Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 27 de mayo de 2024
Deniega la tutela
La accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso, a la libertad, a la vida, a la salud y a la seguridad social, porque dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de feminicidio en grado de complicidad, dispuesta su detención preventiva, el Juez de la causa mediante Auto Interlocutorio de 11 de mayo de 2022, determinó la cesación de la referida medida impuesta. En ese antecedente, el Ministerio Público y la víctima recurrieron de apelación incidental contra esa decisión que radicó ante la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, resuelto por el Vocal demandado por Auto de Vista de 19 de mayo de 2022, de manera incongruente y arbitraria, decidiendo declarar la admisibilidad de los citados recursos y revocar el indicado Auto Interlocutorio, sin contener una debida fundamentación, omitiendo considerar que se encuentra incluida en un grupo en situación de vulnerabilidad al ser adulta mayor -lo que requería una valoración integral a su favor-, menos tomó en cuenta que no fue imputada por el delito de feminicidio en grado de autoría, sino de complicidad; por consiguiente, no correspondía la aplicación de la medida extrema, por su improcedencia a la luz del art. […]
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 05/2022 de 21 de junio, cursante de fs. 113 a 125, pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Primera de la Capital del departamento de Potosí; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en este fallo constitucional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0190/2024-S2 Sucre, 27 de mayo de 2024 SALA SEGUNDA Magistrada Relatora: MSc. DAEN Brigida Celia Vargas Barañado Acción de libertad Expediente: 48455-2022-97-AL Departamento: Potosí En revisión la Resolución 05/2022 de 21 de junio, cursante de fs. 113 a 125, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Willma Montenegro Ferrufino contra Jaime Vladimir Jiménez Vidaurre, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí.
Por memorial presentado el 20 de junio de 2022, cursante de fs. 84 a 92, la accionante expresó que:
Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra por la presunta comisión del delito de feminicidio en grado de complicidad, llevada a cabo la audiencia de medidas cautelares, el Juez de Instrucción Penal Sexto de la Capital del departamento de Potosí, por Auto Interlocutorio de 10 de marzo de 2022, advirtiendo la concurrencia de los riesgos procesales previstos en los arts. 233.1 y 2 del Código de Procedimiento Penal (CPP) dispuso su detención preventiva en el Centro Penitenciario Cantumarca del citado departamento, por el lapso de un mes, plazo que fue ampliado a dos meses en alzada, instancia en la que se desvirtuó el riesgo procesal establecido en el art. 234.4 del referido Código. El 11 de mayo de 2022, el citado Juez en el ejercicio del control jurisdiccional, instaló el correspondiente verificativo relativo al plazo de la referida medida impuesta y atender la solicitud de ampliación de la misma impetrada por el Fiscal de Materia asignado al caso; dicha pretensión que fue rechazada por la indicada autoridad judicial resolviendo la cesación de la detención preventiva, para aplicar las medidas cautelares personales consistentes en: su presentación diaria ante el representante fiscal; la prohibición de acudir al domicilio de la víctima y al de sus familiares; una fianza económica de Bs100 000.- (cien mil bolivianos); su arraigo; y, detención domiciliaria con dos custodios, en un sitio distinto al que habitaba por la existencia de actos pendientes de investigación, sin permiso para trabajar. Dicha decisión fue apelada en cuanto a la fianza fijada y a la detención domiciliaria en otro inmueble con dos custodios, al ser de imposible cumplimiento por su situación de maestra y por prohibirle su derecho al trabajo; de igual forma, la autoridad fiscal y la víctima de la causa impugnaron ese fallo. El Vocal demandado por Auto de Vista de 19 de mayo de 2022, declaró procedente la apelación incidental del Fiscal de Materia e improcedente la de su persona revocando el Auto Interlocutorio de 11 de igual mes y año, disponiendo la prolongación de su detención preventiva por dos meses; esa decisión minimizó su estado de salud y su condición de adulta mayor; además, sostuvo la mencionada autoridad -sin la debida fundamentación- que el caso sería complejo porque el presunto autor principal no fue extraditado, cuando desde un principio Oswil Josué Fhillco Montenegro fue identificado como autor material y, Martha Navarro Cayo y su persona como participes, no existiendo ampliación de investigación contra otros; además, el representante fiscal realizó actos investigativos en el inmueble de su propiedad, allanamientos, inspección, toma de muestras biológicas, prueba de luminol, entre otros, estando la habitación donde sucedió el hecho precintado, por lo que, ya no existen diligencias pendientes que realizar; asimismo, pasaron más de dos semanas de la extradición del presunto autor principal y no se hizo ningún actuado fiscal después de ello. En ese orden, fue injusto el mencionado Auto de Vista pues atentó el debido proceso vinculado a su libertad, vida y seguridad social, con base en las siguientes razones: a) Se la investiga en grado de complicidad y no de autoría del ilícito de feminicidio, por ello, concurre la improcedencia de su detención preventiva conforme prevé el art. 232.I.4 del CPP, al contar con setenta y tres años de edad; no obstante, que el art. 232.III del citado Código establece excepciones para la aplicación de las causales de improcedencia; empero, no fue imputada por presunta autoría del citado delito; b) El Vocal demandado interpretó el art. 233.3 del indicado Código señalando que la audiencia de plazo de la detención preventiva y la de ampliación de esa medida impuesta solo tendría esa finalidad y no analizar su situación de salud; con base en esa fundamentación revocó el referido Auto Interlocutorio; dicha normativa efectivamente prevé que se puede ampliar el plazo de la detención preventiva cuando esté debidamente fundamentada, motivada y acreditada la complejidad del caso, con elementos objetivos, lo cual no fue así por parte del Fiscal de Materia ni la parte querellante; c) Varios permisos que solicitó para asistir al Policlínico 10 de Noviembre Regional Potosí de la Caja Nacional de Salud (CNS) y concedidos por el Juez de la causa no fueron cumplidos por el personal del Centro Penitenciario Cantumarca de Potosí, considerando que su vida estaba en riesgo; y, d) La autoridad demandada realizó una valoración subjetiva de la prueba documental presentada.
Finalmente, en la audiencia de apelación expuso criterios de aplicación de la detención preventiva de personas adultas mayores conforme a la SCP 0010/2018-S2 de 28 de febrero, que debió efectuarse una ponderación reforzada por pertenecer a un grupo vulnerable, y por ende correspondía se le imponga medidas cautelares personales distintas a la detención preventiva y de posible cumplimiento porque se encuentra enferma; empero, el Vocal demandado valoró de manera restrictiva, desfavorable y perjudicial las certificaciones medicas sobre su estado de salud.
Denunció la lesión de sus derechos a la libertad, a la vida, a la salud y a la seguridad social, citando al efecto los arts. 15 y 67 de la CPE.
Solicitó se conceda la tutela, disponiendo la nulidad del Auto de Vista de 19 de mayo de 2022 y que la autoridad demandada pronuncie otra resolución, determinando la “ratificación” de la cesación de la detención preventiva y en su lugar se apliquen medidas cautelares personales de posible cumplimiento.
Celebrada la audiencia pública el 21 de junio de 2022, según consta en acta cursante de fs. 104 a 113, se produjeron los siguientes actuados:
La accionante a través de sus abogados, reiteró el contenido de la acción tutelar presentada, añadiendo que: 1) El Vocal demandado debió hacer una ponderación de bienes jurídicos para que prevalezca la Constitución Política del Estado y los derechos fundamentales como son la vida y la salud, sobre todo en circunstancias como la de su persona que tiene una salud quebrantada; 2) Los adultos mayores tienen su propia normativa que es la Ley General de las Personas Adultas Mayores -Ley 369 de 1 de mayo de 2013- y en su art. 3 se determinan los principios de no discriminación y protección, se cuentan con varias sentencias constitucionales, las cuales indican que se debe realizar una valoración integral a favor de las personas adultas mayores, pero no de manera perjudicial; la aplicación de la detención preventiva para adultos mayores es diferente a la de otras personas; 3) La audiencia de garantías tiene que reparar esos aspectos que han sido vulnerados mediante el Auto de Vista ahora cuestionado; las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0010/2018-S2 y 0090/2018-S2 de 29 de marzo, hacen referencia clara a aspectos de medidas cautelares con respecto a personas de la tercera edad; y, 4) El art. 221 del CPP tiene tres aspectos principales: establecer la verdad del hecho, la tramitación del proceso y la aplicación de la ley; su persona al tener una medida distinta a una detención preventiva no va a entorpecer esos aspectos; en todas las audiencias se consideró el tema de la proporcionalidad y razonabilidad en la aplicación de una medida cautelar y efectivamente el art. 231 bis del citado Código también garantiza la aplicación de lo que establece el art 221 del Código Adjetivo Penal, es decir, tiene la misma finalidad, en ningún momento la impetrante de tutela va a eludir aspectos de investigación.
Jaime Vladimir Jiménez Vidaurre, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, mediante informe escrito presentado el 21 de junio de 2022, cursante de fs. 102 a 103 vta., señaló que: i) La razón de la decisión del Auto de Vista de 19 de mayo de igual año, está fundamentada en la incongruencia del Auto Interlocutorio del Juez de la causa; toda vez que, no obstante dicha autoridad valoró pertinentemente la solicitud del Fiscal de Materia respecto a la ampliación del plazo de duración de la detención preventiva, dispuso la cesación de la misma a favor de la peticionante de tutela, argumentando su estado de salud, que amerita solo tratamiento ambulatorio y una dieta sin sal ni grasas y de ninguna manera se demostró la gravedad de la enfermedad o que su vida esté en grave riesgo; ii) Los presupuestos procesales que fundaron la medida extrema de la accionante descritos en el art. 233 del CPP subsisten plenamente, vale decir, que la probabilidad de participación y los riesgos de fuga y de obstaculización, se mantienen firmes; iii) De acuerdo a lo establecido por el art. 398 del citado Código hizo la revisión del referido Auto Interlocutorio, respecto a la incongruencia interna y externa, además, de la falta de motivación y fundamentación de dicho fallo, concluyendo que los razonamientos del mencionado Juez para disponer la cesación de la detención preventiva a favor de la accionante no cumplían los imperativos del art. 124 del CPP como marco normativo inherente al efecto, porque los requisitos de validez de esa medida subsistían plenamente, es decir, que su situación no mejoró; en consecuencia, la finalidad instrumental de esa medida cautelar prevista en el art. 221 del indicado Código está justificada; iv) La impetrante de tutela tiene todo el derecho de solicitar la cesación de la detención preventiva, fundada en su estado de salud, invocando el art. 239.5 del Código Adjetivo Penal, si es que sus certificaciones médicas demuestran una enfermedad grave o en estado terminal; v) El derecho a la libertad de locomoción de la peticionante de tutela está sometida al proceso penal por la presunta participación en la comisión del delito de feminicidio en grado de complicidad, su situación procesal fue resuelta por autoridad competente con base en la imputación formal, por lo que, el indicado derecho está restringido provisionalmente, dentro de los límites señalados por ley, para asegurar el descubrimiento de la verdad histórica en la actuación de las instancias jurisdiccionales, tal cual amerita el art. 23.I de la CPE; y, vi) La impetrante de tutela no identificó ni demostró los presupuestos procesales para activar la acción de libertad o la vulneración de derechos.
José Efraín Rocha Aliaga, Fiscal de Materia, en audiencia de garantías señaló que. a) La accionante tendrá que explicar cuál ha sido la incorrecta aplicación del ordenamiento jurídico que haya vulnerado derechos y garantías, la Jueza de garantías está limitada a realizar una interpretación de dicha labor efectuada por el Vocal demandado, pues la justicia constitucional no puede realizar una interpretación de la vía ordinaria; de todos los argumentos de la peticionante de tutela, no se evidenció la transgresión de derechos y garantías; es necesario considerar que para efectuarse una interpretación normativa, se debe tomar en cuenta si se podría ingresar a hacer de tribunal de casación; b) El hecho de violencia que se investiga es un feminicidio, ello implica realizar un análisis integral del problema jurídico; es decir, sin limitarse a la denuncia de la peticionante de tutela, debe analizarse el hecho de que la víctima era mujer; c) Si bien la accionante no es imputada por autoría en el delito de feminicidio; empero, tiene un grado de participación criminal en la causa penal y la norma no especifica ciertas diferencias, no discrimina si una persona es investigada por complicidad o por grados de participación en un hecho; en todo caso, la sanción se dará después de un juicio oral, público y contradictorio “…sin que establezcan ciertas diferencias…” (sic) más aun tomando en cuenta que debe velarse por los principios y garantía procesales a favor de las víctimas; y, d) En este tipo de casos, se debe juzgar con perspectiva de género.
La Jueza de Sentencia Penal Primera de la Capital del departamento de Potosí, constituida en Jueza de garantías, mediante Resolución 05/2022 de 21 de junio, cursante de fs. 113 a 125, denegó la tutela impetrada, con base en los siguientes fundamentos: 1) El Juez de la causa valoró la documentación que presentó la imputada -ahora accionante-, relativas a sus enfermedades cardiológicas, neurológicas y oftalmológicas, como si ese fuere el objeto de la audiencia de cesación de la detención preventiva, dando lugar a esa pretensión aplicando medidas cautelares personales previstas en el art. 231 bis del CPP; sin embargo, ninguna de las pruebas adjuntas -certificados médicos- establecía la gravedad de su enfermedad; 2) Con respecto al art. 239.5 del referido Código, la impetrante de tutela no cuenta con documental que acredite una enfermedad grave o terminal; puesto que, sus propios médicos recomiendan seguir tratamientos, controles, para cada especialidad, con dieta sin sal ni grasa, en ningún certificado médico se acredita el estado de gravedad; 3) De acuerdo a los oficios remitidos al Director del Policlínico 10 de Noviembre Regional Potosí de la CNS, se demostró que la accionante está siendo atendida por los médicos en las diferentes ramas de cardiología, neurología y oftalmología; 4) De la revisión de antecedentes la autoridad demandada, al emitir el Auto de Vista hoy cuestionado identificó los agravios planteados por los apelantes, consistentes en la complejidad del caso ante la existencia de pericias pendientes de realizar en el inmueble de la solicitante de tutela en grado de complicidad por la presunta comisión del delito de feminicidio; también tomó en cuenta aquellos argumentos de la nombrada, relativas a la fianza económica y detención domiciliaria; así, emitió una decisión motivada y fundamentada, explicando las circunstancias que la llevaron a asumir esa determinación y revocar el Auto Interlocutorio de 11 de mayo de 2022; 5) El Juez a quo incurrió en una incongruencia porque no tenía relación la parte considerativa con la resolutiva de dicho fallo; 6) El Vocal demandado efectuó la valoración integral de las pruebas, efectuando un enfoque interseccional por tratarse de una persona adulta mayor; sin embargo, la fundamentación del Juez de la causa fue incongruente, si bien de manera específica no se reclamó la falta de fundamentación y motivación, se considera que el referido Vocal fundamentó y motivó el Auto de Vista, explicando de manera razonada dentro de los parámetros legales de la sana crítica; y, 7) No se evidenció la lesión de derechos constitucionales alegada por la peticionante de tutela, quien no se halla indebidamente procesada, privada de libertad, ni detenida, pues existe un proceso penal en su contra; tampoco se halla en peligro su vida.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:
II.1. Por requerimiento fiscal presentado el 10 de marzo de 2022, ante el Juez de Instrucción Penal Sexto de la Capital del departamento de Potosí, el Fiscal de Materia a cargo de la investigación imputó formalmente a Willma Montenegro Ferrufino -accionante-, por la presunta comisión del delito de feminicidio en grado de complicidad, solicitando la imposición de la medida cautelar personal de detención preventiva en contra de la nombrada, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público -resultando como víctima Pamela Rocha Sanabria- contra la peticionante de tutela y Oswil Josué Fhillco Montenegro en grado de autor (fs. 2 a 8 vta.). II.2. Mediante Auto Interlocutorio de 10 de marzo de 2022, el citado Juez dispuso la detención preventiva de la impetrante de tutela en el Centro Penitenciario Cantumarca de Potosí por el lapso de un mes a efectos de que se realicen los actos de investigación, por haber advertido la concurrencia de los riesgos procesales previstos en los arts. 233.1 y 2, 234.4 y 235.2 y 5 del CPP, plazo que en alzada, a través de Auto de Vista 23/2022 de 17 de igual mes, fue ampliado a dos meses, habiéndose desvirtuado el art. 234.4 del mencionado Código (fs. 9 a 20 vta. y 21 a 29). II.3. Cursa acta de audiencia de 11 de mayo de 2022 -de control jurisdiccional de plazo de la detención preventiva y solicitud de ampliación de esa medida extrema-, en la que el Juez demandado emitió el Auto Interlocutorio de igual fecha disponiendo a favor de la peticionante de tutela la cesación de la referida medida impuesta y en su lugar aplicó medidas cautelares personales previstas en el arts. 231 bis del CPP consistentes en: i) La obligación de presentarse ante el representante fiscal todos los días de la semana; ii) La prohibición de concurrir al domicilio que tenía la víctima y los familiares de la nombrada; iii) Una fianza económica en la suma de Bs100 000.- otorgando el plazo de cinco días hábiles; iv) Su arraigo debiendo presentar el certificado correspondiente; y, v) Su detención domiciliaria que deberá ser cumplida en un domicilio distinto al suyo, con dos custodios policiales permanentes (fs. 38 a 44 vta.). II.4. Por Auto de Vista de 19 de mayo de 2022, el Vocal demandado resolvió los recursos de apelación incidental formulados contra el mencionado Auto Interlocutorio por el Fiscal de Materia, la víctima y la accionante, declarando en el fondo improcedentes los agravios planteados por la nombrada y procedente la interpuesta por dicha autoridad fiscal y la víctima; y por ende, revocó el Auto Interlocutorio de 11 del referido mes y año, disponiendo la ampliación del plazo de la detención preventiva de la peticionante de tutela a dos meses adicionales (fs. 50 a 55 vta.).
La accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso, a la libertad, a la vida, a la salud y a la seguridad social, porque dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de feminicidio en grado de complicidad, dispuesta su detención preventiva, el Juez de la causa mediante Auto Interlocutorio de 11 de mayo de 2022, determinó la cesación de la referida medida impuesta. En ese antecedente, el Ministerio Público y la víctima recurrieron de apelación incidental contra esa decisión que radicó ante la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, resuelto por el Vocal demandado por Auto de Vista de 19 de mayo de 2022, de manera incongruente y arbitraria, decidiendo declarar la admisibilidad de los citados recursos y revocar el indicado Auto Interlocutorio, sin contener una debida fundamentación, omitiendo considerar que se encuentra incluida en un grupo en situación de vulnerabilidad al ser adulta mayor -lo que requería una valoración integral a su favor-, menos tomó en cuenta que no fue imputada por el delito de feminicidio en grado de autoría, sino de complicidad; por consiguiente, no correspondía la aplicación de la medida extrema, por su improcedencia a la luz del art. 232.I.4 del CPP, sumado al hecho de haber efectuado una valoración subjetiva de la prueba -consistente en certificados médicos en las especialidades de cardiología, neurología y oftalmología-, omitiendo finalmente considerar que desde el inicio del proceso, se sometió voluntariamente a todos los actos de investigación, por lo que, no existía razón justificada para que siga en calidad de detenida preventiva. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.
En relación a ese tema, cabe citar el art. 115.II de la CPE que establece: “El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones” (las negrillas fueron añadidas).
Con respecto a los elementos del enunciado derecho, se describe el contenido del elemento congruencia, citando la SCP 1548/2014 de 1 de agosto -aplicada por la SCP 0084/2021-S2 de 6 de mayo-, la cual determinó: “La abundante jurisprudencia constitucional, ha señalado que una de las derivaciones del debido proceso es el principio de congruencia entendido en el ámbito procesal como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, que no es limitativa de la coherencia que debe tener toda resolución, ya sea judicial o administrativa, sino que implica la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, que además debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y juicios de valor emitidos por la resolución. La concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan la razón que llevó a la determinación que se asume. De acuerdo a esas consideraciones, es que quien administra justicia, emitirá fallos motivados, congruentes y pertinentes. El principio de congruencia, responde a la pretensión jurídica o la expresión de agravios formulada por las partes; la falta de relación entre lo solicitado y lo resuelto, contradice el principio procesal de congruencia; la resolución de primera y/o segunda instancia, debe responder a la petición de las partes y de la expresión de agravios, constituyendo la pretensión jurídica de primera y/o segunda instancia (SSCC 0486/2010-R, 1619/2010-R y SCP 0387/2012, entre otras)”. Asimismo, en cuanto a los componentes fundamentación y motivación, la SCP 0071/2016-S3 de 8 de enero -considerada a su vez por la SCP 0084/2021-S2 de 6 de mayo-, explicó que: “En relación a los elementos esenciales que componen el derecho al debido proceso, se encuentran la motivación, fundamentación, congruencia y pertinencia entre otros, que deben ser observados por las y los juzgadores al momento de dictaminar sus resoluciones. En este sentido el razonamiento consolidado a través de la jurisprudencia reiterada tanto por el extinto Tribunal Constitucional como de este Tribunal, señaló que: ‘…la garantía del debido proceso, comprende entre uno de sus elementos la exigencia de la motivación de las resoluciones, lo que significa, que toda autoridad que conozca de un reclamo, solicitud o que dicte una resolución resolviendo una situación jurídica, debe ineludiblemente exponer los motivos que sustentan su decisión, para lo cual, también es necesario que exponga los hechos establecidos, si la problemática lo exige, de manera que el justiciable al momento de conocer la decisión del juzgador lea y comprenda la misma, pues la estructura de una resolución tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que también la decisión está regida por los principios y valores supremos rectores que rigen al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno convencimiento de que no había otra forma de resolver los hechos juzgados sino de la forma en que se decidió. Al contrario, cuando aquella motivación no existe y se emite únicamente la conclusión a la que ha arribado el juzgador, son razonables las dudas del justiciable en sentido de que los hechos no fueron juzgados conforme a los principios y valores supremos, vale decir, no se le convence que ha actuado con apego a la justicia (…). Finalmente, cabe señalar que la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y de fondo. En cuanto a esta segunda, la motivación puede ser concisa, pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiendo expresar el Juez sus convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se tendrán por fielmente cumplidas. En sentido contrario, cuando la resolución aun siendo extensa no traduce las razones o motivos por los cuales se toma una decisión, dichas normas se tendrán por vulneradas’ (SC 1365/2005-R de 31 de octubre, citada y reiterada por las SSCC 0871/2010-R, 2017/2010-R, 1810/2011-R y Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0405/2012, 0666/2012, 2039/2012, 0527/2015-S3, entre otras)” (las negrillas fueron añadidas). Por otra parte, la SCP 0405/2012 de 22 de junio señaló: “Consecuentemente, al constituirse la exigencia de la motivación de las resoluciones en un elemento constitutivo del debido proceso, la SC 0752/2002-R de 25 de junio, precisó: ‘…el derecho al debido proceso, entre su ámbito de presupuestos exige que toda resolución sea debidamente fundamentada. Es decir, que cada autoridad que dicte una resolución debe imprescindiblemente exponer los hechos, realizar la fundamentación legal y citar las normas que sustenta la parte dispositiva de la misma. (…) consecuentemente cuando un juez omite la motivación de una resolución, no sólo suprime una parte estructural de la misma, sino también en los hechos toma una decisión de hecho no de derecho que vulnera de manera flagrante el citado derecho que permite a las partes conocer cuáles son las razones para que se declare en tal o cual sentido; o lo que es lo mismo cuál es la ratio decidendi que llevó al Juez a tomar la decisión”’ (énfasis del texto original).
La accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso, a la libertad, a la vida, a la salud y a la seguridad social, porque dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de feminicidio en grado de complicidad, dispuesta su detención preventiva, el Juez de la causa por Auto Interlocutorio de 11 de mayo de 2022, determinó la cesación de la referida medida impuesta; a lo que el Ministerio Público y la víctima apelaron esa decisión que radicó ante la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, resuelto por el Vocal demandado mediante Auto de Vista de 19 de igual mes y año, de manera incongruente y arbitraria, decidiendo declarar la admisibilidad de los citados recursos y revocar el indicado Auto Interlocutorio, sin contener una debida fundamentación, omitiendo considerar que se encuentra incluida en un grupo en situación de vulnerabilidad al ser adulta mayor -lo que requería una valoración integral a su favor-, menos tomó en cuenta que no fue imputada por el delito de feminicidio en grado de autoría, sino de complicidad; por ello, no correspondía la aplicación de la medida extrema, por su improcedencia a la luz del art. 232.I.4 del CPP, sumado al hecho de haber efectuado una valoración subjetiva de la prueba -consistente en certificados médicos en las especialidades de cardiología, neurología y oftalmología-, omitiendo finalmente considerar que desde el inicio del proceso, se sometió voluntariamente a todos los actos de investigación, por lo que, no existía razón justificada para que siga en calidad de detenida preventiva. Ahora bien, una vez descrita la problemática planteada por la peticionante de tutela, de la revisión de los antecedentes se tiene que, el Ministerio Público presentó ante el Juez de Instrucción Penal Sexto de la Capital del departamento de Potosí, imputación formal contra la impetrante de tutela por la presunta comisión del delito de feminicidio en grado de complicidad (Conclusión II.1); en ese orden, mediante Auto Interlocutorio de 10 de marzo de 2022, se dispuso la detención preventiva de la nombrada por un mes y luego a través de Auto de Vista 23/2022 de 17 del indicado mes, se prolongó dicha medida impuesta por dos meses más (Conclusión II.2); posteriormente, a solicitud realizada por el representante fiscal sobre la ampliación del plazo de la medida extrema, por Auto Interlocutorio de 11 de mayo de 2022, el referido Juez determinó la cesación de la detención preventiva de la accionante aplicando -entre otras medidas cautelares personales- su detención domiciliaria y una fianza de Bs100 000.- (Conclusión II.3); sin embargo, en alzada fue revocado ese fallo a través del Auto de Vista de 19 de mayo de 2022, emitido por el Vocal demandado que, declarando improcedente la apelación de la accionante y procedente la del Fiscal de Materia y la víctima, dispuso su detención preventiva por dos meses más (Conclusión II.4). Dicho Auto de Vista ahora cuestionado, contiene los siguientes fundamentos: De los agravios expuestos por la imputada -hoy accionante-:
a) En la audiencia de 11 de mayo de 2022 -de control jurisdiccional de plazo de la detención preventiva-, el Juez a quo habría otorgado la cesación de la referida medida impuesta, disponiendo medidas cautelares personales que a su criterio son de imposible cumplimiento, denunciando como agravio una valoración defectuosa de la prueba que acreditaba su estado delicado de salud, consistentes en certificados médicos de las especialidades de cardiología, neurocirugía y oftalmología; cesación otorgada ponderando la vida, salud y libertad de su persona; b) La fianza de Bs100 000.- es de imposible cumplimiento; puesto que, es maestra y en ese momento su cargo lo está ejerciendo a través de un suplente; por lo que, no percibe ningún monto; la otra medida de imposible cumplimiento es el cambiar de domicilio, pues en ese caso tendrá que alquilar o acudir a terceras personas; todo ello hace que no pueda acceder a la mencionada cesación; y, c) No está siendo investigada por el delito de feminicidio en grado de autoría, sino por complicidad. Solicitó que se cambie la fianza económica por una fianza personal de dos personas fiables y abonables en derecho y que la detención domiciliaria sea en su propio domicilio y sin custodios policiales, sino con una vigilancia esporádica y se le autorice trabajar.
De la respuesta otorgada por el Ministerio Público, la víctima y el Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima (SEPDAVI) a los agravios expresados por la solicitante de tutela 1) En la audiencia llevada a cabo por el Juez de la causa no debió considerarse la cesación de la detención preventiva; 2) No hubo vulneración del debido proceso en su elemento valoración probatoria; 3) Sobre el grado de participación de la accionante, la misma está siendo investigada por el delito de feminicidio, esa participación no resulta relevante sino que se debe aplicar lo que la ley previene de forma cabal, más que todo en dicho verificativo debió realizarse el control jurisdiccional del plazo de duración de la detención preventiva y no la cesación; 4) Las certificaciones recomendaban únicamente dieta y medicación; 5) Es contradictorio que la impetrante de tutela pida autorización para trabajar cuando se halla delicada de salud; 6) No se demostró que la vida de la accionante se halle en peligro; y, 7) “…La víctima colateral en este caso es el hijo menor huérfano a raíz del fallecimiento de su Señora madre” (sic). De los agravios propuestos por el Ministerio Público El Fiscal de Materia en la audiencia de 11 de mayo de 2022, habría solicitado la ampliación de plazo de duración de la detención preventiva conforme al art. 233.“IV” del CPP, porque: i) El caso es complejo al tratarse de un feminicidio y existen multiplicidad de imputados y el autor principal no fue extraditado aun; ii) El Juez de la causa reconoció dicha complejidad y que se demostró que la impetrante de tutela obstaculizó la investigación desde el 7 de marzo de 2022, fecha en que ocurrió el delito, y recién dio aviso a las autoridades el 8 del mismo mes y año, más de treinta y seis horas de ocurrido el hecho; iii) El indicado Juez describió los elementos probatorios del Ministerio Público y concluyó que ameritaba ampliar el plazo de la detención preventiva, pero la peticionante de tutela ofreció prueba que fue valorada por la citada autoridad distorsionando el objeto de dicha audiencia; es decir, la solicitud de ampliación del plazo de la referida medida extrema; y, iv) El indicado Juez omitió manifestarse sobre lo requerido por el Ministerio Público; es decir, no se pronunció sobre la solicitud de ampliar o no de la detención preventiva.
De los agravios expuestos por la víctima y el SEPDAVI: a) Apelaron el Auto Interlocutorio del Juez de la causa en razón de haber una mala fundamentación; b) La solicitud de ampliación de plazo de la detención preventiva se basó en que en la audiencia de medidas cautelares se había acreditado fehacientemente la probabilidad de participación de Willma Montenegro Ferrufino y también los riesgos procesales; c) La señalada autoridad, unilateralmente habría valorado la prueba de la defensa, además, esa prueba fue ofrecida sin cumplir las formalidades de ley; d) El SEPDAVI pidió se revoque el Auto Interlocutorio y se amplíe el plazo de la detención preventiva; también, la abogada particular de la víctima refirió que el art. 233 “par. VI” del CPP establece que para ampliar este plazo se debía acreditar la complejidad del caso y el juez en su momento estableció ese extremo, pues la imputada desde el inicio obstaculizó la investigación del Juez; e) No existe justificativo para la cesación de la detención preventiva; y, f) Debe haber una ponderación de derechos entre la vida de la víctima y el de la libertad de la imputada. De la motivación expresada por la autoridad de alzada en el Auto de Vista de 19 de mayo de 2022 La autoridad ahora demandada efectuó la siguiente fundamentación en la decisión asumida: 1) Contextualizando la apelación a resolver, señaló que Willma Montenegro Ferrufino fue sometida a proceso penal por presunta complicidad en el delito de feminicidio, a cuyo efecto el 10 de marzo de 2022, se dispuso su detención preventiva por un mes, en mérito a la concurrencia simultánea de los presupuestos procesales previstos en el art. 233 del CPP; apelada que fue esa decisión, la Sala Penal correspondiente la resolvió el 17 del indicado mes y año, ampliando el plazo de la referida medida impuesta a dos meses; empero, desestimando el riesgo procesal contenido en el art. 234.4 del CPP. El plazo de duración de la detención preventiva ya no es indefinido conforme establece el art. 1 de la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-, debiendo al disponer dicha detención señalar la fecha y hora de la audiencia de control jurisdiccional de plazo; en este caso, el Juez de la causa puso en consideración de las partes el requerimiento presentado el 6 de mayo de 2022, por el Fiscal de Materia, es decir, una semana antes de que se cumpla el indicado plazo, haciendo conocer las razones fundamentadas de una ampliación del mismo por dos meses más, adjuntando elementos de prueba que le sirvieron al representante fiscal para sustentar su petitorio, en ese verificativo no solo consideró esos elementos y dicho petitorio del Ministerio Público, sino también la prueba de la defensa referente a su estado de salud;
2) Inicialmente, el Juez de la causa hizo una relación de la solicitud fundamentada del Ministerio Público, luego tomó en cuenta de la defensa técnica de la accionante, describiendo los elementos en los que el Ministerio Público se basó para pedir la ampliación del plazo de detención preventiva; en audiencia el indicado Juez señaló que el Fiscal de Materia demostró que el caso de autos era complejo, considerando que era posible ampliar dicha medida extrema según el plazo solicitado, entonces tomó en cuenta una certificación médica de la cardióloga con diagnóstico respecto a la hipertensión arterial sistemática no controlada, arritmia cardíaca extrasístole ventricular recomendando dieta sin sal, grasas y otorgándole diferentes medicamentos; el examen o la certificación médica de neurocirugía también hacía referencia a ese análisis y antecedentes patológicos, entonces se fundó en el estado de salud y precauteló la vida y salud de la peticionante de tutela, que estaría en grave riesgo, por lo que, dispuso la cesación de la detención preventiva;
3) El art. 233 del CPP hace referencia a los presupuestos legales “…que hacen a la detención preventiva y la ley 1173 ha incorporado a esta norma el numeral ‘3) el plazo de duración de la detención preventiva solicitada y los actos investigativos que realizará en dicho término, para la (…) averiguación de la verdad en el desarrollo del proceso y aplicación de la ley’, este inciso del artículo 233 está vinculado directamente al artículo 221 del procesal de la materia por la finalidad instrumental de las medidas cautelares. El artículo 235 ter. en su párrafo III establece: ‘si se resuelve la aplicación de la detención preventiva, la resolución deberá fijar con precisión su duración indicando la fecha exacta de su cumplimiento el día y hora de audiencia pública para resolver la situación jurídica de la persona cautelada’ Contrastando ese marco normativo a los antecedentes de este proceso, el juez de grado en atención al auto vista emitido por la sala penal tercera que amplía ese plazo de la detención de (1) un mes a (2) dos meses, señaló audiencia de consideración de control de plazo para el 11 de mayo. Qué es lo que se debería considerar en esa audiencia del 11 de mayo?, cuál era la dinámica que debería seguir el juez?, El legislador ha previsto de que si el fiscal no solicita la ampliación del plazo o no presenta requerimiento conclusivo durante ese plazo, el juez puede disponer la cesación a la detención preventiva ordenándole la aplicación de medidas descritas en el artículo 231 bis, así establece el art. 239-2) del CPP., ‘las medidas cautelares personales cesarán por el cumplimiento de alguna de las siguientes causales; 2).- cuando haya vencido el plazo dispuesto respecto al cumplimiento de la detención preventiva siempre y cuando el fiscal no haya solicitado la ampliación de plazo de detención, vale decir que esté plazo no opera automáticamente sino que está supeditado a la solicitud fundamentada que haga el fiscal o la víctima respecto a la ampliación del plazo de la detención preventiva. De la revisión de antecedentes, el fiscal mediante requerimiento de fecha 6 de mayo le dice al juez, este caso se ha Tornado complejo y por lo tanto requiero por la ampliación de la detención preventiva, por dos meses adicionales, este requerimiento ha sido puesto en consideración de las partes. Anteriormente decíamos que el juez ha valorado todos los antecedentes que hacen a esa solicitud de ampliación y ha concluido que ‘efectivamente que el presente caso se torna complejo y la misma se encuentra debidamente fundamentada y acreditada en la presente audiencia, entonces todo lo que ha pedido el fiscal estaba bien fundamentado y respaldado con elementos probatorios, pero además hace entrever de qué es posible la ampliación de la medida extrema de la detención preventiva en contra de la señora Willma Montenegro Ferrufino; sin embargo en la presente audiencia la parte imputada ha presentado otros elementos…’, e ingresa a esa valoración de esos elementos consistentes en los certificados médicos…” (sic);
4) Si de lo que se trata es revisar la decisión de primera instancia, corresponde remitirse a los elementos que fueron mal valorados por el Juez -según los recurrentes-, “…Hay una certificación de cardiología Zona (2) dos de la Caja Nacional de salud, la valoración neurológica [dio como resultado que la accionante se hallaba] lúcida orientada en tiempo y espacio sin déficit motor o periférico, (…) [con] ritmo cardíaco irregulares ruidos cardíacos diagnóstico hipertensión arterial sistémica no controlada [arrítmica] cardíaca tipo extrasístole ventricular frecuente, miocardiopatía dilata grado 1, insuficiencia mitral en estudio, osteoartrosis, dislipidemia leve, hiperuricemia leve, astigmatismo hipermetropico presbicia. Ese es el diagnóstico que le hacen (…) en la caja le recomienda, dieta sin sal y sin grasas, es una recomendación general a todos los pacientes que presentan un cuadro de hipertensión y la medicación recomendada es; enalapril cada 12 horas, espironolactona, cardevidol, le recomiendan estudios (…) urgente cita para (…) el control de hipertensión para el 6 de mayo a horas (9) nueve (…) el 9 de mayo también ha sido medicada por la misma doctora Nancy Siñani y le remitan al control de 13 de mayo, los controles son casi semanales, en cada una de es[tos] controles le dan la misma medicación. En esa medicación o en ese diagnóstico, los médicos nunca establecieron la gravedad del estado de salud de (…) Willma Montenegro sino únicamente otorgaron la medicación, el tratamiento y la dieta que debe cumplir, la gravedad del estado de salud ha sido únicamente conclusión de sus abogados defensores y sin duda una persona (…) de 73 años por supuesto en cualquier parte del mundo merece toda consideración pero en este caso se está considerando una situación jurídica procesal en relación a una audiencia de control de plazo (…) que debió ser ejercido por el juez cautelar en base a lo que previene el artículo 54-1) del CPP, garantizar los derechos no solamente de la imputada, sino también de la víctima” (sic);
5) El presente caso se trata de un feminicidio, en el cual fue imputada provisionalmente en grado de complicidad, lo cual puede cambiar, dependiendo de que el presunto autor principal sea sometido a proceso penal; a partir de lo cual el Ministerio Público va a tener que realizar nuevos actos investigativos para ratificar ese grado de participación, disminuirlo o agravar su situación, pero la aplicación de las medidas cautelares en la investigación preparatoria es a efectos de garantizar esa finalidad instrumental. El art. 233.3 del CPP está vinculado al art. 221 del citado Código, entonces el Juez tiene la obligación de garantizar esa finalidad instrumental, ahora se está haciendo mención a que al cumplimiento del plazo de detención preventiva no implica automáticamente la cesación otorgando la libertad; sino que, se tiene que demostrar si es que el representante fiscal ha pedido o no anticipadamente la ampliación de ese plazo y en los antecedentes cursa un requerimiento fundamentado de ampliación de plazo de la detención preventiva, que además fue valorado y fundamentado favorablemente a los intereses del Ministerio Público y de los acusadores; sin embargo, sin ningún otro fundamento más que el estado de salud de la accionante, el Juez de la causa resolvió por flexibilizar esa su situación procesal, pero ese estado de salud no está suficientemente respaldado por elementos idóneos que acrediten que el mismo pone en serio riesgo la vida de la impetrante de tutela “…en esos casos la norma y su sabiduría ha establecido también en el numeral 5), qué se puede ordenar la cesación a la detención preventiva cuando la persona privada de libertad acredite que se encuentre con enfermedad grave o en estado terminal. Lo más pertinente de la defensa hubiera sido por lo menos invocar esa norma, pero no, solamente han presentado esas certificaciones y han pedido que se deba precautelar sus derechos por qué se trata de una persona de la tercera edad que también tiene protección reforzada, pero sin tomar en cuenta los antecedentes que han generado la aplicación de esta medida cautelar y también el marco normativo bajo el cual debería resolverse esa situación en la audiencia del 11 de mayo…” (sic); 6) “…en esa audiencia del 11 de mayo, ni siquiera tomaron en cuenta si todavía son concurrentes esos presupuestos procesales, sino únicamente el juez se limitó a considerar ese estado de salud a través de esos certificados médicos…” (sic), que en el fondo tampoco acreditan un grave estado de salud, sino que solo son conclusiones de los abogados defensores. “…Sin restar importancia al estado de salud de (…) Vilma Montenegro, para nadie es desconocido que esas dolencias o esa sintomatología, es propio de una persona de la tercera edad, pero (…) Vilma Montenegro está recibiendo efectivamente un tratamiento a través de la caja Nacional de salud, es un tratamiento ambulatorio que ha sido otorgado incluso antes que [esta] sea sometida a este proceso penal, entonces de hecho esa situación o ese estado de salud grave al que hacen referencia, no es precisamente emergente de la detención preventiva, sino es propia de la edad y lo que se cuestiona es que el juez de grado en su momento habiendo valorado favorablemente los elementos del ministerio público para una eventual ampliación del plazo de la detención preventiva, se incline mas por los elementos presentados por la defensa, en una audiencia que no tenía otro objeto que considerar la solicitud del MP respecto de la ampliación de la detención preventiva y no esa situación de salud de [la accionante] porque (…) los presupuestos procesales, todos los que fueron establecidos en la audiencia de medidas cautelares, en el auto de vista de apelación incidental, a la fecha están firmes y si el caso fuera el estado grave de salud o enfermedad terminal la defensa tiene la posibilidad de invocar el numeral 5 del artículo 239 del CPP., pero no en esa audiencia de control de plazo, porque el objeto (…) es únicamente remitirse a lo que establece el artículo 233[.3 del CPP], al cumplimiento del plazo de la detención preventiva; evidentemente si el fiscal no lo solicitaba anticipadamente la ampliación, el juez tenía que resolver conforme el art. 239-2) del CPP., en este caso, el fiscal presentó anticipadamente ese su requerimiento solicitando la ampliación de ese plazo por dos meses adicionales explicando y justificando que el caso es complejo” (sic);
7) “…Los abogados Defensores también han establecido a través de esta su fundamentación que este caso realmente se torna complejo y que el trámite administrativo de extradición no es atribuible a doña Vilma Montenegro pero en el fondo esa circunstancia, está imposibilitando de qué el ministerio público, desarrolle sus actos investigativos pertinentes al hecho, eso es lo que tiene que considerar el juez de grado y no distorsionar el objeto de su audiencia tomando en cuenta una prueba reitero que solamente en la subjetividad de sus abogados Defensores, ponen en serio riesgo la vida de Doña Vilma Montenegro, cuando en realidad esas certificaciones describen un tratamiento eminentemente ambulatorio y una recomendación en la dieta que debe seguir, entonces los aspectos que han sido expuestos por los recurrentes están [siendo] analizados y evaluados por el suscrito vocal en base a lo precedentemente fundamentado.
Cuando la defensa de doña Willma Montenegro dice que no se [ha] valorado correctamente la prueba, entendemos que de por si existe una notoria contradicción en esa fundamentación toda vez que el juez de grado, en su resolución, efectivamente valoró su prueba y en su mérito le concedió el beneficio de la cesación, qué otra prueba presentó la defensa para establecer esta circunstancia alegada como agravio, absolutamente nada; dijeron únicamente que la imputada es de la tercera edad, es maestra de estado y no puede oblar esa fianza económica, nada más, pero los elementos que fueron sometidos a conocimiento del Juez en la audiencia del 11 de mayo, han sido esas certificaciones médicas que fueron valoradas favorablemente, pues las mismas dieron curso, a la flexibilización de la cesación preventiva” (sic); 8) “En lo que hace a la fundamentación del Ministerio Público y los acusadores, denuncian como agravio la falta de fundamentación y también la vulneración al principio de legalidad e incongruencia, hemos establecido de manera fehaciente que está resolución del Juez de grado inicialmente ha considerado favorablemente el requerimiento fiscal pero extrañamente se desvía de su fundamento y va a considerar la prueba presentada por la defensa y al final dispone la cesación a la detención preventiva aún sea con esas medidas gravosas a las que se ha referido el abogado defensor, lo evidente es que el juez ha flexibilizado esa medida gravosa, pero en el fondo el petitorio del abogado defensor es la modificación de la fianza económica por una fianza personal y que la detención domiciliara sea en su propio domicilio” (sic); y,
9) “El Ministerio Público y los acusadores han pedido que revoque la resolución por incongruente y hemos hecho referencia precisamente a la evidencia de esa incongruencia en la resolución venida de apelación incidental, esa incongruencia interna y externa conforme razonamiento de la sentencia 1083/2014 ha considerado una cosa y a ha resuelto otra (…) en ese mérito los agravios denunciados por la parte imputada no han sido fehacientemente demostrados, en tanto que el fundamento de la apelación incidental del Ministerio público (…) ha tenido sustento fáctico jurídico y probatorio” (sic). En ese contexto, de los antecedentes y fundamentos expuestos en el fallo de alzada, la accionante considera que el Auto de Vista cuestionado revocó incongruentemente el Auto Interlocutorio de 11 de mayo de 2022, sin la debida fundamentación, identificando los siguientes agravios: i) Que el Vocal demandado no tomó en cuenta que se encuentra en un grupo vulnerable por ser adulta mayor, lo que amerita una valoración integral en su favor; y que no es imputada por presunta autoría, sino por complicidad, correspondiendo, por ende, la improcedencia de la detención preventiva prevista por el art. 232.I.4 del CPP; y, ii) Que la referida autoridad valoró la prueba documental que presentó de forma subjetiva y con criterios personales. De manera previa a revisar el razonamiento expresado en el Auto de Vista cuestionado, es necesario citar el art. 232.I.4 y III del CPP, que prevé la improcedencia de la detención preventiva y su excepción, señalando que:
“I. No procede la detención preventiva: (…) 4. Cuando se trate de personas mayores de sesenta y cinco (65) años; (…) III. Los numerales 4, 6, 7, 8 y 9 del Parágrafo I del presente Artículo, no se aplicarán como causal de improcedencia de la detención preventiva cuando se trate de alguno de los siguientes delitos: 1. De lesa humanidad, terrorismo, genocidio, traición a la patria y crímenes de guerra. 2. Contra la vida, integridad corporal o libertad sexual de niñas, niños, adolescentes, mujeres y adultos mayores...” (las negrillas fueron añadidas). En mérito de ello, del estado del proceso penal seguido contra la accionante y de la lectura de la referida norma, se entiende que la misma ya se aplicó cuando se determinó su detención preventiva mediante Auto Interlocutorio de 10 de marzo de 2022 (Conclusión II.2); pues allí, al asumir dicha medida extrema se estableció su aplicabilidad a pesar de no estar imputada como autora, sino como cómplice; por lo que, no se puede debatir indefinidamente esa situación, debiendo haberse activado la vía constitucional en esa oportunidad, observando la subsidiariedad excepcional que se aplica en acción de libertad a través del recurso de apelación contra el Auto Interlocutorio citado, extremo que no se acredita objetivamente al presente; consiguientemente, no es posible ahora considerar el fondo de dicha denuncia. Con relación a que se debe aplicar un análisis favorable a la accionante, por ser adulta mayor, corresponde señalar que la norma citada precedentemente, precisamente impide que se favorezca con la improcedencia de la detención preventiva a una persona de dicho grupo vulnerable cuando el delito investigado es contra la vida, así como, la integridad corporal o libertad sexual de mujeres -entre otros-; en el presente caso, la peticionante de tutela está siendo procesada penalmente por un presunto feminicidio; por lo tanto, no amerita ponderar su situación a su favor por pertenecer a la población de adultos mayores, en desmedro de los derechos de la víctima de violencia, quien era una mujer, y por ello también merecedora de la protección del Estado de manera reforzada por pertenecer a un grupo vulnerable de la sociedad. Respecto a la denuncia de que el Vocal demandado valoró la prueba documental que presentó de forma subjetiva y con criterios personales, se advierte que la referida autoridad hizo un análisis de la conclusión a la que arribó el Juez a quo con relación a los certificados médicos presentados por la accionante, señalando que el indicado Juez se limitó a considerar el estado de salud de la impetrante de tutela, a través de esos certificados, que en el fondo no acreditaban una situación grave de salud, sino que solo se trataba de conclusiones de sus abogados defensores; asimismo y en ese orden, el citado Vocal manifestó que dichas certificaciones describían un tratamiento ambulatorio y una recomendación en la dieta, para ello tomó en cuenta la certificación médica en la especialidad de cardiología y con base en ella -en la que se le sugirió a la accionante la mencionada dieta sin grasas y sin sal- concluyó que no existe motivo para que la misma deje de cumplir con su detención preventiva, pues no se constataba alguna situación grave de salud; de todo ello, se entiende que el indicado Vocal analizó la documental pertinente a la salud de la nombrada y sobre esa base justificó la consideración de que la vida ni salud de la solicitante de tutela se hallaban en peligro, cumpliendo así con la debida valoración probatoria, extrañada por la mencionada. Continuando con la revisión de la cuestionada decisión del Vocal demandado, se advierte que un elemento central de la misma fue que el caso se trataba de un feminicidio, que la impetrante de tutela se halla imputada por complicidad y que el presunto autor principal no hubiera sido sometido aun al proceso y que una vez que eso suceda -continuó señalando dicho Vocal- el Ministerio Público tendría que realizar nuevos actos investigativos para cambiar ese grado de complicidad ya sea para beneficio o perjuicio de la accionante; entonces, en esa medida y habiendo descartado la gravedad del estado de salud de la nombrada, el Vocal sostuvo la necesidad de mantener la detención preventiva de esta, para garantizar la finalidad instrumental de las medidas cautelares, prevista en el art. 221 del CPP, de cuya revisión, se tiene que el mismo precisamente establece la finalidad de las medidas cautelares, consistentes en la averiguación de la verdad, el desarrollo del proceso y la aplicación de la ley; razonamiento el cual fue justificando la mencionada decisión analizada. Ahora bien, en cuanto a la denuncia de que el Auto de Vista cuestionado haya incurrido en incongruencia, se evidencia que dicha autoridad a tiempo de analizar el Auto Interlocutorio apelado encontró que la misma carecía de congruencia, por cuanto, por un lado, concluyó que el Ministerio Público fundó su decisión en argumentos sólidos a tiempo de solicitar la ampliación del plazo de detención preventiva y por otro lado, contradictoriamente, sin “…tomar en cuenta si todavía son concurrentes esos presupuestos procesales…” (sic [del Auto de Vista de 19 de mayo de 2022]), sino solamente el estado de salud de la accionante, asumió la cesación de la misma, a pesar de que dichos certificados médicos -indicó el demandado-, no denotaban que esté en peligro la salud y la vida de la prenombrada, es decir, que no ameritaban la cesación de la detención preventiva. De ello, se entiende que el Vocal demandado revocó al Auto Interlocutorio apelado porque lo halló incongruente al sobrevalorar el estado de salud de la peticionante de tutela, pues no lo fundó correctamente, subestimando la concurrencia de los riesgos procesales que sustentaron la detención preventiva al no tomarlos en cuenta a tiempo de determinar la cesación de dicha medida. Consiguientemente, la autoridad demandada procedió a emitir el Auto de Vista que explicó congruentemente la razón de su decisión, no existiendo falta de relación en el contenido de esa Resolución a tiempo de explicar por qué entendió que el Juez a quo incurrió en una determinación incongruente. Concluyendo ya el presente análisis, la pretensión de fondo de la impetrante de tutela, ha estado dirigida al hecho de que la justicia constitucional, efectúe una revisión de la actividad interpretativa realizada por la autoridad demandada. Al respecto, la jurisprudencia emitida por este Tribunal Constitucional Plurinacional, estableció que dicha labor revisora, ciertamente puede ser abordada a partir de un criterio de excepcionalidad; sin embargo, quien pretenda activar la misma, debe cumplir con ciertos requerimientos también asumidos vía desarrollo jurisprudencial. En ese orden, en mérito del análisis que antecede, no se ha develado que la autoridad demandada, a tiempo de dictar el Auto de Vista de 19 de mayo de 2022, haya inobservado los elementos de la fundamentación y motivación, pues tras un previo análisis del contenido del Auto Interlocutorio de 11 de mayo de 2022, puso en evidencia la incongruencia con la que fue dictado el mismo, dejando expuesto el hecho de que el Juez a quo concluyó que el requerimiento de ampliación a la detención preventiva solicitado por el Fiscal de Materia con la antelación debida, se encontraba fundamentado, habida cuenta de que el caso se tornó complejo y que existían varios actos investigativos pendientes de realizarse; no obstante de ello, el citado Juez tomó la decisión de disponer la cesación de la detención preventiva, con base en el análisis de los certificados médicos presentados por la imputada -hoy accionante-; por otro lado, también puso énfasis en el hecho de que la documentación presentada, referida al estado de salud de la nombrada, no permitió acreditar el grave estado de salud, que constantemente se alegó tanto en la apelación, como a tiempo de postular la presente acción de defensa. En relación a otro aspecto, tal cual se señaló supra, a tiempo de valorar la distinta documentación médica presentada por la peticionante de tutela en audiencia de 11 de mayo de 2022, la autoridad demandada sostuvo que: “En esa medicación o en ese diagnóstico, los medios nunca establecieron la gravedad del estado de salud de la señora Willma Montenegro, sino únicamente otorgaron la medicación, el tratamiento y la dieta que debe cumplir, la gravedad del estado de salud, ha sido únicamente conclusión de sus abogados defensores y sin duda una persona de la tercera edad una persona de 73 años por supuesto en cualquier parte del mundo merece toda consideración pero en este caso estamos considerando una situación jurídica procesal en relación a una audiencia de control de plazo, ese control de plazo debió ser ejercido por el juez cautelar en base a lo que previene el artículo 54-1) del CPP, garantizar los derechos no solamente de la imputada sino también de la víctima…” (sic). Siendo esa conclusión precisamente, la que fue reprochada por la impetrante de tutela, empero tal cual sostuvo la autoridad demandada, lejos de atribuirle la condición de subjetiva, no se precisó en el contenido de la demanda tutelar, menos en audiencia de garantías, qué parámetros objetivos y materiales deberían considerarse para enervar la explicación brindada por el Vocal demandado y concluir en la gravedad del estado de salud de la accionante, extremo que no permite inferir a esta justicia constitucional que la indicada autoridad haya incurrido en un examen de valoración probatoria que se hubo apartado de los principios de razonabilidad y equidad a tiempo de efectuar un control de la decisión dictada por el Juez de la causa. Asimismo, vinculado a la aplicación correcta del ordenamiento jurídico, la autoridad demandada, puso énfasis en el hecho de que la audiencia celebrada el 11 de mayo de 2022, tuvo su base en la previsión normativa del art. 239.2 del CPP, habida cuenta de que el Fiscal de Materia requirió con anterioridad la ampliación del plazo de la detención preventiva y que, sobre dicha base debía llevar adelante el citado verificativo; por otro lado, estableció que los riesgos procesales que fueron objeto de análisis en el inicial Auto Interlocutorio de 10 de marzo de 2022, confirmado por Auto de Vista 23/2022 de 17 de igual mes, se encontraban firmes, respecto de los cuales el Juez a quo, omitió asumir un pronunciamiento, para luego señalar que en caso de que la defensa de la peticionante de tutela entendía que su estado de salud era grave, bien pudo hacer uso de la regulación normativa contenida en el art. 239.5 del CPP, mas no generar una bifurcación de la citada audiencia, que fue permitida por el citado Juez. No habiéndose evidenciando en ese mérito de argumentación que el Vocal demandado hubiese adoptado en su decisión, una aplicación incorrecta del ordenamiento jurídico, sino al contrario, explicó con la suficiente sindéresis la inviabilidad de análisis del presunto grave estado de salud, por el cual atravesaba la accionante -según la perspectiva de esta-, en una audiencia de control de plazo, conclusión que en modo alguno implica que el demandado, se hubiera apartado del ordenamiento jurídico que rige la problemática puesta a su conocimiento. En ese contexto, no se encuentra razón suficiente esgrimida por la accionante que debilite el Auto de Vista cuestionado, ya que el mismo cuenta con la suficiente motivación, fundamentación, congruencia y valoración probatoria en aplicación correcta de la normativa procesal penal pertinente al caso concreto. En ese orden, revisando la jurisprudencia constitucional respecto de los elementos congruencia y fundamentación del debido proceso, corresponde considerar lo citado en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, en el que se señaló que la congruencia es la estricta correspondencia entre lo peticionado y lo resuelto, así como, la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, es decir, que debe existir un razonamiento integral y armonizado en toda la resolución emitida; en ese aspecto, el Auto de Vista de 19 de mayo de 2022, cumple con esa exigencia, pues ha sido coherente al señalar por qué no ponderó favorablemente (tal cual lo extrañó la accionante) los certificados médicos en la misma dimensión que lo hizo el Juez a quo, decidiendo que correspondía estar vigente la detención preventiva de la solicitante de tutela. Asimismo, en cuanto a los elementos de fundamentación y motivación, el referido Vocal explicó de forma completa la decisión asumida, no advirtiendo omisiones o ausencias que impidan entender que su determinación fue la mejor para el caso en concreto. Sobre esos fundamentos, se arriba a la conclusión de que no se advierten vulnerados el derecho al debido proceso en sus elementos fundamentación, motivación y congruencia, tampoco en lo que respecta a la valoración probatoria; y por ende, no se evidencia que la libertad haya sido afectada ilegalmente por la decisión ahora cuestionada, sino como emergencia de un fallo debidamente emitido. Con relación a los derechos a la salud y a la vida de la impetrante de tutela, se puede verificar que no se ha demostrado un estado de salud tal que requiera una cesación de la detención preventiva y no se denota que su vida se halle en riesgo; finalmente, con referencia al derecho a la seguridad social, dada su relación con la vida y salud de la peticionante de tutela, que permite su consideración en esta acción de libertad, tampoco se puede ver que haya sido vulnerado, pues no se advierte algún acto del Vocal demandado que haya impedido que la accionante haya podido ser atendida por los correspondientes médicos según sus necesidades. En consecuencia, la Jueza de garantías al haber denegado la tutela impetrada, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 05/2022 de 21 de junio, cursante de fs. 113 a 125, pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Primera de la Capital del departamento de Potosí; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en este fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. Se hace constar que la Magistrada MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas es de Voto Aclaratorio. MSc. DAEN Brigida Celia Vargas Barañado
MAGISTRADA
MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0190_2024-S2.pdf · páginas 1 a 23.
Huella digital del PDF (SHA-256): 733701f3fe51cb0c1dac1e70ca9c95610a71d821bd2267cb3a3d22ac4ded93cc
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