B.IA.LEGAL

SCP 0186/2026-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Tercera · 16 de marzo de 2026

Concede en parte la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
16 de marzo de 2026
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrado relator
Ángel Edson Dávalos Rojas
Expediente
58930-2023-118-AAC
Departamento
Santa Cruz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia en relación a la valoración razonada de la prueba, a los principios de seguridad jurídica y de preclusión; toda vez que, los Vocales ahora demandados mediante Auto de Vista 82/23 de 31 de julio de 2023, a tiempo de resolver las apelaciones contra la Sentencia 329/2022 de 12 de octubre, la revocaron parcialmente e incrementaron la asistencia familiar a Bs2 500.-incurriendo en los siguientes defectos: 1) No se cumple con la debida fundamentación y motivación porque: 1.i) Afirmaron erróneamente que, el impetrante de tutela no presenta prueba para la “reducción” de la asistencia familiar; soslayando que, la misma fue planteada como pretensión conexa al divorcio; 1.ii) Omitieron valorar el acervo probatorio; 1.iii) Fijaron la asistencia familiar en la suma de Bs2 500.-, monto superior al establecido en el acuerdo regulador previo, sin justificar ni explicar el parámetro del “estilo de vida” y sin elementos probatorios objetivos que sustenten dicho monto; y, 1.iv) Se limitaron a citar disposiciones legales de manera genérica, omitiendo analizar el objeto central del proceso; 2) Carece de congruencia interna, por cuanto resolvieron aplicando el art. 123 del CFPF, cuando correspondía aplicar los criterios de fijación del art. […]

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 124/23 de 20 de septiembre de 2023, cursante de fs. 483 vta. a 489, pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, en consecuencia:

1° CONCEDER en parte la tutela solicitada respecto al derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia, únicamente en relación a los Fundamentos Jurídicos III.4.1, III4.2 y III.4.3. 1) y 3) del presente fallo constitucional; 2° Dejar sin Efecto el Auto de Vista 82/23 de 31 de julio de 2023; en consecuencia, disponer que, los Vocales de la Sala Civil y Comercial, Familia, Niñez, y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar Doméstica y Pública Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, emitan nuevo Auto de Vista acorde a los Fundamentos Jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, salvo que por el transcurso del tiempo el monto de la asistencia familiar haya sido modificado por resoluciones posteriores; y, 3° DENEGAR la tutela impetrada en relación al Fundamento Jurídico III.4.3. 2) de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La fundamentación y motivación de las resoluciones y el principio de congruencia como elementos de la garantía del debido proceso
  2. III.2. La revisión de la valoración de la prueba en sede constitucional
  3. III.3. Sobre el deber de la asistencia familiar
  4. III.4. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0186/2026-S3 Sucre, 16 de marzo de 2026 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de amparo constitucional Expediente: 58930-2023-118-AAC Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 124/23 de 20 de septiembre de 2023, cursante de fs. 483 vta. a 489, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Julio Cesar Jiménez Limpias contra Mirian Rosell Terrazas y Efraín Cruz Limachi, Vocales de la Sala Civil y Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar Domestica y Pública Segunda, del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Mediante los memoriales presentados el 5 y 8 de septiembre de 2023, cursantes de fs. 443 a 460; y 465 y vta., el accionante a través de su abogado manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Demandó divorcio contra Licet Mariana Salvatierra Vaca, y lo relativo a la situación de su hijo, guarda y régimen de visitas, y a la asistencia familiar, pidiendo la homologación del acuerdo regulador de asistencia familiar; a pesar del monto fijado en dicho acuerdo, ofreció un monto mayor en consideración a la asistencia familiar que provee a su otra hija y al sueldo que tiene como maestro; no obstante, la autoridad de primera instancia dictó Sentencia 329/20233 de 12 de octubre, declarando disuelto el vínculo matrimonial, cancelación de la partida matrimonial, guarda del hijo a favor de la madre y una asistencia familiar de Bs1 200.- (un mil doscientos bolivianos), sentencia que contiene una fundamentación y motivación escueta respecto a las razones de su decisión; pues, no cumple con una valoración coherente de la prueba.

En ese marco, la Sentencia fue objeto del recurso de apelación por ambas partes del proceso, emitiéndose el Auto de Vista 82/23 de 31 de julio de 2023, por la Sala Civil y Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar Doméstica y Pública Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; el cual, resolvió revocar parcialmente la Resolución de primera instancia, determinando una asistencia familiar porcentual de Bs2 500.- (dos mil quinientos bolivianos); global y total, manteniéndose incólume en lo demás lo resuelto en la referida Resolución. El Auto de Vista ahora impugnado, no solo refleja una incongruencia interna, sino también externa; es así que, en su primera página refirió que, el recurso de apelación fue remitido en efecto devolutivo; siendo que, ambos recursos fueron concedidos en el efecto suspensivo. Las autoridades judiciales -ahora demandados-, procedieron a resolver las apelaciones con argumentos incoherentes, contrarios al debido proceso en su triple dimensión; tal es así, que incurrieron en contradicción interna, al entrar en una confusión total de razonamiento, fundamentando el Auto de Vista con normativa relativa a la reducción o aumento de la asistencia familiar prevista en el art. 123 del Código de las Familias y del Proceso Familiar (CFPF) -Ley 603 de 19 de noviembre de 2014-, cuando esa interpretación es para las demandas incidentales de reducción e incremento de asistencia familiar, siendo los arts. 109 y 116.I del código mencionado, la normativa idónea para la fijación de asistencia familiar. Asimismo, en la fundamentación jurídica y motivación de su decisión, asumieron lo expuesto como agravios por la apelante -ahora tercera interesada-, relativos a la falta de valoración de la prueba, la no consideración de la jurisprudencia invocada, la no valoración de la fundamentación hecha por la demandada y la propuesta con relación a la guarda; habiendo incumplido de forma, por demás objetiva la obligación establecida en el art. 385 del CFPF. Por otra parte, con relación a la apelación que interpuso, las autoridades de segunda instancia, de forma escueta; señalaron que, incumplió con la carga de la prueba, con respecto a la solicitud de reducción de asistencia familiar; pues, no presentó prueba fehaciente que justifique la imposibilidad de generar recursos económicos, para cumplir con su obligación de acuerdo a las necesidades de su hijo. Por otra parte, se pronunciaron respecto a la observación de la personería que realizó; señalando que, es incorrecto lo observado, llegando a la conclusión que la Jueza a quo, no realizó una valoración en su conjunto de todas las circunstancias expuestas en el proceso a tiempo de dictar la Sentencia, resultando incorrecto lo resuelto en lo referente a la asistencia familiar; es así, que la Resolución ahora impugnada es incoherente; ya que, en reiteradas oportunidades se concluyó que, la misma contiene una omisión valorativa de la prueba, que en todo punto de vista es un agravio de forma; sin embargo, ambos apelantes pidieron suplir esa falencia en el fondo y valore la prueba; lo cual, no ocurrió por lo que, no se explica cómo entró a efectuar una decisión de fondo, revocando la Sentencia, pues correspondía cumplir con los elementos del debido proceso, omitiendo precisar la fundamentación; en lo que, se refiere a la descripción y evaluación de cada una de las pruebas, incurriendo en una omisión valorativa de la prueba, exigida por el art. 332 del CFPF. Si bien, la Resolución impugnada hace referencia a varias disposiciones jurídicas; empero, no hace un análisis de las mismas en relación al objeto del proceso, no señala la norma correcta, existiendo una insuficiente fundamentación jurídica, además de ser incongruente en la forma y en el fondo. El Tribunal de alzada, señaló haber suplido la omisión valorativa de la prueba, conforme normativa prevista; es decir, en materia civil, sin indicar la prueba o el hecho probado, conforme la normativa familiar prevista en los arts. 116.III, 328 y 332 del CFPF; debido a que, la fundamentación y motivación que realizan, dichas autoridades sale del margen de la lógica y razonabilidad, siendo objetivo su alejamiento de los elementos de la sana crítica; evidenciando que, no se resolvió los recursos de apelación, asumiendo una labor de Tribunal de presunción, emitiendo una decisión ultra petita, omitiendo el debido proceso, principio de preclusión, seguridad jurídica, legalidad, entre otros. En cuanto a la vulneración al debido proceso, en su vertiente fundamentación, motivación, valoración razonada de la prueba y congruencia de las resoluciones, en el recurso de apelación, denunció la falta de fundamentación y motivación en relación a la valoración congruente de la prueba y el no señalamiento de los parámetros; por el cual, se dispuso la asistencia familiar de Bs1 200.-; decisión que, fue agravada, al revocarse la Sentencia, disponiéndose el pago de Bs2 500.-(dos mil quinientos); ya que, no es lógico inferir que la misma sea proporcional al haber básico de los padres, menos porcentual como señaló el Auto de Vista impugnado, pues olvidaron que, la asistencia familiar comprende los recursos que garantizan lo indispensable para la alimentación, salud, educación, vivienda, recreación y vestimenta. Como tercer agravio, denunció que la Sentencia tiene un vicio de nulidad absoluta; toda vez que, la audiencia no se desarrolló conforme el art. 440 incs. f) y g) del CFPF; puesto que, no se realizó la producción de pruebas, ni permitió a las partes efectuar alegatos finales, en vulneración al derecho a la defensa; no obstante, la Resolución refutada no se pronunció con argumentos debidamente razonados en derecho en relación al ofrecimiento de prueba excepcional en segunda instancia, conforme lo previsto en el art. 383.I inc. b) de la norma citada.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denunció la lesión de sus derechos al debido proceso, en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia en relación a la valoración razonada de la prueba, a los principios de seguridad jurídica y de preclusión; citando al efecto los arts. 180 y 410 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela, disponiendo: a) Se deje sin efecto el Auto de Vista 82/23 de 31 de julio de 2023; y, b) Se emita nueva Resolución; en la que, se evite cometer las infracciones existentes en la Resolución acusada como lesiva de derechos fundamentales y garantías constitucionales.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia virtual el 20 de septiembre de 2023, según consta en acta cursante de fs. 478 a 483 vta.; se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante, a través de su abogado, reiteró íntegramente los términos de su acción tutelar y en audiencia manifestó: 1) Dentro del proceso de divorcio que interpuso contra Licet Mariana Salvatierra Vaca -tercera interesada-, se emitió la Sentencia 329/2022 de 12 de octubre; la cual, declaró disuelto el vínculo matrimonial, ordenando la cancelación de la partida matrimonial, guarda del hijo en favor de la madre y una asistencia familiar de Bs1 200.- mensuales, global y total; razón por el cual, se formuló apelación por ambos sujetos procesales; 2) Su recurso de apelación, se enmarcó en que la Sentencia era arbitraria e incongruente al fijar una asistencia familiar de Bs1 200.-, sin señalar los criterios por los cuales dispuso dicha suma; toda vez que, en la demanda propuso la suma de Bs500.-(quinientos bolivianos), fijándose una suma provisional de Bs800.-(ochocientos bolivianos); como segundo agravio, indicó que la mencionada Sentencia sería ilegal, carente de fundamentación y motivación de la valoración de las pruebas; y, en el tercer agravio, señaló que dicha Resolución contiene un vicio de nulidad absoluta; por lo que, bajo esos antecedentes y parámetros el solicitante de tutela, ofreció prueba excepcional de segunda instancia conforme a lo previsto por el art. 383 inc. b) del CFP, no obstante no fue valorada; 3) El Auto de Vista 82/23 de 31 de julio de 2023 -ahora impugnado-, resolvió en el fondo, revocando parcialmente la citada Sentencia, determinando una asistencia porcentual de Bs2 500.-, vulnerando así su derecho al debido proceso en su elemento congruencia a las resoluciones y el derecho a la defensa; por cuanto, la autoridades ahora demandadas únicamente se pronunciaron y resolvieron de forma vaga y escueta uno de los tres agravios expresados en su recurso de apelación; es decir, con relación a la vulneración de las pruebas, incurriendo en una incongruencia citra petita; ya que, no se pronunciaron ni resolvieron las dos restantes y tampoco efectuaron la valoración del ofrecimiento de prueba excepcional de segunda instancia; por lo tanto, la congruencia omisiva es evidente; puesto que, no existe en el fallo la estricta correspondencia entre lo peticionado y lo resuelto; 4) Asimismo la Resolución ahora objetada, ha vulnerado el derecho al debido proceso, en su vertiente fundamentación y motivación de las resoluciones, que constituye una garantía del sujeto procesal; en ese sentido, en el caso de autos se advierte inequívocamente que el citado Auto de Vista, en los apartados 3.1 y 3.2 del Considerando Tercero, las autoridades demandadas se limitaron a citar normas de carácter procesal y sustantivo relativos a la fijación de una asistencia familiar, sin realizar la fundamentación legal de fondo y menos exponer los motivos o razones que sustentan su decisión de revocar parcialmente la Sentencia de primera instancia, establecida en el punto tres, determinando una asistencia familiar de Bs2 500.- sustentando la misma en la siguiente conclusión: "…Es decir que, demostró que el obligado tiene una profesión conocida (abogado) y existe prueba del estilo de vida que el mismo ha venido otorgando a su hijo, es necesario valorizar la situación actual del beneficiario de donde se colige que el monto de 2.500 bolivianos de manera global, no puede ser sustentada, cubrir los gastos de manutención como los gastos extraordinarios, donde se tiene que la colegiatura, casos médicos y vestimenta no pueden ser cubiertos por la suma indicada por la autoridad judicial al momento de dictar sentencia, situación que debe ser reajustada conforme a la situación actual de vida que se tiene en el país, vale, decir cómo han escuchado, las autoridades ahora accionadas no exponen ni especifican sus convicciones determinativas que justifiquen el razonable o el razonamiento aplicable a su decisión, cuál sería la prueba valorada y tazada para colegir que el monto de 1.200 bolivianos determinados en primera instancia no puede sustentar o cumplir los gastos de manutención como los gastos del hijo menor de edad"(sic); 5) No se explicó de forma clara, coherente y precisa en base a qué normativa o con qué medios de prueba, se fija un nuevo monto de asistencia familiar; motivo por el cual, la motivación del referido Auto de Vista es inexistente o nula, careciendo de una debida fundamentación y afectando materialmente el derecho al debido proceso en sus vertientes fundamentación y motivación, omisión y racionalidad en la valoración de la prueba; puesto que, no se evalúo y menos efectuó la compulsa probatoria de los elementos en la que, se fundó la Sentencia de primera instancia, tampoco identificó las pruebas que fueron tazadas o valoradas para sustentar dicha Resolución conforme a ley; 6) En el apartado III.3 del Auto de Vista referida, las autoridades ahora demandadas se limitaron a citar, que el obligado tiene una profesión conocida y existe prueba del estilo de vida que, el mismo ha venido otorgando a su hijo; pero no especificó cuáles son las pruebas que sustentaría dicha conclusión, con la agravante que descartaron de la compulsa dos elementos esenciales para la determinación de la asistencia familiar, como ser los ingresos mensuales que percibe y las obligaciones de asistencia familiar que tiene con terceros, existiendo una omisión arbitraria de la prueba; pues, la única fuente de ingresos debidamente acreditada documentalmente es el haber mensual que percibe por la suma de Bs3 800.- (tres mil ochocientos bolivianos), por ejercer y desempeñar funciones en el magisterio urbano como profesor; asimismo, un elemento probatorio fundamental es que, se omitió arbitrariamente la prueba de “…fojas 4 de obras, consistente en el certificado de nacimiento N°1718080, que acreditan inequívocamente que el accionante es padre y progenitor de una hija menor de edad,..” (sic); a la que, también está obligado; y, 7) La Resolución ahora impugnada, no efectuó una descripción y evaluación de cada una de las pruebas, incurriendo en omisión valorativa; constituyendo en una lesión, de los derechos fundamentales y garantías constitucionales, ante ello cabe citar la SCP 0140/2018-S3 de 20 de abril, en la cual establece que, la autoridad judicial debe tomar en cuenta, a tiempo de fijar el monto de asistencia familiar, lo dispuesto en el art. 116.I del CFPF y “…considerar que, el cuidado obligado debe tener respecto a otros hijos...” (sic).

I.2.2. Informe de las partes demandadas

Mirian Rosell Terrazas y Efraín Cruz Limachi, Vocales de la Sala Civil y Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar Domestica y Pública Segunda del Tribunal Departamental de Justicia del departamento de Santa Cruz, no presentaron informe escrito, ni asistieron a la audiencia de garantías, pese a su notificación cursante a fs. 469 a 471.

I.2.3. Intervención de la tercera interesada

Licet Mariana Salvatierra Vaca, a través de sus abogados, en audiencia de garantías manifestó lo siguiente: i) El núcleo de la acción de amparo constitucional, no se encuentra bien fundamentado, existiendo una incongruencia en la misma; pues, no se tomó en cuenta la prueba que demuestra que el accionante es profesor; no obstante, eso no se encontraba en discusión; lo que, estaba en cuestión en la apelación planteada por la tercera interesada, era que la autoridad judicial de primera instancia, no consideró adecuadamente la calidad de profesional abogado que, tiene el impetrante de tutela, que se encuentra en el ejercicio libre de la profesión, con atención activa de procesos judiciales, por ende recibiendo honorarios profesionales, elemento que trata de esconderlo; ii) No es evidente que, la Resolución de segunda instancia sería injusta; puesto que, están de por medio los intereses de su hijo, debiendo interpretar la norma constitucional y la Resolución objetada conforme a los parámetros constitucionalizados de interpretación, principio favor debilis -en favor del débil- y el principio del interés superior del niño; pidiendo, se considere la SCP 0666/2018-S2 de 15 de octubre; respecto a la asistencia familiar en el Estado Constitucional de Derecho, que dice: “…los mandatos internacionales de protección y cuidado a los niños no fueron desarrollados ni dirigidos únicamente a aquellos progenitores que viven con sus hijos en una familia constituida, sino también para aquellos que no viven con ellos, debido a que las necesidades de otorgar una vida digna integral a sus hijos no disminuyen ni desaparecen con la separación de cuerpos de los progenitores (…) deberá comprenderse que la asistencia familiar no podrá ser fijada tomando en cuenta solo ingresos que posee el obligado, sin analizar ni considerar las necesidades de su hijo…” (sic); entonces, la fijación de la asistencia familiar no tiene que depender exclusivamente de la situación económica de los obligados que; por lo contrario, está supeditada a las necesidades básicas y primordiales de los beneficiarios, establecido en el Código Niña, Niño y Adolescente; iii) Bolivia tiene obligaciones internacionales de protección a menores de edad, a partir de dos criterios; primero, cuando hay desvinculación matrimonial no existe razón constitucional para que disminuya o desaparezca el estándar de vida que ha tenido ese menor; y, segundo, si bien la ley puede decir respecto a la posibilidad del obligado; empero, prima las necesidades del beneficiario por el interés superior del niño, esto por normas internacionales refrendadas por el Tribunal Constitucional Plurinacional; el Auto de Vista impugnado, ha resuelto en ese sentido y cuando se ve una coincidencia plena con un parámetro internacional es difícil fallar en contrario; iv) En el caso de autos, se demostró que mientras existía una relación conyugal, el niño tuvo un estándar de vida que no puede desaparecer por la desvinculación de los padres; por lo que, los Vocales cumplieron con los parámetros internacionales de protección al menor en razonabilidad con la Constitución Política del Estado; v) Ahora bien, respecto a la vulneración del debido proceso y la incongruencia; no existen, ya que la misma apeló; señalando que, el Juez de primera instancia no fijó adecuadamente el monto de asistencia familiar, no consideró pruebas relevantes respecto a la profesión de abogado del accionante y en congruencia con ello afirma que, efectivamente no se valoró la prueba y que por eso incrementó la asistencia familiar; pues no hicieron algo que, la apelante no habría pedido; vi) Respecto a la vulneración de los derechos fundamentales y garantías constitucionales por motivación, no existe trascendencia constitucional; ya que, si se concede la tutela no va a existir razón alguna para cambiar el criterio la Jueza de primera instancia; toda vez que, la misma no consideró que el impetrante de tutela es abogado, tiene una profesión activa que le genera ingresos y que es una obligación constitucional cubrir el estándar de vida que tenía su hijo mientras estaban en matrimonio; eso viene con un criterio de interpretación constitucional de la progresividad de los derechos; pues, no seguirá teniendo el nivel de vida el niño, que tenía antes porque, los derechos son progresivos y evolutivos, conforme señala el art. 13 de la CPE; por lo que, no es evidente que exista una supuesta incongruencia; vii) Las observaciones de omisión valorativa de la prueba, no tienen relevancia constitucional; porque, valorando ese elemento probatorio, no va a cambiar la situación; por otro lado, respecto a la insuficiente fundamentación, es totalmente errada, se había dicho que en la audiencia había incumplido parámetros para la evaluación de la prueba en sede constitucional y de revisión de legalidad, eso no es evidente; ya que, en ningún momento se habló de legalidad ordinaria y menos de revisión de la razonabilidad de la razón de la prueba en sede constitucional; y, viii) En la demanda de acción de amparo constitucional, no existe una expresión de agravio concreto, ni el daño ocasionado con la emisión de la Resolución, ahora impugnada, pues se debió indicar cuál es el nexo causal entre la Resolución recurrida y el derecho supuestamente afectado, lamentablemente no se hizo así; y, según un jurista cuando decía, si en alguna oportunidad se tenga que elegir entre la legalidad y la justicia, no hay donde equivocarse, es la justicia; es decir, el derecho de un niño está por encima del derecho de un padre, el derecho que tiene un niño a vivir conforme a la Constitución Política del Estado y a partir de ahí, conforme los tratados internacionales; por lo que, corresponde hacer una ponderación de derechos, cuál es un sector más vulnerable; puesto que, el accionante no cumplió con una suficiente carga argumentativa para tutelar su derecho en desmedro del derecho de su hijo. Por ello, solicitó se deniegue la tutela, declarando improcedente la acción de amparo constitucional; y, en consecuencia se disponga la imposición de costas procesales.

I.2.4. Resolución

La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, por Resolución 124/23 de 20 de septiembre de 2023, cursante de fs. 483 vta., a 489, denegó la tutela solicitada, disponiendo con base en los siguientes fundamentos: a) Debe precisarse dos cuestiones; la primera, es que debe fundarse en el precepto constitucional Reformatio in Peius, que si bien profundiza en materia penal; no obstante, la misma es aplicable transversalmente a todas las materias; lo cual, implica la prohibición de reforma en contrario ,cuando a una resolución le es acudida una sola apelación, a contrario censu, cuando más de uno impugna aquella decisión, la reforma del Tribunal de alzada, puede favorecer a cualquiera y por tanto, el precepto Non Reformatio in Peius no es aplicable, en el caso de autos ambos sujetos procesales del proceso principal, recurrieron a la apelación; motivo por el cual, dicha decisión amerita una revisión exhaustiva; b) La segunda cuestión, es que el peticionante de tutela, al momento de interponer la apelación; por el cual, se emite el Auto de Vista impugnado, reviste los tres agravios; el primero, la imposibilidad del cumplimiento de la asistencia familiar que no obedece a su realidad; el segundo, la omisión de valoración probatoria para arribar a la decisión de la Sentencia de Bs1.200.- estando de acuerdo continuar pagando los Bs800.-, que se le asignó de forma provisional; y, el tercero, la no judicialización de la prueba en audiencia; c) De todo el bagaje fundado de la aplicación del criterio de protección constitucional reforzada convencional y jurisprudencialmente; se llega a la conclusión que, cualquier agravio fundado en el debido proceso, vale decir en derechos por fundamentales que sean, son adjetivos en cuanto a la motivación arbitraria, incongruencia externa, sub iudice citra petita e interna y omisión de valoración probatoria, que hubiera reflejado la Resolución ahora objetada, que no pueden estar bajo ninguna circunstancia por sobre los derechos de protección constitucional reforzada del menor; no obstante, esta Sala Constitucional no puede limitar su decisión a ese aspecto; d) Se tuvo a bien descifrar lo medular del Auto de Vista observado, evidenciándose que para revocar parcialmente la Sentencia, las autoridades judiciales ahora demandadas argumentaron que, el accionante percibe honorarios profesionales por los casos que tiene a su cargo; aspecto con el que, sustenta su estilo de vida, el cual era proporcionado para el beneficiario anteriormente y hoy en día quiere retirarlo por desvinculación conyugal, situación que no puede ser vinculada como fundamento para determinar un monto de asistencia familiar, esto basado en la presunción de cumplimiento en condiciones de salud física y mental establecida en el art. 116.V del CFPF; e) Si bien se puede verificar inconsistencias formales en la Resolución objetada; sin embargo, en lo sustancial la decisión arribada en virtud de la motivación, se funda en que las condiciones de vida del menor a priori de la separación de sus padres, eran tales y no deben verse disminuidas como efecto del divorcio y por tanto el instituto de la asistencia familiar tiene un asidero jurídico en cuanto a la protección constitucional y convencional reforzada de los derechos del hijo y en particular del acceso a la vida digna, no es solamente vivir, sino es vivir dignamente; y, f) Corresponde aclarar que, no existe tal cosa del derecho a pagar una asistencia familiar en medida de sus posibilidades, sino que existe el derecho del menor a percibir la misma, cumpliendo mínimamente con los institutos que conforman dicho precepto y dentro de este derecho del menor, debe ponderarse las posibilidades del obligado.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Cursa acta de audiencia de divorcio de 12 de octubre de 2022, desarrollada en el Juzgado Público de Familia Cuarto de la Capital del departamento de Santa Cruz dentro el proceso de divorcio seguido por Julio Cesar Jiménez Limpias -ahora accionante- contra Licet Mariana Salvatierra Vaca -tercera interesada-; en la cual, se establece que el acto se hubiera aperturado “…conforme al art. 210 y 440 del Código de las Familias…” (sic), consta que las partes ratificaron los términos de su demanda y contestación, la solicitud que hicieron ambas partes ante la autoridad jurisdiccional; la realización de la etapa de conciliación, hace constar “…por lo que el suscrito Juez en vista de la prueba que se ofrece…” (sic); y luego pasa a resolver, no constando objeción alguna de las partes (fs. 357 y vta.). II.2. Por Sentencia 329//2022 de 12 de octubre, el Juez Público de Familia Cuarto de la Capital del departamento de Santa Cruz, declaró disuelto el vínculo matrimonial; y en consecuencia, en relación a la asistencia familiar, ordenó: “…Se determina una asistencia familiar porcentual de UN MIL DOSCIENTOS BOLIVIANOS (Bs. 1.200) mensuales GLOBAL Y TOTAL pagaderos en el sistema financiero a nombre de LICET MARIANA SALVATIERRA VACA, que corren desde 1° de julio de 2022” (sic [fs. 358 a 359 vta.]). II.3. Cursa memorial presentado el 11 de noviembre de 2022, por Jerjes Enrique Justiniano Atalá, en calidad de apoderado de Licet Mariana Salvatierra Vaca, en el cual interpuso recurso de apelación contra la Sentencia 329/2022 (fs. 363 a 366 vta.). II.4. Mediante memorial presentado el 14 de noviembre de 2022, Julio Cesar Jiménez Limpias -ahora accionante-, interpuso igualmente recurso de apelación contra la Sentencia 329/2022 (fs. 386 a 389). II.5. Por memorial de 17 de enero de 2023, Julio Cesar Jiménez Limpias -solicitante de tutela-, observo la personería del apoderado del memorial presentado por Licet Mariana Salvatierra Vaca; porque el poder de representación legal no especifica la facultad de interponer recurso de apelación (fs. 394 a 396 vta.). II.6. Cursa Auto de Vista 82/23 de 31 de julio de 2023, mediante el cual los Vocales de la Sala Civil, Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar o Domestica Pública Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz -ahora demandados-; revocaron parcialmente la Sentencia 329/2022 de 12 de octubre; en cuanto al punto 3), de la parte resolutiva de la Sentencia y dispusieron lo siguiente: “…Se determina una asistencia familiar porcentual de DOS MIL QUINIENTOS BOLIVIANOS (2.500 Bs.) GLOBAL Y TOTAL pagaderos en el sistema financiero a nombre a nombre de LICET MARIANA SALVATIERRA VACA, que corren desde 1° de julio de 2022, manteniéndose incólume lo resuelto en el punto 1 y 2 de la referida resolución” (sic [fs. 435 a 438 vta.]). Posteriormente el 10 de agosto del 2022 se notificó con el Auto de Vista, a Licet Mariana Salvatierra Vaca, y el 11 de igual data a Julio Cesar Jiménez Limpias (fs. 439 y 440).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia en relación a la valoración razonada de la prueba, a los principios de seguridad jurídica y de preclusión; toda vez que, los Vocales ahora demandados mediante Auto de Vista 82/23 de 31 de julio de 2023, a tiempo de resolver las apelaciones contra la Sentencia 329/2022 de 12 de octubre, la revocaron parcialmente e incrementaron la asistencia familiar a Bs2 500.-incurriendo en los siguientes defectos: 1) No se cumple con la debida fundamentación y motivación porque: 1.i) Afirmaron erróneamente que, el impetrante de tutela no presenta prueba para la “reducción” de la asistencia familiar; soslayando que, la misma fue planteada como pretensión conexa al divorcio; 1.ii) Omitieron valorar el acervo probatorio; 1.iii) Fijaron la asistencia familiar en la suma de Bs2 500.-, monto superior al establecido en el acuerdo regulador previo, sin justificar ni explicar el parámetro del “estilo de vida” y sin elementos probatorios objetivos que sustenten dicho monto; y, 1.iv) Se limitaron a citar disposiciones legales de manera genérica, omitiendo analizar el objeto central del proceso; 2) Carece de congruencia interna, por cuanto resolvieron aplicando el art. 123 del CFPF, cuando correspondía aplicar los criterios de fijación del art. 116 del mismo cuerpo normativo; y, 3) Incurrieron en incongruencia externa porque: 3.a) Omitieron precisar los hechos probados, se apartaron de las reglas de la sana crítica, basándose en meras presunciones y emitieron un fallo ultra petita; 3.b) Asimismo, omitieron pronunciarse sobre el vicio de nulidad absoluta, denunciado (por no haberse desarrollado la audiencia conforme al art. 440 incs. f) y g) del CFPF; y, 3.c) Sobre el ofrecimiento de prueba excepcional en segunda instancia previsto, en el art. 383.I inc. b) de la citada norma. Por todo ello, solicita se conceda la tutela solicitada; se deje sin efecto, el Auto de Vista 82/23 de 31 de julio de 2023; y se emita nueva Resolución, evitando de cometer las infracciones existentes en la Resolución acusada como lesiva de derechos fundamentales y garantías constitucionales. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. La fundamentación y motivación de las resoluciones y el principio de congruencia como elementos de la garantía del debido proceso

El derecho a una resolución fundamentada y motivada, como uno de los elementos del debido proceso, reconocido como derecho fundamental, garantía jurisdiccional y derecho humano en las normas contenidas en los arts. 115.II y 117.I de la CPE; 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), fue desarrollado en la amplia jurisprudencia constitucional, siendo uno de los antecedentes, el entendimiento contenido en la SC 1369/2001-R de 19 de diciembre; la cual, establece como exigencia del debido proceso, que toda resolución debe exponer los hechos y el fundamento legal de la decisión; de manera que, en caso de omisión, se estaría vulnerando dicho derecho. Posteriormente, en la SC 0946/2004-R de 15 de junio; aclara que, esta garantía es aplicable también en procesos administrativos y disciplinarios. En la SC 0871/2010-R de 10 de agosto, se determinan los requisitos que deben contener toda resolución jurisdiccional o administrativa con la finalidad de garantizar el derecho a la fundamentación y motivación como elemento configurativo del debido proceso, así en su Fundamento Jurídico III.3, señala:

“…a) Debe determinar con claridad los hechos atribuidos a las partes procesales, b) Debe contener una exposición clara de los aspectos fácticos pertinentes, c) Debe describir de manera expresa los supuestos de hecho contenidos en la norma jurídica aplicable al caso concreto, d) Debe describir de forma individualizada todos los medios de prueba aportados por las partes procesales, e) Debe valorar de manera concreta y explícita todos y cada uno de los medios probatorios producidos, asignándoles un valor probatorio específico a cada uno de ellos de forma motivada, f) Debe determinar el nexo de causalidad entre las denuncias o pretensiones de las partes procesales, el supuesto de hecho inserto en la norma aplicable, la valoración de las pruebas aportadas y la sanción o consecuencia jurídica emergente de la determinación del nexo de causalidad antes señalado”. En cuanto a los requisitos que debe contener una resolución administrativa en segunda instancia, la SCP 0275/2012 de 4 de junio; precisa que, dicho fallo debe exponer los hechos y citar las normas que sustentan la decisión; además, de pronunciarse sobre todos y cada uno de los aspectos impugnados en el recurso.

1 1El Cuarto Considerando, señala: “…el derecho al debido proceso, que entre su ámbito de presupuestos exige que toda Resolución sea debidamente fundamentada. Es decir, que cada autoridad que dicte una Resolución debe imprescindiblemente exponer los hechos y al margen de ello, la fundamentación legal que sustenta la parte dispositiva de la misma. (…) consecuentemente cuando un Juez omite la motivación de una Resolución, no sólo suprime una parte estructural de la misma, sino también en los hechos toma una decisión arbitraria y dictatorial que vulnera de manera flagrante el citado derecho que otorga a las partes saber el porqué de la parte dispositiva de un fallo o Resolución”. 2 El FJ III.3 indica que: “…la garantía del debido proceso no es únicamente aplicable en el ámbito judicial, sino también en el administrativo y disciplinario, cuanto tenga que determinarse una responsabilidad disciplinaria o administrativa e imponerse una sanción como ha ocurrido en el presente caso”. 3 El FJ III.2.3, refiere que: “Toda autoridad administrativa que emita una resolución en segunda instancia, debe mínimamente exponer en la resolución: 1) Los hechos, citando las normas que sustentan la parte dispositiva de la resolución, efectuando la relación de causalidad entre los hechos y la norma aplicable; 2) Pronunciamiento sobre todos y cada uno de los aspectos impugnados en el recurso de alzada, actuando en mínima petita, considerando cada aspecto de manera puntual y expresa, desarrollando una valoración lógica de los puntos impugnados, efectuar lo contrario, elimina la parte fundamental de la resolución, lesionando efectivamente el debido proceso, derivando en el extremo inaceptable que los procesados no puedan conocer cuáles son las razones del fallo y cuál es la posición del tribunal de alzada en relación con los puntos impugnados. En tanto y en cuanto, las resoluciones administrativas de segunda instancia conlleven insertas en su texto de manera expresa, las respuestas a todos los aspectos cuestionados en el recurso de impugnación, el sujeto sometido al proceso disciplinario, tendrá la plena convicción respecto a que la decisión asumida por la autoridad administrativa es a todas luces justa. Esta afirmación nos lleva a concluir que no le está permitido a la autoridad administrativa, reemplazar una adecuada y sustanciosa fundamentación por una elemental relación de antecedentes”.

Por su parte, la SC 0802/2007-R de 2 de octubre, se refiere a los supuestos de motivación arbitraria; empero, es la SCP 2221/2012 de 8 de noviembre la que desarrolla el contenido esencial del derecho a una resolución fundada; señalando que, el mismo está dado por sus finalidades implícitas, como son: a) El sometimiento a la Constitución Política del Estado y al bloque de constitucionalidad; b) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución no es arbitraria; es decir, que observa el valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia; c) Garantizar, la posibilidad del control de la resolución a través de los medios de impugnación; d) Permitir el control social de la resolución en mérito al principio de publicidad; y, e) La observancia del principio dispositivo que, implica la otorgación de respuestas a las pretensiones de las partes -quinta finalidad complementada por la SCP 0100/2013 de 17 de enero-. Respecto a la segunda finalidad descrita, en la SCP 2221/2012 como la SCP 0100/2013; señalan que, la arbitrariedad puede estar expresada en una decisión sin motivación, con motivación arbitraria, insuficiente y por la falta de coherencia del fallo. Ejemplificando refiere, que la decisión sin motivación se presenta cuando, la resolución no da razones que la sustenten; en tanto que, la motivación arbitraria es la que sostiene la decisión con fundamentos y consideraciones meramente retóricas o cuando deviene de la valoración arbitraria, irrazonable de la prueba, o en su caso, de la omisión en la valoración de la prueba 4 El FJ III.4, expresa: “Consiguientemente, aplicando los principios informadores del derecho sancionador, las resoluciones pronunciadas por el sumariante y demás autoridades competentes deberán estar fundamentadas en debida forma, expresando lo motivos de hecho y de derecho en que basan sus decisiones y el valor otorgado a los medios de prueba. Fundamentación que no podrá ser reemplazada por la simple relación de los documentos y presentación de pruebas o los criterios expuestos por las partes, y en los casos en los que existan coprocesados, resulta primordial la individualización de los hechos, las pruebas, la calificación legal de la conducta y la sanción correspondiente a cada uno de ellos en concordancia con su grado de participación o actuación en el hecho acusado”. 5 El FJ III.1, manifiesta: “En ese marco, se tiene que el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada y motivada (judicial, administrativa, o cualesquier otra, expresada en una resolución en general, sentencia, auto, etc.) que resuelva un conflicto o una pretensión está dado por sus finalidades implícitas, las que contrastadas con la resolución en cuestión, dará lugar a la verificación de su respeto y eficacia. Estas son: (1) El sometimiento manifiesto a la Constitución, conformada por: 1.a) La Constitución formal; es decir, el texto escrito; y, 1.b) Los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que forman el bloque de constitucionalidad; así como a la ley, traducido en la observancia del principio de constitucionalidad y del principio de legalidad; (2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: El valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia; (3) Garantizar la posibilidad de control de la resolución en cuestión por los tribunales superiores que conozcan los correspondientes recursos o medios de impugnación; y, (4) Permitir el control de la actividad jurisdiccional o la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado por parte de la opinión pública, en observancia del principio de publicidad. Estos elementos se desarrollarán a continuación: (…) 6 El FJ III.2, señala: “A las cuatro finalidades implícitas que determinan el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada o derecho a una resolución motivada (judicial, administrativa, o cualesquier otra, expresada en una resolución en general, sentencia, auto, etc.) que resuelva un conflicto o una pretensión cuáles son: 1) El sometimiento manifiesto a la Constitución, conformada por: 1.a) la Constitución formal, es decir, el texto escrito; y, 1.b) los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que forman el bloque de constitucionalidad; así como a la ley, traducido en la observancia del principio de constitucionalidad y del principio de legalidad; 2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: el valor justicia, el principio de interdicción de la arbitrariedad, el principio de razonabilidad y el principio de congruencia; 3) Garantizar la posibilidad de control de la resolución en cuestión por los tribunales superiores que conozcan los correspondientes recursos o medios de impugnación; 4) Permitir el control de la actividad jurisdiccional o la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado por parte de la opinión pública, en observancia del principio de publicidad (SCP 2221/2012 de 8 de noviembre, se suma un quinto elemento de relevancia constitucional; y, 5) La exigencia de la observancia del principio dispositivo. 5) La observancia del principio dispositivo, implica la exigencia que tiene el juzgador de otorgar respuestas a las pretensiones planteadas por las partes para defender sus derechos”.

aportada en el proceso; la motivación insuficiente, cuando no se da razones de la omisión de pronunciamiento sobre los planteamientos de las partes; finalmente, la falta de coherencia se da, en su dimensión interna, cuando no existe relación entre las premisas -normativa y fáctica- y la conclusión -por tanto-; en su dimensión externa, implica que la resolución debe guardar correspondencia con lo pedido o impugnado por las partes. Ambos entendimientos, sobre la coherencia interna y externa, tienen su antecedente en la SC 0863/2003-R de 25 de junio, así en la SC 0358/2010 de 22 de junio; se estableció que, en el ámbito procesal, el principio de congruencia se entiende no solo como la correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, también implica la concordancia del fallo; es decir, su coherencia interna, entendimiento que fue reiterado en la SCP 1915/2012 de 12 de octubre, entre otras. Por su parte, respecto a la congruencia de las resoluciones de segunda instancia, la SC 0682/2004-R de 6 de mayo; señala que, el pronunciamiento debe guardar correspondencia con los agravios de la apelación y la contestación de alzada. En resumen, de acuerdo a la jurisprudencia constitucional glosada, una resolución será arbitraria cuando carezca de motivación o ésta sea arbitraria o insuficiente; asimismo, cuando la resolución no tenga coherencia o congruencia interna o externa.

7 El FJ III.3, establece: “Que, al margen de ello, también cabe reiterar que el art. 236 CPC, marca el ámbito de contenido de la resolución a dictarse en apelación, pues estipula que la misma, deberá circunscribirse precisamente a los puntos resueltos por el inferior y que además hubieran sido objeto de apelación y fundamentación, de manera que el Juez o tribunal ad-quem, no puede ir más allá de lo pedido, salvo en los casos en que los vicios de nulidad constituyan lesiones a derechos y garantías constitucionales como cuando la nulidad esté expresamente prevista por ley”. 8 El FJ III.3.1, indica: “De esa esencia deriva a su vez la congruencia como principio característico del debido proceso, entendida en el ámbito procesal como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, en materia penal la congruencia se refiere estrictamente a que el imputado no podrá ser condenado por un hecho distinto al atribuido en la acusación o su ampliación; ahora bien, esa definición general, no es limitativa de la congruencia que debe tener toda resolución ya sea judicial o administrativa y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, pero además esa concordancia debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan ese razonamiento que llevó a la determinación que se asume. En base a esos criterios se considera que quien administra justicia debe emitir fallos motivados, congruentes y pertinentes”. 9 El FJ III.2, refiere: “La abundante jurisprudencia del extinto Tribunal Constitucional, ha señalado con relación al principio de congruencia -que es determinante en cualquier proceso judicial o administrativo- como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, que implica la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, que debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y juicios de valor emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan la razón que llevó a la determinación que se asume (SC 1619/2010-R de 15 de octubre). Bajo ese razonamiento, el principio de congruencia forma parte de derecho-garantía-principio del debido proceso, contemplado en el art. 115.I de la CPE”. 10 0El FJ III.1, manifiesta: “Además de ello, toda resolución dictada en apelación, no sólo por disposición legal sino también por principio general, debe sujetarse a los puntos de apelación expuestos por la parte apelante, que se entiende deben estar relacionados con lo discutido ante el juez a quo. Para el mismo objetivo -resolver la apelación-, también el juez ad quem, si se trataran de varias apelaciones y deba resolverlas en una sola resolución deberá individualizar a las partes, lo que supone también, la individualización de sus pretensiones y resolverlas de la misma forma; pues en el único caso que podrá dirigirse en su fundamentación a dos o más apelantes, será cuando éstos hubieran coincidido en sus argumentos al presentar su apelación, o varios hubieran presentado apelación en forma conjunta. Ahora bien, la misma obligación que tiene el juez ad quem frente a los apelantes, también debe cumplirla frente a la parte adversa, para el caso de que el procedimiento aplicable admita que la misma pueda responder al recurso, pues omitir las consideraciones a la respuesta igual que no responder a los puntos de apelación, resulta arbitrario y por lo mismo, daría lugar a una omisión indebida plasmada en la resolución que resuelve la apelación”.

Ahora bien, la jurisprudencia precedentemente citada debe ser complementada a partir de la relevancia constitucional que tenga la alegada arbitraria o insuficiente fundamentación y motivación de las resoluciones, es decir, que deberá analizarse la incidencia de dicho acto supuestamente ilegal en la resolución que se está cuestionando a través de la acción de amparo constitucional; pues, si no tiene efecto modificatorio en el fondo de la decisión, la tutela concedida por este Tribunal únicamente tendría como efecto el que se pronuncie una nueva resolución con el mismo resultado; consiguientemente, a partir de una interpretación previsora, si bien la arbitraria o insuficiente fundamentación, aún carezca de relevancia, deberá ser analizada por el Tribunal Constitucional Plurinacional; empero, corresponderá denegar la tutela por carecer de relevancia constitucional, con la aclaración que este entendimiento es únicamente aplicable a la justicia constitucional que no exigirá para efectuar el análisis, que la o el accionante cumpla con carga argumentativa alguna.

III.2. La revisión de la valoración de la prueba en sede constitucional

El entendimiento que asumió este Tribunal respecto a la revisión de la valoración de la prueba, tiene como antecedes a las SSCC 0129/2004-R de 28 de enero y 0873/2004-R de 8 de junio, en las cuales se establece que dicha actividad es propia de la jurisdicción ordinaria; sin embargo, abrió la posibilidad que la justicia constitucional pueda realizar el control tutelar de constitucionalidad, cuando la autoridad hubiere omitido la valoración de la prueba o se hubiere apartado de los marcos de razonabilidad y equidad previsibles para decidir; ambos supuestos fueron sistematizados por la SC 0965/2006-R de 2 de octubre. Posteriormente, la SC 0115/2007-R de 7 de marzo, sostiene 11 El FJ III.3, expresa: “No obstante lo referido precedentemente, cabe también indicar que, en resguardo de los derechos fundamentales a la seguridad jurídica, el acceso a la justicia y a una tutela efectiva, propios de la víctima que plantea la denuncia ante el Ministerio Público para que cumpla con su función de promover la acción de la justicia para perseguir y sancionar al autor del delito, este Tribunal puede analizar la conducta omisiva del representante del Ministerio Público, el juez cautelar u otra autoridad competente para intervenir en la etapa preparatoria; conductas omisivas expresadas, entre otras, en no recibir, producir o compulsar cierta prueba inherente al caso, en no recibir o providenciar memoriales denegando el derecho de petición, en no realizar actos solicitados por las partes a fin de demostrar su acusación o desvirtuar la misma, en negar el trámite de las impugnaciones o, en su caso, en la no aplicación objetiva de la Ley pertinente al caso; en consecuencia, la denuncia sobre las omisiones referidas podrá ser de conocimiento de este Tribunal y examinado el caso, se tendrá o no que otorgar la tutela”. 12 El FJ III.3, sostiene: “Por otra parte, también es preciso recordar que la compulsa de las pruebas que se aporten con el fin de obtener la cesación de la detención preventiva, es facultad exclusiva del Juez Cautelar que esté a cargo del control de la investigación, pues en los únicos casos que este Tribunal puede intervenir en la revisión de dicho análisis será cuando el juzgador se hubiera apartado de las previsiones legales que rigen el acto procesal como de los marcos de razonabilidad y equidad previsibles para decidir, si estos casos no se dan, esta jurisdicción no puede intervenir para dejar sin efecto la resolución que conceda la cesación o la rechace, ya que ello importaría una doble valoración de la prueba”. 13 3El FJ III.2, señala: “Ahora bien, siendo competencia de la jurisdicción constitucional, revisar excepcionalmente la labor de valoración de la prueba desarrollada por la jurisdicción ordinaria, únicamente, se reitera, cuando en dicha valoración: a) exista apartamiento de los marcos legales de razonabilidad y equidad previsibles para decidir; o, b) cuando se haya adoptado una conducta omisiva expresada, entre otras, en no recibir, producir o compulsar cierta prueba inherente al caso y, su lógica consecuencia sea la lesión de derechos fundamentales y garantías constitucionales; dicha competencia del Tribunal Constitucional, se reduce, en ambos casos, a establecer la ausencia de razonabilidad y equidad en la labor que también era posible revisar la valoración de la prueba cuando la decisión de la autoridad se basó en una prueba inexistente o que refleja un hecho diferente al utilizado como argumento. En ese marco, la SCP 1215/2012 de 6 de septiembre, resume los supuestos de procedencia de revisión de valoración de la prueba, citando que la justicia constitucional debe verificar si en dicha labor las autoridades: 1) No se apartaron de los marcos legales de razonabilidad y equidad; 2) No omitieron de manera arbitraria la consideración de las pruebas, ya sea parcial o totalmente; y, 3) Basaron su decisión en una prueba inexistente o que refleje un hecho diferente al utilizado como argumento. Por otro lado, en cuanto a los alcances de la revisión de la valoración de la prueba por parte de la justicia constitucional, la referida SCP 1215/2012, en el Fundamento Jurídico III.3.2, señaló que dicha competencia:

…se reduce únicamente a establecer la ausencia de razonabilidad y equidad en la labor valorativa, o bien, si existió una actitud omisiva en esta tarea, ya sea parcial o total; o finalmente, si se le dio un valor diferente al medio probatorio, al que posee en realidad, distorsionando la realidad y faltando al principio de rango constitucional, como es la verdad material, pero en ningún caso podrá pretender sustituir a la jurisdicción ordinaria, examinando directamente la misma o volviendo a valorarla, usurpando una función que no le está conferida ni legal ni constitucionalmente. En este entendido y de la precedente contextualización de línea jurisprudencial referida a la valoración de prueba, debe considerarse que una de las principales funciones de la justicia constitucional es la tutela de derechos fundamentales y garantías constitucionales; en consecuencia, debe ser una premisa en esta su labor el garantizar un real acceso a la justicia constitucional.

valorativa o la actitud omisiva en esta tarea, pero en ningún caso a sustituir a la jurisdicción ordinaria examinando la misma”. 14 El FJ III.3, indica: “Ahora bien, analizados los actos de las autoridades recurridas; en primer término los del Juez que resolvió el incidente, se debe manifestar que ha efectuado una valoración de la prueba existente en obrados del incidente que dio lugar al presente amparo constitucional; y tal como fue expuesto, dicha labor le corresponde en forma exclusiva a su autoridad, no pudiendo este Tribunal efectuar un nuevo examen de dichos medios probatorios, a no ser que la sindéresis del referido Juez exceda de los marcos de razonabilidad y equidad previsibles, desde el punto de vista de la certeza con que el material probatorio fue examinado, para asumir una decisión basada en la sana crítica; dicho de otro modo, este Tribunal, para procurar la vigencia material de los derechos fundamentales de las personas, puede analizar la valoración efectuada por los jueces ordinarios, cuando dicha apreciación no es verificable en la prueba utilizada por la autoridad judicial; por tanto, supone que el Juez asumió su decisión en una prueba inexistente, o que demuestra hechos diferentes a los que se utiliza como sustento de la Resolución judicial. En consecuencia, además de la omisión en la consideración de la prueba, que según la SC 0419/2006-R anteriormente citada es causal de excepción de la subregla de no valoración de la prueba, otra excepción se da cuando la autoridad judicial basa su decisión en una prueba inexistente o que refleja un hecho diferente al utilizado como argumento”. 15 El FJ III.3.2, establece: “En resumen, por regla general, la jurisdicción constitucional está impedida de ingresar a valorar la prueba, por ser una atribución conferida privativa y exclusivamente a las autoridades jurisdiccionales o administrativas; empero, tiene la obligación de verificar si en dicha labor: a) Las autoridades no se apartaron de los marcos legales de razonabilidad y equidad; b) No omitieron de manera arbitraria la consideración de ellas, ya sea parcial o totalmente; y, c) Basaron su decisión en una prueba inexistente o que refleje un hecho diferente al utilizado como argumento”.

A partir de lo señalado, esta Sala concluye que es posible efectuar la revisión de la valoración de la prueba, conforme a los siguientes criterios: i) La valoración de la prueba es una actividad propia de las juezas y jueces de las diferentes jurisdicciones del Órgano Judicial o de las autoridades administrativas; ii) La justicia constitucional puede revisar la valoración de la prueba cuando: ii.a) Las autoridades se apartaron de los marcos legales de razonabilidad y equidad; ii.b) Omitieron de manera arbitraria la consideración de las pruebas, ya sea parcial o totalmente; y, ii.c) Basaron su decisión en una prueba inexistente o que refleje un hecho diferente al utilizado en la argumentación; iii) La competencia de la justicia constitucional en el análisis de la revisión de la valoración de la prueba, se reduce a establecer la ausencia de razonabilidad y equidad en la labor valorativa o a constatar una actitud omisiva en esa tarea o finalmente, si se le dio un valor diferente al medio probatorio, desconociendo el principio de verdad material; y, iv) Las irregularidades en la valoración de la prueba solo darán lugar a la concesión de la tutela cuando tengan relevancia constitucional; es decir, cuando incidan en el fondo de lo demandado y sean la causa para la lesión de derechos fundamentales y/o garantías constitucionales”. Precedente jurisprudencial extraído de la SCP 0014/2018-S2 de 28 de febrero.

III.3. Sobre el deber de la asistencia familiar

Sobre el particular la SCP 0186/2018-S2 de 14 de mayo, desarrolla el siguiente entendimiento: «La Constitución Política del Estado vigente desde el 7 de febrero de 2009, estipula en su art. 64.I el deber de los cónyuges o convivientes de aportar, en igualdad de condiciones, a la formación integral de los hijos, expresando textualmente que: “Los cónyuges o convivientes tienen el deber de atender, en igualdad de condiciones y mediante el esfuerzo común, el mantenimiento y responsabilidad del hogar, la educación y formación integral de las hijas e hijos mientras sean menores o tengan alguna discapacidad”.

En correspondencia con esta norma, el art. 108.9 de la Ley Fundamental prescribe, entre los deberes de los bolivianos y bolivianas, el de: “Asistir, alimentar y educar a las hijas e hijos” (el resaltado es ilustrativo); deber cuyo cumplimiento tiene que ser garantizado por el Estado de acuerdo con el art. 9.4 de la referida Norma Suprema. En sintonía con la Constitución Política del Estado, el Código de las Familias y del Proceso Familiar, en su art. 109, establece el contenido y extensión de la asistencia familiar, expresando:

alimentación, salud, educación, vivienda, recreación y vestimenta; surge ante la necesidad manifiesta de los miembros de las familias y el incumplimiento de quien debe otorgarla conforme a sus posibilidades y es exigible judicialmente cuando no se la presta voluntariamente; se priorizará el interés superior de niñas, niños y adolescentes.

II. La asistencia familiar se otorga hasta cumplida la mayoría de edad, y podrá extenderse hasta que la o el beneficiario cumpla los veinticinco (25) años, a fin de procurar su formación técnica o profesional o el aprendizaje de un arte u oficio, siempre y cuando la dedicación a su formación evidencie resultados efectivos.

III. Asimismo, garantizará la recreación cuando se trate de niñas, niños y adolescentes, de personas en situación de discapacidad y de personas adultas mayores.

IV. La asistencia familiar para personas con discapacidad se otorgará en tanto dure la situación de su discapacidad y no cuente con recursos. Las y los adultos mayores tienen ese derecho hasta el término de sus vidas.

V. La asistencia familiar se otorgará a la madre, durante el periodo de embarazo, hasta el momento del alumbramiento; el mismo beneficio será transferido a la hija o hijo nacido de acuerdo a lo establecido en este Código (las negrillas son añadidas).

Por su parte, la doctrina constitucional desarrollada por este Tribunal, señaló las características distintivas y especiales de la obligación de la asistencia familiar que la diferencia de las obligaciones civiles; vale decir, por el carácter personalísimo respecto del acreedor, por la intransmisibilidad a titulo universal, oneroso o gratuito; en contrapartida, expresó también que este derecho se extingue con la muerte de su titular. En síntesis, uno de los deberes que surgen del vínculo familiar es la asistencia familiar, que no solo se limita a la carga económica, sino abarca una responsabilidad social, destinada a contribuir al bienestar de los miembros de la familia y específicamente a la formación integral de los hijos que se encuentran en una situación de necesidad, de apoyo económico y moral».

16La SC 0177/2006-R de 17 de febrero, en el FJ III.1, señala: “La obligación de prestar asistencia familiar tiene características especiales que la diferencian de las demás obligaciones civiles. La disposición del citado artículo señala algunos, que por implicación comprende otros de relevancia, y configuran la naturaleza jurídica de ella. En primer término, corresponde señalar que se trata de una obligación personalísima respecto del acreedor, lo que constituye su característica distintiva. Sólo el beneficiario puede demandarla, de ahí que es intransferible, no le es dado transmitirla o cederla a título oneroso o gratuito a otra persona. Igualmente no puede transmitirse a los herederos, porque constituye uno de los derechos que se extingue con la muerte, según el art. 1003 del Código civil (CC) y 26.5 del CF, salvo los derechos de los herederos a las pensiones devengadas y a los gastos funerarios. También es una obligación personalísima para el obligado (art. 26.5 del CF) menos lo relativo a las pensiones devengadas, que deben oblarse por sus herederos, porque no se trata de hacer nacer una obligación, sino de ejecutar una ya existente y no extinguida, cuya transmisión se hace conforme al derecho común.

Por ser un derecho personalísimo, todas las acciones que se relacionan con él tienen el carácter de exclusivamente personales, de lo cual resulta que los acreedores no pueden ejercerlas en lugar de los interesados”. 17La SCP 1011/2013 de 27 de junio, en el FJ III.3, expresa: “Del vínculo familiar nacen relaciones de distinta índole, por ello incorporan derechos y deberes de unos hacia otros, adquiere especial relevancia el deber de asistencia, pues éste lejos de ser una mera carga económica implica la responsabilidad social de una persona al formar parte de un núcleo familiar de contribuir en el bienestar de los miembros de la familia en la medida de sus posibilidades y el rol específico que juega dentro de la sociedad, así los padres tienen el deber fundamentalísimo de contribuir en el bienestar integral de los hijos en la medida que éstos se encuentren en una situación de necesidad de apoyo moral y económico (…)”.

Sobre la asistencia familiar, el Código de las Familias y del Proceso Familiar -Ley 603 de 19 de noviembre de 2014-, en su art. 109.I establece

La asistencia familiar es un derecho y una obligación de las familias y comprende los recursos que garantizan lo indispensable para la alimentación, salud, educación, vivienda, recreación y vestimenta; surge ante la necesidad manifiesta de los miembros de las familias y el incumplimiento de quien debe otorgarla conforme a sus posibilidades y es exigible judicialmente cuando no se la presta voluntariamente; se priorizará el interés superior de niñas, niños y adolescentes. En relación a la fijación de la asistencia familiar, el art. 116 de la citada norma, dispone:

I. La asistencia familiar se determina en proporción a las necesidades de la persona beneficiaria y a los recursos económicos y posibilidades de quien o quienes deban prestarla, y será ajustable según la variación de estas condiciones.

II. La autoridad judicial fijará la asistencia familiar en un monto fijo o porcentual, o su equivalente en modo alternativo excepcionalmente.

III.La capacidad de otorgar la asistencia familiar será apreciada en forma integral de los medios que demuestren sus ingresos periódicos, salariales u otros, conforme a boletas de pago, declaraciones impositivas y otras acreditaciones.

IV. En los casos en que exista un ingreso mensual igual o menor al salario mínimo nacional sea fijo o no, o en los casos en que el ingreso anual sea equivalente por mes al salario mínimo, el monto calificado no podrá ser menor al veinte por ciento (20%) del salario mínimo nacional, y se incrementará si existiere más de una beneficiaria o beneficiario de acuerdo a sus necesidades.

V. Se presume que el padre o la madre tienen condiciones de salud física y mental para generar recursos económicos, para cubrir la asistencia familiar a las y los beneficiarios, mientras no demuestren lo contrario; en este caso, la autoridad judicial no podrá fijar como asistencia familiar un porcentaje menor a lo establecido en el Parágrafo precedente del presente Artículo.

VI. No se considera justificativo para la reducción o incumplimiento de asistencia familiar a favor de las y de los hijos, que la persona que tiene la guarda haya establecido una nueva relación de pareja, ni el orden de los apellidos consignados en el certificado de nacimiento. Al respecto, la SCP 0140/2018-S3 de 20 de abril señala:

«...Consecuentemente, se entenderá que si los ingresos económicos mensuales del o la obligada, fuesen mayores a un salario mínimo nacional, no existirá óbice ni excusa alguna para cubrir las necesidades de sus hijos en igualdad de condiciones y responsabilidades; ya que debe tomarse en cuenta que los menores de edad no pueden dejar de comer, vestirse, educarse, contar con salud y recreación, así como tampoco pueden auto sustentarse, debido a las condiciones de vulnerabilidad en las que se encuentran por su edad; razón por la que, es obligación inexcusable de los progenitores, realizar todos los esfuerzos necesarios para cumplir sus responsabilidades; más aún, si por mandato del art. 116.V de la Ley 603, se presume que los progenitores tienen condiciones de salud suficientes para generar recursos económicos, para cubrir las necesidades de sus hijos, mientras no se demuestre lo contrario.

En dicho sentido, se entenderá que si las necesidades indispensables de los menores (no suntuosas ni superfluas), relacionadas a su alimentación, salud, vivienda, educación, recreación y vestimenta, resultaren ser mayores a las posibilidades económicas del obligado, este tendrá (por regla general) que efectuar los esfuerzos necesarios para cubrir dichos requerimientos; ya que, de no hacerlo estaría atentando la vida digna de sus hijos; esperando que el progenitor o progenitora que tiene la guarda (la madre en la mayoría de los casos), sea quien cubra una gran parte o todos los requerimientos de los beneficiarios, incluso redoblando esfuerzos o descuidando a sus hijos (más aún si se toma en cuenta que las labores de hogar para el cuidado de los hijos, representan un esfuerzo o trabajo extra que deben cumplir los progenitores que tienen a su cargo a los hijos).

Deberá comprenderse también, que la asistencia familiar, no podrá ser fijada tomando en cuenta sólo los ingresos que posee el obligado, sin analizar ni considerar las necesidades de su hijo, menos establecer montos superiores o elevados a lo que le corresponde cumplir en el marco de la igualdad de condiciones y responsabilidades; puesto que, de procederse de esa manera se estaría desnaturalizando la finalidad de la asistencia familiar, afectando incluso, el cuidado que el obligado podría tener respecto a sus otros hijos (en caso de haber constituido una nueva familia), o simplemente a sus gastos personales que necesite realizar para su propio sustento; lo que implicaría ir en contra del mandato constitucional previsto en el art. 64.I de la CPE...». En ese contexto, la jurisprudencia sentada por la SCP 1141/2025-S3 de septiembre asumió el siguiente razonamiento:

«...Por otra parte, la Constitución Política del Estado, a través de su art. 64.I, dispone que ambos padres tienen iguales obligaciones, mediante un esfuerzo común con relación a sus hijos; mandato que se encuentra refrendado por los arts. 32 incs. c), h) e i), 41.I incs. a) b), c) y d) del CFPF; y, 20 y 41 del Código Niña, Niño y Adolescente (CNNA), los cuales disponen deberes compartidos en igualdad de condiciones, para con sus hijos; en lo que respecta a: 1) Contribuir en su desarrollo integral con salud, alimentación, educación, vivienda, vestimenta, recreación y protección ; 2) Su relación paterno y materno filial, de manera igualitaria; 3) Recibir afecto de ambos progenitores; 4) Ser respetados en todas sus edades; 5) A recibir asistencia y auxilio de ambas partes; y, 6)

Ser garantes inmediatos de su derecho a la salud, estando obligados a cumplir en igualdad de condiciones con las instrucciones, controles y gastos médicos que se prescriban y establezcan.

Estos mandatos constitucionales para los progenitores, se encuentran, respaldados en los siguientes principios establecidos en el art. 6 incs. b), e) e i) del CFPF: i) Solidaridad; por el que, ambos padres deben actuar con comprensión y participación mutua, cooperación y esfuerzo común, a través de la cultura del diálogo; ii) Equidad de género; para asumir equitativas e igualitarias obligaciones y responsabilidades para con los hijos; y, iii) Interés Superior de la niña, niño y adolescente; por el cual, ambos padres deben tomar en cuenta, la preeminencia, primacía y prioridad de sus derechos y garantías frente a cualquier otro, incluso de los propios padres.

(…)

Este entendimiento, se sustenta también en el análisis de la naturaleza jurídica de la asistencia familiar; que se constituye a su vez en un derecho y obligación de carácter patrimonial y obligatorio, generando un vínculo jurídico equitativo entre los padres, para cubrir las necesidades básicas de alimentación, salud, educación, vivienda, recreación y vestimenta; lo cual, se basa en la solidaridad familiar y es exigible de manera coercitiva, cuando no se cumple voluntariamente; en consecuencia, se entiende que el derecho a la salud es una necesidad básica de las niñas, niños y adolescentes, ante lo cual, ambos padres tienen la responsabilidad de forma voluntaria y solidaria para con sus hijos, de cubrir todos los gastos que emerjan para su atención, curación, tratamiento médico y recuperación; porque lógicamente, los gastos relacionados con la salud, siempre superarán el monto establecido para la asistencia familiar que, no solo está destinada a cubrir la realización de este derecho, sino de otros.

(…)

Finalmente, este Tribunal, asume el entendimiento que ambos padres tienen el deber de compartir iguales obligaciones económicas, afectivas, educativas, de salud -entre otras-, demostrando empatía y sensibilidad en su condición de padres; de otorgarles su apoyo, comprensión, consideración por la edad, consejos, amor, entre otras necesidades físicas, emocionales, psicológicas, fisiológicas y económicas, que solo ambos padres pueden brindarles a efectos de ayudarles en su desarrollo integral, en la concreción de todos sus derechos y en el logro de su interés superior; por ello, tanto la asistencia familiar como los gastos extraordinarios relacionados con la vida y la salud del beneficiario, deben ser cancelados de forma oportuna e impostergable; de lo contrario, por omisión de responsabilidad y a causa del propio obligado, es legal la apertura de un procedimiento análogo de la asistencia familiar, a efectos de liquidar, aprobar y ejecutar el cobro adeudado, incluso con la medida coercitiva del apremio corporal, porque su finalidad es satisfacer la necesidad elemental a la salud del beneficiario, que no puede esperar prórroga alguna. Tampoco por justicia e igualdad, se puede esperar que toda la responsabilidad se sobrecargue en un solo progenitor, que tiene la guarda legal, siendo que tanto la madre y el padre, tienen obligaciones compartidas con la o el hijo».

III.4. Análisis del caso concreto

De los antecedentes cursantes en el expediente y los desarrollados en las Conclusiones del presente fallo constitucional; se corrobora que, dentro de la demanda de divorcio que planteó el accionante contra Licet Mariana Salvatierra Vaca -tercera interesada-, el Juez Público de Familia Cuarto de la Capital del departamento de Santa Cruz, mediante Sentencia 329/2022 de 12 de octubre, declarando disuelto el vínculo matrimonial, disponiendo la guarda del hijo a favor de la madre, ordenando la cancelación de la partida matrimonial, y una asistencia familiar de Bs1 200.- (Conclusión II.2); en ese marco, ambas partes interpusieron recurso de apelación contra la referida Sentencia (Conclusiones II.3, II.4 y II.5).

Las apelaciones referidas fueron resueltas por los Vocales ahora demandados, quienes mediante el Auto de Vista 82/23 de 31 de julio de 2023, revocaron parcialmente la Sentencia apelada, y en lo inherente a la asistencia familiar determinaron la suma a Bs2 500.- (Conclusión II.6). En ese contexto, concierne verificar si las autoridades jurisdiccionales demandadas, al dictar el Auto de Vista 82/23 de 31 de julio de 2023, que es ahora cuestionado, incurrieron en las vulneraciones denunciadas en la presente acción tutelar. En tal sentido, Licet Mariana Salvatierra Vaca, interpuso recurso de apelación mediante memorial de 11 de noviembre de 2022, argumentando que: i) La sentencia recurrida incurre en fundamentación omisiva por ausencia de valoración de prueba vinculada al hijo nacido dentro del matrimonio, como las facturas que presentó, la certificación del Tribunal Departamental de Justicia, los seis depósitos realizados en un solo día, sobre los cuatro bonos y aguinaldos; ii) No se tomó en cuenta que existe capacidad económica; y iii) Se incurrió en fundamentación incongruente porque, no existe prueba respecto a que el obligado, como abogado no tiene oficina, que no tendría clientela o que tenga obligación legal con su otra hija. Recurso respondido por el solicitante de tutela por memorial de 17 de enero de 2023, observando la personería porque el poder de representación legal no especificaría la facultad de interponer recurso de apelación; asimismo, que el recurso de apelación, carecería de agravios y fundamentación; por lo que, pide se confirme totalmente la Sentencia. El impetrante de tutela, por memorial presentado el 14 de noviembre de 2022, interpuso recurso de apelación, expresando los siguientes agravios: a) El Juez a quo estableció, la asistencia familiar en la suma de Bs1 200.- mensual a favor de su hijo, sin señalar criterio o fundamento alguno, no estableció si el recurrente como obligado tiene esa capacidad económica; porque, el sólo hecho que se demuestre que es maestro y abogado, no evidencia que tenga buenos ingresos económicos; además, inicialmente en su demanda propuso realizar el pago de Bs500.- como asistencia familiar, no obstante el Juez en su oportunidad impuso una asistencia familiar provisional, de Bs800.-, de acuerdo a su capacidad económica; por lo que, no puede llegar a una conclusión diferente a la que previamente arribó; lo cual, resulta ser incongruente; b) No se efectuó una valoración de las pruebas de manera clara, ni se analizó de forma integral, que su persona no tiene capacidad económica; y, c) La audiencia no se llevó a cabo conforme establece el art. 440 incs. f) y g) del CFPF; porque, no se realizó la producción de pruebas y tampoco permitió a las partes expresar sus motivaciones conclusivas. En mérito a los actos procesales descritos, los Vocales demandados, emitieron el Auto de Vista 82/23 de 31 de julio de 2023, revocando parcialmente la Sentencia 329/2022 de 12 de octubre; y respecto a la asistencia familiar fijaron a Bs2 500.-, en base a los siguientes criterios: 1) En el Considerando I, indicaron los antecedentes de las apelaciones y la respuesta del recurso de apelación; y en el Considerando II, se refirió que la competencia de los Tribunales de alzada, se encuentra limitada por la extensión de los recursos concedidos y que la transgresión de tales limites implica agravio a las garantías constitucionales; y, 2) En el Considerando III, desglosaron los fundamentos jurídicos siguientes: 2.i) Establece como el marco normativo los arts. 109.I y 123.I del CFPF; 2.ii) Respecto al agravio de la falta de valoración de las pruebas -de la apelación de Licet Mariana Salvatierra Vaca-; refirieron que, la autoridad jurisdiccional debe analizar a cabalidad los medios de prueba; así también, en relación al argumento del recurrente, en razón a que sus ingresos mensuales no le alcanzan, tomando en cuenta que, tiene su padre con discapacidad, y que sin embargo, la recurrente señaló que el obligado no justificó su incapacidad o imposibilidad de pago de la asistencia familiar; concluyendo que, no se habrían valorado las pruebas correctamente tomando en cuenta el art. 145 del Código Procesal Civil (CPC) concordante con los arts. 332 y el 116.V. de CFPF; y finalizan señalando que, al haberse “…demostrado que el obligado tiene profesión conocida (abogado) y existe prueba del estilo de vida que el mismo ha venido otorgando a su hijo, es necesario valorizar la situación actual del beneficiario, de donde se colige que el monto de 1200 Bs. no puede ser sustentada para cubrir los gastos de manutención como los gastos extraordinarios de donde se tiene la colegiatura, gastos médicos y vestimenta no pueden ser cubiertos por la suma indicada por la autoridad judicial al momento de dictar la sentencia, situación que debe ser reajustada conforme a situación actual de vida que tiene el país” (sic); 2.iii) Respecto a la apelación del impetrante de tutela; señala que, la petición de este no se encuadra con el art. 116.I del CFPF; que se debe tomar en cuenta conforme a las pruebas aportadas al proceso, que el obligado es profesional abogado; que si bien no tiene un ingreso fijo, sin embargo percibe honorarios profesionales por los casos que atiende; aspecto que, sustenta el estilo de vida que proporcionaba al beneficiado anteriormente y quiere retirarlo por la desvinculación conyugal; lo cual, no es fundamento para determinar un monto de asistencia familiar; la autoridad judicial de primera instancia, no dio cumplimiento a lo establecido en el art. 325.I del CFPF, que se refiere a la carga de la prueba; y por el cual, la parte accionante no ha presentado prueba fehaciente que justifique la imposibilidad de generar recursos económicos para cumplir con la obligación de la asistencia familiar de acuerdo a la necesidad de su hijo; 2.iv) Respecto a la observación de la personería, de la revisión del Testimonio de Poder 398/2022 de 18 de agosto, establecieron que autoriza también la interposición de recursos ordinarios y extraordinarios; y, 2.v) Conforme a los arts. 354 y 355 del CFPF, en base a la sana critica; concluyeron que, el Juez no hizo un análisis correcto de la valoración en su conjunto de todas las circunstancias expuestas en el proceso a tiempo de dictar la resolución recurrida y no priorizó el interés superior del hijo de ambos, soslayando las necesidades para el desarrollo integral. Ahora bien, corresponde analizar el Auto de Vista descrito, desglosándolo conforme al reclamo constitucional efectuado en la presente demanda tutelar:

III.4.1. Sobre la falta de fundamentación y motivación al incrementar el monto de asistencia familiar

Sobre el particular, debemos partir mencionando que en el Fundamento Jurídico III.1, de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; establece que, toda autoridad a cargo de un proceso está obligada a cumplir, exponiendo de manera suficiente, las razones que lo llevaron a tomar cierta decisión, así como las disposiciones legales que sustentan la misma; exponer los hechos, realizar la fundamentación legal y citar las normas que sostiene la parte dispositiva de la misma ; no obstante en el caso objeto de análisis, la Resolución denunciada, de ninguna manera le dio a conocer al ahora impetrante de tutela, cuáles fueron los motivos; por los que, se incrementó la asistencia familiar -en relación a la impuesta por el Juez a quo-, así los Vocales ahora demandados, no expresaron sus convicciones que justifiquen razonablemente su decisión, por cuanto: a) Respecto a la denuncia de que las autoridades jurisdiccionales afirmaron erróneamente que el ahora accionante no presentó prueba, para la reducción de la asistencia familiar como si fuera un incidente, cuando en realidad se trata de una pretensión conexa al divorcio que planteó; resulta que, de la revisión minuciosa de los antecedentes es evidente que, la presente demanda tutelar deviene del proceso de divorcio; en el cual, la asistencia familiar se constituye en una pretensión conexa, como señala el impetrante de tutela; así también, se advierte en el Auto de Vista confutado, en su punto III.1, se hace referencia a la normativa aplicable art. 123 del CFPF que, regula la reducción e incremento de la asistencia familiar; y, posteriormente en su parágrafo III.3 refiere que, Julio César Jiménez Limpias -ahora accionante- se limitó a manifestar que, no se valoró las pruebas adjuntadas, incumpliendo de esa manera la carga de la prueba que es atribuida al mismo; y, que “…de igual forma es menester mencionar que esta petición de reducción de asistencia familiar no se encuentra con lo estipulado en el Art. 116-1 del Código de las Familias y del Proceso Familiar…” (sic);

En ese marco, resulta evidente que, el incidente de reducción o incremento de asistencia familiar tiene diferentes presupuestos, porque implica que la autoridad jurisdiccional ya tenía previsto un monto de asistencia fijado ejecutoriado, de acuerdo a las necesidades del beneficiado y a la capacidad del obligado; por lo que, el incidentista que impetra reducción o incremento tiene la carga de demostrar la disminución o el incremento de la necesidad del o la beneficiaria, o de los recursos del obligado; situación que no correspondía en el caso concreto, donde no se tenía establecido ningún monto de asistencia familiar, que haya tenido calidad de cosa juzgada; máxime cuando se cuestiona la falta de ofrecimiento probatorio, cuando de la revisión de los antecedentes se tiene que, el accionante ofreció prueba vinculada a su capacidad económica tanto a la demanda como también ofreció prueba extraordinaria en instancia de apelación; empero, la misma no fue valorada por las autoridades demandados; b) En relación a la omisión valoratoria denunciada, cabe señalar que, el Juez de primera instancia fijó el monto de asistencia familiar la suma de Bs1 200, y sobre este punto el impetrante de tutela, interpuso recurso de apelación, alegando la falta de valoración de la prueba, cuando la prueba ofrecida evidenciaría que no tendría capacidad económica. Al respecto los Vocales ahora demandados, concluyeron que, evidentemente el Juez a quo, no valoró debidamente la prueba; empero, ya en su análisis para la fijación de una asistencia familiar superior a la fijada por el Juez; señalan que, el obligado es abogado y que existe prueba del estilo de vida que, el mismo ha venido otorgando a su hijo, sin precisar qué elementos probatorios le han permitido arribar a dicha conclusión.

En relación a la valoración probatoria, impele señalar que, de acuerdo a lo glosado en el Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional, uno de los tres supuestos de procedencia de revisión por los cuales este Tribunal puede revisar la valoración de la prueba es justamente ante la omisión de consideración de las pruebas, ya sea parcial o totalmente;

en cuyo caso la justicia constitucional en el análisis de la revisión de la valoración de la prueba, se reduce a establecer o a constatar la actitud omisiva en esa tarea desconociendo el principio de verdad material; estas irregularidades en la valoración de la prueba solo dará lugar a la concesión de la tutela, cuando tengan relevancia constitucional; es decir, cuando incidan en el fondo de lo demandado y sean la causa para la lesión de derechos fundamentales y garantías constitucionales; situación que se cumple en el caso concreto porque no se valoró la prueba vinculada al costo del estilo de vida del beneficiario, ni sobre la capacidad económica, respecto a la cual si había suficiente prueba misma que, no guarda coherencia con la fijación de la asistencia familiar impuesta por los Vocales ahora demandados; c) Prosiguiendo el análisis del Auto de Vista denunciado, se advierte que evidentemente, se presentó para la demanda un acuerdo regulador del divorcio en el cual, las partes habían acordado de forma voluntaria una asistencia familiar de Bs425.-(cuatrocientos veinticinco bolivianos); en la demanda de divorcio el accionante ofreció la suma de Bs500.-; el Juez a quo, fijo la asistencia familiar en la suma de Bs1 200.-; empero, los Vocales ahora demandados revocaron dicha decisión asignando la suma de Bs2 500.-; no obstante como, se ha referido en el punto anterior, no establecieron ningún parámetro objetivo del estilo de vida que motivó la imposición de dicho monto y los elementos probatorios sustentarían el mismo.

Ahora bien, conforme la jurisprudencia desglosada en el Fundamento Jurídico III.3 de este fallo constitucional, el Juez de materia familiar, al momento de fijar la asistencia familiar (imponer, reducir o incrementar), debe analizar cuáles son las necesidades vitales y racionales del hijo o beneficiario (no suntuosas o superfluas); que requiere, para su sustento y vida digna; en el marco del interés superior de la niñez y adolescencia; pero sin dejar de lado también, los ingresos y capacidad económica que, posee el obligado, guardando en todo momento el equilibrio en la responsabilidad de los padres; parámetros que, también deben observar los Vocales a momento de sustanciar los recursos de apelación. En el caso objeto de análisis, pese a que el Auto de Vista denunciado en su apartado III.2, expresa similar razonamiento y la norma respectiva, no aplicaron la misma; toda vez que, no dimensionaron cuáles son las necesidades básicas y racionales del beneficiario de la asistencia familiar, haciendo referencia simplemente a su “estilo de vida” sin siquiera mencionar, parámetro alguno sobre ese presunto estilo de vida, no analizaron si ese estilo de vida que se pretende mantener es racional o suntuoso; aspecto que, sin duda es fundamental considerando que se habría presentado abundante prueba al respecto, entre las cuales se encuentran facturas que corresponden a diferentes meses y de diferentes tipos de gastos (frecuentes, infrecuentes, personales, grupales, necesarios, etc.); lo que sin duda ameritaba un análisis minucioso para establecer un cálculo aproximado del costo de ese estilo de vida.

Asimismo, respecto al análisis de los ingresos del obligado, refieren que como abogado si bien no percibe un sueldo fijo, si percibe honorarios profesionales por los casos que tiene a su cargo, que se sustentaría el estilo de vida que ha proporcionado al beneficiario; agregando además que el obligado no ha presentado prueba que justifique imposibilidad de generar recursos económicos para cumplir con la asistencia familiar de acuerdo a las necesidades de su hijo; en ese contexto nuevamente se observa que no se tiene ni siquiera un elemento objetivo sobre el estilo de vida que tendría el beneficiario menor de edad; no se determinó la capacidad económica del obligado pese a que habría presentado boletas de pago de su salario como maestro y que su contra parte presentó las boletas de sus bonos como tal, y prueba en relación al ejercicio de la abogacía; aspectos que incluso el Juez a quo habría, en su momento, valorado aunque de forma muy general; pero, en el caso de los Vocales no analizaron la capacidad económica del obligado en contraste con el llamada “estilo de vida” del beneficiario, desconociéndose por completo cómo determinaron el monto y porcentaje que se estaría considerando para incrementar la asignación de asistencia familiar en relación a la fijada por el Juez a quo y la estipulada en el acuerdo regulatorio.

Cabe resaltar que no se puede omitir la debida fundamentación, motivación y valoración de la prueba a título del interés superior del menor de edad beneficiario, sino más bien esa obligación de las autoridades jurisdiccionales de fundamentar y motivar debidamente sus resoluciones debería ser reforzada para justificar razonablemente la fijación (imposición, reducción o incremento) del monto de asistencia familiar evitando desnaturalizar la finalidad de la asistencia y la instrumentalización del menor de edad beneficiario, tal como se establece en el Fundamento Jurídico III.3 del presente fallo constitucional; y, d) En relación a que los Vocales demandados se habrían limitado a citar disposiciones legales, sin aplicar la normativa aplicable al caso en concreto, conforme lo descrito, se advierte que es evidente que los vocales demandados han hecho cita de un compilado de normas e incluso se ha citado jurisprudencia constitucional, pero en definitiva no se ha efectuado una vinculación adecuada al caso en concreto; ya que el mismo art. 116 del CFPF que también fue invocado por las autoridades demandadas es expreso en señalar que la asistencia familiar se determina en proporción a las necesidades de la persona beneficiaria y a los recursos económicos y posibilidades de quien o quienes deban prestarla, y será ajustable según la variación de estas condiciones; pero en el caso en concreto las autoridades demandadas revocaron el Auto Interlocutorio apelado, determinando un monto de asistencia familiar superior al fijado por el Juez a quo sin analizar las necesidades del beneficiario ni la capacidad económica del obligado. De acuerdo a lo examinado anteriormente, este Tribunal Constitucional Plurinacional, en su labor de precautelar los derechos fundamentales; advierte que, los vocales ahora demandados tenían el deber de exponer una estructura lógica-jurídica que, permita a las partes comprender por qué incrementaron el monto de asistencia familiar, establecido por el Juez a quo; toda vez que, en materia familiar, si bien rige el principio del interés superior de la niñez y adolescencia, este postulado no exime al juzgador de basar su decisión en datos objetivos y pruebas valoradas mediante la sana crítica; puesto que, la fijación de un monto de asistencia familiar jamás puede fundarse en meras presunciones o juicios de valor abstractos, como en este caso, sobre la profesión del obligado o el estatus de vida presunto que, le proporcionaba al hijo; al contrario, el interés superior obliga a reforzar la fundamentación judicial para evitar la arbitrariedad. La determinación de una asistencia familiar de Bs2 500.-, carece de una explicación sobre la proporcionalidad requerida por el art. 116 del CFPF; toda vez que, no basta con citar disposiciones legales; es imperativo realizar la subsunción de los hechos en relación a los ingresos del obligado y cargas familiares preexistentes, garantizando que el monto sea suficiente para la subsistencia del beneficiario; pero, evitando decisiones discrecionales y arbitrarias.

Consecuentemente se advierte que, en efecto se vulneró el derecho al debido proceso en sus vertientes de fundamentación, y motivación del accionante, correspondiendo conceder la tutela solicitada sobre estos reclamos constitucionales.

III.4.2. Respecto a la falta de congruencia interna

Respecto a la incongruencia interna se denuncia que los Vocales ahora demandados, resolvieron el recurso de apelación aplicando el art. 123 del CFPF, cuando correspondía aplicar el art. 116 del citado código. Conforme lo establecido en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, el principio de congruencia se entiende no sólo como la correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto (externa), sino también, implica la concordancia del fallo; es decir, su coherencia interna. En el caso objeto de análisis, tal como se expuso precedentemente es evidente que, las autoridades jurisdiccionales, hicieron referencia al art. 123 del CFPF, vinculado a la reducción o incremento de la asistencia familiar, como si se tratará de un incidente de reducción o incremento de asistencia familiar, pero aun peor se argumentó que no se presentó prueba vinculada a la reducción de la asistencia familiar y dieron por hecho que, ya se tenía establecido un estilo de vida del beneficiario sin un análisis ni sustento probatorio alguno; por lo que, es evidente la incongruencia interna denunciada, correspondiendo conceder la tutela impetrada.

III.4.3. En cuanto a la incongruencia externa

1) En relación a que los Vocales ahora demandados, omitieron precisar los hechos probados, se apartaron de las reglas de la sana crítica basándose en meras presunciones y emitieron un fallo ultra petita; evidentemente esta incongruencia se ha producido como emergencia de la omisión valoratoria; ya que, omitieron establecer con qué elementos probatorios establecieron el supuesto nivel de vida del beneficiario, recayendo por ello en una mera presunción, sin la valoración de la prueba, bajo las reglas de la sana critica; si bien no incurrieron en una respuesta extra petita ya que, acogieron la solicitud de la tercera interesada recurrente, el monto de asistencia familiar que establecieron, no se encuentra sustentado en la valoración probatoria objetiva como debería haber sido. Por consecuencia, corresponde la conceder de la tutela solicitada; 2) Respecto a que las autoridades jurisdiccionales, no se pronunciaron en relación a que la Sentencia 329/2022, contendría un vicio de nulidad, que éste se podía verificar en el acta de la audiencia realizada el 12 de octubre de 2022. Sobre el particular, se verifica que los Vocales demandados no analizaron el agravio descrito; empero, esta omisión denunciada, referida a la falta de cumplimiento de las formalidades alegadas del art. 440 incs. f) y g) del CFPF (Conclusión II.1), no fue reclamada en el momento procesal oportuno; así también, verificada la Sentencia 239/202, emitida el mismo día que se desarrolló la audiencia (Conclusión II.2); se constata que, el Juez a quo, consideró la prueba aportada por el accionante consistente en “…tres boletas de pago como maestro de educación primaria con un salario mensual liquido pagable entre Bs. 3.829 a Bs. 3.864…” (sic), en relación a la contraparte, de igual forma detalló y valoró “…documentación de fs. 17 a fs. 180 consistentes en recibos y facturas de gastos de necesidades del menor, el RUAT de una MOTO marca HONDA CB 110 a nombre de LICET MARIANA SALVATIERRA VACA DE JIMENEZ, el CRPVA de una camioneta Marca Toyota, Tacoma año….” (sic); esto implica que, se efectuó la judicialización de la prueba extrañada por la parte accionante. En ese marco, si bien se constata la omisión denunciada, ésta carece de relevancia constitucional, considerando la incidencia de dicho acto supuestamente ilegal en la resolución que se está cuestionando a través de la acción de amparo constitucional; pues, de concederse la tutela solicitada, por esta denuncia no se tendría ningún efecto modificatorio en el fondo de la decisión; considerando el principio de trascendencia y lo prescrito por el art. 249.II del CFPF, que prevé la imposibilidad de declararse la nulidad de un acto consentido aunque sea de manera tácita. De acuerdo al entendimiento desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, corresponde denegar la tutela impetrada; y, 3) En relación a que las autoridades jurisdiccionales, omitieron la valoración de la prueba presentada como excepcional para la apelación vinculada a los gastos, que él tiene en relación a su padre conforme el art. 383 del CFPF.

Al respecto, los Vocales demandados en el Auto de Vista impugnado hacen referencia al argumento que, el accionante señaló en su apelación “…la parte recurrente manifiesta de que los ingresos mensuales que percibe no alcanza para cubrir la asistencia familiar, tomando en cuenta que tiene a su padre con discapacidad a su cargo…” (sic), luego hacen referencia al fundamento de la contraparte y concluyen “…incurriendo en error el demandado-apelante, pues el mismo progenitor tiene conocimiento sobre la obligación y las necesidades que requieren su hijo beneficiario…” (sic); empero, no establecen qué valor asignaron a las documentales ofrecidas vinculadas en determinada forma a la capacidad económica del obligado; dado que, el estado de salud de su padre le generaría no sólo un gasto en manutención sino también la reducción de tiempo en el ejercicio de la abogacía, lo que debió ser valorado, claro sin dejar de lado una debida ponderación acorde al interés superior del menor de edad.

Por lo expuesto, acorde a lo desarrollado en los Fundamentos Jurídicos III.1 y III.2 del presente fallo constitucional; advirtiéndose que, en relación a esta temática también se omitió emitir pronunciamiento, lo cual vulnera los derechos fundamentales del accionante al debido proceso en sus vertientes fundamentación y motivación en relación a la valoración de la prueba. Por ello, corresponde conceder la tutela solicitada, en relación a este acápite. En consecuencia, la Sala Constitucional al denegar la tutela impetrada, obró de forma parciamente correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 124/23 de 20 de septiembre de 2023, cursante de fs. 483 vta. a 489, pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, en consecuencia:

1° CONCEDER en parte la tutela solicitada respecto al derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia, únicamente en relación a los Fundamentos Jurídicos III.4.1, III4.2 y III.4.3. 1) y 3) del presente fallo constitucional; 2° Dejar sin Efecto el Auto de Vista 82/23 de 31 de julio de 2023; en consecuencia, disponer que, los Vocales de la Sala Civil y Comercial, Familia, Niñez, y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar Doméstica y Pública Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, emitan nuevo Auto de Vista acorde a los Fundamentos Jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, salvo que por el transcurso del tiempo el monto de la asistencia familiar haya sido modificado por resoluciones posteriores; y, 3° DENEGAR la tutela impetrada en relación al Fundamento Jurídico III.4.3. 2) de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

Fdo. Boris Wilson Arias López

MAGISTRADO

Notas al pie

I. La asistencia familiar es un derecho y una obligación de las familias y comprende los recursos que garantizan lo indispensable para la

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0186_2026-S3.pdf · páginas 1 a 30.

Huella digital del PDF (SHA-256): 76582cd3b73d6fc0b5d36c65091d33b7af00ddfc2ac6b2c0b8b2663dd8ccc1b9

La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.

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