B.IA.LEGAL

SCP 0183/2025-S4

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Cuarta Especializada · 2 de abril de 2025

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Cuarta Especializada
Fecha
2 de abril de 2025
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrada relatora
MSc. Isidora Jiménez Castro
Expediente
53784-2023-108-AAC
Departamento
Chuquisaca
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

La accionante denuncia la lesión de sus derechos de acceso a la justicia, al debido proceso en su elemento debida congruencia y fundamentación por resolución con motivación arbitraria y a la defensa; aduciendo que a tiempo de pronunciar el Auto Supremo 456/2022 de 30 de junio, las autoridades demandadas, declararon infundado su recurso de casación interpuesto contra el Auto de Vista S.C.C. II 108/2022; omitiendo análisis y pronunciamiento fundamentado respecto al tercer motivo del recurso de casación en la forma, en el que se denunció la incongruencia ultra petita y violación del art. 265 concordante con el art. 213.I del CPC, en la que incurrió el Tribunal de apelación, que debió dar lugar a la anulación de la sentencia para que la Jueza A quo, resuelva respecto a la interpretación del art. 1538 del CC, y no subsanar los fundamentos de la sentencia corrigiendo la omisión en perjuicio de la parte recurrente; aspectos que correspondían ser enmendados por el Tribunal de casación anulando el Auto de Vista recurrido. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado, y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 028/2023 de 2 de marzo, cursante de fs. 926 a 928 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La fundamentación, motivación y congruencia de las resoluciones judiciales o administrativas como componentes del debido proceso y su necesaria relevancia constitucional
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0183/2025-S4 Sucre, 2 de abril de 2025 SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrada Relatora: MSc. Isidora Jiménez Castro Acción de amparo constitucional Expediente: 53784-2023-108-AAC Departamento: Chuquisaca En revisión la Resolución 028/2023 de 2 de marzo, cursante de fs. 926 a 928 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Julio Ariel Coronado López en representación legal de Nicolasa Salazar Márquez contra Juan Carlos Berrios Albizu y Marco Ernesto Jaimes Molina, Magistrados de la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia -de ese entonces-.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 9 de enero de 2023, cursantes de fs. 890 a 897, el accionante por su representada expresó que:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

En la vía civil demandó usucapión, y en sentencia la Jueza a quo declaró improbada su demanda y probada la demanda reconvencional de cumplimiento de contrato, entrega y desalojo de vivienda; por ello formuló recurso de apelación contra la Sentencia, resuelto por Auto de Vista S.C.C. II 108/2022 de 6 de abril, pronunciado por la Sala Civil y Comercial Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, que confirmó la Sentencia en todas sus partes, actuando los Vocales en violación de la ley; lo que género que se presente recurso de casación denunciando entre otros motivos como tercer punto de agravio incongruencia interna y externa en el Auto de Vista, bajo el epígrafe: “Resolución con incongruencia EXTERNA y Vulneración del ART. 265 I, II Y III concordante con el art. 213 I del CPC, por haberse emitido una resolución ultra petita” (sic); alegando que en mérito al principio de congruencia, toda resolución debe reunir la coherencia procesal necesaria que, en el caso de la apelación encuentra su fuente normativa en el art. 265 del Código Procesal Civil del (CPC) que, en su primer párrafo de manera expresa y precisa, establece que el Auto de Vista, deberá circunscribirse a los puntos resueltos por el inferior y que hubieran sido objeto de apelación y fundamentación, así mismo, establece en su segundo párrafo, la prohibición de modificar la resolución impugnada en perjuicio de la parte apelante y por último en el tercer párrafo establece que el Tribunal de segunda instancia puede pronunciarse sobre puntos omitidos en la Sentencia empero, esta última posibilidad es solo bajo la condición que haya sido reclamado su pronunciamiento por el recurrente. En este antecedente, el Auto de Vista cuestionado ha incurrido en una infracción y vulneración del principio de congruencia externa establecida por dicha disposición normativa adjetiva, en su tres párrafos, toda vez que de manera parcializada y con el único fin de confirmar a como dé lugar la Sentencia impugnada desestimo su recurso de apelación, a pesar de que el Auto de Vista al afirmar que la Juez a quo no se refiere y menos analiza el art. 1538 del Código Civil (CC), encontró evidente el cuarto agravio acusado en apelación, empero pese a ello decide confirmar la Sentencia, cuando lo que correspondía en resguardo de la congruencia externa es emitir una resolución anulatoria, para que sea la Juez de primera instancia, quien en cumplimiento de su labor establecida por el art. 213.I del CPC, resuelva de manera positiva o negativa la errónea interpretación advertida pero decidió usurpar el rol de la Juez de primera instancia y de manera oficiosa proceder a suplir dicha omisión en la que incurrió la juzgadora (análisis e interpretación del art. 1538 del CC, sin que, dicho extremo haya sido pedido por su parte como recurrente en el recurso de apelación. Finalmente sostiene que, siendo este el contenido del agravio formulado en su recurso de casación que tiene como sustento la inobservancia del art. 265 del CPC, en sus tres párrafos, se solicitó que se verifique que la ley prohíbe modificar la resolución en perjuicio del apelante; empero sobre este punto los Magistrados accionados no se pronunciaron resolviendo la alegación central, nunca citaron por lo menos la norma inobservada y esta era que los Vocales fallaron de forma ultra petita, pero en inobservancia del art. 265 del CPC, ya que como se dijo está prohibida la modificación de la sentencia en perjuicio del apelante; omisión que tiene trascendencia constitucional, ya que si los Vocales violaron la prohibición del art. 265 del citado Código, debieron anular la sentencia, para que la Jueza cumpla con su labor de interpretar y analizar el art. 1538 del CC, y si dicho análisis es contrario a la ley se podría apelar, en cambio los Vocales violando el art. 265.II del CPC, directamente dan su criterio modificando la sentencia, sin dejar la posibilidad de apelar; entonces los Magistrados accionados debieron verificar si se violó el citado precepto y dar una respuesta fundada y no lo hicieron, más al contrario convalidando esta arbitrariedad resolvieron por Auto Supremo 456/2022 de 30 de junio declarar infundado su recurso de casación; vulnerando el derecho al debido proceso en su elemento de debida congruencia y fundamentación por fallo infra petita y derecho a la defensa.

I.1.2. Derechos y garantía supuestamente vulnerados

Denunció la lesión de los derechos de acceso a la justicia y al debido proceso en su elemento de debida congruencia y fundamentación por resolución con motivación arbitraria por fallo infra petita y a la defensa; citando al efecto el art. 115.II de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela, disponiendo: a) Se deje sin efecto el Auto Supremo 456/2022, emitido por la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia; y, b) Se restablezcan los derechos constitucionales, con la emisión de un nuevo Auto Supremo debidamente motivado y fundamentado, a ser emitido por los accionados tomando en cuenta los fundamentos facticos y legales esgrimidos por la presente acción de amparo constitucional.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia pública virtual el 2 de marzo de 2023, según consta en acta cursante de fs. 918 a 925 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

La accionante a través de su abogado y apoderado, a tiempo de ratificar íntegramente los argumentos de su demanda tutelar, manifestó que: 1) Como se ha señalado en la acción de amparo constitucional se llevan varios motivos de casación y entre ellos en el numeral tres se plantea resolución con incongruencia externa y vulneración del art. 261.I, y III concordante con el art. 213.I del CPC, por haberse emitido una resolución ultra petita, siendo ese el motivo de casación considera que hay una violación del derecho de acceso a la justicia, al ser el demandante, el debido proceso opera cuando se es demandado, pero el elemento de debida fundamentación es común a ambos derechos, tanto el acceso a la justica como el debido proceso tienen como elemento común la debida fundamentación; 2) Siendo así no se va a ahondar en la doctrina y la jurisprudencia respecto al fallo infra petita, pero el Tribunal debe tomar en cuenta que hay un juicio de admisibilidad, que se hace en materia civil; decir no se puede decir no estaba mal su recurso de casación en la forma, no se ha cumplido, entonces corresponde que se ingrese al fondo, porque ya era un auto de fondo; entonces se reclama que el Auto de Vista ha vulnerado la disposición normativa de manera parcializada, señalando una inobservancia al art. 265 del CPC en sus tres parágrafos y por qué el Auto de Vista encuentra evidente el agravio sobre el art. 1538 del CC, pero decide confirmar la sentencia impugnada, cuando le correspondía emitir una resolución anulatoria, para que sea en conformidad con el art. 213.I del CPC; pero el Tribunal de alzada inobserva el art. 265 del citado Código, señalando que esa falta de consideración de la decisión en relación al art. 1538 del CC por la Jueza, que la publicidad de los derechos reales regla general, si bien era algo gravitante para el caso, pero no anula y resuelve en perjuicio de la apelante pese a que el principio no reformatio in peius que hay en materia penal y civil no lo permite, entonces se reclama que se ha actuado en su total perjuicio cuando está prohibido; y, 3) El Auto Supremo sobre este punto, no ha dado una respuesta adecuada, y no se trata de perder tiempo con este recurso de casación nosotros consideramos que tiene relevancia constitucional, porque si analizan correctamente el art. 265 del CPC tiene que haber una respuesta adecuada a los argumentos, pero fundamentada, por lo que la Juez de instancia debe pronunciarse sobre el art. 1538 del CC, porque si el demandado no registró su derecho propietario ante Derechos Reales, le están devolviendo un inmueble a una persona que no tiene derecho propietario oponible contra terceros.

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas

Juan Carlos Berrios Albizu y Marco Ernesto Jaimes Molina, Magistrados de la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia -de ese entonces-, presentaron informe escrito el 2 de febrero de 2023, cursante de fs. 911 a 913 vta., señalando que: i) El accionante describe que el Auto Supremo ingreso en fallo infra petita, por inobservancia del art. 265 del CPC en sus 3 parágrafos, por lo que incurrió en violación del derecho de acceso a la justicia, al debido proceso en su elemento de debida fundamentación por resolución con motivación arbitraria por fallo infra petita, y el derecho a la defensa en su elemento de derecho al recurso (art. 115.II de la CPE), toda vez que no se ha resuelto en su plenitud el recurso de casación; ii) La aparente omisión de pronunciamiento a la que hace referencia el accionante se debe a que por Auto de 24 de noviembre de 2021, por el que se declaró IMPROBADA la excepción previa de falta de legitimación o interés legítimo que surja de términos de la demanda opuesta por la demandante Nicolasa Salazar Márquez, al que se lo acusa de simplista, sin fundamentación y motivación, al haber confirmado el auto impugnado, permitiendo la intervención de un tercero ajeno a la litis sin contar con documentación que revista de la publicidad conforme al art. 1538 del CC en esta causa donde se discutió la prescripción extintiva del patrimonio de la demandada en su calidad de última propietaria del bien demandado. Explicó esta instancia que contra los autos de vista que confirmen apelaciones concedidas en el efecto diferido, no procede el recurso de casación, porque no constituyen fallos de carácter definitivo; iii) El accionante en el recurso de casación busco dejar sin efecto la determinación asumida por el Tribunal de apelación; sin embargo, el recurso de apelación en el efecto diferido que planteó, fue resuelto por el Auto de Vista S.C.C. 108/2022 de 6 de abril, que confirmo el Auto de 24 de noviembre de 2021, en sentido de calificarlo de intrascendente, puesto que anteriormente (el tema de la integración de litisconsorte), ya fue impugnado y resuelto en el Auto antes citado y su apelación fue declarada inadmisible, según Auto de Vista 103/2021 de 29 de marzo; cerrando así toda posibilidad de un nuevo análisis sobre aquella cuestión, lo que significa que una vez resuelta la impugnación por el Tribunal de segunda instancia, esta determinación no es impugnable en casación; por consiguiente este reclamo referente a la falta de pronunciamiento en esta instancia es debido a que se trata de una apelación en el efecto diferido que ya fue resuelto por el Auto de Vista S.C.C. 108/2022, que dio una respuesta a este reclamo, cerrando el debate en esta petición, por lo tanto no podría reclamarse nuevamente en apelación y casación. En ese entendido, este Tribunal ha advertido que la resolución impugnada, cuenta con la motivación y fundamentación que exige el art. 115 de la CPE; iv) El accionante alega que correspondía anular la sentencia, para que el juez pueda cumplir con su labor de interpretar y analizar el art. 1538 del CC, que lamentablemente los Vocales modificaron la sentencia, pero en perjuicio del apelante; al respecto cabe mencionar que no es evidente lo argumentado, ya que en la fundamentación de este Tribunal (Considerando IV punto 2) se establece claramente que se concluyó que el Juez A quo en ningún momento incorporó aspectos que no hayan sido debatidos durante la tramitación del proceso; en ese sentido, cabe señalar que la labor del Tribunal de segunda instancia, determinada por el art. 218.III del CPC, establece que: “Si se hubiere otorgado en la sentencia más o menos de lo pedido y hubiere sido reclamado en grado de apelación, el tribunal de alzada deberá fallar en el fondo”, esta apreciación de la norma que determina la labor del Tribunal de apelación, de fallar en el fondo de la causa, otorga una solución jurídica, aun la sentencia tuviere contradicciones en las pretensiones acogidas, la labor del Ad quem no se limita a identificar defectos de la sentencia sino en enmendar los mismos y otorgar soluciones a la controversia, por lo que, la labor del Tribunal de segunda instancia puede suplir la falta de congruencia incurrida por el Juez a ampliar su fundamentación, pues el anular para que supla una deficiencia del juez, implica vulneración del derecho a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones; v) Así también esta Sala explicó que por ser una cuestión de forma no vulnera los derechos reclamados, se recalcó que esa imprecisión contradictoria, así como la aparente fundamentación suplida por el Tribunal de alzada, no fueron reclamadas en su oportunidad (en su solicitud de complementación del Auto de Vista que cursa a fs. 831 y vta.) por el ahora accionante, como se observa del numeral 2 del Considerando IV, de forma clara y concisa, sin ingresar en ningún tipo de contradicción o incongruencia interna o externa, este Tribunal absolvió lo acusado en casación y explico las razones por las cuales los agravios referidos no son evidentes; vi) Por lo expuesto, buscar la nulidad para que el juez pueda cumplir con su labor de interpretar y analizar conforme el art. 1538 del CC, resulta inapropiado y contrario a la normativa considerando que el sistema recursivo civil no se constituye en un procedimiento de reenvió, por el que, los errores ya sea de forma o de fondo advertidos en segunda instancia, se reenvié la causa al juez que conoció el proceso en primera instancia, para que pronuncie nuevo fallo, situación inadecuada que no acepta nuestro ordenamiento legal, pues el art. 218.III del CPC, determina la labor del Tribunal de alzada, que tiene estas facultades, en este caso el de suplir la falta de congruencia incurrida por el juez; y, vii) Concluyendo señalan que el Auto Supremo accionado, cumple con el fin principal de la administración de justicia, de cumplir el debido proceso en su elemento de debida fundamentación, no violó el derecho de acceso a la justicia, menos se ha restringido el derecho a la defensa; consiguientemente no son evidentes las vulneraciones acusadas, correspondiendo por ello, denegar la tutela solicitada evitando dilaciones y mantener vigente la indicada Resolución.

I.2.3. Intervención del tercero interesado

Mario Alberto Avillo Mamani, a través de su abogado en audiencia señaló que: a) Escucharon los fundamentos tanto del informe de los accionados como los fundamentos de la accionante, lo que les lleva al convencimiento de que las autoridades deben hacer en el presente caso, más allá de una revisión de las formalidades o no formalidades es una ponderación de derechos, deben ponderar dos derechos constitucionales, el primero que es el de acceso a la justicia y el segundo el debido proceso, y estos dos derechos constitucionales se deben conjugar con uno muy importante que es el de celeridad procesal; es decir, que ambas partes tanto la demandante como el demandado tiene el derecho de que en el tiempo oportuno se resuelva o se responda a la pretensión que se ha traído ante la justicia ordinaria; b) El reclamo que ha traído la accionante en el recurso de casación está vinculado estrechamente a cuestiones de forma; es decir a cuestiones de aplicación de la norma del procedimiento y para poder valorar estas cuestiones de forma en sede constitucional y en sede ordinaria porque no difiere al estar derechos constitucionales de fondo, las formas precautelan derechos constitucionales, para hacer esa valoración, esa ponderación se tiene que tomar en cuenta los principios constitucionales y un principio constitucional que nos va a ayudar a dilucidar esta ponderación de derechos, es el principio muy aplicado en la justicia civil, el principio de trascendencia del reclamo y el de conservación de actos procesales, lo que se propende es conservar los actos procesales que en lenguaje de materia penal es la última ratio que es la nulidad de los actos procesales y para que haya nulidad esta tiene que estar justificada como establece el art. 105 del CPC en base a una serie de principios entre los cuales está el de trascendencia y el de importancia; c) Cuando el auto supremo trata el reclamo de la incongruencia interna y externa en el fallo por vulneración del art. 265 del CPC, los Magistrados del Tribunal Supremo, dicen que tomando en cuenta que este reclamo constituye el eje de la impugnación que el Juez o los Vocales hayan dado más allá de lo pedido, corresponde que estas alegaciones sean analizadas en el marco del desarrollo del punto 3.2 de la doctrina aplicable en el cual se estableció que en casos en los que se acusa incongruencia omisiva respecto al recurso de apelación, este tribunal de casación debe limitar su análisis únicamente a establecer si hubo o no respuesta a los reclamos del recurrente, y hubo una respuesta, es innegable el auto de vista cuando trata la supuesta falta de fundamentación con respecto al art. 1538 del CC señalando porque no se ha tratado y porque están complementando; en consecuencia se ha emitido pronunciamiento, siendo otra cosa que estos razonamientos no le sean favorables, máxime si el art. 105 del CPC dispone que la nulidad procesal solo procederá cuando la infracción o inobservancia sea lesiva al debido proceso y ese error procesal de lugar a que la decisión impugnada tenga un resultado diferente, en el caso de autos la sentencia ha declarado improbada la demanda de usucapión del accionante con los fundamentos que están en el auto supremo que se denomina parte de fondo, ahí está explicado todo sobre el art. 1538 del CC con respecto a la detentación que tenía la demandante del inmueble de Mario Alberto Avillo Mamani; d) Es necesario hacer mención a los fallos del Tribunal Constitucional Plurinacional justamente para que nos den luces acerca de la doctrina que se va aplicando en los amparos constitucionales, siendo importante lo que tiene la SCP 1582/2022-S4 de 6 de diciembre, la cual al igual que en sede ordinaria nos dice de que existe un principio que es el de relevancia constitucional que ha sido modulada por la SCP 0214/2019-S4 de 10 de mayo, que nos dice que la jurisprudencia precedente debe ser complementada a partir del principio de relevancia constitucional que tenga la alegada arbitraria o insuficiente fundamentación y motivación de las resoluciones es decir, que deberá analizarse la incidencia de dicho acto supuestamente ilegal pues si no tiene efecto modificatorio en el fondo de la decisión por carecer de relevancia constitucional, deberá ser analizada por el Tribunal, empero para denegar la tutela; y, e) En la exposición del amparo por escrito y en la exposición de manera oral, no hemos escuchado cual es la relevancia constitucional anulando el Auto Supremo, no se explica cómo va a cambiar el estatus de la demandante de detentadora a propietaria sin haber pasado por el estatus de poseedor para pensar de que el proceso de usucapión pudiese de alguna manera cambiar esa situación otra pregunta que se debe hacer para responder a la relevancia constitucional en que afecta que Mario Alberto Avillo Mamani no tenga publicidad de su derecho real pese a tener un contrato de compraventa, si en lo que se ha basado la sentencia para denegar el trámite de usucapión es que existe un contrato de anticrético entre Nicolasa Salazar Márquez y Mario Alberto Avillo Mamani, y en base a ese reconocimiento de derecho de propiedad se ha pronunciado la sentencia declarando improbada la demanda de usucapión porque ese contrato de anticrético le hacía automáticamente detentadora no poseedora, por eso creemos que el reclamo vía acción de amparo constitucional no va a cambiar la situación; en ese sentido en base a la jurisprudencia citada y en base al principio de relevancia constitucional, solicita se tome siempre el principio de conservación de actos procesales y se deniegue la tutela solicitada por Nicolasa Salazar Márquez.

I.2.4. Resolución

La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, mediante Resolución 028/2023 de 2 de marzo, cursante de fs. 926 a 928 vta., denegó la tutela solicitada; con base en los siguientes fundamentos: 1) Se debe tener en cuenta que, en los casos en que se denuncia la lesión del debido proceso en sus componentes a la debida fundamentación, motivación, congruencia, valoración de la prueba, entre otros; en aplicación de los razonamientos desarrollados en la SCP 0018/2018-S2 de 28 de febrero, el análisis para la concesión de la tutela debe ser complementado con el de relevancia constitucional, analizando que si de acuerdo a los elementos aportados permitirá cambiar el sentido de la decisión o la materialización de un derecho sustancial, tomando en cuenta también lo razonado por la SCP 0275/2019-S4 de 22 de mayo, que estableció que esta jurisdicción no puede conceder tutela solo para reparar un error o defecto procedimental, sino que dicha tutela debe permitir un cambio sustancial en la decisión denunciada como lesiva; 2) En estos parámetros la impetrante de tutela denunció la falta de análisis y pronunciamiento fundamentado respecto al tercer motivo de casación en la forma, sobre la incongruencia ultra petita en la que incurrió el Tribunal de apelación al resolver el recurso de alzada infringiendo el art. 265 del CPC y en lugar de anular la sentencia para que el Juez A quo, resuelva respecto a la aplicación del art. 1538 del CC, subsanando los fundamentos de la referida sentencia resolvió corrigiendo la omisión en perjuicio del recurrente; 3) Entre los fundamentos jurídicos del Auto Supremo cuestionado, se incorpora la doctrina aplicable (Considerando II.2) el debido proceso en sus componentes de congruencia, fundamentación y motivación de las resoluciones; a partir de lo cual en el Considerando IV, se realiza un abordaje conjunto de los motivos del inciso b) referido a la incongruencia interna y del inciso c) la congruencia externa ultra petita; empero ese abordaje, no es muy claro y preciso, por cuanto, se refirió también al Auto de Vista 103/2021, y en lo concerniente a lo denunciado en esta acción de defensa, sostiene que la aparente fundamentación suplida por el Tribunal de alzada, no fue reclamada por la recurrente en su debida oportunidad al haber planteado complementación solo respecto a otros temas, continúa expresando que la Resolución de alzada en ningún momento incorporó aspectos que no fueron debatidos durante la tramitación del proceso, para ser acusada de ultra petita y por el contrario la misma se circunscribió sobre los puntos apelados; 4) Por lo anotado esta Sala Constitucional advierte que las consideraciones efectuadas resultan siendo retóricas; por cuanto sin realizar un análisis preciso de lo denunciado, refieren que no se vulneró lo previsto en el art. 265 del CPC, y que al haberse respondido a los seis puntos de agravio planteados no resultaría evidente la aludida incongruencia. En ese sentido se evidencia que no se realizó un análisis preciso sobre esos aspectos y, por lo tanto, el Auto Supremo denunciado incurre en incongruencia; y, 5) Pese a lo manifestado en los casos en que se denuncia la lesión del debido proceso en sus componentes debida fundamentación, motivación, congruencia, valoración de la prueba e inclusive interpretación normativa, siguiendo lo razonado en la SCP 0018/2018-S2 el análisis a las lesiones debe ser complementado con el de relevancia constitucional en esa línea se tiene que la impetrante de tutela inicialmente planteó una demanda contra Juana Mamani Mamani de Arancibia porque la consideraba fallecida, en el transcurso del proceso se evidenció la existencia de Testimonio de Escritura 872/2008 de 9 de junio, por el cual el ahora tercero interesado Mario Alberto Avilllo Mamani, otorgó en calidad de anticrético a la ahora accionante el inmueble objeto de la litis y si bien la actora discute que el otorgante en anticresis no tenía registrado en Derechos Reales su derecho propietario y no podía surtir sus efectos hacia terceros conforme el art. 1538 del CC, sin embargo dicho contrato fue suscrito entre partes del litigio, y para surtir sus efectos no se requiere de dicho registro; por lo anotado, la incongruencia denunciada y advertida por esta Sala Constitucional no tiene relevancia constitucional para poder dejar sin efecto el Auto Supremo 456/2022.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:

II.1. Cursa Sentencia 03/2022 de 28 de enero, pronunciada por la Jueza Pública Civil y Comercial, Sentencia Penal y Ejecución Penal Primera de Monteagudo del departamento de Chuquisaca, dentro del proceso ordinario de usucapión decenal o extraordinaria seguido por Nicolasa Salazar Márquez contra Juana Mamani Mamani de Arancibia y Hermenegildo Arancibia Gonzales, y contra el litis consorte necesario pasivo Mario Alberto Avillo Mamani que resolvió declarar IMPROBADA la demanda principal de usucapión decenal o extraordinaria interpuesta por Nicolasa Salazar Márquez y PROBADA la demanda reconvencional de cumplimiento de contrato y entrega y desalojo de vivienda, interpuesta por el litis consorte necesario pasivo Mario Alberto Avillo Mamani. Disponiendo la desocupación del inmueble objeto del contrato de anticresis por parte de la demandada Nicolasa Salazar Márquez; y en consecuencia la entrega del mismo a favor del Litis consorte necesario pasivo y reconvencionista Mario Alberto Avillo Mamani en el plazo de treinta días a partir de la ejecutoria de la sentencia (fs. 772 a 786). II.2. Por memorial de 10 de febrero de 2022, Natalio Tarifa Herrera y Nicolasa Salazar Márquez interponen recurso ordinario de apelación contra la Sentencia 03/2022 de 28 de enero, solicitando revocar el Auto Interlocutorio que desestima la excepción previa de falta de legitimación activa o interés legítimo que surja de los términos de la demanda, declarando probada dicha excepción y como consecuencia lógica revocar la Sentencia y declarar probada la demanda reconvencional, declarándole propietaria del inmueble vía usucapión y con todos los efectos permitidos por ley (fs. 788 a 792 vta.). II.3. Mediante Auto de Vista S.C.C. II 108/2022 de 6 de abril, la Sala Civil y Comercial Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, resolvió CONFIRMAR en todas su partes el Auto y la Sentencia apelada por la recurrente Nicolasa Salazar Márquez, con costas y costos (fs. 819 a 825). II.4 Cursa memorial de 27 de abril de 2022, por el que Nicolasa Salazar Márquez, interpone recurso de casación en la forma y el fondo contra el Auto de Vista S.C.C. II 108/2022 de 6 de abril, emitido por la Sala Civil y Comercial Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca; solicitando a la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia resolver el recurso de casación en la forma y en el fondo, en razón de contar con suficiente fundamento en la forma para anular el Auto de Vista y en el fondo casar el Auto de Vista S.C.C. 108/2022 y la Sentencia 03/2022 de 28 de enero declarando probada la demanda de usucapión (fs. 836 a 843 vta.). II.5. La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia, por Auto Supremo 456/2022 de 30 de junio, resolvió declarar INFUNDADO el recurso de casación planteado por Nicolasa Salazar Márquez contra el Auto de Vista S.C.C. 108/2022 de 6 de abril, con costas y costos (fs. 866 a 882).

II.6. Consta diligencia de notificación a Nicolasa Salazar Márquez ahora accionante con el Auto Supremo 456/2022 de 30 de junio, el 18 de julio de 2022 (fs. 883).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La accionante denuncia la lesión de sus derechos de acceso a la justicia, al debido proceso en su elemento debida congruencia y fundamentación por resolución con motivación arbitraria y a la defensa; aduciendo que a tiempo de pronunciar el Auto Supremo 456/2022 de 30 de junio, las autoridades demandadas, declararon infundado su recurso de casación interpuesto contra el Auto de Vista S.C.C. II 108/2022; omitiendo análisis y pronunciamiento fundamentado respecto al tercer motivo del recurso de casación en la forma, en el que se denunció la incongruencia ultra petita y violación del art. 265 concordante con el art. 213.I del CPC, en la que incurrió el Tribunal de apelación, que debió dar lugar a la anulación de la sentencia para que la Jueza A quo, resuelva respecto a la interpretación del art. 1538 del CC, y no subsanar los fundamentos de la sentencia corrigiendo la omisión en perjuicio de la parte recurrente; aspectos que correspondían ser enmendados por el Tribunal de casación anulando el Auto de Vista recurrido. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. La fundamentación, motivación y congruencia de las resoluciones judiciales o administrativas como componentes del debido proceso y su necesaria relevancia constitucional

Al respecto, la SCP 0028/2024-S2 de 9 de febrero, sistematizando los razonamientos jurídicos desarrollados en la jurisprudencia constitucional sobre los referidos elementos del debido proceso y su necesaria relevancia constitucional preciso lo siguiente: “…la SCP 0450/2012 de 29 de junio, luego de puntualizar la línea jurisprudencial establecida al respecto, concluyó: ‘La jurisprudencia señaló que el debido proceso es de aplicación inmediata, vincula a todas las autoridades judiciales, jurisdiccionales y administrativas, y constituye una garantía de legalidad procesal prevista por el constituyente para proteger la libertad, la seguridad jurídica y la fundamentación o motivación de las resoluciones judiciales o administrativas. Abarca un conjunto de derechos y garantías mínimas que garantizan el diseño de los procedimientos judiciales y administrativos, entre sus elementos se encuentra la fundamentación y motivación de las resoluciones, a las que toda autoridad a cargo de un proceso está obligada a cumplir, no solamente a efectos de resolver el caso sometido a su conocimiento, sino exponiendo de manera suficiente, las razones que llevaron a tomar cierta decisión, así como las disposiciones legales que sustentan la misma, es decir, debe llevar al convencimiento que se hizo justicia, tanto a las partes, abogados, acusadores y defensores, así como a la opinión pública en general; de lo contrario, no sólo se suprimiría una parte estructural de la resolución sino impediría que las partes del proceso conozcan los motivos que llevaron a dicha autoridad a asumir una determinación, lo que no implica que dicha motivación contenga una exposición ampulosa y sobrecargada de consideraciones y citas legales, basta con que ésta sea concisa pero clara y satisfaga todos los aspectos demandados. El tratadista mexicano Javier Alba Muñoz indicó que el debido proceso debemos entenderlo como: ‘…el razonamiento mediante el cual se da la explicación lógicamente razonable del porqué el acto de autoridad tiene su apoyo en la disposición legal…’ (ALBA MUÑOZ, Javier, Contrapunto Penal, Cárdenas Editor y Distribuidor, México, 1998, p. 7)’. Por su parte, la SCP 0712/2015-S3 de 3 de julio, a tiempo de establecer la diferenciación existente entre fundamentación y motivación como elementos del debido proceso, precisó que: ‘…la fundamentación consiste en la justificación normativa de la decisión judicial, y la motivación es la manifestación de los razonamientos que llevaron a la autoridad a la conclusión de que el acto concreto que se trate, se encuentra, por una parte probado, lo que supone que la autoridad judicial debe explicar las razones por las cuales considera que la premisa fáctica se encuentra probada, poniendo de manifiesto la valoración de la prueba efectuada, y por otra explicando por qué el caso encuadra en la hipótesis prevista en el precepto legal -contexto de justificación-. Por consiguiente, no basta que en el derecho positivo exista un precepto que pueda sustentar el acto de la autoridad, ni un motivo para que ésta actúe en consecuencia, sino que es indispensable que se hagan saber al afectado los fundamentos y motivos del procedimiento respectivo, ya que solo así estará en aptitud de defenderse como estime pertinente; de esta forma, se entiende que la fundamentación debe ser específica al caso de que se trate y la motivación explícita’. Así también, respecto a la congruencia como parte del debido proceso, la SC 0486/2010-R de 5 de julio, entendió dicho principio en sus vertientes interna y externa como el ‘…principio característico del debido proceso, entendida en el ámbito procesal como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto; ahora bien, esa definición general, no es limitativa de la coherencia que debe tener toda resolución, ya sea judicial o administrativa, y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva: sino que además, debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos contenidos en la resolución. La concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan ese razonamiento que llevó a la determinación que se asume. En base a esas consideraciones, es que quien administra justicia, emitirá fallos motivados, congruentes y pertinentes’.

En este contexto la SCP 0005/2019-S2 de 19 de febrero, complemento los entendimientos asumidos por la jurisprudencia respecto a estos elementos del debido proceso; efectuando un análisis sobre la relevancia constitucional, a efecto de una eventual tutela frente a estos supuestos señalando lo siguiente: ‘Ahora bien, la jurisprudencia precedentemente citada debe ser complementada a partir de la relevancia constitucional que tenga la alegada arbitraria o insuficiente fundamentación y motivación de las resoluciones, es decir, que deberá analizarse la incidencia de dicho acto supuestamente ilegal en la resolución que se está cuestionando a través de la acción de amparo constitucional; pues, si no tiene efecto modificatorio en el fondo de la decisión, la tutela concedida por este Tribunal únicamente tendría como efecto el que se pronuncie una nueva Resolución con el mismo resultado; consiguientemente, a partir de una interpretación previsora, si bien la arbitraria o insuficiente fundamentación, aún carezca de relevancia, deberá ser analizada por el Tribunal Constitucional Plurinacional; empero, corresponderá denegar la tutela por carecer de relevancia constitucional. Con la aclaración que este entendimiento es únicamente aplicable a la justicia constitucional que no exigirá para efectuar el análisis, que la o el accionante cumpla con carga argumentativa alguna’” (el resaltado es agregado).

III.2. Análisis del caso concreto

Desarrollado el marco jurisprudencial para el examen de fondo del presente caso; del análisis y compulsa de los antecedentes que cursan en el expediente; se tiene que dentro del proceso ordinario de usucapión decenal o extraordinaria seguido por Nicolasa Salazar Márquez -ahora accionante- contra Juana Mamani Mamani de Arancibia y Hermenegildo Arancibia Gonzales y contra el litis consorte necesario pasivo Mario Alberto Avillo Mamani, por Sentencia 03/2022, se declaró improbada la demanda principal de usucapión decenal o extraordinaria y probada la demanda reconvencional de cumplimiento de contrato, entrega y desalojo de vivienda interpuesta por el litis consorte necesario pasivo Mario Alberto Avillo Mamani (Conclusión II.1). Interpuesto recurso de apelación, por Auto de Vista S.C.C. 108/2022, se confirma la Sentencia apelada en todas sus partes (Conclusión II.3); lo que dio lugar a que la ahora accionante por memorial de 27 de abril de 2022, interponga recurso de casación en la forma y el fondo (Conclusión II.4), impugnación resuelta por Auto Supremo 456/2022 por el que las autoridades, declararon infundado el recurso de casación (Conclusión II.5). Descritos los antecedentes que motivaron la presente acción de amparo constitucional; la ahora accionante denuncia entre otros aspectos, la falta de fundamentación, motivación y congruencia en el Auto Supremo 456/2022, con la pretensión de ser restituidos sus derechos; alegando específicamente que se omitió análisis y pronunciamiento fundamentado respecto al tercer motivo del recurso de casación en la forma, en el que denunció la incongruencia ultra petita y violación del art. 265 concordante con el art. 213.I del CPC, en la que incurrió el Tribunal de apelación, que debió dar lugar a la anulación de la Sentencia para que la Juez A quo, resuelva respecto a la aplicación e interpretación del art. 1538 del CC, y no subsanar los fundamentos de la sentencia como lo hizo el Tribunal de alzada, corrigiendo tal omisión en perjuicio de la parte recurrente; aspectos que en su concepto correspondían ser enmendados por el Tribunal de casación anulando el citado Auto de Vista. Siendo este tópico la parte medular del problema jurídico planteado, a objeto de analizar si el mencionado fallo contiene la debida fundamentación, motivación y congruencia, concierne conocer los argumentos esgrimidos por la parte accionante en el recurso de casación en el citado punto tres: “3.- Resolución con incongruencia externa y vulneración del art. 265. I. II y III concordante con el art. 213.I del CPC, por haberse emitido una resolución ultra petita. En mérito al principio de congruencia, toda resolución debe reunir la coherencia procesal necesaria que, en el caso de la apelación, encuentra su fuente normativa en el art. 265 del Código Procesal Civil, disposición que en su primer párrafo establece que el Auto de Vista, deberá circunscribirse a los puntos resueltos por el inferior y que hubieran sido objeto de apelación y fundamentación, así mismo establece en su segundo párrafo, la prohibición de modificar la resolución impugnada en perjuicio de la parte apelante, y por último en el tercer párrafo establece que el Tribunal de segunda instancia puede pronunciarse sobre puntos omitidos en la Sentencia, empero, esta última posibilidad es solo bajo la condición que haya sido reclamado su pronunciamiento por el recurrente. En ese orden de antecedentes se tiene que el Auto de Vista hoy cuestionado, ha incurrido en infracción y vulneración del principio de congruencia externa establecida por dicha disposición normativa adjetiva, en sus tres párrafos, toda vez que de manera parcializada y con el fin de confirmar a como dé lugar la Sentencia impugnada, el Tribunal de Segunda instancia desestimo mi recurso de apelación en el efecto suspensivo, a pesar de que el Auto de Vista (al afirmar que la Juez A-quo no se refiere y menos analiza el art. 1538 del C.C.), encontró evidente el cuarto agravio acusado en apelación, empero, pese a ello decide confirmar la Sentencia impugnada, cuando lo que correspondía al Tribunal de Segunda instancia en resguardo de la congruencia externa emitir una resolución anulatoria para que sea la Juez de primera instancia, quien en cumplimiento de su labor establecida por el art. 213. I del CPC resuelva de manera positiva o negativa la errónea interpretación advertida; empero dicho externo no ocurrió en ese sentido, pues el Tribunal de Segunda instancia olvidando dicha labor de fiscalizador que el proceso se lleve conforme a procedimiento e inobservando la coherencia dispuesta por el art. 265.I. II. y III. del CPC, decidió usurpar el rol de la Juez de primera instancia, y de manera oficiosa proceder a suplir dicha omisión en la que incurrió la juzgadora (análisis e interpretación del art. 1538 del C.C.), sin que dicho extremo haya sido pedido por mi parte como recurrente en el recurso de apelación, pues lo que se acusó y pidió en el recurso de apelación de fs. 792 - 796 vta., es la falta de consideración de la decisión en relación al art. 1538 del C.C. pues de haberlo hecho sería otra la decisión, agravio que tiene su fundamento en que un derecho propietario no oponible a terceros puede ser considerado como base fundamental no solo de la aceptación en la participación del tercero comprador como Litis consorte necesario pasivo, sino sobre todo para declarar improbada la principal y probada la demanda reconvencional, es decir nunca se solicitó al tribunal efectué tal interpretación en suplencia de la Juzgadora, para que realice dicha posibilidad conforme exige el art. 265.III, por lo que el Tribunal de Segunda instancia no podía atribuirse labores interpretativas no solicitadas en el recurso de apelación, y al haber realizado dicha labor complementando y modificando de oficio la fundamentación contenida en la Sentencia impugnada, en total perjuicio mío, el Tribunal de Segunda instancia incurrió en franca violación del principio de congruencia externa emitiendo una resolución ultra petita, aspectos que deben ser enmendados por el máximo Tribunal de la Justicia Ordinaria, disponiendo la nulidad del Auto de Vista, para que se emita nueva resolución donde se disponga la nulidad de la Sentencia y sea la Juez A quo, quien en observancia de sus facultades sea quién absuelva o complemente la omisión en la que incurrió a momento de emitir la Sentencia impugnada y no así por un Tribunal de Segunda instancia” (sic).

En ese orden, el Auto Supremo 456/2022 -ahora cuestionado- a tiempo de resolver el recurso casación respecto del agravio antes descrito; en el Considerando IV sobre el recurso de casación en la forma 2. Al punto 1.b) y c) del recurso, referido a la denuncia de incongruencia interna y externa del fallo y vulneración de los arts. 265 y 213 del CPC por haberse emitido una resolución ultra petita señalo que:

“…Se debe tener en cuenta que la resolución de alzada en ningún momento incorpora aspectos que no han sido debatidos durante la tramitación de este proceso para ser acusada de ultra petita (mas allá de lo pedido), por el contrario, la Resolución de vista ha circunscrito su resolución sobre los puntos apelados, respondiendo en forma clara y expresa a cada punto alegado como gravoso, con argumentos facticos y jurídicos, debidamente fundados y emergentes de los datos del proceso y que han sido objeto del debate en el caso de autos (a raíz de la intervención del litisconsorte necesario pasivo, lo cual en criterio del tribunal de apelación refuerza el hecho de que la recurrente no demostró lo acusado en estos acápites).

Asimismo, tomando en cuenta que lo descrito líneas arriba se constituye en el eje de esta impugnación, corresponde que estas alegaciones sean analizadas en el marco de lo desarrollado en el apartado punto III.2 de la doctrina aplicable, en el cual se ha establecido que en los casos en que se acusa incongruencia omisiva respecto al recurso de apelación, este tribunal de casación debe limitar su análisis únicamente a establecer si hubo o no respuesta a los reclamos de la recurrente, pues lo contrario implicaría ingresar a cuestiones que atingen a la impugnación en el fondo. Por lo que el hecho de identificar las respuestas consideradas omitidas y/o contradictorias, relacionados con la congruencia externa e interna en la resolución impugnada no implica que se esté dando una respuesta positiva o negativa a lo razonado o que se esté de acuerdo con las mismas; razonamiento que también se aplica al análisis para identificar la existencia o no de fundamentación y motivación en la resolución recurrida.

En ese contexto, de la revisión del fallo impugnado, se puede advertir que lo reclamado por la recurrente, no resulta evidente, puesto que claramente se observa que el Auto de Vista ha respondido a los puntos de agravio conforme a lo previsto por el art. 265 del Código Procesal Civil en los 6 puntos de agravio advertidos en el recurso de apelación, en consecuencia, se ha emitido pronunciamiento respecto a las alegaciones que se acusan de vulneratorias por la recurrente, siendo otra cosa que estos razonamientos no le sean favorables a la impugnante, lo que desde ningún punto de vista constituye razón suficiente para solicitar la nulidad pretendida.

Máxime si el art. 105.II del Código Procesal Civil dispone que: ‘…El acto será válido, aunque sea irregular, si con él se cumplió con el objeto procesal al que estaba destinado, salvo que se hubiere provocado indefensión’, lo que significa, que la sola presencia de un vicio no es razón suficiente para que el Juez declare la nulidad de un acto procesal (finalidad del acto) y si ese vicio es trascendente, de tal manera que sea lesiva del derecho al debido proceso en cualquiera de sus elementos constitutivos, es decir, que determine un resultado probablemente distinto en la decisión judicial o coloque al justiciable en un estado de indefensión” (sic). Ahora bien, expuesto el contenido del agravio y los fundamentos en base a los cuales se resolvió el mismo; efectuando el contraste y examen de estos fundamentos, se advierte que las autoridades demandadas en el Auto Supremo cuestionado, en lo concerniente a la denuncia especifica formulada por la accionante respecto a que se omitió análisis y pronunciamiento fundamentado respecto al tercer motivo del recurso de casación en la forma, en el que denunció la incongruencia ultra petita y violación del art. 265 concordante con el art. 213.I del CPC, en la que incurrió el Tribunal de apelación, que debió dar lugar a la anulación de la Sentencia para que la Juez a quo, resuelva respecto a la aplicación e interpretación del art. 1538 del CC; soslayan emitir pronunciamiento especifico sobre los argumentos de este agravio; pues, si bien en este punto refieren que estas alegaciones serán analizadas en el marco de lo desarrollado en el apartado punto III.2 en el que invocaron jurisprudencia constitucional sobre los alcances del debido proceso en sus vertientes congruencia y una debida fundamentación y motivación de las resoluciones, se limitan a esbozar consideraciones generales respecto de la doctrina aplicable en los casos en que se acusa incongruencia omisiva, pero de manera muy genérica y sin mayor argumentación concluyen que lo reclamado por la recurrente no resulta evidente, puesto que el auto de vista hubiera respondido a todos los puntos de agravio, resultando inviable la pretensión de su nulidad; es decir que no emiten respuesta alguna respecto del argumento central argüido en este agravio, en relación a la nulidad del auto de vista para que la Juez a quo emita criterio fundado respecto de la aplicación del art. 1538 del CC; lo que permite concluir que se incurre en vulneración del debido proceso en sus vertientes de debida motivación y fundamentación, por omisión de considerar la integridad de los tópicos alegados por la accionante en el punto tres de su recurso de casación en la forma y la presente acción de defensa descritos líneas arriba, alcanzando el quebrantamiento a la vertiente de congruencia externa, cuando excluyen de su razonamiento el contenido total de dicho agravio, que de acuerdo a los razonamientos glosados en el Fundamento Jurídico III del presente fallo, constituye un principio característico del debido proceso, entendida en el ámbito procesal como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto; cuya observancia es imperativa para toda autoridad judicial, que en resguardo del debido proceso debe emitir fallos motivados congruentes y pertinentes.

No obstante la lesión establecida; en el caso, es pertinente traer a colación el razonamiento jurisprudencial desarrollado en la parte final del Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional que estableció que a efecto de una eventual tutela en los casos en que se denuncia lesión del debido proceso en sus elementos fundamentación motivación y congruencia, corresponde un análisis sobre la relevancia constitucional, en función al cual en cada caso debe analizarse la incidencia del supuesto acto ilegal en la decisión final asumirse verificando el efecto modificatorio del fallo cuestionado, y a partir de una interpretación previsora, pueda establecerse que no obstante haberse omitido resolver de manera fundada la resolución cuestionada, se advierta que aun de modificarse efectuando una mejor fundamentación y motivación, no cambiará la decisión final asumida; lo que precisamente acontece en la especie, ya que de los fundamentos de fondo del auto supremo se puede inferir que ampliar o mejorar la fundamentación y motivación sobre la aplicación del art. 1538 del CC, no tendrá incidencia en el fondo de la decisión; por cuanto la condición de detentadora de la ahora accionante en relación al bien inmueble objeto de la demanda de usucapión, no cambiara al de poseedora, toda vez que se estableció este estatus a partir de la existencia de un contrato de anticresis sobre el citado bien inmueble suscrito entre Mario Alberto Avillo Mamani -tercero interesado- y la ahora accionante, instrumento que al haber sido suscrito por las partes en litigio, fue valorado en el proceso en los alcances del art. 1538.III del CC, otorgándole eficacia para establecer que la demandante reconoció el derecho propietario de Mario Alberto Avilllo Mamani sobre el inmueble que demando de usucapión, quedando establecida su estatus de detentadora, que en definitiva dio lugar a que se declare improbada su demanda de usucapión; por lo que, a partir de dicho razonamiento, corresponde denegar la tutela solicitada. En consecuencia, la Sala Constitucional al haber denegado la tutela solicitada obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado, y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 028/2023 de 2 de marzo, cursante de fs. 926 a 928 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

MSc. Isidora Jiménez Castro

MAGISTRADA

René Yván Espada Navía

MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0183_2025-S4.pdf · páginas 1 a 17.

Huella digital del PDF (SHA-256): 82beb55a47ca394fa08f75daf44672bb6b946b823826a7f7037d18996ad82c2a

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