B.IA.LEGAL

SCP 0191/2023-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 5 de abril de 2023

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
5 de abril de 2023
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas
Expediente
44670-2022-90-AL
Departamento
Oruro
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El impetrante de tutela, a través de su representante sin mandato denuncia la lesión de sus derechos a la defensa, a la libertad en vinculación con los derechos al debido proceso, la tutela judicial efectiva y “seguridad jurídica”; dado que se ejecutó en su contra un mandamiento de apremio por incumplimiento de asistencia familiar, encontrándose recluido en el Centro Penitenciario La Merced del departamento de Oruro; y habiendo realizado el pago de más del 50% del total adeudado y que el saldo se haría efectivo en el plazo de tres meses conforme al acuerdo verbal al que arribaron con la madre de su hija, solicitó mandamiento de libertad, pero su solicitud no fue atendida por la Jueza de la causa, habiéndose corrido en traslado la misma, y al no existir respuesta alguna, correspondía a la autoridad judicial accionada -en suplencia legal del Juzgado donde radica su proceso familiar- asumir una aceptación tácita del citado plan de pagos y disponer su inmediata libertad en virtud a lo establecido por el art. 127.III del CFPF, no siendo posible acceder al capricho del órgano judicial de acreditar documentalmente un acuerdo como erróneamente estableció la autoridad accionada mediante providencia de 7 de diciembre de 2021. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 12/2021 de 8 de diciembre, cursante de fs. 34 a 40, pronunciada por la Jueza del Tribunal de Sentencia Penal Primera, Juzgado Público de la Niñez y Adolescencia, de Partido del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal de Huanuni del departamento de Oruro en suplencia legal del Juzgado de Sentencia Penal Tercero de la Capital del mismo departamento; y, en consecuencia: DENEGAR la tutela solicitada, conforme a los fundamentos expuestos en el presente fallo constitucional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Cumplimiento de la asistencia familiar e imposibilidad legal de diferirse por recurso o procedimiento alguno
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0191/2023-S3 Sucre, 5 de abril de 2023 SALA TERCERA Magistrada Relatora: MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas Acción de libertad Expediente: 44670-2022-90-AL Departamento: Oruro En revisión la Resolución 12/2021 de 8 de diciembre, cursante de fs. 34 a 40, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Máximo Rosendo Gutiérrez Rojas en representación sin mandato de Iván Cruz Baltazar contra Claudia López Mendieta, Jueza Pública Civil y Comercial, de Familia, Administrativa, Coactiva Fiscal y Tributaria Segunda de Challapata del departamento de Oruro en suplencia legal del Juzgado Público de Familia Octavo de la Capital del mismo departamento.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 7 de diciembre de 2021, cursante de fs. 16 a 17 vta., el accionante a través de su representante sin mandato, manifiesta lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Se encuentra privado de libertad, debido a que en el proceso de asistencia familiar seguido en su contra por Nedia Rivas Aroja, la Jueza de la causa -Jueza Pública Mixta de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primera de Caracollo del departamento de Oruro- expidió mandamiento de apremio por el incumplimiento del pago de asistencia familiar devengada, siendo conducido al Centro Penitenciario La Merced del citado departamento, por lo que mediante escrito de 3 de diciembre de 2021, dirigido ante dicha autoridad judicial, solicitó la restitución de su derecho a la libertad, en sentido de haber acordado de forma verbal y voluntariamente con la referida demandante el adelanto del pago de Bs10 000.- (diez mil bolivianos) sobre la suma total de Bs15 918.- (quince mil novecientos dieciocho bolivianos), debiendo el monto restante ser cancelado en un plazo de tres meses; sin embargo, su solicitud no fue oída, pese a que cubrió más del 50% del monto total de la asistencia familiar devengada conforme se advierte del comprobante de depósito judicial adjuntado, dejándose inclusive a consideración de la autoridad judicial, la posibilidad de establecer un plazo menor con base a los principios de ponderabilidad, proporcionalidad y favorabilidad, tomando en cuenta que es una persona de escasos recursos económicos y que ambos sujetos procesales son del área rural. En tal sentido, ante su solicitud expresa de acceder a su libertad con el compromiso firme de cubrir un cierto monto de asistencia familiar, correspondía a Claudia López Mendieta, Jueza Pública Civil y Comercial, de Familia, Administrativa, Coactiva Fiscal y Tributaria Segunda de Challapata del departamento de Oruro en suplencia legal del Juzgado Público de Familia Octavo de la Capital del mismo departamento -ahora accionada-, emitir el correspondiente mandamiento de libertad, pues al no existir respuesta alguna por la demandante -en el proceso familiar- al “traslado” decretado, ameritaba asimilar una aceptación tácita del citado plan de pagos, dado que conforme lo previsto por el art. 22 de la Constitución Política del Estado (CPE) y 127.III del Código de las Familias y del Proceso Familiar (CFPF) -Ley 603 de 19 de noviembre de 2014- el apremio puede ser suspendido si el deudor ofrece cubrir el monto de la asistencia familiar en un plazo consensuado que no debe exceder de tres meses, no siendo posible acceder al capricho del órgano judicial de acreditar documentalmente un acuerdo como erróneamente se deduce de la providencia de 7 de diciembre de 2021, emitida por la autoridad judicial accionada, considerando por ello estar sujeto a un procesamiento ilegal, más aun considerando la proximidad de las fiestas de navidad donde no podría estar restringido de su libertad por motivos injustificados.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

El impetrante de tutela, a través de su representante sin mandato, denuncia como lesionados sus derechos a la defensa, a la libertad en vinculación con los derechos al debido proceso, la tutela judicial efectiva y “seguridad jurídica”, citando al efecto los arts. 22, 23 y 119.II, 178 y 180 de la CPE; 7.2 y 3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 9 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela impetrada y, en consecuencia se ordene a la autoridad judicial accionada que en el día regularice la tramitación en su causa, disponiendo el correspondiente mandamiento de libertad en atención al memorial de 7 de diciembre de 2021, sin perjuicio de remitir antecedentes disciplinarios ante el Consejo de la Magistratura y en audiencia pidió que la Jueza accionada deje sin efecto las providencias de “6” de diciembre de 2021 y la de “ayer”.

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías

Celebrada la audiencia pública virtual el 8 de diciembre de 2021, según consta en el acta cursante a fs. 29 a 33, presente el peticionante de tutela asistido de su abogado patrocinante, así como la abogada de la parte demandante en el proceso de asistencia familiar y ausente la Jueza accionada, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante a través de su representante sin mandato, ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de libertad, y ampliando en audiencia, señaló que: a) El art. 6 del Código Procesal Civil (CPC) establece que ante un vacío legal o cuando no es clara la norma, los Tribunales de Justicia deben realizar una interpretación en función a los derechos fundamentales y el bloque de constitucionalidad de acuerdo a lo previsto por el art. “10” de la CPE, por lo que pide que se emita una resolución y criterio independiente e imparcial bajo los principios rectores contemplados en los arts. 178 y 180 de la Norma Suprema, en el entendido que el art. 127.II del CFPF, resulta ambiguo en cuanto a la forma del acuerdo entre partes, ya que no determina específicamente si el acuerdo debe ser verbal o mediante un documento público o privado; b) Vive en una comunidad en Caracollo del departamento de Oruro y se dedica a la actividad agrícola, en el momento de su apremio corporal hubo un acuerdo con la demandante, dado que su oferta de cubrir el 50% del monto adeudado no fue aceptada, peticionando la misma que se cubra al menos Bs10 000.- otorgándole el plazo de tres meses para cumplir con la totalidad de la asistencia familiar devengada, acuerdo verbal realizado entre “…personas mayores, entre partes que tienen toda la fe probatoria…” (sic); en razón a ello se hizo el depósito judicial y solicitó se emita mandamiento de libertad y en cumplimiento a las exigencias procesales se corrió en traslado a la parte demandante “…y ha presentado un memorial que no tiene nada que ver con este asunto…” (sic); y ante la reiteración de su petición después de cuatro días de privación de libertad, de forma sesgada y arbitraria la autoridad judicial accionada respondió que debe estarse a la providencia de 3 de diciembre de 2021, sin explicar las razones por las cuales no se podía dar curso a su solicitud; c) Acordaron con la demandante suscribir un documento con garantía personal de su hermana mayor a fin de que se cumpla con la obligación en el referido plazo; sin embargo, pidieron que dicha garantía debe convertirse en una deuda de la garante lo que resulta un acto extorsivo, además a raíz de la interposición de esta acción de defensa se contestó al traslado “…y no corresponde su lectura que no acepta los términos del plazo que ha solicitado…” (sic), también se le pidió algún aparato que tenga el valor de lo adeudado para que este en posesión de la “colega abogada”, no siendo posible aplicar el principio de subsidiariedad ante el planteamiento del recurso de reposición y apelación; y, d) Por todo lo referido existe una restricción arbitraria de su derecho a la libertad de locomoción, por lo que pide se deje sin efecto las providencias de “6” de diciembre de 2021 y la de “ayer” emitida por la Jueza accionada.

I.2.2. Informe de la parte accionada

Claudia López Mendieta, Jueza Pública Civil y Comercial, de Familia, Administrativa Coactiva Fiscal y Tributaria Segunda de Challapata del departamento de Oruro, en suplencia legal del Juzgado Público de Familia Octavo de la Capital del mismo departamento, mediante informe escrito cursante de fs. 25 a 27, manifestó que: 1) Dentro el proceso de asistencia familiar seguido por Nedia Rivas Arjona contra el accionante se expidió mandamiento de apremio a objeto que se cancele la suma de Bs15 918.- por concepto de asistencia familiar devengada, por lo que en ejecución del mismo, el accionante fue conducido al Centro Penitenciario La Merced del citado departamento; 2) Habiendo el prenombrado efectivizado el pago de Bs10 000.- el 2 de diciembre de 2021, y adeudando el monto de Bs5 918.- (cinco mil novecientos dieciocho bolivianos) solicitó mediante memorial se expida mandamiento de libertad a su favor comprometiéndose a cancelar dicha suma en el plazo de tres meses; es decir, hasta el jueves 3 de marzo de 2022, mencionando existir un acuerdo verbal con la demandante, amparándose en lo dispuesto por el art. 127.III y IV del CFPF, ante lo cual, se corrió traslado a la parte demandante -en el proceso familiar-, habiéndose determinado también estése al decreto de 3 de diciembre de 2021; 3) Por memorial de 8 de diciembre de 2021, presentado a horas 9:00, la demandante señaló que el accionante depositó solo una parte del total adeudado a favor de su hija y que el mismo se comprometió a cancelar el resto en los próximos tres meses, lo que “…lamentablemente NO PUEDE ACEPTAR EL COMPROMISO POR PARTE DEL OBLIGADO VELANDO SIEMPRE EL MEJOR INTERES PARA SU HIJA…” (sic); y, 4) No extendió mandamiento de libertad a favor del accionante, en primer lugar porque -hasta el 8 de diciembre de 2021- no se tenía respuesta por parte de la demandante, no teniendo certeza del acuerdo que mencionó el obligado, considerando que la obligación de asistencia familiar es de interés social y que su suministro oportuno no puede diferirse por recurso alguno, observando los arts. 60 de la CPE; 19 de la CADH; y, 109.I, 116.V y 120 del CFPF, en atención a que dicho derecho es irrenunciable, intransferible e inembargable, tomando en cuenta además la obligación natural y moral de los progenitores en cuanto a la asistencia de las necesidades de sus hijos y de las autoridades judiciales de precautelar y hacer cumplir dicho beneficio en resguardo del interés del menor beneficiario; consecuentemente, no se vulneró ninguno de los derechos y garantías invocados por el accionante.

I.2.3. Participación de la tercera interviniente

Conforme fue informado por Secretaría, en audiencia de consideración de la presente acción de defensa, estuvo presente la abogada patrocinante de Nedia Rivas Arjona, demandante en el proceso familiar en cuestión, quien refirió que su patrocinada no pudo asistir debido a los bloqueos, considerando su traslado desde el municipio de Caracollo.

I.2.4. Resolución

La Jueza del Tribunal de Sentencia Penal Primera, Juzgado Público de la Niñez y Adolescencia, de Partido del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal de Huanuni del departamento de Oruro en suplencia legal del Juzgado de Sentencia Penal Tercero de la Capital del mismo departamento, mediante Resolución 12/2021 de 8 de diciembre, cursante de fs. 34 a 40, denegó la tutela solicitada; determinación asumida bajo los siguientes fundamentos: i) El accionante reclama la vulneración de su derecho a la libertad, al debido proceso y errónea aplicación de la norma jurídica; toda vez que, ante su solicitud de mandamiento de libertad y la manifestación sobre un acuerdo sobre la cancelación de la asistencia familiar devengada la Jueza accionada decretó “traslado” a efectos de que se pronuncie la parte demandante o en su caso se acredite dicho extremo de forma documental, situación que el impetrante de tutela considera que vulnera su derecho a la libertad, ya que considera que mediante la referida providencia estaría sujeto a un procesamiento ilegal; ii) Conforme a lo previsto en los arts. 115.II, 178.I y 180.I de la CPE, en aquellos casos en los que se encuentre de por medio la pronta definición de la situación jurídica y efectivización de la libertad del impetrante de tutela, se establece la obligación de los administradores de justicia de evitar retardaciones o dilaciones indebidas e innecesarias en desmedro del derecho a la libertad, garantizándose de acuerdo al art. 180.II de la Norma Suprema el principio de impugnación en los procesos judiciales; y, iii) En tal sentido, el art. 368 del CFPF establece claramente la procedencia del recurso de reposición contra una providencia de mero trámite el cual debe ser tramitado y resuelto en el plazo de veinticuatro horas, tal cual dispone el art. 370.II del citado Código, por lo que, si el accionante consideraba que con la providencia emitida se incurría en error, correspondía al mismo plantear dicho recurso a objeto de que la autoridad advertida de ello pueda modificarlo o dejarlo sin efecto, es decir, que el peticionante de tutela debió activar los recursos que le franquean la ley para hacer valer sus pretensiones, agotando los recursos previstos por la norma jurídica para que ante una negativa inclusive pueda recurrir en apelación contra el Auto que resuelva su recurso de reposición; en consecuencia, en este tipo de casos concurre el principio de subsidiariedad, al no haberse agotado los medios impugnatorios impuestos por los arts. 368, 369.II y 370 del CFPF. En vía de enmienda y complementación, la parte accionante solicitó se aclare la interpretación del art. 127.III del CFPF, por considerar que el mismo es ambiguo y presenta un vacío legal además se fundamente los alcances de dicho precepto legal; asimismo, se aclare la aplicación del principio de subsidiariedad por considerar que al encontrarse privado de libertad no se trata de un proceso ordinario, tomando en cuenta además que cumplió con el pago de más del 50% de la asistencia familiar, por lo que no corresponde aplicar dicho principio. Ante lo cual, la Jueza de garantías señaló que, el art. 127.III del CFPF no es ambiguo, ni genera ningún vacío legal, pues es claro al establecer que el apremio corporal podrá suspenderse si el deudor ofrece el pago que se acuerde entre las partes, no pudiendo ser el plazo mayor a tres meses, extremo que no fue demostrado en el presente caso y que fue observado mediante la providencia emitida por la autoridad accionada, y en su caso, pudo tenerse en cuenta lo preceptuado por el art. 368 del referido cuerpo normativo sobre la procedencia del recurso de reposición, siendo que el estar detenido el accionante conforme establece el art. “271.III” del citado Código no lo exonera del cumplimiento del principio de subsidiariedad.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes, que cursan en el expediente se establece lo siguiente: II.1. Consta mandamiento de apremio de 20 de septiembre de 2021, en contra de Ivan Cruz Baltazar -ahora accionante-, expedido por la Jueza Pública Mixta de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primera de Caracollo del departamento de Oruro, a objeto de que sea conducido al Centro Penitenciario La Merced del mismo departamento, en cumplimiento al decreto de 15 de igual mes y año, hasta que cancele la suma de Bs15 918.-; el cual fue ejecutado el 21 de noviembre de ese año, conforme fue informado por Nedia Rivas Aroja, demandante en el proceso de asistencia familia, mediante memorial presentado el 3 de diciembre del señalado año (fs. 5 y 9). II.2. Por memorial presentado el 3 de diciembre de 2021, el accionante adjuntando comprobante de depósito de 2 del mismo mes y año, a favor de la demandante -en el proceso familiar- por la suma de Bs10 000.- solicitó se libre mandamiento de libertad en su favor, por haberse acordado de forma verbal con la prenombrada el plazo de tres meses para el pago del monto restante de Bs5 918.- por concepto de asistencia familiar devengada; escrito que mereció providencia de 3 de dicho mes y año, por la cual, la Jueza Pública Mixta de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primera de Caracollo del departamento de Oruro, estableció que considerando que no se tiene el depósito total de la liquidación de asistencia familiar, no corresponde disponer la libertad del obligado; empero, se dispone TRASLADO a la parte demandante a objeto que se pronuncie sobre dicha pretensión, cursando las notificaciones a las partes procesales con ese actuado procesal el 6 del citado mes y año (fs. 6 a 8 y 11). II.3. Mediante memorial presentado el 7 de diciembre de 2021, dirigido ante el Juzgado Público de Familia Octavo de la Capital del departamento de Oruro, el accionante reiteró su solicitud de mandamiento de libertad, indicando que la demandante no respondió dentro un plazo prudencial, por lo que ante dicha actitud se “asiente tácitamente” lo impetrado; ante lo cual la Jueza Pública Civil y Comercial, de Familia, Administrativa Coactiva Fiscal y Tributaria Segunda de Challapata del departamento de Oruro, en suplencia legal del antedicho Juzgado -ahora accionada- a través del decreto de igual fecha providenció: “…Estese al decreto de fecha 03 de diciembre de 2021 (…) y observe el art. 127 parágrafo III de la Ley 603, debiendo la parte impetrante acreditar documentalmente el acuerdo arribado o en su defecto la parte contraria confiese dicho acuerdo mediante memorial” (sic [fs. 12 a 13]).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El impetrante de tutela, a través de su representante sin mandato denuncia la lesión de sus derechos a la defensa, a la libertad en vinculación con los derechos al debido proceso, la tutela judicial efectiva y “seguridad jurídica”; dado que se ejecutó en su contra un mandamiento de apremio por incumplimiento de asistencia familiar, encontrándose recluido en el Centro Penitenciario La Merced del departamento de Oruro; y habiendo realizado el pago de más del 50% del total adeudado y que el saldo se haría efectivo en el plazo de tres meses conforme al acuerdo verbal al que arribaron con la madre de su hija, solicitó mandamiento de libertad, pero su solicitud no fue atendida por la Jueza de la causa, habiéndose corrido en traslado la misma, y al no existir respuesta alguna, correspondía a la autoridad judicial accionada -en suplencia legal del Juzgado donde radica su proceso familiar- asumir una aceptación tácita del citado plan de pagos y disponer su inmediata libertad en virtud a lo establecido por el art. 127.III del CFPF, no siendo posible acceder al capricho del órgano judicial de acreditar documentalmente un acuerdo como erróneamente estableció la autoridad accionada mediante providencia de 7 de diciembre de 2021. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.

III.1. Cumplimiento de la asistencia familiar e imposibilidad legal de diferirse por recurso o procedimiento alguno

Sobre el particular, la SCP 0331/2018-S1 de 16 de julio, en atención a la normativa procesal que establece la finalidad de la asistencia familiar en vinculación al interés superior del niño, niña y adolescente, sostuvo que: [«Con la finalidad de abordar este elemento esencial de materialización de la asistencia familiar, adquiere particular importancia el precisar el marco contextual, contenido y extensivo de la asistencia familiar, en este sentido corresponder remitirnos al art. 109 del CF -Ley 603-, que determina: “ARTÍCULO 109. (CONTENIDO Y EXTENSIÓN DE LA ASISTENCIA FAMILIAR). I. La asistencia familiar es un derecho y una obligación de las familias y comprende los recursos que garantizan lo indispensable para la alimentación, salud, educación, vivienda, recreación y vestimenta; surge ante la necesidad manifiesta de los miembros de las familias y el incumplimiento de quien debe otorgarla conforme a sus posibilidades y es exigible judicialmente cuando no se la presta voluntariamente; se priorizará el interés superior de niñas, niños y adolescentes”.

Bajo este marco normativo, el mismo Código, a tiempo de normar el instituto de la asistencia familiar, en cuanto a su cumplimiento -coercitivo-y ejecución, estableció: “ARTÍCULO 127. (APREMIO CORPORAL E HIPOTECA LEGAL).

I. La obligación de asistencia familiar es de interés social. Su oportuno suministro no puede diferirse por recurso o procedimiento alguno, bajo responsabilidad de la autoridad judicial.

II. Cuando la o el obligado haya incumplido el pago de la asistencia familiar, a petición de parte, la autoridad judicial ordenará el apremio corporal hasta seis (6) meses, y en su caso podrá ordenar el allanamiento del domicilio en el que se encuentre la o el obligado. Para el cumplimiento del apremio corporal se podrá solicitar el arraigo de la o el obligado.

III. El apremio corporal podrá suspenderse si la o el deudor ofrece el pago en el plazo que se acuerde entre las partes, no pudiendo ser mayor a tres (3) meses. La o el deudor será otra vez apremiado si no satisface su obligación en el nuevo

plazo. IV. Si transcurridos tres (3) meses persistiera el incumplimiento de la oferta de pago, la autoridad judicial dispondrá la hipoteca legal sobre los bienes de la o del deudor, que se mandará inscribir de oficio”.

“ARTÍCULO 415. (EJECUCIÓN DE LA ASISTENCIA FAMILIAR).

I. La parte beneficiaria presentará la liquidación de pago de la asistencia devengada que será puesta a conocimiento de la otra parte, quien podrá observar en el plazo de tres (3) días. II. Vencido el plazo, de oficio o a instancia de parte, la autoridad judicial aprobará la liquidación de la asistencia familiar, intimando al pago dentro del tercer día. III. La autoridad judicial, a instancia de parte o de oficio y sin otra substanciación, dispondrá el embargo y la venta de los bienes de la o el obligado en la medida necesaria para cubrir el importe de las pensiones devengadas, todo sin perjuicio de emitir el mandamiento de apremio respectivo con facultades de allanamiento y de ser necesario con rotura de candados o chapas de puertas. La vigencia del mandamiento es indefinida y podrá ejecutarse por cualquier autoridad.

IV. El apremio no excederá el tiempo de seis (6) meses en su ejecución, que se ejecutará por un periodo de seis (6) meses, cumplido los cuales se podrá solicitar la libertad.

V. Si la asistencia fijada fuere porcentual, los aumentos de sueldos, salarios y rentas determinarán el reajuste automático de las pensiones de asistencia familiar, de manera que subsista en forma constante el porcentaje fijado. VI. La petición de cese, aumento o disminución de la asistencia familiar, se sustanciará conforme al procedimiento de resolución inmediata, sin que se interrumpa la percepción de la asistencia ya fijada. En caso de cese o disminución, regirá desde la fecha de la correspondiente resolución, y en caso de aumento, la nueva suma fijada correrá desde la citación con la petición.

VII. El cumplimiento de la asistencia familiar no puede diferirse por recurso o procedimiento alguno bajo responsabilidad de la autoridad judicial”.

Ahora bien, realizando una precisión normativa constitucional como de instrumentos supra nacionales, la SCP 1074/2015-S3 de 5 de noviembre, sostuvo que: «La Constitución Política del Estado en cuanto a los derechos de la niñez, adolescencia y juventud, establece: “Artículo 58. Se considera niña, niño o adolescente a toda persona menor de edad. Las niñas, niños y adolescentes son titulares de los derechos reconocidos en la Constitución, con los límites establecidos en ésta, y de los derechos específicos inherentes a su proceso de desarrollo; a su identidad étnica, sociocultural, de género y generacional; y a la satisfacción de sus necesidades, intereses y aspiraciones”. “Artículo 60. Es deber del Estado, la sociedad y la familia garantizar la prioridad del interés superior de la niña, niño y adolescente, que comprende la preeminencia de sus derechos, la primacía en recibir protección y socorro en cualquier circunstancia, la prioridad en la atención de los servicios públicos y privados, y el acceso a una administración de justicia pronta, oportuna y con asistencia de personal especializado”. La normativa legal precedente, emerge de un proceso paulatino de modificación a la legislación nacional, para garantizar los derechos de la niñez y adolescencia reconocidos en instrumentos internacionales; cuyo hito trascendental, surge a partir de la aprobación por la Asamblea General de las Naciones Unidas de la ‘Convención sobre los Derechos del Niño’ Adoptada y abierta a la firma y ratificación por la Asamblea General en su Resolución 44/25 el 20 de Noviembre de 1989, (ratificada por el Estado boliviano el 14 de mayo de 1990 mediante Ley 1152); a través de la cual, se estableció un cambio de paradigma en la concepción de la niñez y adolescencia, al reconocer a los menores como sujetos de derechos y partícipes de su propio desarrollo, bajo la premisa del respecto por el ‘interés superior del niño’, constituyéndose en la esencia reguladora de la normativa a desarrollarse en torno a los derechos de la niñez y adolescencia, traduciéndose en la responsabilidad de protegerlos a través de una efectiva tutela legal y judicial. La Convención sobre los Derechos del Niño estipuló -entre otros aspectos-: “Artículo 3 1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño”. (...) Los lineamientos de estos instrumentos internacionales universales, también se encuentran reconocidos en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, cuando: La Convención Americana sobre Derechos Humanos ‘Pacto de San José de Costa Rica’, adherida por Decreto Supremo (DS) 16575 de 13 de junio de 1979 (elevado al rango de Ley 1430 de 11 de febrero de 1993), establece: “ARTÍCULO 19 Derechos del Niño Todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requieren por parte de su familia, de la sociedad y del Estado”». Bajo este paraguas jurídico-normativo interno como del Sistema Universal e Interamericano de Protección de los Derechos Humanos (SUDH y SIDH), se consolida la vigencia y respeto del principio del interés superior del niño, que se constituye en principio rector y básico que fue gradualmente incorporado, y que es considerado esencialmente como principio interpretativo de las medidas que puedan afectar directa o indirectamente a los niños, niñas o adolescentes; postulado del cual se denota su prevalencia a partir de una interpretación sistemática del texto constitucional y de la normativa especial familiar, cuando el mandato constitucional es imperativo al establecer el deber de garantizar la prioridad del interés superior de los menores de edad, que abarca la preeminencia de sus derechos y la primacía en recibir protección y socorro en cualquier circunstancia -art. 60 de la CPE- y la normativa que regula el instituto de la asistencia familiar cuando, taxativamente establece su contenido y garantiza la provisión de este derecho de los niños, niñas y adolescentes, determinando la observancia coercitiva de dicho derecho y obligación, con la posibilidad de que opere el apremio corporal en caso de incumplimiento y precisamente por su trascendencia vital, al comprender los recursos que garanticen lo indispensable para la alimentación, salud, educación, vivienda, recreación y vestimenta del beneficiario -art.109.I del CF-. A partir de la connotación e importancia social del oportuno suministro de la asistencia familiar, la normativa especial familiar concordante con el plexo jurídico constitucional y convencional, expresamente estableció que el cumplimiento de dicha obligación “...no puede diferirse por recurso o procedimiento alguno, bajo responsabilidad de la autoridad judicial”, -arts. 127.I y 415.VII del CF-, razonamiento normativo por el que se afianza el principio del interés superior del niño, a través de esta medida concerniente y atingente a la preminencia y garantía de sus derechos, esencialmente al oportuno suministro de la asistencia familiar, ante la imposibilidad de proveer para sí mismo los medios necesarios para su subsistencia y desarrollo integral. Así también, al ser la asistencia familiar un instituto que precisamente por esa trascendencia social constituye un derecho y obligación de las familias, la misma puede involucrar beneficiarios que no serán necesariamente menores de edad, es así que, las previsiones normativas reguladas en la normativa especial precedentemente citadas, no establecen una diferenciación sobre la cualidad de los beneficiarios a tiempo de la ejecución y cumplimiento de la asistencia familiar, interpretándose a partir de ello, que la imposibilidad de diferir el cumplimiento de la asistencia familiar abarca y alcanza al universo de beneficiarios»] (las negrillas nos pertenecen).

III.2. Análisis del caso concreto

El impetrante de tutela, a través de su representante sin mandato, alega que se ejecutó en su contra un mandamiento de apremio por incumplimiento de asistencia familiar, encontrándose recluido en el Centro Penitenciario La Merced del departamento de Oruro; y habiendo realizado el pago de más del 50% del total adeudado y que el saldo se haría efectivo en el plazo de tres meses conforme al acuerdo verbal al que arribaron con la madre de su hija, solicitó mandamiento de libertad, pero su solicitud no fue atendida por la Jueza de la causa, habiéndose corrido en traslado la misma, y al no existir respuesta alguna, correspondía a la autoridad judicial accionada -en suplencia legal del Juzgado donde radica su proceso familiar- asumir una aceptación tácita del citado plan de pagos y disponer su inmediata libertad en virtud a lo establecido por el art. 127.III del CFPF, no siendo posible acceder al capricho del órgano judicial de acreditar documentalmente un acuerdo como erróneamente estableció la autoridad accionada mediante providencia de 7 de diciembre de 2021. Consideración previa Previamente a ingresar al análisis de los actos lesivos que se denuncian, corresponde considerar una cuestión procesal que sirvió como fundamento de la denegatoria de tutela dispuesta por la Jueza de garantías, relativa a la observancia de la subsidiariedad excepcional, por no haber hecho uso del recurso de reposición. Al respecto, es preciso señalar que si bien es evidente que la jurisprudencia constitucional ha establecido que en temática de asistencia familiar, la parte accionante debe agotar los medios y recursos que la vía ordinaria le faculta, antes de activar la jurisdicción constitucional, no es menos cierto que dichos mecanismos procesales específicos de defensa deben ser idóneos, eficientes y oportunos para restituir el derecho a la libertad y a la persecución o procesamiento indebido, para que con la mayor celeridad se repare en la misma vía ordinaria los derechos presuntamente vulnerados, características que por lo general han sido vinculadas a incidentes de nulidad u otros mecanismos intraproceso familiar para cuestionar razones o decisiones vinculadas a notificaciones, liquidaciones, pago documentado u otras, emergentes de Autos; siendo evidente a su vez que a partir de lo dispuesto por el art. 368 del CFPF se establece que: “El recurso de reposición procede contra los decretos o autos interlocutorios, para que la autoridad judicial que los haya dictado, advertida de su error, pueda modificarlos o dejarlos sin efecto”; empero, tal alcance y finalidad, en relación a los decretos, denota que no concurre su eficacia e idoneidad como medio recursivo, cuando el contenido del mismo trasunte una situación que involucre la libertad y que no se advierta pueda ser recurrida de apelación, explicado de mejor forma, al tratarse de decretos o providencias que no definen una situación, como ocurre en el caso concreto en el que no existe una negativa como tal a la solicitud planteada, sino que establece requisitos o presupuestos para considerar lo solicitado, y siendo además que la reposición no está inmersa dentro de una cuestión incidental -como por ejemplo una nulidad- que implica un despliegue procesal con mecanismos recursivos propios, es evidente que la reposición contra un decreto de mero trámite, no reviste esa idoneidad y eficacia que se requiere para ser invocada como causal de subsidiariedad excepcional, lo que no ocurre con la reposición con alternativa de apelación de un Auto que tiene un alcance procesal distinto y por lo mismo sí podría ser objeto de invocación como causal de subsidiariedad excepcional en acción de libertad.

En consecuencia, se concluye que la reposición contra decretos que no definen una situación intraproceso familiar, no pueden ser causal de invocación de subsidiariedad excepcional, dejándose claramente establecido que ante la activación de esta acción de defensa paralelamente al recurso de reposición, encontrándose este último pendiente de resolución, no corresponde ingresar al análisis del reclamo planteado, ello a fin de evitar un conflicto entre la jurisdicción constitucional y la ordinaria, lo que en el presente caso no se advierte que acontezca, por lo que no es posible asumir que concurre la subsidiariedad excepcional, correspondiendo ingresar a verificar si esta instancia constitucional debe abrir su ámbito de protección tutelar. Caso concreto

Efectuada esa precisión, teniéndose precisado el acto lesivo, es necesario a fin de contextualizar la problemática planteada, señalar que conforme los antecedentes que cursan en el expediente constitucional, el accionante se encontraría privado de libertad en el Centro Penitenciario La Merced del departamento de Oruro, por incumplimiento del pago de pensiones de asistencia familiar devengadas, habiéndose ejecutado el mandamiento de apremio expedido por la Jueza Pública Mixta de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primera de Caracollo del departamento de Oruro, el 21 de noviembre de ese año, en observancia del decreto de 15 de igual mes y año, hasta que cancele la suma de Bs15 918.- (Conclusión II.1). Bajo ese antecedente, a través del memorial presentado el 3 de diciembre de 2021, dirigido ante la Jueza de la causa, el accionante, presentó comprobante de depósito de 2 del mismo mes y año, por la suma de Bs10 000.- a favor de la demandante -en el proceso familiar-, impetrando se libre mandamiento de libertad en su favor, en atención a haberse arribado a un acuerdo verbal con la madre de su hija, de cancelar el saldo de Bs5 918.- del monto total de asistencia familiar devengada, en el plazo de tres meses; pretensión que mereció providencia de 3 de dicho mes y año, por la que la referida autoridad judicial señaló que, considerando que no se tiene el depósito total de la liquidación de asistencia familiar no corresponde ordenar la libertad del obligado; empero, se dispone TRASLADO a la parte demandante a objeto que se pronuncie sobre dicha petición; cursando las notificaciones a las partes procesales con ese actuado procesal el 6 del citado mes y año (Conclusión II.2).

Posteriormente, mediante memorial presentado el 7 de diciembre de 2021, dirigido ante el Juzgado Público de Familia Octavo de la Capital del departamento de Oruro, el accionante reiteró su solicitud de mandamiento de libertad, indicando que la demandante no respondió dentro un plazo prudencial, por lo que ante dicha actitud se “asiente tácitamente” lo impetrado; ante lo cual, la Jueza accionada, a través del decreto de igual fecha, providenció: “…Estese al decreto de fecha 03 de diciembre de 2021 (…) y observe el art. 127 parágrafo III de la Ley 603, debiendo la parte impetrante acreditar documentalmente el acuerdo arribado o en su defecto la parte contraria confiese dicho acuerdo mediante memorial” (sic [Conclusión II.3]). En ese sentido, conforme los antecedentes descritos se tiene que el accionante reclama sustancialmente que mediante providencia de 7 de diciembre de 2021, emitida por la Jueza accionada no se atendió favorablemente su solicitud de mandamiento de libertad, sino que se dispuso “…Estese al decreto de fecha 03 de diciembre de 2021 (…) y observe el art. 127 parágrafo III de la Ley 603…” (sic), ello a objeto que la parte demandante -en el proceso familiar- se pronuncie sobre el ofrecimiento del plan de pagos señalado por el accionante, confiese estar de acuerdo o en su defecto se acredite documentalmente el mismo por el demandado, ahora accionante, a partir de lo cual el impetrante de tutela alega la vulneración de su derecho a la libertad por constituirse dicho actuar en un procesamiento arbitrario, considerando a su juicio que no es posible acceder al “capricho” del órgano judicial de demostrar documentalmente la existencia del convenio al que refiere arribaron con la madre de su hija, pues al no haberse pronunciado esta última sobre su ofrecimiento del plan de pagos considera que debió contemplarse una aceptación tácita de dicho ofrecimiento. Al respecto, corresponde señalar que de conformidad al entendimiento jurisprudencial y marco legal desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, el cumplimiento del pago de asistencia familiar devengada se constituye en una obligación de interés social, por lo que su oportuno suministro no puede diferirse por recurso alguno, bajo responsabilidad de la autoridad judicial a cargo, quien tiene la facultad de expedir mandamiento de apremio en el supuesto incumplimiento del pago de la señalada obligación, siendo que su ejecución únicamente podrá suspenderse cuando el obligado cancele la totalidad del monto reclamado u ofrezca el pago en el plazo que se acuerde entre las partes, debiendo dicha determinación ser acatada a cabalidad. En tal sentido, se tiene que el instituto de asistencia familiar por su esencia y finalidad contiene una connotación social de relevancia, en atención al interés de los beneficiarios, en lo esencial niños, niñas y adolescentes, previéndose para su efectivización los mecanismos de cumplimiento coercitivos como el apremio corporal, pues su provisión oportuna resulta trascendental para la satisfacción de las necesidades primordiales y supervivencia de los beneficiarios, particularmente -se reitera- en los casos de menores, en los que debe prevalecer la materialización del principio garantista del interés superior del niño que comprende la preeminencia de sus derechos y la primacía en recibir protección y socorro en cualquier circunstancia, constituyéndose dicho principio en la esencia reguladora de la normativa a desarrollarse en torno a los derechos de la niñez y adolescencia y de todas las medidas que puedan afectar directa o indirectamente a sus derechos y que se traduce en la responsabilidad de los administradores de justicia de protegerlos a través de una efectiva tutela legal y judicial. Bajo tales razonamientos, tomando en cuenta que la finalidad del apremio en materia familiar responde únicamente al cumplimiento del pago de la asistencia familiar devengada, y que el accionante no procedió con el pago total de su obligación no puede cuestionarse la razonabilidad de lo determinado por la autoridad accionada de no acceder de forma directa a la pretensión del accionante de expedirse mandamiento de libertad en su favor, por cuanto el mandamiento de apremio ejecutado en su contra, fue librado legalmente ante el impago de la obligación de asistencia familiar a favor de su hija menor, no habiendo acreditado el accionante la presunta existencia de una aceptación al plan de pagos que propuso, más aun considerando que el mismo solicita se ordene su libertad amparándose en el art. 127.III del CFPF al haber cancelado de forma parcial la asistencia familiar adeudada, cuando dicho precepto legal establece que el apremio corporal podrá suspenderse si el deudor ofrece el pago en el plazo que se acuerde entre partes, aspecto que en el caso no fue demostrado, máxime cuando el accionante pretendiendo dejar de lado la contestación de la madre de su hija al “TRASLADO” que dispuso la Jueza de la causa sobre su pretensión, interpuso esta acción de libertad el 7 de diciembre de 2021, señalando haber transcurrido un plazo prudencial para el pronunciamiento de la misma, por lo que alude que debía tenerse tácitamente su aceptación, cuando de obrados se advierte que habiendo sido notificada la demandante el 6 de diciembre de 2021 con la referida providencia, la autoridad accionada informó que por memorial de 8 de igual mes y año, -es decir cuando ya se encontraba interpuesta la presente acción de libertad- la referida demandante manifestó que “…lamentablemente NO PUEDE ACEPTAR EL COMPROMISO POR PARTE DEL OBLIGADO VELANDO SIEMPRE EL MEJOR INTERES PARA SU HIJA…” (sic). En ese sentido, no se advierte cuál el acto ilegal u omisión indebida en la actuación de la Jueza accionada, que siguió el inicial razonamiento de la Jueza de la causa, no accediendo a la emisión directa del mandamiento de libertad por no cumplirse con la totalidad del pago, pero estableciendo presupuestos y requisitos para poder considerar ello, al señalar en su decreto de 7 de diciembre de 2021 -hoy cuestionado- “…debiendo la parte impetrante acreditar documentalmente el acuerdo arribado o en su defecto la parte contraria confiese dicho acuerdo mediante memorial” (sic); razones por las cuales, al no advertirse vulneración de los derechos alegados como lesionados por el impetrante de tutela, que hayan decantado en una ilegal restricción de su libertad o indebido procesamiento, habida cuenta que no se acreditó por el mismo la cancelación de la totalidad de lo adeudado por concepto de asistencia familiar ni la aceptación ya sea documentada o verbal -confesión- por parte de la madre de su hija al plan de pagos que ofreció, y el acuerdo arribado entre ambas partes, no siendo coherente suponerse una aceptación tácita a un plan de pagos en desmedro de los derechos del menor beneficiario, se tiene que la autoridad accionada obró conforme la jurisprudencia y la normativa que rige a la materia familiar, por lo que dicho actuar no puede ser considerado como vulneratorio de derechos, correspondiendo denegar la tutela solicitada. En consecuencia, la Jueza de garantías, al denegar la tutela solicitada, aunque con otros fundamentos obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 12/2021 de 8 de diciembre, cursante de fs. 34 a 40, pronunciada por la Jueza del Tribunal de Sentencia Penal Primera, Juzgado Público de la Niñez y Adolescencia, de Partido del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal de Huanuni del departamento de Oruro en suplencia legal del Juzgado de Sentencia Penal Tercero de la Capital del mismo departamento; y, en consecuencia: DENEGAR la tutela solicitada, conforme a los fundamentos expuestos en el presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas

MAGISTRADA

Fdo. Dr. Petronilo Flores Condori

MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0191_2023-S3.pdf · páginas 1 a 16.

Huella digital del PDF (SHA-256): 7262246cca33a582df5c6a421d373350c6902f284760e3c3b44b7362e474f467

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