Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 31 de marzo de 2025
Deniega la tutela
La accionante a través de su representante, denuncia la lesión de sus derechos a la a la libertad, al debido proceso y a la impugnación; aduciendo que, Henry David Sánchez Camacho, Vocal de Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz -demandado- mediante Auto de Vista 412/2022, declaró inadmisible su recurso de apelación incidental formulado contra el Auto Interlocutorio 437/2022, que dispuso su detención preventiva; pues, consideró que el mismo debió adecuarse a lo establecido por el art. 251 del CPP; y, no así al art. 403.3 del citado Código, realizando una interpretando errónea y forzada de dicho precepto legal. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 192/2022 de 31 de agosto, cursante de fs. 52 a 53 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, en los mismos términos expresados por la citada Sala Constitucional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0184/2025-S3 Sucre, 31 de marzo de 2025 SALA TERCERA Magistrada Relatora: Paola Verónica Prudencio Candia Acción de libertad Expediente: 50763-2022-102-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 192/2022 de 31 de agosto, cursante de fs. 52 a 53 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Nelson Pimentel Ballesteros en representación sin mandato de Silvia Lizbeth Sandoval Salinas contra Henry David Sánchez Camacho, Vocal de Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.
Por memorial presentado el 30 de agosto de 2022, cursante de fs. 29 a 37 vta. y 39, la accionante a través de su representante, expresó lo siguiente:
El Juez Tercero de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer de la Capital del departamento de La Paz, mediante Auto Interlocutorio 437/2022 de 27 de mayo, dispuso su detención preventiva en el Centro Penitenciario C.P.F.M. Miraflores de La Paz, por el lapso de cuatro meses, ante la concurrencia de los presupuestos procesales de fuga y obstaculización. Contra dicha determinación, al amparo del art. 403.3 del Código de Procedimiento Penal (CPP) modificado por la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019- y 1226 de 18 de septiembre de 2019, interpuso recurso de apelación incidental, que fue resuelto por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia del citado departamento, a través del Auto de Vista 412/2022 de 30 de junio, declarando inadmisible el mencionado recurso. En consecuencia, confirmó el precitado Auto Interlocutorio; considerando que su recurso fue interpuesto como si fuese una apelación incidental; pero que, debió tener presente que las apelaciones contra las resoluciones de medidas cautelares personales, la modificación de las mismas -entre ellas la de cesación de la detención preventiva y revocatoria de medidas cautelares personales- son reguladas por el art. 251 del CPP, que no fue invocado. No obstante, de la interpretación gramatical y teleológica del art. 403 del citado Código, se puede establecer que el recurso de apelación contra la aplicación de medidas cautelares se puede interponer conforme la citada norma y de acuerdo a una interpretación pro homine, y acudir a la norma más amplia, o la interpretación más extensiva, conforme estableció la SCP 0698/2017-S2 de 3 de julio.
Denunció la lesión de sus derechos a la libertad, al debido proceso y a la impugnación, citando al efecto el art. 115.II de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitó se conceda la tutela, disponiendo el restablecimiento inmediato del debido proceso vinculado al derecho a recurrir y la nulidad del Auto de Vista 412/2022, debiendo la autoridad demandada pronunciar uno nuevo, observando el entendimiento jurídico que se determina en la presente acción tutelar.
Celebrada la audiencia pública el 31 de agosto de 2022, según consta en acta cursante de fs. 50 a 51 vta., se produjeron los siguientes actuados:
La accionante a través de su representante, ratificó el tenor del memorial de la acción de defensa y ampliándolo señaló que la SCP 0576/2020-S3 de 28 de septiembre, establece que a través del recurso de apelación incidental previsto en los arts. 251 y 403.3 del CPP, el cual se considera como un medio procesal idóneo, sumarísimo y efectivo para impugnar las resoluciones de medidas cautelares.
Henry David Sánchez Camacho, Vocal de Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, por informe escrito presentado el 31 de agosto de 2022, cursante de fs. 45 a 48 vta., refirió que: a) Por Auto de Vista 412/2022, se determinó declarar inadmisible el recurso de apelación incidental opuesto por Silvia Lizbeth Sandoval Salinas -accionante-, Cristian Clemente Callapa y Walter Galvan Flores, confirmando el Auto Interlocutorio 437/2022, emitida por el Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de la Capital del departamento de La Paz; b) El recurso de apelación interpuesto por la impetrante de tutela a través de su representante fue planteado como si fuese una apelación incidental; es decir, interpuso su impugnación al amparo del art. 403 concordante con el 404 del CPP; empero, debió tener presente que, las apelaciones en contra de las resoluciones de medidas cautelares, modificación de medidas cautelares personales, entre ellas la cesación de la detención preventiva y revocatoria de medidas cautelares personales son reguladas por el art. 251 de la citada norma legal modificado por la Ley 1173, que señala: “…‘(Apelación). La resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, será apelable en el efecto no suspensivo, en el término de 72 horas. Interpuesto el recurso, las actuaciones pertinentes serán remitidas ante el Tribunal Departamental de Justicia, en el Término de 24 horas bajo responsabilidad…” (sic); por lo que, al indicar la accionante que: “…‘al amparo del Art. 403 y en concordancia al Art. 404 vamos interponer el recurso de Apelación Incidental’…” (sic), es errónea, ya que invocó el art. 403 del CPP referido a resoluciones apelables del recurso de apelación incidental; y, c) Se debe tomar en cuenta la línea jurisprudencial descrita en la SCP 0002/2015-S2 de 5 de enero.
La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante Resolución 192/2022 de 31 de agosto, cursante de fs. 52 a 53 vta., denegó la tutela solicitada, con base en los siguientes fundamentos: 1) La autoridad demandada dejó entrever que el recurso idóneo para la interposición de un recurso de apelación incidental que tenga que ver con un tipo cautelar personal -la detención preventiva-, se encuentra uniformada por otro tipo de dispositivo normativo que es el art. 251 del CPP modificado por la Ley 1173; 2) El propio sistema normativo del Código de Procedimiento Penal, sabe y conoce que las cuestiones cautelares personales serán impugnadas en atención al art. 251 de la citada norma; y, 3) Si se parte de la regla de los actos procesales, su promoción y resolución, no existe forma alguna de que se pueda impugnar una decisión cuando uno mismo es quien ha cometido la omisión de verificar el orden normativo para el ejercicio de sus propios derechos.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Mediante Auto de Vista 412/2022 de 30 de junio, la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, declaró inadmisible el recurso de apelación incidental opuesto por Silvia Sandoval Salinas -accionante-, Cristian Clemente Callapa y Walter Galvan Flores y, confirmó el Auto Interlocutorio 437/2022 de 27 de mayo emitida por el Juzgado Tercero de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer de la Capital del citado departamento (fs. 26 a 27 vta.).
La accionante a través de su representante, denuncia la lesión de sus derechos a la a la libertad, al debido proceso y a la impugnación; aduciendo que, Henry David Sánchez Camacho, Vocal de Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz -demandado- mediante Auto de Vista 412/2022, declaró inadmisible su recurso de apelación incidental formulado contra el Auto Interlocutorio 437/2022, que dispuso su detención preventiva; pues, consideró que el mismo debió adecuarse a lo establecido por el art. 251 del CPP; y, no así al art. 403.3 del citado Código, realizando una interpretando errónea y forzada de dicho precepto legal. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
A respecto, la SCP 0425/2018-S2 de 14 de agosto, sostuvo que: «El principio de impugnación en los procesos judiciales es garantizado por la Norma Suprema, en el marco de lo dispuesto por el art. 180.II de la CPE, asimismo, sobre el derecho a apelar las resoluciones que dispongan la imposición de medidas cautelares, el art. 251 del CPP, refiere textualmente en lo pertinente que: “La resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, será apelable, en el efecto no suspensivo, en el término de setenta y dos horas. Interpuesto el recurso, las actuaciones pertinentes serán remitidas ante el Tribunal Departamental de Justicia, en el término de veinticuatro horas…”.
Al respecto, el Tribunal Constitucional, asumió el criterio expuesto en la SC 1703/2004-R de 22 de octubre, que refirió que: “En el caso que se examina, uno de los extremos denunciados en el recurso está referido al hecho de que -según la demandante-, la interposición de la apelación incidental de la medida cautelar no cumplió con lo previsto por el art. 251 con relación a los arts. 403 inc. 3) y del 404 del CPP, que disponen que las apelaciones incidentales deben ser presentadas por escrito debidamente fundamentadas; al respecto, es necesario precisar, que si bien estas dos últimas disposiciones legales, de modo general regulan las apelaciones incidentales, incluidas las medidas cautelares de carácter real; empero, las mismas, no son extensivas para el trámite de los recursos interpuestos respecto a las medidas cautelares de carácter personal, las que por su naturaleza están sujetas a un trámite especial, regulado por el art. 251 del CPP, modificado por el art. 15 de la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana (LSNSC), que está referido exclusivamente, al recurso de apelación planteado contra las resoluciones que dispongan, modifiquen o sustituyan medidas cautelares de carácter personal, precepto legal que determina que una vez interpuesto el recurso, ‘las actuaciones pertinentes serán remitidas ante la Corte Superior de Justicia, en el término de veinticuatro horas’; asimismo, señala que el Tribunal de apelación resolverá sin más trámite dentro de los tres días siguientes de recibidas las actuaciones, sin recurso ulterior.
Consiguientemente, la interposición del recurso de apelación contra la Resolución que imponga o modifique, una medida cautelar personal, puede ser planteada en forma oral en la misma audiencia, no siendo necesario que posteriormente sea formalizado o fundamentado por escrito, -conforme señala la recurrente-; con mayor razón, si se tiene en cuenta, que la audiencia señalada por el Tribunal de Alzada para la consideración del recurso, está orientada a que las partes, en virtud de los principios de oralidad e inmediación que caracterizan al actual sistema procesal, expresen los fundamentos del recurso y exhiban los elementos probatorios en la audiencia pública señalada al efecto, y por lo mismo, las previsiones contenidas en los arts. 403 y 404 del citado Código no son aplicables al caso que se analiza”» (las negrillas y subrayado fueron añadidos).
La accionante a través de su representante, denuncia la lesión de sus derechos a la a la libertad, al debido proceso y a la impugnación; aduciendo que, Henry David Sánchez Camacho, Vocal de Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz -demandado-mediante Auto de Vista 412/2022 de 30 de junio, declaró inadmisible su recurso de apelación incidental formulado contra el Auto Interlocutorio 437/2022 de 27 de mayo; considerando que el mismo debió adecuarse a lo establecido por el art. 251 del CPP; y, no al art. 403.3 del citado cuerpo normativo, realizando una interpretación errónea y forzada de dicho precepto legal.
En el caso concreto, la accionante denuncia que, mediante Auto Interlocutorio 437/2022, el Juez de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de la Capital del departamento de La Paz, dispuso su detención preventiva en el Centro Penitenciario C.P.F.M. Miraflores de La Paz, por el lapso de cuatro meses, ante la concurrencia de los presupuestos procesales de fuga y obstaculización. Determinación contra la cual, al amparo del art. 403.3 del CPP modificado por la Ley 1173 y 1226 de 18 de septiembre de 2019, interpuso recurso de apelación incidental, resuelto por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia del citado departamento, a través del Auto de Vista 412/2022 -ahora cuestionado-, declarando inadmisible su recurso; considerando que el mismo debió ser formulado conforme el art. 251 del citado Código; por lo que considera que el Vocal demandado realizó una interpretación errada y forzada de la norma.
Sobre el punto, previa aclaración de que al tratarse de una impugnación vinculada a la detención preventiva, se advierte que existe vinculación directa con el debido proceso y la libertad. Por lo que, corresponde precisar el entendimiento desplegado en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, refiriéndose a la aplicación de los arts. 403.3 y del 404 del CPP, sostuvo que: “…que si bien estas dos últimas disposiciones legales, de modo general regulan las apelaciones incidentales, incluidas las medidas cautelares de carácter real; empero, las mismas, no son extensivas para el trámite de los recursos interpuestos respecto a las medidas cautelares de carácter personal, las que por su naturaleza están sujetas a un trámite especial, regulado por el art. 251 del CPP, (…) que está referido exclusivamente, al recurso de apelación planteado contra las resoluciones que dispongan, modifiquen o sustituyan medidas cautelares de carácter personal…” (SCP 0425/2018-S2 [el énfasis y subrayado nos pertenece]), consecuentemente, en virtud a dicho razonamiento, los fundamentos esgrimidos en el Auto de Vista 412/2022, confutado, a tiempo de establecer que el recurso de apelación incidental de una medida cautelar de carácter personal se encuentra regulado por el art. 251 del CPP, y no así por los arts. 403.3 y 404 del CPP, realizó una correcta aplicación de la norma adjetiva penal; por lo que, no se evidencia la transgresión de los derechos al debido proceso y a la impugnación alegados por la accionante a través de sus representante. Consecuentemente, no corresponde su tutela.
En consecuencia, la Sala Constitucional, al haber denegado la tutela impetrada, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 192/2022 de 31 de agosto, cursante de fs. 52 a 53 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, en los mismos términos expresados por la citada Sala Constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia
MAGISTRADA
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0184_2025-S3.pdf · páginas 1 a 7.
Huella digital del PDF (SHA-256): 7f94dc486ca998048cc2dc67c3dd079f1a65609f2ef14f873bf80ae4fe61b25f
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