Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Cuarta Especializada · 4 de junio de 2024
Deniega la tutela
El accionante denuncia como vulnerados su derecho al a la defensa “en su componente del derecho a ofrecer y producir prueba” (sic), al debido proceso “en su componente juez imparcial” (sic), y “la garantía de que ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en un debido proceso” (sic); alegando que, la autoridad ahora demandada, en audiencia de juicio oral, denegó su solicitud de producción de prueba pericial de descargo destinada a controvertir los informes de la ASFI, al considerarla impertinente, y pese a que fue objeto de recurso de reposición fue confirmada; en cuyo mérito considera que, la determinación asumida constituye una medida de hecho, al apartarse de las regulaciones procesales correspondientes al juicio oral, anulando de facto su derecho a controvertir la prueba de cargo, incurriendo en una mala práctica judicial, por cuanto corresponde en el caso aplicar la excepción al principio de subsidiariedad, aún se haya hecho reserva de apelación restringida. En consecuencia, corresponde en revisión, analizar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución de 31 de agosto de 2022, cursante de fs. 241 vta. a 247, pronunciada por la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, con base en los Fundamentos Jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0185/2024-S4 Sucre, 4 de junio de 2024 SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano Acción de amparo constitucional Expediente: 50080-2022-101-AAC Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución de 31 de agosto de 2022, cursante de fs. 241 vta. a 247, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Rubén Emilio Eduardo Alcoba Arce contra Jorge Luis Ortiz López Antelo, Juez de Sentencia Penal Cuarto del departamento de Santa Cruz.
Mediante memoriales presentados el 19 de agosto de 2022, cursantes de fs. 1; y, 125 a 128 vta.; y, de subsanación de 26 de igual mes y año (fs. 142 a 143); el accionante expuso los siguientes argumentos de hecho y derecho:
Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión del delito de estafa agravada, la Autoridad del Sistema Financiero (ASFI), presuntas víctimas, presentaron acusación particular o se adhirieron a la acusación fiscal, habiéndose propuesto prueba de cargo consistente en diversos informes técnicos emitidos por la ASFI. Continuó señalando que, en audiencia de juicio oral, desarrollada el 12 de agosto de 2022, se judicializó la prueba de referencia; sin embargo, cuando correspondía se produzca su prueba de descargo, el Juez ahora demandado al amparo del art. 173 del Código de Procedimiento penal (CPP), denegó su solicitud de producir prueba pericial de descargo destinada a controvertir los aludidos informes, bajo el argumento que la misma se encontraría judicializada, y según su parcializado criterio resultaba suficiente haber escuchado la versión de la parte acusadora en cuanto a los citados informes técnicos, en cuyo efecto la pretensión de la citada autoridad que, también se escuche a un perito propuesto por la defensa se tornaba excesivo e impertinente; y pese, a haberse formulado recurso de reposición contra la aludida determinación, fue confirmada en el mismo verificativo. Manifestó que, bajo ese erróneo razonamiento la defensa siempre se encontrara impedida de producir prueba pericial, pues por imperativo legal la misma se recibe en el siguiente orden: “la que haya ofrecido el fiscal, el querellante y, finalmente el imputado” (sic), pretendiendo el Juez –ahora demandado– emitir sentencia sin “oir” la prueba pericial ofrecida por su parte, la cual se constituye fundamental porque los hechos acusados son eminentemente técnicos, por lo que la valoración de la prueba de cargo ofrecida requiere de conocimientos especializados, razón por la que propuso como perito a un profesional idóneo e imparcial a ser definido por el colegio profesional del ramo. Finalizó manifestando que la determinación asumida por la autoridad ahora demandada, constituye una medida de hecho, al haberse apartado de las regulaciones procesales correspondientes atinentes al juicio oral, anulando de facto su derecho a controvertir la prueba de cargo, incurriendo en una mala práctica judicial, por cuanto corresponde en el caso aplicar la excepción al principio de subsidiariedad, aún se haya hecho reserva de la apelación.
El accionante alegó como lesionado su derecho a la defensa “en su componente del derecho a ofrecer y producir prueba” (sic), al debido proceso “en su componente juez imparcial” (sic), y “la garantía de que ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en un debido proceso” (sic); citando al efecto los arts. 115.II, 117.I y 120.I de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitó se conceda la tutela impetrada, y en consecuencia: a) Se deje sin efecto la Resolución pronunciada en audiencia de juicio oral de 12 de agosto de 2022 –que denegó su solicitud de producir prueba pericial de descargo- y la Resolución confirmatoria pronunciada en la misma audiencia a tiempo de resolver la reposición intentada; b) Se ordene que se permita producir la prueba pericial que ofreció oportunamente (sic); y, c) Como medida cautelar solicitó se ordene al Juez demandado se abstenga de continuar con el juicio oral mientras no se resuelva esta acción tutelar.
Celebrada la audiencia virtual el 31 de agosto de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 231 a 241 vta., presente la parte accionante y terceros interesados, ausente la autoridad demandada, se produjeron los siguientes actuados:
El impetrante de tutela a través de su abogado, en audiencia, ratificó los fundamentos de la acción de amparo constitucional, y ampliándola, manifestó que: 1) Los hechos calificados como estafa, están referidos a supuestos incumplimientos a la normativa contable y financiera de la ASFI, con los cuales se entiende que se pretende probar que se generó error en las victimas o que estos incumplimientos constituyen el ardid, también se acusan un conjunto de diversas observaciones realizadas por la aludida institución y la entonces Entidad de Intermediación Financiera, que estarían vinculadas a los acontecimientos del delito de estafa, en cuyo efecto la principal prueba de cargo producida para sustentar la petición de una sentencia condenatoria, fueron los informes técnicos, lo cuales según la ASFI no pueden ser sometidos a pericia porque son el “equivalente a un informe celestial inmunes al error” (sic); 2) Para que dichos informes técnicos sean valorados requieren de conocimientos especializados, por tal razón es que solicitó la producción de prueba pericial, para que un profesional independiente que no sea el acusador emita criterios técnicos financieros contables, para determinar si es verdad que las apropiaciones contables fueron incorrectamente realizadas; sin embargo, cuando correspondía se produzca su prueba, el Juez de la causa refirió que era impertinente, pues la ASFI ya hubiera producido informes y por ello no se requería de otro, haciendo entender que solo necesita la versión de la acusación, por lo que resulta ocioso que sean convocados a un juicio oral donde solo tendrá que limitarse a escuchar; 3) En audiencia de juicio oral de 12 de agosto, se negó la solicitud de proposición de prueba, la cual inicialmente fue impetrada por “Carlos Roberto” coacusado, a la cual se adhirió al igual que a la reposición planteada, ante la negativa, ya que el Juez de Sentencia Penal Cuarta del Tribunal del departamento de Santa Cruz, consideró que los peritos de cargo eran suficientes, y ahora se alarma porque la defensa pretende participar en el juicio, olvidando que es una parte importante del proceso, siendo la que merece mayor garantía porque eventualmente podría ser condenada y por lo tanto debe ser escuchada; 4) El acto ilegal denunciado es la Resolución pronunciada en la audiencia de 12 de agosto de 2022, confirmada a momento de resolver el recurso de reposición; 5) El art. 329 del CPP, establece que el juicio oral se realizará en forma contradictoria, por ello los alegatos y la prueba del contrario pueden ser controvertidas; sin embargo, la autoridad demandada denegó su petición bajo un erróneo y parcializado argumento, señalando que la producción de la prueba viene a ser impertinente, porque ya se judicializaron los informes técnicos periciales y que no es necesaria otra pericia; 6) Se encuentra convencido que la ASFI incurrió en error, pues su atribución es supervisar bancos, y de acuerdo a la propia legislación no era una de sus competencias legislar cooperativas, porque no tiene la experiencia suficiente o por lo menos no goza de una trayectoria profesional de larga data en ese campo, prueba de ello es que casi todas, sino es el total de las cooperativas supervisadas, “en este momento” se encuentran en quiebra, indicador que pone en tela de juicio la “infalibilidad” de la ASFI; 7) Debe cumplirse con la garantía del juez imparcial que garantice que los acusados no van a ser sentenciados sin haber sido oídos; 8) El informe a la autoridad demandada, sostiene que no se cumplió con el principio de subsidiariedad, “tal vez por las recargadas labores, se ha señalado que es obligatorio cumplir con el principio de subsidiariedad, pese a que el Amparo ha demostrado que estamos ante una medida de hecho, ante una medida de hecho cometida en el caso concreto por una autoridad jurisdiccional. Lo que es más grave, podemos entender que un particular incurre en medidas de hecho, pero que una autoridad jurisdiccional se aparte del bloque de Constitucionalidad y restrinja ese derecho” (sic), por cuanto en la SCP 1412/2013, se determinó que la subsidiariedad cede en su aplicación ante medidas de hecho, lo cual sucede en el caso presente; y, 9) Aclaró que la prueba pericial fue ofrecida dentro del plazo, lo cual fue reconocido por la autoridad demandada en el “Auto” que denegó su petición, señalando que rechazaba la prueba porque la consideraba excesiva; argumentos en torno a los cuales solicitó se deje sin efecto la resolución pronunciada en audiencia de juicio oral de 12 de agosto de 2022, que le negó la producción de prueba pericial de descargo; así como la resolución confirmatoria pronunciada en la misma audiencia, a tiempo de resolver la reposición intentada, “ordenando se permita producir la prueba pericial ofrecida oportunamente y ordenando que el proceso judicial continúa hasta que se dicte sentencia, respetando a cabalidad, a rajatabla, el principio de imparcialidad. Asimismo, solicito que a tiempo de emitir sentencia se valore la prueba remitida tanto vía correo electrónico como la consistente en el cuaderno procesal. Fundamentalmente la prueba pericial de descargo producida por la ASFI, consistente en los informes técnicos ASFI que se pretende pericial. Esta petición, señor Juez, se funda en los artículos 128, 115, 117, 120, 204 del Código Penal y siguientes referidos a la pericia y 329 que determina que el juicio se debe regir al principio de controversia, que debe ser contradictorio y todas las normas conexas a este extremo” (sic).
Jorge Luis Ortiz López Antelo, Juez de Sentencia Penal Cuarto del departamento de Santa Cruz, a través de informe escrito presentado el 31 de agosto de 2022, cursante de fs. 216 a 218 vta., expresó que: i) El proceso penal seguido contra el hoy accionante, se encuentra en etapa de juicio oral previo a ingresar a la discusión final de conclusiones y clausura de debate, encontrándose pendiente de resolver las solicitudes de incorporación de prueba extraordinaria de reciente obtención interpuesta por Marco Antonio López Murillo y Edgar Marcelo Osinaga Auza; ii) En audiencia de juicio oral de 12 de agosto de 2022, al momento de producir la prueba documental y otros medios de prueba de descargo del acusado hoy accionante, su defensa manifestó que en el memorial de ofrecimiento, solicitó se oficie al Colegio de Auditores de Bolivia, el nombramiento de un profesional idóneo, para que preste informe pericial sobre ciertos puntos, el cual fue corrido en traslado a los sujetos procesales, para posteriormente ser rechazada la producción de prueba pericial conforme el art. 171 del CPP, de manera fundamentada y motivada; por cuanto el hoy impetrante de tutela hizo reserva del recurso de apelación restringida de acuerdo al art. 407 del mismo cuerpo legal, en cuyo efecto no se agotó el principio de subsidiariedad; iii) Las pruebas documentales de cargo fueron debidamente judicializadas e incorporadas para su posterior valoración, cumpliéndose así con las incorporación de los mismos, entre los cuales cursan los informes de la ASFI, respetando el procedimiento previsto en el art. 333 del adjetivo penal, no existiendo óbice alguno que invalide los referidos informes de la ASFI; iv) El accionante pretende que a través de una pericia se le otorgue valor a un informe incorporado y judicializado como prueba documental – informes de la ASFI–, debiendo realizarse como puntos de pericia la validez técnica, revisión de respaldos documentales, revisión de apropiaciones contables, análisis de ajustes financieros, auditoría técnica, análisis de operaciones crediticias, verificación de respaldo documental, análisis técnico legal y verificación de aplicabilidad de observaciones, lo cual no se configura a las reglas del art. 204 del CPP, que establece: "... Se ordenará una pericia cuando para descubrir o valorar un elemento de prueba sean necesarios conocimientos especializados en alguna ciencia, arte o técnica...", correspondiendo al Juez otorgar valor a cada prueba de cargo 173 del CPP, “tomando en cuenta que las bases del juicio oral y descargo conforme al art. conforme al art. 342 son las acusaciones fiscal y particulares quienes acusan por la presunta comisión de los delitos de asociación delictuosa y estafa agravada, no estamos frente a acusaciones por delitos financieros” (sic); v) No especificó que documental hace necesaria la pericia, sumado a que no se configura las reglas del art. 234 del CPP; y, vi) Finalizó solicitando se deniegue la tutela impetrada.
Yolanda Chávez Herrera y Lidia Herrera Vda. de Chávez, mediante informe escrito presentado el 30 de agosto de 2022, cursante de fs. 160 a 161 vta., señalaron que: a) El accionante no indica que resolución, auto y/o sentencia definitiva violenta sus derechos fundamentales y garantías constitucionales, simplemente refiere que el 12 de agosto del 2022, el Juez ahora demandado denegó la solicitud de que se produzca prueba pericial de descargo destinada a controvertir los informes técnicos de la ASFI; b) El impetrante de tutela es acusado por estafa múltiple, habiendo sido estafadas con artificios y artimañas, sonsacándoles todos sus ahorros que con tanto esfuerzo y trabajo consiguieron, siendo varías víctimas; c) Se pretende inducir en error indicando muchas falacias para evadir responsabilidades , pues desde el inicio del proceso el accionante fue reticente a la investigación, realizando actos de dilación; y, d) Se señala que la autoridad demandada aplicó el art. 173 del CPP, el cual es claro y preciso, por cuanto actuó dentro del marco legal y aplicando el debido proceso, sin vulnerar ningún derecho; fundamentos en base a los cuales solicitó se deniegue la tutela impetrada con costas, costos, daños y perjuicios. Juan Reynaldo Yujra Segales, Director General Ejecutivo a.i. de la ASFI, a través de su representante legal, mediante informe escrito presentado el 31 de agosto de 2022, cursante de fs. 212 a 215, manifestó que: 1) El Juez demandado para resolver la realización de la pericia solicitada por el impetrante de tutela, emitió en una primera oportunidad una providencia y posteriormente ante el recurso de reposición un Auto Interlocutorio; no obstante, el accionante alude en su escrito de esta acción tutelar, que fueron pronunciadas dos resoluciones en la audiencia de 13 de agosto de 2022, que vulnerarían sus derechos fundamentales y garantías constitucionales, aspecto que no es evidente por lo explicado, por cuanto no existe nexo causal; 2) Los informes de la ASFI, forman parte del acervo probatorio, que serán objeto de valoración por el Juez de la causa al momento de emitir sentencia conforme las previsiones contenidas en los arts. 361 y siguientes del CPP, encontrándose aún el proceso en alegatos finales, hecho que denota la existencia de un mecanismo de defensa pendiente “evidenciando la imposibilidad de resolver el medio de defensa constitucional por la existencia de la causal de subsidiariedad” (sic); 3) De acuerdo al acta de audiencia de Juicio Oral de 12 de agosto de 2022, se evidencia que la parte hoy solicitante de tutela hizo reserva de la apelación restringida contra la decisión judicial emitida, lo cual evidencia nuevamente la existencia de un medio de defensa pendiente de resolverse con carácter previo a esta acción tutelar, por cuanto corresponde declarar la improcedencia por el incumplimiento al principio de subsidiariedad; 4) La pruebas ofrecidas por el Ministerio Público superan las cuarenta y cuatro, no habiendo el accionante precisado cual de todas ellas debían ser sometidas a peritaje, por cuanto al ser la solicitud genérica no puede ser suplida de oficio; 5) El accionante bien pudo solicitar la pericia en la etapa preparatoria, no pudiendo hacerlo en la etapa de juicio oral, pues se desconocerían los arts. 70, 72, 278 y 280 del CPP, por cuanto la providencia y el auto emitidos no vulneraron el derecho a la defensa en su componente producir prueba, pues no es posible pretender que el Juez actúe soslayando la previsión contenida en el art. 279 del citado cuerpo legal, y ejerza actos de investigación; y, 6) Finalizó solicitando se deniegue la tutela impetrada. Carolina Jiménez, José Ernesto Roca, David Choque (ausentes) y Martha López (presente en sala virtual) a través de su abogado señalaron que, la parte accionante hizo reserva de apelación; es decir, que existe un recurso ordinario pendiente de resolución, por tanto se incurre en una causal de improcedencia; por otro lado, pretende que la jurisdicción constitucional ingrese a la revisión de la legalidad ordinaria sin haber cumplido los requisitos al efecto, por lo que solicitaron se deniegue la tutela impetrada. Claudia Amalia Cárdenas y Aurelia Franco Canchari, pese a encontrarse presente en la audiencia virtual, no intervino en la misma. Benigno Villalba y Orlando Estemuro, no se presentaron a la audiencia de consideración de esta acción tutelar, ni remitieron informe escrito alguno, pese a su citación cursante a fs. 145 y 154.
La Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, mediante Resolución de 31 de agosto de 2022, cursante de fs. 241 vta. a 247, concedió la tutela impetrada, dejando sin efecto “LA RESOLUCIÓN DICTADA POR EL JUEZ ACCIONADO, DEBIENDO DICTAR NUEVA RESOLUCIÓN CON LA DEBIDA FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN Y SIGUIENDO LOS PARÁMETROS DE ESTE TRIBUNAL, QUE GARANTICEN LA EFECTIVIDAD DEL DERECHO la denegatoria de la producción de la prueba en el ámbito ordinario, lo cual a criterio de este Tribunal pudiese menoscabar el principio o el derecho de la defensa, el derecho a ser oído y la garantía de la presunción de inocencia. Sin embargo si el Tribunal Jerárquico de Apelación en el ámbito de apelación, resolviese favorablemente la impugnación que la pretensión de la parte accionante que pretende introducir una pericia, va traer como consecuencia el juicio de reenvió y por tanto el nuevo juicio y ahí tendríamos un perjuicio hacia las partes, véase también que la posibilidad por tanto confluye ambas posibilidades y hacen de que en pureza se tenga que garantizar el derecho a la defensa, el derecho a ser oído y la garantía de presunción de inocencia como elemento esencial dentro del proceso penal” (sic), garantías frente a las cuales subyace el principio de subsidiariedad “y sin embargo frente a esa resolución sin duda alguna nos va a llevar al mismo hilo conductor de la decisión, por tanto en este momento es más adecuado poder resolver la cuestión planteada evitando el perjuicio mayor, porque finalmente lo que más pudiese ocurrir ante la producción de la prueba, es de que se establezca si los cargos formulados a la hoy accionante dentro del proceso penal se materializan o no, por tanto la solución jurídica que se va a obtener está vinculada fundamentalmente a la dictación de la Sentencia dentro del proceso penal que puede ser como hemos manifestado, condenatoria o absolutoria, producto de practicar las pruebas que se realicen” (sic).A LA DEFENSA, DERECHO A SER OÍDO, TUTELA JUDICIAL EFECTIVA, PRESUNCIÓN DE INOCENCIA Y DEBIDO PROCESO” (sic); ello con base en los siguientes fundamentos: i) Las pruebas que producen los funcionarios públicos tienen un valor indiciario fundamental para el desarrollo del proceso, y por tanto el menoscabo y el deterioro de esa prueba en búsqueda de consolidar el principio de presunción de inocencia, se constituye en un derecho esencial para el ejercicio tanto del derecho a la defensa, como para hacer efectiva la garantía de la presunción de inocencia; en ese contexto, la actuación del Juez hoy demandado se limitó a responder en forma injustificada y abrupta la solicitud de la realización del acto pericial; y, ii) El no permitir que se practique la prueba pericial en este momento, “y que luego se pueda resolver bajo apelación restringida, cuál va a ser el efecto procesal que puede traer, eventualmente puede mantenerse
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Se tiene acta de audiencia de continuación de juicio oral dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público y “acusador particular” contra Rubén Emilio Eduardo Alcoba Arce –ahora accionante– y otros, por la presunta comisión del delito de estafa agravada con víctimas múltiples y asociación delictuosa, desarrollada el 12 de agosto de 2022, por el Juez de Sentencia Penal Cuarto del departamento de Santa Cruz ahora demandado, verificativo donde fue emitido el Auto Interlocutorio de la misma fecha, por medio del cual se denegó la solicitud de producción de prueba pericial solicitada por Carlos Roberto Ruiz y complementada por los coacusados Rubén Emilio Eduardo Alcoba Arce hoy impetrante de tutela y María del Carmen Montero Chávez, mismo que fue objeto de recurso de reposición dentro de la misma audiencia, siendo rechazada ante su improcedencia; constando, la reserva de apelación restringida contra el aludido Auto Interlocutorio por los prenombrados (fs. 220 a 230 vta.).
El accionante denuncia como vulnerados su derecho al a la defensa “en su componente del derecho a ofrecer y producir prueba” (sic), al debido proceso “en su componente juez imparcial” (sic), y “la garantía de que ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en un debido proceso” (sic); alegando que, la autoridad ahora demandada, en audiencia de juicio oral, denegó su solicitud de producción de prueba pericial de descargo destinada a controvertir los informes de la ASFI, al considerarla impertinente, y pese a que fue objeto de recurso de reposición fue confirmada; en cuyo mérito considera que, la determinación asumida constituye una medida de hecho, al apartarse de las regulaciones procesales correspondientes al juicio oral, anulando de facto su derecho a controvertir la prueba de cargo, incurriendo en una mala práctica judicial, por cuanto corresponde en el caso aplicar la excepción al principio de subsidiariedad, aún se haya hecho reserva de apelación restringida. En consecuencia, corresponde en revisión, analizar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
La SC 1529/2011-R de 11 de octubre, señaló que:‘“…como todos los derechos, el de recurrir está sujeto a las normas generales que lo rigen, entre ellos la oportunidad o el plazo, el contenido o expresión de agravios y la forma en que deban formularse. En cuanto a la apelación incidental se la debe presentar y tramitar en sujeción a las previsiones de los arts. 404 a 406 del CPP, deduciéndose la imposibilidad de plantearla directamente dentro del juicio oral, cuyo objeto la averiguación de los hechos, no permite su sustanciación durante la celebración del mismo, correspondiendo en su caso hacer reserva de apelación restringida, conforme tiene anotada la jurisprudencia constitucional' (SC 2255/2010-R de 19 de noviembre).
Desarrollando el citado criterio y asumiendo la posición expresada en anteriores fallos constitucionales, la citada Sentencia aludiendo a la SC 0421/2007-R de 22 de mayo, precisa: '…Conforme se ha anotado precedentemente, el juicio oral debe desarrollarse sin interrupción, lo que implica que los medios de impugnación deben ser racionalizados atendiendo a las características de continuidad, inmediación y oralidad del juicio; características que se desnaturalizarían si las resoluciones dentro del juicio oral fueran impugnadas en forma sistemática, provocando serias disfunciones procesales.
Si se realizaría una lectura parcial de las normas contenidas en los arts. 403.2 y 396 del CPP, aceptando la posibilidad de que las resoluciones que rechacen excepciones en el juicio sean apeladas incidentalmente en efecto suspensivo, el juicio tendría que suspenderse, en muchos casos por meses, desconociendo la previsión contenida en el art. 335 del CPP que establece en forma categórica los casos en los que el juicio puede suspenderse, entre los que no figura la apelación de las excepciones planteadas durante esta etapa, atentando contra el propio sistema acusatorio oral.
(…) Consecuentemente, al momento de resolver en la audiencia de juicio las excepciones o incidentes, será suficiente que las mismas, sean resueltas en forma oral, debido a que, conforme lo determina el art. 371 del CPP en el acta del juicio oral quedan registradas, entre otros aspectos, las solicitudes y decisiones producidas en el curso del juicio, las objeciones de las partes y sus protestas de recurrir; lo que abre la posibilidad de que estos aspectos sean impugnados a través del recurso de apelación restringida, como lo establece expresamente el art, 407 del CPP´.
(…) De lo anotado se concluye que en el juicio oral no es posible interponer el recurso de apelación incidental para impugnar las resoluciones que rechacen excepciones, sino que las partes podrán reservarse el derecho de recurrir una vez pronunciada la sentencia cuando exista agravio. Razonamiento reiterado en la SC 0414/2011-R de 14 de abril, que al respecto puntualiza: 'De lo referido, se concluye que el derecho a recurrir, consagrado tanto en los instrumentos internacionales como en la Constitución Política del Estado, debe ser garantizado plenamente dentro de todo proceso, sea judicial o administrativo, en ese orden, las excepciones y los incidentes planteados dentro de los procesos penales, cuyo procedimiento se encuentra establecido en el art. 314 y ss. Del CPP, (…) admite el recurso de apelación ya sea incidental o restringida, dependiendo del momento procesal de su presentación, en la etapa preparatoria será mediante apelación incidental ante el juez cautelar y en juicio oral, ante el juez o tribunal de sentencia a través del recurso de apelación restringida”’ (las negrillas nos corresponden).
La SCP 0519/2022-S4 de 14 de junio, precisó: “De conformidad con el art. 129.I de la CPE, “La Acción de Amparo Constitucional se interpondrá por la persona que se crea afectada, por otra a su nombre con poder suficiente o por la autoridad correspondiente de acuerdo con la Constitución, ante cualquier juez o tribunal competente, siempre que no exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados” (las negrillas nos corresponden); en esa misma línea de entendimiento jurídico, el art. 54 del Código Procesal Constitucional (CPCo), dispone que esta acción tutelar, “…no procederá cuando exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados de serlo”.
De lo que se comprende que, para activar la acción de amparo constitucional, es necesario acreditar la inexistencia de algún medio procesal que pueda resolver la denuncia por lesión de derechos. En ese entendido, la jurisprudencia constitucional ha razonado que la aplicación de este principio, tiene por finalidad asegurar que las partes presuntamente afectadas, agoten los medios de defensa previstos por Ley.
Así, la SC 1337/2003-R de 15 de septiembre, fijó las siguientes reglas y subreglas de improcedencia, del siguiente modo: “…1) las autoridades judiciales o administrativas no han tenido la posibilidad de pronunciarse sobre un asunto porque la parte no ha utilizado un medio de defensa ni ha planteado recurso alguno, así: a) cuando en su oportunidad y en plazo legal no se planteó un recurso o medio de impugnación y b) cuando no se utilizó un medio de defensa previsto en el ordenamiento jurídico; y 2) las autoridades judiciales o administrativas pudieron haber tenido o tienen la posibilidad de pronunciarse, porque la parte utilizó recursos y medios de defensa, así: a) cuando se planteó el recurso pero de manera incorrecta, que se daría en casos de planteamientos extemporáneos o equivocados y b) cuando se utilizó un medio de defensa útil y procedente para la defensa de un derecho, pero en su trámite el mismo no se agotó, estando al momento de la interposición y tramitación del amparo, pendiente de resolución”. En una similar dirección razonada, el AC 0196/2014-RCA de 7 de agosto, estableció: “…se entiende que quien considere que sus derechos fundamentales y/o garantías constitucionales fueron menoscabados o amenazados, debe previamente reclamar dicha lesión ante las autoridades judiciales o administrativas para su restablecimiento, agotando los mecanismos legales idóneos para el efecto, de manera que ésta pueda adoptar las medidas tendientes a prevenir o en su caso corregir la restricción o supresión alegadas, y en caso de no obtener la reparación alegada, entonces recién corresponderá trasladar su reclamo ante este órgano de justicia constitucional, dentro de los términos establecidos en las normas constitucionales” (las negrillas nos pertenecen).
Los impetrantes de tutela denuncian como vulnerados sus derechos invocados en esta acción tutelar, pues la autoridad ahora demandada, en audiencia de juicio oral, denegó su solicitud de producción de prueba pericial de descargo destinada a controvertir los informes de la ASFI, al considerarla impertinente, y pese a que fue objeto de recurso de reposición fue confirmada; en cuyo mérito considera que, la determinación asumida constituye una medida de hecho, al apartarse de las regulaciones procesales correspondientes al juicio oral, anulando de facto su derecho a controvertir la prueba de cargo, incurriendo en una mala práctica judicial, por cuanto corresponde en el caso aplicar la excepción al principio de subsidiariedad, aún se haya hecho reserva de apelación.
De los antecedentes procesales cursantes en obrados, se tiene que en audiencia de continuación de juicio oral desarrollada el 12 de agosto de 2022, el Juez de Sentencia Penal Cuarto del departamento de Santa Cruz ahora demandado, pronunció el Auto Interlocutorio de la misma fecha, por medio del cual denegó la solicitud de producción de prueba pericial solicitada por Carlos Roberto Ruiz y complementada por los coacusados Rubén Emilio Eduardo Alcoba Arce hoy impetrante de tutela y María del Carmen Montero Chávez; determinación que al ser objeto de recurso de reposición en la misma audiencia, fue rechazado por improcedente; constando además que en dicho verificativo, los prenombrados hicieron reserva de apelación restringida contra el aludido Auto Interlocutorio (Conclusión II.1). En ese marco, de la información glosada precedentemente, es evidente que el impetrante de tutela, en consonancia con los lineamientos esgrimidos en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, hizo uso del medio idóneo de impugnación para la reparación de sus derechos, de acuerdo al momento procesal en el que se encontraba la causa –etapa de juicio oral, público y contradictorio–, a través de la reserva del recurso de apelación contra el rechazo a su solicitud de producción de prueba pericial, conforme el art. 407 del CPP; contexto que, demuestra que no se agotaron todos los mecanismos intra procesales, encuadrándose por ende dicha situación en la figura de subsidiariedad de la acción de amparo constitucional contenida en el Fundamento Jurídico III.2. del presente fallo constitucional, que prevé que se activa el principio de subsidiariedad cuando: “2) las autoridades judiciales o administrativas pudieron haber tenido o tienen la posibilidad de pronunciarse, porque la parte utilizó recursos y medios de defensa (…) b) cuando se utilizó un medio de defensa útil y procedente para la defensa de un derecho, pero en su trámite el mismo no se agotó, estando al momento de la interposición y tramitación del amparo, pendiente de resolución”, resultando por ello inviable un pronunciamiento de fondo, correspondiendo en consecuencia denegar la tutela solicitada, pues de ingresarse a su consideración implicaría una intromisión en la justicia ordinaria. Finalmente, sobre la solicitud del impetrante de tutela de hacer una excepción al principio de subsidiariedad, pues a su criterio lo obrado por el demandado constituiría una medida de hecho; no es procedente, pues dicha autoridad al emitir el Auto Interlocutorio de 22 de agosto de 2022, que denegó la producción de prueba pericial de descargo, cumplió con un mandato constitucional y legal, resolviendo la solicitud que efectuó el accionante, lo cual no puede ser considerado como una medida de hecho, al ser producto de sus facultades como autoridad judicial, cuya competencia le es reconocida dentro del proceso penal de referencia; pues tampoco por otro lado, se cumplió con fundamentar y demostrar el daño irreversible o irreparable, como para ingresar al análisis de fondo, pese a la existencia de una reserva de apelación.
En consecuencia, la Sala Constitucional, al conceder la tutela impetrada, actuó de forma incorrecta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución de 31 de agosto de 2022, cursante de fs. 241 vta. a 247, pronunciada por la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, con base en los Fundamentos Jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano
MAGISTRADO
René Yván Espada Navía
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0185_2024-S4.pdf · páginas 1 a 12.
Huella digital del PDF (SHA-256): afb0421eafb1e577e425aba38704d8ccb06f08bdf99908a994c3d6b8c07187fd
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