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SCP 0190/2025-S2

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 3 de abril de 2025

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Segunda
Fecha
3 de abril de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
Boris Wilson Arias López
Expediente
50591-2022-102-AL
Departamento
Oruro
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El impetrante de tutela, a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de su derecho a la libertad; y, de los principios “…de celeridad en la justicia pronta y oportuna y su aplicación a partir de la supremacía de la constitución…” (sic), de gratuidad e inmediatez; puesto que, a la conclusión de la audiencia de medidas cautelares celebrada el 15 de septiembre de 2022, interpuso el recurso de apelación incidental el mismo día; sin embargo, dicha impugnación no fue remitida dentro del término previsto en el art. 251 del CPP. Al respecto, la autoridad judicial demandada admite la demora en la tramitación del recurso de apelación incidental, justificando que existe sobrecarga laboral en su despacho, planteando la aplicación de una prórroga excepcional de tres días, conforme a la jurisprudencia constitucional que permite dicha extensión en casos justificados; además, sostiene que, para el momento en que se llevó a cabo la audiencia de la acción de libertad, los antecedentes ya habían sido remitidos, subsanando así la demora denunciada. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 06/2022 de 21 de septiembre, cursante a fs. 15 y vta., pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Sexta de la Capital del departamento de Oruro; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada. 2° Advertir a Aida Claudia Chávez Vargas, entonces Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primera de Huanuni del departamento de Oruro, el deber de acreditar lo alegado en audiencia y de respetar los plazos de los actos procesales, especialmente aquellos de los que dependan la libertad de las personas.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. De la acción de libertad traslativa o de pronto despacho y su oportunidad
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0190/2025-S2 Sucre, 3 de abril de 2025 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de libertad Expediente: 50591-2022-102-AL Departamento: Oruro En revisión la Resolución 06/2022 de 21 de septiembre, cursante a fs. 15 y vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Luis Miguel Flores Gonzales en representación sin mandato de Denis Cristian Cardozo Pozo contra Aida Claudia Chávez Vargas, Juez Público de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primera de Huanuni del departamento de Oruro.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 20 de septiembre de 2022, cursante de fs. 2 a 3 vta., el accionante, a través de su representante sin mandato, manifiesta lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión del delito de hurto de mineral y allanamiento de domicilio o sus dependencias, el 14 de septiembre de 2022, el Fiscal de Materia encargado de la investigación, presentó imputación formal y procedimiento “inmediato”, ante lo cual, la Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primera de Huanuni del departamento de Oruro -demandada-, fijó audiencia de medidas cautelares para el 15 de igual mes y año, en cuyo acto procesal se dispuso su detención preventiva; por lo que, en el mismo verificativo su abogado, en el marco de lo previsto por el art. 251 del Código Procesal Penal (CPP), interpuso recurso de apelación incidental contra el Auto Interlocutorio y el Auto de complementación, ambos del 15 de septiembre de 2022; sin embargo, hasta “la fecha” la autoridad judicial no remitió su apelación al Tribunal de alzada, habiendo transcurrido superabundantemente el plazo previsto en la norma.

El 19 de septiembre de 2022, su esposa intentó presentar los recaudos correspondientes en el Juzgado, pero se le negó su recepción, indicándole que los entregue el viernes debido a que el acta aún no fue labrada. Al día siguiente, 20 del mismo mes y año, volvió a intentar entregar los recaudos, pero nuevamente fue rechazada bajo el argumento de que el acta aún no estaba finalizada.

I.1.2. Derecho y principios supuestamente vulnerados

El accionante, a través de su representante sin mandato, denuncia la lesión de su derecho a la libertad; y, de los principios “…de celeridad en la justicia pronta y oportuna y su aplicación a partir de la supremacía de la constitución…” (sic), de gratuidad e inmediatez; citando al efecto el art. 180 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela impetrada; y, en consecuencia, ordene a la autoridad demandada que en el plazo de veinticuatro horas remita el cuaderno de control jurisdiccional en original ante el Tribunal de alzada a objeto de tratar la apelación incidental interpuesta.

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías

Celebrada la audiencia pública virtual el 21 de septiembre de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 13 a 14; se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

El accionante, a través de su representante sin mandato, ratificó in extenso los argumentos expuestos en su memorial de acción de libertad presentado.

I.2.2. Informe de la autoridad demandada

Aida Claudia Chávez Vargas, Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primera de Huanuni del departamento de Oruro, por informe escrito, cursante de fs. 11 a 12, manifestó que: a) El 15 de septiembre de 2022 emitió el Auto Interlocutorio disponiendo la detención preventiva del peticionante de tutela, determinación que fue apelada por el nombrado al término de la audiencia de consideración de medidas cautelares; b) El accionante no tomó en cuenta que, al momento de interponer la presente acción de defensa, quien suscribe asumió funciones como Jueza de Instrucción Penal con carácter de emergencia, debido a la refuncionalización judicial, lo cual generó una carga procesal excesiva para un único despacho cautelar en el municipio de Huanuni, resultando imposible cumplir con el plazo establecido en el art. 251 del CPP, situación conocida por el impetrante de tutela y sus abogados; c) La SCP 0312/2013 de 18 de marzo trayendo a colación a su vez la SC 0542/2010-R de 12 de julio, refiere que si el legajo de apelación no es remitido en el plazo legal, debe otorgarse una espera prudencial en casos excepcionales, como recarga laboral o suplencias debidamente justificadas; sin embargo, dicho plazo excepcional no puede exceder los tres días; d) En el presente caso, debido a la refuncionalización judicial, se suprimió un juzgado cautelar en materia penal en la localidad de Huanuni, quedando un único juzgado, ahora bajo su responsabilidad. Esta circunstancia hizo imposible cumplir con el plazo legal, situación plenamente conocida por los abogados involucrados, incluido el accionante; y, e) Los antecedentes del recurso de apelación incidental fueron remitidos oportunamente al Tribunal de alzada, como consta en la nota adjunta al informe, por lo que solicita se deniegue la tutela.

I.2.3. Resolución

La Jueza de Sentencia Penal Sexta de la Capital del departamento de Oruro, constituida en Jueza de garantías, por Resolución 06/2022 de 21 de septiembre, cursante a fs. 15 y vta., denegó la tutela impetrada, con base en los siguientes fundamentos: 1) De antecedentes advirtió que, el accionante se encuentra con detención preventiva; el acta de audiencia y la Resolución de 15 del mismo mes y año, en la que la Jueza demandada dispuso la referida medida extrema, no fueron remitidas dentro del plazo previsto en el art. 251 del CPP; sin embargo, la nombrada autoridad judicial señaló que la carga procesal excesiva hizo imposible el cumplimiento de los plazos, debido a la presencia de un solo juzgado cautelar en el municipio de Huanuni, el cual fue refuncionalizado; y, 2) Los actuados procesales, cuya remisión cuestiona el impetrante de tutela, fueron enviados en la fecha -entendiéndose el día de celebración de la acción de libertad- a los superiores en grado, cumpliendo el objetivo de la presente acción tutelar.

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Mediante Acuerdo Jurisdiccional TCP-AJ-SP-005/2021 de 22 de julio, se dispuso la priorización en el sorteo de casos de niñas, niños y adolescentes a efectos de hacer efectiva su detención prioritaria y eficaz protección (fs. 20 a 26); en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, sin aguardar el orden cronológico respectivo, procedió al sorteo de la presente causa.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Cursa copia de la carátula del Testimonio de apelación de 20 de septiembre de 2022 (fs. 9). II.2. Se tiene copia de la nota de remisión del proceso penal de 20 de septiembre de 2022, firmada por la Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Huanuni del departamento de Oruro -con cargo de recepción en plataforma del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro el 21 del citado mes y año a horas 11:39- (fs. 10).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El impetrante de tutela, a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de su derecho a la libertad; y, de los principios “…de celeridad en la justicia pronta y oportuna y su aplicación a partir de la supremacía de la constitución…” (sic), de gratuidad e inmediatez; puesto que, a la conclusión de la audiencia de medidas cautelares celebrada el 15 de septiembre de 2022, interpuso el recurso de apelación incidental el mismo día; sin embargo, dicha impugnación no fue remitida dentro del término previsto en el art. 251 del CPP. Al respecto, la autoridad judicial demandada admite la demora en la tramitación del recurso de apelación incidental, justificando que existe sobrecarga laboral en su despacho, planteando la aplicación de una prórroga excepcional de tres días, conforme a la jurisprudencia constitucional que permite dicha extensión en casos justificados; además, sostiene que, para el momento en que se llevó a cabo la audiencia de la acción de libertad, los antecedentes ya habían sido remitidos, subsanando así la demora denunciada. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. De la acción de libertad traslativa o de pronto despacho y su oportunidad

La SCP 0003/2016-S2 de 18 de enero señaló que: ”...la acción de libertad (antes hábeas corpus) traslativa o de pronto despacho, se constituye en el medio idóneo y efectivo en caso de existir vulneración al principio de celeridad como elemento del debido proceso; que en materia penal, involucra la posibilidad de una futura restricción a la libertad en actuaciones o trámites sean judiciales o administrativos con dilaciones indebidas que retarden o eviten resolver la situación jurídica de una persona que se encuentra privada de libertad”. De lo anterior se colige que la acción de libertad en su modalidad traslativa o de pronto despacho tiene por finalidad acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existan dilaciones ilegales e indebidas que impidan resolver la situación jurídica de una persona privada de libertad.

III.2. Análisis del caso concreto

La problemática invocada por el accionante se centra en que, después de la audiencia de medidas cautelares celebrada el 15 de septiembre de 2022, interpuso el mismo día el recurso de apelación incidental, el cual no fue remitido dentro del plazo de veinticuatro horas siguientes, aspecto confirmado por la autoridad judicial demandada, quien reconoce una demora en la tramitación de dicha impugnación, justificando tal omisión por la sobrecarga laboral; además, a tiempo de realizarse la audiencia de acción de libertad, ya se había enviado el legajo de apelación. Ahora bien, en el caso concreto, la audiencia de medidas cautelares se llevó a cabo el 15 de septiembre de 2022, marcando así el inicio del cómputo del plazo previsto en el art. 251 del CPP, siendo recibido el recurso de apelación incidental, el 21 de septiembre del referido año a horas 11:39, en la ventanilla de la Plataforma de Atención al Público e Informaciones del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, luego de efectuada la notificación a la autoridad demandada con la presente acción de libertad a horas 8:52 de 21 de igual mes y año, evidenciándose que, como consecuencia de la notificación, recién se diligenció la remisión de la apelación incidental. La autoridad judicial pretende justificar la demora, argumentando que la refuncionalización judicial habría generado una sobrecarga laboral; sin embargo, no se acreditó lo referido, pero, además, desde la activación de esta acción tutelar el 15 hasta el 21 de septiembre de 2022, recepción del recurso de apelación incidental en alzada, transcurrieron más días de los permitidos como plazo razonable conforme a la jurisprudencia; por lo que, incluso aplicando la SC 0542/2010-R, la Jueza demandada estaba fuera de plazo, lo que obliga a esta Sala a conceder la tutela impetrada. En consecuencia, la Jueza de garantías, al denegar la tutela impetrada, obró de forma incorrecta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 06/2022 de 21 de septiembre, cursante a fs. 15 y vta., pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Sexta de la Capital del departamento de Oruro; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada. 2° Advertir a Aida Claudia Chávez Vargas, entonces Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primera de Huanuni del departamento de Oruro, el deber de acreditar lo alegado en audiencia y de respetar los plazos de los actos procesales, especialmente aquellos de los que dependan la libertad de las personas.

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Boris Wilson Arias López

MAGISTRADO

Fdo. MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas

MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0190_2025-S2.pdf · páginas 1 a 6.

Huella digital del PDF (SHA-256): 0497eef1c7d9386030e7ceb054910c9220f5fb06bf12b7c5950257870fd4bda5

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