Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 12 de junio de 2024
Concede la tutela
La accionante denuncia la lesión de sus derechos a la libertad, al debido proceso y al principio de seguridad jurídica; toda vez que, dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión de los delitos de prevaricato, resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, e incumplimiento de deberes, los miembros del Tribunal demandado, mediante Auto de 24 de mayo de 2022, la declararon rebelde por no comparecer ni justificar su incomparecencia a audiencia de juicio oral de idéntica fecha, inobservando que las audiencias por disposición de las propias autoridades demandadas, serian mixtas, es decir virtual para su persona y presencial para su defensa; empero, no le llego el link para dicho acto procesal, y tampoco tenía conocimiento su defensa que las audiencias para su persona serian presenciales; por lo que, el 26 de igual mes y año, formuló incidente de corrección de procedimiento, resuelto a través de Auto de 27 de mayo de 2022, declarando infundado dicho incidente, bajo el falso argumento que no se presentó ni se ofreció prueba idónea, inobservando que se ofrecieron como pruebas todas las actas cursantes en el cuaderno de control jurisdiccional a partir del 8 de diciembre de 2021, lesionando así su derecho a la libertad, aunque no esté ejecutado el mandamiento de aprehensión, ya que se declaró infundado el incidente presentado. En consecuencia, corresponde analizar en revisión, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para ello, se desarrollarán los siguientes temas: 1) El estándar jurisprudencial más alto en…
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera, en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado, el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve CONFIRMAR la Resolución 84 de 14 de junio de 2022, cursante de fs. 66 a 67 vta., emitida por la Sala Constitucional Tercera del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada conforme a los Fundamentos Jurídicos desarrollando en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; y, 2° Dimensionar los efectos de este fallo constitucional en base a lo descrito precedentemente, disponiendo mantener válidos y subsistentes los actos realizados que responden a la concesión de tutela por parte de la Sala Constitucional Tercera del departamento de Santa Cruz, conforme prevé el art. 28.II del Código Procesal Constitucional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0190/2024-S1 Sucre, 12 de junio de 2024 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Georgina Amusquivar Moller Acción de libertad Expediente: 48381-2022-97-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 84 de 14 de junio de 2022, cursante de fs. 66 a 67 vta., pronunciada dentro la acción de libertad interpuesta por Vivian Patricia Gonzales Rioja contra Claudia Karina Romero Ustares, Zulema Edith Medina Méndez; y, Alex Bejarano Yaveta, Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Decimoprimero de la Capital del departamento de Santa Cruz.
Por memorial presentado el 13 de junio de 2022, cursante de fs. 40 a 48, la accionante expresó los siguientes argumentos de hecho y derecho:
Se encuentra procesada desde el año 2015, por la presunta comisión de los delitos de prevaricato, resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, e incumplimiento de deberes, causa radicada ante el Tribunal de Sentencia Penal Decimoprimero de la Capital del departamento de Santa Cruz -compuesto por las autoridades ahora demandadas-; en ese sentido, se señaló audiencia de inicio de juicio oral para el 6 de octubre de 2021, en la cual su defensa técnica formuló incidente de suspensión de dicho actuado, presentando pruebas consistentes en certificado medico particular y médico forense, acreditando que se encontraba en estado de gestación de alto riesgo, y que no recibió la vacuna contra el COVID-19; por lo que, solicitó la suspensión del inicio del juicio oral, en razón a su critico estado de salud, sea hasta 45 días después del nacimiento de su hija; empero, las autoridades demandadas no dieron curso a su petición, pese al alto riesgo de contagio generado por el COVID-19.
En ese contexto, ante el riesgo de sus derechos a la salud y a la vida, interpuso una anterior acción de libertad, en la cual se le concedió la tutela través de la Resolución de 27 de octubre de 2021; empero, los Jueces demandados inobservaron que en la indicada fecha, fueron notificados con la mencionada acción de libertad, la cual fue celebrada de forma virtual a horas 08:00 concluyendo a las 09:10; empero, a horas 11:00 instalaron la audiencia de inicio de juicio oral, a la cual no compareció debido a su estado de salud y el alto riesgo de su embarazo; toda vez que, se encontraba aproximadamente con 33 a 34 semanas de gestación; por lo que, se señaló como nueva fecha el 5 de noviembre de 2021, actuado en el cual se encontraba presente su defensa técnica; solicitando la suspensión de la audiencia, manifestando: “Que en fecha 27 de octubre se llevó a cabo Audiencia de Acción de libertad en representación sin mandato en el cual el tribunal de garantías constitucionales CONCEDE en PARTE la TUTELA DE ACCION DE LIBERTAD, en razón a proteger los Derechos vinculados a la Salud. a la Vida, y que se debe en el caso concreto resguardar esos derechos fundamentales y que se debe suspender el presente juicio hasta tanto y cuanto se tenga en sus manos la Sentencia Constitucional de la Acción de Libertad y dictar una nueva resolución siguiendo los lineamientos ya sentados” (sic); empero, se determinó no ha lugar a la suspensión del proceso, y ante la solicitud de suspensión de audiencia de la Fiscal de Materia, se señaló nueva audiencia para el 8 de diciembre de 2021; asimismo, su defensa hizo conocer que su persona se encontraba internada en el Hospital Japonés; toda vez que, dio a luz el 1 de noviembre del mismo año, y que su hija se encontraba en incubadora; por lo que, solicitó se oficie a dicho nosocomio para que se aclare tal aspecto; ante lo cual, se determinó por justificada su inasistencia; sin embargo, quedaría pendiente la justificación de 27 de octubre de 2021, recomendando “hacer la gestiones correspondientes para que el tribunal sea notificado con la Acción de Libertad, otorgando tres días para el cumplimiento del plazo, asimismo ofíciese al Hospital Japonés para que Certifique el Estado de Salud de la paciendo Vivian Patricia Gonzales Rioja, con lo que quedan las partes notificados con el señalamiento de Audiencia para el día miércoles 8 de diciembre a horas 14:00” (sic), siendo importante aclarar que dio a luz a su bebé el 1 de noviembre de 2021, y se tenía señalada la audiencia para el 5 de noviembre de 2021, es decir, con apenas cuatro días de haber transcurrido el alumbramiento. Posteriormente, conforme el Acta de suspensión de audiencia de 8 de diciembre de 2021, se hizo conocer a su defensa, la ilegal declaratoria de rebeldía en su contra, por no justificar su asistencia a la audiencia de 27 de octubre de 2021, pese a que los Jueces demandados tenían conocimiento de su delicado estado de salud y gestación, ello de acuerdo a los certificados médicos presentados, que establecen que su embarazo era de alto riesgo debido a su edad y por tener problemas ginecológicos que ameritaban reposo absoluto guardando cuidados; por lo que, “no podía caminar mucho, no podía subir gradas y tampoco permanecer parada” (sic), debido a la amenaza de parto prematuro, tampoco debía ser expuesta a ningún riesgo, puesto que no recibió vacuna contra el COVID-19, debiendo guardar absoluto aislamiento; empero, los miembros del Tribunal demandado señalaron: “…hemos sido notificados el día viernes a horas 14:30 p.m. con el acta de audiencia de acción de libertad donde si bien no dispone la suspensión del presente juicio, sin embargo solicita se otorgue garantías, se puede garantizar la recomendaciones establecidas en el certificado médico forense, toda vez que este proceso se encuentra suspendido por la rebeldía de la acusada no se puede dar cumplimiento al señalamiento de nueva audiencia hasta que la acusada comparezca a este tribunal, toda vez que ingresado el día de hoy miércoles 8 a horas 11 y 11 de la mañana memorial solicitando la suspensión de la presente audiencia por parte de la acusada Vivian Patricia Gonzáles Rioja, este tribunal no lo puede valorar de manera positiva como un apersonamiento para que se suspenda la declaratoria de rebeldía toda vez que se entraría firmada por la acusada la misma se deja sin efecto los efectos de la rebeldía teniéndosela como comparecida para el presente juicio oral debiendo apersonarse a firmar el acta señalando nuevo domicilio, asimismo se le impone la cancelación de 400 bs. Como efecto de la rebeldía, toda vez que no se encuentra el ente acusador el MP y al no encontrarse la acusada en la presente audiencia habiendo justificado con un Certificado médico se diferir la presente audiencia y en cumplimiento a lo que establece el auto y toda vez que como tribunal no podemos garantizar que la hoy acusada no puede adquirir el virus COVID en este edificio, creo que nadie puede garantizar esta situación en este sentido se va señalar audiencia mixta virtual para la hoy acusada y presencial para el resto de los sujetos procesales para el día MIERCOLES 15 DE DICIEMBRE A HORAS 13:30 P.M., con lo que quedan notificadas en audiencia las partes presentes y por secretaría notifíquese...” (sic). Finalmente, en audiencia de 24 de mayo de 2022, fue declarada rebelde por no comparecer ni justificar su incomparecencia en juicio, nótese que las audiencias por disposición de los miembros del Tribunal demandado, serian mixtas, es decir virtual para su persona y presencial para su defensa; empero, el 24 de mayo de 2021, no le llego el link que tendría que ser creado por la Oficina Gestora de Procesos, y tampoco tenía conocimiento su defensa que las audiencias para su persona serian presenciales; sin embargo, en un primer momento considero la posibilidad de error por parte del Tribunal de la causa al declárarle rebelde; por lo que, formuló incidente de corrección de procedimiento el 26 de mayo de 2022, obteniendo como respuesta: “Declara infundado el incidente de actividad procesal defectuosa formulado por la acusada Vivian Patricia Gonzales Rioja, BAJO FALSO ARGUMENTO QUE NO SE PRESENTÓ NI SE OFRECIÓ PRUEBA IDÓNEA FALACES ARGUMENTOS CONFIRME SE EVIDENCIA EN EL MEMORIAL DE INCIDENTE DE FECHA 26 DE MAYO DEL 2021 EN SU OTROSÍ SEGUNDO SE OFRECIERON COMO PRUEBAS TODAS LAS ACTAS MENCIONADAS A PARTIR DE FECHA 08 DE DICIEMBRE DEL 2021 EN ADELANTE QUE CURSAN EL EXPEDIENTE PROCESAL” (sic), lo cierto y evidente es que, si bien, la lesión a su derecho a la libertad ya está consumada, aunque no esté ejecutado el mandamiento de aprehensión, no es menos cierto que se declaró infundado el incidente presentado.
Denuncia la lesión de sus derechos a la libertad, al debido proceso y al principio de seguridad jurídica, citando al efecto los arts. 9.2; y, 23.I y III de la Constitución Política del Estado (CPE); 9.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP); y, 7.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).
Solicitó se conceda la tutela; y en consecuencia, se anule el Auto de declaratoria de rebeldía de 24 de mayo de 2022, en resguardo del interés superior de su hija menor de edad que nació prematuramente.
Celebrada la audiencia virtual el 14 de junio de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 59 a 65 vta., se produjeron los siguientes actuados:
La impetrante de tutela a través de su abogado ratificó íntegramente los argumentos expuestos en su acción de libertad, y ampliándolos, señaló que: a) Tomando en cuenta la Resolución emitida en la anterior acción de libertad, se dispuso que las audiencias serian señaladas de manera mixta, es decir, virtual para su persona y presencial para su defensa; b) El 15 de diciembre de 2021 se suspendió la audiencia debido a que el Tribunal demandado omitió el oficio para la creación del link, el 5 de enero de 2022 de la misma forma, se suspendió la audiencia debido a que la Auxiliar y Secretaria, olvidaron la creación del link para la instalación de dicho actuado procesal, el 22 de febrero de 2022, se creó el link y si es cierto y evidente que su persona se encontraba en audiencia de inicio de juicio oral “no se pudo instalar debido a la una multa que fue impuesta a la abogada que ejercía defensa técnica” (sic); el 5 de abril de 2022, según informe de auxiliatura no se habría creado el link para que se lleva adelante la audiencia, nótese que su persona no compareció a la hora que se tenía señalada; empero, compareció a la Secretaría a horas 11:30 a efecto que se le explique cuál es la razón o motivo por el que no se le hizo conocer el link; y, c) De las actas de 15 de diciembre de 2021, 22 de febrero y 5 de abril de 2022, no cursa pronunciamiento referente a que el juicio oral seria realizado de manera presencial para su persona, puesto que no cursa auto, providencia o decreto alguno que modifique dicha disposición asumida el 8 de diciembre de 2021.
Claudia Karina Romero Ustares, Zulema Edith Medina Méndez; y, Alex Bejarano Yaveta, Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Decimoprimero de la Capital del departamento de Santa Cruz a través de informe escrito presentado el 14 de junio de 2022, cursante de fs. 55 a 56 vta., manifestaron que: 1) Es cierto y evidente que se emitió el Auto de 24 de mayo de 2022, que declaró rebelde a la accionante; toda vez que, la misma se encontraba presente en la audiencia de 5 de abril de 2022, donde se señaló como nueva fecha de audiencia de inicio de juicio oral el 24 de mayo del mismo año, a la cual no pudo asistir, conforme manifestó la propia accionante porque se encontraba al cuidado de su bebe de seis meses y que no se le hizo llegar el link; sin embargo, en ningún momento se habría dispuesto que dicha audiencia, seria de carácter virtual, como se hizo de manera expresa en anteriores oportunidades, mas al contrario, al haber asistido de manera presencial la accionante a la audiencia de 5 de abril de 2022, se dispuso que la siguiente audiencia seria presencial y por tal motivo no se dispuso nada en cuanto a la audiencia virtual, fue así que a petición del representante del Ministerio Publico fue declarada rebelde; 2) Mediante memorial presentado el 26 de mayo de 2022, la accionante interpuso incidente por causal sobreviniente, obteniendo el Auto de 27 de idéntico mes año, que declaró infundado el mismo, y mediante decreto de la misma fecha, se dejó sin efecto la rebeldía, manteniendo las medidas de carácter real hasta que se apersone a firmar acta de comparecencia, dejar croquis de su domicilio y purgar la multa de Bs100.- (cien bolivianos), ello de conformidad al art. 91 del Código de Procedimiento Penal (CPP), es decir, se dejó sin efecto el mandamiento de aprehensión y se dispuso la notificación a la accionante con la audiencia para el 14 de junio de 2022 a horas 10:30; y, 3) No es cierto ni evidente que se encuentra consumado y en peligro el derecho a la libertad de la accionante, siendo falsos los argumentos; toda vez que, conforme la diligencia de 9 de junio de 2022, la accionante tomo conocimiento tanto del Auto que resuelve su incidente como del decreto que dejo sin efecto las medidas impuestas mediante el Auto de declaratoria de rebeldía de 24 de mayo de 2022; por lo que, no existe peligro alguno.
La Sala Constitucional Tercera del departamento de Santa Cruz, mediante Resolución 84 de 14 de junio de 2022, cursante de fs. 66 a 67 vta., concedió la tutela solicitada “en parte”, resolviendo dejar sin efecto el Auto de declaratoria de rebeldía de 24 de mayo de 2022, para que los miembros del Tribunal demandado, evalúen y dicten nueva resolución estableciendo si concurre o no causa que justifique la no presencia de la accionante a la audiencia señalada, además de señalar de forma inmediata la continuidad, prosecución y realización de los actos del proceso, dado que no se dispuso la suspensión de ningún acto procesal; ello bajo los siguientes fundamentos: i) Se dictó la rebeldía de la accionante sin considerar que se apersonó ante el Tribunal demandado, el cual venia señalando de forma mixta la realización de audiencias y sin previo aviso se modificó tal aspecto, además se generó el medio informático para la realización de la audiencia; empero, luego se indicó que la audiencia se llevaría de forma presencial; ii) El Tribunal demandado señaló que la accionante tuvo una conducta reiterativa de no asistir a las audiencias que fueron señaladas; por lo que, se la declaró rebelde, ya que demostró una conducta de no sometimiento al proceso; iii) El art. 91 del CPP, señala: “…cuando el rebelde comparezca o sea puesto a disposición de la autoridad que lo requiera del proceso, continuara su trámite, dejando sin efecto las ordenes dispuestas de su comparecencia y manteniendo las medidas cautelares de carácter real…”, es necesario distinguir la etapa preparatoria y la etapa de juicio, ya que en la primera evidentemente hay muchos actos que no requieren la presencia del imputado, puesto que se efectúa actos investigativos, en cambio en la etapa de juicio se requiere la presencia del imputado a los actos del proceso, ello para garantizar el desarrollo del proceso para asegurar la averiguación de la verdad y la aplicación de la ley; y, iv) Con dichos elementos y tomando en cuenta que el Tribunal demandado, por un lado, generó el link correspondiente para la realización de una audiencia en forma virtual; y por otro, que cambio la modalidad virtual a presencial, debe necesariamente valorar los elementos materiales y de hecho para que no se torne en una formalidad o cuestión netamente textual, puesto que cuando una persona es declarada rebelde, evidentemente la no comparecencia a los actos del proceso se torna en fundamental; empero, ya cuando se cuestiona la declaratoria de rebeldía sobre los supuestos de algunos actos o hechos que habrían marcado la imposibilidad o confusiones respecto a la rebeldía, el Tribunal demando debe valorar los elementos puestos a consideración por la accionante para determinar si corresponde o no la declaratoria de rebeldía o mantener la misma, garantizando la continuidad del proceso.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Certificado Médico de 6 de noviembre de 2021, emitido por Henry Alfredo Crespo Hinojosa, Ginecólogo Obstetra, mediante el cual, certificó que la accionante ingreso al Hospital Japonés con diagnóstico de gestación de 34 semanas, inicio de trabajo de parto, por lo cual se valoró efectuar una cesárea, donde se obtuvo a una recién nacida prematura que permanece en neonatología, paciente que durante su internación evoluciona favorablemente y que fue dada de alta el 6 de noviembre de 2021 (fs. 31). II.2. Por Certificado Médico de 24 de noviembre de 2021, Juan Alberto Nogales Rocabado, Subdirector del Hospital Japonés, mediante el cual, certificó lo siguiente:
Que revisada la historia clínica N° 881999 de la paciente VIVIANA PATRICIA GONZALES RIOJA de 43 años de edad, fue internada en el Hospital Japonés en fecha 01 de noviembre del 2021, con cuadro de 18 horas de evolución, caracterizado por presentar perdida de líquido transvaginal, acompañado de dolor en región de hipogástrico. Paciente con antecedente de cirugía bariatrica. Diagnostico: Gestación de 35 semanas por FUM Ruptura prematura de membrana Fue valorada por el Ginecólogo de turno, indicándose tratamiento quirúrgico, por lo que se hace la valoración de riesgo quirúrgico. En fecha 01 de noviembre del 2021 a horas 19:25 fue intervenida quirúrgicamente de cesárea más salgingoclasia con antecedente de cirugía bariatrica, se obtiene recién nacido de sexo femenino, peso 2400 g. talla 46, apgar 8/9. La paciente permaneció internada con tratamiento post quirúrgico y seguimiento médico, con buena evolución fue dada de alta en condiciones mejoradas en fecha 06 de noviembre del 2021, debiendo seguir indicaciones médicas. Al momento de su alta, la paciente respirando espontáneamente sin oxígeno suplementario. Diagnostico: Puerperio mediato post cesárea Antecedente cirugía bariatrica (sic [fs. 33]). II.3. Del Acta de suspensión de juicio oral de 8 de diciembre de 2021, se tiene que los miembros del Tribunal demandado, señalaron que:
…hemos sido notificados el día viernes a horas 14:30p.m. con el acta de audiencia de acción de libertad donde si bien no dispone la suspensión del presente juicio, sin embargo solicita que se otorgue las garantías, se puede garantizar las recomendaciones establecidas en el certificado médico forense, (…) en ese sentido se va señalar audiencia mixta virtual para la hoy acusada y presencial para el resto de los sujetos procesales para el día MIERCOLES 15 DE DICIEMBRE A HORAS 13:30P.M. (sic [fs. 15 a 17].) II.4. Según Acta de suspensión de juicio oral 15 de diciembre de 2021, las autoridades demandadas, señalaron:
Se tiene presente el informe por secretaria y toda que no se ha realizado las notificaciones al Ministerio Publico y no se encuentra presente y tampoco se ha notificado la acusada si bien estaban notificadas por medio de sus abogados sin embargo debió oficiarse a informativa para que se genere el link para la audiencia virtual señalada y al no haberse realizado los oficios correspondientes no contamos con el link para que pueda presentarse en audiencia la acusada el día de hoy (…) sin embargo la presente audiencia se va a diferir para el día MIERCOLES 05 DE ENERO DEL 2022 A HORAS 14:30P.M. con lo que quedan notificados en audiencia por secretaria: NOTIFÍQUESE A LA ACUSADA SRA. VIVIAN PATRICIA GONZALES RIOJAS. OFÍCIESE A LA OFICINA GESTORA DE PROCESO PARA LA CREACIÓN DE LA SALA VIRTUAL PARA LA SRA. VIVIAN PATRICIA GONZALES RIOJAS (sic [fs. 18]). II.5. Cursa Acta de suspensión de juicio oral de 5 de enero de 2022, en la cual, los Jueces demandados señalaron lo siguiente:
SECRETARIA.- (…) informo que dentro del presente proceso no fue notificada la acusada Dra. Vivian patricia Gonzales Riojas está presente la abogada de la acusada Dra. Valeria Salas… PRESIDENTE.- Se tiene presente el informe por secretaria y al no encontrarse todas las partes notificadas para la presente audiencia y al estar el tribunal incompleto al estar uno de los jueces con baja médica vamos a suspender la presente audiencia y se va señalar nueva audiencia para el día se ordena que por secretaria se notifique a las partes con el nuevo señalamiento de audiencia para el día MARTES 22 DE FEBRERO DEL 2022 A HORAS 08:30 A.M. las partes presente quedan notificadas con el presente señalamiento, por secretaria. NOTIFÍQUESE A LA ACUASADA SR VIVIAN PATRICIA GONZALES RIOJAS. OFÍCIESE A LA OFICINA GESTORA DE PROCESO PARA LA CREACIÓN DE LA SALA VIRTUAL PARA LA Sra. VIVIAN PATRICIA GONZALES RIOJAS (sic [fs. 19]). II.6. Del Acta de suspensión de audiencia de juicio oral de 22 de febrero de 2022, las autoridades demandadas, manifestaron que:
AUXILIAR: (…) las partes han sido legalmente notificadas estando presente en sala la Dra. Valeria Salas que representa a la acusada Vivian Patricia (…), se hace conocer que ha pasado el link a la acusada Vivian Patricia reciente toda vez que la suscrita auxiliar no tenía el numero ni de la abogada ni de la acusada, se hace conocer que en el transcurso de las 8:30 hasta las 9 se ha creado un nuevo link de parte de la coordinación de la gestora número 3. PRESIDENTA: Se tiene presente lo informado lo informado por la auxiliar, toda vez de que en el transcurso de las 8 a 8:30 se ha creado un segundo link el cual ha sido recién puesto en conocimiento de la acusada es motivo por el cual hasta el momento no puede conectarse (…) SE VA DIFERIR LA PRESENTE AUDICENCIA PARA EL DIA MARTES 05 DE ABRIL DEL AÑO 2022 A HORAS 08:30 A.M… - NOTIFÍQUESE A LA ACUSADA PARA LA CUAL DE MANERA ALTERNATIVA SE CREE UN LINK PARA QUE PUEDA PARTICIPAR EN AUDIENCIA (sic [fs. 20 y vta.]). II.7. Según Acta de suspensión de audiencia de juicio oral de 5 de abril de 2022, se tiene que:
PRESIDENTE.- (...) por Auxiliatura Habilitada previamente infórmese sobre las notificaciones a las partes y la presencia de las mismas en esta sala de audiencia. AUXILIAR HABILITADA.- Informarle a su autoridad que para la presente audiencia los sujetos procesales se encuentran legalmente notificados así mimo de hace conocer que la Secretaria del Tribunal esta con suspensión Laboral. MINISTERIO PÚBLICO: Señora presidenta, solicitó a su autoridad la suspensión de audiencia de juicio oral toda vez que tengo audiencia en otro juzgado. PRESIDENTE.- Se tiene presente Dr., se va a suspender la presente audiencia de Juicio Oral para el DIA MARTES 24 DE MAYO DE 2022 A HORAS 02:30 AM y notifíquese a los demás sujetos procesales (sic [fs. 58]). II.8. Por Auto de 24 de mayo de 2022, los miembros del Tribunal demandado, declararon rebelde a la accionante y dispusieron la emisión del respetivo mandamiento de aprehensión,
…La solicitud de declaratoria de rebeldía por el Ministerio Público realizada por el representante del Ministerio Público contra la acusada Vivian Patricia Gonzales Rioja (…) es así que de la verificación se puede establecer de que la hoy acusada estaba legalmente citada para la audiencia presencia del día de hoy y que de manera equivoca se mandó un link para la creación del mimos y así también a pesar de que estamos en línea tampoco se encuentra presente de manera virtual. (…) Para efectos vamos a señalar audiencia para el día MARTES 14 DE JUNIO DEL 2022 A HORAS 10:30 A.M... (sic [fs. 24 vta. a 25]). II.9. Por memorial presentado el 26 de mayo de 2022, la accionante interpuso incidente por causal sobreviniente, solicitando se deje sin efecto el Auto de 24 de mayo de 2022, que declaró su rebeldía, corrigiendo procedimiento; toda vez que, en resguardo de sus derechos y los de su hija menor de edad se determinó la celebración de audiencias virtuales para su persona, y conforme el Acta de suspensión de audiencia de juicio oral de 5 de abril de 2022, por informe del auxiliar habilitada no se realizó la notificaciones a los sujetos procesales; toda vez que, dicha funcionaria judicial se encontraba en suplencia legal, por lo que se determinó: “Se tiene presente con el informe de la auxiliar habilitada, se va suspender la presente audiencia de juicio Oral para el día Martes 24 de mayo de 2022 a horas 08:30 a.m., notifíquese a los demás sujetos procesales” (sic); en ese sentido, de la revisión de la citada Acta, se tiene que se obvio ordenar la creación de link para que se lleve la audiencia de juicio oral de manera virtual, conforme se hizo anteriormente; asimismo, en su Otrosí 2 señaló “Con relación a las pruebas hoy ofrezco el cuaderno procesal cursante en su despacho en el que se encuentran las actas de audiencia de juicio oral, de fechas 08, 15 de diciembre del año 2021, 05 de enero del año 2022, 22 de febrero 05 de abril y 24 de mayo tosas del año 2022” (sic [fs. 21 a 23]). II.10.Mediante Auto de 27 de mayo de 2022, los Jueces demandados, declararon infundado el incidente de actividad procesal defectuosa formulado, manteniendo incólume el Auto de declaratoria de rebeldía de 24 de mayo de 2022, disponiendo la prosecución del juicio oral, señalando lo siguiente:
Por los antecedentes que cursan en obrados, se observa que, conforme consta en acta de fecha 05 de abril de 2022 es cierto y evidente que no se ha dispuesto que la audiencia sea virtual o presencial puesto que en anteriores oportunidades de manera expresa se había dispuesto que las mismas fueran de manera virtual, ya que en dichas fechas estábamos atravesando la Cuarta Ola del Covid-19 y con la finalidad de precautelar la salud de la acusada que en dichas fechas se encontraba en esta de gestación se habría señalado de tal manera, a la fecha la situación ha cambiado y todas las audiencias han retomado la modalidad presencial toda vez que no amerita ya que las mismas se realicen de forma virtual, así lo ha dispuesto el Tribunal Supremo de Justicia; si bien es cierto que se ha dispuesto crear un link, sin embargo, el mismo había sido creado por la Oficina Gestora de Procesos y el día y la hora dispuesto para que se lleve a cabo la audiencia, tampoco se encontraba presente en sala virtual la hoy acusada, manifestando que no se le habría proporcionado el mismo, situación que tampoco es acreditada con ningún tipo de prueba por la incidentista. Es claro el texto del Art. 314 parágrafo III al disponer que los incidentes y excepciones en etapa de juicio oral serán planteados de manera excepcional y será ofreciendo prueba idónea y pertinente, situación que no se ha dado en el presente caso ya que como consta en el timbre del memorial del incidente se puede apreciar que con relación a los documentos adjuntos consta como “fs. 0”. (…) Asimismo, el 160 del adjetivo penal establece que “Las notificaciones tienen por objeto hacer conocer a las partes o a terceros las resoluciones judiciales”. Nuestro procedimiento señala que las partes sólo podrán observar el acto defectuoso cuando no lo hayan provocado o contribuido a provocar el defecto y éste les haya causado perjuicio concreto o indefensión, por otro lado, cuando las partes tengan más de un abogado las notificaciones realizadas a uno de ellos tendrá validez respecto a todos y las resoluciones que se emitan en audiencia serán notificadas a las partes presentes con su solo pronunciamiento sin ninguna otra formalidad, es así que habiendo estado presente en audiencia de fecha 05 de abril de 2022 la parte acusada, así como haberse notificado en su domicilio procesal el señalamiento de dicha audiencia, el estar presente en audiencia su abogado de Oficio como su abogado el Dr. Carlos Hugo Vaca Egüez, como ella misma manifiesta en su memorial, entonces se puede concluir que la incidentista tenía conocimiento de la audiencia de fecha 24 de mayo de 2022, no pudiendo alegar desconocimiento o falta de notificación, más aun cuando ha presentado prueba que demuestre dicho extremo al momento de plantear el presente incidente y también no puede alegar indefensión ya que se encontraban en sala de audiencia tanto su abogado de oficio como su abogado el Dr. Carlos Hugo Vaca Egüez (sic [fs. 27 a 28 vta.]).
II.11.Mediante decreto de 27 de mayo de 2022, el Tribunal demandado, señaló:
Habiéndose apersonado la acusada VIVIAN PATRICIA GONZALES RIOJA, como consta en el memorial presentado, en aplicación del art. 91 del Código de Procedimiento Penal, previo a dejar sin efecto las medidas impuestas de carácter real, deberán comparecer personalmente a secretaria de este tribunal a efectos de firmar el acta de comparecencia, elaborar croquis exacto de su domicilio real, además se le impone el pago de costas por rebeldía en la suma de: Bs.- 100… (sic [fs. 26]).
La accionante denuncia la lesión de sus derechos a la libertad, al debido proceso y al principio de seguridad jurídica; toda vez que, dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión de los delitos de prevaricato, resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, e incumplimiento de deberes, los miembros del Tribunal demandado, mediante Auto de 24 de mayo de 2022, la declararon rebelde por no comparecer ni justificar su incomparecencia a audiencia de juicio oral de idéntica fecha, inobservando que las audiencias por disposición de las propias autoridades demandadas, serian mixtas, es decir virtual para su persona y presencial para su defensa; empero, no le llego el link para dicho acto procesal, y tampoco tenía conocimiento su defensa que las audiencias para su persona serian presenciales; por lo que, el 26 de igual mes y año, formuló incidente de corrección de procedimiento, resuelto a través de Auto de 27 de mayo de 2022, declarando infundado dicho incidente, bajo el falso argumento que no se presentó ni se ofreció prueba idónea, inobservando que se ofrecieron como pruebas todas las actas cursantes en el cuaderno de control jurisdiccional a partir del 8 de diciembre de 2021, lesionando así su derecho a la libertad, aunque no esté ejecutado el mandamiento de aprehensión, ya que se declaró infundado el incidente presentado. En consecuencia, corresponde analizar en revisión, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para ello, se desarrollarán los siguientes temas: 1) El estándar jurisprudencial más alto en el derecho al debido proceso y su protección vía acción de libertad; 2) Inaplicabilidad de la subsidiariedad excepcional de la acción e libertad en casos de mujeres en estado de gestación y/o con hijos menores de un año; 3) De la declaratoria de rebeldía y el mandamiento de aprehensión; y, 4) Análisis del caso concreto.
El presente Fundamento Jurídico, fue citado en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1464/2022-S1 de 8 de diciembre; y, 0581/2023-S1 de 6 de junio, -entre otras- que formularon el siguiente razonamiento:
Con relación a la aplicación del debido proceso como expresión del estándar jurisprudencial más alto en las acciones de libertad, incumbe remitirnos a lo desarrollado en la SCP 0153/2020-S1 de 24 de julio; toda vez que, en dicha Sentencia Constitucional Plurinacional se efectuó un cambio de razonamiento ante la existencia de dos líneas contradictorias entre sí, mismas que expresaban entendimientos distintos en cuanto a la procedencia de la acción de libertad cuando se denunciaba vulneración al debido proceso; a tal fin, y cumpliendo la obligación que tiene este Tribunal Constitucional Plurinacional, como máximo guardián de la Constitución Política del Estado, de velar por la supremacía de la Ley Fundamental, ejercer el control de constitucionalidad, precautelar el respeto y la vigencia de los derechos y las garantías constitucionales, mandato conferido en el art. 196 de la CPE, determinó aplicar los entendimientos contenidos en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 2233/2013 de 16 de diciembre y 0087/2014-S3 de 27 de octubre, glosados en su Fundamento Jurídico III.1, que establecieron que, el juzgador tiene la obligación de vincularse al precedente jurisprudencial que contenga el estándar jurisprudencial más alto; es decir, aquel fallo que ha desarrollado una interpretación más favorable y progresiva del derecho, entendiendo que:
…el precedente constitucional en vigor o vigente, resulta aquél que acoja el estándar más alto de protección del derecho fundamental o garantía constitucional invocada, esto es, aquella decisión que hubiera resuelto un problema jurídico de manera más progresiva, a través de una interpretación que tienda a efectivizar y materializar de mejor manera los derechos fundamentales y garantías constitucionales previstas en la Constitución Política del Estado y en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos que forman parte del bloque de constitucionalidad… En esa misma línea y siguiendo dichos entendimientos, la indicada SCP 0153/2020-S1, en su Fundamento Jurídico III.2 desarrolló más ampliamente los razonamientos expresados en la SCP 2233/2013 sobre la aplicación del estándar más alto, misma que advirtió dos aspectos importantes para aplicar el referido estándar más alto de la jurisprudencia constitucional, uno de ellos cuando se advierta la existencia de dos líneas contradictorias, señalando que el juzgador está obligado a vincularse al entendimiento que tutele de manera más adecuada los derechos fundamentales, cuya identificación se la realiza a través de un examen o análisis integral de la línea jurisprudencial y no solamente a partir de un criterio temporal; para lo cual describiendo el contenido de la SCP 2233/2013, la precitada SCP 0153/2020-S1, señalo que:
Nos referimos, con la expresión estándar más alto de la jurisprudencia constitucional, para resaltar aquélla o aquéllas decisiones del Tribunal Constitucional que hubieran resuelto un problema jurídico recurrente y uniforme, pero de manera progresiva a través de una interpretación que tiende a efectivizar y materializar de mejor manera los derechos fundamentales y garantías constitucionales previstas en la Constitución y en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos que forman parte del bloque de constitucionalidad. El método de identificación del estándar más alto en la jurisprudencia constitucional, es a través de un examen o análisis integral de la línea jurisprudencial, de tal forma que el precedente constitucional en vigor se constituirá en aquél que resulte de dicha comparación (las negrillas nos pertenecen). Bajo esa comprensión y los razonamientos contenidos en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 2233/2013 y 0087/2014-S3, la mencionada SCP 0153/2020-S1, inicio su Fundamento Jurídico III.3 con el análisis integral y dinámico de la línea jurisprudencial respecto a la protección del derecho al debido proceso a través de la acción de libertad, a efectos de identificar el precedente en vigor; así, señaló que entre los primeros razonamientos emitidos por el Tribunal Constitucional se tiene a la SC 0024/2001-R de 16 de enero, que establece que la activación de la vía constitucional a través de la acción de libertad, cuando se denuncia vulneraciones al debido proceso, no alcanza a todas las formas en que el mismo puede ser infringido, sino sólo a aquellos supuestos en los que está directamente vinculado al derecho a la libertad personal o de locomoción, por operar como causa para su restricción o supresión; en ese mismo sentido, la SC 1865/2004-R de 1 de diciembre, estableció el agotamiento previo de todos los medios ordinarios antes de acudir a esta jurisdicción, puesto que las lesiones al debido proceso debían ser reparadas por los mismos órganos jurisdiccionales que conocen la causa, exceptuando los casos en que por dichas vulneraciones del debido proceso se colocó al recurrente en absoluto estado de indefensión, que no le permitió impugnar los supuestos actos ilegales y que recién tuvo conocimiento del proceso al momento de la persecución o la privación de la libertad. Siguiendo, los entendimientos de la SC 1865/2004-R incluyó ambos condicionamientos como presupuestos que deben concurrir a efectos de activar la acción de libertad en busca de la protección ante lesiones al derecho al debido proceso; es decir: i) El acto lesivo, entendido como los actos ilegales, las omisiones indebidas o las amenazas de la autoridad pública denunciados, deben estar vinculados con la libertad por operar como causa directa para su restricción o supresión; y, ii) Debe existir absoluto estado de indefensión, es decir, que el recurrente no tuvo la oportunidad de impugnar los supuestos actos lesivos dentro del proceso y que recién tuvo conocimiento del mismo al momento de la persecución o la privación de la libertad; presupuestos que fueron exigiéndose de manera uniforme por esta instancia constitucional, y denegándose la tutela ante la inconcurrencia de los mismos en reiterados fallos. Luego de ese desarrollo, la SCP 0153/2020-S1 señalo que dicho razonamiento jurisprudencial fue seguido en diferentes fallos emitidos por este Tribunal Constitucional Plurinacional de manera uniforme y reiterada, citando a las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0151/2015-S1, 1133/2016-S2, 0859/2017-S3, 0495/2018-S3, 0768/2019-S3 y 1094/2019-S1, entre otras; agregando la misma reflexión; es decir, la exigencia de la vinculación directa del acto ilegal con el derecho a la libertad. También se fue aplicando en los casos en los que se invocaba tutela vía acción de libertad en los procedimientos para otorgar el beneficio de indulto y/o amnistía, denegándose las mismas por tal razón -cita las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0661/2017-S3 de 30 de junio y 1043/2019-S1 de 21 de octubre-. En tal sentido y continuando con ese análisis dinámico, la tantas veces señalada SCP 0153/2020-S1, citó a la SCP 0217/2014 de 5 de febrero, la b) debe existir absoluto estado de indefensión, es decir, que el recurrente no tuvo la oportunidad de impugnar los supuestos actos lesivos dentro del proceso y que recién tuvo conocimiento del mismo al momento de la persecución o la privación de la libertad”. A partir de dicho razonamiento jurisprudencial, esta instancia contralora de garantías, en la resolución de los casos, de manera uniforme y reiterada siguió la referida reflexión mediante las siguientes Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0151/2015-S1 de 26 de febrero; 1133/2016-S2 de 7 de noviembre; 0859/2017-S3 de 1 de septiembre; 0495/2018-S3 de 13 de septiembre; 0768/2019-S3 de 17 de octubre; 1094/2019-S1 de 26 de noviembre, entre otras. Asimismo, respecto de la invocación de tutela vía acción de libertad ante observaciones o negativa de otorgar el beneficio de indulto y/o amnistía, dichas denuncias fueron denegadas siguiendo las mismas razones a través de las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1043/2019-S1 de 21 de octubre; 0661/2017-S3 de 30 de junio, entre tantas. 3 La citada Sentencia Constitucional Plurinacional, continúo señalando: “…de una interpretación sistemática y teleológica de los arts. 115.II, 125, 178.I y 180.I de la CPE, con relación al art. 46 del Código de Procedimiento Penal (CPCo), a la luz del principio de favorabilidad y la fuerza expansiva de los derechos fundamentales, corresponde efectuar un cambio de línea jurisprudencial respecto a la tutela del debido proceso mediante la acción de libertad. (…) En ese entendido, bajo una interpretación literal de dichas normas, pero también atendiendo a una interpretación teleológica de las mismas, debe señalarse que la garantía del debido proceso en materia penal es tutelable por la acción de libertad, aún no exista una vinculación directa con el derecho a la libertad física o personal, siendo suficiente la existencia de una relación indirecta con dicho derecho ante la amenaza de privación de libertad que el proceso penal supone. (…) en resumen del derecho a un debido proceso, se determina que, únicamente cuando se trata de materia penal, la acción de libertad es el medio idóneo, eficaz y eficiente para restablecer el debido proceso, en todos sus elementos. En consecuencia, se hace necesario establecer a partir de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional que las lesiones al debido proceso en materia penal en aquellos casos en los que se colocó al accionante en absoluto estado de indefensión o cuando éste agotó los medios de impugnación intra procesales, son susceptibles de la tutela constitucional que brinda la acción de libertad”.
cual a partir de una interpretación sistemática y teleológica de los arts. 115.II, 125, 178.I y 180.I de la CPE, con relación al art. 46 del Código Procesal Constitucional (CPCo), a la luz del principio de favorabilidad y la fuerza expansiva de los derechos fundamentales, moduló la línea jurisprudencial respecto a la tutela del debido proceso mediante la acción de libertad, que exige que la causalidad de los actos u omisiones denunciados deben tener directa vinculación con la supresión o limitación del derecho a la libertad, estableciendo que:
En ese entendido, bajo una interpretación literal de dichas normas, pero también atendiendo a una interpretación teleológica de las mismas, debe señalarse que la garantía del debido proceso en materia penal es tutelable por la acción de libertad aún no exista una vinculación directa con el derecho a la libertad física o personal, siendo suficiente la existencia de una relación indirecta con dicho derecho ante la amenaza de privación de libertad que el proceso penal supone. (…) en resumen del derecho a un debido proceso, se determina que, únicamente cuando se trata de materia penal, la acción de libertad es el medio idóneo, eficaz y eficiente para restablecer el debido proceso, en todos sus elementos. En consecuencia, se hace necesario establecer que, a partir de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional las lesiones al debido proceso en materia penal, en aquellos casos en los que se colocó al accionante en absoluto estado de indefensión o cuando éste agotó los medios de impugnación intra procesales, son susceptibles de la tutela constitucional que brinda la acción de libertad (el resaltado es ilustrativo). A partir de estos razonamientos, en dicha SCP 0153/2020-S1 se concluyó en que debían ajustarse razonamientos en cuanto al carácter progresivo y al principio de favorabilidad de los derechos fundamentales, por mandato de los arts. 13.I y 256.I de la CPE, considerando que debe buscarse siempre la interpretación más amplia y progresiva de los derechos que este mismo Tribunal haya efectuado en diferentes fallos, los cuales entran en el catálogo del estándar jurisprudencial más alto; por lo que, en cuanto a la invocación de tutela vía acción de libertad por indebido procesamiento, determinó acoger los criterios de la SCP 0217/2014 de 5 de febrero, al considerar que la misma se constituye en el precedente en vigor, al haber superado ampliando la exigencia de una causalidad directa de los actos u omisiones con el derecho a la libertad, siendo suficiente una vinculación indirecta que el proceso penal conlleva, posibilitando a este Tribunal Constitucional Plurinacional garantizar un efectivo acceso a la justicia constitucional en resguardo de los derechos fundamentales y garantías constitucionales. Por lo que, en el entendido que dicho razonamiento condice con el carácter progresivo de la Norma Suprema y garantiza el acceso efectivo a la justicia constitucional cuando se invoca tutela vía acción de libertad por indebido procesamiento, la ya citada SCP 0153/2020-S1, en apego al estándar más alto de protección del derecho señaló que, es atendible cuando:
1) Exista vinculación directa o indirecta con el derecho a la libertad física o personal, ante la amenaza de privación de libertad que el proceso penal supone; y, 2) Se hubieren agotado los medios de impugnación dentro del proceso penal, siempre que estos sean idóneos, específicos y aptos para restituir de forma inmediata los derechos que se encuentran en el ámbito de protección de la acción de libertad; salvo indefensión absoluta del accionante, supuesto en el cual, la acción de libertad podrá ser formulada de manera directa (las negrillas son añadidas).
El presente Fundamento Jurídico fue citado en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0500/2021-S1 de 7 de octubre; y, 0005/2022-S1 de 17 de marzo, entre otras, que citaron el siguiente razonamiento:
El art. 15.I y II de la CPE establece que todas las personas gozan de derechos fundamentales, señalando que:
psicológica y sexual. Nadie será torturado, ni sufrirá tratos crueles, inhumanos, degradantes o humillantes. No existe la pena de muerte. II. Todas las personas, en particular las mujeres, tienen derecho a no sufrir violencia física, sexual o psicológica, tanto en la familia como en la sociedad. En cuanto al derecho a la libertad, el art. 23 de la Ley Fundamental, establece que:
I. Toda persona tiene derecho a la libertad y seguridad personal. La libertad personal sólo podrá ser restringida en los límites señalados por la ley, para asegurar el descubrimiento de la verdad histórica en la actuación de las instancias jurisdiccionales. Asimismo, el art. 45.V de la citada Norma Suprema prevé que:
V. Las mujeres tienen derecho a la maternidad segura, con una visión y práctica intercultural; gozarán de especial asistencia y protección del Estado durante el embarazo, parto y en los periodos prenatal y posnatal. Este contexto normativo permite establecer que la Constitución Política del Estado y la legislación ordinaria prevén un trato especial a los casos en los que se halle involucrada una mujer en estado de gestación que se encuentre bajo la aplicación de la medida cautelar de detención preventiva o en casos en los que debe considerarse la cesación de esa medida restrictiva, en los cuales, las autoridades asignadas a su conocimiento, deben hacer prevalecer su situación valorando todas las situaciones fácticas y particulares del caso, debiendo efectuar una debida ponderación de los bienes jurídicos involucrados a fin de garantizar un tratamiento que garantice encontrar un justo medio y asumir una medida equilibrada que permita garantizar la presencia de la imputada en el desarrollo de la investigación y el cumplimiento de la ley, y por otro lado, la protección de la madre y del ser en gestación, debiendo las autoridades a cargo del caso, agotar todas las posibilidades para prever la aplicación de otras medidas cautelares alternativas o sustitutivas previstas por ley menos gravosas, antes de aplicar la detención preventiva.
En ese marco, el Tribunal Constitucional ha emitido jurisprudencia al respecto, entre ellas: La SC 0589/2011-R de 3 de mayo, respecto a la inaplicabilidad de la subsidiariedad excepcional de la acción de libertad, señaló:
…ante la particularidad del presente caso, en el que es evidente que la accionante se encuentra en estado de gravidez, es inaplicable la subsidiaridad excepcional de la acción de libertad, tanto por la protección constitucional de la que goza la mujer embarazada, invocada por ella ante la autoridad jurisdiccional, como en consideración al derecho a la vida del ser en gestación, y que se encuentra consagrado en el art. 15.I de la CPE, en cuya virtud goza de protección y tutela a través de la acción de libertad. (…)
“…otro de los casos de inaplicabilidad de la subsidiariedad excepcional, constituye en razón al grado de vulnerabilidad del agraviado y/o accionante, a este efecto la SCP 0475/2012 de 4 de julio refiere que: 'Las mujeres en estado de gestación y/o con hijos menores de un año se encuentran entre los grupos vulnerables o de atención prioritaria que en general son aquellos sectores poblacionales que por circunstancias de pobreza, origen étnico, estado de salud, edad, género o discapacidad, se encuentran en un estado de indefensión, respecto de otros grupos sociales, en ese sentido, existe una sospecha de menoscabo en sus derechos fundamentales, habilitando de forma directa su protección en la justicia constitucional, puesto que si entre iguales es exigible la tutela de derechos fundamentales, con mayor razón será aquella proveniente de estos sectores vulnerables, dentro de ellos los niños y niñas, los discapacitados, los indígenas, las personas de la tercera edad, los migrantes y otros”.
Bajo estos razonamientos, es inaplicable la subsidiariedad excepcional, ante la existencia de un daño irreparable, sea por la naturaleza de los derechos vulnerados, por el grado de indefensión del agraviado y/o accionante, o por el grado de vulnerabilidad de éste, correspondiendo ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada, ya que se habilita de forma directa la justicia constitucional, en la que de acuerdo al análisis de cada caso, se concederá o denegará la tutela solicitada»’”. Esta jurisprudencia ha sido reiterada por la SCP 0170/2014-S2 de 24 de noviembre. A su vez la SCP 0217/2017-S2 de 15 de marzo, reiterando los entendimientos de la SCP 0170/2014-S2, señaló:
“'Las mujeres en estado de gestación y/o con hijos menores de un año se encuentran entre los grupos vulnerables o de atención prioritaria que en general son aquellos sectores poblacionales que por circunstancias de pobreza, origen étnico, estado de salud, edad, género o discapacidad, se encuentran en un estado de indefensión, respecto de otros grupos sociales, en ese sentido, existe una sospecha de menoscabo en sus derechos fundamentales, habilitando de forma directa su protección en la justicia constitucional, puesto que si entre iguales es exigible la tutela de derechos fundamentales, con mayor razón será aquella proveniente de estos sectores vulnerables, dentro de ellos los niños y niñas, los discapacitados, los indígenas, las personas de la tercera edad, los migrantes y otros'. Los entendimientos asumidos en la jurisprudencia citada, determinan que la subsidiariedad excepcional no es aplicable en casos de mujeres en estado de gestación o con niños menores de un año que se encuentran entre los grupos vulnerables o de atención prioritaria debido a su grado de indefensión o por su grado de vulnerabilidad, quienes pueden en esos 5 Respecto a la inaplicabilidad de la subsidiariedad excepcional de esta acción tutelar en casos de mujeres en estado de gestación y madres lactantes de niños menores de un año, la SCP 1756/2013 de 21 de octubre de 2013, que su vez cita a la SC 0589/2011-R de 3 de mayo, señaló: “…ante la particularidad del presente caso, en el que es evidente que la accionante se encuentra en estado de gravidez, es inaplicable la subsidiaridad excepcional de la acción de libertad, tanto por la protección constitucional de la que goza la mujer embarazada, invocada por ella ante la autoridad jurisdiccional, como en consideración al derecho a la vida del ser en gestación, y que se encuentra consagrado en el art. 15.I de la CPE, en cuya virtud goza de protección y tutela a través de la acción de libertad. Al respecto, el art. 45.V de la Ley Fundamental, establece que: 'Las mujeres tienen derecho a la maternidad segura, (…) gozarán de especial asistencia y protección del Estado durante el embarazo, parto y los períodos prenatal y posnatal'; instituyendo protección constitucional en resguardo de su derecho a la vida del nuevo ser en gestación, y en armonía con dicho precepto constitucional el art. 232 del CPP, parte in fine establece que: 'Tratándose de mujeres embarazadas y de madres durante la lactancia de hijos menores de un año, la detención preventiva sólo procederá cuando no exista ninguna posibilidad de aplicar otra medida alternativa'. Por consiguiente, por los razonamientos expuestos, y tratándose de la protección del derecho a la vida del ser en gestación, se hace viable otorgar la tutela solicitada”. 6 Bajo estos razonamientos, es inaplicable la subsidiariedad excepcional, ante la existencia de un daño irreparable, sea por la naturaleza de los derechos vulnerados, por el grado de indefensión del agraviado y/o accionante, o por el grado de vulnerabilidad de éste, correspondiendo ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada, ya que se habilita de forma directa la justicia constitucional, en la que de acuerdo al análisis de cada caso, se concederá o denegará la tutela solicitada»’”
casos, acudir de manera directa a la justicia constitucional, casos en los que en esa instancia, analizará si corresponde conceder o denegar la tutela impetrada.
El presente Fundamento Jurídico, fue citado en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0660/2020-S1 de 29 de octubre; y, 0203/2023-S1 de 12 de abril; -entre otras- que formularon el siguiente razonamiento:
La SCP 0456/2018-S2 de 27 de agosto, en cuanto a la declaratoria de rebeldía y el mandamiento de aprehensión, señaló lo siguiente: Ahora bien, respecto a la declaratoria de rebeldía y sus efectos, la jurisprudencia constitucional contenida en la SCP 0772/2012 de 13 de agosto, precisó las dos formas de comparecencia del rebelde en el proceso penal de acuerdo al art. 91 del Código de Procedimiento Penal (CPP), siendo estas: a) La comparecencia voluntaria del rebelde al proceso penal antes de la ejecución del mandamiento de aprehensión; y, b) La comparecencia del rebelde al proceso penal en ejecución del mandamiento de aprehensión; sobre la primera forma, dejó claro que una vez materializada la presentación voluntaria del procesado, el mandamiento de aprehensión no tendría ninguna razón de persistir, por lo que debe dejársela sin efecto, así como la declaratoria de rebeldía dispuesta, al haberse cumplido el objetivo del mismo cual era que el imputado comparezca ante la autoridad competente; caso contrario se estaría frente a una persecución ilegal.
Respecto a la segunda forma de comparecencia, es decir, cuando se ejecutó el mandamiento de aprehensión poniendo al imputado a disposición del juez o tribunal, la Sentencia estableció que el proceso debe continuar con su trámite; por lo que, igualmente corresponde dejar sin efecto las órdenes emitidas, por cuanto pese de no haber sido voluntaria la presencia del imputado, el mandamiento de aprehensión no puede seguir subsistiendo ya que al haberse ejecutado este cumplió su objetivo; en tal sentido la causa debe continuar con su tramitación, con la salvedad que el juez o tribunal del proceso que hubiese declarado la rebeldía, una vez que sea conducido ante su despacho el imputado, deberá celebrar la audiencia de medidas cautelares para definir su situación jurídica.
Con similar razonamiento, la SCP 0811/2012 de 20 de agosto, estableció que el art. 91 del CPP es claro al determinar que cuando el rebelde comparezca o sea puesto a disposición de la autoridad que lo requiera, el proceso continuará su trámite, dejándose sin efecto las órdenes dispuestas para su comparecencia, manteniendo las medidas cautelares de carácter real; consiguientemente, es ante la autoridad jurisdiccional que dispuso la rebeldía de la o el imputado ante quien corresponde acudir, compareciendo en el proceso, a efecto de que dicha autoridad, restablezca cualquier amenaza o lesión al derecho a la libertad del imputado.
La misma Sentencia aclaró que diferente es la situación de aquella o aquel imputado que pese a haber activado el procedimiento que le otorga la ley, apersonándose ante la autoridad judicial a objeto de justificar su incomparecencia, dicha autoridad se pronuncia de manera contraria a la norma, vulnerando los derechos y garantías del imputado, supuesto en el cual es posible acudir a la justicia constitucional, a través de la acción de libertad, buscando que se cual, ante la inasistencia del imputado a la hora señalada y a solicitud de la parte querellante y Ministerio Público, declaró la rebeldía del encausado ordenando la emisión de mandamiento de aprehensión y arraigo. Ahora bien, como se dijo, tiene que quedar claro que la resolución de declaratoria de rebeldía tiene como consecuencia la emisión del mandamiento de aprehensión, el arraigo y la publicación de los datos y señales personales del imputado en los medios de comunicación, para su búsqueda y aprehensión, esto con la finalidad de lograr que el declarado rebelde acuda a la citación o llamamiento judicial y la investigación o el proceso penal continúen. En ese sentido, el art. 91 del CPP, es claro al determinar que cuando el rebelde comparezca o sea puesto a disposición de la autoridad que lo requiera, el proceso continuará su trámite, dejándose sin efecto las órdenes dispuestas para su comparecencia, manteniendo las medidas cautelares de carácter real; añadiendo que si el imputado justifica que no concurrió debido a un grave y legítimo impedimento, la rebeldía será revocada y no habrá lugar a la ejecución de la fianza. En este marco, se tiene claramente identificado que la pretensión del imputado ahora accionante, es anular por la vía constitucional, el auto que lo declara rebelde y por su efecto, el mandamiento de aprehensión dispuesto; en este sentido, si acogemos el petitorio de tutela mencionado, éste Tribunal Constitucional Plurinacional, estaría ingresando al análisis de una situación jurídica y valoración que le corresponde exclusivamente a la jurisdicción ordinaria, específicamente a la autoridad ahora demandada quien bajo la facultad y aplicación del art. 91 del CPP, descrito, puede dejar sin efecto en el día o en un plazo razonable, las medidas que ahora considera lesivas a sus derechos, el hoy accionante. Bajo este razonamiento, si bien el accionante denuncia que la audiencia señalada para el 13 de junio de 2012 a horas 15:30, se instaló media hora antes de lo previsto, no es menos evidente que el imputado, inmediatamente podía acudir ante la autoridad demandada quien emitió el auto de rebeldía y justificar su incomparecencia o impedimento en los mismos términos que lo hace ahora vía jurisdicción constitucional y de esta forma, otorgar la oportunidad de que el Juez competente se pronuncie a la luz del art. 91 del CPP, o sea, aplicando el camino procedimental trazado por la voluntad del legislador con la finalidad de que dicha autoridad, restablezca cualquier amenaza o lesión al derecho a la libertad del imputado; en merito a ello, compartimos la posición del Juez demandado quien en su informe de ley, independientemente de indicar que a la fecha no se han expedido el mandamiento de aprehensión al estar sujeto a la publicación de edictos, refiere en su defensa que, si el imputado pretendía anular la resolución de rebeldía, la vía de solución es acudir a su autoridad para así efectivizar los efectos que conlleva el artículo ya citado del Código de Procedimiento Penal. Otra situación seria, si en el caso de que el imputado active el procedimiento que le otorga la ley de apersonarse ante el Juez o Tribunal con la finalidad de justificar su incomparecencia y la autoridad jurisdiccional se pronuncie saliéndose de la norma o contrariamente a los derechos y garantías de imputado, recién se podrá acudir ante esta jurisdicción buscando la tutela efectiva para restablecer los derechos presuntamente lesionados al no existir medio procesal o norma para el efecto; pues si activamos directamente la acción tutelar, no solo desconocemos un procedimiento específico establecido por la ley, sino, invadiendo la jurisdicción ordinaria podríamos dejar -por consecuencia- sin validez una resolución de declaratoria de rebeldía que conforme establece el art. 90 del CPP, tiene como uno de sus efectos, el interrumpir la prescripción; por eso mismo, el imputado tiene una puerta abierta jurídicamente, para intentar revocar o anular la resolución que ahora se denuncia mediante la presente acción de defensa y en consecuencia, dejar sin efecto las medidas provisionales adoptadas, claro está, previa valoración y resolución fundamentada resultado de la sana critica del Juez. En este sentido -en el caso concreto- queda claro que la comparecencia ante la autoridad jurisdiccional para justificar la inasistencia a su llamado, es un medio sencillo, rápido, oportuno y eficaz para anular la resolución de declaratoria de rebeldía, por ello, la interpretación normativa debe realizarse en el sentido más favorable para la efectividad de los derechos fundamentales, en concordancia con los preceptos y principios constitucionales; además, debe efectuarse dicha interpretación, de acuerdo a la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de aquella como sucede en el presente caso”
reestablezcan los derechos presuntamente vulnerados, al no existir medio procesal o norma para el efecto. Conforme lo anotado, queda claro que antes de la ejecución del mandamiento de aprehensión dispuesto como efecto de la rebeldía, existe la posibilidad que el rebelde pueda presentarse voluntariamente ante la autoridad judicial que declaró su rebeldía, justificando en su caso su ausencia al actuado judicial convocado, siendo este, el mecanismo procesal idóneo para dejar sin efecto la orden de aprehensión y las otras disposiciones dictadas, aclarando que incluso pese a haberse presentado algún tipo de justificativo con carácter previo a la declaratoria de rebeldía, igualmente el imputado deberá posteriormente presentarse ante el juez o tribunal para solicitar se deje sin efecto la misma y todas las ordenes dispuestas, independientemente que la autoridad judicial no haya considerado valederas las razones de su incomparecencia; pues, solo agotada la presentación voluntaria, recién será viable recurrir a la acción de libertad, solicitando se deje sin efecto la rebeldía y el mandamiento de aprehensión, cuando estas medidas persistan pese de la presentación voluntaria del imputado o como efecto de la ejecución del mandamiento de aprehensión dispuesto.
Complementando el razonamiento la SCP 1203/2012 de 6 de septiembre, indicó que, como el mandamiento de aprehensión se origina en una declaratoria en rebeldía contra quien evita o rehúye someterse a un proceso iniciado en su contra, por evadir, no comparecer, incumplir una orden judicial o ausentarse sin justa causa del lugar donde reside, demostrando una actitud indiferente en el proceso; al presentarse el rebelde ante la autoridad que lo convocó o al ser puesto a su disposición deben cesar automáticamente los efectos establecidos por el art. 89 del CPP, no obstante, ante la imposibilidad de cubrir previamente la obligación pecuniaria, el juez debe aceptar su comparecencia y otorgarle un plazo para cumplir las costas de su rebeldía, dejando sin efecto dicho mandamiento.
Finalmente, es importante hacer referencia a la SCP 2029/2013 de 13 de noviembre que, a partir del principio de verdad material previsto en el art. 180 de la CPE, sostiene que cuando el declarado rebelde en juicio presentare un memorial justificando su inasistencia al proceso, aunque no se señale expresamente su apersonamiento, será reconducido al art. 91 del CPP.
De las normas constitucionales, procesales y la jurisprudencia constitucional citadas precedentemente, se concluye que el derecho a la libertad no puede estar condicionado al cumplimiento de obligaciones económicas impuestas en la declaratoria de rebeldía, debiendo la autoridad jurisdiccional otorgar un plazo prudente para el efecto. Conforme a ello, la exigencia del cumplimiento de las medidas pecuniarias dispuestas en la declaratoria de rebeldía, como condición para su comparecencia y dejar sin efecto el mandamiento de aprehensión, se constituye en una medida que restringe el derecho al debido proceso, el derecho a la defensa y amenaza el derecho a la libertad, constituyéndose en una persecución indebida, en la modalidad preventiva de la acción de libertad, explicada en el Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia.
La accionante denuncia la lesión de sus derechos a la libertad, al debido proceso y al principio de seguridad jurídica; toda vez que, dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión de los delitos de prevaricato, resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, e incumplimiento de deberes, los miembros del Tribunal demandado, mediante Auto de 24 de mayo de 2022, la declararon rebelde por no comparecer ni justificar su incomparecencia a audiencia de juicio oral de idéntica fecha, inobservando que las audiencias por disposición de las propias autoridades demandadas, serian mixtas, es decir virtual para su persona y presencial para su defensa; empero, no le llego el link para dicho acto procesal, y tampoco tenía conocimiento su defensa que las audiencias para su persona serian presenciales; por lo que, el 26 de igual mes y año, formuló incidente de corrección de procedimiento, resuelto a través de Auto de 27 de mayo de 2022, declarando infundado dicho incidente, bajo el falso argumento que no se presentó ni se ofreció prueba idónea, inobservando que se ofrecieron como pruebas todas las actas cursantes en el cuaderno de control jurisdiccional a partir del 8 de diciembre de 2021, lesionando así su derecho a la libertad, aunque no esté ejecutado el mandamiento de aprehensión, ya que se declaró infundado el incidente presentado. Identificada la problemática traída en revisión, resulta necesario conocer el contexto del cual emerge la misma; en tal sentido, de las Conclusiones a las que se arribaron en el presente fallo constitucional, se tiene que conforme los Certificados Médicos de 6 y 24 de noviembre de 2021 se acreditó que la accionante fue intervenida quirúrgicamente el 1 del mismo mes y año, dando a luz a una niña prematura, siendo dada de alta el 6 de igual mes y año (Conclusiones II.1 y II.2); según Acta de suspensión de juicio oral de 8 de diciembre de 2021, los miembros del Tribunal demandado, señalaron que: “…hemos sido notificados el día viernes a horas 14:30p.m. con el acta de audiencia de acción de libertad donde si bien no dispone la suspensión del presente juicio, sin embargo solicita que se otorgue las garantías, se puede garantizar las recomendaciones establecidas en el certificado médico forense, (…) en ese sentido se va señalar audiencia mixta virtual para la hoy acusada y presencial para el resto de los sujetos procesales para el día MIERCOLES 15 DE DICIEMBRE” (sic [Conclusión II.3]); de acuerdo al Acta de suspensión de juicio oral 15 de diciembre de 2021, las autoridades demandadas, manifestaron: “tampoco se ha notificado la acusada si bien estaban notificadas por medio de sus abogados sin embargo debió oficiarse a informativa para que se genere el link para la audiencia virtual señalada y al no haberse realizado los oficios correspondientes no contamos con el link para que pueda presentarse en audiencia la acusada el día de hoy” (sic), difiriendo la misma para el 5 de enero del 2022, disponiendo la notificación de la accionante y se ofíciese a la Oficina Gestora de Procesos para la creación del link (Conclusión II.4); conforme el Acta de suspensión de juicio oral de 5 de enero de 2022, se tiene que, la Secretaria informo que: “dentro del presente proceso no fue notificada la acusada Dra. Vivian patricia Gonzales Riojas está presente la abogada de la acusada Dra. Valeria Salas…” (sic); por lo que, se señaló nueva audiencia para el 22 de febrero de 2022, disponiendo la notificación de la accionante y se oficie a la Oficina Gestora de Procesos para la creación de la sala virtual (Conclusión II.5); asimismo, del Acta de suspensión de audiencia de juicio oral de 22 de febrero de 2022, se evidencia que la Auxiliar manifestó, “se hace conocer que ha pasado el link a la acusada Vivian Patricia reciente toda vez que la suscrita auxiliar no tenía el numero ni de la abogada ni de la acusada, se hace conocer que en el transcurso de las 8:30 hasta las 9 se ha creado un nuevo link de parte de la coordinación de la gestora número 3” (sic); ante lo cual se determinó que el link recién fue puesto a conocimiento de la accionante, razón por la que no se encontraba conectada, difiriendo la audiencia para el 5 de abril de 2022, disponiendo “NOTIFÍQUESE A LA ACUSADA PARA LA CUAL DE MANERA ALTERNATIVA SE CREE UN LINK PARA QUE PUEDA PARTICIPAR EN AUDIENCIA” (sic [Conclusión II.6]); según el Acta de suspensión de audiencia de juicio oral de 5 de abril de 2022, se tiene que se encontraban presentes los sujetos procesales; sin embargo, el representante del Ministerio Publico solicitó la suspensión de dicho actuado procesal, ante lo cual se dispuso: “Se tiene presente Dr., se va a suspender la presente audiencia de Juicio Oral para el DIA MARTES 24 DE MAYO DE 2022 A HORAS 02:30 AM y notifíquese a los demás sujetos procesales” (sic [Conclusión II.7]); y mediante Auto de 24 de mayo de 2022, los miembros del Tribunal demandado, declararon rebelde a la accionante, disponiendo la emisión del respectivo mandamiento aprehensión; toda vez que: “…de la verificación se puede establecer de que la hoy acusada estaba legalmente citada para la audiencia presencia del día de hoy y que de manera equivoca se mandó un link para la creación del mimos y así también a pesar de que estamos en línea tampoco se encuentra presente de manera virtual” (sic), señalando nueva audiencia para el 14 de junio de 2022 (Conclusión II.8); ante lo cual, la accionante por memorial presentado el 26 de mayo de 2022, interpuso incidente por causal sobreviniente, solicitando se deje sin efecto el Auto de 24 de mayo de 2022; toda vez que, en resguardo de sus derechos y los de su hija menor de edad se determinó la celebración de audiencias virtuales para su persona, y conforme el Acta de suspensión de audiencia de juicio oral de 5 de abril de 2022, por informe del auxiliar habilitada no se realizó la notificaciones a los sujetos procesales; toda vez que, dicha funcionaria judicial se encontraba en suplencia legal, por lo que se determinó: “Se tiene presente con el informe de la auxiliar habilitada, se va suspender la presente audiencia de juicio Oral para el día Martes 24 de mayo de 2022 a horas 08:30 a.m., notifíquese a los demás sujetos procesales” (sic); en ese sentido, de la revisión de la citada Acta, se tiene que no se ordenó la creación de link para que se lleve a cabo la audiencia de juicio oral de manera virtual, conforme se hizo anteriormente; asimismo, en su Otrosí 2 señaló “Con relación a las pruebas hoy ofrezco el cuaderno procesal cursante en su despacho en el que se encuentran las actas de audiencia de juicio oral, de fechas 08, 15 de diciembre del año 2021, 05 de enero del año 2022, 22 de febrero 05 de abril y 24 de mayo tosas del año 2022” (sic [Conclusión II.10]); mereciendo el Auto de 27 de mayo de 2022, por el cual los Jueces demandados, declararon infundado el incidente formulado, manteniendo incólume el Auto de declaratoria de rebeldía de 24 de mayo de 2022, disponiendo la prosecución del juicio oral (sic [Conclusión II.11]); finalmente, por decreto de 27 de mayo de 2022, el Tribunal demandado, manifestó: “Habiéndose apersonado la acusada VIVIAN PATRICIA GONZALES RIOJA, como consta en el memorial presentado, en aplicación del art. 91 del Código de Procedimiento Penal, previo a dejar sin efecto las medidas impuestas de carácter real, deberán comparecer personalmente a secretaria de este tribunal a efectos de firmar el acta de comparecencia, elaborar croquis exacto de su domicilio real, además se le impone el pago de costas por rebeldía en la suma de: Bs.- 100…” (sic [Conclusión II.12]). Ahora bien, cabe precisar que conforme el entendimiento desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, la Magistrada relatora se acogió al estándar más alto en cuanto a la invocación de tutela vía acción de libertad por indebido procesamiento, advirtiéndose que dicha línea jurisprudencial en una interpretación progresiva no exige la vinculación directa del acto lesivo con la libertad, permitiendo así, ingresar a analizar la denuncia de la vulneración del debido proceso, a través de la interposición de una acción de libertad, cuando exista vinculación directa o indirecta con el derecho a la libertad física o personal, ante la amenaza de privación de libertad que el proceso penal supone; y, se hubieren agotado los medios de impugnación dentro del proceso penal, siempre que estos sean idóneos, específicos y aptos para restituir de forma inmediata los derechos que se encuentran en el ámbito de protección de la acción de libertad; salvo indefensión absoluta del accionante.
Asimismo, corresponde aclarar que el análisis se enmarcará dentro la excepcionalidad del principio de subsidiariedad, en consideración a la protección constitucional que refiere la jurisprudencia constitucional citada en el Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional, la misma que establece que es inaplicable el principio de subsidiariedad excepcional de la acción de libertad en casos de mujer embarazada y/o madre de un niño menor de un año, como ocurre en el presente caso en el que la accionante Vivian Patricia Gonzales Rioja es madre de una niña nacida prematuramente el 1 de noviembre de 2021 (Conclusiones II.1 y II.2), puesto que el 26 de mayo de 2022, formuló incidente, el cual fue declarado infundado mediante el Auto de 27 de igual mes y año, determinación susceptible de recurso de apelación; sin embargo, en razón al grado de vulnerabilidad y especial protección constitucional que merece la accionante en su condición de madre de una menor de un año de edad, no resulta exigible el agotamiento previo de los mecanismos intra procesales para posibilitar la activación de esta acción de defensa. Bajo dicho marco jurisprudencial, en el presente caso, se advierte que los actos considerados lesivos, tienen vinculación directa con el derecho a la libertad de la accionante, ello ante la emisión de la declaratoria de rebeldía dispuesta en su contra y las medidas extremas determinadas al efecto, como ser la emisión del mandamiento de aprehensión; en ese sentido, corresponde precisar que respecto al segundo supuesto entendido como el agotamiento de los medios de impugnación, se debe considerar el razonamiento inserto en el Fundamento Jurídico III.3 de este fallo constitucional, que estableció que entre las formas de comparecencia del rebelde, se encuentra la comparecencia voluntaria del mismo hasta antes de la ejecución del mandamiento de aprehensión entendiendo que una vez materializada la presentación voluntaria del procesado el mandamiento de aprehensión no tendría razón alguna de persistir por lo que debe dejársela sin efecto, así como la declaratoria de rebeldía dispuesta puesto que se cumplió el objetivo cual era que el imputado comparezca ante la autoridad competente pues caso contrario se estaría frente a una persecución ilegal, aspecto que concuerda con lo regulado por el art. 91 del CPP. Además, dicho fundamento jurídico agrega que cuando el imputado se apersonó a efectos de justificar su incomparecencia y la autoridad judicial se pronuncia de manera contraria a la norma, vulnerando derechos y garantías del imputado, es posible acudir a la justicia constitucional a través de la acción de libertad, buscando se restablezcan sus derechos. En ese entendido, tomando en cuenta los parámetros jurisprudenciales precedentes, corresponde verificar su cumplimiento a efectos de ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada; en ese orden, se tiene que dentro el proceso penal seguido contra la accionante, el 8 de diciembre de 2021, las autoridades demandadas señalaron audiencia mixta, es decir, virtual para la accionante y presencial para su defensa; en ese sentido, según las Actas de suspensión de juicio oral 15 de diciembre de 2021 y 5 de enero de 2022, se tiene que no se notificó con dichos actos procesales a la accionante, motivo por el cual fueron diferidas, disponiéndose oficiar a la Oficina Gestora de Procesos, la creación del link para la celebración de la audiencia virtual; conforme el Acta de suspensión de audiencia de juicio oral de 22 de febrero de 2022, se determinó que el link recién fue puesto a conocimiento de la accionante; por lo que, no se encontraba conectada, difiriendo la misma y disponiendo “NOTIFÍQUESE A LA ACUSADA PARA LA CUAL DE MANERA ALTERNATIVA SE CREE UN LINK PARA QUE PUEDA PARTICIPAR EN AUDIENCIA” (sic); ello en cumplimiento a la determinación asumida el 8 de diciembre de 2021; empero, conforme el Acta de suspensión de audiencia de juicio oral de 5 de abril de 2022, se tiene que se encontraban presentes los sujetos procesales; sin embargo, a pedido del representante del Ministerio Público se suspendió y difirió la misma, disponiendo “notifíquese a los demás sujetos procesales” (sic); y por Auto de 24 de mayo de 2022, los miembros del Tribunal demandado, declararon rebelde a la accionante, disponiendo la emisión del respectivo mandamiento aprehensión; toda vez que: “…de la verificación se puede establecer de que la hoy acusada estaba legalmente citada para la audiencia presencia del día de hoy y que de manera equivoca se mandó un link para la creación del mimos y así también a pesar de que estamos en línea tampoco se encuentra presente de manera virtual” (sic), ante lo cual, la accionante interpuso incidente de corrección de procedimiento el 26 de mayo de 2022, puesto que se determinó la celebración de audiencias virtuales, y conforme el Acta de suspensión de audiencia de juicio oral de 5 de abril de 2022, se dispuso “notifíquese a los demás sujetos procesales” (sic); sin ordenar la creación de link para que se lleve a cabo la audiencia de juicio oral de manera virtual para su persona, conforme se hizo anteriormente; ofreciendo como prueba las actas de audiencia de 8 y 15 de diciembre de 2021, 5 de enero, 22 de febrero, 5 de abril y 24 de mayo de 2022; mereciendo el Auto de 27 de mayo de 2022, por el cual, los Jueces demandados, declararon infundado dicho incidente, manteniendo incólume el Auto de declaratoria de rebeldía de 24 de mayo de 2022, disponiendo la prosecución del juicio oral; y mediante decreto de 27 de mayo de 2022 determinaron que: “Habiéndose apersonado la acusada VIVIAN PATRICIA GONZALES RIOJA, como consta en el memorial presentado, en aplicación del art. 91 del Código de Procedimiento Penal, previo a dejar sin efecto las medidas impuestas de carácter real, deberán comparecer personalmente a secretaria de este tribunal a efectos de firmar el acta de comparecencia, elaborar croquis exacto de su domicilio real, además se le impone el pago de costas por rebeldía en la suma de: Bs.- 100…” (sic). En ese entendido, se advierte que la accionante agotó la presentación voluntaria ante Tribunal demandado, ello mediante el incidente interpuesto por el que cuestiona la emisión del Auto de 24 de mayo de 2021 que declaro su rebeldía; sin embargo, corresponde precisar que, si bien, dicho incidente fue resuelto por Auto de 27 de igual mes y año; no obstante, fue declarado infundado y se mantuvo incólume la declaratoria de rebeldía; haciendo viable que esta instancia constitucional proceda a la verificación de lo denunciado en la presente acción de defensa que tiene que ver con la subsistencia de la declaratoria de rebeldía y las medidas dispuestas, entre ellas, el mandamiento de aprehensión, puesto que a pesar que las autoridades demandadas emitieron el decreto de 27 de mayo de 2022, se evidencia que únicamente se determinó que previo a dejar sin efecto las medidas impuestas la ahora accionante deberá comparecer personalmente, así como cumplir otras determinaciones, es decir, permaneciendo vigente tanto la declaratoria de rebeldía como el mandamiento de aprehensión, ejerciéndose así una persecución ilegal e indebido procesamiento contra la accionante; puesto que en todo proceso penal, los procesados pueden ser declarados rebeldes, cuando no comparezcan sin causa justificada a una citación judicial; así, el Juez o Tribunal de la causa, previa constatación de la incomparecencia injustificada, declarará la rebeldía mediante resolución fundamentada, expidiendo como una de las medidas para efectos de comparecencia del rebelde el mandamiento de aprehensión, que tiene la finalidad de su comparecencia en audiencia, materializando su presencia conforme a derecho, para proseguir con la sustanciación del proceso; empero, cuando la misma es voluntaria, la autoridad jurisdiccional a cargo del caso tiene la obligación de resolver dicha comparecencia de manera inmediata; asimismo, conforme señala el citado Fundamento Jurídico III.3 de este fallo constitucional, bajo el principio de verdad material previsto en el art. 180 de la CPE, cuando el declarado rebelde en juicio presentare un memorial justificando su inasistencia al proceso, aunque no señale expresamente su apersonamiento, el Juez o Tribunal deberá reconducir su tratamiento a lo establecido en el art. 91 del CPP; en tal sentido, de acuerdo a los antecedentes referidos se advierte que las autoridades demandadas, mediante Auto de 24 de mayo de 2022, declararon la rebeldía de la accionante al no haber asistido a la audiencia de idéntica fecha, disponiendo se libre mandamiento de aprehensión en su contra; ante esta medida, la accionante formulo incidente de corrección de procedimiento el 26 de mayo de 2022, en el que se cuestionó que no se envió el link para la celebración de dicho acto procesal, puesto que tampoco se modificó o dejo sin efecto la determinación de celebrar audiencias virtuales para su persona; en ese sentido, con la activación de tal mecanismo intraprocesal, se entiende que la accionante pretendía justificar su inasistencia a la audiencia de 24 de mayo de 2022; por lo que, ante tal apersonamiento, correspondía dejar sin efecto la declaratoria de rebeldía, y el mandamiento de aprehensión, así como las demás medidas dispuestas mediante el Auto de 24 de mayo de 2022; toda vez que, al existir un apersonamiento de la acusada ante la autoridad jurisdiccional competente, era deber ineludible de los miembros del Tribunal demandado dejar sin efecto los mismos, continuando con el proceso; no obstante, que la accionante se apersonó mediante la formulación del incidente interpuesto, que si bien corresponde a la autoridad judicial determinar su viabilidad o no, en el presente caso, tenía como efecto inmediato la suspensión de las medidas ordenadas, entre ellas, la emisión del mandamiento de aprehensión; pues su sola subsistencia, aún no se hubiere emitido, se constituye en una amenaza al derecho a la libertad y una persecución ilegal; puesto que, los miembros del Tribunal demandado, a través de decreto de 27 de mayo de 2022 condicionaron que previo a dejar sin efecto las medidas impuestas de carácter real, la accionante deberá comparecer personalmente, sin hacer referencia alguna a la declaratoria de rebeldía ni a la emisión del mandamiento de aprehensión, advirtiéndose que los miembros del Tribunal demandado no consideraron adecuadamente el apersonamiento voluntario realizado por la accionante, ello mediante la interposición del incidente presentado el 26 de mayo de 2022, generando una evidente lesión al derecho a la libertad y una persecución indebida al no cumplir con el procedimiento establecido, puesto que una vez conocida la activación de dicho mecanismo intraprocesal, constituido en apersonamiento, debieron dejar inmediatamente sin efecto el mandamiento de aprehensión, así como las demás medidas emergentes de la declaración de la rebeldía. En consecuencia, este Tribunal no puede dejar de advertir la existencia de dicho mecanismo intraprocesal que la accionante activo debido a que no se le envió el link para la celebración de la audiencia virtual para su persona ni se modificó tal determinación; por lo que, la presentación de dicho incidente se constituye en una expresión de la accionante de continuar con el proceso penal, correspondiendo que los miembros del Tribunal demandado dejen sin efecto las determinaciones asumidas, entre ellas, la emisión del mandamiento de aprehensión; correspondiendo en consecuencia, dejar sin efecto el decreto de 27 de mayo de 2022, que condicionó que previo a dejar sin efecto las medidas impuestas la accionante deberá comparecer personalmente, así como cumplir otras determinaciones, y el Auto de 27 de idéntico mes y año, que mantuvo incólume la declaratoria de rebeldía así como las demás medidas dispuestas, precisando no corresponde dejar sin efecto el Auto de 24 de igual mes y año, que declaró su rebeldía, ello ante la activación del incidente interpuesto por la accionante el 26 de idéntico mes y año; tomando en cuenta tales precisiones, corresponde conceder la tutela solicitada ante la vulneración de los derechos a la libertad y al debido proceso.
Finalmente, no obstante lo manifestado precedentemente, considerando que en el presente caso, la Sala Constitucional Tercera del departamento de Santa Cruz, concedió la tutela solicitada, resolviendo dejar sin efecto el Auto de 24 de mayo de 2022 de declaratoria de rebeldía, para que los miembros del Tribunal demandado, evalúen y dicten nueva resolución estableciendo si concurre o no causa que justifique la no presencia de la accionante a la audiencia señalada, además de señalar de forma inmediata la continuidad, prosecución y realización de los actos del proceso, dado que no se dispuso la suspensión de ningún acto procesal; no obstante, en virtud a lo establecido en el art. 28.II del Código Procesal Constitucional (CPCo), por el transcurso del tiempo entre la Resolución 84 de 14 de junio de 2022 y la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, conforme determinó el Auto Constitucional Plurinacional (ACP) 0032/2016-ECA en uno de sus presupuestos, amerita realizar un dimensionamiento de los efectos de este fallo constitucional, ello para no generar inseguridad jurídica, ni daño y perjuicios mayores; por lo que, debe dejarse subsistente la disposición pronunciada en la concesión inicial dispuesta por la citada Sala Constitucional. En consecuencia, la Sala Constitucional, al conceder la tutela impetrada, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera, en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado, el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve CONFIRMAR la Resolución 84 de 14 de junio de 2022, cursante de fs. 66 a 67 vta., emitida por la Sala Constitucional Tercera del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada conforme a los Fundamentos Jurídicos desarrollando en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; y, 2° Dimensionar los efectos de este fallo constitucional en base a lo descrito precedentemente, disponiendo mantener válidos y subsistentes los actos realizados que responden a la concesión de tutela por parte de la Sala Constitucional Tercera del departamento de Santa Cruz, conforme prevé el art. 28.II del Código Procesal Constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. Se hace constar que la Magistrada MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo es de Voto Aclaratorio. MSc. Georgina Amusquivar Moller MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo MAGISTRADA MAGISTRADA
1 En este sentido, el uso del estándar más alto de la jurisprudencia constitucional al menos tiene dos consecuencias prácticas: i) Provoca que un juez o tribunal en caso de contar con dos sentencias constitucionales contradictorias elija de acuerdo a las particularidades de cada caso el entendimiento que tutele de manera más adecuada los derechos fundamentales que llega a ser el estándar más alto. ii) Asimismo, de existir diversos entendimientos jurisprudenciales no antagónicos sino progresivos los mismos deben armonizarse para la resolución más adecuada del caso en atención a los derechos fundamentales obteniéndose vía integración de jurisprudencia el estándar más alto.
2 En su Fundamento Jurídico III.3, desarrollo: “…a partir de la doctrina constitucional sentada en la SC 1865/2004-R, de 1 de diciembre, para que la garantía de la libertad personal o de locomoción pueda ejercerse mediante el recurso de hábeas corpus cuando se denuncia procesamiento ilegal o indebido deben presentarse, en forma concurrente, los siguientes presupuestos: a) el acto lesivo, entendido como los actos ilegales, las omisiones indebidas o las amenazas de la autoridad pública, denunciados, deben estar vinculados con la libertad por operar como causa directa para su restricción o supresión;
4 El art. 18 de la CPEabrg, instituyó el recurso de hábeas corpus, ahora acción de libertad prevista por el art. 125 de la CPE, como un recurso extraordinario cuya finalidad esencial era la protección a la libertad, ámbito de tutela que ha sido ampliada en el orden constitucional vigente a la vida, que como se ha visto, constituye un derecho primario en sí, inherente al ser humano, y por ende su protección es prioritaria, por constituir un bien jurídico primario y fuente de los demás derechos. Por ello, a diferencia de la tutela a la libertad, y su condicionamiento del agotamiento previo de las instancias intraprocesales, para pedir su protección a través de esta medio constitucional idóneo, eficaz e inmediato, respecto a la vida, su tutela puede ser solicitada de manera directa; es decir, que puede acudir a la jurisdicción constitucional, sin tener que agotar previamente la vía jurisdiccional.
7 En su Fundamento Jurídico III.6, señala: “En la problemática planteada, se tiene de los antecedentes, que dentro del proceso penal seguido contra el hoy accionante, el Juez Séptimo de Instrucción en lo Penal, señaló audiencia de consideración de incidentes, excepciones y medidas cautelares para horas 15:30 del 13 de junio de 2012, oportunidad en la
8 En su Fundamento Jurídico III.3, refiere: “Una vez ejecutado el mandamiento y conducido el imputado a la presencia de la autoridad judicial, o si el rebelde decide comparecer de manera voluntaria ante quien dispuso dicha medida, las consecuencias o los efectos establecidos en el art. 89 incs. 1), 2), 3), 4) y 5) del CPP, cesan automáticamente, ello significa que el proceso debe retrotraerse al momento en que se dispuso la rebeldía y seguir el curso normal. El art. 91 del CPP, al referirse a la comparecencia del imputado hace alusión a las costas de rebeldía, que al tenor de la citada disposición legal, ellas deben ser cubiertas por el imputado o en su defecto por su fiador; sin embargo, nótese que dicho aspecto no es un condicionante directo para que la autoridad judicial acepte la comparecencia del declarado rebelde; es decir, el imputado puede comparecer ante la autoridad judicial sin que previamente se haya cubierto esta obligación (costas de rebeldía); lo cual no significa que deba dejarse de lado lo estipulado expresamente en la norma. De presentarse el imputado sin haber cumplido la obligación económica, el juez de la causa no está impedido para aceptar su comparecencia, al contrario, debe aprobarlo y otorgarle un plazo prudente para que cumpla con la obligación pecuniaria. A este efecto, se debe considerar que, la libertad del imputado se encuentra en peligro a consecuencia de la declaratoria de rebeldía y no puede condicionarse su apersonamiento o comparecencia a un factor estrictamente económico” (las negrillas nos corresponden).
9 En su Fundamento Jurídico III.3, refiere: “Una vez ejecutado el mandamiento y conducido el imputado a la presencia de la autoridad judicial, o si el rebelde decide comparecer de manera voluntaria ante quien dispuso dicha medida, las consecuencias o los efectos establecidos en el art. 89 incs. 1), 2), 3), 4) y 5) del CPP, cesan automáticamente, ello significa que el proceso debe retrotraerse al momento en que se dispuso la rebeldía y seguir el curso normal. El art. 91 del CPP, al referirse a la comparecencia del imputado hace alusión a las costas de rebeldía, que al tenor de la citada disposición legal, ellas deben ser cubiertas por el imputado o en su defecto por su fiador; sin embargo, nótese que dicho aspecto no es un condicionante directo para que la autoridad judicial acepte la comparecencia del declarado rebelde; es decir, el imputado puede comparecer ante la autoridad judicial sin que previamente se haya cubierto esta obligación (costas de rebeldía); lo cual no significa que deba dejarse de lado lo estipulado expresamente en la norma. De presentarse el imputado sin haber cumplido la obligación económica, el juez de la causa no está impedido para aceptar su comparecencia, al contrario, debe aprobarlo y otorgarle un plazo prudente para que cumpla con la obligación pecuniaria. A este efecto, se debe considerar que, la libertad del imputado se encuentra en peligro a consecuencia de la declaratoria de rebeldía y no puede condicionarse su apersonamiento o comparecencia a un factor estrictamente económico” (las negrillas nos corresponden).
10 Artículo 91º.- (Comparecencia). Cuando el rebelde comparezca o sea puesto a disposición de la autoridad que lo requiere el proceso continuará su trámite dejándose sin efecto las órdenes dispuestas a efectos de su comparecencia y manteniendo las medidas cautelares de carácter real. El imputado o su fiador pagarán las costas de su rebeldía. Si justifica que no concurrió debido a un grave y legítimo impedimento, la rebeldía será revocada y no habrá lugar a la ejecución de la fianza.
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0190_2024-S1_id65574.pdf · páginas 1 a 30.
Huella digital del PDF (SHA-256): c2155ca25be0cafd8e41c6ae570a19846d51837f7e5ac9de22fada711c333114
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