B.IA.LEGAL

SCP 0187/2023-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 10 de abril de 2023

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera
Fecha
10 de abril de 2023
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
MSc. Georgina Amusquivar Moller
Expediente
42324-2021-85-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante denuncia la lesión de sus derechos a la libertad, al debido proceso en sus elementos derecho a la defensa e igualdad procesal de las partes; puesto que, dentro de la tramitación del proceso de Asistencia Familiar seguido por Patricia Huanca Valencia en su contra, la Jueza Publica de Familia Tercera del El Alto del departamento de La Paz, incurrió en persecución ilegal y procesamiento indebido; toda vez que, habiendo presentado memoriales proponiendo pago de asistencia familiar en especie y reducción de la misma, no se le notifico con los respectivos decretos que los resolvían toda vez que dicha autoridad no dio cumplimiento riguroso a los medios de notificación para tal efecto, negándole su derecho a la defensa ante la imposibilidad de conocer los mismos, emitiendo de forma arbitraria el mandamiento de aprehensión en su contra, en virtud del cual se privó de forma ilegal su libertad sin razón aparente. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela impetrada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: a) Sobre la persecución ilegal o indebida; b)

De la asistencia familiar como deber constitucional cuyo cumplimiento se encuentra garantizado por el Estado; y, c) Análisis del caso concreto.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 304/2021 de 6 de agosto, cursante de fs. 12 a 13 vta., pronunciada por el Juez de Instrucción Penal Quinto de El Alto del departamento de La Paz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme a los fundamentos desarrollados en el presente fallo constitucional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Sobre la persecución ilegal o indebida
  2. III.2. De la asistencia familiar como deber constitucional cuyo cumplimiento se encuentra garantizado por el Estado
  3. III.3. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0187/2023 - S1 Sucre, 10 de abril de 2023 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Georgina Amusquivar Moller Acción de libertad Expediente: 42324-2021-85-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 304/2021 de 6 de agosto, cursante de fs. 12 a 13 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Nelson Ivan Pablo Vallejos Cabrera, en representación sin mandato de Henry Salgado Guaygua contra Irene Isabel Oblitas Aguirre, Jueza Pública de Familia Tercera de El Alto del departamento de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 6 de agosto de 2021, cursante de fs. 3 a 4 vta., el accionante, expresó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso de Asistencia Familiar seguido por Patricia Huanca Valencia en su contra y tramitado en el Juzgado Publico de Familia Tercero de El Alto, del departamento de La Paz se emitió el Auto de 17 de junio de 2021, donde se le obliga a cancelar la asistencia familiar de Bs7 200.- ( siete mil doscientos bolivianos), y habiendo sido notificado con dicho actuado, presentó memoriales proponiendo pago alternativo de asistencia familiar en especie y ofrecimiento de pago, a efectos de dar cumplimiento al citado Auto; empero, hasta el momento de presentación de esta acción de libertad nunca se le notificó con los respectivos decretos que resuelven dichos memoriales para el pago de cumplimiento de asistencia familiar; asimismo, “…llamó al celular de la lista actualizada de los Juzgados de la puerta del Tribunal Departamental de Justicia de El Alto…”(sic), para saber las respuestas de los memoriales, sin embargo no recibió respuesta y como no podía tener acceso al Tribunal se encontraba en estado de indefensión, posteriormente fue aprehendido de forma ilegal ya que nunca se negó a pagar la asistencia familiar. No se le notificó ningún decreto en respuesta a sus memoriales presentados para el suministro de asistencia familiar y de ofrecimiento de pago, por lo que se evidencia que se ha lesionado el principio al debido proceso en sus elementos derecho a la defensa, a la igualdad procesal de las partes, generando un estado de indefensión, ya que la autoridad demandada ahora accionada, no cumplió con los medios de notificación, a efectos de que pudiera ejercer el derecho a la defensa material y técnica y ante la imposibilidad de ejercer la misma para conocer los decretos de los memoriales mencionados de forma arbitraria se emitió el mandamiento de apremio, sin conocer y oponerse a las cuestiones de hecho y de derecho, para asumir defensa, y al no conocer ninguna respuesta se lo ha puesto en estado de indefensión y se ha conculcado su derecho a la libertad y a la libre locomoción.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

El impetrante de tutela denunció la lesión de sus derechos a la libertad y el debido proceso en sus elementos defensa y e igualdad procesal de las partes, citando al efecto los arts. 23.I y II, 115 de la Constitución Política del Estado (CPE), 3 y 9 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH); 7.6 de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH); 2 num. 3) incs. a) y b) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela, disponiendo se deje sin efecto el mandamiento de apremio generado en su contra.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia pública el 6 de agosto de 2021, según consta en el acta cursante de fs. 8 a 11, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El peticionante de tutela, a través de su abogado en audiencia, ratificó íntegramente los argumentos de la acción de libertad y ampliándolo manifestó que: a) Patricia Huanca Valencia interpone demanda de asistencia familiar el 3 de noviembre de 2020, luego de ser subsanada la demanda es admitida mediante Auto de 16 de octubre del mismo año, ante lo cual en calidad de demandado presentó prueba para desvirtuar los hechos sobre los cuales versan la asistencia familiar, posteriormente la autoridad accionada emitió Sentencia otorgando una asistencia familiar de Bs1 200.- (mil doscientos bolivianos), a favor de sus dos hijas menores, sin derechos de visitas, ni tampoco estableció que el accionante “tenga la capacidad económica”; b) Presentada la liquidación de asistencia familiar aunque no la observó, si solicitó una reducción de la misma, aunque de un modo alternativo de pago; también presentó un ofrecimiento de pago en dos oportunidades, sin embargo a la fecha no ha tenido respuesta a sus solicitudes, porque el “Juzgado” se encuentra cerrado y solamente pueden entrar los abogados, “…ante ello trato de comunicarse con los auxiliares de dicho Juzgado para saber el decreto…”(sic), por lo que la recepción de los memoriales el 8 de julio hasta el 30 de julio no ha tenido respuesta; c) si bien el art. 117.3 del Código de Familias y del Proceso Familiar (CFPF) – Ley 603 de 19 de noviembre de 2014 -, refiere que se puede disponer el apremio corporal ante la negativa de dar cumplimiento al pago de asistencia familiar, empero él ofreció pagar de forma alternativa y al no tener respuesta a los memoriales presentados, el accionante estaba “consiguiendo” las formas para cumplir con la asistencia familiar; d) De manera sorpresiva el 5 de agosto de 2021 a las 14:30 aproximadamente, se hizo presente Patricia Huanca Valencia en su fuente laboral – donde presta servicios como técnico - a objeto de hacerlo aprehender con un efectivo policial, pese a que presentó memoriales para solicitar los ofrecimientos de cumplimiento de asistencia familiar los cuales no tuvieron respuesta al haberse ejecutado el mandamiento de apremio le causó indefensión, vulnerando sus derechos; e) Dentro del proceso de asistencia familiar tiene derecho a tener conocimiento de los actuados procesales y la Juez debe velar por el cumplimiento de la comunicación telemática dispuesta por el Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, para ejercer un amplio derecho a la defensa y no se vulnere su derecho a la locomoción, por lo que ante estos hechos solicitó en varias oportunidades - desde el 8 de julio de 2021- que se pronuncie la autoridad judicial ahora demandada sobre lo solicitado, por lo que solicita se le conceda la tutela y se deje sin efecto el mandamiento de apremio de 23 julio de 2021 y/o en su defecto se declare la nulidad de los actos hasta el memorial en el que se pidió el modo alternativo de suministro de asistencia familiar; f) Solicitó dar la asistencia familiar de modo alternativo, reiterando dicho ofrecimiento en dos oportunidades, y no pudo siquiera tener conocimiento del decreto que su pretensión amerito, también pidió la reducción de la asistencia familiar porque no tiene los medios económicos para solventar los Bs1 200.- (mil doscientos bolivianos); por lo que, ante estos hechos y pese de haber solicitado a la autoridad por reiteradas veces se pronuncie sobre estos extremos, hasta el momento no tiene conocimiento, de la existencia de una respuesta

I.2.2. Informe de la autoridad demandada

Irene Isabel Oblitas Aguirre, Jueza Público de Familia Tercera de El Alto del departamento de La Paz, en audiencia de forma verbal manifestó que: 1) La liquidación de Asistencia Familiar fue puesta en conocimiento del accionante en su domicilio real y la misma no fue observada, además tenía tiempo para observar o presentar recurso de apelación si no estaba de acuerdo con la asistencia familiar, lamentablemente fue descuidado por no observar la liquidación en esa etapa, además pudo ofrecer el pago de modo alternativo en especie para las menores beneficiarias, por lo que no habiendo observación a la liquidación, la demandante solicitó su aprobación y por Auto de 17 de junio de 2021, se acepta y aprueba la misma, y se dispuso que sea cumplida en el plazo de tres días, bajo alternativa de emitirse mandamiento de apremio, siendo debidamente notificado; 2) El accionante ofreció los modos de pago de la asistencia familiar en especie, en reiteradas ocasiones, pero debido a la carga laboral, recién el 2 de agosto de 2021 se emitió el Auto, refiriendo ”…de la revisión de obrados se establece a fs. 259 de obrados a Henry Salgado, solicita modo alternativo de suministrar asistencia familiar en comestibles y por la carga procesal no se decretó, asimismo por memorial de fojas 265 nuevamente reitera y solicita el modo alternativo de suministrar asistencia en aplicación del art. 368 de la Ley 603, se deja sin efecto el decreto de fecha 13 de julio de 2021, cursante a fs. 265 y se repone el memorial que ha solicitado el Sr. Salgado el modo alternativa de suministrar asistencia familiar en comestibles y se decreta lo siguiente de la solicitud traslado a la demandante para que pueda pronunciarse en el plazo de tercer día debiendo el oficial de diligencias notificar al domicilio procesal y se en el día, asimismo se mantiene firme y subsistente los otrosí de ese decreto….” (sic); c) Se cumplió con el debido proceso ya que las autoridades en “…materia de familia debe velar el interés superior de los menores beneficiarios, además la asistencia familiar tiene una características, se tiene que dar alimentos, no se puede ofrecer alimentos comestibles porque la Sentencia se ha fijado en la suma de Bs. 1200, por lo que debería interponer recurso de apelación y no esperar a que su ofrecimiento de suministro de asistencia en especie, porque es más seguro que la demandante no acepte ese modo alternativo en especie…”[sic (fs.10vta)]; y d) El mandamiento de apremio se emitió previo cumplimiento de los plazos del debido proceso y se notificó con la liquidación respectiva al demandado quien no observó la misma, merito a ello se aprobó la liquidación se notificó, y ante el incumplimiento del pago se emitió mandamiento de apremio a efectos de cumplir con la asistencia familiar devengada.

I.2.3. Resolución

El Juez de Instrucción Penal Quinto de El Alto del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 304/2021 de 6 de agosto, cursante de fs. 12 a 13 vta., denegó la tutela solicitada, bajo los siguientes fundamentos: i) El accionante “presenta dos memoriales cursantes a fs. 259 y 265 de obrados, que tiene data de fecha 6 de julio de 2021” (sic), en los cuales solicita modo alternativo de suministro de asistencia familiar y modo alternativo de pago; empero éstas solicitudes son de casi un mes de notificado con la conminatoria de pago de asistencia familiar con el Auto de 17 de junio de 2021; ii) Ante dichas solicitudes se entiende que cuando se resuelve es para lo futuro, es decir que desde cuando se emita la resolución que acepte la procedencia o no del pago será a partir de la emisión de la Resolución, no hacia atrás y recién debe calcularse en dinero si es que la parte demandante dentro del proceso de Asistencia Familiar aceptare el pago alternativo, pero no se puede retrotraer hacia lo pasado; iii) El mandamiento de apremio librado por la autoridad jurisdiccional emitido el 8 de julio de 2021, fue cumplido con todos los parámetro exigidos por la ley, aspectos que no han sido reclamados en su oportunidad; iv) El accionante reclama porque motivo no se dio respuesta a los memoriales donde solicitaba el pago alternativo de asistencia familiar, cuyo razonamiento fue explicado, porque der ser aceptada solo se aplicaría para lo futuro a partir de la emisión de la resolución de la autoridad jurisdiccional y que hasta el momento se debe pagar la Asistencia Familiar en dinero, además de forma análoga solicita reducción de asistencia familiar, y que también empieza a correr a partir de la emisión de la resolución que determine la reducción de asistencia familiar; v) Considerando que las autoridades jurisdiccionales deben salir en defensa de los menores de edad, de conformidad al art. 410 de la CPE, y según el bloque de constitucionalidad, que establece que los menores de edad son un grupo vulnerable.

I.2.4. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Por Decreto Constitucional de 19 de septiembre de 2022, cursante a fs. 17, se dispuso la suspensión del plazo procesal a objeto de recabar documentación complementaria; reanudándose el mismo a partir del día siguiente de la notificación con el Decreto Constitucional de 27 de septiembre de 2022, cursante de fs. 344 ; por lo que, la presente Sentencia es emitida dentro del plazo establecido en el Código Procesal Constitucional.

II. CONCLUSIONES

II.1. Cursa Sentencia 232/2021 de 24 de febrero dentro del proceso de Asistencia Familiar seguido por Patricia Huanca Valencia en contra de Henry Salgado Guaygua, tramitado en el Juzgado Publico de Familia Tercero de El Alto del departamento de La Paz, la cual declara probada en parte la demanda y dispone que el obligado pase una asistencia familiar a favor de sus hijas menores AA y BB, de 9 y 7 años de edad, la suma de Bs600.-(seiscientos bolivianos) a cada una haciendo un total de Bs1 200.- (mil doscientos bolivianos) de forma mensual, monto exigible a partir de la citación. (fs. 253 a 254vta.) II.2. Mediante memorial de presentación de liquidación de asistencia familiar de 7 de mayo de 2021 interpuesto por Patricia Huanca Valencia, se señala el adeudo de asistencia familiar, es calculado desde el 3 de noviembre de 2020 hasta el 3 de mayo de 2021, haciendo una suma de Bs. 7200.- (siete mil doscientos), mereciendo el decreto de 11 de igual mes y año, se dispone pase en conocimiento del obligado Henry Salgado Guaygua (fs. 267 a 268); memorial presentado el 16 de junio de 2021, la demandante solicita aprobación de liquidación, mereciendo el decreto 17 de idéntico mes y año, donde se acepta y se aprueba la liquidación de asistencia familiar y diligencia de notificación (fs. 271 a 273);a través de memorial de 7 de julio de 2021, se solicitó mandamiento de apremio en contra del ahora accionante, por incumplimiento de pago de asistencia familiar, mereciendo el decreto de 8 de igual mes y año, donde se dispone que se expida mandamiento de apremio en contra del obligado por la suma de Bs7 200.-, y sea con facultad de allanamiento y ruptura de chapas (fs. 274 a 275).

II.3. Por memorial presentado el 6 de julio de 2021, el accionante solicitó modo alternativo de suministro de asistencia familiar (fs. 286); memorial solicitando reducción de asistencia familiar, presentado el 6 de idéntico mes y año, mereciendo el decreto de 12 de igual mes y año, donde dispone que pase por la oficina de servicios comunes con la prueba quien intentara valerse (fs. 288 a 290); así mismo memorial presentado por el accionante, solicitud de modo alternativo de suministro de asistencia familiar de 9 de julio de 2021, mereciendo el decreto de 13 de idéntico mes y año que sitúa “Estese al Auto cursante a fs. 248 de obrados” (sic) (fs. 291 a 292). II.4. Consta mandamiento de apremio con facultades de allanamiento y ruptura de chapas, librado el 23 de julio de 2021, en contra de Henry Salgado Guaygua, el cual ordena sea conducido al Centro Penitenciario de San Pedro de la ciudad de La Paz, hasta que cancele la suma de Bs7 200.-, por concepto de asistencia familiar de pensión devengada (fs. 299). II.5. Cursa Auto de 2 de agosto de 2021, que refiere:

“VISTOS: De la revisión de obrados se establece que a fs. 259 de obrados el demandado Henry Salgado, solicita modo alternativo de suministrar asistencia familiar en comestibles, por la carga procesal que cuenta el Juzgado y por un lapsus calamis a dicho memorial no se decretó. Asimismo por memorial de fojas 265 de obrados nuevamente reitera y solicita el modo alternativo de suministrar asistencia familiar en comestible de conformidad Art. 119 de la Ley 603 de conformidad al art. 368 de la Ley 603 se deja sin efecto el decreto de fecha 13 de julio de 2021, cursante a fs. 265 de obrados y se repone al memorial de fs. 264 de obrados decretándose lo siguiente: De la solicitud TRASLADO a la demandante para que pueda pronunciarse dentro del plazo de tercero día debiendo el oficial de diligencias notificar al domicilio procesal y se en el día, asimismo se mantiene firme y subsistente los otrosíes 1, 2 y 3….” Del cual consten debidas notificaciones (fs. 307 a 308).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante denuncia la lesión de sus derechos a la libertad, al debido proceso en sus elementos derecho a la defensa e igualdad procesal de las partes; puesto que, dentro de la tramitación del proceso de Asistencia Familiar seguido por Patricia Huanca Valencia en su contra, la Jueza Publica de Familia Tercera del El Alto del departamento de La Paz, incurrió en persecución ilegal y procesamiento indebido; toda vez que, habiendo presentado memoriales proponiendo pago de asistencia familiar en especie y reducción de la misma, no se le notifico con los respectivos decretos que los resolvían toda vez que dicha autoridad no dio cumplimiento riguroso a los medios de notificación para tal efecto, negándole su derecho a la defensa ante la imposibilidad de conocer los mismos, emitiendo de forma arbitraria el mandamiento de aprehensión en su contra, en virtud del cual se privó de forma ilegal su libertad sin razón aparente. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela impetrada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: a) Sobre la persecución ilegal o indebida; b)

De la asistencia familiar como deber constitucional cuyo cumplimiento se encuentra garantizado por el Estado; y, c) Análisis del caso concreto.

III.1. Sobre la persecución ilegal o indebida

La persecución indebida fue definida por el anterior Tribunal Constitucional en la SC 0419/2000-R de 2 de mayo, como la acción de un funcionario público o autoridad judicial que busca, persigue u hostiga a una persona sin que exista motivo legal alguno y una orden expresa de captura emitida por autoridad competente en los casos establecidos por ley, o cuando se emite una orden de detención, captura o aprehensión al margen de los casos previstos por Ley e incumpliendo las formalidades y requisitos establecidos por ella.

Bajo esa misma línea jurisprudencial, la SC 0036/2007-R de 31 de enero, precisó los presupuestos respecto a la persecución indebida, señalando que los mismos son: 1) La búsqueda u hostigamiento a una persona con el fin de privarle de su libertad sin motivo legal o por orden de una autoridad no competente; y, 2) La emisión de una orden de detención, captura o aprehensión al margen de lo previsto por ley.

Posteriormente, la SC 0044/2010-R de 20 de abril, citando la SC 1579/2004-R de 1 de octubre, en relación a los dos supuestos señalados precisó que:

“…la persecución ilegal comprendería dos supuestos: a) Órdenes de detención al margen de los casos previstos por la ley e incumpliendo los requisitos y formalidades de ley y; b) Hostigamiento sin que exista motivo legal, ni orden de captura emitida por autoridad competente. En el primer supuesto, nos encontramos, propiamente, ante al hábeas corpus preventivo, explicado precedentemente; en tanto que el segundo, hábeas corpus restringido, que de acuerdo a la doctrina procede cuando el derecho a la libertad física es objeto de molestias, obstáculos, perturbaciones que sin ningún fundamento legal, configuran una restricción para su cabal ejercicio. No existe, en concreto una amenaza inminente de privación de libertad; sin embargo, existe limitación en su ejercicio (Citaciones ilegales policiales, vigilancia domiciliaria, etc.)”. En esa línea jurisprudencial el Tribunal Constitucional Plurinacional en la SCP 1204/2012 de 6 de septiembre señaló:

“De lo anotado se concluye que la persecución ilegal o indebida como presupuesto de activación de la acción de libertad, comprende a su vez, dos supuestos, el primero referido al hostigamiento sin motivo legal ni orden de privación de libertad física y/o de locomoción emitida por autoridad competente; y el segundo relativo a las órdenes de restricción de libertad al margen de los casos previstos por ley y sin cumplir con los requisitos y formalidades legales exigidas. En el primer caso, como señaló la jurisprudencia, estamos frente a lo que la doctrina señala como, hábeas corpus restringido; y tanto que la segunda forma está relacionada con el hábeas corpus preventivo. En resumen, el hábeas corpus restringido está destinado a la protección de la libertad física y/o libertad de locomoción, cuando éstas sufren molestias, obstáculos, incomodidades, interrupciones o perturbaciones sin que medie fundamento legal. El hábeas corpus preventivo procura impedir una lesión al derecho a la libertad y puede ser utilizado en aquellos casos en los que pese a que no se concretó la privación a dicho derecho, empero, existe la amenaza que ello ocurra incumpliendo las condiciones de validez establecidas al efecto; es decir, mediante una orden librada al margen de los casos previstos por la Constitución Política del Estado y la ley, sin la presencia de los requisitos materiales y formales establecidos al efecto...”. En ese orden, la SCP 0788/2018-S1 de 28 de noviembre, citando entre otras la Sentencia Constitucional Plurinacional 0304/2017-S2 de 3 de abril, la 0467/2018-S2 de 27 de agosto, respecto a la persecución ilegal o indebida precisó que la misma:

“…es comprendida como un acto de un funcionario público o autoridad judicial que busca, persigue y hostiga a una persona no existiendo motivo legal alguno, hecho que conforme a lo mencionado ut supra, ocurre en el presente caso (…) En ese orden, cuando existe una persecución indebida, en mérito a los alcances de la acción de libertad preventiva, en el marco de lo dispuesto por el art. 125 de la CPE, procede este mecanismo constitucional cuando la detención indebida aún no se produjo; a efectos de que la jurisdicción constitucional determine el cese de la persecución ilegal y, restituya los derechos lesionados; por lo que corresponde conceder la tutela al respecto”. Por consiguiente, conforme a la jurisprudencia glosada en forma precedente, la persecución ilegal comprende dos supuestos: i) Órdenes de detención al margen de los casos previstos por la ley e incumpliendo los requisitos y formalidades de ley; y; ii) Hostigamiento sin que exista motivo legal, ni orden de captura emitida por autoridad competente. En el primer supuesto, nos encontramos propiamente ante una acción de libertad preventiva, explicado precedentemente; en tanto que el segundo, se constituye en una acción de libertad restringida, que de acuerdo a la doctrina procede cuando el derecho a la libertad física es objeto de molestias, obstáculos, perturbaciones que sin ningún fundamento legal, configuran una restricción para su cabal ejercicio. No existe, en concreto una amenaza inminente de privación de libertad; sin embargo, existe limitación en su ejercicio (Citaciones ilegales policiales, vigilancia domiciliaria, etc.)

III.2. De la asistencia familiar como deber constitucional cuyo cumplimiento se encuentra garantizado por el Estado

La Constitución Política del Estado vigente desde el 7 de febrero de 2009, estipula en su art. 64.I el deber de los cónyuges de aportar, en igualdad de condiciones, a la formación integral de los hijos, expresando textualmente que: “Los cónyuges o convivientes tienen el deber de atender, en igualdad de condiciones y mediante el esfuerzo común, el mantenimiento y responsabilidad del hogar, la educación y formación integral de las hijas e hijos mientras sean menores o tengan alguna discapacidad” (las negrillas nos pertenecen). En correspondencia con esta norma, el art. 108 de la CPE prescribe, entre los deberes de los bolivianos y bolivianas, el de “9. Asistir, alimentar y educar a las hijas e hijos” (las negrillas son nuestras); deber cuyo cumplimiento tiene que ser garantizado por el Estado, de acuerdo al art. 9.4 de la Norma Suprema. En sintonía con la citada Ley Fundamental, el Código de las Familias y del Proceso Familiar, en su art. 109 establece el contenido de la asistencia familiar, expresando:

I. La asistencia familiar es un derecho y una obligación de las familias y comprende los recursos que garantizan lo indispensable para la alimentación, salud, educación, vivienda, recreación y vestimenta; surge ante la necesidad manifiesta de los miembros de las familias y el incumplimiento de quien debe otorgarla conforme a sus posibilidades y es exigible judicialmente cuando no se la presta voluntariamente; se priorizará el interés superior de niñas, niños y adolescentes. II. La asistencia familiar se otorga hasta cumplida la mayoría de edad, y podrá extenderse hasta que la o el beneficiario cumpla los veinticinco (25) años, a fin de procurar su formación técnica o profesional o el aprendizaje de un arte u oficio, siempre y cuando la dedicación a su formación evidencie resultados efectivos.

III. Asimismo, garantizará la recreación cuando se trate de niñas, niños

y adolescentes, de personas en situación de discapacidad y de personas adultas mayores.

IV. La asistencia familiar para personas con discapacidad se otorgará en tanto dure la situación de su discapacidad y no cuente con recursos. Las y los adultos mayores tienen ese derecho hasta el término de sus vidas.

V. La asistencia familiar se otorgará a la madre, durante el periodo de embarazo, hasta el momento del alumbramiento; el mismo beneficio será transferido a la hija o hijo nacido de acuerdo a lo establecido en este Código (las negrillas fueron añadidas). Por su parte, la doctrina constitucional desarrollada por este Tribunal, expresó las características distintivas de la obligación de la asistencia familiar, resaltando su carácter especial que la diferencia de las obligaciones civiles; el carácter personalísimo del acreedor, la intransmisibilidad a titulo universal, oneroso o gratuito; en contrapartida, expresa también que este derecho se extingue con la muerte de su titular. En síntesis, uno de los deberes que surgen del vínculo familiar es la asistencia familiar que no solo se limita a la carga económica, sino abarca una responsabilidad social destinada a contribuir al bienestar de los miembros de la familia y específicamente, a la formación integral de los hijos que se encuentran en necesidad de apoyo económico y moral. En ese sentido, la jurisprudencia constitucional expresada en la SCP 1011/2013 de 27 de junio en el Fundamento Jurídico III.3, señala:

“De las normas referidas se tiene que el deber de asistencia familiar ha sido constitucionalizado en los siguientes términos: a) Los conyugues o convivientes tienen el deber de asistencia en términos de responsabilidad igualitaria; b) La asistencia mínima vital implica los deberes de alimentar y educar a los hijos; c) En virtud del Estado Social de Derecho se entiende que la asistencia sólo es exigible en situaciones de “minoridad” o discapacidad; y, d) El deber de asistencia implica insoslayablemente una asistencia integral que implica una formación espiritual y humana completa destinada a que los padres ejerzan su rol de formación y que 5El FJ III.1 de la SC 0177/2006-R de 17 de febrero, expresa “La obligación de prestar asistencia familiar tiene características especiales que la diferencian de las demás obligaciones civiles. La disposición del citado artículo señala algunos, que por implicación comprende otros de relevancia, y configuran la naturaleza jurídica de ella. En primer término, corresponde señalar que se trata de una obligación personalísima respecto del acreedor, lo que constituye su característica distintiva. Sólo el beneficiario puede demandarla, de ahí que es intransferible, no le es dado transmitirla o cederla a título oneroso o gratuito a otra persona. Igualmente no puede transmitirse a los herederos, porque constituye uno de los derechos que se extingue con la muerte, según el art. 1003 del Código civil (CC) y 26.5 del CF, salvo los derechos de los herederos a las pensiones devengadas y a los gastos funerarios. También es una obligación personalísima para el obligado (art. 26.5 del CF) menos lo relativo a las pensiones devengadas, que deben oblarse por sus herederos, porque no se trata de hacer nacer una obligación, sino de ejecutar una ya existente y no extinguida, cuya transmisión se hace conforme al derecho común. Por ser un derecho personalísimo, todas las acciones que se relacionan con él tienen el carácter de exclusivamente personales, de lo cual resulta que los acreedores no pueden ejercerlas en lugar de los interesados”. 6El FJ III.3 de la SC 1011/2013 de 27 de junio, sostiene: “Del vínculo familiar nacen relaciones de distinta índole, por ello incorporan derechos y deberes de unos hacia otros, adquiere especial relevancia el deber de asistencia, pues éste lejos de ser una mera carga económica implica la responsabilidad social de una persona al formar parte de un núcleo familiar de contribuir en el bienestar de los miembros de la familia en la medida de sus posibilidades y el rol específico que juega dentro de la sociedad, así los padres tienen el deber fundamentalísimo de contribuir en el bienestar integral de los hijos en la medida que éstos se encuentren en una situación de necesidad de apoyo moral y económico…”.

sean coadyuvantes en garantizar conjuntamente con el Estado con el derecho fundamental a la educación.”

III.3. Análisis del caso concreto

El accionante denuncia la lesión de sus derechos a la libertad, al debido proceso en sus elementos derecho a la defensa e igualdad procesal de las partes; puesto que, dentro de la tramitación del proceso de Asistencia Familiar seguido por Patricia Huanca Valencia en su contra, la Jueza Publica de Familia Tercera del El Alto del departamento de La Paz, incurrió en persecución ilegal y procesamiento indebido; toda vez que, habiendo presentado memoriales proponiendo pago de asistencia familiar en especie y reducción de la misma, no se le notifico con los respectivos decretos que los resolvían toda vez que dicha autoridad no dio cumplimiento riguroso a los medios de notificación para tal efecto, negándole su derecho a la defensa ante la imposibilidad de conocer los mismos, emitiendo de forma arbitraria el mandamiento de aprehensión en su contra, en virtud del cual se privó de forma ilegal su libertad sin razón aparente. De la compulsa de los antecedentes, se establece que dentro del proceso de Asistencia Familiar interpuesto por Patricia Huanca Valencia en contra de Henry Salgado Guaygua, tramitado en el Juzgado Publico de Familia Tercero de El Alto del departamento de La Paz, se emitió la Sentencia 232/2021 de 24 de febrero, en cual declara probada en parte la Asistencia Familiar y dispone que el obligado pase una asistencia familiar a favor de sus hijas menores AA y BB, de 9 y 7 años de edad la suma de Bs600.-(seiscientos bolivianos) a cada una, haciendo un total de Bs1 200.-(mil doscientos bolivianos) de forma mensual, monto exigible a partir de la citación; posteriormente, el 10 de mayo de 2021, la demandante presentó memorial de liquidación de asistencia familiar, señalando que el adeudo es calculado del 3 de noviembre de 2020 al 3 de mayo de 2021, haciendo una suma de Bs7 200.-(siete mil doscientos bolivianos), mereciendo el decreto de 11 de mayo de igual año, donde se dispone que pase en conocimiento del obligado Henry Salgado Guaygua, y mediante memorial presentado el 16 de junio de 2021, la demandante solicita aprobación de liquidación, mismo que fue aceptada y aprobada por decreto de 17 de idéntico mes y año, para luego el 6 de julio de 2021, solicitó mandamiento de apremio en contra del accionante, por incumplimiento de pago de asistencia familiar, ordenándose en el decreto de 8 de junio de 2021, que el mismo sea expedido en contra del obligado por la suma de Bs7 200.-(siete mil doscientos bolivianos), sea con facultad de allanamiento y ruptura de chapas. (Conclusiones II.1 y 2.) Siendo ese el estado del proceso, el 6 de julio de 2021, el accionante presentó memorial, solicitando modo alternativo de suministro de asistencia familiar en especie; y reducción de asistencia familiar, este último mereció el decreto de 12 de igual mes y año, donde dispuso que pase por la oficina de servicios comunes con la prueba quien intentara valerse, es así que, el 9 del mes y año citados, el accionante reitero su pretensión de modo alternativo de suministro de asistencia familiar, que fue decretado el 13 de julio de 2021, “Estese al Auto cursante a fs. 248 de obrados” (sic); alternativamente el 23 de julio de 2022, se libra mandamiento de apremio con facultades de allanamiento y ruptura de chapas en contra de Henry Salgado Guaygua, para que sea conducido al Recinto Penitenciario de San Pedro de la ciudad de La Paz, hasta que cancele la suma de Bs7 200.-, por concepto de asistencia familiar de pensión devengada. (Conclusiones II. 3 y 4.) Posteriormente la autoridad jurisdiccional accionada emite el Auto de 2 de agosto de 2021, refiriendo:

“VISTOS: De la revisión de obrados se establece que a fs. 259 de obrados el demandado Henry Salgado, solicita modo alternativo de suministrar asistencia familiar en comestibles, por la carga procesal que cuenta el Juzgado y por un lapsus calamis a dicho memorial no se decretó. Asimismo, por memorial de fojas 265 nuevamente reitera y solicita el modo alternativo de suministrar asistencia familiar en comestible de conformidad Art. 119 de la Ley 603. De conformidad al art. 368 de la Ley 603 se deja sin efecto el decreto de fecha 13 de julio de 2021, cursante a fs. 265 de obrados y se repone al memorial de fs. 264 de obrados decretándose lo siguiente: De la solicitud TRASLADO a la demandante para que pueda pronunciarse dentro del plazo de tercero día debiendo el oficial de diligencias notificar al domicilio procesal y se en el día, asimismo se mantiene firme y subsistente los otrosíes 1, 2 y 3….” (sic) Del cual consten las debidas notificaciones. (Conclusión II.5.) Ahora bien, de acuerdo a lo expresado por el accionante, se entiende que el acto esencialmente denunciado en la presente acción tutelar, es precisamente la expedición del mandamiento de apremio no obstante a que el prenombrado solicitó a la autoridad ahora demandada modo alternativo de suministro de asistencia familiar en especie, de la cual alega que pese a reiterar dicha solicitud nunca se le puso en conocimiento de los decretos que merecieron, ya que la jueza demandada no dio cumplimiento riguroso a los medios de comunicación, emitiendo en su lugar mandamiento de aprehensión de manera arbitraria con el cual se privó de forma ilegal su libertad sin razón aparente; al respecto, conforme se pudo advertir de los antecedentes procesales aparejados a esta acción tutelar y consignadas en las Conclusiones del presente fallo constitucional, los actos presuntamente ilegales denunciados por el impetrante de tutela, se generan dentro de un proceso de asistencia familiar en el que se emitió la Sentencia 232/2021 de 24 de febrero, declarando probada en parte la demanda de Asistencia Familiar y dispuso que el ahora accionante pague una asistencia familiar a favor de sus hijas menores en la suma de Bs600.-(seiscientos bolivianos), y, que luego del trámite posterior, ante su incumplimiento se expidió el mandamiento de aprehensión a efectos de exigir el cumplimiento de la obligación; por lo que, la determinación asumida por la autoridad judicial demandada, se encuentra en el marco constitucional y legal, como se señaló en el art. 60 de la CPE que establecen que es deber del Estado, la sociedad y la familia, garantizar la prioridad del interés superior de la niña, niño y adolescente; asimismo, el art. 64 de la misma Norma Suprema determina que los cónyuges o convivientes tienen el deber de atender el mantenimiento y responsabilidad del hogar, la educación y formación integral de las hijas e hijos. Ahora bien, cabe precisar que respecto al extremo denunciado por el impetrante de tutela, referido a que este, a efectos de cumplir con el pago de la asistencia familiar fijada, propuso modo alternativo de pago de asistencia familiar en especie, pretendiendo hacer entender que la resolución y respuesta a dicha solicitud condicionaba que el mandamiento de aprehensión sea expedido, máxime ejecutado, no obstante el art. 119 de la Ley 603, norma que rige el proceso familiar, establece la posibilidad de que el obligado de modo alternativo de acuerdo a sus condiciones socioculturales y económicas pueda suministrar la asistencia familiar por un medio alternativo; empero, tal posibilidad está sujeta a un trámite y procedimiento conforme lo establece la indicada norma, al prever en su parágrafo I que:

“De manera excepcional y de acuerdo a las condiciones socioculturales y económicas de la o el obligado, a solicitud de la parte interesada y con aceptación de la otra, la autoridad judicial podrá autorizar temporalmente que la asistencia sea suministrada parcial o totalmente por un medio alternativo equivalente a la asignación en dinero” (el resaltado es nuestro). Consecuentemente, la aplicación de este precepto no es de aplicación inmediata o automática sino que está sujeta –como se dijo- al pronunciamiento de la parte beneficiaria siendo una pretensión expectaticia que de ninguna manera interrumpe el cumplimiento de la obligación familiar de parte de obligado, pues en caso de ser aceptada su aplicación es para los futuros pagos de asistencia familiar, además es un derecho y una obligación del obligado garantizar lo indispensable para las menores beneficiarias puedan acceder a la alimentación, salud, educación, vivienda, recreación y vestimenta; razón por la cual, los arts. 127.I y 415.VII del CFPF, establecen que el cumplimiento de la asistencia familiar no puede 7 El Código de las Familias y del Proceso Familiar en su Art. 119, establece que: (MODO ALTERNATIVO DE SUMINISTRAR LA ASISTENCIA). I. De manera excepcional y de acuerdo a las condiciones socioculturales y económicas de la o del obligado, a solicitud de la parte interesada y con aceptación de la otra, la autoridad judicial podrá autorizar temporalmente que la asistencia sea suministrada parcial o totalmente por un medio alternativo equivalente a la asignación en dinero. II. La parte beneficiaria en cualquier momento podrá solicitar la revisión del modo alternativo o solicitar el cambio por pago en dinero. 8ARTÍCULO 127. (APREMIO CORPORAL E HIPOTECA LEGAL). I. La obligación de asistencia familiar es de interés social. Su oportuno suministro no puede diferirse por recurso o procedimiento alguno, bajo responsabilidad de la autoridad judicial. II. Cuando la o el obligado haya incumplido el pago de la asistencia familiar, a petición de parte, la autoridad judicial ordenará el apremio corporal hasta seis (6) meses, y en su caso podrá ordenar el allanamiento del domicilio en el que se encuentre la o el obligado. Para el cumplimiento del apremio corporal se podrá solicitar el arraigo de la o el obligado.

III. El apremio corporal podrá suspenderse si la o el deudor ofrece el pago en el plazo que se acuerde entre las partes, no pudiendo ser mayor a tres (3) meses. La o el deudor será otra vez apremiado si no satisface su obligación en el nuevo plazo. IV. Si transcurridos tres (3) meses persistiera el incumplimiento de la oferta de pago, la autoridad judicial dispondrá la hipoteca legal sobre los bienes de la o del deudor, que se mandará inscribir de oficio. ARTÍCULO 415. (EJECUCIÓN DE LA ASISTENCIA FAMILIAR).

I. La parte beneficiaria presentará la liquidación de pago de la asistencia devengada que será puesta a conocimiento de la otra parte, quien podrá observar en el plazo de tres (3) días.

diferirse por recurso o procedimiento alguno, bajo responsabilidad de la autoridad judicial; por lo que, su incumplimiento por parte del obligado, es exigible judicialmente cuando no se la presta voluntariamente, priorizando el interés superior de niñas, niños y adolescentes y que hasta el momento de la ejecución del mandamiento de apremio, debe pagar la asistencia familiar en dinero. Asimismo, y al haber alegado que también solicito reducción de asistencia familiar -art. 123 del CFPF-, cabe aclarar que de igual forma esta solicitud, es sometida a una carga probatoria que corresponde ser tramitada de acuerdo a procedimiento y que también empieza a correr a partir de la resolución que determine la reducción de asistencia familiar, consiguientemente, tal como lo refirió la Jueza Pública de Familia Tercera demandada, el ahora accionante, tuvo conocimiento del proceso de asistencia familiar e incumplió con el pago correspondiente, razón por la cual, la privación de su libertad, es atribuible a su propia desidia y no puede ser considerado ilegal. A tal efecto, conforme se tiene desarrollado en el art. 60 de la CPE y el Fundamento Jurídico III.2 de esta Sentencia Constitucional, es deber del Estado, la sociedad y la familia, garantizar la prioridad del interés superior de la niña, niño y adolescente; asimismo el art. 64 de la Norma Suprema determina que los cónyuges o convivientes tienen el deber de atender el mantenimiento y responsabilidad del hogar, la educación y formación integral de las hijas e hijos, además el marco legal definido y la obligación que tienen el padre y la madre, por cuanto, la asistencia familiar es un derecho y una obligación de las familias y comprende los recursos que garantizan lo indispensable para la alimentación, salud, educación, vivienda, recreación y vestimenta; lo que refrenda la no interrupción de la obligación de su suministro oportuno por el interés social que representa. En el marco de lo anotado, toda vez que, en la presente acción de libertad se denuncia una supuesta persecución indebida -cuyo alcance fue explicado en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, al considerar que el mandamiento de apremio expedido por la autoridad judicial demandada fue ilegal, al no haber la jueza demandada notificado con los respectivos decretos que resuelven los memoriales presentados por el impetrante de tutela solicitando pago de asistencia familiar en especie y reducción de la misma; debe señalarse que dicha persecución no es evidente, ya que, la autoridad judicial solo dio cumplimento a lo dispuesto en las normas contenidas en los arts. 60 y 64 de la CPE, 127.I y 414.VII del CFPF; consiguientemente, no existe persecución indebida ni vulneración de los derechos a la libertad ni al debido proceso del obligado; por lo tanto, corresponde denegar la tutela solicitada. Por los fundamentos expuestos, el Juez de garantías al denegar la tutela impetrada, obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 304/2021 de 6 de agosto, cursante de fs. 12 a 13 vta., pronunciada por el Juez de Instrucción Penal Quinto de El Alto del departamento de La Paz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme a los fundamentos desarrollados en el presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. MSc. Georgina Amusquivar Moller

MAGISTRADA

Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo

MAGISTRADA

Notas al pie

1 Criterio seguido en las SSCC 0419/2000-R, 0261/2001-R y 0535/2001-R, entre otras.

2 “III.1.2. El hábeas corpus procede como un medio preventivo, cuando la detención aún no se ha producido pero puede presuponerse que la misma es inminente, en tanto que la amenaza pueda demostrarse positivamente. Este hábeas corpus está recogido en los arts. 18 de la CPE y 89 de la LTC, cuando se refieren a los casos de arbitraria, indebida o ilegal persecución, que ha sido entendida por la jurisprudencia de este Tribunal como “la acción de una autoridad que busca, persigue, u hostiga a una persona sin que exista motivo legal alguno ni una orden expresa de captura emitida por autoridad competente en los casos establecidos por ley, o cuando se emite una orden de detención, captura o aprehensión al margen de los casos previstos por ley, e incumpliendo las formalidades y requisitos exigidos por ella” (Así, SSCC 419/2000-R, 261/2001-R y 535/2001-R, entre otras)”.

3 El FJ III. 3 señala: “…Ahora bien, por un lado en el Fundamento Jurídico III.1 del presente Fallo, se estableció que una de las circunstancias de activación de la acción de libertad son los actos u omisiones que impliquen persecución indebida y por otro; en el Fundamento Jurídico III.2 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, entre otros aspectos se dejó establecido que bajo el primer cauce configurativo de este presupuesto de activación de la acción de libertad, la persecución ilegal o indebida debe ser entendida como toda acción ilegal cometida por un funcionario público o un particular, conducta que implica una manifiesta y evidente persecución, acoso, búsqueda u hostigamiento, sin que exista una justa causa fundada en derecho, destinada a suprimir, restringir, perturbar o limitar el derecho a la libertad física, la vida o algún otro derecho estrictamente vinculado a éstos dos últimos; afectaciones que por su naturaleza, inequívocamente deben ser tuteladas a través de la acción de libertad; en tal sentido, la persecución ilegal o indebida implica la existencia de: “1) la búsqueda u hostigamiento a una persona con el fin de privarle de su libertad sin motivo legal o por orden de una autoridad no competente, y 2) la emisión de una orden de detención, captura o aprehensión al margen de lo previsto por ley”. En el caso de autos, no concurren ninguno de éstos elementos, ya que si bien la accionante alega persecución indebida por la emisión injustificada de una orden de aprehensión en su contra, emitida por la autoridad demandada; sin embargo, ésta fue dejada sin efecto por la misma autoridad en forma inmediata; por tanto, al haber quedado sin efecto dicha orden no se puede alegar persecución indebida ni ilegal”.

4 “…De lo cual se colige que el mecanismo idóneo para la tutela de la libertad cuando esta se ve amenazada indebidamente es la acción de libertad preventiva”.

II. Vencido el plazo, de oficio o a instancia de parte, la autoridad judicial aprobará la liquidación de la asistencia familiar, intimando al pago dentro del tercer día. III. La autoridad judicial, a instancia de parte o de oficio y sin otra substanciación, dispondrá el embargo y la venta de los perjuicios de emitir el mandamiento de apremio respectivo con facultades de allanamiento y de ser necesario con rotura de candados o chapas de puertas. La vigencia del mandamiento es indefinida y podrá ejecutarse por cualquier autoridad. IV. El apremio no excederá el tiempo de seis (6) meses en su ejecución, que se ejecutará por un periodo de seis (6) meses, cumplido los cuales se podrá solicitar la libertad. V. Si la asistencia fijada fuere porcentual, los aumentos de sueldos, salarios y rentas determinarán el reajuste automático de las pensiones de asistencia familiar, de manera que subsista en forma constante el porcentaje fijado. VI. La petición de cese, aumento o disminución de la asistencia familiar, se sustanciará conforme al procedimiento de resolución inmediata, sin que se interrumpa la percepción de la asistencia ya fijada. En caso de cese o disminución regirá desde la fecha de la correspondiente resolución, y en caso de aumento, la nueva suma fijada correrá desde la citación con la petición. VII. El cumplimiento de la asistencia familiar no puede diferirse por recurso o procedimiento alguno bajo responsabilidad de la autoridad judicial.

9 ARTÍCULO 123. (REDUCCIÓN O AUMENTO DE LA ASISTENCIA FAMILIAR). I. La asistencia familiar se reduce o se aumenta de acuerdo a la disminución o incremento que se opera en las necesidades de la persona beneficiaria o en los recursos de la persona obligada. II. La asistencia familiar definida de manera porcentual se reajusta automáticamente de acuerdo a las variaciones de sueldos, salarios y rentas de la o las personas obligadas.

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0187_2023-S1.pdf · páginas 1 a 15.

Huella digital del PDF (SHA-256): f1e7ed1e685906f297227321a20750438f57c7f7a12404cb38566341bc8b58b2

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