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SCP 0185/2026-S2

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 25 de febrero de 2026

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Segunda
Fecha
25 de febrero de 2026
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
Boris Wilson Arias López
Expediente
58110-2023-117-AL
Departamento
Santa Cruz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante, a través de sus representantes sin mandato, denuncia la vulneración de su derecho a la libertad y el principio de celeridad; toda vez que, pese a haber solicitado el 24 de agosto de 2023 audiencia de cesación de la detención preventiva, el Juez demandado no señaló audiencia, respondiendo mediante providencia emitida el mismo día, que el expediente habría sido remitido al Tribunal de Sentencia de Concepción, por lo que perdió competencia para conocer el caso; sin embargo, en comunicación con el Secretario del indicado Tribunal, le indicó que el expediente aún no había sido remitido y radicado, motivo por el cual aún corresponde al Juez demandado conocer y resolver su solicitud. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 23/23 de 1 de septiembre de 2023, cursante de fs. 16 a 17, pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Decimoprimera de la Capital del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia, CONCEDER la tutela impetrada, en los mismos términos dispuestos por la Jueza de garantías.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. De la acción de libertad traslativa o de pronto despacho
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0185/2026-S2 Sucre, 25 de febrero de 2026 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de libertad Expediente: 58110-2023-117-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 23/23 de 1 de septiembre de 2023, cursante de fs. 16 a 17, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por José César Cardona Lizondo y Lucy Ventura Rocha en representación sin mandato de Basilio Condo Gutiérrez contra Ricardo Zegarra Coca, Juez Público Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal Primero de San Julián del departamento de Santa Cruz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 31 de agosto de 2023, cursante a fs. 1 y 6 a 9, el accionante, a través de sus representantes sin mandato, manifiesta lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

El 26 de mayo de 2023, en audiencia de medidas cautelares, Ricardo Zegarra Coca, Juez Público Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal Primero de San Julián del departamento de Santa Cruz -ahora demandado-, dispuso su detención preventiva por el plazo de seis meses en el Centro de Readaptación Productiva Okinawa de Montero (CERPROM) del departamento de Santa Cruz; sin embargo, quedaron latentes riesgos procesales que debía demostrar que se habían modificado, por lo que, luego de realizarse las diligencias correspondientes y obtenerse las pruebas pertinentes, el 24 de agosto del mismo año, solicitó audiencia de cesación de la detención preventiva; no obstante, la autoridad demandada, hasta el presente, no resolvió dicha solicitud ni señaló audiencia para su consideración.

Posteriormente, se le indicó que el memorial se encontraba en despacho, por lo que esperó hasta el 28 de agosto de 2023, una respuesta o señalamiento de audiencia de cesación; empero, la autoridad demandada, mediante una “supuesta” providencia de 24 de igual mes y año, comunicó que el expediente habría sido remitido al Tribunal de Sentencia de Concepción del departamento de Santa Cruz; pese a ello, hasta la fecha no se habría dado curso al memorial de solicitud de audiencia de cesación a la detención preventiva. Asimismo, teniendo conocimiento de que el expediente aún no fue radicado en el indicado Tribunal de Sentencia, es competencia del Juez demandado llevar adelante dicha audiencia.

I.1.2. Derecho y principio supuestamente vulnerado

El accionante, a través de sus representantes sin mandato, denuncia la lesión de sus derechos a la libertad y al principio de celeridad; citando al efecto los arts. 22, 23.I, 115, 120 y 178 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela impetrada; y, en consecuencia, se ordene a la autoridad demandada señalar día y hora de audiencia de cesación a la detención preventiva.

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías

Celebrada la audiencia virtual el 1 de septiembre de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 15 a 16, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante, a través de su abogado, ratificó in extenso el contenido de su acción de libertad y, ampliando en audiencia, señaló que: a) La presente constituye la tercera acción de libertad presentada, debido a que la autoridad jurisdiccional no señaló fecha y hora para la audiencia de cesación a la detención preventiva, pese a que ya se concedieron dos acciones previas con similar finalidad; y, b) El 24 de agosto de 2023, presentó su tercera solicitud de audiencia, ante lo cual se emitió un decreto indicando que el cuaderno procesal habría sido remitido al Tribunal de Sentencia de Concepción; sin embargo, conforme se verificó con el secretario de dicho Tribunal, el expediente aún no se encontraría radicado.

I.2.2. Informe de la parte demandada

Ricardo Zegarra Coca, Juez Público Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal Primero de San Julián del departamento de Santa Cruz, no presentó informe escrito ni asistió a la audiencia de garantías, pese a su citación cursante a fs. 12.

I.2.3. Resolución

La Jueza de Sentencia Penal Decimoprimera de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituida en Jueza de garantías, por Resolución 23/23 de 1 de septiembre de 2023, cursante de fs. 16 a 17, concedió la tutela solicitada, ordenando que la autoridad demandada, a partir de su notificación, lleve a cabo la audiencia de cesación a la detención preventiva en el plazo de cuarenta y ocho horas; con base en el siguiente fundamentos, 1) Mediante memorial de 23 de agosto de 2023, el accionante solicitó fecha y hora de audiencia de cesación a la detención preventiva, no obstante, la autoridad demandada, mediante decreto de 24 de igual mes y año, indicó haber perdido competencia por la presentación de acusación fiscal afirmando que el expediente fue remitido elevado el 22 del mismo mes y año, situación que derivó en la falta de señalamiento de audiencia; sin embargo, no existe constancia que acredite la remisión efectiva del expediente en alzada, puesto que el Juez demandado no presentó informe, certificación ni respaldo que demuestre el cargo de recepción, por lo que es aplicable el principio de veracidad, ya que, pese a estar notificado, no remitió informe ni documentación para desvirtuar las afirmaciones del impetrante de tutela; y, 2) El peticionante de tutela presentó dos acciones de libertad anteriores con resultados favorables, en las que se dispuso la realización de la audiencia de cesación, al evidenciarse un plazo superior al establecido por el Código de Procedimiento Penal, demostrando un actuar omisivo por parte de la autoridad demandada; por lo que, mientras la causa no se encuentre formalmente radicada ante el Tribunal de Sentencia, el Juez demandado mantiene competencia para conocer solicitudes de cesación a la detención preventiva.

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Por decreto constitucional de 5 de diciembre de 2025, se dispuso la suspensión de plazo a objeto de recabar documentación complementaria; reanudándose el mismo mediante decreto constitucional de 12 de febrero de 2026 y notificado a las partes procesales el 24 de igual mes y año; por lo que, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, es emitida dentro de plazo.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Mediante memorial presentado el 24 de agosto de 2023, Basilio Condo Gutiérrez -ahora accionante- solicitó Ricardo Coca Zegarra, Juez Público Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal Primero de San Julián del departamento de Santa Cruz -ahora demandado-, señale día y hora de audiencia de cesación a la detención preventiva (fs. 2 y vta.).

II.2. Por decreto de 24 de agosto de 2023, el Juez demandado dispuso lo siguiente: “Con la solicitud que antecede estese al auto de remisión por acusación toda vez que el suscrito juez a partir de la presentación de la acusación fiscal ha perdido competencia para conocer la presente casusa mucho mas que el expediente se ha remitido al tribunal de sentencia en fecha 22 de agosto de 2023 según guía adjunta” (sic [fs. 3]).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante, a través de sus representantes sin mandato, denuncia la vulneración de su derecho a la libertad y el principio de celeridad; toda vez que, pese a haber solicitado el 24 de agosto de 2023 audiencia de cesación de la detención preventiva, el Juez demandado no señaló audiencia, respondiendo mediante providencia emitida el mismo día, que el expediente habría sido remitido al Tribunal de Sentencia de Concepción, por lo que perdió competencia para conocer el caso; sin embargo, en comunicación con el Secretario del indicado Tribunal, le indicó que el expediente aún no había sido remitido y radicado, motivo por el cual aún corresponde al Juez demandado conocer y resolver su solicitud. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. De la acción de libertad traslativa o de pronto despacho

El art. 115.II de la CPE, establece que: “El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones”; en consecuencia, consagra el principio de celeridad como un componente esencial del debido proceso, lo cual exige que toda causa -sea esta judicial o administrativa- se tramite sin demoras innecesarias; es decir, de manera oportuna. Por su parte, los arts. 178.I y 180.I de la Norma Suprema, instituyen de manera explícita la aplicación del citado principio en la potestad de impartir justicia. Con referencia a la acción de libertad en su modalidad traslativa o de pronto despacho, la SC 0224/2004-R de 16 de febrero, sostuvo que: “…toda autoridad que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa, que siempre tendrá que otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva, pues esto dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, dado que se reitera la lesión del derecho a la libertad física, está en la demora o dilación indebida de una solicitud de tal naturaleza…” (el resaltado es propio).

III.2. Análisis del caso concreto

De antecedentes se tiene que, mediante memorial presentado el 24 de agosto de 2023, Basilio Condo Gutiérrez -ahora accionante- solicitó ante el Juzgado Público Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal Primero de San Julián del departamento de Santa Cruz, se señale día y hora de audiencia de cesación a la detención preventiva (Conclusión II.1); por lo cual, mediante decreto del mismo día y mes, Ricardo Zegarra Coca, Juez Público Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal Primero de San Julián del departamento -ahora demandado-dispuso: “Con la solicitud que antecede estese al auto de remisión por acusación toda vez que el suscrito juez a partir de la presentación de la acusación fiscal ha perdido competencia para conocer la presente casusa mucho más que el expediente se ha remitido al tribunal de sentencia en fecha 22 de agosto de 2023 según guía adjunta” (sic [Conclusión II.2]). En ese orden, debe tenerse en cuenta que, conforme la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.1, el principio de celeridad constituye un componente esencial de la garantía al debido proceso y es plenamente exigible en aquellas actuaciones en las que se encuentra comprometido el derecho a la libertad personal, de modo que toda autoridad jurisdiccional que conozca una solicitud de cesación a la detención preventiva tiene el deber de tramitarla con la mayor diligencia posible y dentro de plazos razonables, contexto en el cual dicha dilación indebida cuando se encuentra directamente relacionada con el derecho a la libertad permite activar la acción de libertad traslativa o de pronto despacho. En el caso concreto, se advierte que desde la presentación del memorial de la solicitud de cesación a la detención preventiva, el 24 de agosto de 2023, hasta la interposición de la presente acción de libertad, la autoridad judicial demandada no atendió la solicitud del accionante al no señalar audiencia de consideración de cesación a la detención preventiva, limitándose a disponer, mediante decreto de la misma fecha, que había perdido competencia para conocer la causa por haber remitido el expediente al Tribunal de Sentencia de Concepción del departamento de Santa Cruz; sin embargo, conforme señaló el accionante en audiencia de garantías y en su memorial de acción de libertad, éste se puso en contacto con el Secretario del referido Tribunal, quien le habría indicado que el expediente aún no fue radicado ante dicha instancia; en ese sentido, considerando que este último aspecto no fue controvertido por la autoridad demandada al no haber presentado informe y documentación de descargo, se evidencia una dilación indebida en la tramitación de la solicitud del accionante, puesto que mientras el expediente no haya sido radicado materialmente ante un Juez o Tribunal de Sentencia Penal, la autoridad demandada mantiene tiene jurisdicción y competencia para atender la solicitud del accionante. Por otro lado, si bien en el acta de audiencia el accionante refiere como antecedente que esta es la tercera acción de libertad en contra de la misma autoridad demandada, y, de la revisión del Sistema de Gestión Procesal de este Tribunal, se verifica la existencia de dos acciones de libertad anteriores, en la que intervienen los mismos sujetos que en la presente acción tutelar, podría inferirse la imposibilidad de la emisión de un pronunciamiento de fondo por parte de este Tribunal Constitucional Plurinacional por identidad de objeto, sujeto y causa; no obstante, corresponde precisar que, si bien en los expedientes 57935-2023-116-AL y 57951-2023-116-AL existe identidad de sujetos procesales; sin embargo, no se configura duplicidad de objeto y causa, puesto que en el expediente 57935-2023-116-AL el accionante denunció que, pese a existir señalamiento de audiencia respecto a su solicitud de audiencia de cesación a la detención preventiva presentada el 28 de junio de 2023, esta fue programada fuera del plazo establecido en el art. 239 del Código de Procedimiento Penal; por su parte, en el expediente 57951-2023-116-AL, el accionante denunció la falta de señalamiento de audiencia respecto de su solicitud de audiencia de cesación a la detención preventiva presentada el 3 de agosto de 2023 la cual, conforme el informe de la autoridad demandada, fue providenciada y señalada para el 8 de agosto de ese mes y año; finalmente, en el expediente de autos, el reclamo del accionante se refiere a una tercera solicitud de audiencia de consideración de cesación a la detención preventiva presentada el 24 de agosto de 2023, respecto de la cual alega que no fue atendida debido a que la autoridad demandada emitió un decreto por el que indicó haber perdido competencia por haberse radicado el expediente ante el Tribunal de Sentencia tras la emisión de la acusación fiscal; en consecuencia, no se evidencia la identidad de objeto y causa de la presente acción con los expedientes 57935-2023-116-AL y 57951-2023-116-AL. En consecuencia, la Jueza de garantías, al conceder la tutela impetrada, obró de manera correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 23/23 de 1 de septiembre de 2023, cursante de fs. 16 a 17, pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Decimoprimera de la Capital del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia, CONCEDER la tutela impetrada, en los mismos términos dispuestos por la Jueza de garantías. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Boris Wilson Arias López

MAGISTRADO

Dra. Amalia Laura Villca MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0185_2026-S2.pdf · páginas 1 a 7.

Huella digital del PDF (SHA-256): 13a31a0e627d143759bc8a78e48114fe4fdf0c499511af309685d9f64424288e

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