B.IA.LEGAL

SCP 0185/2023-S2

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Segunda · 24 de abril de 2023

Concede en parte la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Segunda
Fecha
24 de abril de 2023
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrada relatora
MSc. Brigida Celia Vargas Barañado
Expediente
53533-2023-108-AAC
Departamento
Santa Cruz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos al trabajo, al salario justo, a la vejez digna y al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia; por cuanto, dentro del proceso ejecutivo seguido por el Banco Fassil S.A. contra COTAS R.L. en el que se emitió la medida cautelar de retención de fondos, la autoridad demandada dictó el Auto Interlocutorio 28/23 de 16 de enero de 2023, determinando anular obrados hasta la demanda; empero, mantuvo persistente dicha medida cautelar, sin competencia ni considerar que primero deben agotarse las garantías reales. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda, en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 16 de 1 de febrero de 2023, cursante de fs. 162 a 166, pronunciada por la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, por la vulneración de los derechos al salario y a la vejez digna, disponiendo que la Jueza Pública Civil y Comercial Novena de la Capital del departamento de Santa Cruz, libere la cuenta bancaria de COTAS Responsabilidad Limitada, a efectos de que se restituya al accionante los salarios que no percibió, emergente de la retención de fondos que ordenó dicha autoridad; 2° DENEGAR la tutela en cuanto a los derechos al trabajo y al debido proceso en sus vertientes de fundamentación, motivación y congruencia, sin lugar a daños y perjuicios; y, 3° Se exhorta a la señalada Jueza a que en futuras ocasiones contemple que las retenciones de fondos asumidas no deben afectar a derechos de terceros ajenos a los procesos judiciales en los que se las asuma.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. De la excepción al principio de subsidiariedad en la acción de amparo constitucional ante la denuncia de vulneración del derecho al salario
  2. III.2. De la excepción al principio de subsidiariedad en la acción de amparo constitucional cuando el accionante es adulto mayor
  3. III.3. Del carácter inembargable del salario
  4. III.4. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0185/2023-S2 Sucre, 24 de abril de 2023 SALA SEGUNDA Magistrada Relatora: MSc. Brigida Celia Vargas Barañado Acción de amparo constitucional Expediente: 53533-2023-108-AAC Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 16 de 1 de febrero de 2023, cursante de fs. 162 a 166, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Hugo Alberto Ojopi Ali contra Jeannine Fernández Melgar, Jueza Pública Civil y Comercial Novena de la Capital del departamento de Santa Cruz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 26 de enero de 2023, cursante de fs. 39 a 52, el accionante manifestó que:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

El planteamiento de esta acción tutelar la hizo en su condición de trabajador de la Cooperativa de Telecomunicaciones Santa Cruz Responsabilidad Limitada (COTAS R.L.); al efecto, el 28 de septiembre de 2022, el Banco Fassil Sociedad Anónima (S.A.) interpuso demanda ejecutiva contra la señalada Cooperativa, indicando que la misma era representada por Ricardo Roda Rodas, María Elva Ciancaglini Medina, Rodolfo Germán Weise Antelo, Juan Carlos Suárez Vaca Díez, Alexis Antelo Salas, Luis Alberto Porras Velarde y Danilo Fernando Silvestre Parada Pavisich; posteriormente, una vez emitida la Sentencia de 6 de octubre de 2022, se citó a los prenombrados, quienes el 27 de octubre de 2022, incoaron excepción de falta de personería, al haberse dado la revocatoria de su mandato mediante Testimonio de poder 303/2022 de 21 de febrero; es decir, siete meses previos al planteamiento de dicha demanda.

La entidad bancaria, contestó a esa excepción y recondujo aquella demanda contra Carlos Hugo Salces Méndez, pidiendo la exclusión del proceso de las demás personas codemandadas; ante ello, la Jueza demandada tuvo presente al nuevo representante legal; el 16 de noviembre de 2022, el Banco Fassil S.A., de manera consecutiva solicitó retención de fondos, medida que era ilegal y abusiva, pues todos los bienes inmuebles de COTAS R.L. estaban en garantía y debían ser los primeros en ser rematados, y recién en caso de no alcanzar a cubrir la deuda, proceder a la retención de fondos; en ese orden, el 5 del referido año, la Jueza dispuso dicha retención de forma ilegal, por la suma de Bs82 405 429,92.- (ochenta y dos millones cuatrocientos cinco mil cuatrocientos veintinueve 92/100 bolivianos). El 25 de noviembre del mismo año, se procedió a citar al representante de COTAS R.L. con la referida demanda ejecutiva; el 5 de diciembre de dicho año, la prenombrada Cooperativa planteó incidente de nulidad de obrados, por existir vulneración del debido proceso y dejarla en completo estado de indefensión. Dicho incidente fue resuelto mediante Auto Interlocutorio 28/23 de 16 de enero de 2023, ahora cuestionado, pues si bien dispuso la nulidad de obrados hasta fs. “587” y la subsanación de la demanda ejecutiva; en cuanto al nombre, domicilio y representante legal, conforme a la Ley General de Cooperativas -Ley 356 de 11 de abril de 2013-, fundándose en que se incumplió con los arts. 27, 35.11, 79.11 y 380 del Código Procesal Civil (CPC) -vulnerándose la indicada Ley-y que se transgredió el derecho al debido proceso, a la defensa e igualdad de oportunidad procesal de COTAS R.L.; no obstante, mantuvo vigentes las medidas cautelares adoptadas, en mérito a la garantía general de los acreedores, prevista por el art. 1335 del Código Civil (CC); esa determinación de subsistencia de dichas medidas precautorias, era ilegal y arbitraria, pues la anulación del proceso principal hasta la interposición de la demanda ejecutiva, implicaba que la autoridad demandada asumía competencia una vez admitida la misma; entonces, al haberse mantenido esa determinación, a pesar de la aludida nulidad, se actuó sin competencia; por otro lado, tampoco se consideró que existían garantías reales, cuya insuficiencia recién hubiera permitido acudir a la retención de fondos. El derecho al debido proceso implica obtener una resolución fundamentada, que respete el hilo conductor entre lo solicitado y lo resuelto, con armonía y congruencia interna y externa, y que no sea arbitraria, como lo fue el Auto cuestionado; al haberse obrado de manera arbitraria, también se lesionó su derecho a la vejez digna; ya que, no podía cobrar su salario, tampoco solventar su alimentación ni vivienda, menos servicios básicos o acceso a medicamentos para una buena salud; aclarado que existe una apelación en la vía ordinaria; empero, dicho recurso demorará en resolverse por lo menos seis meses, debido a la mora procesal, inclusive la Jueza demandada a la fecha de presentación de este mecanismo de defensa no envió los antecedentes procesales al Tribunal de alzada.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denunció la vulneración de sus derechos al trabajo, a la vejez digna, a recibir un salario justo, al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia, citando al efecto los arts. 115.II, 117.I, 119 y 180.I de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó que se conceda la tutela, disponiendo: a) El levantamiento de la medida cautelar de retención de fondos; b) Oficiarse a la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) para la inmediata liberación de todos los fondos retenidos a raíz del proceso ejecutivo seguido por el Banco Fassil S.A. contra COTAS R.L.; c) Que la autoridad demandada se abstenga de ordenar otras medidas arbitrarias como aquella retención económica, sin el previo remate de la garantía hipotecaria; y, d) Determinar responsabilidad penal, daños y perjuicios.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia pública virtual el 1 de febrero de 2023, según consta en acta cursante a fs. 150 a 166, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

El accionante a través de su abogado, ratificó el contenido de la demanda tutelar, y ampliándolo manifestó que: 1) El Auto Interlocutorio 28/23 ahora cuestionado vulneró los derechos al trabajo, a recibir un salario por el mismo y al debido proceso; 2) Tiene sesenta y seis años de edad; por ello, no se le puede exigir el cumplimiento del principio de subsidiariedad; 3) La Jueza demandada anuló obrados hasta la presentación de la demanda; 4) La referida autoridad reconoció que estaba siendo afectado en sus derechos y debía acudir a la vía laboral; sin embargo, no tomó en cuenta que aquello no era necesario, cuando se trata de proteger derechos de personas adultas mayores; 5) La retención de fondos “…es un servicio que presta a la cooperativa, al no poder prestar este servicio, al no poder pagar los servicios que le dan sus proveedores, está afectando el derecho no solo de terceros…” (sic), sino que lo más importante, afectó el art. 67 de la CPE; 6) También se vulneraron los derechos al trabajo y a una remuneración; y, 7) De acuerdo a una certificación de María Elva Cianchaglini Medina, “Gerente de Administración”, no se le podía pagar porque sus cuentas estan congeladas por el monto de Bs82 000 000.-(ochenta y dos millones bolivianos) y que la fecha de abono de sueldos era incierta; ello transgredió el art. 9 de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, el cual determina que toda persona adulta mayor tiene derecho a no sufrir un trato inhumano e indigno; siendo que, esa violencia abarca el abuso financiero y patrimonial.

I.2.2. Informe de la demandada

Jeannine Fernández Melgar, Jueza Pública Civil y Comercial Novena de la Capital del departamento de Santa Cruz, por informe escrito presentado el 1 de febrero de 2023, cursante de fs. 61 a 62 vta., argumentó que: i) Dentro de la causa ejecutiva seguida por el Banco Fassil S.A., se pretendió el cobro de la obligación contra COTAS R.L. por la suma de “…Bs.164.690.2051...” (sic), fundado en los Contratos 877/2015 de 24 de julio y 369/2020 de 1 de julio, último que, en su cláusula sexta amplió la garantía hipotecaria de ochenta y seis inmuebles, y de la prenda sin desplazamiento, consistente en equipos de comunicación local, nacional e internacional, de tv cable, central telefónica nex y cables aéreos para interconexión telefónica, aparatos para telefonía digital y otros, que forman parte de la actividad de COTAS R.L.; ii) En el caso de los inmuebles, muchos contaban con prelación de gravámenes a favor de terceros, según folios reales adjuntados por el banco acreedor; el cual, por memorial de 4 de noviembre de 2022, reiterado el 16 del mismo mes y año, pidió la retención de fondos por el total de la obligación señalada, que por Auto Interlocutorio -1000/22- de 5 de diciembre de 2022, se ordenó la retención de fondos de Bs82 405 429,92.-, que era el 50% de la obligación demandada; dicha decisión se basó en el art. 314 del CPC, que se refiere a limitar la medida cautelar solicitada o disponer otra diferente o menos rigurosa si se estimare suficiente para la protección de los derechos, tomándose en cuenta no solo aquellos de la garantía general del acreedor que señala el art. 1335 del CC, sino también desde la propia naturaleza de las actividades de telecomunicaciones de COTAS R.L., quien al constituir en garantía telefonía nex y cables aéreos para interconexión telefónica, aparatos para telefonía digital y otros, de procederse bajo el criterio escrito del art. 1471 del citado Código, pudiera resultar aún más perjudicial no solo para la indicada Cooperativa, pues podría provocar el cese mismo de sus actividades, con el perjuicio de sus trabajadores y una terminación abrupta de sus actividades; iii) Se consideró que la garantía prendaria consistente en los equipos de comunicación local, nacional e internacional, de tv cable, central telefónica nex y cables aéreos para interconexión telefónica, para telefonía digital y otros; en caso de su ejecución inicial, afectaría otros derechos como los establecidos en el art 19.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), el cual prevé que toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; observándose de ello, que esencialmente se privaría a los ciudadanos de derechos fundamentales a la libertad de buscar, recibir y difundir información, primando en ese caso la protección a una colectividad; iv) En el proceso civil, se admitió la intervención del tercerista de derecho preferente al pago y de dominio excluyente conforme a los arts. 52 y 53 del CPC, con relación al art. 360 del mismo cuerpo legal, sin que se admita en esa causa, tercería coadyuvante ni de terceros interesados, como resulta ser el accionante, cuando la eficacia de los contratos de la obligación de esa ejecución, solo la tenía estrictamente entre las partes contratantes, sin dañar ni aprovechar a terceros; v) Si bien se pudo alegar la afectación de su derecho al pago de su salario, sustentándose en la garantía del art. 48.IV de la CPE, de privilegio y preferencia sobre cualquier otra acreencia, además, de ser inembargables e imprescriptibles; empero, solo ese derecho deberá accionarse en el proceso laboral respectivo, cuyas resoluciones pudieran cumplirse en vía de tercería de derecho preferente de pago; vi) El impetrante de tutela actuó en este mecanismo de defensa, como si fuera el acreedor de aparentes salarios impagos por Bs82 405 429,92.-; y, vii) “…COTAS RL tiene planteado recurso de apelación bajo diferente fundamento y concedido por auto de fecha 27 de enero de 2023…” (sic); “…la mencionada resolución se encuentra apelada por ambas partes (demandante y demandado)” (sic); por lo que, el peticionante de tutela forzó su pretensión bajo el argumento de inaplicación del principio de subsidiariedad por su calidad de adulto mayor. 1.2.3. Intervención de los terceros interesados Carlos Hugo Salces Méndez, Gerente General a.i. de COTAS R.L., por escrito presentado el 1 de febrero de 2023, cursante de fs. 146 a 148 vta., se adhirió a la acción de amparo constitucional planteada, y pidió se conceda la tutela, solicitando: a) Se dejen sin efecto el Auto Interlocutorio “427/2022” de 5 de diciembre y el oficio “NUREJ 70396846”, emitido por la Jueza demandada, que fue remitido a la ASFI, y sea hasta que dicha autoridad cumpla con lo previsto por el art. 1471 del CC; b) Se ordene a todo el sistema bancario y financiero que procedió a la retención de fondos en las cuentas bancarias de COTAS R.L., a que se restituyan los fondos; y, c) Determinar el pago de costas y costos procesales, así como, daños y perjuicios ocasionados a sus trabajadores emergentes del ilegal fallo asumido; argumentando que: 1) Cuando no existe otra vía idónea expedita para la tutela del derecho vulnerado, corresponde dar cumplimiento al art. 54 del Código Procesal Constitucional (CPCo) y atender ese caso con la excepcionalidad establecida; 2) Dentro del proceso seguido por el Banco Fassil S.A. contra COTAS R.L., por la suma de Bs164 810 859,85.- (ciento sesenta y cuatro millones ochocientos diez mil ochocientos cincuenta y nueve 85/100 bolivianos), con suficiente garantía hipotecaria y prendaria, donde la citada Jueza dictó varios autos que transgredieron derechos, no solo del accionante, sino de trabajadores de esa Cooperativa; 3) Al momento de admitirse la aludida demanda y dictar la Sentencia Inicial 217/2022 de 6 de octubre, la autoridad demandada ordenó el embargo de todos los bienes dados en garantía, lo cual era correcto en esa clase de procesos; pues la medida cautelar es la garantía del cumplimiento de una eventual sentencia condenatoria; el art. 1471 del CC, establece que el acreedor tiene prenda hipoteca, anticresis o privilegios sobre bienes determinados del deudor, no puede embargar otros si no somete a venta judicial los primeros; sin embargo, el primer acto ilegal se dio cuando se atendió la solicitud de retención de fondos del ejecutante por encima de lo dispuesto en el referido fallo, mediante el Auto Interlocutorio 1000/22, por el que amplió la garantía otorgada por COTAS R.L. y ordenó la citada retención en la suma de Bs82 409 429,92.- en el sistema bancario y financiero en todas las cuentas que pudiere tener la señalada Cooperativa, causando un grave daño y perjuicio, pues no solo atentó el derecho del accionante a percibir su salario, sino el de cuatrocientos sesenta y cinco trabajadores, al encontrarse imposibilitados de cumplir con el pago de sus sueldos devengados, así como, a “6.23” proveedores de servicios y a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), impidiendo con esa ilegal medida que COTAS R.L. pueda cumplir con su giro social y comercial, como es la telefonía e internet, entre otros; 4) La Jueza demandada vulneró el derecho al debido proceso, pues no dio cumplimiento al art. 1471 del CC; y, 5) El Auto Interlocutorio cuestionado anuló obrados hasta fs. “587”, es decir, hasta la demanda inclusive, haciendo una errónea interpretación del art. 1335 del indicado Código; arts. 310.II y III, y 314.III del CPC, manteniendo la ilegal medida de retención de fondos. En audiencia de garantías añadió que: i) El Banco Fassil S.A. demandó a COTAS R.L. el pago de Bs196 000 000.- (ciento noventa y seis millones bolivianos), de los cuales a la fecha de interposición de este mecanismo de defensa pagó Bs85 000 000.- (ochenta y cinco millones bolivianos), prestó garantías hipotecarias reales en suficiente monto para garantizar el cumplimiento de la obligación; ii) El primer acto vulnerador de derechos fue el Auto Interlocutorio 1000/22, que ordenó la retención de fondos de COTAS R.L. y el segundo el Auto Interlocutorio 28/23, el cual anuló obrados hasta la demanda primigenia inclusive; no obstante, mantuvo vigente la medida cautelar de retención de fondos, haciendo una errónea interpretación de los arts. 333 y 335. 2 y 3, y 314 del CPC; iii) La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, resolvió un caso análogo al presente planteado por trabajadores de Railway Group Limited contra una autoridad jurisdiccional, donde se dejó sin efecto la retención de fondos dispuesta, pues afectaba al pago de sueldos de dichos trabajadores; razonamiento que se debió aplicar al caso de autos; y, iv) Como los empleados de COTAS R.L. no eran parte del proceso ejecutivo, no se les podía pedir que agoten la vía; fundamento sostenido por el AC 0123/2022-RCA de 28 de julio. Hermes Hugo Saucedo Camacho, en representación del Banco Fassil S.A., a través de su abogado, en audiencia de garantías, solicitó que se deniegue la tutela, y argumentó que: a) El art. 53.3 del CPCo dispone que esta acción tutelar no procederá contra resoluciones judiciales o administrativas que pudieran ser modificadas o suprimidas por cualquier otro recurso del cual no se haya hecho uso oportuno; extremo concordante con el art. 54.1 de la misma norma; en este caso, la resolución base de la presente acción tutelar; es decir, el Auto Interlocutorio 28/2023 que fue objeto de impugnación por parte de COTAS R.L. mediante recurso de reposición bajo alternativa de apelación, el cual se presentó el 20 de enero de 2023; fallo que también fue recurrido por el indicado Banco; el recurso de la señalada Cooperativa fue resuelto por Auto 53/2023, mantuvo firme el impugnado y sostuvo a su vez el recurso de apelación en efecto devolutivo ante la Sala Civil y Comercial de turno del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; es decir, que a la fecha de interposición de esta acción tutelar quedaba pendiente la sustanciación del recurso de reposición planteado por el Banco Fassil S.A. contra el Auto Interlocutorio 28/2023 y la determinación que llegue a emitir la autoridad judicial demandada, quien advertida de su error, puede modificar, dejar sin efecto o anular el mismo; razón por la cual, la jurisdicción constitucional se encontraba impedida de abrir su competencia, mientras se hallen activados los medios de impugnación; b) No se acreditó fehacientemente que el accionante haya sido trabajador de COTAS R.L., tampoco se conoció cuántos salarios se le debía, ni que la aludida Cooperativa hubiese demostrado una efectiva retención de fondos y sobre qué cuentas existía la misma; c) De acuerdo a la normativa laboral vigente, es evidente una vía idónea y eficaz que tiene por objeto resguardar el derecho al trabajo en su vertiente salario justo, la cual fue lo que en el fondo pretendió el peticionante de tutela; empero, no solicitó la protección de aquel derecho, ese procedimiento eficaz está previsto en la Ley de Procedimiento Especial para la Restitución de Derechos Laborales -Ley 1468 de 30 de septiembre de 2022- vía que el nombrado no activó, incumpliendo el principio de subsidiariedad; d) La SCP 0141/2021-S4 de 17 de mayo, determinó que al momento de dilucidar la aplicación de la excepción al mencionado principio, cuando se demanda la vulneración de los derechos de grupos de protección reforzada, no resulta suficiente referir que se los debe considerar como tal para ingresar al fondo de la causa, sino demostrar la existencia de un derecho constitucional suprimido o amenazado, y que ello podría provocarle un daño irreparable e irremediable; en este caso, no se presentó ninguna prueba; e) No concurrió la flexibilización al principio de subsidiariedad, por lo tanto no se puede ingresar al fondo de la presente demanda; f) El accionante no tiene legitimación activa sobre derechos de los cuales no es titular, interfiriendo en una relación jurídica procesal que es entre terceros; y, g) En el proceso de donde emerge este mecanismo tutelar, el prenombrado podía apersonarse en forma directa como un tercero coadyuvante.

I.2.4. Resolución

La Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, mediante Resolución 16 de 1 de febrero de 2023, cursante de fs. 162 a 166, concedió la tutela solicitada, dejando sin efecto el Auto Interlocutorio 28/23, debiendo oficiarse a la ASFI a efectos de restituir los derechos que correspondan; con base en los siguientes fundamentos: 1) Si dos personas están en controversia y resulta un tercero lesionado, aquel se encuentra legitimado para iniciar una acción de amparo constitucional, si se trata de un grupo vulnerable; lo que, se relaciona a la subsidiariedad, permitiéndose la admisión de la presente causa; 2) Tomando en cuenta la nulidad de obrados dispuesta hasta la demanda inclusive, no se tiene otra similar en curso y por tanto una pretensión que habilite la ejecución de la medida cautelar; 3) “…si el derecho tiene o no verosimilitud, será una cuestión que tenga que definir la Juez., pero la base fundamental para la dictación de una Sentencia Inicial y por tanto de una medida cautelar, es la verosimilitud del derecho, hoy por hoy bajo la dictación de este Auto resulta inexistente” (sic); 4) Existió una causal de nulidad; empero, bajo el principio del derecho de garantía general de los acreedores, mantuvo las medidas cautelares adoptadas; 5) Si bien fue cierto que la Jueza demandada cuidó los derechos del acreedor, no tomó nota de que producto de ese embargo se limitaron otros derechos, como ser al salario en el ámbito laboral; 6) La aludida autoridad no consideró la provisionalidad de las medidas cautelares, desconociendo que el resultado del indicado embargo restringía el derecho a una remuneración equitativa; y, 7) Era necesario rectificar el error en que incurrió dicha Jueza con relación a las características de la verisimilitud del derecho, la provisionalidad de las medidas cautelares, y la proporcionalidad de las mismas. Ante la solicitud de complementación y enmienda de la parte accionante, se resolvió que habiéndose remitido el oficio a la ASFI, debía ser realizado en el plazo de cuarenta y ocho horas de notificada con la Resolución de esa Sala Constitucional. Asimismo, a la petición planteada por COTAS R.L., se dispuso que tenía que poner a conocimiento de la Jueza demandada, mediante la correspondiente diligencia.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Se tiene cédula de identidad de Hugo Alberto Ojopi Ali -accionante-, quien nació en 1957 (fs. 14). II.2. A través de memorial presentado el 29 de septiembre de 2022, el Banco Fassil S.A. planteó demanda ejecutiva contra COTAS R.L., por una deuda de Bs164 810 859,85.- (ciento sesenta y cuatro millones ochocientos diez mil ochocientos cincuenta y nueve 85/100 bolivianos); en sustanciación y resolución, la Jueza Pública Civil y Comercial Novena de la Capital del departamento de Santa Cruz, dictó la Sentencia Inicial 217/2022 de 6 de octubre, declarando con lugar la referida demanda y dispuso el embargo de los bienes dados en garantía de propiedad de la citada Cooperativa, para que en el plazo de tres días pague a favor del Banco Fassil S.A. la suma adeudada; asimismo, determinó que en su defecto, se iba a proceder al remate de los bienes embargados (fs. 103 a 122). II.3. Cursa mandamiento de embargo de 17 de octubre de 2022, librado por la autoridad demandada, con relación a los bienes de propiedad de COTAS R.L. hasta la suma adeudada (fs. 130). II.4. Mediante Auto Interlocutorio 1000/22 de 5 de diciembre de 2022, la Jueza demandada dispuso la ampliación de las medidas cautelares contra COTAS R.L. con relación a la retención de fondos en la suma de Bs82 405 429,92.-, debiendo dirigirse oficio para que por intermedio de la ASFI, se instruya que, por el sistema financiero se proceda a la retención de fondos ordenada (fs. 3 a 4 vta.). II.5. Por memorial presentado el 5 de diciembre de 2022, ante la aludida demandada, Carlos Hugo Salces Méndez, Gerente General a.i. de COTAS R.L. -considerando que no contaba con legitimación pasiva-, dentro del proceso ejecutivo seguido por el Banco Fassil S.A. contra la referida Cooperativa, planteó incidente de nulidad de obrados hasta la presentación de la demanda ejecutiva (fs. 8 a 12 vta.). II.6. Consta Auto Interlocutorio 28/23 de 16 de enero de 2023, por el cual la Jueza demandada resolvió dicho incidente, declarando anular obrados hasta fs. “587” y dispuso que: i) El Banco Fassil S.A. proceda a subsanar la demanda planteada, sea en el plazo de tres días, bajo prevención de tenerse por no presentada, de acuerdo al art. 113.I del CPC; y, ii) Bajo el principio de garantía general de los acreedores, prescrito por el art. 1335 del CC, con la responsabilidad prevista por el art. 310.III del CPC, se mantienen las medidas cautelares adoptadas en autos, conforme al art. 314.II del citado Código, con relación al art. 310.II del mismo cuerpo legal (fs. 28 a 29). II.7. Mediante certificado de trabajo de 25 de enero de 2023, se conoce que el accionante trabaja en COTAS R.L. desde el 18 de septiembre de 2006, desempeñando funciones en el cargo de Oficial Administrativo Servicios Generales, con una remuneración mensual de Bs14 640.- (catorce mil seiscientos cuarenta bolivianos), también consta certificación -sin fecha-de no pago de sueldo, suscrita por la Gerente de Administración de esa Cooperativa, indicando que no se realizó el abono de sueldo porque las cuentas bancarias de la citada Cooperativa se encontraban congeladas por orden de la Jueza demandada, mediante oficio de retención de fondos a ASFI, por el monto de Bs82 405 429,92.-, dentro del proceso ejecutivo seguido por el Banco Fassil S.A. contra COTAS R.L.; y que era incierta la fecha en que se podría disponer del abono de sueldos, pues previamente se debería liberar y descongelar las cuentas bancarias de la Cooperativa (fs. 30 a 31).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos al trabajo, al salario justo, a la vejez digna y al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia; por cuanto, dentro del proceso ejecutivo seguido por el Banco Fassil S.A. contra COTAS R.L. en el que se emitió la medida cautelar de retención de fondos, la autoridad demandada dictó el Auto Interlocutorio 28/23 de 16 de enero de 2023, determinando anular obrados hasta la demanda; empero, mantuvo persistente dicha medida cautelar, sin competencia ni considerar que primero deben agotarse las garantías reales. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. De la excepción al principio de subsidiariedad en la acción de amparo constitucional ante la denuncia de vulneración del derecho al salario

Antes de considerar la excepción a dicho principio, se pasa a citar la normativa que establece el referido principio, así se tiene el art. 129.I de la CPE, que prevé: “La acción Amparo Constitucional se interpondrá por la persona que se crea afectada, por otra a su nombre con poder suficiente o por la autoridad correspondiente de acuerdo con la Constitución, ante cualquier juez o tribunal competente, siempre que no exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados”. De esa norma ya se puede advertir cómo es que ante un reclamo constitucional, vía acción de amparo constitucional, sobre una presunta vulneración de derechos fundamentales, el mismo debe activar previamente otro medio o recurso legal, que exista para la protección de los indicados derechos. Ahora bien, la exigencia de agotamiento previo de vías jurídicas, al efecto, está ratificado por el art. 54.I del CPCo, al señalar: “La Acción de Amparo Constitucional no procederá cuando exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados de serlo”. Sin embargo, tanto la norma, cuanto la jurisprudencia, han establecido excepciones a dicho agotamiento previo de medios de defensa o de recursos legales pertinentes, así el art. 54.II de la referida norma prevé lo siguiente: “Excepcionalmente, previa justificación fundada, dicha acción será viable cuando:

1. La protección pueda resultar tardía. 2. Exista la inminencia de un daño irremediable e irreparable a producirse de no otorgarse la tutela”. En ese marco, la jurisprudencia constitucional ha identificado supuestos en los que debe aplicarse la mencionada excepción a la subsidiariedad, situación que se da cuando la denuncia involucra la vulneración del derecho al salario, o en el caso en el que el accionante es un adulto mayor. En ese sentido, se pasa a citar la correspondiente jurisprudencia constitucional que estableció las mencionadas excepciones. En ese orden, con relación a los reclamos a través de la acción de amparo constitucional, sobre vulneraciones del derecho al salario, se tiene la SCP 0368/2013 de 25 de marzo -aplicada por la SCP 0740/2022-S2 de 4 de julio, entre otras-, que dentro de un caso en el que no se canceló sueldos -y subsidios- de una empleada pública como consecuencia de que las cuentas del empleador se hallaban inmovilizadas, determinó lo siguiente: “En base a este entendimiento, conforme la naturaleza y protección constitucional que posee el derecho al salario o sueldos devengados, que bajo la previsión del art. 48.IV de la CPE, establece que: ‘Los salarios o sueldos devengados, derechos laborales, beneficios sociales y aportes a la seguridad social no pagados tienen privilegio y preferencia sobre cualquier otra acreencia, y son inembargables e imprescriptibles’. Entendiéndose, desde el punto de vista jurídico y doctrinal que la remuneración o salario es ‘la retribución económica que recibe el trabajador por la prestación de sus servicios o por el hecho de permanecer a la orden y disposición del empleador en condiciones de subordinación’; por otra parte el art. 39 del Decreto Reglamentario de la Ley General del Trabajo (LGT), refiere que ‘Remuneración o salario es el que percibe el empleado o trabajador en dinero, en pago de su trabajo, incluyendo esta denominación las comisiones y participaciones en los beneficios, cuando tienen carácter permanente’. De donde, entre los principios propios o específicos mencionados por la doctrina y que regulan el instituto del salario, se señala a los siguientes: El principio de suficiencia, inspirado en el concepto de justicia social, significa que el salario debe cubrir las necesidades vitales del trabajador y su familia, referente a su alimentación, vestido, vivienda digna, educación, salud, trasporte, esparcimiento y ahorro o previsión. Al respecto el art. 46.1 de la CPE, establece que toda persona tiene derecho a una remuneración o salario justo, equitativo y satisfactorio que le asegure para sí y su familia una existencia digna; asimismo, el principio de oportunidad en el pago, considera que teniendo en cuenta la finalidad que persigue el salario, cual es la satisfacción de necesidades vitales, se impone la necesidad de cancelarse en forma oportuna y en los plazos establecido por ley. Con relación a este aspecto, el art. 53 de la LGT, señala que los períodos para el pago de salario no excederá de quince y treinta días tratándose de empleados u obreros respectivamente. Por otra parte, el principio de intangibilidad de la remuneración, significa que la ley limita los descuentos excesivos del salario ya sea por embargos y otros conceptos con la finalidad de garantizar la integridad y oportunidad de su pago; además del principio de determinabilidad, que establece que su monto debe ser determinado o por lo menos determinable; y, el principio de no discriminación, que se encuentra en idéntica situación laboral, por lo que no tiene que ser discriminado en el pago de su salario ya sea por sexo, edad, nacionalidad, color u otras situaciones, principio consagrado en el art. 14.II de la CPE, concordante con el art. 52 de la LGT. En este sentido, al ser la naturaleza y fin del salario, que éste sea destinado a cubrir las necesidades vitales del trabajador y su familia en forma diaria, su cancelación oportuna, revisten de una gran importancia; de donde se establece que su no pago dentro de los plazos fijados, al ser en algunos casos la única fuente de ingresos del núcleo familiar, éste se ve afectado en su medio de subsistencia, que puede llegar a incidir en su salud e inclusive en la vida del trabajador y sus dependientes, por lo que ampliando el ámbito de aplicación excepcional del principio de subsidiariedad de la acción de amparo constitucional y la especial protección que debe brindarse a aquellos derechos fundamentales cuya restricción o vulneración impliquen una afectación directa al derecho a la vida, éste abarcará también al derecho a los salarios o sueldos devengados, los cuales además de estar protegidos y amparados por la Constitución Política del Estado, su no percepción, oportuna desnaturaliza el fin del salario, cual es cubrir las necesidades básica del trabajador y su familia, por cuanto al estar vinculado a la subsistencia y a la vida misma de la persona, no podría exigirse que el afectado agote todavía otros medios, recursos ordinarios o administrativos o cualquier otra vía idónea prevista para el efecto, pues su reclamo podría resultar ineficaz por el tiempo que conllevaría su tramitación” (el subrayado fue añadido). En el mismo sentido, la SCP 1775/2013 de 21 de octubre determinó que: “…dada la importancia del derecho a un salario y remuneración justa, y por las consecuencias que provocan su vulneración, principalmente por la vinculación con otros derechos fundamentales como la vida, la alimentación, entre otros, corresponde establecer que, ante la evidente vulneración del mismo, sea que provengan de particulares o servidores públicos, empleadores o personas ajenas que con sus acciones u omisiones vulneren o amenacen de lesionar la eficacia y el ejercicio pleno del derecho al trabajo con una retribución justa, la persona afectada podrá acudir de manera directa a la justicia constitucional, solicitando la tutela de sus derechos vulnerados; y, por lo tanto, no se exigirá que el agraviado acuda previamente a las instancias ordinarias o administrativas pretendiendo recibir la protección de sus derechos lesionados, sino que, en el supuesto de existir la evidente vulneración del referido derecho, como consecuencia de las arbitrariedades del empleador o personas ajenas, se prescindirá de las reglas de subsidiariedad que rigen la presente acción tutelar” (resaltado agregado).

III.2. De la excepción al principio de subsidiariedad en la acción de amparo constitucional cuando el accionante es adulto mayor

En cuanto al tema, la SCP 0390/2014 de 25 de febrero, citada por la SCP 0207/2021-S2 de 7 de junio, estableció que: «El principio de subsidiariedad constituye una de las características principales de la acción de amparo constitucional; sin embargo, la jurisprudencia constitucional ha establecido excepciones en consideración a la vulneración de derechos fundamentales vinculados con personas que requieren de una protección inmediata, abstrayéndose de las exigencias procesales, por formar parte de lo que la doctrina, instrumentos internacionales y la jurisprudencia constitucional ha denominado grupos vulnerables y que comprende a los niños, niñas, personas con capacidades diferentes, minorías étnicas o raciales y personas adultas de la tercera edad

Dentro de este contexto, la jurisprudencia constitucional en armonía con la Constitución Política del Estado, en la SC 0989/2011-R de 22 de junio de 2011, estableció: “Siguiendo este razonamiento, la Constitución Política del Estado Plurinacional reconoce una diversidad de derechos fundamentales, tanto individuales como colectivos, teniendo en cuenta que estas normas fundamentales no solamente rigen las relaciones entre iguales, sino que tiene como finalidad el proteger a los ostensiblemente más débiles -mejor conocidos en la doctrina como grupos vulnerables- por lo que el Estado, mediante ‘acciones afirmativas´ busca la materialización de la igualdad (que goza de un reconocimiento formal reconocida en los textos constitucionales y legales pero que en la realidad no se materializa) y la equidad, por lo que se establecen políticas que dan a determinados grupos sociales (minorías étnicas o raciales, personas discapacitadas, mujeres, menores de edad, adultos mayores) un trato preferencial en el acceso a determinados derechos -generalmente de naturaleza laboral- o distribución de ciertos recursos o servicios, así como acceso a determinados bienes, con el fin de mejorarles su calidad de vida y compensarles, en algunos casos, por los perjuicios o la discriminación y exclusión de las que fueron víctimas en el pasado”» (la negrilla corresponde al texto original). Asimismo, con relación a las personas adultas mayores, la SCP 0678/2020-S1 de 3 de noviembre sostuvo que: “Ahora bien, cabe hacer notar que la acción de amparo constitucional realiza una excepción al principio de subsidiariedad cuando quien plantea su acción de amparo constitucional, se trata de una persona de la tercera edad, así lo señaló la SCP 1631/2012 de 1 de octubre, la cual señaló que la jurisprudencia constitucional planteó excepciones a la subsidiariedad de acuerdo a la vulneración de derechos fundamentales vinculada a un inminente daño irreparable, así como de acuerdo a las personas que requieren una protección inmediata y en este último aspecto, recogiendo lo que la doctrina, instrumentos internacionales y jurisprudencia constitucional estableció, concluyó que esas personas son aquellas que pertenecen a grupos vulnerables e identificó a los adultos mayores como parte de dichos grupos y a ese efecto, basándose en normativa internacional, resaltó como principios a favor de los adultos mayores el vivir con dignidad, acceder a una vida íntegra, de calidad, sin discriminación, con seguridad y apoyo jurídico, a recibir un trato digno y que las instituciones velen por ello” (énfasis adicionado).

III.3. Del carácter inembargable del salario

Al respecto, la SCP 1775/2013 de 21 de octubre, que desarrolló el tema anunciado, inicialmente consideró el art. 46 de la CPE que establece: “I. Toda persona tiene derecho: 1. Al trabajo digno, con seguridad industrial, higiene y salud ocupacional, sin discriminación, y con remuneración o salario justo, equitativo y satisfactorio, que le asegure para sí y su familia una existencia digna.

2. A una fuente laboral estable, en condiciones equitativas y satisfactorias. II. El Estado protegerá el ejercicio del trabajo en todas sus formas”. Sobre esa base la indicada Sentencia Constitucional Plurinacional dispuso el siguiente entendimiento jurisprudencial: “...la Ley Fundamental del Estado efectivamente reconoce y garantiza el derecho al trabajo y como consecuencia de ello, a percibir una remuneración o salario justo; sin embargo, tal reconocimiento no es más que una muestra de la coherencia y armonía con las normas de orden internacional en materia social, tomando en cuenta que, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), desde los primeros años de su creación, asumió el rol protagónico de proteger la remuneración de todo trabajador; en ese sentido, el Convenio sobre la Protección del Salario (Convenio 95, con vigencia desde el 24 de septiembre de 1952), ratificado mediante Ley 2120 de 11 de septiembre de 2000, en su art. 1 estableció: ‘A los efectos del presente Convenio, el término salario significa la remuneración o ganancia, sea cual fuere su denominación o método de cálculo, siempre que pueda evaluarse en efectivo, fijada por acuerdo o por la legislación nacional, y debida por un empleador a un trabajador en virtud de un contrato de trabajo, escrito o verbal, por el trabajo que éste último haya efectuado o deba efectuar o por servicios que haya prestado o deba prestar’… (…) Ahora bien, consideramos que el punto principal de la presente Resolución es establecer la prohibición del embargo sobre el salario del trabajador. En ese sentido se debe precisar que, la naturaleza y la importancia de este instituto radica en que, el derecho al trabajo con una remuneración justa, tiende a satisfacer diferentes necesidades del ser humano y, por lo tanto, tiene estrecha vinculación con otros derechos fundamentales, como ser: el derecho a la alimentación, a la vivienda -en muchos casos-, a la educación y la vestimenta; sin embargo, si del derecho a la alimentación se trata, entonces, éste además tiene implicancia y repercusión directa en el derecho a la vida, considerando que, no es posible concebir la eficacia o la materialización de éste, entre tanto se prive de una adecuada alimentación y las condiciones que garanticen la existencia digna de la persona. En ese sentido, el derecho a la vida se garantiza no por el simple hecho de que las personas o el mismo Estado se abstengan de ejecutar acciones tendientes a suprimir el derecho a la vida, o que ejecute políticas destinadas a evitar los actos arbitrarios contra el mismo derecho; sino también, con acciones y políticas que tiendan a garantizar la existencia digna del ser humano, proveyendo los insumos o estrictamente necesarios para la subsistencia de la persona humana. (…)

…En ese sentido, el art. 48.IV de la CPE, establece: ´Los salarios o sueldos devengados, derechos laborales, beneficios sociales y aportes a la seguridad social no pagados tienen privilegio y preferencia sobre cualquier otra acreencia, y son inembargables e imprescriptibles´. En ese mismo contexto, el art. 10 del Convenio 95 de la OIT, señala: ‘1. El salario no podrá embargarse o cederse sino en la forma y dentro de los límites fijados por la legislación nacional. 2. El salario deberá estar protegido contra su embargo o cesión en la proporción que se considere necesaria para garantizar el mantenimiento del trabajador y de su familia´.

Sin embargo, la norma citada precedentemente, otorga la posibilidad de que se efectúe el embargo del salario en los límites y formas establecidas por la legislación interna de cada estado. Así, el art. 179 del CPC, dispone: ‘(Bienes inembargables) Son bienes inembargables: 1) El ochenta por ciento del total mensual percibido por concepto de sueldo o salario, excepto el caso de la asignación por asistencia familiar en que el embargo podrá ser mayor de dicho porcentaje. 2) Las pensiones, jubilaciones montepíos, rentas de vejez, invalidez y demás beneficios sociales establecidos legalmente. Excepto el caso de la asignación por asistencia familiar (…)’.

Entonces, de conformidad con las normas citadas anteriormente, la regla de la inembargabilidad del salario se encuentra inserta en la legislación internacional y la norma interna del Estado; sin embargo, si bien es cierto que la legislación permite el embargo del salario, la misma debe ser entendida únicamente como excepción, por lo tanto, (…), previamente debe buscar otros mecanismos que garanticen alguna obligación -si de éste se trata- y, como último recurso, afectar a la asignación mensual del trabajador…” (las negrillas fueron añadidas).

III.4. Análisis del caso concreto

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos al trabajo, al salario justo, a la vejez digna y al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia; por cuanto, dentro del proceso ejecutivo seguido por el Banco Fassil S.A. contra COTAS R.L. en el que se emitió la medida cautelar de retención de fondos, la autoridad demandada dictó el Auto Interlocutorio 28/23 de 16 de enero de 2023, anulando obrados hasta la demanda; empero, mantuvo persistente dicha medida cautelar, sin competencia ni considerar que primero deben agotarse las garantías reales. Establecido el planteamiento del problema, se pasa a contextualizar el mismo; en ese orden, se tiene que el 29 de septiembre de 2022, el Banco Fassil S.A. planteó demanda ejecutiva contra COTAS R.L., por la suma de Bs164 810 859,85.-; ante ello, la Jueza demandada que tomó conocimiento del caso, dictó la Sentencia 217/2022 de 6 de octubre, declarando con lugar la misma y disponiendo el embargo de los bienes dados en garantía de la indicada Cooperativa (Conclusión II.2); en ese mérito, el 17 del mismo mes y año, se expidió mandamiento de embargo contra los bienes de la indicada Cooperativa, hasta la suma adeudada (Conclusión II.3); posteriormente, por Auto Interlocutorio 1000/22 de 5 de diciembre de 2022, la aludida autoridad determinó la ampliación de las medidas cautelares contra COTAS R.L., mediante la retención de fondos en el monto de Bs82 405 429,92.-; es decir, con relación a solo el 50% de la obligación perseguida (Conclusión II.4). Ante ello, Carlos Hugo Salces Méndez Gerente General a.i. de COTAS R.L. planteó incidente de nulidad de obrados hasta el vicio más antiguo; es decir, hasta la demanda incoada, por advertir defectos en su planteamiento, debiendo subsanarse, respecto al nombre del representante legal de la aludida Cooperativa (Conclusión II.5); dicho incidente fue resuelto mediante Auto Interlocutorio 28/23 de 16 de enero de 2023, declarando la nulidad de obrados hasta fs. “587”, así como, la subsistencia de las medidas cautelares asumidas (Conclusión II.6). Finalmente, la Conclusión II.1 de este fallo constitucional, se verifica que el accionante es adulto mayor, pues nació en 1957, y a la fecha del planteamiento de esta demanda tutelar tenía más de sesenta años; asimismo, cursan certificados, los cuales acreditan que el prenombrado es trabajador de COTAS R.L., desde el 18 de septiembre de 2006, y que no recibió sus salarios porque las cuentas bancarias de dicha entidad están congeladas por orden de la Jueza demandada, mediante oficio de retención de fondos dirigido a ASFI, por el monto de Bs82 405 429,92.-, y que era incierta la fecha en que se abonarán los sueldos (Conclusión II.7).

Una vez establecidas las circunstancias en las que fue planteado este mecanismo de defensa, se pasa a resolver la problemática esgrimida; en ese marco, se advierte que si bien la acción de amparo constitucional está regida por el principio de subsidiariedad, también se prevé la excepción al mismo, ante la inminencia de un daño irreparable e irremediable que puede ocasionarse en caso de no otorgarse la tutela; sobre esa base, la jurisdicción constitucional ha entendido que esa excepción es aplicable ante reclamos por vulneración de derechos al salario, como lo desarrolló con meridiana claridad la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, así como, están exentos de cumplir con ese principio aquellos accionantes que son personas adultas mayores, sostenido en el Fundamento Jurídico III.2 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional. En este caso, el solicitante de tutela reclama que, siendo trabajador de COTAS R.L., no se le cancela su sueldo debido a la retención de fondos dispuesta por Auto Interlocutorio 1000/22, emitido por la Jueza demandada dentro de proceso ejecutivo seguido por el Banco Fassil S.A. contra la indicada Cooperativa; para ello, acusa de ilegal el Auto Interlocutorio 28/23, por el cual si bien se declaró la nulidad de obrados hasta la demanda, mantuvo dicha medida cautelar. En ese orden, tomando en cuenta que lo reclamado es la vulneración de su derecho al salario, no corresponde exigirle al impetrante de tutela el cumplimiento del principio de subsidiariedad, y menos que agote la vía legal previa, si existiera; por cuanto, pertenece a un grupo vulnerable de la sociedad, como lo son los adultos mayores, en aplicación de los razonamientos vertidos en los Fundamentos Jurídicos III.1 y 2 del presente fallo constitucional; consiguientemente, se pasa a analizar el fondo de lo denunciando. En ese orden, se aclara que el peticionante de tutela, si bien no forma parte de la litis ahora considerada, al ser trabajador de la entidad ejecutada y estar retenidos los fondos de sus cuentas bancarias (siendo esa la causa de la falta de pago de sus salarios) se constituye en un tercero con interés legítimo para plantear esta acción de defensa; en ese marco, se toma en cuenta su denuncia, y a ese fin, se reitera que el prenombrado acusó de ilegal el Auto Interlocutorio 28/23 porque mantuvo subsistente la retención de fondos de COTAS R.L., a pesar de la nulidad de obrados decretada; en principio, cabe aclarar que esa determinación no fue hasta la demanda -como lo sostuvo el accionante-sino hasta la Sentencia Inicial, pues dicho Auto anuló obrados hasta fs. “587”, que corresponde al mencionado fallo.

En ese marco, se debe analizar la medida cautelar dispuesta por el Auto Interlocutorio 1000/22, así como, la parte pertinente del Auto Interlocutorio 28/23; para ello, es menester tener presente la jurisprudencia emitida por este Tribunal, respecto a que los sueldos no son embargables, sino solo en un determinado porcentaje y de forma excepcional, en aquellas situaciones en las que el asalariado es deudor; en este caso, si bien la medida no ha sido asumida contra el salario en particular y de forma individual del impetrante de tutela; empero, ello no quita que se le afecta de manera indirecta, a través de la retención de fondos de cuentas de su empleador, habiéndosele privado de sus estipendios, y dado ese antecedente, y como se denunció, es evidente que de su salario depende su subsistencia; es decir, su alimentación, salud, gastos de vivienda, entre otros. Dadas esas circunstancias, al no haber previsto la Jueza demandada que la medida asumida en dos oportunidades iba a afectar derechos fundamentales de terceros, efectivamente vulneró el derecho al salario del accionante, debiendo haber precautelado el equilibrio de la medida, encontrando un punto medio a partir del cual no se perjudique al acreedor, ni otros. Por otro lado, el solicitante de tutela también denunció la lesión del derecho a la vejez digna y, efectivamente, la percepción de su salario le permite transitar la misma de esa manera, pues podrá solventar sus necesidades, las cuales no corresponde que estén supeditadas a la resolución de ningún proceso, y menos del que no es parte, siendo imposible asumir una adecuada defensa de sus derechos en dicha causa. Sin embargo de ello, el accionante esta actuando como si fuera represente de COTAS R.L., cuando él solo tiene legitimación activa por aquello que a él le afecta; consiguientemente, se extralimita al solicitar que se disponga en esta vía que la autoridad demandada levante la medida cautelar de retención de fondos y que se abstenga de disponer otras medidas, sin el previo remate de las garantías hipotecarias. En ese orden, no corresponde que en esta decisión se dilucide si el Auto Interlocutorio 28/23 vulnera el derecho al debido proceso en sus vertientes de fundamentación, motivación y congruencia, pues ciertamente el impetrante de tutela no tiene legitimación activa para ello; ya que, eso incumbe a las partes del proceso, que son los directos afectados por dicho Auto, mientras que el prenombrado es uno indirecto. Por todo ello, no corresponde dejar sin efecto ninguna disposición emitida por la Jueza demandada, sino que ella corrija sus actos evitando afectar a terceros ajenos al proceso ejecutivo en cuestión. Finalmente, el accionante reclama la transgresión del derecho al trabajo; empero, los hechos denunciados no tienen ninguna relación con este, pues su fuente laboral no ha sido trastocada; con relación a su solicitud de determinación de daños y perjuicios, no se argumentó al respecto, habiéndose limitado a solo enunciarlo en su petitorio. En ese orden, corresponde que se conceda la tutela por los derechos al salario y a la vejez digna del accionante; empero, se debe denegar en cuanto a los derechos al trabajo y al debido proceso en sus vertientes de fundamentación, motivación y congruencia. Entonces, la Jueza demandada tiene que tomar en cuenta que deben separarse las cuentas bancarias destinadas al pago de salarios y las que no lo son para proceder a la retención de fondos solo de estas, salvando así los derechos de los trabajadores, extremo que dicha autoridad obvió, y que corresponde corregir tanto con relación a la retención de fondos dispuesta cuanto en futuras retenciones que ordene. En consecuencia, la Sala Constitucional al haber concedido la tutela solicitada, obró de forma parcialmente correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda, en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 16 de 1 de febrero de 2023, cursante de fs. 162 a 166, pronunciada por la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, por la vulneración de los derechos al salario y a la vejez digna, disponiendo que la Jueza Pública Civil y Comercial Novena de la Capital del departamento de Santa Cruz, libere la cuenta bancaria de COTAS Responsabilidad Limitada, a efectos de que se restituya al accionante los salarios que no percibió, emergente de la retención de fondos que ordenó dicha autoridad; 2° DENEGAR la tutela en cuanto a los derechos al trabajo y al debido proceso en sus vertientes de fundamentación, motivación y congruencia, sin lugar a daños y perjuicios; y, 3° Se exhorta a la señalada Jueza a que en futuras ocasiones contemple que las retenciones de fondos asumidas no deben afectar a derechos de terceros ajenos a los procesos judiciales en los que se las asuma. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

MSc. Brigida Celia Vargas Barañado

MAGISTRADA

MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0185_2023-S2.pdf · páginas 1 a 20.

Huella digital del PDF (SHA-256): b687e071c00e078d16f07bf70190a3d4cfcca13f490b2bca3c6f51ca8d6c7674

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