Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 25 de marzo de 2025
Concede la tutela
El accionante denuncia como vulnerados sus derechos a la libertad y al debido proceso; toda vez, que la Jueza de Instrucción Penal Segunda de Montero del departamento de Santa Cruz -ahora demandada-, en consideración a la solicitud de salida alternativa de procedimiento abreviado por parte del Fiscal de Materia, mediante providencia de 15 de septiembre de 2022, señaló audiencia para el 4 de octubre de igual año, lo cual resulta injustificable e ilegal; puesto que, prolonga por dos semanas su situación jurídica, cuando la misma debió fijarse conforme establece el art. 325.III del CPP.
En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada, para el efecto, se analizarán los siguientes temas: i) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y la dilación indebida; y, ii) Análisis del caso concreto.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 004/2022 de 22 de septiembre, cursante de fs. 26 a 29, pronunciada por la Jueza de Partido del Trabajo y Seguridad Social y Sentencia Penal Primero de Montero del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, conforme a los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; 2º Disponer que la Jueza demandada, de manera inmediata a su notificación con el presente fallo constitucional, observando el plazo de las cuarenta ocho horas, señale audiencia de consideración a la salida alternativa de procedimiento abreviado, siempre y cuando ésta no se hubiera llevado adelante con anterioridad o haya cambiado la situación jurídica del accionante.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0189/2025-S1 Sucre, 25 de marzo de 2025 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de libertad Expediente: 50755-2022-102-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 004/2022 de 22 de septiembre, cursante de fs. 26 a 29, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Kevin Aldo Gareca Valle contra Maribel Jiménez Claure, Jueza de Instrucción Penal Segunda de Montero del departamento de Santa Cruz.
El accionante, por memorial presentado el 21 de septiembre de 2022, cursante de fs. 2 a 5, expuso los siguientes argumentos de hecho y de derecho:
Dentro del proceso penal que sigue el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, el 13 de septiembre de 2022, el Fiscal de Materia solicitó la aplicación de procedimiento abreviado; en respuesta a ello, la Jueza de Instrucción Penal Segunda de Montero del departamento de Santa Cruz -autoridad ahora demandada-, mediante providencia de 15 de igual mes y año, señaló audiencia para el 4 de octubre de ese año, lo cual resulta ser completamente injustificable e ilegal; debido a que, el mismo prolonga por dos semanas más su situación procesal; en vista que se encuentra detenido preventivamente en la carceleta de Montero, cuando de acuerdo al art. 325.III del Código de Procedimiento Penal (CPP), modificado por la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 8 de mayo de 2019-, la Juez de la causa debió haber celebrado la audiencia a más tardar el 19 de septiembre de 2022.
Denuncia la lesión de sus derechos a la libertad y al debido proceso; citando al efecto los arts. 13.I, 23.I y 115 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicita se conceda la tutela; y en consecuencia, la autoridad demandada “en el día”, lleve a cabo la audiencia de procedimiento abreviado de manera presencial, notificando a todas las partes procesales.
Celebrada la audiencia pública de consideración de la presente acción de libertad, el 22 de septiembre de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 25, se produjeron los siguientes actuados:
El impetrante de tutela presente en audiencia, haciendo uso de la palabra indicó que su abogada no podría llegar a la audiencia.
Maribel Jiménez Claure, Jueza de Instrucción Penal Segunda de Montero del departamento de Santa Cruz, mediante informe de 22 de septiembre de 2022 cursante de fs. 15 y vta., refirió que: a) Desde el 19 de julio de 2022, el Juzgado a su cargo no cuenta con Secretaria, Auxiliar ni Oficial de Diligencias; por lo que, prácticamente se encuentra sola en dicho despacho judicial, considerando que los funcionarios que ejercen la suplencia legal no están de forma permanente en el mismo; b) Conforme el informe del Secretario del Juzgado de 22 de septiembre del mismo año, refirió que por error involuntario se señaló audiencia para el 4 de octubre de igual año, habiendo ingresado nuevamente a despacho con informe; razón por la cual, se dejó sin efecto en parte el decreto de señalamiento de audiencia, fijándose nueva fecha; c) Todas las resoluciones son impugnables a través de los mecanismos establecidos en procedimiento y en el caso de autos procede el recurso de reposición, conforme el art. 401 del CPP; d) En el presente caso la abogada pretende tomar conocimiento de las actuaciones que se encuentran en el cuaderno procesal vía teléfono, sin apersonarse para notificarse con la providencia de 15 de igual mes y año; se extraña que en lugar de acudir a la autoridad de control jurisdiccional, de acuerdo al mencionado artículo, para hacer conocer su error, interpone esta acción tutelar desconociendo el principio de subsidiariedad que la rige, no habiendo agotado previamente la instancia ordinaria; e) Por los actuados adjuntos al cuaderno procesal, se tiene que el imputado no se encuentra ilegalmente aprehendido ni detenido; puesto que, se encuentra detenido preventivamente por Resolución de 25 de agosto de 2022, ante la presentación de una imputación formal presentada por el Ministerio Público; y, f) Se corrigió de oficio la providencia de 22 de septiembre del indicado año, esto conforme el informe del Secretario del Juzgado, demostrándose el accionar malicioso del demandante de tutela, así como la falta de buena fe; por lo que, se demuestra que en el caso no se ha vulnerado ninguno de los derechos del ahora demandante de tutela.
La Jueza de Partido del Trabajo y Seguridad Social y Sentencia Penal Primero de Montero del departamento de Santa Cruz, constituida en Jueza de garantías, mediante Resolución 004/2022 de 22 de septiembre, cursante de fs. 26 a 29, denegó la tutela impetrada; con base en los siguientes fundamentos: 1) El accionante no ha considerado que el despacho de la autoridad demandada se encuentra sin personal subalterno, aspecto que imposibilita el cumplimiento efectivo de los plazos procesales, aplicándose en el caso lo previsto por el art. 130 parte in fine de CPP; 2) Si bien la Ley 1173 ha modificado el art. 56 del CPP, que atribuye nuevas funciones a los secretarios, como el de emitir providencias de mero trámite que no hayan sido pronunciadas en audiencia; en este caso, el Secretario de juzgado cumple funciones en suplencia legal, siendo su cargo titular Secretario del Juzgado Público de Familia Primero de Montero del referido departamento; es decir, no es especializado en la materia, lo que hace excusable “a la acción”; empero, esa situación pudo ser advertida por la defensa del impetrante de tutela a través de un recurso de reposición, conforme el art. 401 del CPP, quien tiene la carga procesal de asistencia al juzgado; 3) La autoridad demandada, advertida de este error por el mismo Secretario e impulsando el proceso, procedió a modificar el señalamiento de audiencia para el 23 de septiembre de 2022, según lo previsto en el art. 168 del mencionado Código; por lo que, no corresponde “…ser conocidas vía esta acción de defensa…” (sic), más aún cuando el demandante de tutela tiene expedito el recurso de reposición, de acuerdo a lo previsto en el art. 401 del referido cuerpo normativo; y, 4) No concurren los presupuestos exigidos -por la jurisprudencia constitucional -para la excepción al principio de subsidiariedad-; puesto que, el ahora demandante de tutela no ha demostrado que su vida esté en peligro, que esté ilegalmente perseguido, indebidamente procesado o privado de su libertad y menos aún que se encuentre en total estado de indefensión, debido a que se halla en detención preventiva dispuesta por Auto Interlocutorio de 25 de agosto del indicado año y cuenta con un abogado defensor de su confianza, quien asume su defensa.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa copia simple de la providencia de 15 de septiembre de 2022 emitida por Maribel Jiménez Claure, Jueza de Instrucción Penal Segunda de Montero del departamento de Santa Cruz -autoridad ahora demandada-, dentro del proceso penal seguido contra Kevin Aldo Gareca Valle -ahora accionante- en la que, conforme requerimiento conclusivo de procedimiento abreviado presentado por el Ministerio Público, señaló audiencia de consideración del mismo, para el martes 4 de octubre del mismo año, a horas 15:00 (fs. 1). II.2. A través del informe de 22 de septiembre -no indica año-, suscrito por el Secretario del Juzgado Público de Familia Primero de Montero del departamento de Santa Cruz, en suplencia legal del Juzgado de Instrucción Penal Segundo del mismo departamento, advirtió a la autoridad ahora demandada que se insertó como fecha para considerar la salida alternativa de procedimiento abreviado el 4 de octubre de 2022, aspecto que hizo notar la defensa del ahora accionante, mediante vía telefónica (fs. 23). II.3. Por decreto de 22 de septiembre de 2022, Maribel Jiménez Claure, Jueza de Instrucción Penal Segunda de Montero del departamento de Santa Cruz, en vía de corrección, conforme el art. 168 del CPP, señaló nueva audiencia de consideración de la salida alternativa de procedimiento abreviado en favor del imputado Kevin Aldo Gareca Valle, para el día viernes 23 del mismo mes y año (fs. 24).
El accionante denuncia como vulnerados sus derechos a la libertad y al debido proceso; toda vez, que la Jueza de Instrucción Penal Segunda de Montero del departamento de Santa Cruz -ahora demandada-, en consideración a la solicitud de salida alternativa de procedimiento abreviado por parte del Fiscal de Materia, mediante providencia de 15 de septiembre de 2022, señaló audiencia para el 4 de octubre de igual año, lo cual resulta injustificable e ilegal; puesto que, prolonga por dos semanas su situación jurídica, cuando la misma debió fijarse conforme establece el art. 325.III del CPP.
En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada, para el efecto, se analizarán los siguientes temas: i) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y la dilación indebida; y, ii) Análisis del caso concreto.
El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0142/2018-S2 de 30 de abril, reiterada por la SCP 0332/2021-S1 de 12 de agosto -entre otras-, asumió el siguiente razonamiento: La Constitución Política del Estado en su art. 23, establece que toda persona tiene derecho a la libertad física como un derecho fundamental de carácter primario para su desarrollo; por ello, el Estado tiene el deber primordial de respetarlo y protegerlo por constituir un derecho inviolable; razón por la que, la acción de libertad fue configurada de manera exclusiva, extraordinaria y sumarísima con el propósito que este derecho, goce de protección especial cuando se pretenda lesionarlo o esté siendo amenazado de lesión. A ese efecto, la jurisprudencia constitucional contenida en la SC 1579/2004-R de 1 de octubre, efectuó una clasificación del entonces recurso de hábeas corpus ante violaciones a la libertad individual y/o de locomoción, señalando que puede ser reparador, si ataca una lesión ya consumada; preventivo, si procura impedir una lesión a producirse o correctivo, si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida. Posteriormente, a través de la SC 0044/2010-R de 20 de abril, se amplió dicha clasificación, identificando además al hábeas corpus restringido, el que procede ante limitaciones del ejercicio del derecho a la libertad; dentro del que se encuentra el hábeas corpus instructivo, que se admite cuando el derecho a la libertad se encuentra vinculado con el derecho a la vida; y, traslativo o de pronto despacho, a través del cual se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos ante dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona privada de libertad y la concreción del valor libertad, de los principios de celeridad y respeto a los derechos; debiendo ser tramitados, resueltos -SC 0224/2004-R de 16 de febrero- y efectivizados -SC 0862/2005-R de 27 de julio- con la mayor celeridad -SCP 0528/2013 de 3 de mayo-. Con ese razonamiento, toda autoridad judicial que conozca una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando 1El FJ III.1.1, señala: “Para la procedencia del hábeas corpus reparador es decisivo que se haya configurado una situación de privación de libertad física ilegal inobservando las formalidades esenciales, por ejemplo una detención ejecutada sin orden escrita, o resuelta por autoridad incompetente (…)”.
El FJ III.1.2, menciona: “El hábeas corpus procede como un medio preventivo, cuando la detención aún no se ha producido pero puede presuponerse que la misma es inminente, en tanto que la amenaza pueda demostrarse positivamente (…)”.
El FJ III.1.3, determina: “El hábeas corpus denominado correctivo, protege al detenido de aquellas condiciones que agravan en forma ilegítima la detención, violando su condición humana. A través de este recurso, se garantiza el trato humano al detenido, establecido en las Convenciones Internacionales de Derechos Humanos. La base legal de este tipo de hábeas corpus, la encontramos en el art. 89 de la LTC, que amplía los alcances protectivos de esta garantía, al referirse a otras `violaciones que tengan relación con la libertad personal en cualquiera de sus formas…´. Conforme a esto, una de las formas en que se manifiestan estas violaciones vinculadas a la libertad, está la referida al agravamiento ilegal de la situación del detenido o condenad (…)”. 2El FJ. III.5, refiere que: “El primer (instructivo); hace referencia a la supuestos, en que el derecho a la libertad se encuentra vinculado al derecho a la vida, fundamentalmente en los casos de desaparición forzada de personas, y tiene como objeto identificar el paradero de la víctima, disponer su libertad e individualizar a los autores del hecho, garantizándose el derecho a la vida y también el derecho a la integridad física.
Este hábeas corpus, ahora está previsto en el art. 125 de la CPE, cuando hace referencia a los casos en los que la persona considere que su vida está en peligro. Esta ampliación es coherente con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en la Opinión Consultiva OC-8/87 de 30 de enero de 1987, al absolver la consulta formulada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto a la interpretación de los arts. 25.1 y 7.6 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación a la última frase del art. 27.2 de dicha Convención, que enumera los derechos que no pueden suspenderse durante los estados de excepción; estableció que, la función del hábeas corpus es esencial como: `…medio para controlar el respeto a la vida e integridad de la persona, para impedir su desaparición o la indeterminación de su lugar de detención, así como para protegerla contra la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes´ (…)
Por último, se debe hacer referencia al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, a través del cual lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad”.
menos, dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa otorgar o dar curso a la petición en forma positiva o negativa, ya que el resultado a originarse dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, por cuanto la lesión del derecho a la libertad física está en la demora o dilación indebida, al resolver o atender una solicitud efectuada con la adecuada celeridad.
El accionante denuncia como vulnerados sus derechos a la libertad y al debido proceso; toda vez, que la Jueza de Instrucción Penal Segunda de Montero del departamento de Santa Cruz –autoridad ahora demandada-, en consideración a la solicitud de salida alternativa de procedimiento abreviado por parte del Fiscal de Materia, mediante providencia de 15 de septiembre de 2022, señaló audiencia para el 4 de octubre de igual año, lo cual resulta injustificable e ilegal; puesto que, prolonga por dos semanas su situación jurídica, cuando la misma debió fijarse conforme establece el art. 325.III del CPP. De los antecedentes anotados en las conclusiones en el presente fallo constitucional, se tiene que dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Kevin Aldo Gareca Valle, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, la Jueza ahora demandada, por providencia de 15 de septiembre de 2022, ante la presentación de requerimiento conclusivo de procedimiento abreviado presentado por el Ministerio Público, señaló audiencia de consideración del mismo para el día martes 4 de octubre del mismo año, a horas 15:00 (Conclusión II.1). Por su parte, la Jueza ahora demandada mediante informe presentado dentro de la presente acción de defensa, señaló que no cuenta con personal de apoyo jurisdiccional desde el 19 de julio de 2022; por lo que, prácticamente se encontraría sola en el Juzgado a su cargo; asimismo, mediante informe de 22 de septiembre de igual año, suscrito por el Secretario del Juzgado Público de Familia Primero de Montero del departamento de Santa Cruz, en suplencia legal de su Juzgado, se informó que se insertó como fecha para considerar la salida alternativa de procedimiento abreviado, el 4 de octubre de 2022, aspecto que hizo notar la defensa del imputado mediante vía telefónica (Conclusión II.2); y advertida del error en que incurrió, la Jueza de la causa emitió nuevo pronunciamiento por decreto de 22 de septiembre de ese año, en vía de corrección, y conforme el art. 168 del CPP, señaló nueva fecha de audiencia de consideración a la salida alternativa de procedimiento abreviado en favor del imputado Kevin Aldo Gareca Valle, ahora accionante, para el viernes 23 del mismo mes y año (Conclusión II.3). Hecha esa precisión, se tiene que el acto lesivo denunciado por el impetrante de tutela radica, en que el señalamiento de audiencia de consideración a la salida alternativa de procedimiento abreviado efectuada por la autoridad ahora demandada, fue realizada en una fecha distante y no así dentro del plazo establecido por ley; al respecto, el art. 325.III del CPP, modificado por el art. 12 de la Ley 1173, hace referencia que en casos que el imputado guarde detención preventiva, el plazo máximo para la celebración de la audiencia, será de cuarenta y ocho horas, bajo responsabilidad, debiendo en su caso habilitarse días y horas inhábiles. Ahora bien, de lo precedentemente indicado, en el caso concreto se evidencia que la Jueza ahora demandada, no cumplió con el plazo establecido por el art. 325.III del CPP; puesto que, ninguna de las audiencias señaladas por dicha autoridad jurisdiccional fueron fijadas dentro del plazo de las cuarenta y ocho horas que establece la ley; por consiguiente, esta demora se constituye en actos dilatorios, que conlleva la vulneración al debido proceso en su elemento celeridad, el cual está directamente vinculado con el derecho a la libertad del ahora peticionante de tutela; puesto que, alarga y deja en incertidumbre la situación jurídica del accionante; sumándose a ello, el tiempo transcurrido desde la emisión del primer decreto de 15 de septiembre de 2022 a la presentación del informe suscrito por el Secretario en suplencia legal y el nuevo pronunciamiento de la autoridad ahora demandada de 22 del mismo mes y año, actuaciones procesales que van en contra del principio de celeridad, el cual garantiza que todo proceso judicial se desarrolle sin dilaciones y donde se observen los plazos procesales dispuestas por ley, esto con el firme objetivo de lograr un procedimiento ágil y eficiente. Por otra parte, respecto al argumento de la falta de personal de apoyo jurisdiccional, como son el Secretario de Juzgado, Auxiliar y Oficial de Diligencias señalada por la autoridad demandada; cabe manifestar que conforme establece el art. 93.I de la Ley del Órgano Judicial (LOJ) -Ley 025 de 24 de junio de 2010- que señala: “En caso de impedimento o cesación de una secretaria o secretario de sala, tribunal de sentencia o juzgado, será suplido por la secretaria o secretario siguiente en número” (sic [el subrayado es nuestro]); en el caso de autos, se ha demostrado que la Juez de la causa al momento de solicitarse la aplicación de procedimiento abreviado, contaba con un secretario en suplencia legal que suplió la acefalía observada por dicha la autoridad, no siendo excusa la falta de personal, para que la Jueza demandada no dé celeridad al proceso de exordio, esto en observancia y aplicación del razonamiento desarrollado en la jurisprudencia del Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, que señala que cuando se está ante actuaciones procesales donde se encuentren vinculados la libertad de la personas, debe observarse el principio de celeridad, sin provocar restricciones indebidas. Consecuentemente, ante la evidente lesión al debido proceso en su componente a la celeridad, vinculado con el derecho a la libertad del demandante de tutela, por la demora en la que incurrió la autoridad ahora demandada en el señalamiento de audiencia para considerar la salida alternativa de procedimiento abreviado, corresponde conceder la tutela solicitada en la acción de libertad, en su modalidad traslativa o de pronto despacho, sin disponer su libertad por ser atribución de las autoridades jurisdiccionales resolver la situación jurídica del impetrante de tutela. En consecuencia, la Jueza de garantías al denegar la tutela impetrada, no actuó de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 004/2022 de 22 de septiembre, cursante de fs. 26 a 29, pronunciada por la Jueza de Partido del Trabajo y Seguridad Social y Sentencia Penal Primero de Montero del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, conforme a los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; 2º Disponer que la Jueza demandada, de manera inmediata a su notificación con el presente fallo constitucional, observando el plazo de las cuarenta ocho horas, señale audiencia de consideración a la salida alternativa de procedimiento abreviado, siempre y cuando ésta no se hubiera llevado adelante con anterioridad o haya cambiado la situación jurídica del accionante. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
MAGISTRADA
Fdo. Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0189_2025-S1.pdf · páginas 1 a 9.
Huella digital del PDF (SHA-256): c16553806c021373bd73a310886fab2cdebf552cabf4e9563a5832a964b37320
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