salud y por ende a la vida del impetrante de tutela, máxime si se considera que existía la referida orden judicial que autorizaba la salida del prenombrado para ese fin; por lo que, corresponde conceder la tutela pedida, disponiendo que en futuras actuaciones el indicado Director General Ejecutivo demandado, observe los dictámenes de las autoridades judiciales competentes, más aún si se trata de adultos mayores privados de libertad, con cuadros delicados de salud. En efecto, conforme se ha puntualizado en el Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional es deber del Estado conforme lo previsto en el art. 74.I de la CPE, garantizar -entre otros- el derecho a la salud de los privados de libertad, ello considerando que tal derecho vinculado a la vida, son la base para que el goce y disfrute de los demás derechos, siendo precisamente esa finalidad suprema la que no ha podido ser materializada por parte de los dependientes del Hospital de COSSMIL, al impedir que profesionales del IDIF, realicen la valoración médica especializada del impetrante de tutela, de cuyo resultado ciertamente en esa oportunidad emergía la posibilidad de adoptar alguna decisión en función de garantizar el derecho a la salud vinculado con la vida del accionante, máxime si se debió tener en cuenta su situación jurídica y el hecho de que era adulto mayor.

III.3.3. Segunda problemática

Al respecto, de antecedentes se tiene que, el impetrante de tutela mediante memorial presentado el 30 de mayo de 2022, solicitó salida médica al servicio de emergencia médica interna del Hospital de COSSMIL, para el 1 de junio del citado año, a horas 8:00 hasta la finalización de estudios médicos especializados necesarios, alegando tener delicado estado de salud y que se encontraba con convulsiones; asimismo, falta el aire, necesitando oxígeno “…sin ingerir alimentación alguna encontrándose postrado en la cama sin recibir asistencia médica…” (sic [Conclusión II.3]); petición que mereció el proveído de 31 de mayo de 2022, por el cual, la autoridad judicial demandada señaló que: “Del memorial que antecede previamente adjunte documentación que respalde su solicitud” (sic [Conclusión II.4]). En el marco de lo expuesto, se tiene que, ante la solicitud formulada por el impetrante de tutela, la Jueza demandada de manera oportuna, respondió la petición de salida médica, hecho acreditado por el decreto de 31 de mayo de 2022; empero, independientemente de haber actuado con celeridad, dicha respuesta no fue concordante con los antecedentes que cursan en el expediente constitucional. Por lo que, atendiendo la integralidad de los antecedentes, la Jueza demandada conocía de los constantes pedidos de atención médica del accionante, que devino en la dictación del Auto Interlocutorio de 16 de mayo de 2022, por el cual dispuso que el prenombrado sea atendido por especialistas del IDIF, y que informen o acrediten el estado de salud en: “…[el] plazo indefectible de 5 días hábiles a partir de su legal notificación…” (sic); orden que fue incumplida; tal como señaló la Nota CITE: IDIF-MF/CLIN 0214/2022, del cual se advierte que el médico forense no pudo realizar ninguna valoración ni estudio al accionante; en consecuencia, se puede establecer que el proveído de 31 de mayo de 2022, ciertamente se constituye en una decisión judicial que no permitió materializar la revisión médica del impetrante de tutela, pues independientemente de la urgencia en la que pone énfasis el escrito de 30 de mayo de 2022, los antecedentes de la causa, eran más que suficientes para que la autoridad jurisdiccional en su condición de Jueza de Sentencia Penal Cuarta de la Capital -en suplencia legal del Juez de Ejecución Penal Segundo- del departamento de La Paz, también asuma una posición de acuerdo al cumplimiento del art. 74.I de la CPE. Por consiguiente, ante las reiterada solicitud de salida por urgencia médica plasmada en el memorial presentado el 30 de mayo de 2022, por el impetrante de tutela, la referida Jueza demandada debió precautelar los derechos a la salud, y por ende a la vida del prenombrado, considerando que se trataba de un adulto mayor, y bajo los antecedentes desarrollados ut supra correspondía que emita el proveído de 31 de igual mes y año, otorgándole salida médica, a fin de que se cumpla lo ordenado en el Auto Interlocutorio de 16 del citado mes y año, reflejado en el Oficio Cite 263/2022; en razón a ello, este Tribunal advierte que la referida autoridad lesionó los derechos a la salud y a la vida del peticionante de tutela; por lo que, corresponde conceder la tutela impetrada, conforme a la jurisprudencia desarrollada en el Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional; exhortando a la prenombrada Jueza que en lo venidero, actúe en concordancia a las órdenes que pronuncia y verificando el cumplimiento de las mismas, con la debida diligencia y prontitud que amerita las particularidades de cada caso puesto a su conocimiento. Finalmente, respecto al Director del Centro Penitenciario Chonchocoro de La Paz, no se evidencia que hubiese conculcado de alguna forma los derechos a la salud y a la vida del accionante, tampoco identificó ni precisó de qué forma el prenombrado hubiese restringido dichos derechos; por lo que, corresponde denegar la tutela pedida. En consecuencia, el Tribunal de garantías al haber concedido en parte la tutela impetrada, obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 15/2022 de 3 de junio, cursante de fs. 40 a 44, pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Cuarto de la Capital del departamento de La Paz; y en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, con relación a Patricia Eugenia Mendoza Murillo, Jueza de Sentencia Penal Cuarta de la Capital -en suplencia legal del Juez de Ejecución Penal Segundo- del departamento de La Paz; y, Marco Antonio Álvarez Daza, Director General Ejecutivo de la Corporación del Seguro Social Militar, respecto al derecho a la salud vinculado a la vida; y, 2° DENEGAR la tutela con referencia al Director del Centro Penitenciario Chonchocoro de La Paz, conforme el fundamento desplegado en este fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. MSc. DAEN Brigida Celia Vargas Barañado

MAGISTRADA

MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas MAGISTRADA

Más sobre Acción de libertad — doctrina general

Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0192_2024-S2.pdf · páginas 1 a 14.

Huella digital del PDF (SHA-256): e30f0a17e28628717a5b077b643c72bc119f55d3c2a4567cbd6f51a61d50aa12

La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.

Ver las sentencias más consultadas por abogados bolivianos →