Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Cuarta Especializada · 4 de junio de 2024
Deniega la tutela
El impetrante de tutela denunció la vulneración del debido proceso por falta de motivación, fundamentación y defectuosa valoración de la prueba aportada al proceso; debido a que, las autoridades hoy demandadas, al resolver la casación planteada no justificaron la razón por la que afirmaron que no existe causa jurídica para la ocupación del predio en controversia, porque no demostró en el proceso, causas o fundamentos que contradigan el derecho propietario de la demandante; cuando en realidad, acreditó con documentación idónea todo lo contrario. Por lo expuesto, corresponde en revisión, determinar si los argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; resuelve: CONFIRMAR la Resolución 179/2023 de 28 de noviembre, cursante de fs. 542 a 545 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca; y en consecuencia: DENEGAR la tutela solicitada. Todo conforme a los Fundamentos Jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0191/2024-S4 Sucre, 4 de junio de 2024 SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: René Yván Espada Navía Acción de amparo constitucional Expediente: 59778-2023-120-AAC Departamento: Chuquisaca En revisión la Resolución 179/2023 de 28 de noviembre, cursante de fs. 542 a 545 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por David Reyes Sánchez contra Rufo Nivardo Vásquez Mercado y Gregorio Aro Rasguido, Magistrados de la Sala Primera del Tribunal Agroambiental.
Por memorial presentado el 29 de marzo de 2022, cursante de fs. 488 a 503 vta.; el accionante manifestó los siguientes argumentos de hecho y de derecho:
El 12 de agosto de 2022, Lucía Vera Serrudo de Avendaño interpuso demanda de desalojo por avasallamiento en su contra y de su esposa María Villegas Ramírez de Reyes (recientemente fallecida); alegando que, desde marzo de 2022 habrían ocupado una parte de su predio “Sindicato Agrario Cachimayu Parcela 065”; en una superficie de 0.1014 ha.; y que desde esa fecha, plantaron frutillas. Planteada defensa en el proceso, desvirtuaron el imaginario avasallamiento, al acreditar mediante testimonio otorgado por el Juzgado Agrario y el plano de los lotes “8 y 8A”, expedido por el extinto Servicio Nacional de Reforma Agraria, que José Villegas (padre de su esposa María Villegas Ramírez de Reyes), se constituyó en legítimo propietario de dichos lotes ubicados en Cachimayu, cantón Yotala, provincia Oropeza del departamento de Chuquisaca, teniendo el lote 8A una superficie total de 2 400 m;por ello, en el plano de la Hacienda Cachimayu de 1956, otorgado por el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), se contempla la existencia de los dos lotes. A raíz de su derecho propietario, el padre de su fallecida esposa, siempre estuvo en posesión de los dos predios; y a su fallecimiento, como pareja de esposos continuaron con la misma; de manera que, su posesión es legal y se produjo antes de la vigencia de la Ley 1715 –Ley de Servicio Nacional de Reforma Agraria de 18 de octubre de 1996–, lo que devela que resulta falso lo alegado por la demandante, quien refirió que ingresaron en 2022; además, cuentan con las declaraciones juradas voluntarias de los comunarios afiliados a la Comunidad Cachimayu. Prosiguieron indicando que, durante la tramitación del proceso de desalojo por avasallamiento, demostraron con abundante prueba que no concurría el segundo requisito para la procedencia de dicha acción; es decir, aquel relativo a la existencia de una medida de hecho, porque acreditaron que para la ocupación del predio objeto del proceso existe causa jurídica porque estuvieron en posesión de una superficie aproximada de 2 400 m desde hace más de treinta años, a raíz de la dotación de dicha parcela a su suegro, José Villegas. Igualmente, adjuntaron documentación relativa al proceso de saneamiento, en el que los representantes de la Comunidad de Cachimayu declararon su posesión desde el 12 de mayo de 1985, lo cual devela que no ingresaron a ocupar el predio recién en marzo de 2022 como lo aseveró la demandante; no obstante, la Jueza Agroambiental de Sucre, mediante Sentencia 01/2023 de 5 de enero, declaró probada en parte la demanda; disponiendo que, desalojen el terreno que poseen desde hace más de treinta años, señalando erróneamente que su esposa y él, habrían realizado actos de hecho relativos a la plantación de postes y actividades agrícolas de producción de frutilla en una superficie de 0.0931 ha., a partir de enero de 2022. Aclararon que su posesión es corroborada por la documentación legalizada del saneamiento de su terreno lote 8A, ahora signado como parcela 200 por el INRA; lo cual, corresponde con las placas fotográficas que muestran la existencia de una casita de adobe que fue construida hace más de sesenta años y que su esposa María entonces de 35 a 40 años, estaba cosechando frutillas y moras con sus hijos que igualmente, estaban pequeños; igualmente, se puede advertir que desde entonces utilizaban la superficie aproximada de 2 400 m para la siembra y cosecha de sus productos; añadiendo que, a principios de 2022, con mucho esfuerzo y recurriendo a préstamos, realizaron mejoras en su terreno, colocando mallas verdes y negras –media sombra–; sin embargo, las mismas fueron aprovechadas por Lucía Vera Serrudo de Avendaño para presentar la demanda de desalojo por avasallamiento, induciendo a error a la autoridad judicial. Así mismo, existieron groseros errores en el proceso de saneamiento efectuado por el INRA, porque su esposa y él, como comunarios adultos mayores, siempre creyeron que su título sería emitido con la superficie correcta, de ahí que al conocer que se pretendía titularles solo 124 m, mediante memorial reclamaron al INRA la corrección de datos técnicos debido a la superposición de su predio; de manera que, al no existir conformidad, no cuentan con título ejecutorial; y, además, plantearon demanda de nulidad del expedido a nombre de Lucía Vera Serrudo de Avendaño, quien se hizo titular de parte de la superficie que les corresponde, y de la cual son propietarios. Interpuesto el recurso de casación, los Magistrados demandados pronunciaron el Auto Agroambiental Plurinacional S2ª 016/2023 de 14 de marzo, anulando obrados y ordenaron que la Jueza del proceso, emita nueva resolución con valoración integral de toda la prueba aportada, orden que fue cumplida a través de la Sentencia 03/2023 de 13 de abril, que nuevamente, declaró probada en parte la demanda y dispuso el desalojo. Finalmente, planteado recurso de casación, se pronunció el Auto Agroambiental Plurinacional S1ª 064/2023 de 11 de julio, por el que se declaró infundado su recurso. Aclaró que dirige la acción de amparo constitucional contra la Jueza Agroambiental, debido a su persistente accionar arbitrario, de omitir efectuar una correcta valoración de la prueba aportada; lo cual, tiene directa relación con el principio de verdad material que debió ser observado y aplicado por dicha autoridad judicial; dado que, emitió dos sentencias dentro del proceso prácticamente con los mismos fundamentos; sin tomar en cuenta que, para el segundo fallo, vale decir, la Sentencia 03/2023, la jurisprudencia contenida en el Auto Agroambiental Plurinacional S2ª 016/2023, estableció los elementos que componen la acción de desalojo por avasallamiento; y en ese contexto, señalaron con claridad los elementos probatorios aportados que acreditaban la existencia de una causa jurídica para la ocupación del predio; a partir de lo expuesto, señala que el primer acto lesivo de sus derechos es la indicada Sentencia 03/2023, porque efectuó una valoración arbitraria e irrazonable de la prueba que aportó en el proceso. El segundo acto lesivo es el Auto Agroambiental Plurinacional S1ª 064/2023; debido a que, declaró infundado el recurso de casación que interpuso contra el indicado fallo judicial, sin corregir los errores de la autoridad de primera instancia; no obstante, de haber demostrado que conculcó sus derechos; puesto que, la autoridad jurisdiccional prácticamente replicó los fundamentos consignados en la primera resolución judicial y que motivó el recurso de casación en el que denunció el incumplimiento de los lineamientos establecidos en el Auto Agroambiental Plurinacional S2ª 016/2023, y exponiendo la persistencia de la Jueza del proceso de no respetar el debido proceso; ya que, volvió a otorgar el mismo valor erróneo al testimonio de propiedad de José Villegas; y el Informe Técnico, concluyendo que no existe causa jurídica para la ocupación de su terreno, hecho que fue denunciado en el recurso de casación, explicando claramente la existencia del Auto Agroambiental S2ª 016/2023 que conoció su causa; y que, el mismo no fue considerado por la autoridad judicial para la emisión de la Sentencia 03/2023; sin embargo, los Magistrados demandados, de manera aislada emitieron el Auto Agroambiental Plurinacional S1ª 064/2023, con argumentos contrarios a los contenidos en el Auto Agroambiental Plurinacional S1ª 016/2023, que dispuso la nulidad del primer fallo de la Jueza del proceso, señalando que dicha autoridad jurisdiccional efectuó una correcta valoración de la prueba y que no se tiene causa jurídica para la ocupación del predio, porque no demostró en el proceso, causas o fundamentos que contradigan el derecho propietario de la demandante, exhibiendo con esa afirmación una clara lesión al debido proceso, porque las autoridades demandadas no explicaron con qué causas o fundamentos tendría que contradecir el derecho propietario de la demandante; cuando en realidad, la misma jurisprudencia agroambiental no estableció dicho requisito para desvirtuar una demanda de esta naturaleza; por lo que, no existe comprensión de qué norma, ley o jurisprudencia tomaron como base para afirmar lo señalado, cuando en resguardo al debido proceso y el principio de verdad material, debieron analizar la concurrencia de los dos requisitos para la procedencia del desalojo por avasallamiento; y si consideraban que, no concurre la segunda exigencia, establecer por qué, a pesar de toda la prueba mencionada en el recurso de casación, no demostró que existe causa jurídica para la ocupación del predio; señalando además, qué entienden por causa jurídica o de qué forma se prueba la misma dentro de un proceso de esta naturaleza, y cuál la razón para que el Testimonio de propiedad de José Villegas y el Informe Técnico, no son suficientes; puesto que, ese elemento, debe ser analizado en cada caso de acuerdo a la prueba aportada. Concluyó solicitando la aplicación de enfoque interseccional para la resolución del presente caso; señalando que, la pretensión de despojarlo de su predio y la fatal consecuencia de perder su única fuente de ingresos que proviene de la venta de la frutilla que produce, encontrándose en situación de desventaja por razones de edad, enfermedad y medios de subsistencia; aspectos que, no fueron tomados en cuenta para la emisión de las respectivas resoluciones de las autoridades ahora demandadas.
El accionante denunció la vulneración del debido proceso por falta de motivación y fundamentación y valoración correcta de la prueba; citando al efecto, los arts. 7, 13, 56, 109, 113, 115, 116, 117, 119, 120, 123, 178, 180, 256, 396.II y 399 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitó se conceda la tutela impetrada; y en consecuencia, se anule la Sentencia Agroambiental Plurinacional (SAP) S1ª 63/2021 de 1 de diciembre; y se disponga, que a la brevedad posible, se pronuncie nueva Resolución que garantice la independencia e imparcialidad.
Celebrada la audiencia virtual el 28 de noviembre de 2023, según consta en acta cursante de fs. 527 a 541; presentes, el accionante asistido por su abogada, y la representante legal de las autoridades demandadas; y ausente la tercera interesada, se produjeron los siguientes actuados:
El accionante, a través de su abogada y representante legal, reiteró el contenido de su demanda de acción de amparo constitucional.
Rufo Nivardo Vásquez Mercado y Gregorio Aro Rasguido, Magistrados del Tribunal Agroambiental, mediante informe escrito que cursa de fs. 523 a 526 vta., manifestaron que: a) La acción de amparo constitucional fue planteada en forma desordenada y confusa, con argumentos repetitivos que carecen de coherencia, pues hacen alusión a lo que fue el proceso de saneamiento, afirmando que habrían sido vulnerados sus derechos por el INRA, que no pueden ser revisados en acción de avasallamiento; y, en relación al Auto Agroambiental Plurinacional S1ª 64/2023, pretende que la jurisdicción constitucional revise actos procesales y etapas concluidas inherentes a la actividad propia de las partes y de la Jueza Agroambiental de instancia, sin cumplir con lo establecido en los arts. 33 numerales 4, 5, 7, 8; y, 51 del Código Procesal Constitucional (CPCo); puesto que, no refiere cuáles serían los actos ilegales o las omisiones indebidas de la Sala Primera, menos de qué forma se restringen sus derechos, limitándose a transcribir jurisprudencia constitucional sin demostrar su vinculatoriedad para el presente caso; y, b) Los documentos con los que el impetrante de tutela, pretende justificar derechos, fueron considerados en la Resolución impugnada, que señala que los documentos de dotación a José Villegas, fueron anulados por efecto de la Resolución Suprema 20337 de 29 de noviembre de 2016, debido al incumplimiento de la función económico social o función social, habiéndose adjudicado la parcela 065 a la demandante y la parcela 200 a la demandada María Villegas Ramírez de Reyes; de manera que, fue correcto concluir que no se demostró causas o fundamentos que contradigan el derecho propietario de la demandante.
Lucía Vera Serrudo de Avendaño, no participó en la audiencia, ni remitió informe escrito alguno, pese a haber sido notificada, actuado cursante a fs. 510.
La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, por Resolución 179/2023 de 28 de noviembre, cursante de fs. 542 a 545 vta., denegó la tutela solicitada, exponiendo que revisados los motivos recursivos expuestos en casación en contraste con el Auto Agroambiental Plurinacional S1ª 64/2023 cuestionado, se puede evidenciar que las autoridades demandadas efectuaron la revisión de la actuación de la Jueza del proceso al emitir la Sentencia confutada; y, aunque no motivaron de manera extensa o ampulosa su decisión, explicaron de manera clara, precisa y concreta, las razones por las que consideran que la parte impetrante de tutela no demostró que poseía el predio con causa jurídica, justificando el fallo a partir de la realización del proceso de saneamiento del que derivaron Títulos Ejecutoriales, tanto a favor de la demandante por avasallamiento como a favor de los hoy solicitantes de tutela.
De la revisión y análisis de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Lucía Vera Serrudo de Avendaño, inició proceso de desalojo por avasallamiento contra María Villegas Ramírez de Reyes y su esposo David Reyes Sánchez –hoy accionante–, adjuntando el Título Ejecutorial PPD-NAL-897987 de 5 de junio de 2019, que acredita su derecho propietario sobre una pequeña propiedad agrícola de 1.7799 ha., denominada “Sindicato Agrario Cachimayu-Parcela 065” sita en el Municipio de Yotala, provincia Oropeza del departamento de Chuquisaca; alegando que, los demandados desde marzo de 2022, habrían avasallado una fracción de 0.1014 ha., poniendo postes que fueron cubiertos con una malla de color verde; y posteriormente, plantaron frutillas (fs. 8; y, 31 a 33 vta.). II.2. En su defensa, el hoy accionante y su esposa (actualmente fallecida), indicaron que mediante Testimonio otorgado por el Juzgado Agrario y los planos de los lotes 8 y 8A expedidos por el extinto Servicio Nacional de Reforma Agraria, José Villegas (suegro y padre de los mismos), se constituyó en legítimo propietario de los indicados lotes; y que, las declaraciones juradas voluntarias de los comunarios afiliados a la Comunidad Cachimayu son uniformes en señalar que, desde hace más de treinta años siembran y cosechan frutillas en una extensión aproximada de 2 400 m. Añadieron que, en el saneamiento interno de la parcela 200, observaron errores técnicos; motivo por el cual, no se emitió su Título Ejecutorial (fs. 170 a 182 vta.). II.3. Anulada la Sentencia 01/2022 de 5 de enero por disposición del Auto Agroambiental Plurinacional S2a 016/2023 de 14 de marzo, la Jueza Agroambiental de Sucre, pronunció la Sentencia 03/2023 de 13 de abril, declarando probada en parte la demanda de desalojo por avasallamiento, disponiendo el desalojo de los demandados del área avasallada en una extensión de 0.0931 ha., conforme fue consignado en el Informe Técnico de 23 de septiembre de 2022, emitido por la unidad de Apoyo Técnico del Juzgado Agroambiental de Sucre (fs. 103 a 106; y, 366 vta. a 377 vta.). II.4. Interpuesto recurso de casación en la forma y en el fondo por memorial presentado por los entonces demandados de fs. 385 a 402, los Magistrados integrantes de la Sala Agroambiental Primera, emitieron el Auto Agroambiental Plurinacional S1a 064/2023 de 11 de julio, declarando infundada la impugnación planteada (fs. 448 a 458 vta.). II.5. Por el certificado de defunción que cursa a fs. 443, se evidencia que el 11 de junio de 2023, falleció María Villegas Ramírez, codemandada.
El impetrante de tutela denunció la vulneración del debido proceso por falta de motivación, fundamentación y defectuosa valoración de la prueba aportada al proceso; debido a que, las autoridades hoy demandadas, al resolver la casación planteada no justificaron la razón por la que afirmaron que no existe causa jurídica para la ocupación del predio en controversia, porque no demostró en el proceso, causas o fundamentos que contradigan el derecho propietario de la demandante; cuando en realidad, acreditó con documentación idónea todo lo contrario. Por lo expuesto, corresponde en revisión, determinar si los argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Con relación a estos elementos integrantes del debido proceso, la SCP 0280/2019-S2 desarrolló una sistematización de su desarrollo en la jurisprudencia constitucional, aludiendo que el derecho a una resolución fundamentada y motivada como elementos del debido proceso, reconocido como derecho fundamental, garantía jurisdiccional y derecho humano en las normas contenidas en los arts. 115.II y 117.I de la CPE; 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), fue desarrollado en reiteradas oportunidades por la jurisprudencia constitucional; así, uno de sus antecedentes se sienta en el entendimiento contenido en la SC 1369/2001-R de 19 de diciembre; la cual establece como exigencia del debido proceso, que toda resolución debe exponer los hechos y el fundamento legal de la decisión; de manera que, en caso de omisión, se vulnera dicho derecho. Posteriormente, en la SC 0946/2004-R de 15 de junio, se aclaró que dicha garantía, es aplicable también en procesos administrativos y disciplinarios. En el Fundamento Jurídico III.3 de la SC 0871/2010-R de 10 de agosto, se establecieron los requisitos que debe contener toda resolución jurisdiccional o administrativa, con la finalidad de garantizar el derecho a la motivación y fundamentación como elementos configurativos del debido proceso: 1) Debe determinar con claridad los hechos atribuidos a las partes procesales, 2) Debe contener una exposición clara de los aspectos fácticos pertinentes, 3) Debe describir de manera expresa los supuestos de hecho contenidos en la norma jurídica aplicable al caso concreto, 4) Debe describir de forma individualizada todos los medios de prueba aportados por las partes procesales, 5) Debe valorar de manera concreta y explícita todos y cada uno de los medios probatorios producidos, asignándoles un valor probatorio específico a cada uno de ellos de forma motivada; y, 6) Debe determinar el nexo de causalidad entre las denuncias o pretensiones de las partes procesales, el supuesto de hecho inserto en la norma aplicable, la valoración de las pruebas aportadas y la sanción o consecuencia jurídica emergente de la determinación del nexo de causalidad antes señalado.
En cuanto a los requisitos que debe contener una resolución administrativa en segunda instancia, la SCP 0275/2012 de 4 de junio, precisó que dicho fallo debe exponer los hechos y citar las normas que sustentan la decisión, además de pronunciarse sobre todos y cada uno de los aspectos impugnados en el recurso. Por su parte, la SC 0802/2007-R de 2 de octubre, se refirió a la fundamentación como sustento de una resolución disciplinaria; empero, es la SCP 2221/2012 de 8 de noviembre, la que desarrolla el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada, señalando que el mismo está dado por sus finalidades implícitas, como son: i) El sometimiento a la Constitución Política del Estado y al bloque de constitucionalidad; ii) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución no es arbitraria; es decir, que observa el valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia; iii) Garantizar la posibilidad del control de la resolución por medio de los recursos; iv) Permitir el control social de la resolución, en mérito al principio de publicidad; y, v) La observancia del principio dispositivo, que implica la otorgación de respuestas a las pretensiones de las partes –quinta finalidad complementada por la SCP 0100/2013 de 17 de enero–. Respecto a la segunda finalidad, tanto la SCP 2221/2012, como la 0100/2013; señalan que, la arbitrariedad puede estar expresada en una decisión: a) Sin motivación, cuando la resolución no da razones que la sustenten; b) Con motivación arbitraria, cuando se basa en fundamentos y consideraciones meramente retóricas o deviene de la valoración arbitraria, irrazonable de la prueba, o en su caso, de la omisión en la valoración de la prueba aportada en el proceso; c) Con motivación insuficiente, cuando no se da razones de la omisión de pronunciamiento sobre los planteamientos de las partes; y, d) Por la falta de coherencia del fallo, se da: 1) En su dimensión interna, cuando no existe relación entre las premisas –normativa y fáctica– y la conclusión -por tanto-; y, 2) En su dimensión externa, implica que la resolución debe guardar correspondencia con lo pedido o impugnado por las partes. Ambos entendimientos, sobre la coherencia interna y externa, tienen su antecedente en la SC 0863/2003-R de 25 de junio, así como en la SC 0358/2010-R de 22 de junio, estableciendo que en el ámbito procesal, el principio de congruencia se entiende no solo como la correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, sino que además implica la concordancia del fallo; es decir, su coherencia interna, entendimiento que fue reiterado en la SCP 1915/2012 de 12 de octubre, entre otras. Por su parte, respecto a la congruencia de las resoluciones de segunda instancia, la SC 0682/2004-R de 6 de mayo, señaló que el pronunciamiento debe guardar correspondencia con los agravios de la apelación y la contestación de alzada.
En resumen, de acuerdo a la jurisprudencia constitucional glosada, una resolución será arbitraria cuando carezca de motivación o sea arbitraria o insuficiente; asimismo, cuando la resolución no tenga coherencia o congruencia interna o externa.
La jurisprudencia contenida en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 2221/2012 y 0100/2013, citadas anteriormente, fue complementada por la SCP 0014/2018-S2 de 28 de febrero, que entendió que únicamente es posible conceder la tutela y disponer la nulidad de la resolución judicial o administrativa, ordenando se emita otra nueva, ante la denuncia de arbitraria o insuficiente fundamentación; previo análisis de la incidencia de dicho acto supuestamente ilegal en la resolución que se está cuestionando a través de la acción de amparo constitucional, es decir, previo análisis de su relevancia constitucional; por cuanto, si no tiene efecto modificatorio en el fondo de la decisión, la tutela concedida por este Tribunal, únicamente tendría como efecto el que se pronuncie una nueva resolución con el mismo resultado; en ese sentido, en el Fundamento Jurídico III.1, indicó que la jurisprudencia (…) debe ser complementada a partir de la relevancia constitucional que tenga la alegada arbitraria o insuficiente fundamentación y motivación de las resoluciones, es decir, que deberá analizarse la incidencia de dicho acto supuestamente ilegal en la resolución que se está cuestionando a través de la acción de amparo constitucional; pues, si no tiene efecto modificatorio en el fondo de la decisión, la tutela concedida por este Tribunal únicamente tendría como efecto el que se pronuncie una nueva resolución con el mismo resultado; consiguientemente, a partir de una interpretación previsora, si bien la arbitraria o insuficiente fundamentación, aún carezca de relevancia, deberá ser analizada por el Tribunal Constitucional Plurinacional; empero, corresponderá denegar la tutela por carecer de relevancia constitucional, con la aclaración que este entendimiento es únicamente aplicable a la justicia constitucional, que no exigirá para efectuar el análisis, que la o el accionante cumpla con carga argumentativa alguna.
La Ley 477 –Ley Contra el Avasallamiento y Tráfico de Tierras, de 30 de diciembre de 2013–, tiene por objeto establecer el régimen jurisdiccional que permita al Estado resguardar, proteger y defender la propiedad privada individual y colectiva, la propiedad estatal y las tierras fiscales de los avasallamientos y el tráfico de tierras. Adicionalmente, modificó el Código Penal e incorporó nuevos tipos penales contra el avasallamiento y el tráfico de tierras. Su art. 2 aclara que la norma legal tiene por finalidad precautelar el derecho propietario, el interés público, la soberanía y seguridad alimentaria, la capacidad de uso mayor y evitar los asentamientos irregulares de poblaciones. El avasallamiento, según define el art. 3 de la norma en estudio, es la invasión u ocupación de hecho, así como la ejecución de trabajos o mejoras, con incursión violenta o pacífica, temporal o continua, de una o varias personas que no acrediten derecho de propiedad, posesión legal, derechos o autorizaciones sobre propiedades privadas individuales, colectivas, bienes de patrimonio del Estado, bienes de dominio público o tierras fiscales. El art. 4, atribuye competencia a los juzgados agroambientales para conocer y resolver las acciones de desalojo por avasallamiento, cuyo procedimiento se establece en los arts. 5 al 7 de la señalada Ley 477, que prevén el siguiente desarrollo: i) Presentada la demanda verbal o escrita por el titular del derecho propietario, la autoridad agroambiental señala día y hora de audiencia de inspección ocular y notificación al o los demandados; ii) En la audiencia, se desarrollarán los siguientes actos procesales: Promoción del desalojo voluntario; determinación de las medidas precautorias que corresponda; y, presentación y valoración de las pruebas de ambas partes iii) Realizada la audiencia y valorados los antecedentes, se emitirá sentencia, declarando probada la demanda y disponiendo el desalojo, o sentencia declarando improbada la demanda; iv) Las sentencias podrán ser recurridas en casación ante el Tribunal Agroambiental; y, v) La sentencia que declare probada la demanda, dispondrá un plazo para el desalojo voluntario que no excederá las noventa y seis (96) horas. De no ejecutarse el desalojo voluntario, dispondrá de un plazo perentorio para su ejecución, con alternativa de auxilio de la fuerza pública de ser necesario, así como la sanción establecida en la Disposición Adicional Primera de la presente Ley, con comunicación al INRA; es decir, que el o los responsables y partícipes de avasallamientos y tráfico de tierras, declarados mediante sentencias y/o resoluciones administrativas ejecutoriadas, según corresponda, no podrán participar, ser beneficiarios de procesos de distribución de tierras ni derechos de uso y aprovechamiento de recursos por un lapso de diez años. Consultada la jurisprudencia del Tribunal Agroambiental respecto a la acción de desalojo por avasallamiento, la misma establece dos elementos procesales que hacen viable la demanda de avasallamiento : a) Quien interpone la demanda debe acreditar su derecho propietario; puesto que, la acción tiene como finalidad revertir una situación de hecho como es el avasallamiento a fin de resguardar, proteger, defender y precautelar el derecho propietario; dada esa naturaleza jurídica, no es posible cuestionar la validez del título ejecutorial o revisar los actos administrativos cumplidos en un proceso de saneamiento y menos discernir si lo determinado en la Resolución Final de Saneamiento se encuentra conforme a derecho; y, b) Sobre la existencia de actos materiales de ocupación de hecho, el avasallamiento no necesariamente implica la existencia de violencia, sino que puede producirse de forma pacífica.
Consta en los antecedentes que cursan en el expediente que, a instancia de Lucía Vera Serrudo de Avendaño, se tramitó un proceso de desalojo por avasallamiento contra María Villegas Ramírez de Reyes y su esposo David Reyes Sánchez –hoy accionante–, a cuya demanda adjuntó el Título Ejecutorial PPD-NAL-897987 de 5 de junio de 2019, que acredita derecho su propietario sobre una pequeña propiedad agrícola de 1.7799 ha., denominada “Sindicato Agrario Cachimayu-Parcela 065” sita en el Municipio de Yotala, provincia Oropeza del departamento de Chuquisaca, alegando que los demandados, desde marzo de 2022, habrían avasallado una fracción de 0.1014 ha., poniendo postes que fueron cubiertos con una malla de color verde; y posteriormente, plantaron frutillas. Por su parte, el hoy impetrante de tutela y su esposa, actualmente fallecida, alegaron que el padre de esta, José Villegas, obtuvo el predio mediante dotación conforme se acredita del testimonio otorgado por el Juzgado Agrario y los planos de los lotes 8 y 8A expedidos por el extinto Servicio Nacional de Reforma Agraria, José Villegas (suegro y padre de los mismos), se constituyó en legítimo propietario de los indicados lotes; por lo que, ejercen posesión y derecho propietario sobre el predio en el que se dedican a sembrar y cosechar frutillas. Añadieron que en el saneamiento interno de la parcela 200, observaron errores técnicos; motivo por el cual, no se emitió su Título Ejecutorial. El indicado proceso concluyó con la Sentencia 01/2022, que fue anulada por disposición del Auto Agroambiental Plurinacional S2ª 016/2023; motivo por el que, la Jueza Agroambiental de Sucre, pronunció la Sentencia 03/2023 de 13 de abril, declarando probada en parte la demanda de desalojo por avasallamiento, disponiendo el desalojo de los demandados del área avasallada en una extensión de 0.0931 ha. Contra el indicado fallo, el ahora solicitante de tutela junto a su esposa, interpusieron recurso de casación en la forma y en el fondo; por memorial en el que, entre otros agravios que resultan ajenos a la presente acción de defensa, denunciaron que la Jueza del proceso no efectuó una valoración integral de la prueba ni observó la verdad material, porque la posesión sobre la parcela 8A dotada a José Villegas, data desde el tiempo de titulación por la Reforma Agraria, conforme al plano de 1987 y Auto de Vista de 1962; en este sentido, indican que para el año 1962, cuando era niña, ya se encontraba ayudando a sus padres en las labores más livianas de la huerta y como ovejera en las laderas de su Comunidad Cachimayu, y que al fallecimiento de su padre dio continuidad a su posesión, conforme el art. 92 del Código Civil. Añadió que estaban trabajando la tierra conforme a la Constitución Política del Estado y de acuerdo a una causa jurídica y social comunitaria que aún con una superficie errada, se habría titulado una mínima superficie; y que, en la inspección ambas partes reconocieron la antigüedad del trabajo que realizan, lo cual, no fue valorado por la Jueza de instancia, más aun cuando hubo silencio por parte de la demandante al no pronunciarse con relación al certificado emitido por la Comunidad Campesina de Cachimayu. Finalmente, indicaron que en las pruebas aportadas se evidencia que se encuentran en posesión del predio con anterioridad al proceso de saneamiento y que la jueza de instancia omitió valorar el informe técnico emitido por el Apoyo Técnico del Juzgado Agroambiental de Sucre, específicamente en cuanto a las plantaciones de data más o menos 35 años y una casa de data de 60 años, lo que pone en duda el segundo presupuesto para la demanda de desalojo por avasallamiento. Los Magistrados integrantes de la Sala Agroambiental Primera, emitieron el Auto Agroambiental Plurinacional S1ª 064/2023, declarando infundada la impugnación planteada con los fundamentos que se resumen a continuación: 1) Se tiene en antecedentes, que el Título Ejecutorial de la parcela “Sindicato Agrario Cachimayu Parcela 065” emitido a nombre de la demandante Lucía Vera Serrudo de Avendaño, así como el plano catastral en la que consigna como colindante sur a la parte recurrente como propietarios de la parcela “Sindicato Agrario Cachimayu Parcela 200” e igualmente, el Informe Técnico de 23 de septiembre de 2022, suscrito por el Técnico de Apoyo del Juzgado Agroambiental, quien refiere que la sobreposición que existe en el área objeto de litigio en una superficie de 0.0931 ha. y que las mejoras (casa y árboles) datan de tiempo antiguo y que ambas partes se atribuyen esos trabajos. Asimismo, existen trabajos recientes, es decir, desde enero de 2022, así como certificados emitidos por la Federación de Trabajadores Campesinos de Chuquisaca, en el que acreditan la filiación de los recurrentes. 2) Los indicados elementos fueron considerados y valorados por la Jueza Agroambiental en observancia de lo dispuesto en el Auto Agroambiental Plurinacional S2ª 016/2023, desarrollando inclusive sobre el proceso de dotación a favor de José Villegas (padre de la recurrente); señalando de forma clara y precisa, que mediante Resolución Suprema 20337 de 29 de noviembre de 2016 –vía proceso de saneamiento de tierras– fueron anulados varios títulos ejecutoriales, entre ellos, el número 86181 con una superficie de 14.1100 ha. correspondiente a José Villegas por haberse establecido incumplimiento de la Función Económico Social o Función Social e igualmente, dispuso adjudicar la parcela 065 a la demandante Lucía Vera Serrudo de Avendaño; y, la parcela 200 a la demandada María Villegas Ramirez de Reyes, por haber demostrado cumplimiento de Función Social en la superficie establecida en dicha Resolución Suprema. 3) No se estableció ningún vínculo de “subadquirencia” (sic) o conjunción de la posesión entre José Villegas y la recurrente, lo cual significa que la Jueza Agroambiental valoró las pruebas conforme a derecho y remarcó que el proceso de desalojo por avasallamiento debe cumplir dos requisitos: el derecho propietario y las ocupaciones de hecho con o sin violencia por parte de una o más personas que no demuestran derecho propietario o causa jurídica; en el caso, no era posible considerar como causa jurídica o vulneración en el presente proceso el método indirecto de mensura aplicado por el ente administrativo; tampoco la Jueza Agroambiental de Sucre, podría determinar el cumplimiento o incumplimiento de la Función Social o determinar vicios de nulidad en el trámite administrativo que no es requisito de esta demanda, que tiene connotaciones muy diferentes y se caracteriza por ser sumarísimo y oportuno al resguardo del derecho de propiedad, frente a las acciones de hecho realizada por ciudadanos como ocurre en el caso presente.
En la acción de amparo constitucional en estudio, el accionante en relación al fallo pronunciado por la judicatura agroambiental, considera que los Magistrados demandados, vulneraron el debido proceso por falta de motivación, fundamentación y defectuosa valoración de los antecedentes administrativos, correspondiendo verificar si tal denuncia es evidente. Resulta pertinente señalar que, el objeto de pronunciamiento del presente fallo constitucional es el Auto Agroambiental Plurinacional S1ª 064/2023 de 11 de julio, pronunciado por los Magistrados integrantes de la Sala Primera del Tribunal Agroambiental, al ser la última decisión emitida en la vía agroambiental, en estricta observancia del principio de subsidiariedad que informa la acción de amparo constitucional. En ese contexto, conforme a los antecedentes del expediente, referidos en párrafos precedentes, el impetrante de tutela y su fallecida cónyuge fueron demandados por Lucía Vera Serrudo de Avendaño, quien solicitó desalojo por avasallamiento, aduciendo que los demandados hubieran ocupado parte de su predio, realizando mejoras y sembrando frutillas, pretensión que fue acogida favorablemente por la Jueza agroambiental de Sucre, quien consideró que probados los dos elementos procesales que hacen viable la demanda de avasallamiento; vale decir, que quien interpone la demanda debe acreditar su derecho propietario, al haberse acompañado el Título Ejecutorial correspondiente al predio “Sindicato Agrario Cachimayu-Parcela 065”; y asimismo, la existencia de actos materiales de ocupación de hecho, conforme a lo informado por el Informe Técnico de 23 de septiembre de 2022, que acredita que los demandados ocuparon una superficie de 0.931 ha. del predio, lo que equivale al 5% dentro de la indicada propiedad agraria, argumentos con los cuales, en la Sentencia 03/2023 de 13 de abril, se dispuso el desalojo del ahora solicitante de tutela, concediéndole un plazo al efecto, al haberse declarado probada en parte la demanda en la que se pretendió la devolución de 0.1014 ha.; puesto que, la extensión ocupada era menor. Dicho análisis y valoración probatoria fue aprobada por las autoridades demandadas, quienes al pronunciar el Auto Agroambiental S1a 064/2023 de 11 de julio, declararon infundada la pretensión del hoy impetrante de tutela, aplicando su propia jurisprudencia, señalando asimismo, que la pretendida errónea valoración probatoria de los esposos recurrentes, no era atendible porque pretenden sustentar que la posesión del predio “Sindicato Agrario Cachimayu Parcela 065” tiene causa legal en razón de la dotación efectuada a José Villegas, padre y suegro de los mismos, efectuada por el Servicio Nacional de Reforma Agraria, proceso agrario y titulación que fueron anulados por el INRA como producto del saneamiento efectuado en la zona; y aunque, consideran que en su caso, las conclusiones y decisiones expresadas en la Resolución Suprema 20337, son erróneas y fueron reclamadas, tales aspectos no son suficientes para desvirtuar el derecho propietario de la demandante; considerándose igualmente que, en el proceso de desalojo por avasallamiento no es posible revisar la validez del título ejecutorial ni revisar los actos administrativos cumplidos en un proceso de saneamiento. Consecuentemente, aunque en forma escueta, la fundamentación y motivación, así como el control de la valoración probatoria efectuada por las autoridades demandadas cumple con suficiencia los requisitos exigidos para el resguardo del derecho del accionante a obtener una resolución que responda a todos los agravios planteados, aunque en forma negativa a su pretensión; e igualmente, fue posible el control de la misma por la justicia constitucional; consecuentemente, expresa las razones que la sustentan, las cuales son coherentes con los entendimientos jurisprudenciales de la judicatura agroambiental aplicables a la resolución de la acción de desalojo por avasallamiento, concluyéndose que la resolución pronunciada no es arbitraria al exponer las razones que la sustentan e igualmente, expresa una razonable valoración de los elementos probatorios producidos en el curso del proceso. Finalmente, respecto a la solicitud formulada por el impetrante de tutela de aplicación del enfoque integral debido a su edad y estado de salud, este Tribunal Constitucional Plurinacional tuvo en consideración también, que la hoy tercera interesada, demandante en el proceso de desalojo por avasallamiento, es igualmente persona de la tercera edad; de manera que, no se encuentra vulneración a los derechos y garantías de ambas partes procesales que pertenecen a un grupo de protección reforzada. En consecuencia, la Sala Constitucional, al denegar la tutela impetrada, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; resuelve: CONFIRMAR la Resolución 179/2023 de 28 de noviembre, cursante de fs. 542 a 545 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca; y en consecuencia: DENEGAR la tutela solicitada. Todo conforme a los Fundamentos Jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
René Yván Espada Navía Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano MAGISTRADO MAGISTRADO
1 Auto Agroambiental Plurinacional S1a 16/2023 de 9 de marzo.
2 https://arbol.tribunalagroambiental.bo/index.php?r=viewresolucion%2Fviewexterno&id=491&idprecedente=6655
3 Auto Agroambiental Plurinacional S2a 0027/2018
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0191_2024-S4.pdf · páginas 1 a 15.
Huella digital del PDF (SHA-256): 86a6ba8912dde13c1c7d8da8d8c5794a1204020fc8b604445a313de67427fced
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