Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 25 de febrero de 2026
Deniega la tutela
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, a la salud y a la vida; toda vez que, la Vocal demandada, al emitir el Auto de Vista 305/2024-SP2 de 20 de noviembre, que confirmó el Auto Interlocutorio 397/2024 de 14 de noviembre, mediante el cual se rechazó su solicitud de cesación a la detención preventiva, incurrió en falta de fundamentación, motivación y congruencia; pues, la nombrada autoridad se limitó a reiterar los fundamentos expuestos por el tribunal de primera instancia, sin efectuar un análisis propio de los agravios formulados en apelación, particularmente respecto a: i) La persistencia del riesgo de obstaculización previsto en el art. 235.2 del CPP, pese a que la madre de la víctima menor de edad -considerada testigo dentro del proceso penal de origen- habría manifestado mediante memorial no oponerse a la cesación de la medida extrema; ii) La omisión de pronunciamiento sobre el riesgo de fuga contemplado en el art. 234.7 del mismo Código, denunciado como agravio en apelación; iii) La falta de realización de un juicio de proporcionalidad respecto a la necesidad de mantener la detención preventiva, pese a la disminución de algunos riesgos procesales; y, iv) La ausencia de una valoración integral de su edad avanzada y su estado de salud, considerando que cuenta con setenta y nueve años de edad y padece diversas afecciones médicas que requerirían tratamiento permanente. Ante ello, la autoridad demandada señala que, el Auto de Vista impugnado fue emitido conforme a lo previsto en el art. […]
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 05/2024 de 5 de diciembre, cursante de fs. 90 a 96, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Quinto de la Capital del departamento de Tarija; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme a los fundamentos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0188/2026-S2 Sucre, 25 de febrero de 2026 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de libertad Expediente: 69524-2024-140-AL Departamento: Tarija En revisión la Resolución 05/2024 de 5 de diciembre, cursante de fs. 90 a 96, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Herbert Hermann Kohlberg Campero contra María Isabel Sosa Castellanos, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija.
Por memorial presentado el 4 de diciembre de 2024, cursante a fs. 1 y 62 a 73 vta., el accionante manifestó lo siguiente:
Dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de violación con agravante, se encuentra con detención preventiva. En ese contexto, solicitó cesación a la medida extrema, la cual fue resuelta por el Auto Interlocutorio 397/2024 de 14 de noviembre, emitido por el Tribunal a quo, que rechazó su solicitud, considerando como persistente el riesgo de obstaculización previsto en el art. 235.2 del Código de Procedimiento Penal (CPP); asimismo, mantuvo la valoración relativa al peligro efectivo para la víctima previsto en el art. 234.7 del mismo cuerpo legal. Contra dicha decisión interpuso recurso de apelación incidental, resuelto por la autoridad demandada mediante Auto de Vista 305/2024-SP2 de 20 de noviembre, que confirmó la decisión del Tribunal de origen. Afirmó que la Vocal demandada emitió una resolución insuficientemente motivada, sin efectuar un análisis propio de los agravios expuestos en apelación consistentes en: a) El Tribunal de origen consideró subsistente el riesgo de obstaculización respecto de la madre de la víctima menor de edad, presentada como testigo dentro del proceso; sin embargo, la nombrada presentó memorial manifestando que no se oponía a la cesación de la detención preventiva; señalando que, debido a la edad avanzada y al deterioro de su salud, no lo consideraba un riesgo; en este sentido, el riesgo procesal fue vinculado a la madre como testigo y no a la víctima; b) Denunció en apelación la incorrecta valoración del riesgo de fuga previsto en el art. 234.7 del CPP, activado inicialmente por la supuesta existencia de peligro efectivo para la víctima; sin embargo, la autoridad demandada omitió pronunciarse sobre este agravio, señalando que dicho aspecto no habría sido debatido en la audiencia de cesación cuando el Tribunal de alzada tiene la obligación de realizar una revisión integral de las decisiones que determinan la situación jurídica del imputado; c) Omisión de realizar el test de proporcionalidad de la medida cautelar; es decir, no se evaluó la posibilidad de aplicar medidas cautelares menos gravosas, considerando su estado de salud; y, d) No se valoró su condición de adulto mayor de setenta y nueve años de edad, así como las patologías diagnosticadas -insuficiencia cardiaca, diabetes e hipertensión- y el cuadro de depresión ansiosa que requiere tratamiento permanente, situación que se habría agravado durante los diez meses de detención preventiva.
Denunció la lesión de sus derechos a la libertad, a la salud y a la vida, sin citar norma constitucional alguna.
Solicitó se conceda la tutela; y, en consecuencia, se declare sin efecto el Auto de Vista 305/2024-SP2, ordenando a la autoridad demandada la aplicación de medidas sustitutivas como la detención domiciliaria con escolta policial.
Celebrada la audiencia virtual el 5 de diciembre de 2024, según consta en el acta cursante de fs. 89 y vta., se produjeron los siguientes actuados:
El accionante, a través de su abogado, ratificó in extenso el contenido de su memorial de acción de libertad.
María Isabel Sosa Castellanos, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, por informe escrito cursante a fs. 84 y vta., mencionó que su determinación se enmarcó a lo establecido por el art. 398 del CPP, respecto a la circunscripción del Tribunal de alzada a los hechos estrictamente cuestionados en la resolución; pues, se ratificó a la determinación asumida por el Tribunal a quo y el Auto de Vista 305/2024-SP2 se enmarcó a los agravios planteados, ya que el derecho a la salud correlacionado a la vida se encuentra garantizado; toda vez que, el impetrante de tutela puede acceder a los servicios médicos, solicitar salidas alternativas o, en su caso, las que sean necesarias, pues la proporcionalidad y necesidad de la medida se mantuvieron por la naturaleza del caso, las condiciones de la víctima y circunstancias en materia de género; por lo que, solicitó se deniegue la tutela solicitada.
El representante legal de la víctima AA, en audiencia, mencionó que, no solo se debe proteger los derechos de un adulto mayor, sino, de una menor de edad y que en la Resolución observada se aplicó el test de proporcionalidad de forma adecuada; por lo que, solicitó se deniegue la tutela impetrada.
El Ministerio Público, en audiencia de garantías, mencionó que los fundamentos emitidos por la parte accionante son de carácter ordinario el cual se debe dilucidar en la jurisdicción ordinaria y no en la justicia constitucional; por lo que, pidió se deniegue la tutela.
La Defensoría de la Niñez y Adolescencia, en audiencia mencionó que, en el Auto de Vista 305/2024-SP2, existe un razonamiento donde se hizo referencia a que la vida del accionante no se encuentra en peligro, ya que aquello no se habría acreditado; por lo que, solicitó se deniegue la tutela.
El Juez de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Quinto de la Capital del departamento de Tarija, por Resolución 05/2024 de 5 de diciembre, cursante de fs. 90 a 96, concedió la tutela solicitada, disponiendo dejar sin efecto el Auto de Vista 305/2024-SP2, debiendo la Vocal demandada dictar, en el plazo de cuarenta y ocho horas, una nueva resolución con base en lo dispuesto; fundamentando su decisión en que: 1) La autoridad demandada solo se limitó a reiterar que el razonamiento plasmado en el Auto Interlocutorio 397/2024 era correcto, reiterando el argumento de que el detrimento del riesgo establecido en el 235.2 del CPP no justificaba su modificación; 2) No se advirtió un pronunciamiento intelectivo y puntual respecto al peligro de fuga descrito en el 234.7 del indicado Código reclamado como agravio en apelación; 3) Respecto al estado de salud del accionante, en cuanto al certificado médico del Instituto de Preservación, Tratamiento, Rehabilitación e Investigación de Drogodependencia y Salud Mental (INTRAID) no mereció valoración propia de la Vocal demandada, cuando, reforzada por su condición de salud vulnerable (adulto mayor) y una presunción de la veracidad, aquello es necesario; y, 4) Existe una ausencia del juicio de proporcionalidad consistentes en la idoneidad, necesidad y proporcionalidad de la medida.
Por Auto Constitucional (AC) 0364/2025-CA/S de 27 de noviembre, se dio “HA LUGAR al adelanto de sorteo del Expediente 69524-2024-140-AL…” (sic), a efectos de hacer efectiva su atención prioritaria y eficaz protección (fs. 124 a 127); en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, sin aguardar el orden cronológico respectivo, procedió al sorteo de la presente causa.
De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Por Auto Interlocutorio 397/2024 de 14 de noviembre, emitida por el Tribunal de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la violencia hacia las Mujeres Primero de la Capital del departamento de Tarija, mediante el cual declara infundado el incidente de cesación a la detención preventiva planteada por Herbert Hermann Kohlberg Campero -ahora accionante-(fs. 8 a 10 vta.). II.2. Se tiene Auto de Vista 305/2024-SP2 de 20 de noviembre, emitida por Maria Isabel Sosa Castellanos, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija -hoy demandada- mediante el cual, declara “SIN LUGAR” el recurso de apelación incidental interpuesto por el accionante (fs. 3 a 6 vta.). II.3 Cursa certificado médico de 28 de octubre de 2024, emitido por el INTRAID de Tarija, mediante el cual se diagnostica al accionante con “…Trastorno Depresivo Ansioso CIE-10: F 41.2” (sic [fs. 20 y vta.]).
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, a la salud y a la vida; toda vez que, la Vocal demandada, al emitir el Auto de Vista 305/2024-SP2 de 20 de noviembre, que confirmó el Auto Interlocutorio 397/2024 de 14 de noviembre, mediante el cual se rechazó su solicitud de cesación a la detención preventiva, incurrió en falta de fundamentación, motivación y congruencia; pues, la nombrada autoridad se limitó a reiterar los fundamentos expuestos por el tribunal de primera instancia, sin efectuar un análisis propio de los agravios formulados en apelación, particularmente respecto a: i) La persistencia del riesgo de obstaculización previsto en el art. 235.2 del CPP, pese a que la madre de la víctima menor de edad -considerada testigo dentro del proceso penal de origen- habría manifestado mediante memorial no oponerse a la cesación de la medida extrema; ii) La omisión de pronunciamiento sobre el riesgo de fuga contemplado en el art. 234.7 del mismo Código, denunciado como agravio en apelación; iii) La falta de realización de un juicio de proporcionalidad respecto a la necesidad de mantener la detención preventiva, pese a la disminución de algunos riesgos procesales; y, iv) La ausencia de una valoración integral de su edad avanzada y su estado de salud, considerando que cuenta con setenta y nueve años de edad y padece diversas afecciones médicas que requerirían tratamiento permanente. Ante ello, la autoridad demandada señala que, el Auto de Vista impugnado fue emitido conforme a lo previsto en el art. 398 del CPP, circunscribiendo el análisis a los agravios planteados en apelación, y que la decisión asumida respondió a la naturaleza del proceso, las condiciones de la víctima menor de edad y la persistencia de los riesgos procesales; afirmando además que, el derecho a la salud del accionante se encuentra garantizado, ya que puede acceder a atención médica y solicitar las salidas necesarias para tal efecto. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
La SCP 1083/2014 de 10 de junio, señaló sobre la debida fundamentación y el principio de congruencia que: “…amerita una comprensión desde dos acepciones; primero, relativo a la congruencia externa, la cual se debe entender como el principio rector de toda determinación judicial, que exige la plena correspondencia o coincidencia entre el planteamiento de las partes (demanda, respuesta e impugnación y resolución) y lo resuelto por las autoridades judiciales, en definitiva, es una prohibición para el juzgador considerar aspectos ajenos a la controversia, limitando su consideración a cuestionamientos únicamente deducidos por las partes; y, segundo, la congruencia interna, referido a que, si la resolución es comprendida como una unidad congruente, en ella se debe cuidar un hilo conductor que le dote de orden y racionalidad, desde la parte considerativa de los hechos, la identificación de los agravios, la valoración de los mismos, la interpretación de las normas y los efectos de la parte dispositiva; es decir, se pretenden evitar que, en una misma resolución no existan consideraciones contradictorias entre sí o con el punto de la misma decisión” (las negrillas nos corresponden).
Para efectuar el análisis de la Resolución impugnada se debe considerar que, el Auto Interlocutorio 397/2024 de 14 de noviembre (Conclusión II.1) rechazó la solicitud de cesación a la detención preventiva con los siguientes argumentos: a) Que el mencionar la avanzada edad respecto a la salud del accionante no es nuevo, aquello se discutió a lo largo de todas las cesaciones a la detención preventiva, así como la situación respecto al riesgo procesal consignado en el art. 235.2 del CPP, además la madre de la víctima menor de edad sí está ofrecida en calidad de testigo, por lo que, se consideró que queda latente riesgo de obstaculización establecido en el 235.2 del CPP; y, b) La conveniencia respecto a su diagnóstico de trastorno depresivo ansioso tampoco es suficiente pues su tratamiento consta de “…la toma de dos pastillas…” (sic); consecuentemente, a pesar de la necesidad de un tratamiento psicológico para el accionante no está limitado -en sus condiciones- de recibirlo o de solicitar los permisos necesarios para que pueda recibirlo; por lo que, no hay una conveniencia acreditada para la solicitud de cesación a la detención preventiva.
Impugnada la decisión, el Auto de Vista 305/2024 de 20 de noviembre, se basó en los siguientes fundamentos: 1) Persisten los riesgos procesales establecidos en los arts. 234.7 y 235.2 del CPP; asimismo, la cesación a la detención preventiva, procede conforme al art. 239 del CPP, cuando nuevos elementos demuestran que ya no concurren los motivos que la fundaron, siendo el acusado quien debe probar dichos elementos; 2) El Tribunal a quo mencionó que la nuevas pruebas presentadas, entre ellas, el informe de seguimiento de abril de 2024, el memorial de la madre de la víctima menor de edad abogando por la humanidad del accionante y el certificado médico de INTRAID, ello para desvirtuar el riesgo del art. 235.2 del CPP, dicho riesgo fue “disminuido” -a criterio del Tribunal a quo- con base en la aplicación del principio de proporcionalidad; según el nombrado, aquellos elementos desvirtuarían el riesgo procesal, siendo que la señalada madre representa los intereses de la menor de edad, víctima en el proceso penal, la presentación del memorial no coincide con la lógica acusatoria, es contradictorio que la víctima (madre) presente una acusación particular y a la vez abogue por los principios humanitarios del entonces imputado -ahora accionante-; por lo que, el razonamiento del Tribunal a quo es, que persiste dicho riesgo procesal; 3) Respecto al 234.7 del CPP y al testimonio de apelación planteado no se ha referido ningún agravio, siendo que lo único que menciona el accionante es que fue interpuesto “hace diez meses” y la disminución de las capacidades físicas y psicológicas; por lo que, no se realiza ninguna fundamentación en relación al peligro de fuga; 4) El entonces apelante -hoy impetrante de tutela- formuló agravios únicamente por el art. 235.2 del CPP y los elementos probatorios presentados para desvirtuar ese riesgo, ya que, en audiencia de cesación a la detención preventiva no se planteó aquel problema, en apelación no corresponde traer a colación dicho debate, por lo tanto, no existe algo pendiente en cuanto al tema; 5) Del Auto Interlocutorio impugnado, la prueba presentada por el accionante y la motivación del Tribunal a quo, se concluye que contiene una fundamentación y motivación aceptable, pues responde a cada uno de los puntos observados y peticionados por las partes, cumpliendo la coherencia que exige un debido proceso a tiempo de mantener los riesgos procesales que motivaron la detención preventiva; y, 6) En cuanto al derecho la salud y la vida, el imputado puede solicitar las salidas que sean necesarias; asimismo, la necesidad de la medida de extrema ratio fue impuesta en consideración a la naturaleza del hecho, el bien jurídico tutelado, la condición de la víctima menor de edad y las demás circunstancias; por lo que, sin lugar al recurso de apelación planteado por el accionante. Sobre el agravio i) referido al riesgo de obstaculización (art. 235.2 del CPP) y el memorial de la madre de la víctima menor de edad.
Respecto a este punto, la Vocal demandada, luego de describir los fundamentos del Tribunal a quo, se adhirió a ellos señalando que la Resolución de primera instancia contenía una fundamentación y motivación “aceptables”. En cuanto al tema, debe recordarse que los Tribunales de alzada no están obligados a desarrollar argumentos novedosos cuando consideran que los expuestos por el inferior son suficientes y correctos; la denominada fundamentación por adhesión es una técnica válida en nuestro ordenamiento, siempre que los fundamentos adoptados se encuentren expresamente individualizados; por lo que, no existe una falta de fundamentación y motivación al respecto, ya que la autoridad demandada expresó su adhesión a los argumentos esgrimidos por el inferior en grado.
En efecto el Tribunal a quo sostuvo que, si bien la madre de la víctima menor de edad presentó un memorial manifestando su voluntad de que el accionante sea beneficiado con medidas sustitutivas, aquello no desvirtúa el riesgo de obstaculización. Ello, en la medida en que la víctima directa es una menor de edad, y su madre, en calidad de representante legal y testigo ofrecida, es incoherente que voluntariamente manifieste que el imputado -ahora accionante- se beneficie con una medida sustitutiva y que, en todo caso, conforme al interés de la menor de edad debe resguardarse cualquier riesgo contra la madre de la misma y su posible testificación; pues, se mencionó que a la vez, el impetrante de tutela es padrino de la indicada menor de edad y tiene alguna relación con la madre de la misma; por lo que, la influencia negativa en no declarar -por ejemplo- se mantiene persistente, es decir, continúa el riesgo de obstaculización hacia la testificación de la madre de la víctima a pesar del memorial presentado, declarando -contradictoriamente- que no existe riesgo procesal, pero este persiste mientras no se haya recibido declaración anticipada o la testigo haya renunciado formalmente a su derecho a declarar en juicio, extremos no acontecidos en autos. En consecuencia, la adhesión de la Vocal demandada a estos argumentos resulta jurídicamente válida y suficiente, no advirtiéndose vulneración al debido proceso, ya que tiene una mínima motivación de aquel riesgo procesal.
En cuanto al agravio ii) referido a la falta de pronunciamiento respecto al riesgo de fuga (art. 234.7 del CPP), se tiene que la Vocal demandada manifestó que el accionante no planteó agravio concreto alguno en su recurso de apelación en cuanto al peligro efectivo para la sociedad, la víctima o el denunciante. Revisados los antecedentes (Conclusión II.1) del acta de audiencia de cesación a la detención preventiva, el impetrante de tutela solo argumentó agravios relativos al riesgo procesal del art. 235.2 del CPP y no así del art. 234.7 del mismo Código y ante la ausencia de prueba que desvirtúe dicha afirmación -siendo carga del accionante acreditar sus afirmaciones-, se concluye que, ese punto no fue objeto de impugnación. En ese contexto, el Tribunal de alzada se encontraba imposibilitado de pronunciarse por aplicación del principio de congruencia, que exige a los Tribunales de apelación resolver únicamente sobre los puntos recurridos (tantum devolutum quantum appellatum). Al no haber sido planteado, mal puede exigirse a la Vocal demandada que emita un pronunciamiento inexistente. El agravio, por tanto, carece de sustento, todo ello conforme lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional.
El accionante sostiene que, no se realizó un juicio de proporcionalidad ante la disminución de algunos riesgos procesales como agravio iii). Al respecto, debe precisarse que el juicio de proporcionalidad en materia cautelar se satisface cuando el juzgador expone las razones por las cuales la detención preventiva resulta necesaria (persistencia de riesgos) e idónea (la medida es la única capaz de asegurar los fines del proceso). En el presente caso, tanto el Tribunal a quo como la Vocal demandada justificaron la persistencia de los riesgos de obstaculización, lo que implica -necesariamente- que la medida extrema se mantiene como proporcional. No se exige un capítulo aparte denominado "juicio de proporcionalidad"; basta con que la resolución permita comprender que, ante la vigencia de riesgos procesales graves, la restricción de la libertad es racionalmente admisible; por lo que, sobre este punto no existe agravio alguno.
Finalmente, se tiene como agravio iv) que el accionante denuncia que no se valoró integralmente su edad (setenta y nueve años) ni su diagnóstico de depresión ansiosa certificado por INTRAID. Sobre el particular, el Tribunal a quo analizó el certificado médico y concluyó que el tratamiento prescrito era ambulatorio, pudiendo ser recibido dentro del recinto penitenciario o mediante salidas autorizadas, sin que exista impedimento alguno para ello. La Vocal demandada, al confirmar la decisión, hizo suyos estos fundamentos.
Este Tribunal Constitucional Plurinacional debe enfatizar que la edad avanzada o un diagnóstico de depresión, por si solos, no desvirtúan los riesgos procesales ni tornan automáticamente desproporcionada la detención preventiva. Para que ello ocurra, el solicitante de tutela debe acreditar -mediante prueba idónea- que las condiciones de reclusión resultan incompatibles con su estado de salud, sea porque requiere internación, cuidados especializados no disponibles en el recinto, o porque la permanencia en prisión agrava su condición de manera irreversible. En el presente caso, el certificado del INTRAID (Conclusión II.3) no da cuenta de una situación de tal gravedad o necesidad en la que sus condiciones ponen en riesgo su vida; por el contrario, indica un cuadro manejable con tratamiento ambulatorio (conforme lo explicó la Vocal demandada). Por tanto, la motivación desplegada por las instancias ordinarias resulta suficiente y ajustada a derecho.
En mérito a lo expuesto, se concluye que el Auto de Vista impugnado contiene una fundamentación y motivación suficientes, sea por adhesión a los argumentos del a quo o por desarrollo propio, dando respuesta -explícita o implícitamente- a la totalidad de los agravios planteados. No se advierte vulneración al debido proceso en ninguna de sus vertientes (fundamentación, motivación o congruencia), correspondiendo denegar la tutela solicitada. En consecuencia, el Juez de garantías, al conceder la tutela impetrada, obró de manera incorrecta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 05/2024 de 5 de diciembre, cursante de fs. 90 a 96, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Quinto de la Capital del departamento de Tarija; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme a los fundamentos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Boris Wilson Arias López
MAGISTRADO
Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0188_2026-S2.pdf · páginas 1 a 10.
Huella digital del PDF (SHA-256): c772e310004f0b5326ae4b6472f17de6bf3541fdf717ed8d55f269dc65eec629
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