Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 12 de junio de 2024
Concede en parte la tutela
La accionante, denuncia la vulneración de sus derechos a una vida libre de violencia, al debido proceso en sus elementos tutela judicial efectiva y seguridad jurídica; toda vez que: i) La Jueza de Sentencia Penal Decimosegunda de la Capital del departamento de Santa Cruz -ahora demandada-, pretende llevar adelante el juicio oral, público y contradictorio por el delito de violencia familiar o doméstica, cuando el Ministerio Público y la víctima -ahora accionante- en audiencia de juicio oral anunciaron y posteriormente solicitaron la ampliación de la acusación por los delitos de lesiones gravísimas y tentativa de feminicidio, ya que en obrados cursa el Certificado Médico Forense que acredita cien días de impedimento para la víctima -ahora accionante-, razón por la cual debió remitir el proceso a conocimiento del Tribunal de Sentencia correspondiente conforme el art. 52 del CPP modificado por la Ley 1173; y, ii) El Juez de Sentencia Anticorrupción y de Violencia Contra la Mujer Noveno de la Capital del departamento de Santa Cruz, no procedió a notificar a la víctima -ahora accionante- con el Auto Interlocutorio 541/2021 de 5 de noviembre -que resuelve su excusa-, de manera personal, sino mediante tablero, infringiendo el art. […]
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 10/2022, de 2 de junio, cursante de fs. 40 vta. a 48 y vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada respecto a la Jueza de Sentencia Penal Decimosegunda de la Capital del departamento de Santa Cruz, por la vulneración de los derechos a una vida libre de violencia, al debido proceso en sus elementos el derecho a la tutela judicial efectiva y seguridad jurídica, conforme a los fundamentos jurídicos desarrollados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; y, 2° Disponer que la Jueza de Sentencia Penal Decimosegunda de la Capital del departamento de Santa Cruz, emita la resolución fundamentada y motivada correspondiente a la ampliación de la acusación del Ministerio Público y la acusación particular de la víctima -ahora accionante-, así como la solicitud de remisión del proceso a conocimiento del Tribunal de Sentencia competente conforme a Ley, en los mismos términos ordenados por el Juez de garantías; siempre y cuando, no haya resuelto ya dichos actuados. 3° DENEGAR la tutela impetrada respecto al Juez de Sentencia Anticorrupción y de Violencia Contra la Mujer Noveno de la Capital del departamento de Santa Cruz, conforme a los fundamentos jurídicos desarrollados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
B.IA.Legal lee esta sentencia junto con tu expediente, te dice en qué te sirve y te ayuda a redactar el memorial con la cita exacta, sacada del texto del Tribunal.
¿No sos abogado? Hacé tu consulta legal gratis →
Texto tal como la publicó el Tribunal Constitucional Plurinacional, leído de su PDF oficial. Se sacaron solo los números de página.
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0187/2024-S1 Sucre, 12 de junio de 2024 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de libertad Expediente: 48383-2022-97-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 10/2022 de 2 de junio, cursante de fs. 40 vta. a 48 y vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Mayra Ruth Daza Montaño en representación de sin mandato de Mirtha Rivero Salazar contra Juan Coronado Camacho, Juez de Sentencia Anticorrupción y de Violencia Contra la Mujer Noveno; y, Cinthia Luz Araujo Guerra, Jueza de Sentencia Penal Decimosegunda, ambos de la Capital del departamento de Santa Cruz.
Por memorial presentado el 6 de junio de 2022, cursante de fs. 2 a 10 vta., la parte accionante, manifestó los siguientes argumentos de hecho y derecho:
Dentro el proceso penal seguido por el Ministerio Público a instancia de Mirtha Rivero Salazar -ahora accionante- contra Víctor Hugo Maldonado Ríos por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, previsto y sancionado por el art. 272 bis del Código Penal (CP); la Jueza de Sentencia Penal Decimosegunda de la Capital del departamento de Santa Cruz -ahora demandada-pretende llevar adelante un proceso por el referido delito, cuando en el cuaderno procesal existen pruebas como el Certificado Médico Forense que acredita cien días de impedimento para la víctima -ahora accionante-; en ese entendido, el art. 52 del Código de Procedimiento Penal modificado por la Ley 1173 -Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres-, prohíbe a la referida autoridad jurisdiccional ahora accionada, conocer procesos por lesiones gravísimas o tentativa de asesinato o feminicidio; y, pese a que ya fue advertida del defecto procesal, siendo que el Ministerio Público de forma oral amplió la acusación, la misma pretende continuar con el juicio oral ejerciendo la competencia de un Tribunal de Sentencia. Al respecto, el Auto Supremo 260/2020-RRC, de 16 de marzo, que resolvió el recurso de casación interpuesto contra el Auto de Vista 45/2019 de 30 de julio, estableció que no valoró las pruebas aportadas en el proceso; no correspondía que el acusado se acoja a la suspensión condicional de la pena; no existió una respuesta debidamente fundamentada; y que, se vulneró el debido proceso y la seguridad jurídica; en ese entendido, dejó sin efecto el Auto de Vista 45/2019 de 30 de julio y ordenó a la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, pronuncie una nueva resolución. Frente a esa determinación, la referida Sala Penal, emitió nueva resolución señalando que “Extraña una falta total de la valoración probatoria de la prueba documental (certificado forense con 100 días de impedimento), la cual no fue contrastada con las demás pruebas testificales y documentales, ocasionando violación al principio de seguridad jurídica y el debido proceso, por cuanto dentro de la causa el Juez -a quo- estaba en la obligación ineludible de asignar un determinado valor, ya sea positivo o negativo a la prueba de cargo presentada, por lo que mal podría llegar a la verdad histórica de los hechos si omitió emitir pronunciamiento sobre este elemento probatorio a cargo”; asimismo, señaló que no podrán utilizarse como presupuestos los actos cumplidos con inobservancia de las formas y condiciones previstas en la Constitución Política del Estado (CPE), Convenciones y Tratados Internacionales, por lo que al Juez no le está permitido convalidad actos que vulneren derechos; y que, conforme el art. 168 del Código de Procedimiento Penal (CPP), de oficio advertido el defecto procesal, la autoridad judicial debe subsanar inmediatamente el mismo, renovando el acto, rectificando el error o cumpliendo el acto omitido; sin embargo, esos fundamentos no fueron considerados por la Jueza de Sentencia Penal Decimosegunda de la Capital del departamento de Santa Cruz -ahora demandada-, quien ejerce competencia que no se encuentra establecida por la ley. Por su parte, el Juez de Sentencia Anticorrupción y de Violencia Contra la Mujer Noveno de la Capital del departamento de Santa Cruz, se excusó del conocimiento de la causa, porque emitió una opinión sobre la pretensión al resolver el proceso penal en el que se dictó la Sentencia 13/2019 de 4 de mayo, declarando a Víctor Hugo Maldonado Ríos, autor y culpable del delito de violencia familiar o doméstica; sin embargo, no procedió a notificar a la víctima -ahora accionante-con dicha resolución de excusa (Auto Interlocutorio 541/2021 de 5 de noviembre) de manera personal infringiendo el art. 163 del CPP. En consecuencia, no existió una valoración integral de la situación de violencia que sufrió la ahora accionante, no se aplicó la debida diligencia y perspectiva de género en el juzgamiento del acusado, se pretende continuar con un proceso de violencia familiar o doméstica cuando el mismo versa sobre lesiones gravísimas y tentativa de feminicidio, conforme a la ampliación de acusación del Ministerio Público y la acusación particular.
Denuncia la vulneración de sus derechos a una vida libre de violencia, al debido proceso en sus elementos a la tutela judicial efectiva y seguridad jurídica; citando al efecto, los arts. 15.I y II; y, 115 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicita se conceda la tutela y en consecuencia se deje sin efecto el juicio oral que se ha instalado, ordenando se realice nuevo sorteo del proceso y sea un Tribunal de Sentencia Penal quien conozca dicha causa; se disponga la realización de una valoración integral de la situación de violencia, a efectos de lograr un acceso a la justicia real y eficiente; y, se garantice un procedimiento independiente e imparcial para procesar al agresor.
Celebrada la audiencia pública el 9 de junio de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 36 a 40 vta., se produjeron los siguientes actuados:
La accionante, a través de su abogado, en audiencia ratificó los argumentos expuestos en su demanda tutelar y ampliándolos señaló que: a) Conforme a la SCP 17/2019-S2 de 13 de marzo, señala que la comisión del hecho delictivo constituye el germen del proceso penal y la víctima es la persona a quien el Estado debe proteger, para impedir que en su contra se consume el atentado al bien jurídico protegido, debiendo precautelar los derechos de la víctima; por su parte, la SCP 0019/2018-S2, estableció que por regla general esta acción tutelar no se rige por el principio de subsidiariedad; sin embargo, ante la denuncia de vulneración del derecho a la vida no se aplica la subsidiariedad, por lo que es posible activar la presente acción tutelar, el derecho a la vida va más allá, implica la creación de condiciones de vida digna por parte del Estado, consolidando el vivir bien, por lo que el informe de las autoridades ahora accionadas no es correcto; b) El Juez de Sentencia Anticorrupción y de Violencia Contra la Mujer Noveno de la Capital del departamento de Santa Cruz, al excusarse del conocimiento de la causa, sin notificar a las partes conforme el art. 163 del CPP y notificar mediante tablero, causó el problema jurídico para que la víctima siga peregrinando por justicia desde el año 2013 hasta el presente, situación que causa responsabilidad al Estado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos; al no tener conocimiento de la excusa, no pudo presentar una acusación particular por el delito de lesiones gravísimas y tentativa de feminicidio, por lo que la referida autoridad vulneró el debido proceso en su vertiente seguridad jurídica, por lo que posteriormente fue notificada con la radicatoria de la causa ante la Jueza de Sentencia Penal Decimosegunda de la Capital del departamento de Santa Cruz -ahora demandada-; sin embargo cuando existe reenvío, ya no hay actos preparatorios y se tiene que señalar audiencia de manera pronta y oportuna tal cual establece la normativa, de igual forma no se notificó al Ministerio Público; c) No pudo presentar acusación particular por los delitos de tentativa de feminicidio y lesiones gravísimas, tal como señaló el Auto Supremo 260/2020-RRC, de 16 de marzo, que advirtió a la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, que no habían valorado todas las pruebas y que efectivamente corresponde el proceso por lesiones gravísimas; sin embargo la Jueza de Sentencia Penal Decimosegunda de la Capital del departamento de Santa Cruz -ahora demandada-, al aperturar el juicio oral no permitió que el Ministerio Público, amplíe su acusación por los referidos delitos, vulnerando el debido proceso y la seguridad jurídica, por falta de aplicación de enfoque de género, ya que pese a advertirle de su error y que en el expediente cursa un certificado médico forense con cien días de impedimento, en el acta de audiencia señaló que “ella verá si lo lleva por violencia familiar o lesiones gravísimas o tentativa de feminicidio”; y, d); el art. 52 del CPP, establece que los Tribunales de Sentencia, estarán integrados por tres Jueces técnicos quienes serán competentes para conocer la sustanciación y resolución de delitos de feminicidio y lesiones gravísimas; sin embargo, la Jueza ahora demandada incumpliendo la norma sigue asumiendo competencia vulnerando el debido proceso, cuando lo correcto es que, al conocer la ampliación de la acusación del Ministerio Público por los referidos delitos, debió ordenar la realización de nuevo sorteo para remitir la causa a conocimiento de un Tribunal de Sentencia, subsanando inmediatamente los errores advertidos en la tramitación del proceso, eliminando todos los obstáculos que impiden que las mujeres en situación de violencia accedan realmente a la justicia, por lo que solicita se conceda la tutela impetrada.
Juan Coronado Camacho, Juez de Sentencia Anticorrupción y de Violencia Contra la Mujer Noveno de la Capital del departamento de Santa Cruz, mediante informe escrito presentado el 8 de junio de 2022, cursante a fs. 34 y vta., señaló que: 1) La petición fue resuelta y las notificaciones cumplieron su finalidad, ya que teniendo en cuenta que emitió sentencia condenatoria en su oportunidad, valorando de forma íntegra los elementos de prueba; sin embargo, la misma fue anulada y remitida a otro juzgado por excusa; 2) La SCP 0034/2017-S3 de 8 de febrero, establece la línea jurisprudencia de la sustracción de la materia o pérdida del objeto procesal, que deviene por la desaparición de los supuestos fácticos que motivaron su activación o cuando la vulneración o amenaza ha cesado, ante lo cual el hecho denunciado dejó de vulnerar las garantías o derechos constitucionales, debido al cumplimiento del acto reclamado con su consecuente restitución; en ese entendido, el objeto procesal constituye el elemento sustancial a ser resuelto por la jurisdicción constitucional, por lo que cuando desaparece el hecho que sustentaba la acción de libertad, se inhibe un pronunciamiento sobre el fondo de la pretensión, ya que la concesión de la tutela se tornaría en ineficiente e innecesaria; y, 3) Conforme a la jurisprudencia, no corresponde conceder la acción de libertad en razón a que existe sustracción del objeto procesal, teniendo en cuenta que conforme a las diligencias de notificaciones expresada en la acción tutelar y cuaderno procesal se establece que se cumplió con la finalidad de las mismas para que asuman conocimiento; y, al haberse emitido sentencia condenatoria, se colige perdida del objeto del proceso, por lo que corresponde denegar la tutela solicitada en razón a que no existe conculcación al derecho a la vida y no existe persecución indebida, por lo que solicita se deniegue la tutela. Cinthia Luz Araujo Guerra, Jueza de Sentencia Penal Decimosegunda de la Capital del departamento de Santa Cruz, mediante informe escrito presentado el 8 de junio de 2022, cursante a fs. 35 y vta., señaló que: i) Conforme a la SCP 0464/2015-S3 de 5 de mayo, con relación al procesamiento indebido, la jurisprudencia constitucional fue uniforme, al señalar que la vía idónea para su impugnación es la acción de amparo constitucional; sin embargo, cuando se demuestre que esa vulneración afecta directamente el derecho a la libertad física o libertad de locomoción del accionante, dicha protección se verá materializada a través de la acción de libertad, en los casos donde el procesamiento indebido constituya la causa directa que originó la restricción o supresión, previo cumplimiento de la subsidiariedad excepcional que rige a este tipo de acciones; asimismo, la SCP 0619/2005-R de 7 de junio, estableció que para garantizar la libertad personal o de locomoción, deben concurrir los siguientes presupuestos, el acto lesivo debe estar vinculado con la libertad por operar como causa directa para su restricción o supresión y debe existir absoluto estado de indefensión; ii) Mediante Auto de Vista emitido por el Tribunal de alzada, se declaró procedente el recurso de apelación restringida y se anuló la sentencia emitida por el Juez de Sentencia Anticorrupción y de Violencia Contra la Mujer Noveno de la Capital del departamento de Santa Cruz -ahora accionado-; sin embargo, dicha resolución no dejó sin efecto, ni anuló, los actos preparatorios del juicio oral que son tramitados conforme el art. 340 del CPP, motivo por el cual, una vez radicada la causa se emitió el respectivo Auto de apertura de juicio oral y se dispuso su tramitación; y, iii) La presente acción de libertad no se adecua a los presupuestos previstos en el art. 46 del Código Procesal Constitucional (CPCo); toda vez que, la ahora accionante, pretende que se ingrese a juicio calificando el hecho con un tipo penal agravado, que sería competencia de los Tribunales de Sentencia; sin embargo, la acción de defensa fue presentada de manera errónea, ya que no se puede activar la vía constitucional sin que el objeto de la tutela esté previsto en los presupuestos de la norma y la jurisprudencia; si la ahora accionante pretende la modificación del tipo penal, existen mecanismos procesales que la ley franquea en la vía ordinaria para interponer los incidentes de nulidad y reformular la acción penal en contra del acusado; o en su defecto, la acción de amparo constitucional, conforme establece la jurisprudencia citada, por lo que en aplicación del principio de subsidiariedad excepcional que rige a la acción de libertad, corresponde denegar la acción de libertad.
El Juez de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 10/2022, de 2 de junio, cursante de fs. 40 vta. a 48 y vta., concedió en parte la tutela solicitada contra la Jueza de Sentencia Penal Decimosegunda de la Capital del departamento de Santa Cruz -ahora demandada-; y, denegó la tutela en contra del Juez de Sentencia Anticorrupción y de Violencia Contra la Mujer Noveno de la Capital del departamento de Santa Cruz -ahora demandado-, disponiendo: a) Que la Jueza ahora demandada, dicte una resolución motivada y fundamentada, al haber escuchado al Ministerio Público y la parte civil, en base a los fundamentos expresados en la resolución, sea aplicando lo establecido por el art. 52 del CPP y conforme a los delitos manifestados por los acusadores; y, b) Una vez emitida la resolución antes expresada, remita los actuados ante el Tribunal correspondiente, a efectos de seguir el juicio oral de forma pronta y oportuna, en la cual el Ministerio público y la parte civil demostrarán su tesis; en base a los siguientes fundamentos: 1) La SCP 0019/2018-S2 de 28 de febrero, permite que la víctima acuda a la vía constitucional en resguardo de sus derechos, a través de la acción de libertad para lograr la tutela del derecho a la vida en el marco del derecho de las mujeres a vivir libres de violencia, por lo que es posible activar de forma directa la jurisdicción constitucional, pese a existir mecanismos ordinarios de protección de sus derechos; 2) La pretensión de la parte accionante, es que solicita se considere el protocolo para juzgar con perspectiva de género, ya que al haber un nuevo juicio, los delitos de lesiones gravísimas y tentativa de feminicidio deben ser juzgados por otro Juez, en este caso el Tribunal de Sentencia correspondiente, conforme el art. 52 del CPP; 3) El Juez de Sentencia Anticorrupción y de Violencia Contra la Mujer Noveno de la Capital del departamento de Santa Cruz -ahora accionado-, llevó un procedimiento abreviado, en el cual se condenó al acusado con tres años; sentencia, que fue en apelación restringida; después, interpuesto el recurso de casación, emitiéndose el Auto Supremo 260/2020-RRC, de 16 de marzo, que ordenó la nulidad del Auto de Vista 45/2019 de 30 de julio y la emisión de uno nuevo, ya que cuando se analiza una salida alternativa de procedimiento abreviado, el Juez debe verificar a cabalidad los arts. 373 y 374 del CPP, por lo que el Tribunal de alzada debió efectuar el control de legalidad y logicidad de la sentencia, para verificar si la misma, cuenta con fundamentación y motivación; al respecto, la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia del mismo departamento, anuló la referida Sentencia y ordenó la emisión de un nuevo juicio con un nuevo Juez de Sentencia, estos aspectos conllevaron a que el Juez ahora demandado emita la excusa; sin embargo debió hacer un decreto de reenvío, ya que no se tiene si la excusa es legal o ilegal, por lo que se considera que ya se sustanció y no se vulneró ningún derecho, porque ya fue anulada su sentencia, que fue considerada por el Tribunal Supremo de Justicia y la Sala Penal Segunda referida; 4) Con relación a la Jueza de Sentencia Penal Decimosegunda de la Capital del departamento de Santa Cruz -ahora accionada-, hay una situación que debe ser reparada en la vía constitucional, puesto que la misma al momento de resolver la petición del Ministerio Público y la querellante -ahora accionante-, no motivó ni fundamentó adecuadamente su resolución, ya que el juicio es por reenvío y el principio de iura novit curia, debe aplicarse de acuerdo a la competencia del delito que se pretende en la tesis de los acusadores y la referida autoridad judicial no es competente en esos delitos; asimismo, refiere que el incidente debe ser sobreviniente; sin embargo, al no considerar que el mismo si es sobreviniente, porque el Auto Supremo 260/2020-RRC, de 16 de marzo dio las pautas de cómo deben ser catalogados en adelante; y, que si bien es cierto hay reglas del juicio y la acusación fue por delitos de la Ley 348, al momento de ampliar por lesiones gravísimas y tentativa de feminicidio no se vulneran los derechos del acusado, ya que el Ministerio Público debe demostrar en juicio la culpabilidad del acusado para dictar sentencia correspondiente, dando la oportunidad a la víctima de juzgar los hechos de violencia, ante el Tribunal de Sentencia correspondiente conforme el art. 52 del CPP; y, 5) La pretensión de la ahora accionante en la vía constitucional, es coherente, ya que se busca erradicar los hechos de violencia en el marco de la prioridad nacional que tiene nuestro Estado, de erradicar la violencia hacia la mujer, por lo que corresponde reparar el daño causado a la ahora accionante a efectos de que la Jueza demandada emita una resolución motivada y fundamentada sobre la petición del Ministerio Público y la parte civil -ahora accionante- de ampliación de la acusación por lesiones gravísimas y tentativa de feminicidio, por el impedimento de cien días certificado por el médico forense, razón por la cual, corresponde otorgar la tutela a la ahora accionante.
Del análisis y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establecen las siguientes conclusiones: II.1. Por Auto Supremo 260/2020-RRC, de 16 de marzo, la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, resuelve el recurso de casación interpuesto por la ahora accionante, misma que “declara FUNDADOS los recursos de casación interpuestos por Mirtha Rivero Salazar representada por los Servicios Legales Integrales Municipales (fs. 1262 a 1264 vta.), y La Casa De La Mujer (fs. 1267 a 1269), bajo los alcances establecidos en la presente resolución y con los fundamentos expuestos precedentemente, en aplicación del art. 419 del CPP, DEJA SIN EFECTO el Auto de Vista 45/2019 de 30 de julio, disponiendo que la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, previo sorteo y sin espera de turno, pronuncie una nueva resolución en conformidad a la doctrina legal establecida en la presente resolución.” ¨ [(sic) fs. 19 a 23 y vta.]. II.2. Cursa Auto Interlocutorio 541/2021 de 5 de noviembre, emitido por el Juez de Sentencia Anticorrupción y de Violencia Contra la Mujer Noveno de la Capital del departamento de Santa Cruz -ahora demandado-, a través del cual “SE EXCUSA de la presente causa, e imprime el trámite previsto en el Art. 318 del CPP modificado por la ley 1173, ordenando la remisión de la presente resolución a la oficina Gestora a objeto de proceda la sorteo respectivo del juzgado de sentencia penal quien asumirá conocimiento del proceso inmediatamente y proseguirá su curso.” (sic), en atención a que emitió opinión sobre la pretensión litigada resolviendo en el fondo, expresando que los hechos incriminados constituyen delitos y como consecuencia emitió la Sentencia 13/2019 de 4 de mayo, que fue declarada nula por Auto de Vista 38 de 30 de septiembre de 2020 (fs. 24 y vta.). II.3. Mediante Auto Interlocutorio de 13 de noviembre de 2021, la Jueza de Sentencia Penal Decimosegunda de la Capital del departamento de Santa Cruz -ahora accionada-, “…dispone la APERTURA DE JUICIO PENAL contra el acusado VÍCTOR HUGO MALDONADO RÍOS, por la comisión del delito de VIOLENCIA FAMILIAR O DOMÉSTICA previsto y sancionado en el Art 272 Bis del Código Penal modificado por la Ley 348, para juzgar los hechos mencionados en la acusación formal. De conformidad a las disposiciones contenidas en el Art. 343 del Código de Procedimiento Penal, a fines de la realización de JUICIO ORAL, SE SEÑALA AUDIENCIA PÚBLICA PARA EL DÍA JUEVES 23 DE DICIEMBRE DE 2021, A HORAS 10:00 A.M.” [(sic) fs. 26 y vta.]. II.4. Se tiene acta de audiencia de juicio oral de 17 de marzo de 2022, en la cual la Jueza de Sentencia Penal Decimosegunda de la Capital del departamento de Santa Cruz -ahora accionada-, frente al anuncio y posterior solicitud de ampliación de acusación del Ministerio Público y la víctima -ahora accionante-, por los delitos de violencia familiar o doméstica, lesiones gravísimas y tentativa de feminicidio, ya que en obrados cursa el Certificado Médico Forense que acredita cien días de impedimento para la víctima -ahora impetrante de tutela-, así como la solicitud de remisión del proceso a conocimiento del Tribunal de Sentencia correspondiente, manifestó que “…la suscrita en base a las pruebas que van a ir presentando y desfilando bajo el principio de iura novit curia es la que va a determinar porque delitos va a dictar una sentencia en base a las pruebas que ustedes vayan a proponer” (sic), en el entendido de que la acusación del Ministerio Público es por el delito de violencia familiar o doméstica, continuando con el juicio oral (fs. 27 a 33 vta.).
La accionante, denuncia la vulneración de sus derechos a una vida libre de violencia, al debido proceso en sus elementos tutela judicial efectiva y seguridad jurídica; toda vez que: i) La Jueza de Sentencia Penal Decimosegunda de la Capital del departamento de Santa Cruz -ahora demandada-, pretende llevar adelante el juicio oral, público y contradictorio por el delito de violencia familiar o doméstica, cuando el Ministerio Público y la víctima -ahora accionante- en audiencia de juicio oral anunciaron y posteriormente solicitaron la ampliación de la acusación por los delitos de lesiones gravísimas y tentativa de feminicidio, ya que en obrados cursa el Certificado Médico Forense que acredita cien días de impedimento para la víctima -ahora accionante-, razón por la cual debió remitir el proceso a conocimiento del Tribunal de Sentencia correspondiente conforme el art. 52 del CPP modificado por la Ley 1173; y, ii) El Juez de Sentencia Anticorrupción y de Violencia Contra la Mujer Noveno de la Capital del departamento de Santa Cruz, no procedió a notificar a la víctima -ahora accionante- con el Auto Interlocutorio 541/2021 de 5 de noviembre -que resuelve su excusa-, de manera personal, sino mediante tablero, infringiendo el art. 163 del CPP. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela impetrada; para el efecto, se analizará lo siguiente: a) La protección de los derechos de la víctima en casos de violencia en razón de género, en el marco de un enfoque integral del problema jurídico: a.1) El equilibrio entre los derechos de la víctima y del imputado en el Estado Constitucional y su análisis en las acciones de defensa; a.2) El derecho de las mujeres a vivir libres de violencia y discriminación; y, el consiguiente deber del Estado y la sociedad de eliminar toda forma de violencia en razón de género; a.3) Las normas especiales de la Ley 348, aplicables en los procesos judiciales y administrativos por hechos de violencia en razón de género; y, a.4) El enfoque integral del problema jurídico en casos de violencia en razón de género en las acciones de defensa; b) El principio iura novit curia en materia penal; y, c) Análisis del caso concreto.
El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0017/2019-S2 de 13 de marzo, asumió el siguiente razonamiento: La comisión de un hecho delictivo y su correspondiente denuncia o descubrimiento, constituye el germen del proceso penal, y la víctima es la persona a quien el Estado debió proteger, para impedir que en su contra se consumara el atentado al bien jurídico tutelado; de ahí, que si bien la protección de los derechos del acusado es fundamental dentro del proceso penal; empero, también es necesario precautelar los derechos de la víctima; por ello, no puede dejar de abordarse el problema jurídico material que dio inicio al proceso penal, equilibrando los derechos del imputado y de la víctima, en particular, en delitos de violencia contra la mujer; en los cuales, el Estado, a través de las instancias de investigación, de acusación y de juzgamiento, tiene la obligación de actuar con la debida diligencia, en el marco de las normas constitucionales y los instrumentos internacionales sobre Derechos Humanos. En ese marco, es importante desarrollar los derechos de las víctimas en un Estado Constitucional, y de manera concreta, el derecho de las mujeres a vivir libres de violencia y discriminación; y el consiguiente deber del Estado y la sociedad, de eliminar toda forma de violencia en razón de género.
Con referencia a los derechos de las víctimas de un delito, la SC 0815/2010-R de 2 de agosto, señala que la Constitución Política del Estado vigente, asume una nueva visión de protección a las mismas; pues, si bien el Estado asume el ius puniendi -poder punitivo-, cobran importancia trascendental los derechos de la víctima; pues, conforme al art. 121 de la CPE, tiene derecho a ser oída antes de cada decisión judicial. Asimismo, la indica SC 0815/2010-R, hizo referencia a la Declaración Sobre los Principios Fundamentales de Justicia Para las Víctimas de Delitos y del Abuso de Poder, adoptada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), a través de la Resolución 40/34 de 29 de noviembre de 1985. Dicha Declaración, establece los derechos de las víctimas, entre ellos, el acceso a la justicia y trato justo; según el cual:
Acceso a la justicia y trato justo
4. Las víctimas serán tratadas con compasión y respeto por su dignidad.
Tendrán derecho al acceso a los mecanismos de la justicia y a una pronta reparación del daño que hayan sufrido, según lo dispuesto en la legislación nacional. En el marco de dicho derecho, la referida Declaración señala también que:
6. Se facilitará la adecuación de los procedimientos judiciales y administrativos a las necesidades de las víctimas:
a) Informando a las víctimas de su papel y del alcance, el desarrollo cronológico y la marcha de las actuaciones, así como de la decisión de sus causas, especialmente cuando se trate 1 El FJ III.5, señala: “La Constitución Política del Estado vigente, asume una nueva visión del principio de eficacia y la protección a la víctima -arts. 180.I y 113.I CPE-, a partir de estos postulados fundamentales deben desarrollarse la normatividad, la doctrina y la jurisprudencia, orientando el sistema constitucional hacia un Estado más garantista y respetuoso de los Derechos Humanos.
Desde esta nueva perspectiva garantista aplicada al caso concreto; en la ponderación de bienes superiores, nítidamente se contraponen dos criterios de protección: 1. Los derechos de la víctima, al acceso efectivo a la justicia y la reparación del daño; y, 2. El derecho del procesado a ser juzgado dentro de un plazo razonable. (…)
En este esquema, si bien es el Estado el que asume el ius puniendi, actualmente cobran importancia trascendental los derechos de la víctima, que antes pasaron a un segundo plano, en la medida en que los mismos fueron “confiscados” por el Estado como único titular de la facultad sancionadora. (…)
Al respecto, la Organización de Naciones Unidas (ONU) adoptó en la Asamblea General de 29 de noviembre de 1985, en la Resolución 40/34, la primera declaración sobre la protección a la víctima: `Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del abuso de poder´, estableciendo los siguientes derechos de las víctimas: 1.Acceso a la justicia y trato justo: Las víctimas deben ser tratadas con compasión y respeto a su dignidad, superando los paradigmas del proceso penal para facilitar el acceso y permitir el pago por los daños y perjuicios ocasionados por la existencia de un hecho delictivo, para ello, los procesos judiciales y administrativos deberán adecuarse a las necesidades de la víctima, lo que comprende: (…)
d) Proteger su dignidad, minimizar molestias, garantizar su seguridad, el de la familia y testigos a su favor contra intimidaciones y represalias; (…)
`Dentro de la concepción de Estado Social de Derecho, que reconoce como principios esenciales la búsqueda de la justicia y el acceso a la misma, el derecho procesal penal no sólo debe operar como manifestación del poder sancionador del Estado, a favor del incriminado, sino que debe procurar también por los derechos de la víctima. Debe entonces -el proceso penal- hacer compatibles los intereses de ambos sujetos procesales, pues, el perjudicado con el delito no puede convertirse en una pieza suelta e ignorada por la política criminal del Estado ya que, como se ha explicado, los derechos de los sujetos procesales constituyen valores y principios reconocidos por la Constitución Política…´” (el resaltado es nuestro).
de delitos graves y cuando hayan solicitado esa información;
b) Permitiendo que las opiniones y preocupaciones de las víctimas sean presentadas y examinadas en etapas apropiadas de las actuaciones siempre que estén en juego sus intereses, sin perjuicio del acusado y de acuerdo con el sistema nacional de justicia penal correspondiente;
c) Prestando asistencia apropiada a las víctimas durante todo el proceso judicial;
d) Adoptando medidas para minimizar las molestias causadas a las víctimas, proteger su intimidad, en caso necesario, y garantizar su seguridad, así como la de sus familiares y la de los testigos en su favor, contra todo acto de intimidación y represalia; e) Evitando demoras innecesarias en la resolución de las causas y en la ejecución de los mandamientos o decretos que concedan indemnizaciones a las víctimas. (…) [las negrillas son agregadas]. A partir de dichas normas, la SC 0815/2010-R antes citada, concluyó que el derecho procesal penal, no solo debe operar como manifestación del poder sancionador del Estado, a favor del incriminado, sino, que debe procurar también por los derechos de la víctima, haciendo: “…compatibles los intereses de ambos sujetos procesales, pues, el perjudicado con el delito no puede convertirse en una pieza suelta e ignorada por la política criminal del Estado ya que, como se ha explicado, los derechos de los sujetos procesales constituyen valores y principios reconocidos por la Constitución Política…”. En la misma línea, la SC 1388/2011-R de 30 de septiembre, señala que todo hecho punible, genera una colisión entre las garantías fundamentales de la víctima, del imputado, y en último término, de la sociedad; por ello:
…se requiere lograr un justo equilibrio entre los derechos constitucionales de la víctima y las garantías procesales del imputado, que naturalmente nadie niega y todos deben respetar; así encontramos entre los valores en el que se sustenta el Estado Plurinacional, el ‘equilibrio’ y ‘el bienestar común’ reconocidos por el art. 8.II de la CPE; valores éstos que forman parte del concepto ‘buen vivir’ y del modelo Boliviano de ‘Estado de Derecho del vivir bien’, asumiendo el Estado una responsabilidad fundamental (las negrillas son incorporadas).
En el marco de la jurisprudencia anotada precedentemente, es evidente que en las diferentes acciones de defensa, que llegan a conocimiento de la jurisdicción constitucional, emergentes de procesos penales, no se debe pasar por alto el equilibrio que se busca entre los derechos del imputado y de la víctima;
especialmente, cuando éstos se encuentran en conflicto. En ese sentido, ya sea que la acción de defensa sea presentada por la víctima o por el imputado, este Tribunal debe considerar los derechos de la otra parte dentro del proceso penal; y por ende, sus resoluciones no pueden limitarse a analizar el problema jurídico planteado en la acción de defensa de manera unilateral, sino también, examinando el contexto y los derechos en conflicto, cuando corresponda; más aún, tratándose de los casos de violencia hacia las mujeres, en los cuales, se deben aplicar los estándares internacionales e internos para la tutela de sus derechos, conforme se analizará en el siguiente fundamento.
La magnitud de la violencia contra las mujeres a nivel nacional e internacional y los resultados adversos que ocasiona a la víctima, pone de manifiesto el grave problema que la sociedad enfrenta. Detrás de estos cuadros de violencia contra la mujer, se devela una discriminación estructural, resultante de categorías, roles y diferencias culturales y sociales, donde predominó y continúa predominando una visión patriarcal; es decir, la posición subordinada de la mujer respecto del varón, se origina en una estructura social construida sobre la base de un modelo de masculinidad hegemónica; ya que en el caso de la mujer, no existen razones naturales o biológicas que la releguen a una posición de subordinación o dependencia; puesto que, su situación no es asimilable a otros sectores poblaciones, que por sus características físicas o psíquicas resultan vulnerables. Sin embargo, la construcción cultural y social vista desde una visión patriarcal, es la que tiende a situarla en un escenario de desigualdad. Ahora bien, la violencia de género, se presenta como un reflejo de esta situación de desigualdad, basada en la distribución de roles sociales que fueron transcendiendo históricamente; lo cual, engloba a las diversas aristas que adquiere la violencia contra la mujer, que según el espacio físico o personal en el que ocurre el hecho de violencia, comprende aquella que la mujer sufre en el ámbito doméstico o familiar. Ello, nos demuestra que la violencia hacia las mujeres, y en particular, la violencia en el seno familiar, no es un problema que deba resolverse entre particulares, por la trascendencia y connotación social que adquirió, como una violación a los derechos humanos de las mujeres y los demás miembros del núcleo familiar, que limita el desarrollo pleno de sus potencialidades, y que el Estado no puede desatender. Estos aspectos fueron visibilizados en la comunidad internacional; así, la Declaración Sobre la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, establece: “…la violencia contra la mujer constituye una violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales e impide total o parcialmente a la mujer gozar de dichos derechos…”. Asimismo, señala que esta clase de violencia:
…constituye una manifestación de relaciones de poder históricamente desiguales entre el hombre y la mujer, que han conducido a la dominación de la mujer y a la discriminación en su contra por parte del hombre e impedido el adelanto pleno de la mujer y que la violencia contra la mujer es uno de los mecanismos sociales fundamentales por los que se fuerza a la mujer a una situación de subordinación respecto de hombre. Esta Declaración, entiende por violencia contra la mujer, a todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino, que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la privada. Así los Estados Partes; por una lado, deben identificar los actos que constituyen violencia y su carácter vulnerador de los derechos humanos; y por otro, su procedencia específica de las pautas culturales, en concreto, de la visión patriarcal, que atribuye diferentes características y roles a mujeres y varones, ubicándolos en una jerarquía distinta, en la que el varón ostenta un lugar superior, mientras se perpetúa la condición inferior que se le atribuye a la mujer en la familia, el lugar de trabajo, la comunidad y la sociedad. Estos elementos fueron evidentes para el constituyente boliviano, incidiendo en el reconocimiento de derechos; de modo tal, que la Constitución Política del Estado, contienen en su catálogo de derechos fundamentales, específicamente en el art. 15, la disposición que señala:
I. Toda persona tiene derecho a la vida y a la integridad física, psicológica y sexual (…)
tanto en la familia como en la sociedad; III. El Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar la violencia de género y generacional (…) tanto en el ámbito público como privado (…) [el resaltado es adicionado].
El reconocimiento de los derechos a la integridad física, psicológica y sexual; y, a una vida digna, no podría adquirir efectividad en un escenario de violencia; razón por la que, se requiere del Estado, acciones positivas -medidas legislativas, administrativas, entre otras-, que atenúen esta situación, a fin de garantizar el ejercicio efectivo de los mismos. Ahora bien, una de las pautas que guían a la justicia constitucional, es el principio de interpretación conforme a los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos; por el cual, las normas internas deben ser interpretadas sobre la base no solo del texto constitucional, sino también, de las disposiciones normativas consignadas en los instrumentos internacionales en materia de Derechos Humanos, a partir de lo dispuesto en los arts. 13 y 256 de la CPE y a la aplicación preferente de los Tratados Internacionales en Derechos Humanos, siempre que el reconocimiento o interpretación que derive de éstos, contenga un estándar de protección más favorable al derecho en cuestión. En ese marco, a continuación se anotarán algunos de los estándares más importantes, aplicables al caso, sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y las obligaciones que genera para el Estado: i) Debida diligencia: El Comité Para la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés), supervisa el cumplimiento de las normas contenidas en la Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer; la cual, se constituye en el instrumento jurídico internacional del Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos, que significó un importante avance en el reconocimiento de la igualdad de los derechos entre hombres y mujeres. El CEDAW, emitió la Recomendación General 19 de 29 de enero de 1992 -sobre La Violencia Contra la Mujer-; la cual, afirma que la violencia contra la mujer es una forma de discriminación, que impide gravemente que ésta, goce de derechos y libertades en pie de igualdad con el hombre; y que dicha violencia, conlleva responsabilidad estatal, no solamente por actos violentos cometidos por agentes estatales, sino por particulares, cuando el Estado no implementa los mecanismos necesarios para proteger a las mujeres, y cuando no adopta medidas con la diligencia debida, para impedir la lesión de los derechos o para investigar y castigar los actos de violencia e indemnizar a las víctimas.
El mismo CEDAW, en la Recomendación General 33 de 3 de agosto de 2015, sobre el Acceso de las Mujeres a la Justicia, encomendó a los Estados a ejercer la debida diligencia para prevenir, investigar, castigar y ofrecer la reparación, por los delitos cometidos contra mujeres, ya sea, perpetrados por agentes estatales o no estatales; garantizando que la prescripción se ajuste a los intereses de las víctimas, tomando medidas apropiadas para crear un entorno de apoyo, que las aliente a reclamar sus derechos, denunciar delitos cometidos en su contra y participar activamente en los procesos; revisando las normas sobre pruebas y su aplicación específicamente en casos de violencia contra la mujer, mejorando la respuesta de la justicia penal a la violencia en el hogar.
Por su parte, en el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, la Convención Interamericana Para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer (Convención de Belém do Pará), en su art. 7, establece, entre otras, las obligaciones de los Estados de:
Asimismo, el Estado boliviano al ratificar la Convención de Belém do Pará, mediante Ley 1599 de 18 de octubre de 1994; por ende, asume la norma de la debida diligencia; en ese sentido, la violencia hacia la mujer es un asunto que compromete y responsabiliza al mismo, que está obligado a realizar acciones -legislativas, administrativas y judiciales-para prevenir, intervenir, erradicar y sancionar los diferentes tipos de violencia ejercidos contra la mujer, entre ellos, la violencia en la familia. Para ello y como punto de partida, se dejó atrás aquella postura pasiva, en la cual, se sostenía que por principio, todas las cuestiones relativas a la familia formaban parte de la esfera privada de sus integrantes, y por lo tanto, estaban exentas de toda intromisión estatal.
En Bolivia, esta problemática inicialmente fue abordada desde la perspectiva privada, a partir de la promulgación de la Ley Contra la Violencia en la Familia o Doméstica -Ley 1674 de 15 de diciembre de 1995-. Posteriormente, a través de la Ley Integral Para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia -Ley 348 de 9 de marzo de 2013-, dada la gravedad e intensidad de la violencia contra la mujer, se visibiliza a la misma como sujeto afectado en los contenidos de las tipificaciones penales, buscando así la prevención de estos delitos, sumado a que el Estado Plurinacional de Bolivia asume como prioridad, la erradicación de la violencia hacia las mujeres, en el marco de lo dispuesto en su art. 3.I, que tiene el siguiente texto: “El Estado Plurinacional de Bolivia asume como prioridad la erradicación de la violencia hacia las mujeres, por ser una de las formas más extremas de discriminación en razón de género”.
La declaratoria de prioridad nacional, implica que todas las instituciones públicas deben adoptar las medidas y políticas necesarias para erradicar la violencia contra las mujeres, asignando los recursos económicos y humanos suficientes con carácter obligatorio. Asimismo, la Ley 348 que acoge el contenido de las disposiciones internacionales, define como tareas específicas coordinar y articular la realización de instrumentos, servicios, acciones y políticas integrales de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia hacia las mujeres, tanto en el nivel central como con las entidades territoriales autónomas (ETA). Rompiendo progresivamente las tradicionales prácticas, procedimientos y decisiones, que revelan sesgos de género, que relativizaban los hechos de agresión hacia la mujer, y por ende, su vida e integridad. ii) Protección a las víctimas: El CEDAW, en la referida Recomendación General 19, señala que los Estados Partes, entre otras medidas, deben velar porque las leyes contra la violencia y los malos tratos en la familia, la violación, los ataques sexuales y otro tipo de agresión contra la mujer, protejan de manera adecuada a todas las mujeres, respetando su integridad y su dignidad; proporcionando protección y apoyo a las víctimas; capacitando a los funcionarios judiciales, a los agentes del orden público y a otros funcionarios públicos, para que apliquen la Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer.
Por otra parte, la Convención de Belém do Pará, en el art. 7.d. y f. establece que los Estados tienen el deber de:
d. adoptar medidas jurídicas para conminar al agresor a abstenerse de hostigar, intimidar, amenazar, dañar o poner en peligro la vida de la mujer de cualquier forma que atente contra su integridad o perjudique su propiedad; (…) f. establecer procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que haya sido sometida a violencia, que incluyan, entre otros, medidas de protección, un juicio oportuno y el acceso efectivo a tales procedimientos; (…) [las negrillas son nuestras]. iii) Sensibilidad de la justicia por temas de género -perspectiva de género-: El mencionado CEDAW, en la citada Recomendación General 33, examinó las obligaciones de los Estados Partes, para asegurar que éstas tengan acceso a dicho derecho, al advertir que existen obstáculos y restricciones que les impiden efectivizarlo en el marco de la igualdad; asimismo, hace referencia a la justiciabilidad, estableciendo que se requiere el acceso irrestricto de la mujer a la justicia; y para ello, recomienda que se debe mejorar la sensibilidad del sistema de justicia a las cuestiones de género, empoderando a las mujeres para lograr la igualdad de jure y de facto -de derecho y hecho-; asegurando que los profesionales de los sistemas de justicia, tramiten los casos, teniendo en cuenta las cuestiones de género; y, revisando las normas sobre la carga de la prueba, para asegurar la igualdad entre las partes, en todos los campos, en aquellas relaciones de poder que priven a las mujeres a la oportunidad de un tratamiento equitativo de su caso.
En el mismo sentido, la Convención de Belém do Pará, en su art. 8, establece que los Estados Partes deben adoptar, entre otras, medidas específicas para modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, para contrarrestar prejuicios, costumbres y todo tipo de prácticas, que se basen en la premisa de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los géneros o en los papeles estereotipados para el hombre y la mujer, que legitimizan o exacerban la violencia contra la misma; así, como para fomentar la educación y capacitación del personal en la administración de justicia, policial y demás funcionarios encargados de la aplicación de la ley, así como del personal, a cuyo cargo esté la concreción de las políticas de prevención, sanción y eliminación de la violencia contra la mujer. En el marco de lo anotado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en el Caso Gonzáles y Otras (“Campo Algodonero”) vs. México, en la Sentencia de 16 de noviembre de 2009, sobre Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas, estableció que debían removerse todos los obstáculos de jure o de facto -de derecho y hecho-que impidan la debida investigación de los hechos y el desarrollo de los respectivos procesos judiciales; además, que debía incluirse una perspectiva de género en la investigación. Por ende, en los procesos penales, la perspectiva de género debe ser adoptada desde el inicio de la etapa preparatoria, tanto en el control jurisdiccional como en la fase de la investigación. iv) Reparación integral a la víctima: El CEDAW, también recomienda a los Estados Partes, establecer y hacer cumplir recursos adecuados, efectivos; atribuidos con prontitud, holísticos y proporcionales a la gravedad del daño sufrido por las mujeres; recursos, que deben incluir, según corresponda, la restitución -reintegración-, la indemnización -en forma de dinero, bienes o servicios- y la rehabilitación -atención médica, psicológica y otros servicios sociales-.
Por su parte, la Convención de Belém do Pará, señala en su art. 7.g, la obligación para los Estados de establecer los mecanismos judiciales y administrativos necesarios para asegurar que la mujer objeto de violencia, tenga acceso efectivo al resarcimiento, reparación del daño u otros medios de compensación justos y eficaces. Por tanto, la protección que otorgan los Estados, a través de este instrumento internacional, se extiende a los distintos momentos en los que se identifiquen indicios de violencia que afecta el ejercicio de los derechos de las mujeres, pero va más allá, ya que la simple sanción al agresor no resulta suficiente; pues lo que se busca, es la reparación y compensación justa del daño causado, superando la naturaleza sancionadora del hecho de violencia, encaminándose hacia un enfoque integral para cumplir con la debida diligencia en casos de violencia contra las mujeres. Todo lo cual, representa la obligación de los Estados de adecuar sus estructuras orgánicas, procesos y procedimientos; y, de armonizarlos con la Convención de Belém do Pará; lo cual, aconteció con la Ley 348 en el caso boliviano, conforme se analizará en el punto siguiente.
Los estándares anotados en el anterior Fundamento Jurídico, deben guiar la actuación de las y los servidores públicos de las diferentes instituciones y órganos del Estado, siendo necesario resaltar al estándar de la debida diligencia; pues, se generaron normas de desarrollo internas, contenidas en la Ley 348, que deben ser aplicadas de manera exclusiva en los procesos judiciales -en especial penales- y administrativos, por violencia en razón de género. Así, la Ley 348, en el Título IV sobre Persecución y Sanción Penal, en el Capítulo I, hace referencia a la denuncia, estableciendo específicamente en su art. 45, las garantías que debe tener toda mujer en situación de violencia, entre ellas:
ARTÍCULO 45. (GARANTÍAS). Para asegurar el ejercicio de todos sus derechos y su efectiva protección, el Estado garantizará a toda mujer en situación de violencia: (…) 3. El acceso a servicios de protección inmediata, oportuna y especializada, desde el momento en que el hecho constitutivo de violencia se ponga en conocimiento de las autoridades ordinarias o indígena originario campesinas y afrobolivianas. (...) 7. La protección de su dignidad e integridad, evitando la revictimización y maltrato que pudiera recibir de cualquier persona responsable de su atención, tratamiento o de la investigación del hecho. 8. La averiguación de la verdad, la reparación del daño y prevención de la reiteración de los actos de violencia. (…) [las negrillas son añadidas].
La misma Ley 348, en el Capítulo II sobre las Investigaciones -del mismo Título I-, en su art. 59, dispone que la investigación debe ser seguida de oficio, independientemente del impulso de la denunciante; norma que está vinculada directamente con la consideración de la violencia en razón género dentro del ámbito público y no privado; por ello, aun la víctima desista o abandone la investigación, el Ministerio Público debe seguirla de oficio; por ello, no es sostenible rechazar denuncias por falta de colaboración de la víctima, o porque ésta, una vez efectuada la denuncia, no volvió a oficinas de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV) o del Ministerio Público; pues, dichas afirmaciones vulneran no solo la norma expresa contenida en el citado art. 59 de la Ley 348, sino también, el principio de la debida diligencia; la obligación internacional del Estado de investigar, sancionar y reparar los hechos de violencia hacia las mujeres; y, el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.
De igual modo, en el Capítulo III sobre Persecución Penal -del referido Título I-, específicamente en el art. 61 de la Ley 348, se determina que además de las atribuciones comunes establecidas en la Ley Orgánica del Ministerio Público -Ley 260 de 11 de julio de 2012-, las y los Fiscales de Materia que ejerzan la acción penal pública en casos de violencia hacia las mujeres, deberán adoptar en el ejercicio de sus funciones, entre otras, las siguientes medidas:
1. Adopción de las medidas de protección que sean necesarias, a fin de garantizar a la mujer en situación de violencia la máxima protección y seguridad, así como a sus hijas e hijos, pedir a la autoridad jurisdiccional su homologación y las medidas cautelares previstas por Ley, cuando el hecho constituya delito. 2. Recolección de las pruebas necesarias, como responsable de la investigación de delitos de violencia en razón de género, sin someter a la mujer a pruebas médicas, interrogatorios, reconstrucciones o peritajes que no sean los imprescindibles, debiendo recurrir a métodos de investigación alternativa, científica y con apoyo de la tecnología, a fin de averiguar la verdad. 3. En caso de requerirse peritajes técnicos, no deberán ser exigidos a la mujer. En caso de delito flagrante, será el imputado el responsable de pagar por éstos, así como por el tratamiento médico y psicológico que la mujer requiera; si fuera probadamente insolvente, se recurrirá a los servicios del Sistema de Atención Integral de su jurisdicción (el resaltado es agregado). Por otra parte, en el Título V sobre Legislación Penal, en el Capítulo III, específicamente en el art. 86 de la Ley 348, se establecen los principios procesales que deben regir los hechos de violencia contras las mujeres, disponiendo que:
ARTÍCULO 86. (PRINCIPIOS PROCESALES). En las causas por hechos de violencia contra las mujeres, las juezas y jueces en todas las materias, fiscales, policías y demás operadores de justicia, además de los principios establecidos en el Código Penal deberán regirse bajo los siguientes principios y garantías procesales: 1. Gratuidad. Las mujeres en situación de violencia estarán exentas del pago de valores, legalizaciones, notificaciones, formularios, testimonios, certificaciones, mandamientos, costos de remisión, exhortes, órdenes instruidas, peritajes y otros, en todas las reparticiones públicas. 2. Celeridad. Todas las operadoras y operadores de la administración de justicia, bajo responsabilidad, deben dar estricto cumplimiento a los plazos procesales previstos, sin dilación alguna bajo apercibimiento. 3. Oralidad. Todos los procesos sobre hechos de violencia contra las mujeres deberán ser orales. 4. Legitimidad de la prueba. Serán legítimos todos los medios de prueba y elementos de convicción legalmente obtenidos que puedan conducir al conocimiento de la verdad. 5. Publicidad. Todos los procesos relativos a la violencia contra las mujeres serán de conocimiento público, resguardando la identidad, domicilio y otros datos de la víctima. 6. Inmediatez y continuidad. Iniciada la audiencia, ésta debe concluir en el mismo día. Si no es posible, continuará durante el menor número de días consecutivos. 7. Protección. Las juezas y jueces inmediatamente conocida la causa, dictarán medidas de protección para salvaguardar la vida, integridad física, psicológica, sexual, los derechos patrimoniales, económicos y laborales de las mujeres en situación de violencia. 8. Economía procesal. La jueza o juez podrá llevar a cabo uno o más actuados en una diligencia judicial y no solicitará pruebas, declaraciones o peritajes que pudieran constituir revictimización. 9. Accesibilidad. La falta de requisitos formales o materiales en el procedimiento no deberá retrasar, entorpecer ni impedir la restitución de los derechos vulnerados y la sanción a los responsables. 10. Excusa. Podrá solicitarse la excusa del juez, vocal o magistrado que tenga antecedentes de violencia, debiendo remitirse el caso inmediatamente al juzgado o tribunal competente. 11. Verdad material. Las decisiones administrativas o judiciales que se adopten respecto a casos de violencia contra las mujeres, debe considerar la verdad de los hechos comprobados, por encima de la formalidad pura y simple. 12. Carga de la prueba. En todo proceso penal por hechos que atenten contra la vida, la seguridad o la integridad física, psicológica y/o sexual de las mujeres, la carga de la prueba corresponderá al Ministerio Público. 13. Imposición de medidas cautelares. Una vez presentada la denuncia, la autoridad judicial dictará inmediatamente las medidas cautelares previstas en el Código Procesal Penal, privilegiando la protección y seguridad de la mujer durante la investigación, hasta la realización de la acusación formal. En esta etapa, ratificará o ampliará las medidas adoptadas. 14. Confidencialidad. Los órganos receptores de la denuncia, los funcionarios de las unidades de atención y tratamiento, los tribunales competentes y otros deberán guardar la confidencialidad de los asuntos que se someten a su consideración, salvo que la propia mujer solicite la total o parcial publicidad. Deberá informarse previa y oportunamente a la mujer sobre la posibilidad de hacer uso de este derecho. 15. Reparación. Es la indemnización por el daño material e inmaterial causado, al que tiene derecho toda mujer que haya sufrido violencia (el resaltado es nuestro). En el mismo Capítulo III -del referido Título V-, respecto a las directrices de procedimiento, en el art. 87.4 de la referida Ley 348, se dispone que en todos los procedimientos administrativos, judiciales e indígena originario campesinos (IOC), se aplicarán, entre otras, la siguiente directriz: “Obligación de investigar, proseguir y procesar hasta lograr la sanción de todos los hechos que constituyan violencia hacia las mujeres” (el resaltado es nuestro). Esta obligación se complementa con lo previsto en el art. 90 de la Ley 348, que determina que todos los delitos contemplados en el referido cuerpo normativo, son de acción pública; de ahí, el deber no solo de perseguir de oficio, sino también, de investigar, proseguir y procesar hasta lograr la sanción de los hechos de violencia hacia las mujeres; obligación, que se refuerza con lo previsto por el art. 94 de dicha Ley 348, que con el nombre de Responsabilidad del Ministerio Público, señala que:
Ninguna mujer debe tener la responsabilidad de demostrar judicialmente aquellas acciones, actos, situaciones o hechos relacionados con su situación de violencia; será el Ministerio Público quien, como responsable de la investigación de los delitos, reúna las pruebas necesarias, dentro el plazo máximo de ocho (8) días bajo responsabilidad, procurando no someter a la mujer agredida a pruebas médicas, interrogatorios, reconstrucciones o peritajes, careos que constituyan revictimización. En caso de requerirse peritajes técnicos, no deberán ser exigidos a la mujer. Si se tratara de delito flagrante, será el imputado el responsable de pagar por éstos; si fuera probadamente insolvente, se recurrirá a los servicios gratuitos de los Servicios Integrales de Atención. La o el Fiscal deberá acortar todos los plazos de la etapa preparatoria hasta la acusación en casos de violencia contra la mujer por su situación de riesgo (las negrillas son añadidas). De lo anotado, se concluye que en el marco de los estándares internacionales e internos de protección a las mujeres víctimas de violencia, el Estado tiene la obligación de actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer; debida diligencia que, en la labor de investigación, se traduce en la investigación de oficio de los hechos de violencia hacia las mujeres, la celeridad en su actuación, la protección inmediata a la misma, la prohibición de revictimización y que la carga de la prueba corresponde al Ministerio Público y no a la víctima. Además, cabe señalar, que en la adopción de medidas cautelares, se debe privilegiar la protección y seguridad de la mujer durante la investigación; entendimiento que ya fue plasmado en la SCP 0394/2018-S2 de 3 de agosto, que al momento de establecer los criterios de peligro para la víctima, contenidos en el art. 234.10 del CPP, señaló en su Fundamento Jurídico III.2, que:
a) En los casos de violencia contra las mujeres, para evaluar el peligro de fuga contenido en el art. 234.10 del CPP, deberá considerarse la situación de vulnerabilidad o de desventaja en la que se encuentren la víctima o denunciante respecto al imputado; así como las características del delito, cuya autoría se atribuye al mismo; y, la conducta exteriorizada por éste contra las víctimas, antes y con posterioridad a la comisión del delito, para determinar si dicha conducta puso y pone en evidente riesgo de vulneración, los derechos tanto de la víctima como del denunciante;
Los principios y garantías procesales a favor de las víctimas mujeres de violencia, que fueron descritos en el anterior Fundamento Jurídico, no solo se aplican a los procesos penales, sino, como manda la misma Ley 348, a todas las causas por hechos de violencia contra las mujeres, en todas las materias; consiguientemente, también en la justicia constitucional; pues, en el marco de lo señalado en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia, es obligación del Tribunal Constitucional Plurinacional, analizar el problema jurídico planteado en las acciones de defensa de manera integral, considerando los derechos de las partes en conflicto; más aún, tratándose de casos que emerjan de hechos de violencia en razón de género; pues en éstos asuntos, aun el peticionante de tutela sea el imputado, corresponderá analizar el contexto del proceso penal, para verificar si se cumplieron los estándares internacionales e internos respecto a la protección de los derechos de las mujeres; de lo contrario, se cohonestaría actuaciones contrarias a la normativa internacional e interna; incumpliendo con las responsabilidades internacionales asumidas por el Estado boliviano. Entendimiento, que es coherente con el principio de verdad material contemplado en el art. 180.I de la CPE, a partir del cual, de acuerdo a la jurisprudencia constitucional, la o el juzgador debe buscar la paz social, la aplicación de la justicia y el respeto a los derechos humanos, encontrando la verdad de los hechos, por encima de mecanismos formales o procesales; con la finalidad que las partes, accedan a una justicia material, eficaz y eficiente. Así, la SCP 1662/2012 de 1 de octubre, entendió en el Fundamento Jurídico III.3, que el contenido del principio de verdad material:
…implica la superación de la dependencia de la verdad formal o la que emerge de los procedimientos judiciales, por eso es aquella verdad que corresponde a la realidad, superando cualquier limitación formal que restrinja, parcialice o distorsione la percepción de los hechos a la persona encarga de juzgar a otro ser humano, o de definir sus derechos y obligaciones, dando lugar a una decisión injusta e irrazonable que no responda a los principios, valores y valores éticos consagrados en la Norma Suprema de nuestro país, a los que todas las autoridades del Órgano Judicial y de otras instancias, se encuentran impelidos de aplicar, entre ellas, al principio de verdad material, por sobre la limitada verdad formal (el resaltado es ilustrativo). El principio de verdad material no solo es predicable respecto a las o los jueces, sino, que como todo principio, se irradia hacia la actividad de las y los diferentes operadores jurídicos, cuyas actuaciones se enmarcan en la debida diligencia, en el marco de los estándares de la Corte IDH y lo previsto expresamente por el art. 86.11 de la Ley 348; según el cual, las decisiones administrativas o judiciales, que se adopten respecto a casos de violencia contra las mujeres, deben considerar la verdad de los hechos comprobados, por encima de la formalidad pura y simple. En mérito a lo anotado, esta Sala del Tribunal Constitucional Plurinacional, considera que en las acciones de defensa que emerjan de procesos judiciales o administrativos en los que se debatan hechos de violencia hacia las mujeres, la justicia constitucional está obligada a efectuar un análisis integral del problema jurídico, sin limitarse a la denuncia efectuada por la o el accionante, sino también, analizando los derechos de la víctima y las actuaciones realizadas por las autoridades policiales, fiscales o judiciales, de acuerdo al caso; pues, solo de esta manera, se podrá dar cumplimiento a las obligaciones asumidas por el Estado y se respetarán los derechos de las víctimas de violencia en razón de género, entre ellos, el derecho a la vida, a la integridad física, psicológica y sexual, así como a una vida libre de violencia.
El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0780/2021-S1 de 8 de diciembre, asumió el siguiente razonamiento: El principio procesal iura novit curia, otorga a los jueces facultades de traer normas de interpretación, o interpretar a través del contexto expresado por el demandante respecto a cuál su pretensión contenida en el aforismo jurídico “Da mihi factum, dabo tibi jus”, “dame los hechos y yo dispensaré el derecho”, permite al Juez por ejemplo ante una solicitud presentada otorgarle el tratamiento o regla que deba imprimirse a ella, aunque esta última no se hubiere citado o la norma estuviera equivocadamente citada con la finalidad de evitar denegaciones de justicia. Al respecto la Corte Constitucional de Colombia definió este principio de la siguiente manera: “El principio iura novit curia, es aquel por el cual, corresponde al juez la aplicación del derecho con prescindencia del invocado por las partes, constituyendo tal prerrogativa, un deber para el juzgador, a quien incumbe la determinación correcta del derecho, debiendo discernir los conflictos litigiosos y dirimirlos según el derecho vigente, calificando autónomamente, la realidad del hecho y subsumiéndolo en las normas jurídicas que lo rigen”. En concordancia con estos conceptos este Tribunal Constitucional Plurinacional a través de diferentes fallos constitucionales indicó de manera amplia y favorable que bajo este principio se reconocen los derechos que tienen las partes dentro de un proceso, así la SCP 0459/2021-S3 de 10 de agosto.. Además, se estableció que el principio iura novit curia debe ser aplicado en todas las instancias procesales como es el caso del recurso de apelación y casación, guardando ciertamente la congruencia entre la aplicación del derecho por el juez y lo solicitado y conocido por las partes en el proceso. En efecto este principio al igual que el pro actione adquiere preminencia en todas las fases del proceso, incluso en la de ejecución de sentencia donde se susciten incidentes. De igual forma, en cuanto a la limitación del principio iura novit curia en materia penal, a través de la SCP 0460/2011-R de 18 de abril, reiterada por la SCP 1019/2012 de 5 de septiembre, el Tribunal Constitucional Plurinacional asumió el siguiente razonamiento: Principio de locución latina, por el que el juez, que asume la facultad de administrar justicia aplicando e interpretando la norma jurídica determine -en materia penal- la comisión o no de un tipo penal, en base a los hechos sometidos a su conocimiento y que hubieren sido descritos en la acusación, en virtud a los principios de congruencia procesal y de verdad material, sobre la conexitud entre los hechos determinantes para dictarse un fallo y los expuestos y debatidos en la acusación y posterior desarrollo del proceso penal y la existencia comprobable de una conducta antijurídica, típica y culpable, respectivamente. Si bien -con límites- es admisible que en sentencia se otorgue una calificación jurídica distinta a la efectuada en la acusación, o bien, se agrave o disminuya la pena a imponerse, en virtud a los derechos a la defensa y de congruencia, se restringe el principio iura novit curia circunscribiendo su aplicación únicamente a los hechos investigados en el proceso penal, de modo que no induzca al imputado a un estado de indefensión, ni a la parte contraria se le prive de una eficaz intervención en el cometido de obtener justicia. Así, a modo de no transgredir la garantía del debido proceso, en su elemento del derecho a la defensa, ni el de congruencia, es necesario definir los alcances del principio iura novit curia a la concurrencia de las siguientes condiciones: 1) En virtud a la unidad del objeto procesal entre la acusación y la sentencia, la autoridad juzgadora puede variar la calificación legal inicialmente efectuada, cuando no implique la añadidura de hechos que no hubieran sido sometidos a averiguación ni investigación en el proceso penal; de modo que, no pueda calificarse de “sorpresiva” la modificación del tipo penal imputado, pese a tener diferentes elementos constitutivos, versa sobre igual condicionamiento fáctico. 2) En concordancia con el presupuesto que antecede, tampoco puede variarse el tipo penal cuando difiera en sustancia con los hechos atribuidos; dicho de otro modo, es imposible atribuir al imputado, un delito del que no tuvo oportunidad de defenderse y aportar prueba, en razón a que el objeto del proceso penal seguido en su contra versaba en distintos supuestos fácticos. 3) El cambio de calificación jurídica a los hechos sometidos a un proceso penal, debe recaer -necesariamente- sobre delitos de la misma naturaleza. Ello, por la lógica comparativa de los elementos constitutivos de los tipos penales, cuyo componente fáctico no dista del sentido jurídico propio de la clasificación de las conductas típicas antijurídicas esquematizadas en el Código Penal; que, según se advirtió en el Fundamento Jurídico precedente, si se advierte y comprueba su comisión, corresponde materializar el ius puniendi. 4) La modificación en la calificación de los hechos, no debe incurrir en pasar de un delito de persecución pública, a uno de índole privada, en el que se requiera el impulso necesario de la parte querellante y/o la víctima. En todos los casos, debe ser evidente la congruencia entre la unidad fáctica de la acusación con la sentencia, entendida -la primera-como la relación circunstanciada del hecho histórico a investigar, y sea sobre el cual, recaiga el fallo fundamentado y motivado, indicando con precisión las condiciones por las que se modificó el tipo penal por otro, en base al análisis puntual de los hechos y su adecuación al delito finalmente atribuido.
La accionante, denuncia la vulneración de sus derechos a una vida libre de violencia, al debido proceso en sus elementos el derecho a la tutela judicial efectiva y seguridad jurídica; toda vez que: 1) La Jueza de Sentencia Penal Decimosegunda de la Capital del departamento de Santa Cruz -ahora demandada-, pretende llevar adelante el juicio oral, público y contradictorio por el delito de violencia familiar o doméstica, cuando el Ministerio Público y la víctima -ahora accionante- en audiencia de juicio oral anunciaron y posteriormente solicitaron la ampliación de la acusación por los delitos de lesiones gravísimas y tentativa de feminicidio, ya que en obrados cursa el Certificado Médico Forense que acredita cien días de impedimento para la víctima -ahora accionante-, razón por la cual debió remitir el proceso a conocimiento del Tribunal de Sentencia correspondiente conforme el art. 52 del CPP modificado por la Ley 1173; y, 2) El Juez de Sentencia Anticorrupción y de Violencia Contra la Mujer Noveno de la Capital del departamento de Santa Cruz, no procedió a notificar a la víctima -ahora accionante- con el Auto Interlocutorio 541/2021 de 5 de noviembre -que resuelve su excusa-, de manera personal, sino mediante tablero, infringiendo el art. 163 del CPP.
De la revisión de los antecedentes que cursan en el legajo constitucional, se verifica que por Sentencia 13/2019 de 4 de mayo, se declaró a Víctor Hugo Maldonado Ríos, autor y culpable del delito de violencia familiar o doméstica, previsto y sancionado por el art. 272 bis del Código Penal, imponiéndole una sanción penal de tres años de reclusión, con pago de daños y perjuicios evaluables en ejecución de sentencia, concediéndole a su vez el beneficio de la suspensión condicional del proceso; sin embargo, la misma fue impugnada por la víctima a través del recurso de apelación restringida que mereció Auto de Vista 45/2019 de 30 de julio, por el Tribunal de Alzada, que declaró su improcedencia, manteniendo incólume la Sentencia impugnada; decisión que fue objeto de recurso de casación, por la misma parte -ahora accionante-, Servicios Legales Integrales Municipales y La Casa de la Mujer, siendo resuelta a través del Auto Supremo 260/2020-RRC, de 16 de marzo, dictado por la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, que declaró fundados los recursos de casación planteados y bajo los fundamentos expuestos en la misma, dejó sin efecto el señalado Auto de Vista 45/2019 de 30 de julio, disponiendo que la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, pronuncie una nueva resolución conforme a la doctrina legal establecida (Conclusión II.1). En esa línea, emitiendo nueva resolución, la referida Sala Penal, por Auto de Vista 38 de 30 de septiembre de 2020, anuló la Sentencia 13/2019 de 4 de mayo, dejando sin efecto el acta de audiencia de procedimiento abreviado; en cuyo mérito, el Juez de Sentencia Anticorrupción y de Violencia Contra la Mujer Noveno de la Capital del departamento de Santa Cruz, por Auto Interlocutorio 541/2021 de 5 de noviembre, se excusó del conocimiento de la causa, por emitir opinión sobre la pretensión litigada al resolver el fondo y dictar la Sentencia -13/2019 de 4 de mayo- que declara la culpabilidad del agresor, disponiendo en consecuencia, la remisión de la causa a la Oficina Gestora de Procesos para realizar el sorteo de Juzgado de Sentencia Penal correspondiente (Conclusión II.2). Realizado nuevo sorteo, la Jueza de Sentencia Penal Decimosegunda de la Capital del departamento de Santa Cruz -ahora demandada-, asumió competencia dentro de la causa y por Auto Interlocutorio de 13 de noviembre de 2021, declaró por radicada la causa y dispuso la apertura de juicio oral, público y contradictorio contra el acusado Víctor Hugo Maldonado Ríos, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica (Conclusión II.3); cumpliendo lo dispuesto y estando presentes en audiencia de juicio oral de 17 de marzo de 2022, el Ministerio Público y la víctima -ahora accionante- anunciaron y posteriormente solicitaron la ampliación de la acusación -Fiscal y particular- por los delitos de lesiones gravísimas y tentativa de feminicidio (art. 270 y 252 bis del CP), ya que en obrados cursa el Certificado Médico Forense que acredita cien días de impedimento para la víctima -ahora impetrante de tutela-, solicitando la remisión del proceso a conocimiento del Tribunal de Sentencia correspondiente; sin embargo, la Jueza de la causa -ahora accionada-, frente a reiteradas solicitudes, señaló que “…la suscrita en base a las pruebas que van a ir presentando y desfilando bajo el principio de iura novit curia es la que va a determinar porque delitos va a dictar una sentencia en base a las pruebas que ustedes vayan a proponer” (sic), por lo que, la abogada de la víctima -ahora accionante-, a través de “un incidente por una excepción de incompetencia” (sic) reiteró la señalada solicitud; sin embargo, la misma fue rechazada señalando que “en etapa de juicio solamente es admisible incidentes sobrevinientes que vayan con carácter extintivo y no dilatorio la competencia ya debería haber sido resuelta con el primer juez que conoció…” (sic); de esa forma, rechazó la solicitud de remitir el proceso a conocimiento del Tribunal de Sentencia correspondiente, ya que la acusación del Ministerio Público es por el delito de violencia familiar o doméstica, continuando con el juicio oral (Conclusión II.4). Ahora bien, la impetrante de tutela cuestiona varios aspectos a través de la presente acción de libertad, en cuyo orden se resolverá, analizando los siguientes agravios planteados en la demanda tutelar:
Bajo ese contexto, respecto al primer agravio planteado, la parte accionante, refiere que la Jueza de Sentencia Penal Decimosegunda de la Capital del departamento de Santa Cruz -ahora demandada-, pretende llevar adelante el juicio oral, público y contradictorio por el delito de violencia familiar o doméstica (art. 272 bis del CP), cuando el Ministerio Público y la víctima -ahora accionante- en audiencia de juicio oral anunciaron y posteriormente solicitaron la ampliación de la acusación por el delito de lesiones gravísimas y tentativa de feminicidio (art. 270 y 252 bis del CP), ya que en obrados cursa el Certificado Médico Forense que acredita cien días de impedimento para la víctima -ahora accionante-, razón por la cual debió remitir el proceso a conocimiento del Tribunal de Sentencia correspondiente conforme el art. 52 del CPP modificado por la Ley 1173. De la revisión del legajo constitucional, se evidencia que celebrada la audiencia de juicio oral el 17 de marzo de 2022, ante el anuncio de ampliación de la acusación Fiscal, respecto no sólo al delito de violencia familiar o doméstica -inicialmente acusado-, sino que también por el delito de lesiones gravísimas, previstos y sancionados por los arts. 272 bis y 252 bis del CP; así como, el “incidente por una excepción de incompetencia” (sic), planteado por la abogada de la víctima -ahora accionante-, a través del cual solicitó la remisión del expediente a conocimiento del Tribunal de Sentencia competente y que fue rechazado; la Jueza ahora demandada, señaló que “Respecto a la ampliación qué la parte civil manifiesta el Ministerio Público ha indicado (…) qué se debe tomar en cuenta, sin embargo no ha solicitado una aplicación y menos a fundamentado ni siquiera ha acreditado hechos nuevos” (sic), refiriendo que en sentencia valorará las pruebas que se vayan a producir, a efectos de determinar los delitos por los cuales se sentenciará al acusado conforme el principio iura novit curia, rechazando la solicitud de complementación de la víctima -ahora accionante-, ya que la acusación únicamente versa sobre el delito de violencia familiar o doméstica (Conclusión II.4); sin embargo, posterior al rechazo referido, el Ministerio Público, al momento de realizar la fundamentación de su acusación, manifestó que “Es así señora juez que el Ministerio Público va solicitar la ampliación de la acusación formal y del inicio de la presente investigación también por el delito de lesiones gravísimas habida cuenta que si bien es cierto existen los certificados médico forenses que han dado 100 días de incapacidad médico legal a la víctima los mismos no han podido ser valorados por la anterior autoridad que ha tenido conocimiento en la presente investigación…” (sic); de igual forma, la víctima -ahora accionante-, señaló que “solicitamos que conste en acta hemos solicitado que su autoridad pueda remitir el expediente a un Tribunal de Sentencia para que (…) conozca dicho proceso (…) en este proceso que no solamente hubieron lesiones gravísimas señora juez sino también tentativa de feminicidio”. En ese entendido, en el presente caso se advierte que la ampliación de la acusación inicialmente anunciada, fue efectivamente solicitada por el Ministerio Público y la víctima -ahora accionante-, en razón a que en el cuaderno de investigaciones cursa el Certificado Médico Forense que acredita cien días de impedimento para la víctima -ahora accionante- y que no fue considerada en su oportunidad por la autoridad Fiscal que presentó la acusación; defecto, que fue subsanado por el Fiscal de Materia que participo en la señalada audiencia de juicio oral, ya que existen nuevos hechos o circunstancias que no fueron mencionados y que modifican la adecuación típica y la pena del agresor; en ese entendido, se cumplió con los requisitos exigidos por el art. 348 del CPP, el cual establece que: “Durante el juicio, el fiscal o el querellante podrán ampliar la acusación por hechos o circunstancias nuevos que no hayan sido mencionados en la acusación y que modifiquen la adecuación típica o la pena.” Lo referido pone de manifiesto que, la Jueza ahora demandada al haber rechazado el incidente y no haber considerado la solicitud de ampliación de la acusación Fiscal y particular por los delitos de lesiones gravísimas y tentativa de feminicidio, pese a poner de manifiesto en audiencia de juicio oral, la existencia de nuevos hechos y circunstancias que no fueron considerados en la acusación, obró de forma incorrecta y su accionar es contrario a la obligación del Estado de actuar con la debida diligencia, que fue explicada en los Fundamentos Jurídicos III.1.2 y III.1.3 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; así como al derecho de las mujeres a una vida libre de violencia (art. 15.II de la CPE); y, a las obligaciones concretas derivadas de la Ley 348, que como se señaló, en el marco de la debida diligencia, se debe mejorar la sensibilidad del sistema de justicia a las cuestiones de género con el propósito de lograr la igualdad de jure y de facto -de derecho y de hecho-, lo cual es posible aplicando la perspectiva de género en todos los procesos sobre violencia en razón de género; en ese entendido, es preciso referirnos al principio de verdad material, previsto por el art. 86.11 de la Ley 348, que establece que, las decisiones administrativas o judiciales que se adopten respecto a casos de violencia contra las mujeres, debe considerar la verdad de los hechos comprobados, por encima de la formalidad pura y simple; principio procesal, que fue incumplido por el Jueza ahora demandada al rechazar la petición de ampliación de la acusación del Ministerio Público y de la víctima -ahora accionante-; pues la misma, no consideró la existencia del Certificado Médico Forense que acredita cien días de impedimento para la víctima -ahora accionante-, situación que demuestra la existencia de nuevos hechos o circunstancias que no fueron mencionados y que modifican la adecuación típica y la pena del agresor. Asimismo, se pone de manifiesto un concurso de delitos como tesis de la parte acusadora, en cuanto al anuncio y solicitud de ampliación de la acusación Fiscal y particular, donde se observan delitos concurrentes a la competencia de los Tribunales y Jueces de Sentencia, siendo que el delito de violencia familiar o doméstica es de competencia de los Jueces de Sentencia (art. 53 del CPP modificado por la Ley 1173) y los delitos de lesiones gravísimas y tentativa de feminicidio corresponden a la competencia de los Tribunales de Sentencia (art. 52 del CPP modificado por la Ley 1173); precisando de mejor forma, el art. 47 del CPP en su segundo párrafo establece claramente que: “En caso de concurso de delitos y de conexión de procesos de competencia concurrente de los tribunales y jueces de sentencia, corresponderá el conocimiento de todos los hechos a los tribunales de sentencia.”; en ese entendido, la Jueza ahora demandada, en función a la norma citada, una vez presentada la ampliación de la acusación Fiscal y acusación particular en audiencia de 17 de marzo de 2022, tenía la obligación de suspender el juicio conforme los arts. 348 y 335 del CPP y remitir el expediente junto a los antecedentes, a conocimiento del Tribunal de Sentencia competente a través de la Oficina Gestora de Procesos por sorteo, conforme a la competencia asignada por el art. 52 del citado Código, a efectos de evitar su nulidad por la competencia concurrente (art. 47 CPP) y garantizar el debido proceso y la debida diligencia como obligación internacional de nuestro Estado para procesar y sancionar los hechos de violencia contra la mujer, en el entendido de que los Jueces y Tribunales, al ser garantes primarios de la constitución y de los derechos y garantías constitucionales (SC 0112/2012), deben proteger los derechos fundamentales tanto del procesado como de la víctima y mejorar la sensibilidad del sistema de justicia en las cuestiones de género, con el propósito de lograr la igualdad de jure y de facto -de derecho y de hecho-, lo cual es posible aplicando la perspectiva de género en todos los procesos sobre violencia en razón de género, con la finalidad de garantizar a las mujeres una vida digna y el ejercicio pleno de sus derechos para vivir bien. Por último es preciso señalar que de acuerdo al Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, conforme el principio iura novit curia el Juez o Tribunal luego del desfile probatoria y análisis de las pruebas incorporadas al juicio oral, tiene la obligación de realizar la subsunción del hecho al tipo penal que corresponda, pudiendo ser distinto a la calificación jurídica provisional realizada en la acusación del Ministerio Público y acusación particular, siempre que se trate de la misma familia de delitos, cuyo objeto de protección jurídica sea el mismo y no se cambien los hechos acusados o base fáctica, garantizando el principio de congruencia entre el hecho y la Sentencia, ya que ninguna persona puede ser condenada por un hecho distinto al atribuido en la acusación; sin embargo, en el caso analizado, la Jueza ahora accionada, hizo caso omiso al anuncio y posterior solicitud de ampliación de la acusación del Ministerio Público y la acusación particular de la víctima -ahora accionante-, continuando con la audiencia de juicio oral, bajo el argumento de que en sentencia valoraría las pruebas que se vayan a producir, a efectos de determinar los delitos por los cuales se sentenciará al acusado conforme el principio iura novit curia; sin considerar que, existen nuevos hechos o circunstancias que no fueron mencionados y que modifican la adecuación típica y la pena del agresor, los cuales atañen a su competencia en razón a lo previsto por el los arts. 52, 47 y 348 del CPP; y que, dicho principio únicamente es aplicable al momento de emitir sentencia, después del desfile probatorio y el análisis de las pruebas incorporadas al juicio oral, público y contradictorio a efectos de emitir la Sentencia correspondiente; razón por la cual, se verifica la vulneración de los derechos a una vida libre de violencia, al debido proceso en sus elementos el derecho a la tutela judicial efectiva y seguridad jurídica. En consecuencia, por todo lo expuesto, corresponde conceder la tutela impetrada por el ahora accionante en relación a este agravio. Respecto al segundo agravio planteado, la parte accionante, refiere que el Juez de Sentencia Anticorrupción y de Violencia Contra la Mujer Noveno de la Capital del departamento de Santa Cruz, no procedió a notificar a la víctima -ahora accionante- con el Auto Interlocutorio 541/2021 de 5 de noviembre -que resuelve su excusa-, de manera personal, sino mediante tablero, infringiendo el art. 163 del CPP; sin embargo, conforme a los antecedentes la notificación efectuada, cumplió su finalidad, ya que el expediente de la causa, previo sorteo, fue remitido a conocimiento de la Jueza de Sentencia Penal Decimosegunda de la Capital del departamento de Santa Cruz -ahora demandada-, misma que por Auto de 13 de noviembre de 2021, considerando la remisión del expediente por excusa del Juez ahora demandado, declaró por radicada la causa, disponiendo la apertura del juicio penal contra el acusado, Víctor Hugo Maldonado Ríos, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, previsto y sancionado por el art. 272 bis del CP, señalando el correspondiente día y hora de audiencia; asimismo, conforme el acta de audiencia de 17 de marzo de 2022 (Conclusión II.4), se evidencia la participación de la víctima -ahora accionante- en la etapa de juicio oral; en ese entendido, no se advierte que dicho acto hubiera vulnerado de algún modo sus derechos y el normal desarrollo del juicio oral público y contradictorio por el delito acusado; por lo que corresponde denegar la tutela solicitada en relación a este agravio. En consecuencia, el Juez de garantías al conceder en parte la tutela solicitada, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 10/2022, de 2 de junio, cursante de fs. 40 vta. a 48 y vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada respecto a la Jueza de Sentencia Penal Decimosegunda de la Capital del departamento de Santa Cruz, por la vulneración de los derechos a una vida libre de violencia, al debido proceso en sus elementos el derecho a la tutela judicial efectiva y seguridad jurídica, conforme a los fundamentos jurídicos desarrollados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; y, 2° Disponer que la Jueza de Sentencia Penal Decimosegunda de la Capital del departamento de Santa Cruz, emita la resolución fundamentada y motivada correspondiente a la ampliación de la acusación del Ministerio Público y la acusación particular de la víctima -ahora accionante-, así como la solicitud de remisión del proceso a conocimiento del Tribunal de Sentencia competente conforme a Ley, en los mismos términos ordenados por el Juez de garantías; siempre y cuando, no haya resuelto ya dichos actuados. 3° DENEGAR la tutela impetrada respecto al Juez de Sentencia Anticorrupción y de Violencia Contra la Mujer Noveno de la Capital del departamento de Santa Cruz, conforme a los fundamentos jurídicos desarrollados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
MAGISTRADA
Fdo. MSc. Georgina Amusquivar Moller
MAGISTRADA
2 Entendimiento asumido de la Sentencia C-277/98, emitida por la Sala Plena de la Corte Constitucional de Colombia.
3 Preámbulo de la Declaración Sobre la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas <https://es.wikipedia.org/wiki/Asamblea_General_de_las_Naciones_Unidas>, a través de la Resolución 48/104 del 20 de diciembre de 1993. Disponible en: <https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/ViolenceAgainstWomen.aspx>
4 Ibídem.
5 Adoptada y abierta a la firma y ratificación, o adhesión, por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en su Resolución 34/180 de 18 de diciembre de 1979.
b. actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer; c. incluir en su legislación interna normas penales, civiles y administrativas, así como las de otra naturaleza que sean necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer (…) [las negrillas son añadidas].
6 El principio de prevalencia del derecho sustancial respecto al formal, se vincula con el principio de verdad material, conforme lo entendió la SCP 1662/2012 de 1 de octubre, al sostener en el FJ III.3, que: “…el principio de verdad material consagrado por la propia Constitución Política del Estado, corresponde ser aplicado a todos los ámbitos del derecho; en ese orden, debe impregnar completamente la función de impartir justicia. Por ende, no es posible admitir la exigencia de extremados ritualismos o formalismos, que eclipsen o impidan su materialización, dado que todo ciudadano tiene derecho a una justicia material, como se desprende de lo estipulado por el art. 1 de la CPE, por lo que, debe garantizarse que las decisiones de las autoridades jurisdiccionales a cargo del proceso, sean producto de apreciaciones jurídicas, procurando la resolución de fondo de las problemáticas sometidas a su jurisdicción y competencia; pues si bien, las normas adjetivas prevén métodos y formas que aseguren el derecho a la igualdad de las partes procesales, para garantizar la paz social evitando cualquier tipo de desorden o caos jurídico; sin embargo, los mecanismos previstos no pueden ser aplicados por encima de los deberes constitucionales, como es la de otorgar efectiva protección de los derechos constitucionales y legales, accediendo a una justicia material y por lo tanto, verdaderamente eficaz y eficiente. Todo ello con el objetivo final de que el derecho sustancial prevalezca sobre cualquier regla procesal que no sea estrictamente indispensable para resolver el fondo del caso sometido a conocimiento del juez”.
7 Sentencia T.851/10, 28 de octubre de 2010
8 En la SCP 0459/2021-S3 de 10 de agosto en su F.J. III.2., se indicó que: “Bajo el principio iura novit curia, dentro del debido proceso que constituye el fundamento del Estado de derecho, las partes sometidas a un proceso judicial tienen una serie de derechos, entre ellos a la defensa y garantía de un juez imparcial, lo que implica que toda resolución que se emita por una autoridad judicial debe reflejar la efectivización de todos los derechos y garantías de las que gozan las partes involucradas, brindando con ello seguridad jurídica”.
9 En la SCP 0493/2019-S2 de 11 de julio, (FJ III.4.) indicó que: “En consecuencia, de la jurisprudencia constitucional citada, se extrae que no corresponde a la parte interesada presentar las razones jurídicas de sus pretensiones, sino simplemente relatar los hechos para que la autoridad judicial o administrativa se pronuncie con base en el derecho aplicable al caso, y es más, que el principio iura novit curia es también aplicable en las instancias superiores; es decir, tanto en apelación como en casación; aplicación que debe efectuarse dentro de los límites de la congruencia”.
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0187_2024-S1.pdf · páginas 1 a 33.
Huella digital del PDF (SHA-256): 26a3ce1f10243d67a6aabe7bbbc456f59135c3ad516f803b2994cddd7a59a37f
La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.
Ver las sentencias más consultadas por abogados bolivianos →