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SCP 0190/2026-S2

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Segunda · 2 de marzo de 2026

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Segunda
Fecha
2 de marzo de 2026
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrado relator
Boris Wilson Arias López
Expediente
58815-2023-118-AAC
Departamento
Cochabamba
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

El accionante, a través de su representante legal, denuncia la vulneración de sus derechos a la privacidad, a la intimidad, la honra, el honor, la propia imagen, la dignidad; y, a la inviolabilidad del secreto de las comunicaciones privadas; toda vez que, en el marco de una relación sentimental con Fabiola Ortuño Molina -ahora demandada-, ésta habría tomado fotografías y videos de contenido íntimo en los que se identifica el rostro de su persona; y, posteriormente, tras la ruptura de la relación, procedió a difundir dicho material ante terceros a través de WhatsApp y Messenger, acompañando tales envíos con comentarios denigrantes. Ante ello, la parte demandada señala que la acción carece de sustento jurídico y probatorio, pues el peticionante de tutela no habría delimitado con claridad si la pretensión se encuadra en una acción de protección de privacidad o en una acción de amparo constitucional; además, sostiene que no existe prueba idónea que permita establecer la autoría de los hechos, dado que las declaraciones voluntarias notariales no acreditarían que el estado de WhatsApp o las cuentas desde las que se habría difundido el material correspondan a su persona, ni la titularidad del número o perfil, siendo posible que terceros jaqueen cuentas y se hagan pasar por ella. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución de 26 de septiembre de 2023, cursante de fs. 77 vta. a 79 vta., pronunciada por el Juez Público de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Ivirgarzama del departamento de Cochabamba; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, con la aclaración de que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La acción de amparo constitucional frente a hechos controvertidos y extremos fácticos que exigen un debate amplio y contradictorio
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0190/2026-S2 Sucre, 2 de marzo de 2026 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de amparo constitucional Expediente: 58815-2023-118-AAC Departamento: Cochabamba En revisión la Resolución de 26 de septiembre de 2023, cursante de fs. 77 vta. a 79 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Franz Reynaldo Rioja Herrera en representación legal de Gabriel Quezada Balderrama contra Fabiola Ortuño Molina.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memoriales presentados el 23 y 28 de agosto de 2023, cursantes de fs. 27 a 29 vta.; y, 34, el accionante manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Conoció a Fabiola Ortuño Molina -ahora demandada- en diciembre de 2022, iniciando una relación sentimental desde enero de 2023. En ese marco, sostuvieron relaciones sexuales consentidas, ocasión en la que, la prenombrada tomó fotografías y grabó videos en los que se visualiza su rostro, no así el de ella. En julio de 2023, la demandada envió un mensaje a un grupo de WhatsApp de su familia, señalando que lo estaba buscando, que no respondía el celular y que presentaba dolores de embarazo, circunstancia que derivó en una discusión y la conclusión de la relación el 8 del mismo mes y año. Posteriormente, no tuvo más contacto con la demandada hasta que, el 7 de agosto de 2023, una familiar le informó que la prenombrada publicó en un estado de WhatsApp una fotografía íntima de su persona, en la que su rostro se apreciaba con claridad.

Dicha conducta no fue aislada, pues desde el 8 de agosto de 2023, la demandada remitió a terceros fotografías íntimas suyas, acompañando dichos envíos con comentarios denigrantes.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

Denunció la lesión de sus derechos a la privacidad, a la intimidad, la honra, el honor, la propia imagen, la dignidad; y, a la inviolabilidad del secreto de las comunicaciones privadas, citando al efecto los arts. 21, 22 y 25.I y II de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela; y, en consecuencia, se disponga: a) Que la demandada se abstenga de difundir fotografías suyas; y, b) La supresión de dichas fotografías.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia virtual el 26 de septiembre de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 76 a 77, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante, a través de su abogado, ratificó in extenso el contenido de su memorial de acción de amparo constitucional y, ampliando en audiencia, señaló que: 1) Adjuntó la Declaración Voluntaria Notarial -306/2023 de 22 de agosto- de Keysi Balderrama, de la cual se extrae que, a través de su teléfono celular el 7 del citado mes y año, recibió diversos mensajes de texto vía WhatsApp por parte de la ahora demandada, provenientes del número 73773211, en los que se hace referencia a relaciones íntimas y evidencia la intención de la demandada de ocasionar malestar al peticionante de tutela; 2) Anexó la Declaración Voluntaria Notarial -70/2023 de 21 de ese mes- de Jhon José Almanza Muriel, quien refiere que, el 15 de julio del mismo año recibió una solicitud de amistad de la ahora demandada en la plataforma Facebook, la cual fue aceptada posteriormente; y que, en ese marco, recibió un mensaje con el siguiente tenor: ‘“…hola jhon, buen día dile a Gabriel por fa que mañana lunes le llegará la notificación de la Defensoría de Cochabamba por asistencia alimenticia y que no se sorprenda lo que hago por mi bebé…”’ (sic); asimismo, señala que el 9 de agosto del referido año, recibió dos videos con imágenes del impetrante de tutela, acompañados de la leyenda: ‘“…por fa dile al mini pito de Gabriel que yo actué por sus errores…”’ (sic); 3) Se tiene Declaración Voluntaria Notarial -69/2023 de 15 de agosto- de Jhoselin Sandoval Flores, quien manifiesta que, el 6 del mencionado mes y año, aproximadamente a horas 15:02, recibió imágenes de texto vía Messenger de una persona que se identificó como “Fabi Ortuño Molina” en la cual el ahora accionante aparece en la primera imagen teniendo relaciones sexuales con una mujer; y, 4) Conforme a la SCP 440/2016-S3 de 13 de abril, la legitimación pasiva en la acción de protección de privacidad presupone la existencia de bancos de datos destinados a brindar información a terceros, lo que no resulta asimilable a registros o contenidos de carácter privado; por ello, al versar el reclamo sobre la difusión de material y comunicaciones privadas, el caso no sería tutelable mediante la acción de protección de privacidad, sino a través de la acción de amparo constitucional.

I.2.2. Informe de la parte demandada

Fabiola Ortuño Molina, por informe escrito cursante de fs. 57 a 58, y en audiencia de garantías, a través de su abogado sostuvo que: i) No existe fundamento jurídico claro, toda vez que el peticionante de tutela no diferencia si la acción interpuesta corresponde a una acción de protección de privacidad o una acción de amparo constitucional; pues el sustento fáctico hace referencia a hechos de privacidad y la jurisprudencia que cita corresponde a una acción de protección de privacidad; ii) No existe medio de prueba idóneo en su contra, pues las declaraciones voluntarias notariales no acreditan que el estado de WhatsApp corresponda efectivamente a su persona; asimismo, “altamente probable” jaquear cuentas y que terceros se hagan pasar por otra persona; iii) En varias ocasiones el impetrante de tutela le profirió expresiones ofensivas, dañando su integridad; por tal motivo, iniciaría las acciones legales correspondientes en la vía penal; iv) Los videos y las fotografías fueron enviados por el prenombrado, acompañados de mensajes de texto de contenido libidinoso, razón por la cual los eliminaba en cuanto los recibía; y, v) En mérito a lo expuesto, solicitó que se deniegue la tutela impetrada.

I.2.3. Resolución

El Juez Público de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Ivirgarzama del departamento de Cochabamba, constituido en Juez de garantías, por Resolución de 26 de septiembre de 2023, cursante de fs. 77 vta. a 79 vta., concedió la tutela solicitada, disponiendo que la demandada elimine conversaciones, imágenes y videos que pudieran guardar relación con el accionante y se abstenga de realizar publicaciones o remisiones a terceros vinculadas con aquél, mediante el envío de imágenes, mensajes o conversaciones que hubiera mantenido con el impetrante de tutela; con base en los siguientes fundamentos: a) Las declaraciones voluntarias notariales de Jhon José Almanza Muriel, Jhoselin Sandoval Flores y Keysi Balderrama, merecieron valor probatorio, en tanto evidencian que el número de teléfono celular 73773211 corresponde a la demandada y que, desde dicho número, se remitieron los contenidos referidos a las personas prenombradas; y, b) En consideración de la SCP 0440/2016-S3 de 13 de abril, se tiene que, cuando la denuncia se vincula con la vulneración del “…derecho a las comunicaciones privadas…” (sic), la tutela debe canalizarse mediante acción de amparo constitucional; pues la acción de protección de privacidad presupone la existencia de un banco de datos público destinado a brindar información a terceros, presupuesto que no concurre cuando se trata de contenidos privados alojados en un dispositivo personal. En vía de enmienda, complementación y aclaración, la parte demandada, a través de su abogado, solicitó al Juez de garantías que aclare cuáles serían los medios de prueba que acreditan que el número de celular de la prenombrada es el 73773211. En mérito a esa solicitud, el Juez de garantías señaló que, a efectos de establecer el número de celular de la demandada, se extrajo de las declaraciones notariales presentadas por el accionante, a través de Jhoselin Sandoval Flores, Jhon José Almanza Muriel y Keysi Balderrama, quienes han referido las conversaciones y los mensajes recibidos de la demandada.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Declaración Voluntaria Notarial 69/2023 de 15 de agosto, de Jhoselin Sandoval Flores, por el que señaló: “…declaro que soy propietaria de un dispositivo móvil REALME C30, en la cual tengo registrado el número de celular 76926608 de la empresa TIGO, misma que es de mi uso personal, a este mi celular el día 06 de agosto de 2023 a horas 15:02, he recibido unas imágenes y mensaje de texto mediante MESSENGER de una persona que se identifica como Fabi Ortuño Molina; en la primera imagen aparece un conocido de nombre GABRIEL QUEZADA BALDERRAMA teniendo relaciones íntimas con una chica, seguidamente un mensaje que dice ‘Que se haga cargo como padre, que como hombre no sirve ni un miserable’, y por último una imagen de boleta de CITACION de Alcaldía de Sacaba” (sic [fs. 11]). II.2. Consta Declaración Voluntaria Notarial 70/2023 de 21 de agosto, de Jhon José Almanza Muriel, por el que señaló: “…declaro que soy propietario de un dispositivo móvil (celular) POCO X3 PRO, en la cual tengo registrado el número de celular 71466199 de la (…) EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A. (ENTEL S.A.), misma que es de mi uso personal, por mediante este mi equipo celular, en fecha 15 de julio de 2023 a horas 21:14, he recibido solicitud de amistad de Fabi Ortuño Molina por FACEBOOK, a la cual le acepte, posteriormente en fecha 30 de julio de 2023, me [e]nvio mensaje con el tenor ‘Hola Jhon buen día dile a Gabriel por fa’; ‘Que mañana lunes le llegara la notificación de la defensoría de cbba por asistencia alimenticia y que no se sorprenda lo hago por mi bebe!’. Seguidamente en fecha 09/08/2023 me envió Dos Videos, Dos imágenes y varios Mensajes: En el video se ve a mi amigo GABRIEL QUEZADA BALDERRAMA teniendo relaciones sexuales con una mujer, al video adjunta mensaje ‘Por fa dile al mini pito de Gabriel que yo actué por sus errores’. En la imagen del mismo día aparece GABRIEL QUEZADA BALDERRAMA teniendo relaciones íntimas con una mujer; y luego me manda mensaje ‘Creía que nunca me iba a enterar de sus infidelidades’, ‘Tarde’, ‘Pero me di cuenta’, a lo respondí ‘Aaaah yayaya’, ‘le dire:/’. Luego me manda mensajes ‘Pronto estará en todo ivirgarzama si no se hace cargo de mi hijo que como hizo con la otra’, ‘La negó conmigo sigue haciéndolo’, ‘Si seguía con su ex alexa para que putas me jodio’, ‘Debia seguir con ese tipo de mujeres que están a su nivel’, ‘Es el peor error garrafal en mi vida y que asco me da’. Luego me envió una imagen de relaciones íntimas donde no se distingue a los de la imagen, seguido a la imagen mensajes: ‘Eso es un pito de verdad’ (…) Seguidamente me envió un video en la cual se distingue a mi amigo GABRIEL QUEZADA BALDERRAMA, teniendo relaciones íntimas con una mujer” (sic [fs. 9 y vta.]). II.3. Se tiene Declaración Voluntaria Notarial 306/2023 de 22 de agosto, de Keysi Balderrama, por el que señaló: “…declaro que soy propietaria de un dispositivo móvil TECNO SPARK 8C, en la cual tengo registrado el número 62742409 de la empresa TIGO, misma que es de mi uso personal. A este mi celular en fecha 07 de agosto de 2023, he recibido diversos mensajes de texto a través de la aplicación WhatsApp, por parte de Fabiola Ortuño Molina del número 73773211, en la cual la misma me envía imágenes de GABRIEL QUEZADA BALDERRAMA, teniendo relaciones íntimas con una chica, mismas que subió a su estado, a lo cual yo le hice el reclamo correspondiente, obteniendo como respuesta de señora Fabiola que ella sería capaz de llenar todas sus fotos por todo Ivirgazama y ‘joderlo’ a Gabriel hasta que se mate, ya que preferiría decirle a su hijo que su padre murió, además de afirmar que ella quiso interrumpir el embarazo, pero que Gabriel no quizo” (sic [fs. 15]).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante, a través de su representante legal, denuncia la vulneración de sus derechos a la privacidad, a la intimidad, la honra, el honor, la propia imagen, la dignidad; y, a la inviolabilidad del secreto de las comunicaciones privadas; toda vez que, en el marco de una relación sentimental con Fabiola Ortuño Molina -ahora demandada-, ésta habría tomado fotografías y videos de contenido íntimo en los que se identifica el rostro de su persona; y, posteriormente, tras la ruptura de la relación, procedió a difundir dicho material ante terceros a través de WhatsApp y Messenger, acompañando tales envíos con comentarios denigrantes. Ante ello, la parte demandada señala que la acción carece de sustento jurídico y probatorio, pues el peticionante de tutela no habría delimitado con claridad si la pretensión se encuadra en una acción de protección de privacidad o en una acción de amparo constitucional; además, sostiene que no existe prueba idónea que permita establecer la autoría de los hechos, dado que las declaraciones voluntarias notariales no acreditarían que el estado de WhatsApp o las cuentas desde las que se habría difundido el material correspondan a su persona, ni la titularidad del número o perfil, siendo posible que terceros jaqueen cuentas y se hagan pasar por ella. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. La acción de amparo constitucional frente a hechos controvertidos y extremos fácticos que exigen un debate amplio y contradictorio

La acción de amparo constitucional, por su naturaleza tutelar y por la cognición concentrada que la caracteriza, no se encuentra instituida como una vía orientada a definir controversias fácticas complejas, ni a sustituir a la jurisdicción ordinaria o a la vía administrativa en la determinación de cuestiones que requieren producción probatoria amplia, contradictoria y suficiente. Así lo estableció la SC 1370/2002-R de 11 de noviembre, al señalar que: “…el ámbito del Amparo Constitucional como garantía de derechos fundamentales, no alcanza a definir derechos ni analizar hechos controvertidos, pues esto corresponderá -de acuerdo al caso- a la jurisdicción judicial ordinaria o administrativa, cuyos jueces, tribunales o autoridades de acuerdo a la materia, son las facultadas para conocer conforme a sus atribuciones específicas las cuestiones de hecho. En este sentido, la función específica de este Tribunal, en cuanto a derechos fundamentales, sólo se circunscribe a verificar ante la denuncia del agraviado, si se ha incurrido en el acto ilegal u omisión indebida y si ésta constituye amenaza, restricción o supresión a derechos fundamentales”. En ese entendido, la SC 0680/2006-R de 17 de julio, al examinar un supuesto en el que la tutela pretendida dependía de la previa definición de extremos controvertidos, estableció que: “…se evidencia la existencia de hechos controvertidos, que no corresponden ser definidos a través de la justicia constitucional…”; agregando que ello ocurría porque el aspecto debatido “…correspondía ser dilucidado donde corresponda con carácter previo a interponer el recurso, puesto que a través del amparo no es posible dilucidar hechos controvertidos ni reconocer derechos, sino únicamente protegerlos cuando se encuentran debidamente consolidados…”. En esa misma línea, la SC 0278/2006-R de 27 de marzo, sostuvo expresamente que: “…el recurso de amparo constitucional es un mecanismo instrumental para la protección del goce efectivo de los derechos fundamentales por parte de las personas, por tanto protege dichos derechos cuando se encuentran consolidados a favor del actor del amparo, no siendo la vía adecuada para dirimir supuestos derechos que se encuentren controvertidos o que no se encuentren consolidados, porque dependen para su consolidación de la dilucidación de cuestiones de hecho o de la resolución de una controversia sobre los hechos; porque de analizar dichas cuestiones importaría el reconocimiento de derechos por vía del recurso de amparo, lo que no corresponde a su ámbito de protección, sino sólo la protección de los mismos cuando están consolidados; por ello, la doctrina emergente de la jurisprudencia de este Tribunal Constitucional, también ha expresado que el recurso de amparo no puede ingresar a valorar y analizar hechos controvertidos…”.

III.2. Análisis del caso concreto

De las razones fácticas que sostienen la pretensión del accionante, se advierte que éste refiere haber mantenido una relación sentimental con la demandada desde enero de 2023; y que, en ese marco, habrían sostenido relaciones sexuales consentidas, ocasión en la cual la prenombrada habría tomado fotografías y grabaciones de video en las que se visualizaría el rostro del impetrante de tutela. Tras la ruptura del vínculo ocurrida el 8 de julio de dicho año, la demandada habría procedido a publicar una fotografía íntima suya en un estado de WhatsApp; y, posteriormente, desde el 8 de agosto del mismo año, habría remitido a terceros fotografías y videos de contenido íntimo a través de servicios de mensajería, acompañando tales envíos con expresiones denigrantes, con la finalidad de ocasionarle malestar y afectar su esfera personal. A efectos de sustentar dichas alegaciones, el peticionante de tutela adjuntó, entre otros elementos, declaraciones voluntarias notariales de terceros, en las que se consignan supuestas recepciones de mensajes, imágenes y de videos, atribuidos a la demandada; así: 1) La declaración de Jhoselin Sandoval Flores, quien manifestó haber recibido, el 6 de agosto de 2023, vía Messenger, imágenes de contenido íntimo en las que aparecería el accionante, provenientes de una cuenta que se identifica como “Fabi Ortuño Molina” (Conclusión II.1); 2) La declaración de Jhon José Almanza Muriel, quien indicó haber recibido el 30 de julio y 9 de agosto, ambas de 2023, mensajes, imágenes y videos en los que se distinguiría al impetrante de tutela, acompañados de expresiones denigrantes y advertencias (Conclusión II.2); y, 3) La declaración de Keysi Balderrama, quien señaló que el 7 de agosto del citado año recibió, vía WhatsApp, mensajes e imágenes íntimas desde el número de celular 73773211 atribuido a la demandada (Conclusión II.3). No obstante, la demandada, controvirtió el presupuesto fáctico central de la pretensión, al sostener que las declaraciones voluntarias notariales no acreditan que el estado de WhatsApp, las cuentas o el número telefónico desde los cuales presuntamente se habría difundido el material correspondan efectivamente a la prenombrada; añadiendo, incluso, que resultaría altamente probable el jaqueo de cuentas y la suplantación de identidad por terceros. Asimismo, señaló que el peticionante de tutela no habría precisado adecuadamente el medio por el cual se remitieron las fotografías a sus allegados, alegando que tal insuficiencia también comprometía su derecho a la defensa; y, finalmente, refirió que los videos y fotografías le fueron enviados por el propio accionante, acompañados de mensajes de contenido libidinoso, razón por la cual -según afirma- los eliminaba en cuanto los recibía. De ello se tiene que la demandada no admitió la difusión del material íntimo a terceros, sino que negó la autoría del acto lesivo que se le atribuye; y, con ello, el presupuesto fáctico esencial sobre el que descansa la pretensión tutelar. En ese contexto, corresponde precisar que la tutela impetrada por el accionante no puede concederse sin que previamente se tenga por suficientemente acreditado que fue la ahora demandada quien, efectivamente, publicó en un estado de WhatsApp una fotografía íntima suya y, posteriormente, remitió a terceras personas imágenes y videos de contenido íntimo mediante servicios de mensajería, acompañándolos de expresiones denigrantes. En efecto, la orden de abstención de difusión y de supresión de tales contenidos presupone, necesariamente, la atribución del acto denunciado a una persona determinada; de modo que una eventual concesión de tutela en estas condiciones no sólo supondría proteger derechos fundamentales frente a un acto lesivo, sino también dar por establecido que la demandada fue autora de la conducta denunciada. Sin embargo, los elementos aportados por el peticionante de tutela, consistentes en declaraciones voluntarias notariales de terceros que refieren haber recibido mensajes, imágenes o videos provenientes de una cuenta o número atribuido a la demandada, si bien dotan de verosimilitud a la hipótesis fáctica expuesta en la demanda, no resultan, por sí solos, suficientes para generar en esta vía, convicción bastante acerca de la autoría cierta del acto lesivo. Ello, porque dichos instrumentos dan cuenta, fundamentalmente, de lo que los declarantes afirman haber recibido en sus dispositivos o redes sociales; empero, no permiten, por sí mismos, establecer con el grado de certeza exigible la titularidad, control efectivo, autenticidad o correspondencia de las cuentas, perfiles o número telefónico desde los cuales se habría producido la difusión denunciada, menos aun cuando tales extremos han sido expresamente controvertidos por la parte demandada. Bajo ese entendimiento, la resolución del caso exige, con carácter previo, esclarecer extremos tales como la efectiva correspondencia entre el número 73773211 y la persona demandada; la autenticidad y origen de las cuentas de Messenger o Facebook desde las que se habrían remitido las imágenes; el control real de dichos medios digitales al momento de los hechos; así como las circunstancias de tiempo, modo y secuencia de la presunta difusión. Tales cuestiones constituyen el núcleo mismo de la controversia, pues de su determinación depende la posibilidad de atribuir el acto lesivo y, a partir de ello, disponer la tutela pretendida. Consiguientemente, su esclarecimiento rebasa la cognición sumaria del amparo constitucional y demanda una actividad probatoria más amplia, contradictoria y suficiente que la prevista en esta garantía constitucional, en los términos desarrollados en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional. En consecuencia, toda vez que el presupuesto fáctico esencial sobre el que descansa la pretensión tutelar se encuentra controvertido y no puede ser definido con la certeza requerida dentro del marco cognitivo propio del amparo constitucional, corresponde denegar la tutela solicitada; sin que ello impida que el accionante, si así lo estima pertinente, acuda a la vía ordinaria, articulando su pretensión conforme a la naturaleza de ésta y a los requisitos de procedencia propios de cada vía, mecanismos procesales previstos por el ordenamiento jurídico para el esclarecimiento de los hechos y, en su caso, la determinación de responsabilidades. En consecuencia, el Juez de garantías, al conceder la tutela impetrada, obró de manera incorrecta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución de 26 de septiembre de 2023, cursante de fs. 77 vta. a 79 vta., pronunciada por el Juez Público de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Ivirgarzama del departamento de Cochabamba; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, con la aclaración de que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Boris Wilson Arias López

MAGISTRADO

Dra. Amalia Laura Villca

MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0190_2026-S2.pdf · páginas 1 a 9.

Huella digital del PDF (SHA-256): 8f13a3318dca4ef05f4fd8d7f33382d97d2169bf085441d43bcbd0b73b7faf4f

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