B.IA.LEGAL

SCP 0189/2025-S4

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Cuarta Especializada · 2 de abril de 2025

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Cuarta Especializada
Fecha
2 de abril de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
René Yván Espada Navía
Expediente
50607-2022-102-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El impetrante de tutela, considera lesionados sus derechos al debido proceso, a una justicia pronta, oportuna, transparente y sin dilaciones; y al principio de celeridad; toda vez que, habiendo interpuesto recurso de apelación incidental contra la Resolución que rechazó su solicitud de cesación de la detención preventiva, se remitieron antecedentes a la Sala Penal Tercera; sin embargo, dicha instancia realizó observaciones al cuaderno de apelación a objeto de que sean subsanados; empero, el Juzgado de origen, no remitió el legajo de la apelación subsanada, impidiendo con ello que se resuelva el recurso de apelación incidental interpuesto; y por ende, se defina su situación jurídica.

En consecuencia, corresponde verificar si lo alegado es evidente, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 196/2022 de 23 de agosto, cursante de fs. 14 a 16, pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional; recomendando a la Secretaria demandada, mantener el mayor cuidado y diligencia a tiempo del envío de antecedentes adjuntos a los recursos de apelación.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Jurisprudencia reiterada sobre la acción de libertad traslativa o de pronto despacho
  2. III.2. Análisis del caso concreto

¿Tenés un caso parecido?

B.IA.Legal lee esta sentencia junto con tu expediente, te dice en qué te sirve y te ayuda a redactar el memorial con la cita exacta, sacada del texto del Tribunal.

Probá 6 consultas gratis con registro y foto en tiempo real, y tu matrícula del RPA

¿No sos abogado? Hacé tu consulta legal gratis →

Texto completo

Texto tal como la publicó el Tribunal Constitucional Plurinacional, leído de su PDF oficial. Se sacaron solo los números de página.

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0189/2025-S4 Sucre, 2 de abril de 2025 SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: René Yván Espada Navía Acción de libertad Expediente: 50607-2022-102-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 196/2022 de 23 de agosto, cursante de fs. 14 a 16, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Gladis Nina Chambi contra Sandra Vargas Gutiérrez, Secretaria Abogada del Juzgado de Instrucción Penal Sexto de El Alto del departamento de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 22 de agosto de 2022, cursante de fs. 1 a 2 vta., la accionante manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Debido al proceso penal que sigue el Ministerio Público en su contra por la presunta comisión del delito de tráfico de sustancias controladas se encuentra detenida preventivamente en el Centro de Orientación Femenina de Obrajes de la ciudad de Nuestra Señora de La Paz; es así que, solicitó cesación a su detención preventiva al Juzgado de Instrucción Penal Sexto de El Alto del departamento de La Paz, habiéndose señalado audiencia para el 22 de julio de 2022. Una vez emitida la Resolución de cesación a su detención preventiva, la misma fue apelada, y remitida a la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia del departamento de La Paz, el 3 de agosto de 2022 a horas 10:17; sin embargo, la misma fue observada por la Sala antes mencionada refiriendo que la documentación aparejada estaba incompleta y que no se remitieron todos los actuados procesales para ser considerados por la Sala; por lo que, el 19 de igual mes y año, se devolvió el legajo procesal al Juzgado de origen para que subsanen lo observado; empero, dicha subsanación no se hizo efectiva hasta la fecha de interposición de la presente acción de defensa.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

La impetrante de tutela considera lesionados sus derechos al debido proceso, a una justicia pronta, oportuna, transparente y sin dilaciones; y, al principio de celeridad, sin citar norma constitucional alguna.

I.1.3. Petitorio

Solicita se le conceda la tutela impetrada y que en el día se remita la apelación.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia pública el 23 de agosto de 2022, según consta en el acta cursante a fs. 13 y vta., en presencia de la parte accionante, ausente la Secretaria Abogada demandada, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

La accionante a través de su abogado, en audiencia ratificó los términos expuestos en su memorial de acción de libertad y ampliando los mismos, refirió que: a) Hasta el “día de ayer” –se entiende 22 de agosto de 2022– no se hubiera devuelto la apelación subsanada a la Sala Penal, bajo el justificativo de que dicha Sala solo recepciona los recursos de alzada hasta medio día; sin embargo, no existe comunicado o disposición alguna de parte del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz que determine dicho extremo; y, b) Si bien la demandada indica que ya se hubiese remitido el legajo al Tribunal de alzada; empero, tampoco presentó algún sello de recepción de la Sala Penal Tercera que acredite que se hubiera dado cumplimiento a dicha finalidad, de ser así ya no existiría daño emergente; sin embargo, se debe llamar la atención a la Secretaria Abogada demandada con la finalidad de que no cause dilación en proceso a futuro.

I.2.2. Informe de la funcionaria judicial demandada

Sandra Vargas Gutiérrez, Secretaria Abogada del Juzgado de Instrucción Penal Sexto de El Alto del departamento de La Paz, mediante informe presentado el 23 de agosto de 2022, cursante de fs. 11 a 12, refirió que: 1) La apelación incidental interpuesta contra la Resolución 199/2022 de 22 de julio, se remitió a la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de dicho departamento el 3 de agosto de 2022, instancia que mediante Decreto de 4 de igual mes y año, observó los antecedentes; sin embargo, devolvieron el cuaderno de apelación recién el 19 de igual mes y año a horas 15:39, solicitando que las observaciones sea subsanadas; 2) Devuelto que fue el cuaderno de apelación el viernes 19 de agosto de 2022, el 22 del mencionado mes y año, mereció el Decreto correspondiente, en el cual ordenan que se subsane y se remitan obrados a la Sala antes mencionada; 3) En la fecha antes referida se revisaron las observaciones de la Sala Penal Tercera con el objeto de subsanar las mismas; habiendo incluso llamado al abogado de la parte accionante indicándole que estaban subsanando las observaciones realizadas a la apelación, quien les indicó que mandaría a su procurador para sacar las fotocopias requeridas, quien vino al Juzgado y debido a la gran cantidad de antecedentes tardó aproximadamente una hora en sacar las copias, debiendo posteriormente legalizar las mismas, costurar el expediente y foliar para su posterior remisión, así como elaborar los oficios de remisión; todo lo cual concluyó a las 16:10 aproximadamente; toda vez que, durante la tarde, tenían audiencia programada; 4) Habiéndose terminado de armar el legajo de apelación con las observaciones subsanadas a horas 16:10, y siendo que se encontraban en El Alto, no les alcanzaría el tiempo para remitirlo ese mismo día; considerando además que las Salas Penales solo recepcionan hasta las 12:30; y, 5) Era de pleno conocimiento del abogado de la parte accionante que se estaban subsanando las observaciones realizadas a la apelación incidental en la fecha antes mencionada; ya que, incluso se le llamo para que coadyuve con las fotocopias como parte incidentista; por lo que, se extraña la interposición de la presente acción de defensa; puesto que por falta de tiempo el 22 de agosto de 2022, no se alcanzó a remitir el legajo; empero, a primera hora del 23 del citado mes y año, se remitiría el cuaderno de apelación.

I.2.3. Resolución

La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante Resolución 196/2022 de 23 de agosto, cursante de fs. 14 a 16, denegó la tutela solicitada; bajo los siguientes fundamentos: i) La accionante se encuentra privada de su libertad en el Centro de Orientación Femenina de Obrajes por el delito de tráfico de sustancias controladas, ante lo cual, solicitó cesación a su detención preventiva que fue rechazada por el Juzgado de Instrucción Penal Sexto de El Alto del citado departamento, a cargo de la causa; dando lugar a que formule recurso de apelación incidental, que recayó en la Sala Penal Tercera del citado Tribunal, misma que devolvió actuados al Juzgado de origen para que se subsanen ciertas observaciones; mereciendo decreto del Juzgado de 22 del citado mes y año, ordenando se subsane lo observado y se devuelva el legajo al Tribunal de alzada; es así que, en la fecha antes señalada, se subsanaron las observaciones realizadas; sin embargo, no se logró remitir en el día el legajo a la Sala Penal debido a las distancias; ya que, el Juzgado se encuentra en El Alto; por lo que, el 23 del citado mes y año, a primera hora el cuaderno procesal se hizo llegar a la Sala referida; por lo tanto, no se puede alegar dilación menos retardación en la remisión del cuaderno procesal de apelación; y, ii) De lo manifestado por las partes y los datos del proceso, se evidencia que no se incurrió en dilación de remisión de actuados ante el Tribunal de alzada; toda vez que, al momento de realizar la presente audiencia, el caso ya se encuentra en dicha Sala, habiéndose considerado la relación de fechas a fin de establecer que no se incurrió en dilación como alega la parte accionante.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados se establece lo siguiente: II.1. El 22 de julio de 2022, la Secretaria Abogada del Juzgado de Instrucción Penal Sexto de El Alto del departamento de La Paz, remitió el cuaderno de apelación incidental a la Resolución 199/22 ante la Sala Penal Tercera del TDJ de dicho departamento (fs. 6). II.2. Mediante decreto de 4 de agosto de 2022, la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dispuso la devolución al Juzgado de origen a efectos de que la misma adjunte las Resoluciónes 172/2022 y 459/2022, las cuales fueron valoradas en la resolución apelada y no fueron remitidas a la Sala; asimismo, tampoco se hubiese adjuntado toda la prueba valorada en la resolución apelada, tampoco se advertía el mandamiento de detención preventiva, extremos los cuales debían ser subsanados (fs. 7). II.3. La Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante nota de 5 de agosto de 2022, devolvió actuados a el Juzgado de Instrucción Penal Sexto de El Alto del citado departamento, a efecto de que se subsanen las observaciones realizadas en la providencia de 4 de igual mes y año (fs. 8). Habiendo sido recepcionada la misma el 19 del citado mes y año, mereció decreto de 19 del referido mes y año, disponiendo el Juez de la causa que se subsane lo observado y se remitan antecedentes en el mismo día con la nota de atención debida (fs. 9). II.4. Cursa nota de 22 de agosto de 2022, a través de la cual Sandra Vargas Gutiérrez, Secretaria Abogada del Juzgado de Instrucción Penal Sexto de El Alto del departamento de La Paz remite el legajo de apelación subsanado a la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia del citado departamento, dentro del proceso instaurado contra la accionante por la presunta comisión del delito de tráfico de sustancias controladas (fs. 10).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El impetrante de tutela, considera lesionados sus derechos al debido proceso, a una justicia pronta, oportuna, transparente y sin dilaciones; y al principio de celeridad; toda vez que, habiendo interpuesto recurso de apelación incidental contra la Resolución que rechazó su solicitud de cesación de la detención preventiva, se remitieron antecedentes a la Sala Penal Tercera; sin embargo, dicha instancia realizó observaciones al cuaderno de apelación a objeto de que sean subsanados; empero, el Juzgado de origen, no remitió el legajo de la apelación subsanada, impidiendo con ello que se resuelva el recurso de apelación incidental interpuesto; y por ende, se defina su situación jurídica.

En consecuencia, corresponde verificar si lo alegado es evidente, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.

III.1. Jurisprudencia reiterada sobre la acción de libertad traslativa o de pronto despacho

La jurisprudencia Constitucional, ha sido uniforme al sostener: “…que el derecho a la libertad física, supone un derecho fundamental de carácter primario para el desarrollo de la persona, entendimiento que se sustenta en la norma prevista por el art. 6.II de la CPE, pues en ella el Constituyente boliviano ha dejado expresamente establecido que la libertad es inviolable y, respetarla y protegerla es un deber primordial del Estado. Atendiendo esta misma concepción de protección es que creó un recurso exclusivo, extraordinario y sumarísimo a fin de que el citado derecho goce de especial protección en casos en que se pretenda lesionarlo o esté siendo lesionado” (SC 0224/2004-R de 16 de febrero). La misma Sentencia, considerando que el derecho a la libertad es inviolable, a su vez precisó que: “…toda autoridad que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa, que siempre tendrá que otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva, pues esto dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, dado que se reitera la lesión del derecho a la libertad física, está en la demora o dilación indebida de una solicitud de tal naturaleza, vale decir, que si la solicitud es negada de acuerdo a una compulsa conforme a Ley no es ilegal siempre que esa negativa se la resuelva con la celeridad que exige la solicitud” (las negrillas son nuestras). En este orden, el anterior Tribunal Constitucional en la SC 0465/2010 de 5 de julio, desarrolló el hábeas corpus traslativo o de pronto despacho concluyendo que esta tipología de hábeas corpus –ahora acción de libertad– : “…se constituye en el mecanismo procesal idóneo para operar en caso de existir vulneración a la celeridad cuando esté relacionada a la libertad y devenga de dilaciones indebidas, que retarden o evitan resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad” (el resaltado es agregado). En ese entendido, el Tribunal Constitucional Plurinacional en virtud al nuevo orden constitucional, que consagra al principio de celeridad como un sustento de la potestad de impartir justicia según el art. 178.I de la CPE, mediante la SCP 0017/2012-R de 16 de marzo señaló: “Que en todo trámite judicial, específicamente en el procedimiento penal, toda solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física o personal, debe tramitarse con la mayor celeridad posible o dentro de un plazo razonable”. De acuerdo a la jurisprudencia descrita, todas las solicitudes relacionadas a la libertad del imputado deben ser tramitadas y resueltas, sin ninguna demora o dilación, atendiendo al principio de celeridad que obligan a toda autoridad jurisdiccional a sujetar su accionar a los plazos establecidos en la norma adjetiva penal.

III.2. Análisis del caso concreto

La accionante, considera lesionados sus derechos al debido proceso, a una justicia pronta, oportuna, transparente y sin dilaciones; toda vez que, habiendo interpuesto recurso de apelación incidental contra la Resolución que rechazó su solicitud de cesación de la detención preventiva, se remitieron antecedentes a la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; sin embargo, dicha instancia realizó observaciones al cuaderno de apelación a objeto de que sean subsanados; empero, el Juzgado de origen, no remitió el legajo de la apelación subsanada, impidiendo con ello que se resuelva el recurso de apelación incidental interpuesto; y por ende, se defina su situación jurídica.

Una vez identificada la problemática planteada, corresponde a continuación analizar los antecedentes procesales, de donde se evidencia que dentro del proceso penal seguido contra la solicitante de tutela por el Ministerio Público, por la presunta comisión del delito de tráfico de sustancias controladas, se encuentra detenida preventivamente en el Centro de Orientación Femenina Obrajes de La Paz; por lo que, solicitó cesación a su detención preventiva al Juzgado de Instrucción Penal Sexto de El Alto del departamento de La Paz, a cargo del proceso. Consiguientemente, al haberse llevado a cabo la audiencia de cesación a su detención preventiva el 22 de julio de 2022, se emitió la Resolución 199/22 negando su pretensión, la cual fue apelada y remitido el legajo procesal a la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, el 3 de agosto de igual año; sin embargo, la referida Sala Penal, mediante nota de 5 del citado mes y año, devolvió actuados al Juzgado de origen; a efectos de que éste, subsane las observaciones realizadas. Por decreto de 19 de agosto de 2022, el Juez aquo dispuso que se subsane lo observado y se remitan antecedentes ante el Tribunal de alzada en el día; asimismo, consta nota de atención de 22 de igual mes y año, a través de la cual, la parte demandada remitió el legajo de apelación subsanado, al Tribunal de alzada, sin que se evidencie en el mismo, el sello de recepción.

En ese orden, y previo a ingresar al análisis del caso concreto, corresponde revisar la jurisprudencia constitucional glosada en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, la cual, establece que toda autoridad que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos legales establecidos, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho. En base a lo antes mencionado se evidencia que la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, una vez recibido el recurso de apelación incidental interpuesto por el ahora accionante, observó la misma; procediendo a devolver antecedentes al Juzgado de origen para su subsanación; habiendo sido recepcionada por esta última instancia el viernes 19 de agosto de 2022; ante lo cual, de acuerdo a lo informado por la parte demandada, dichas observaciones fueron subsanadas el lunes 22 de igual mes y año, habiendo sacado fotocopias a los antecedentes requeridos, legalizados los mismos, costurado el cuaderno de apelación y realizado la nota de remisión de la apelación observada, subsanaciones que se hicieron en conocimiento del abogado de la accionante y en presencia del procurador de éste, quien coadyuvó en dicho trabajo, concluyendo con dicha labor a horas 16:10 de ese mismo día, porque también tenían otra audiencia programada; por lo que, debido a la distancia que existe entre el Juzgado de El Alto a la ciudad de Nuestra Señora de La Paz, y considerando que las Salas Penales solo recepcionan las apelaciones, hasta horas 12:30 de cada día, (tal cual refirió la ahora demandada). Lo descrito precedentemente, demuestra la imposibilidad material de la demandada, de remitir el recurso interpuesto el mismo 22; por las razones anotadas precedentemente; remisión que de acuerdo a lo señalado por la Sala Constitucional se hizo efectiva el 23 de igual mes y año, siendo un tiempo razonable que no pudo ser abreviado, por las circunstancias explicadas. De lo señalado, se establece que la Secretaria Abogada –ahora demandada– no incurrió en acto dilatorio negligente en la subsanación de las observaciones realizadas; toda vez que, las actuaciones ejecutadas por su parte, se materializaron dentro del menor plazo que fue posible; aspecto que evidencia la denegatoria de la tutela impetrada; no sin antes recomendar a dicha funcionaria que tenga mayor cuidado y control, a tiempo de la remisión de los recursos de apelación ante las autoridades superiores, para evitar dilaciones innecesarias, debido a observaciones emitidas por la instancia superior. En consecuencia, la Sala Constitucional al haber denegado la tutela impetrada, obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 196/2022 de 23 de agosto, cursante de fs. 14 a 16, pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional; recomendando a la Secretaria demandada, mantener el mayor cuidado y diligencia a tiempo del envío de antecedentes adjuntos a los recursos de apelación. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

René Yván Espada Navía

MAGISTRADO

MSc. Isidora Jiménez Castro

MAGISTRADA

Más sobre Acción de libertad — doctrina general

Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0189_2025-S4.pdf · páginas 1 a 8.

Huella digital del PDF (SHA-256): 29adf882ecd69a22de81208ca661d8086e0bcf4955e17b54a7ad65382f347ded

La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.

Ver las sentencias más consultadas por abogados bolivianos →