B.IA.LEGAL

SCP 0188/2023-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 10 de abril de 2023

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera
Fecha
10 de abril de 2023
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
MSc. Georgina Amusquivar Moller
Expediente
40455-2021-71-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

La parte accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, a la vida y salud; toda vez que, habiendo sido sometido a un proceso penal por el supuesto delito de avasallamiento, la Jueza ahora demandada dispuso su detención preventiva; por lo que, a los días de estar cumpliendo dicha medida extrema, sufrió una descompensación física al ser un adulto mayor que padece de diabetes mellitus tipo dos, saliendo de un coma diabático anterior, conforme acredita de los certificados médicos; en tal sentido, por la urgencia y al ser fin de semana tuvo que acudir directamente a la vía constitucional en resguardo de su derecho a la vida, a efectos de que se disponga su internación en un nosocomio clínico. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: i) El derecho a la vida, la integridad personal y la acción de libertad; ii) La inaplicación de la subsidiariedad excepcional de la acción de libertad tratándose de la tutela del derecho a la vida; y, iii) Análisis del caso concreto.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera, en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional, en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 107/2021 de 15 de marzo, cursante de fs. 15 a 17, emitida por la Jueza de Instrucción Penal Novena de la Capital del departamento de La Paz, constituida en Jueza de garantías; y en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, en los mismos términos dispositivos de la Jueza de garantías y con base a los Fundamentos Jurídicos desarrollados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. El derecho a la vida, la integridad personal y la acción de libertad
  2. III.2. La inaplicación de la subsidiariedad excepcional de la acción de libertad tratándose de la tutela del derecho a la vida
  3. III.3.Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0188/2023-S1 Sucre, 10 de abril de 2023 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Georgina Amusquivar Moller Acción de libertad Expediente: 40455-2021-71-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 107/2021 de 15 de marzo, cursante de fs. 15 a 17, pronunciada dentro la acción de libertad interpuesta por Willy Oscar Armando Cerruto Reynolds en representación sin mandato de Raúl Antonio Alarcón Chávez contra Ximena Palacios Fernández, Jueza de Instrucción Penal Cuarta de la Capital del departamento de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 13 de marzo de 2021, cursante de fs. 3 a 7, la parte accionante a través de su representante sin mandato, expresó los siguientes argumentos de hecho y derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

El 10 de marzo de 2021, dentro el caso 20110201210577, Raúl Antonio Alarcón Chávez -ahora accionante- fue aprehendido e imputado en audiencia cautelar por el Ministerio Público a través de la Resolución 01/2021 de 10 de referido mes y año, ante Ximena Palacios Fernández, Jueza de Instrucción Penal Cuarta de la Capital del departamento de La Paz, la cual determinó detención preventiva en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz. El ahora peticionante de tutela, es adulto mayor y padece de diabetes Mellitus tipo dos, a causa de su avanzada edad, como también problemas de visión, e infección urinaria, ocasionando un grave daño a su salud, diagnósticos clínicos que fueron acreditados con los certificados médicos de 12 y 13 de marzo de 2021, inclusive éste último certificado señalo que la salud del prenombrado corre el riesgo de evolucionar una cetoacidosis y posterior coma, recomendando su internación inmediata. Con los antecedentes referidos el ahora impetrante de tutela, al encontrarse privado de libertad en celdas policiales desde su aprehensión ocasiona en su ser una situación crítica de su salud tratándose de un lugar inapropiado para una persona con características esenciales como es la de contar con sesenta y cinco años de edad, y empeorando su estado de salud diariamente con la deficiente atención médica y lo paupérrimo que son los servicios higiénicos, haciendo un inminente desenlace fatal del ahora accionante.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

El ahora peticionante de tutela denuncia la lesión de su derecho a la libertad, a la vida y salud, citando al efecto los arts. 13.I, 14.I, 18.I y II, 23.I, 74.I y de la Constitución Política del Estado (CPE); y, 25.1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela impetrada; y en consecuencia, se ordene la internación en un nosocomio clínico de forma inmediata; toda vez que, su salud empeora y es inminente el peligro de perder la vida.

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías

Celebrada la audiencia pública el 15 de marzo de 2021, según consta en el acta cursante de fs. 20 a 21 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

La parte impetrante de tutela a través de su abogado, ratificó el contenido de su memorial de acción de libertad; y, ampliándolo el mismo señaló lo siguiente: a) Refirió que es una persona de la tercera edad, que fue sometido a un proceso penal seguido por el Ministerio Público por el presunto delito de avasallamiento, en el cual la autoridad jurisdiccional en audiencia de aplicación de medidas cautelares dispuso su detención preventiva; por lo que, invoco a la subsidiariedad excepcional de la acción de libertad, en el caso de adultos mayores cuando se encuentra en peligro su vida; b) El primer certificado médico señala enfermedad de base, diabetes mellitus Tipo dos, el segundo certificado médico menciona la descompensación del ahora accionante a raíz de las insuficiencias de su salud con un posible coma diabético corriendo en peligro su vida con una inminente muerte súbita; c) El día de ayer en horas de la mañana el señor fue auxiliado en un centro médico a objeto de evitar un coma diabético y corre peligro su vida, ahora la figura por la cual están demandando, acudiendo al recurso constitucional, se debe tener aún juicio de racionalidad “…no estamos ingresando a pedir que se deje sin efecto ninguna resolución cautelar, lamentablemente nosotros tenemos que acudir a una autoridad accionada como es la Dra. Ximena Palacios por la situación emergente que ha pasado en el caso presente, vale decir que desde el día de la detención preventiva hasta la fecha, tenemos que reconocer que habido como sabemos primer aspecto, estamos hablando de un jueves, viernes, sábado, domingo y pues hemos tenido que acudir al juez de turno para poder acomodar este recurso Constitucional por el derecho a la salud y a la vida…” (sic); y, d) No se está tocando la excepcionalidad de la detención preventiva de los adultos mayores, porque no viene al caso, sino que el objeto de esta acción tutelar está relacionado a su salud y pueda ser remitido a un nosocomio clínico a efectos de que sea valorado, y cuente con atención medica permanente.

I.2.2. Informe de la autoridad demandada

Ximena Palacios Fernández, Jueza de Instrucción Penal Cuarta de la Capital del departamento de La Paz, no presento informe escrito; empero, en audiencia, refirió que: “…se encuentran radicando el proceso que sigue en contra el ahora accionante se ha escuchado la intervención del accionante que establece que su patrocinado se encontraría con descompensación física en cuanto al tratamiento que estaría siguiendo por causa de una enfermedad crónica que tendría que es la diabetes, también refiere que el azúcar del defendido estaría elevada, en ese entendido voy a poner a conocimiento de su autoridad que se ha presentado ante su autoridad un certificado que consigna la fecha 12 de marzo de la gestión 2021, el cual no ha sido puesto en conocimiento de la suscrita porque la audiencia se ha llevado con anterioridad, ahora de obrados se puede identificar que no existe ninguna solicitud posterior a la audiencia que debió ser presentada en este despacho judicial ya que una vez puesto en conocimiento de inicio de investigaciones ante un juez natural, la parte tiene todos los mecanismos necesarios para practicar y poder solicitar lo que vieran conveniente en razón a su defendido, este extremo no ha sido presentado ante este despacho judicial, no se advierte un memorial en el cual se solicite alguna salida judicial o de repente alguna valoración, tampoco en audiencia de medidas cautelares, se debía haber solicitado este extremo, ni se habría puesto en conocimiento de la suscrita, ya que la suscrita tiene que acatar lo que establece el Art. 179 del C.P.P., pudo haber adjuntado cualquier solicitud, sin mayor trámite ni dilación, en ese entendido también pongo a conocimiento de su persona, que si bien los extremo manifestados en esta acción de libertad interpuesta por el accionante no son con relación a la decisión asumida por al suscrita, el presenta caso ha sido apelado y ha sido remitido ante Sala Penal de turno que bien corresponda…” (sic).

I.2.3. Resolución

La Jueza de Instrucción Penal Novena de la Capital del departamento de La Paz, constituida en Jueza de garantías, mediante Resolución 107/2021 de 15 de marzo, cursante de fs. 15 a 17, concedió la tutela impetrada; disponiendo que, el ahora accionante sea valorado por el médico del Centro Penitenciario San Pedro de citado departamento y se proceda a la internación si el cuadro que el prenombrado está padeciendo es el que se hizo conocer en audiencia siempre y cuando corresponda, bajo los siguientes argumentos: 1) Efectuada la verificación de los actuados procesales, se tiene que el ahora peticionante de tutela por documentación presentada pertenece a la esfera social de adulto mayor, contando con sesenta y cinco años de edad; 2) El certificado médico de 12 de marzo de 2021, por el cual, Vladimir Fernando Siles Gonzales, médico interno con matricula profesional del Ministerio de Salud S-1551; refiere que, el paciente de sesenta y cuatro años de edad, tiene antecedentes personales patológicos diagnosticado con debut diabético en octubre de 2020, con tratamiento actualmente, e indicando también que de acuerdo a la enfermedad que tiene es un paciente que regularmente acude al control de consulta de forma mensual y que el ultimo control lo había realizado hace dos meses, diagnosticando que padece de diabetes tipo mellitus tipo dos en tratamiento; 3) Un segundo certificado médico en original de 12 de marzo de 2021, emitido por Shirley Adriana Frías Flores, médico cirujano con matrícula profesional del Ministerio de Salud F-573 quien certifica: “…Prestar atención médica al Señor RAUL ANTONIO ALARCON CHAVEZ de 65 años de edad, con CI 20661598 LP, quien cuenta con el antecedente de cursar con Diabetes Mellitus tipo 2 en tratamiento, al momento asténico, piel y mucosas deshidratadas, refiere sensación de mareos, visión borrosa y parestesia en miembros inferiores. Al examen físico, consiente, orientad (…). Se realiza el tratamiento antihipertensivo e hipoglicemiante. Por la edad del paciente, el estrés y la patología asociada, existe el riesgo de evolucionar una cetoacidosis y posterior coma, se recomienda internación inmediata para compensar el cuadro…” (sic); 4) En los datos del cuaderno de control jurisdiccional la precitada resolución fue objeto de apelación, cabe aclarar que no se está cuestionando la decisión de la Juez cautelar, pero se debe considerar de acuerdo a la línea jurisprudencial -SCP 0112/2014-S1 de 26 de noviembre-, al tratarse de un adulto mayor; mismo que, solicitó se conceda la tutela por correr su vida en peligro por el delicado estado de salud que atraviesa; asimismo, se debe tomar en cuenta la SCP 0010/2018-S1 de 28 de febrero, el cual establece la atención privilegiada a las personas de la tercera edad, también reconocida por los arts. 67, 68 y 69 de la CPE; y, 5) La suscrita en relación a la documentación que se presentó el día de “hoy”, un certificado médico original firmado por una profesional entendida, quien recomienda que el ciudadano pueda ser internado de manera inmediata para compensar el cuadro que presenta, por lo cual, se debe considerar que uno de los fundamentos esenciales de la acción de libertad es preservar la salud y cuidar la vida.

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Por Decreto Constitucional de 15 de julio de 2022, cursante a fs. 25, se dispuso la suspensión del plazo procesal a objeto de recabar documentación complementaria; reanudándose el mismo a partir del día siguiente de la notificación con el Decreto Constitucional de 28 de marzo de 2023, cursante a fs. 41; por lo que, la presente Sentencia es emitida dentro del plazo estableció en el Código Procesal Constitucional.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente:

II.1. Consta Certificado Médico de 12 de marzo de 2021 emitido por Vladimir Fernando Siles Gonzales, médico interno con matricula profesional del Ministerio de Salud S-1551 que en su parte resaltante certifica diabetes mellitus tipo dos en tratamiento, y que el paciente requiere control médico de rutina mensual para compensación metabólica (fs. 2). II.2. Cursa Certificado Médico de 12 de marzo de 2021 emitido por Shirley Adriana Frías Flores, médico cirujano con matricula profesional del Ministerio de Salud F-573 que certifica:

“…Prestar atención médica al Señor RAUL ANTONIO ALARCON CHAVEZ de 65 años de edad, con CI 20661598 LP, quien cuenta con el antecedente de cursar con Diabetes Mellitus tipo 2 en tratamiento, al momento asténico, piel y mucosas deshidratadas, refiere sensación de mareos, visión borrosa y parestesia en miembros inferiores. Al examen físico, conciente, orientado (…) Se realiza el tratamiento antihipertensivo e hipoglicemiante. Por la edad del paciente, el estrés y la patología asociada, existe el riesgo de evolucionar una cetoacidosis y posterior coma, se recomienda internación inmediata para compensar el cuadro…” Cabe señalar que, el precitado certificado fue presentado el 14 de marzo de 2021 (sic [fs. 10 y 11 vta.]).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La parte accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, a la vida y salud; toda vez que, habiendo sido sometido a un proceso penal por el supuesto delito de avasallamiento, la Jueza ahora demandada dispuso su detención preventiva; por lo que, a los días de estar cumpliendo dicha medida extrema, sufrió una descompensación física al ser un adulto mayor que padece de diabetes mellitus tipo dos, saliendo de un coma diabático anterior, conforme acredita de los certificados médicos; en tal sentido, por la urgencia y al ser fin de semana tuvo que acudir directamente a la vía constitucional en resguardo de su derecho a la vida, a efectos de que se disponga su internación en un nosocomio clínico. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: i) El derecho a la vida, la integridad personal y la acción de libertad; ii) La inaplicación de la subsidiariedad excepcional de la acción de libertad tratándose de la tutela del derecho a la vida; y, iii) Análisis del caso concreto.

III.1. El derecho a la vida, la integridad personal y la acción de libertad

El derecho a la vida, ha sido considerado como uno de los derechos más importantes en el catálogo de los derechos fundamentales de los seres humanos; puesto que, este bien jurídico es el soporte físico de los demás derechos fundamentales, es un bien natural, y un derecho innato; por lo tanto, si este derecho es violentado desaparece el titular del mismo, consiguientemente, es deber del Estado proteger la vida humana frente a cualquier agresión de los individuos y sancionar severamente a todas las personas que atenten contra este derecho; este concepto, fue recogido y aceptado en todas las Constituciones Políticas y demás normas legales de los diferentes países del mundo, así como en los Instrumentos Internacionales que libre y voluntariamente algunos países integraron a sus respectivas legislaciones. En ese entendido, nuestro país también asumió tal concepción sobre el derecho a la vida; es así que, la Constitución Política del Estado consagro este derecho en innumerables artículos entre ellos está el art. 15.I. que señalo: “Toda persona tiene derecho a la vida y a la integridad física, psicológica y sexual…”, constituyendo así el derecho que tiene toda persona al ser y a la existencia, cuyo valor o bien jurídico protegido es la vida humana que tiene como núcleo fundamental a la dignidad (SCP 0129/2015-S3 de 10 de febrero); en tal sentido, el Tribunal Constitucional como máximo guardián de la Norma Suprema, y en su labor de protección de los derechos y garantías fundamentales, desde sus inicios entendió la importancia de este derecho, así se tiene la SC 0687/2000-R de 14 de julio, que estableció la importancia del derecho a la vida y que su sola vigencia es la base para el ejercicio de los demás derechos fundamentales; entendimiento que, fue reiterado en la SC 1294/2004-R, la cual además razonó que, el derecho a la vida, se traduce en la imposición de ciertos deberes al Estado, entendido en su sentido amplio de conjunto de los poderes públicos; el deber de no lesionar por sí mismo la vida humana, y el deber de proteger efectivamente la vida humana frente a agresiones de los particulares. En esa misma línea de razonamiento, la SC 0172/2006-R de 16 de febrero, ampliando este concepto; señaló que, el derecho a la vida implica también otros derechos como el derecho a la seguridad e integridad personal y la satisfacción de las necesidades básicas como la alimentación, vestido y vivienda; y que, obliga al Estado a su protección a través de mecanismos efectivos que garanticen el bienestar físico, mental y social; a partir de allí, se fue precisando sobre lo que se entiende por derecho a la vida, señalándose que esta supone una obligación tanto negativa como positiva; es decir, por una parte, el derecho a no ser privado de la vida -a que nadie me mate-; y, por otra, el derecho a recibir al menos lo mínimo indispensable para sobrevivir; en ese sentido, la SCP 0033/2013 de 4 de enero, asumiendo la igual jerarquía de los derechos, consagrada en el art. 13.III de la CPE que no reconoce superioridad de un derecho sobre otro; empero, esta Sentencia reconoció que el derecho a la vida es la base fundamental para el ejercicio de los demás derechos, lo cual implica considerar situaciones particulares cuando se demanda su protección, así estableció que el derecho a la vida abarca tres concepciones distintas que son:

1) El derecho a permanecer con vida e interdicción de muerte arbitraria.- Esta primera línea conceptual se refiere a dos obligaciones que tiene el Estado en relación al ser humano, las obligaciones positivas que están enmarcadas en eliminar en lo máximo posible los índices de criminalidad en la sociedad, es decir, realizar todos los esfuerzos necesarios para que los particulares o el propio Estado no quiten arbitrariamente la vida de otras personas; en cuanto a las obligaciones negativas, se tiene que el Estado se encuentra absolutamente impedido de realizar acciones estatales que culminen comprometiendo el derecho a la vida por intermedio de sus operativos y sobre la tradicional justificación de “la razón de Estado” (persecuciones desproporcionadas, desapariciones forzadas, etc.).

2) El derecho a vivir bien (que se desprende del principio del suma qamaña), implica la construcción de una sociedad en la que las personas conviven de buena manera, en términos efectivos una vida digna, colaborativa, sin ninguna forma de violencia ni discriminación para asegurar el desarrollo integral particularmente de las mujeres y armónica entre seres humanos y la naturaleza, la convivencia está dada en el marco de lo mejor posible, para ello el Estado asume la obligación positiva de establecer una serie de políticas públicas progresivas de creación de las mejores condiciones de vida.

3) El derecho asistencial a recibir todo lo indispensablemente necesario para subsistir con dignidad, implica la obligación positiva del Estado de actuar cuando se encuentra comprometida la vida de las personas y se encuentra en sus ámbitos decisionales, asumir posturas concretas sin escatimar recursos para impedir que se afecte el derecho a la vida de las personas. Ahora bien, de estos conceptos desarrollados por la jurisprudencia constitucional sobre el derecho a la vida, se puede comprender que esta no implica, solamente la facultad de impedir que se nos dé muerte, sino también la concurrencia de un conjunto de condiciones, pueden ser estas laborales, sociales, económicas, asistenciales y sanitarias que hagan factible el mantenimiento de la existencia dentro de un nivel propio de la dignidad humana, consecuentemente, el alcance de este derecho a la vida supone también la facultad jurídica, de exigir su conservación y la protección de la vida humana. En este fin, es posible considerar que el derecho a la vida incluye e incorpora necesariamente la protección del derecho a la salud que significa, a lo menos, asegurar aquellas prestaciones mínimas de las cuales depende directamente la vida de las personas, en tal sentido, el derecho a la vida tiene vinculación directa a otros elementos que la conforman como es la salud e integridad física, derechos tutelables a través de la acción de libertad, bajo esa comprensión la SCP 0264/2014 de 12 de febrero, señalo que:

“… el derecho a la vida guarda íntima relación con otros Derechos Humanos, como son la integridad física y la salud, los cuales gozan de protección por el orden constitucional vigente, señalando que a través de la acción de libertad es posible tutelar tal derecho, aun cuando este no esté relacionado con el derecho a la libertad, indicando concretamente que: ‘Como se advierte de lo establecido por la jurisprudencia constitucional la vida al ser un derecho primario del ser humano, se encuentra directamente vinculada a otros elementos que la conforman como es la integridad física y la salud que igualmente es un derecho de la persona, por lo que de igual forma goza de protección por el orden constitucional vigente, toda vez que le impele al Estado no solo la proteja sino también la garantice, efectivizándose, entre una de sus manifestaciones, en la asistencia médica que requiere la persona que se ve afectada en su salud.” (las negrillas son nuestras). Concluyendo, con relación al derecho a la vida y su vinculación directa a otros elementos que la conforman como es la integridad física y la salud, tutelables a través de la acción de libertad, la SCP 0435/2016-S2 de 9 de mayo en armonía con la SCP 0129/2015-S3 de 10 de febrero, señalan que:

“III.1.1. La Constitución Política del Estado consagra el derecho a la vida como un derecho fundamental en el art. 15.I. indicando que: ‘Toda persona tiene derecho a la vida…’, constituyendo así el derecho que tiene toda persona al ser y a la existencia, cuyo valor o bien jurídico protegido es la vida humana que tiene como núcleo fundamental a la dignidad. Por ello, su titularidad corresponde a todos los seres humanos y es en este sentido, que el Estado está obligado no solamente a su respeto, sino a su protección, creando condiciones indispensables para su observación y cumplimiento. (…)

En virtud a la tutela que brinda la acción de libertad, respecto al derecho a la vida y también a la integridad física o personal, esta acción tutelar es concebida como una acción esencial y, por lo mismo, debe señalarse que si bien su génesis como garantía jurisdiccional está asociada con la defensa del derecho a la libertad física y personal; no es menos cierto que, dado el carácter primario y básico del derecho a la vida, del cual emergen el resto de los derechos, la acción de libertad también se activa en los casos en que exista un real peligro para éste, pudiendo incluso prescindirse del cumplimiento de formalidades procesales”.

Concluyendo se tiene que, la vida es un derecho fundamental, consagrado en la Carta Magna así como en los instrumentos internacionales y en todas las legislaciones a nivel mundial; puesto que, es un derecho del cual emergen los restantes derechos, constituyéndose el sustento de estos, debido a que si desaparece el titular del derecho a la vida, desaparece cualquier otro derecho posible; a partir de esta conceptualización el derecho a la vida es inviolable, por lo que la ley ampara jurídicamente este derecho y lo protege frente a cualquier agresión de las personas o de la sociedad; es decir, se tutela este derecho tanto en el área privada como en la pública, pues el derecho a la vida está reconocido como un principio indiscutible. El derecho a la vida es universal y es el origen de todos los demás valores humanos, los demás derechos derivan del derecho a la vida que es el fundamental y está ligado directamente con la dignidad de las personas, ya que la dignidad es base de todo derecho, en especial del derecho a la vida.

III.2. La inaplicación de la subsidiariedad excepcional de la acción de libertad tratándose de la tutela del derecho a la vida

Con la entrada en vigencia de la actual Constitución Política del Estado, la acción de libertad -antes habeas corpus- se constituyó en la garantía constitucional o mecanismo idóneo más importante para la protección no solo del derecho a la libertad (personal y de locomoción), sino también para otros derechos fundamentales como el derecho a la vida; importancia que, implica que su activación se da sin el previo agotamiento de las vías legales ordinarias pues no se haya regida por el principio de subsidiariedad; sin embargo, ante la existencia de medios de impugnación específicos e idóneos para restituir de manera inmediata los derechos objeto de su protección, o bien cuando se activa de manera paralela un medio de defensa previsto en el ordenamiento jurídico, es decir, tanto en la vía constitucional como en la ordinaria, de manera excepcional opera el principio de subsidiariedad. Ahora bien, en lo concerniente a la subsidiariedad excepcional, la SC 0160/2005-R de 23 de febrero, estableció los supuestos de procedencia de la misma cuando existan medios idóneos e inmediatos para impugnar el supuesto acto o resolución ilegal que vulnera el derecho a la libertad; entendimiento modulado a través de la SC 0008/2010-R de 6 de abril, el cual sostuvo que:

“ I. El recurso de hábeas corpus, ahora acción de libertad, es el medio idóneo y eficaz para conocer y restituir cualquier tipo de lesión o vulneración que pueda atentar al derecho a la vida, la libertad o constituir una persecución o procesamiento indebido que atente o ponga en peligro el derecho a la libertad, cuando de acuerdo a las circunstancias concretas, a pesar de existir mecanismos de protección específicos y establecidos por la ley procesal vigente, éstos resulten ser evidentemente inoportunos o inconducentes, de manera tal que esta acción de defensa, por la urgencia de la situación, se configura como el medio más eficaz para restituir los derechos afectados; empero, en caso de existir mecanismos procesales específicos de defensa que sean idóneos, eficientes y oportunos para restituir el derecho a la libertad y a la persecución o procesamiento indebido, deben ser utilizados previamente por el o los afectados; en estos casos por tanto, la acción de libertad operará solamente en caso de no haberse restituido los derechos afectados a pesar de haberse agotado estas vías específicas.

II. Asimismo, cuando exista privación efectiva de libertad, por ser esta una causal grave, se entenderá que la vía procesal existente no es idónea, cuando se pruebe que una vez activados estos mecanismos procesales, su resolución y efectiva protección serán dilatadas, por ejemplo, por ser irrazonables los plazos de resolución; por existir excesiva carga procesal para una rápida decisión o ejecución de la decisión o por no cumplirse con los plazos para emisión de resoluciones establecidos por la ley.

III. En el caso de vulneración al derecho a la vida, protegido por la acción de libertad, procederá esta acción de forma directa y sin necesidad de agotar otra vía.

IV. En mérito a este entendimiento, se aclara que las subreglas que sobre la base de la sentencia 0160/2005-R se desarrollaron a través de la SC 0181/2005-R y muchas otras más, deben ser reconducidas a la modulación realizada en la presente Sentencia” (las negrillas y el subrayado fueron añadidos).

La SC 0080/2010-R de 3 de mayo, estableció las situaciones excepcionales en las que, a través de la acción de libertad, no es posible ingresar al análisis de fondo de la problemática denunciada; sin embargo, también señaló las circunstancias en las cuales por el daño inminente e irreparable no es posible aplicar los supuestos anteriores, y corresponde ingresar al análisis de fondo, así, en relación a este último se tiene los siguientes casos:

“a) Cuando está en peligro el derecho a la vida a causa de la lesión al derecho a la libertad por la persecución, procesamiento o detención indebida.

b) Al haber privación de libertad y evidente negligencia o dilación por parte de las autoridades que rigen la actividad procesal penal, -por ejemplo, si fijan audiencias de consideración con plazos no razonables, la injustificada suspensión, entre otras circunstancias-.

c) Si existe amenaza o privación al derecho a la libertad física, provocada por un procesamiento indebido, y el agraviado -o accionante-, está en absoluto estado de indefensión, sin posibilidad de defensa idónea en el proceso ordinario, y el hecho denunciado es la causa directa de esa situación de emergencia, amenaza o lesión relacionada a la libertad física” (las negrillas son agregadas).

De igual manera, la SC 0589/2011-R de 3 mayo se pronunció respecto a la subsidiariedad excepcional; no obstante, también estableció la inaplicabilidad de ese instituto procesal cuando se trate de la tutela del derecho a la vida, en tal sentido, precisó:

“El art. 18 de la CPE abrg, instituyó el recurso de hábeas corpus, ahora acción de libertad prevista por el art. 125 de la CPE, como un recurso extraordinario cuya finalidad esencial era la protección a la libertad, ámbito de tutela que ha sido ampliada en el orden constitucional vigente a la vida, que como se ha visto, constituye un derecho primario en sí, inherente al ser humano, y por ende su protección es prioritaria, por constituir un bien jurídico primario y fuente de los demás derechos. Por ello, a diferencia de la tutela a la libertad, y su condicionamiento del agotamiento previo de las instancias intraprocesales, para pedir su protección a través de este medio constitucional idóneo, eficaz e inmediato, respecto a la vida, su tutela puede ser solicitada de manera directa; es decir, que puede acudir a la jurisdicción constitucional, sin tener que agotar previamente la vía jurisdiccional” (las negrillas son nuestras). Consecuentemente, las SSCC 0008/2010-R y la 0080/2010-R, pero especialmente la SC 0589/2011-R de 3 de mayo, fueron contundentes en señalar que no se aplica bajo ninguna circunstancia la subsidiariedad excepcional de la acción de libertad cuando se denuncia violación del derecho a la vida; línea jurisprudencial que, fue reiterada por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0563/2014, 1797/2014, 0697/2015-S1, 0939/2015-S2, 0330/2017-S1, 0019/2018-S2, 0022/2019-S1, 0156/2019-S1, 0518/2019-S4, entre otras.

III.3.Análisis del caso concreto

La parte accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, a la vida y salud; toda vez que, habiendo sido sometido a un proceso penal por el supuesto delito de avasallamiento, la Jueza de Instrucción Penal Cuarta de la Capital del departamento de La Paz -ahora demandada-dispuso su detención preventiva; por lo que, a los días de estar cumpliendo dicha medida extrema, sufrió una descompensación física al ser un adulto mayor que padece de diabetes mellitus tipo dos, saliendo de un coma diabático anterior, conforme acredita de los certificados médicos; en tal sentido, por la urgencia y al ser fin de semana tuvo que acudir directamente a la vía constitucional en resguardo de su derecho a la vida, a efectos de que se disponga su internación en un nosocomio clínico.

Ahora bien, de acuerdo a lo expuesto por el abogado del ahora peticionante de tutela tanto en su memorial y en la audiencia de la presente acción tutelar; se tiene que, el prenombrado fue imputado por la presunta comisión del delito de avasallamiento; en consecuencia, se llevó a cabo su audiencia de consideración de aplicación de medidas cautelares, donde la Jueza ahora demandada, mediante Resolución 01/2021 de 10 de marzo; por el cual, dispuso su detención preventiva.

Asimismo, de conformidad a los antecedentes aparejados al expediente y descritos en las conclusiones del presente fallo constitucional; se advierte que, el ahora impetrante de tutela es una persona de la tercera edad, de sesenta y cinco años de edad, quien a objeto de demostrar su delicado estado de salud presentó Certificado Médico de 12 de marzo de 2021, emitido por Vladimir Fernando Siles Gonzales, médico interno con matricula profesional del Ministerio de Salud S-1551, el cual refiere que Raúl Antonio Alarcón Chávez -ahora accionante- padece de diabetes mellitus tipo dos en tratamiento; señalando que, el paciente requiere control médico de rutina mensual para compensación metabólica; por otro lado, adjunto ante el Tribunal de garantías el 14 de referido mes y año, Certificado Médico de 12 de igual mes y año otorgado por Shirley Adriana Frías Flores médico cirujano, con matricula profesional del Ministerio de Salud F-573 que certifica:

“…Prestar atención médica al Señor RAUL ANTONIO ALARCON CHAVEZ de 65 años de edad, con CI 20661598 LP, quien cuenta con el antecedente de cursar con Diabetes Mellitus tipo 2 en tratamiento, al momento asténico, piel y mucosas deshidratadas, refiere sensación de mareos, visión borrosa y parestesia en miembros inferiores. Al examen físico, consiente, orientado…(sic)…Se realiza el tratamiento antihipertensivo e hipoglicemiante. Por la edad del paciente, el estrés y la patología asociada, existe el riesgo de evolucionar una cetoacidosis y posterior coma, se recomienda internación inmediata para compensar el cuadro…” (sic [Conclusiones II.1 y II.2]). Bajo esos antecedentes y precisada la problemática planteada; se tiene que, el ahora peticionante de tutela esencialmente refiere que tras haberse dispuesto su detención preventiva, dentro el proceso penal que le sigue el Ministerio Público por la presunta comisión del delito de avasallamiento, su delicado estado de salud, al ser una persona diabética, se vio afectado al punto de poner en riesgo su vida, tras haber sufrido una descompensación física al tener sumamente elevado su nivel de azúcar; ante tales circunstancias, y conforme se tiene desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1., de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, el derecho a la vida es un derecho fundamental, que se encuentra protegido por nuestra Norma Suprema, misma que en su art. 15.I. de manera categórica señala que: “Toda persona tiene derecho a la vida y a la integridad física, psicológica y sexual…” (sic) y es deber del Estado garantizar su protección aplicando para ello mecanismos efectivos, es por ello, que efectuadas dichas precisiones, corresponde ingresar al fondo del caso concreto prescindiendo de la subsidiariedad excepcional tal cual lo desarrolla el Fundamento Jurídico III.2., de este fallo constitucional el cual esencialmente señala que, la acción de libertad es el mecanismo constitucional idóneo ante las denuncias de amenaza del derecho a la vida, aun así existieren otros medios de defensa para su resguardo;

extremo que conlleva, la apertura de la instancia constitucional ante las referidas denuncias de un peligro inminente de la vida; no obstante, corresponde precisar que, en función a los datos y antecedentes del caso concreto, corresponderá su concesión o denegatoria.

Tomando en cuenta esos entendimientos jurisprudenciales, y teniendo claro conforme lo alego la parte impetrante de tutela en audiencia de la acción tutelar que:

“…no estamos ingresando a pedir que se deje sin efecto ninguna resolución cautelar, lamentablemente nosotros tenemos que acudir a una autoridad accionada como es la Dra. Ximena Palacios por la situación emergente que ha pasado en el caso presente, vale decir que desde el día de la detención preventiva hasta la fecha, tenemos que reconocer que habido como sabemos primer aspecto, estamos hablando de un jueves, viernes, sábado, domingo y pues hemos tenido que acudir al juez de turno para poder acomodar este recurso Constitucional por el derecho a la salud y a la vida…” (sic). La presente acción de libertad fue activada por la emergencia de salud que atraviesa el ahora accionante, conforme se tiene del certificado médico de 12 de marzo de 2021, suscrito por Shirley Adriana Frías Flores, médico cirujano, en cuya conclusión final luego de la valoración médica que refiere se le practico al ahora peticionante de tutela, refirió que por la edad del paciente, el estrés y la patología asociada, existe el riesgo de evolucionar una cetoacidosis y posterior coma, recomendando su internación inmediata para compensar el cuadro; por lo que, es evidente la existencia de un inminente riesgo de afectación al derecho a la vida y por consecuencia es necesaria una actuación pronta y efectiva para preservar dicho derecho; más aún, si la delicada condición de salud está debidamente respaldada por un certificado médico el cual también se puso en conocimiento de la autoridad jurisdiccional en audiencia de garantías, pues es evidente que la presente acción de libertad fue presentada el 13 de marzo de 2021, -día sábado-; es decir que, ante la descompensación que acredita el mencionado certificado médico, el ahora impetrante de tutela tuvo que acudir directamente a la jurisdicción constitucional en procura del resguardo de su derecho a la vida; consecuentemente, y reiterando los razonamientos glosados en el ya citado Fundamento Jurídico III.2., de este fallo constitucional, corresponde conceder la tutela considerando que el derecho a la vida como un derecho inviolable prioritario que genera el deber de respeto y protección por este Tribunal; además, la vida como un derecho fundamental primario, requiere su inmediato amparo; ya que, la acción de libertad puede activarse para tutelar, no solamente la libertad, sino connaturalmente la vida ante cualquier amenaza, por eso el art. 125 de la CPE amplió la tutela a la vida mediante esta acción de defensa, por tratarse de un derecho primario y fuente de los demás derechos, inherente al ser humano; es decir que, la vida humana debe protegerse sin interesar quien es la víctima ni de donde procede la amenaza, puesto que ese acto de inminencia es una transgresión potencial que se presenta como peligro a la vida, donde la función guardiana del Juez radica en evitarla.

En consecuencia, ante la concurrencia de los presupuestos exigidos por la jurisprudencia citada en los Fundamentos Jurídicos III.1., y III.2., de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, y resolviendo el presupuesto establecido para la lesión al derecho a la vida corresponde conceder la tutela solicitada. Consiguientemente, la Jueza de garantías al conceder la tutela impetrada, obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera, en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional, en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 107/2021 de 15 de marzo, cursante de fs. 15 a 17, emitida por la Jueza de Instrucción Penal Novena de la Capital del departamento de La Paz, constituida en Jueza de garantías; y en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, en los mismos términos dispositivos de la Jueza de garantías y con base a los Fundamentos Jurídicos desarrollados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. MSc. Georgina Amusquivar Moller

MAGISTRADA

Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo

MAGISTRADA

Notas al pie

1 La SC 687/2000-R en su Considerando Cuarto señalo que: ”…es el bien jurídico más importante de cuantos consagra el orden constitucional, de ahí que se encuentre encabezando el catálogo de los derechos fundamentales (…) es el derecho de toda persona al ser y a la existencia, siendo su característica esencial la base para el ejercicio de los demás derechos; es decir, la vida misma es el presupuesto indispensable para que haya titularidad de derechos y obligaciones, es un derecho inalienable de la persona que obliga al Estado en dos sentidos: su respeto y su protección”.

2 La SC 1294/2004-R, señaló que: “El derecho a la vida es el derecho de toda persona al ser y a la existencia, siendo su característica esencial la base para el ejercicio de los demás derechos. Es decir, la vida misma es el presupuesto indispensable para que haya titularidad de derechos y obligaciones. Es un derecho inalienable de la persona que obliga al Estado en dos sentidos: su respeto y su protección. La autoridad estatal está constitucionalmente impedida de hacer cosa alguna que destruya o debilite el contenido esencial de esos derechos, debiendo crear las condiciones indispensables para que tengan cabal observación y pleno cumplimiento”

3 “…Este derecho comprende entre otros el derecho a la seguridad e integridad personal, la satisfacción de las necesidades básicas (alimentación, vestido, vivienda), que los ciudadanos pueden exigir de los órganos del Estado, en cuanto a sujetos pasivos, que establezcan las condiciones adecuadas para que aquellos puedan alcanzar un estado óptimo de bienestar físico, mental y social y garanticen el mantenimiento de esas condiciones”.

4 Sobre qué es lo que se protege en relación al derecho a la vida, se le ha asignado tres concepciones distintas, que son: a) El derecho a permanecer con vida, interdicción de muerte arbitraria (obligaciones positivas y negativas del Estado); b) El derecho a vivir con dignidad o vivir bien (suma qamaña) (Obligaciones positivas del Estado); y, c) el derecho asistencial a recibir todo lo indispensablemente necesario para subsistir con dignidad (obligaciones positivas del Estado).

5 El FJ III.1.2, sostuvo: “De lo anterior se extrae, que la existencia de la garantía constitucional en análisis, no implica que todas las lesiones al derecho a la libertad tengan que ser necesariamente reparadas de manera exclusiva y excluyente a través del hábeas corpus; pues no se trata de una garantía que tenga la vocación de reparar, en exclusiva, todas las formas de lesión a la libertad que pudieran invocarse, sino la de dotar a la persona de un medio de defensa sencillo, eficaz y oportuno, para restablecer la lesión sufrida. En consecuencia, en los supuestos en que la norma procesal ordinaria de manera específica prevea medios de defensa eficaces y oportunos para resguardar el derecho a la libertad supuestamente lesionado, estos deben ser utilizados, previamente, circunstancia en la que excepcionalmente, el recurso de habeas corpus operará de manera subsidiaria.”

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0188_2023-S1.pdf · páginas 1 a 14.

Huella digital del PDF (SHA-256): aa66cd6776e7771bb48cbb24f8ee41e62041406690bed7a1c4d49c506cf65679

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