B.IA.LEGAL

SCP 0189/2023-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 5 de abril de 2023

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
5 de abril de 2023
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas
Expediente
44666-2022-90-AL
Departamento
Cochabamba
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El impetrante de tutela a través de su representante sin mandato denuncia la lesión de sus derechos a la libertad y al debido proceso; toda vez que se encuentra recluido en el Centro Penitenciario San Antonio del departamento de Cochabamba a cargo del Director coaccionado, en cumplimiento del mandamiento de apremio corporal por concepto de asistencia familiar emitido por la autoridad judicial accionada, el cual fue ejecutado en plena vacación judicial sin observar lo establecido por la Circular 09/2021, en cuanto a la prohibición de la ejecución de ningún mandamiento de apremio durante la vacación judicial anual colectiva, lo cual vulnera su derecho al debido proceso y se constituye en una persecución indebida. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y los arts. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional y 44.2 del Código Procesal Constitucional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 12/2021 de 11 de diciembre, cursante de fs. 26 a 28 vta., pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Octava de la Capital del departamento de Cochabamba; y, en consecuencia: DENEGAR en todo la tutela solicitada, conforme las razones y fundamentos expuestos en el presente fallo constitucional, y con la aclaración de no haberse ingresado al análisis de fondo de la problemática planteada.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Sobre la ejecución de mandamientos de apremio en materia de asistencia familiar durante la vacación judicial colectiva y el control jurisdiccional a cargo de la autoridad judicial de turno.
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0189/2023-S3 Sucre, 5 de abril de 2023 SALA TERCERA Magistrada Relatora: MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas Acción de libertad Expediente: 44666-2022-90-AL Departamento: Cochabamba En revisión la Resolución 12/2021 de 11 de diciembre, cursante de fs. 26 a 28 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Jhony Wilson Soria Cárdenas y Mijhail Yerson Camacho Cáceres, en representación sin mandato de Carlos Francisco Ramos Villarroel contra María Eugenia Saavedra Salazar, Jueza Pública de Familia Décima de la Capital del departamento de Cochabamba; y, Marcelo Luis Licona Quintanilla, Director del Centro Penitenciario San Antonio del citado departamento.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 10 de diciembre de 2021, cursante de fs. 6 a 7, el accionante a través de sus representantes sin mandato, manifiesta lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

A consecuencia de una orden de apremio corporal por concepto de asistencia familiar emitida por la Jueza Pública de Familia Décima de la Capital del departamento de Cochabamba -hoy accionada- se encuentra recluido en el Centro Penitenciario San Antonio del citado departamento; situación que atenta contra su derecho a la libertad y al debido proceso, por cuanto los funcionarios policiales ejecutaron el referido mandamiento el día de “hoy” -se entiende 10 de diciembre de 2021- en plena vacación judicial, inobservando lo establecido por la Circular 09/2021 -de 20 de octubre- que en el parágrafo sexto “punto quinto” determina que a partir del 3 de diciembre de 2021, durante el periodo de vacación judicial no se ejecutará ningún mandamiento de apremio en materia civil, familiar, laboral o mandamiento de aprehensión en materia penal, salvo los emitidos por los jueces de turno, lo cual también fue desconocido por el Director del referido Centro Penitenciario -ahora coaccionado- y que se constituye en una persecución indebida.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

El impetrante de tutela a través de sus representantes sin mandato, denuncia como lesionados sus derechos a la libertad y al debido proceso, citando al efecto los arts. 22 y 23 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela impetrada; y, en consecuencia, se disponga la nulidad de obrados hasta el vicio más antiguo.

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías

Celebrada la audiencia virtual el 11 de diciembre de 2021, según consta en el acta cursante a fs. 25 y vta., presente el peticionante de tutela asistido de su abogado, el representante del Ministerio Público y el Director coaccionado; y, ausente la Jueza accionada, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante a través de su representante sin mandato, en audiencia ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de libertad y ampliando manifestó que: a) Fue aprehendido no por una asistencia familiar sino por una “asistencia educacional”; y, b) Durante la vacación judicial no puede ejecutarse mandamientos de apremio, dado que no existe una autoridad judicial que resuelva su situación jurídica.

I.2.2. Informe de la parte accionada

María Eugenia Saavedra Salazar, Jueza Pública de Familia Décima de la Capital del departamento de Cochabamba, no asistió a la audiencia ni presentó informe escrito, pese a su citación por cédula cursante de fs. 11 a 14 de obrados, efectuada en oficinas del referido Juzgado en presencia de testigo de actuación, así como mediante Whatsaap, notificación practicada por la Oficina Gestora de Procesos Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba. Marcelo Luis Licona Quintanilla, Director del Centro Penitenciario San Antonio del departamento de Cochabamba, mediante informe escrito cursante de fs. 23 a 24 y en audiencia manifestó que: 1) El impetrante de tutela fue trasladado a dicho penal en calidad de detenido en cumplimiento al mandamiento de apremio expedido el 12 de octubre de 2021, ordenado por la Jueza Pública de Familia Décima de la Capital del citado departamento, a objeto de hacerse efectivo el pago de Bs25 700.- (veinticinco mil setecientos bolivianos) por concepto de asistencia familiar; 2) En ese sentido, el mandamiento de apremio fue ejecutado por un funcionario policial dependiente de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de Quillacollo del indicado departamento, aclarando que no fue legalmente notificado con la Circular 09/2021, por lo tanto el peticionante de tutela fue recibido en dicho Centro de rehabilitación; 3) De conformidad a las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0134/2015-S3 de 10 de febrero y 0140/2018-S1 de 23 de abril, se establece la validez y vigencia de los mandamientos de apremio en materia familiar aun en vacaciones judiciales, debiendo la administración de justicia garantizar la continuidad del servicio judicial en todas las materias, precautelando además el interés superior del niño que pertenece a un grupo vulnerable, pues con la asistencia familiar se debe satisfacer sus necesidades básicas como alimentación, educación, salud, vivienda y otros; y, 4) A fin de evitar la vulneración de los derechos de la parte demandante -en el proceso familiar-, así como del menor beneficiario, quien a su vez se encuentra protegido mediante la normativa internacional como es la Convención Internacional de los Derechos del Niño, se procedió a la recepción del accionante en dicho Centro Penitenciario, por lo que no se lesionó ningún derecho del mismo.

I.2.3. Intervención de la representante del Ministerio Público

“Patricia Zenteno Heredia”, representante fiscal, en audiencia solicitó se deniegue la tutela solicitada, ya que el impetrante de tutela tenía conocimiento de su proceso, máxime cuando el mandamiento de apremio fue emitido con anterioridad a la vacación judicial.

I.2.4. Resolución

La Jueza de Sentencia Penal Octava de la Capital del departamento de Cochabamba, constituida en Jueza de garantías, mediante Resolución 12/2021 de 11 de diciembre, cursante de fs. 26 a 28 vta., concedió en parte la tutela solicitada, respecto a Marcelo Luis Licona Quintanilla, Director del Centro Penitenciario San Antonio del citado departamento; y, denegó la tutela impetrada en cuanto a la Jueza accionada, disponiéndose la inmediata libertad del accionante, ordenándose que por Secretaría se expida el mandamiento de libertad; determinación asumida bajo los siguientes fundamentos: i) La SCP 1550/2013 de 13 de septiembre, señaló que: “…la detención es ilegal o indebida, cuando existe una privación de libertad física por haber sido dispuesta al margen de los casos previsto por la ley y/o incumpliendo los requisitos y formalidades de la ley…” (sic); asimismo, la SC 0010/2010-R de 6 de abril, concluyó que para que la restricción al derecho a la libertad sea válida se deben cumplir determinados requisitos materiales y formales establecidos por ley, que de acuerdo a la Opinión Consultiva (OC) 6/86 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) esta debe emanar del órgano legislativo; ii) Respecto al art. 126 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), la SCP 2030/2013 de 13 de noviembre, estableció que por regla general los plazos procesales transcurrirán ininterrumpidamente, pudiendo declararse en suspenso por vacaciones judiciales colectivas, en tanto que las circulares emitidas por el Tribunal Supremo de Justicia y los Tribunales Departamentales de Justicia tienen por finalidad evitar posibles violaciones de derechos que podrían presentarse durante dicho periodo; iii) Tomando en cuenta que en la ejecución de los mandamientos de apremio, como efecto de la vacación judicial queda en suspenso el ejercicio de la función jurisdiccional, existiendo limitaciones para acceder e interponer cualquier reclamo o impugnación ante los juzgados o tribunales emisores para la restitución de sus derechos; a través de las circulares respectivas, además de establecer los turnos de los Juzgados y Tribunales, se funda la necesidad razonable de evitar la privación indebida de la libertad de los compelidos al cumplimiento de las resoluciones que persiguen coercitivamente el acatamiento de obligaciones laborales o de asistencia familiar, por lo que se dispuso dejar en suspenso dichas ejecuciones, hasta que se restablezcan las funciones de los operadores de justicia conforme los arts. 124 y 126 de la LOJ; iv) La Circular 09/2021 en su “punto quinto”, determina que durante el periodo de vacación judicial no se ejecutará ningún mandamiento de apremio en materia civil, familiar, laboral o mandamiento de aprehensión en materia penal, salvo los emitidos por los jueces de turno; asimismo, a partir del 3 de diciembre de 2021, no se expedirá ninguno de esos mandamientos, sin perjuicio de los que normalmente deban expedir los Juzgados y Tribunales de turno; v) El mandamiento de apremio ejecutado contra el ahora accionante fue expedido el 12 de octubre de 2021; es decir, en tiempo oportuno y sin ninguna alteración de las formalidades de ley, habiendo ingresado en vacación judicial colectiva la autoridad que lo emitió; no obstante, el impetrante de tutela se encuentra privado de libertad en el Centro Penitenciario San Antonio del referido departamento a cargo del Director coaccionado, existiendo vulneración a su derecho a la libertad, por lo que precisamente interpone esta acción de defensa, al no poder activar ninguna situación legal con relación al proceso del cual se generó su apremio e inclusive realizar el pago de la asistencia familiar lo que posibilitaría la emisión del mandamiento de libertad, radicando en ello la importancia de la Circular 09/2021 a fin de evitar la privación de la libertad indebida de los compelidos al cumplimiento de la resoluciones que persiguen coercitivamente el acatamiento de las obligaciones laborales o de asistencia familiar hasta que se restablezcan las funciones de los operadores de justicia; y, vi) Resulta evidente la privación de libertad del peticionante de tutela, sin respetar las formalidades de ley, al haberse ejecutado el mandamiento de apremio incumpliendo la Circular 09/2021, siendo viable el argumento de la acción de libertad por estar respaldada en la norma y la jurisprudencia constitucional aplicable, ello en relación al Director coaccionado, declarándose no ha lugar en cuanto a la Jueza accionada al haberse expedido el mandamiento de apremio el 12 de octubre de 2021, cuando no existían las prohibiciones contenidas en la aludida Circular.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente:

II.1. Cursa mandamiento de apremio de 12 de octubre de 2021 contra Carlos Francisco Ramos Villarroel -ahora accionante-, expedido por María Eugenia Saavedra Salazar, Jueza Pública de Familia Décima de la Capital del departamento de Cochabamba -hoy accionada- a objeto de que sea conducido al Centro Penitenciario San Antonio del departamento de Cochabamba, en cumplimiento al Auto de 4 de igual mes y año, con la facultad de allanamiento del domicilio donde pudiera ser encontrado, hasta que cancele la suma de Bs25 700.-; el cual fue ejecutado el 10 de diciembre de 2021, a horas 8:05, constando además el descargo de ingreso ante el indicado penal en la misma fecha de su ejecución (fs. 20 a 22). II.2. Cursa Circular 09/2021 de 20 de octubre, emitida por Presidencia del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, que establece la vacación judicial anual colectiva correspondiente a la gestión 2021, del 7 al 31 de diciembre de 2021, quedando de turno en materia familiar los Juzgados Públicos de Familia Quinto y Noveno de la Capital del referido departamento, en aplicación del parágrafo II del art. 126 de la LOJ (fs. 2 a 5 vta.]).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El impetrante de tutela a través de su representante sin mandato denuncia la lesión de sus derechos a la libertad y al debido proceso; toda vez que se encuentra recluido en el Centro Penitenciario San Antonio del departamento de Cochabamba a cargo del Director coaccionado, en cumplimiento del mandamiento de apremio corporal por concepto de asistencia familiar emitido por la autoridad judicial accionada, el cual fue ejecutado en plena vacación judicial sin observar lo establecido por la Circular 09/2021, en cuanto a la prohibición de la ejecución de ningún mandamiento de apremio durante la vacación judicial anual colectiva, lo cual vulnera su derecho al debido proceso y se constituye en una persecución indebida. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.

III.1. Sobre la ejecución de mandamientos de apremio en materia de asistencia familiar durante la vacación judicial colectiva y el control jurisdiccional a cargo de la autoridad judicial de turno.

Respecto a la ejecución de mandamientos de apremio por concepto de asistencia familiar, el art. 415.I, II y III del Código de las Familias y del Proceso Familiar (CFPF) -Ley 603 de 19 de noviembre de 2014-, dispone que: “I. La parte beneficiaria presentará la liquidación de pago de la asistencia devengada que será puesta a conocimiento de la otra parte, quien podrá observar en el plazo de tres (3) días. II. Vencido el plazo, de oficio o a instancia de parte, la autoridad judicial aprobará la liquidación de la asistencia familiar, intimando al pago dentro del tercer día. III. La autoridad judicial, a instancia de parte o de oficio y sin otra substanciación, dispondrá el embargo y la venta de los bienes de la o el obligado en la medida necesaria para cubrir el importe de las pensiones devengadas, todo sin perjuicio de emitir el mandamiento de apremio respectivo con facultades de allanamiento y de ser necesario con rotura de candados o chapas de puertas. La vigencia del mandamiento es indefinida y podrá ejecutarse por cualquier autoridad”. Asimismo, sobre la finalidad y alcance de la asistencia familiar, el art. 109.I del CFPF, determina que: “La asistencia familiar es un derecho y una obligación de las familias y comprende los recursos que garantizan lo indispensable para la alimentación, salud, educación, vivienda, recreación y vestimenta; surge ante la necesidad manifiesta de los miembros de las familias y el incumplimiento de quien debe otorgarla conforme a sus posibilidades y es exigible judicialmente cuando no se la presta voluntariamente; se priorizará el interés superior de niñas, niños y adolescentes”. En cuanto a su oportuno cumplimiento, el art. 127.I del CFPF, establece que “La obligación de asistencia familiar es de interés social. Su oportuno suministro no puede diferirse por recurso o procedimiento alguno, bajo responsabilidad de la autoridad judicial” (el resaltado es nuestro). En concordancia con lo citado, la SCP 0376/2018-S1 de 7 de agosto, citando a su vez el razonamiento contenido en la SCP 0206/2017-S3 de 21 de marzo, sostuvo que: «Al respecto, la SC 0316/2011-R de 1 de abril, refirió: “1) El Instituto de la Asistencia Familiar es de carácter irrenunciable e intransferible, al tener un contenido esencialmente social y humano; 2) La Constitución Política del Estado, estableció preceptos que refuerzan su respeto y protección; 3) La Asistencia Familiar, comprende todo lo indispensable para el sustento, la habitación, el vestido y la atención médica, así también los gastos de educación y los necesarios para que las hijas e hijos adquieran una profesión u oficio; 4) Su cumplimiento no puede diferirse por procedimiento o recurso alguno y el monto será fijado en proporción a las necesidades de quien la pide y a los recursos del obligado; 5) Puede disponerse, en caso de incumplimiento, la restricción de la libertad física del obligado, a través de un mandamiento de apremio que sólo podrá ser librado por autoridad judicial competente, previo cumplimiento de las formalidades establecidas por ley; es decir, que efectuada la liquidación, se dispondrá que el obligado sea notificado con la misma a efectos de que pague la obligación pendiente o en su caso formule observaciones o presente pruebas de pago parcial o total de la asistencia; y, 6) Antes de emitir el mandamiento de apremio, la autoridad judicial debe cuidar que el obligado sea notificado en forma legal con la conminatoria para efectuar el pago dentro del plazo legal, cumplida esa actuación, no habiéndose formulado observación alguna y transcurrido el plazo de la conminatoria sin que el obligado hubiese efectuado el pago, el juez podrá ordenar se libre mandamiento de apremio”. (…) En el marco legal y jurisprudencial anotado, las Circulares que prohíben la ejecución de los mandamientos de apremio en materia de asistencia familiar durante la vacación judicial colectiva, implican una medida que contradice la regulación prescrita por el citado art. 436 del CF, y todo el desarrollo jurisprudencial que en base a dicho articulado ha refrendado la no interrupción de la obligación de suministro oportuno de la asistencia familiar, principalmente por el interés social que representa, pues debe tomarse en cuenta que dichas Circulares en definitiva se emiten con el fin de concretar la previsión del art. 126.II de la LOJ, que refiere: ‘El Tribunal Supremo de Justicia y los Tribunales Departamentales de Justicia, en la programación de sus vacaciones, deberán garantizar la continuidad del servicio judicial en todas las materias’ siendo así, no existe riesgo de que las eventuales vulneraciones que se podrían dar en la ejecución de tales mandamientos queden sin resguardo jurisdiccional debido a la ausencia del Juez o Jueza de la causa, pues si se dieran, las mismas deberán ser conocidas y resueltas por el Juez de turno, lo mismo que si se quisiera concretar algún pago respecto a la liquidación de pensiones devengadas, pues el régimen legal descrito prevé que: “Las pensiones devengadas se liquidarán en el día y se ordenará su pago inmediato, deduciéndose los abonos debidamente comprobados (parte in fine del art. 436 del CF), en ese sentido, debe preverse el acceso a los expedientes de aquellos casos en los que se haya emitido mandamiento de apremio contra la parte obligada, a los fines de lograr un efectivo control jurisdiccional durante la vacación judicial. El presente entendimiento constituye un cambio de línea de las SSCC 0709/2000-R, 0141/2001-R, 0047/2006-R, 0815/2006-R, 2417/2010-R, 1943/2011-R, 1938/2011-R y las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 2416/2012, 0140/2013, 0285/2013-L, 1941/2013, 1952/2013, 2030/2013 y 0050/2014-S1 (…) III.2. Subsidiariedad excepcional de la acción de libertad La SC 0160/2005-R de 23 de febrero estableció como subsidiariedad excepcional del hábeas corpus -actualmente acción de libertad- en razón a que: …como el ordenamiento jurídico no puede crear y activar recursos simultáneos o alternativos con el mismo fin sin provocar disfunciones procesales no queridas por el orden constitucional, se debe concluir que el proceso constitucional del hábeas corpus, únicamente se activa cuando los medios de defensa existentes en el ordenamiento común, no sean los idóneos para reparar, de manera urgente, pronta y eficaz, el derecho a libertad ilegalmente restringido. No es posible acudir a este recurso, cuando el ordenamiento jurídico prevé medios de impugnación específicos y aptos para restituir el derecho a la libertad, en forma inmediata. Conforme a esto, solamente una vez agotado tal medio de defensa y ante la persistencia de la lesión, se podrá acudir a la jurisdicción constitucional, invocando la tutela que brinda el hábeas corpus”. Ahora bien, la citada SCP 0206/2017-S3, en el análisis del caso planteado en esa oportunidad ante una denuncia similar a la contenida en la presente acción de libertad concluyó lo siguiente: “Identificado el objeto procesal en la presente acción de defensa que trasunta en el cuestionamiento del ahora accionante que a decir del mismo, la autoridad hoy demandada permitió la ejecución del mandamiento de apremio librado en su contra por concepto de asistencia familiar devengada, cuando el titular de la causa -Juez Público de Familia Decimoprimero de la Capital del departamento de Cochabamba- se encontraba haciendo uso de las vacación judicial contrariando lo dispuesto en las Circulares 07/2016 y ‘09/2016’ así como el Instructivo 02/2017. Ahora bien, corresponde señalar que conforme al entendimiento jurisprudencial desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1. de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, la obligación de suministro oportuno de la asistencia familiar no debe ser interrumpida, principalmente por el interés social que representa, respecto de los menores de edad beneficiarios de las asignaciones familiares, garantizándose la continuidad del servicio judicial en materia familiar durante la programación de la vacación judicial. Significando que las autoridades judiciales y administrativas deben atender el interés de los beneficiarios, teniendo en cuenta los derechos y deberes de los padres, tutores u otras personas responsables ante la ley, siendo que el control jurisdiccional en esas situaciones -vacación judicial- estará a cargo del Juez de turno, quien garantizará la continuidad del servicio judicial en esta materia. Conforme se establece el Instructivo 02/2017, fue emitido por el Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, precisamente con la finalidad de regular el funcionamiento de los diferentes Juzgados y Tribunales durante la vacación judicial, y que los jueces de turno sigan prestando su labor jurisdiccional de forma ininterrumpida, en el presente caso, las emergencias suscitadas de la ejecución del mandamiento de apremio -orden dispuesta por la autoridad judicial titular de la causa y de forma anterior-, en procura de efectivizar el oportuno suministro de la obligación de asistencia ante incumplimiento por parte del obligado, deben ser de conocimiento y resolución previos en la vía ordinaria familiar, designada para ese periodo vacacional. Es así que, a tiempo de ejecutarse el mandamiento de apremio, el control jurisdiccional estaba a cargo del Juez Público de Familia Decimosegundo de la Capital del departamento de Cochabamba -de turno-, quien conocería los asuntos del titular de la misma materia -Decimoprimero- según el Instructivo 02/2017, y debería lograr un efectivo control jurisdiccional, durante el periodo de vacación judicial comprendido desde el 9 de enero hasta el 2 de febrero de 2017. Ahora bien, si el accionante consideraba ilegal la ejecución del mandamiento de apremio por parte de la autoridad demandada, con cuyo acto se restringía su derecho de libertad de locomoción, este debió acudir previamente ante la jurisdicción ordinaria penal, haciendo conocer el presente reclamo; es decir, ante el Juez a cuyo cargo se encuentra el control jurisdiccional, recayendo el mismo al Juzgado Público de Familia Decimosegundo del departamento de Cochabamba -de turno-, por encontrarse de vacación judicial el Juzgado titular del proceso, no siendo lo correcto que el accionante pretenda activar de manera directa la justicia constitucional a través de la presente acción tutelar, teniendo los mecanismos procesales específicos de defensa idóneos, eficientes y oportunos a ser utilizados previamente ante la jurisdicción ordinaria penal; es decir, que debió agotar la instancia procesal idónea y rápida, conforme al entendimiento desarrollado en el Fundamento Jurídico III.2. de este fallo constitucional”. En este entendido, la jurisprudencia citada precedentemente, haciendo un cambio de entendimiento, ha señalado que, la obligación de suministro oportuno de la asistencia familiar prevista en el Código de Familia, no debe ser interrumpida, principalmente por el interés social que representa, respecto de los menores de edad beneficiarios de las asignaciones familiares, garantizándose la continuidad del servicio judicial en materia familiar durante la programación de la vacación judicial; en esa medida, las Circulares que prohíben la ejecución de los mandamientos de apremio en materia de asistencia familiar durante la vacación judicial colectiva, implican una medida que contradice la regulación prescrita por la normativa citada y todo el desarrollo jurisprudencial que en base a dicho artículo ha refrendado la no interrupción de la obligación de suministro oportuno de la asistencia familiar, principalmente por el interés social que representa; sin embargo, también se ha establecido en dicho contenido jurisprudencial que cualquier vulneración de los derechos del apremiado que pudiera darse a momento de la ejecución del mandamiento, así como las emergencias suscitadas de la ejecución del mandamiento de apremio en época de vacación judicial, primero deben ser denunciadas previamente a la interposición de la acción de libertad, ante el Juez de turno de Familia, teniendo los mecanismos procesales específicos de defensa idóneos, eficientes y oportunos a ser utilizados previamente ante la jurisdicción ordinaria» (las negrillas son nuestras y el subrayado pertenece al texto original).

III.2. Análisis del caso concreto

El peticionante de tutela a través de sus representantes sin mandato, alega que se encuentra recluido en el Centro Penitenciario San Antonio del departamento de Cochabamba a cargo del Director coaccionado, en cumplimiento al mandamiento de apremio por concepto de asistencia familiar emitido por la autoridad judicial accionada, el cual fue ejecutado en plena vacación judicial sin observar lo establecido por la Circular 09/2021 de 20 de octubre, en cuanto a la prohibición de la ejecución de ningún mandamiento de apremio durante la vacación judicial anual colectiva, lo cual vulnera su derecho al debido proceso y se constituye en una persecución indebida. Identificada la problemática planteada, de la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se tiene que el mandamiento de apremio, cuya ejecución ahora se cuestiona, fue ordenado por Auto de 4 de octubre de 2021, emitido por la Jueza Pública de Familia Décima de la Capital del departamento de Cochabamba -hoy accionada- y librado el 12 del mismo mes y año contra el ahora accionante, a objeto que el mismo cancele la suma de Bs25 700.- por concepto de asistencia familiar devengada, siendo ejecutado el 10 de diciembre de igual año, habiéndose conducido al impetrante de tutela al Centro Penitenciario San Antonio del citado departamento, constando como fecha de ingreso en la misma fecha a horas 8:05 (Conclusión II.1).

Así también se tiene que mediante Circular 09/2021, emitida por la Presidencia del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, relativa a la vacación judicial anual colectiva correspondiente a esa gestión del 7 al 31 de diciembre de 2021, en aplicación del parágrafo II del art. 126 de la LOJ, modificado por la Ley 810 de 13 de junio de 2016 y a fin de garantizar el funcionamiento de Salas y Juzgados de turno para brindar a la sociedad la continuidad del servicio en la administración de justicia, se determinó en lo que corresponde que: a) Durante el periodo de vacación judicial, quedarán de turno en materia familiar los Juzgados Públicos de Familia Quinto y Noveno de la Capital del referido departamento; y, b) Durante el periodo de vacación judicial, no se ejecutará ningún Mandamiento de Apremio en materia Civil, Familiar, Laboral, Mandamiento de Aprehensión en materia Penal, salvo los emitidos por los Jueces de turno. Asimismo, a partir del 3 de diciembre de 2021, no se expedirá ninguno de esos mandamientos, sin perjuicio de los que normalmente deban expedir los Juzgados y Tribunales de turno (Conclusión II.2).

En ese contexto, del contenido de la acción de libertad presentada, se advierte que el reclamo que motiva la misma radica en la presunta indebida ejecución del mandamiento de apremio antes descrito, librado ante el incumplimiento de la asistencia familiar devengada, bajo el argumento que la Circular 09/2021, a tiempo de establecer las vacaciones de esa gestión, determinó que no se podían ejecutar mandamientos de apremio durante dicho periodo, por lo que la parte accionante alega que la falta de observancia a la misma ocasionó su indebida privación de libertad, señalando que a su criterio no se debió proceder a la ejecución de dicho mandamiento.

Al respecto, corresponde señalar inicialmente que conforme a la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, las circulares que prohíben la ejecución de los mandamientos de apremio por concepto de asistencia familiar contradicen las características que hacen al instituto en cuestión, cuyo contenido esencialmente es social y humano, por cuanto surge ante la necesidad de garantizar lo indispensable para la alimentación, salud, educación, vivienda, recreación y vestimenta del beneficiario y el incumplimiento de quien debe otorgarla, principalmente por el interés social que representa, respecto de los menores de edad beneficiarios, debiéndose priorizar el interés superior de las niñas, niños y adolescentes, por lo tanto no puede diferirse su ejecución por recurso o procedimiento alguno, ello con la finalidad de hacer efectiva su cancelación, precisamente por ello, la jurisprudencia constitucional ha establecido que para garantizar esa situación las autoridades judiciales y administrativas deben atender el interés de los beneficiarios, teniendo en cuenta los derechos y deberes de los padres, tutores u otras personas responsables ante la ley, siendo que el control jurisdiccional en esas situaciones -vacación judicial- estará a cargo del Juez de turno, quien garantizará la continuidad del servicio judicial en esta materia; lo que implica a su vez que dicho control jurisdiccional conlleva también precautelar los derechos del obligado-apremiado cuando éste considere alguna situación indebida ilegal respecto a la emisión o ejecución del apremio. A partir de ello, conforme se advierte de la Circular 09/2021 a fin de garantizar el funcionamiento de Salas y Juzgados de turno para brindar a la sociedad la continuidad del servicio en la administración de justicia, se designó como juzgados de turno en materia familiar a los Juzgados Públicos de Familia Quinto y Noveno de la Capital del departamento de Cochabamba, de lo que se concluye que conforme a la jurisprudencia constitucional desarrollada en el Fundamento Jurídico citado precedentemente, la ejecución del mandamiento de apremio durante la vacación judicial anual colectiva -apremio por el incumplimiento del pago oportuno de la asistencia familiar devengada- que ahora se reclama a través de esta acción tutelar, debió ser denunciada ante el Juez de turno de Familia, teniendo en cuenta que es quien se encuentra a cargo del control jurisdiccional en materia familiar, durante el periodo de vacación judicial y a quien le incumbe garantizar la continuidad del servicio judicial en esta materia conforme lo determina la propia Circular 09/2021. Consecuentemente, correspondía que cualquier vulneración de los derechos del apremiado -ahora accionante-, que pudiera darse a momento de la ejecución del mandamiento en época de vacación judicial, así como las emergencias suscitadas de dicha ejecución debían ser denunciadas en forma previa, ante el Juez de turno de Familia, teniendo el hoy impetrante de tutela los mecanismos procesales específicos de defensa idóneos, eficientes y oportunos a ser utilizados previamente ante la jurisdicción ordinaria y una vez agotada dicha instancia recién acudir a la acción de libertad, (en ese mismo sentido la SCP 0784/2018-S1 de 28 de noviembre); sin embargo, no se advierte que el ahora peticionante de tutela hubiese acudido ante ninguno de dichos Juzgados de turno a fin de poner en conocimiento su reclamo, por lo que en el caso amerita denegar la tutela impetrada por la concurrencia del principio de subsidiariedad excepcional, sin ingresar al fondo del análisis del problema jurídico expuesto. En consecuencia, la Jueza de garantías, al conceder en parte la tutela solicitada, obró de forma incorrecta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y los arts. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional y 44.2 del Código Procesal Constitucional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 12/2021 de 11 de diciembre, cursante de fs. 26 a 28 vta., pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Octava de la Capital del departamento de Cochabamba; y, en consecuencia: DENEGAR en todo la tutela solicitada, conforme las razones y fundamentos expuestos en el presente fallo constitucional, y con la aclaración de no haberse ingresado al análisis de fondo de la problemática planteada. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas

MAGISTRADA

Fdo. Dr. Petronilo Flores Condori

MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0189_2023-S3.pdf · páginas 1 a 13.

Huella digital del PDF (SHA-256): 8f57014d09341e020bf455d8cd781f5bfa7c6c5439205d602809ec25f49c9096

La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.

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