Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 31 de marzo de 2025
Concede la tutela
El accionante por medio de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso con afectación a la libertad y a la conclusión del proceso dentro de un plazo razonable; toda vez que, el Juez de Instrucción Anticorrupción Segundo de la Capital del departamento de Santa Cruz -demandado-, hasta la presentación de esta acción tutelar, no emitió pronunciamiento alguno respecto al incidente de extinción del proceso penal por vencimiento del plazo de la etapa preparatoria, presentado el 19 de agosto de 2022 ante el Juez de Instrucción contra la Violencia hacia la Mujer Segundo de la citada Capital y departamento y reiterado en sus fundamentos el 12 de septiembre de igual año ante la autoridad judicial demandada. En consecuencia, corresponde en revisión verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 44.1 del Código Procesal Constitucional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 33/22 de 21 de septiembre de 2022, cursante de fs. 52 a 55, pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Decimosegunda de la Capital del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada disponiendo que el Juez de Instrucción Anticorrupción Segundo de la Capital del departamento de Santa Cruz, obre conforme al procedimiento establecido respecto a los incidentes y emita el pronunciamiento respectivo, con relación al incidente de extinción del proceso penal por vencimiento del plazo de la etapa preparatoria impetrado, siempre y cuando ello no se hubiese realizado.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0183/2025-S3 Sucre, 31 de marzo de 2025 SALA TERCERA Magistrada Relatora: Paola Verónica Prudencio Candia Acción de libertad Expediente: 50690-2022-102-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 33/22 de 21 de septiembre de 2022, cursante de fs. 52 a 55, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Alejandro Marza Torrez en representación sin mandato de Rubén Jaime Rejas Quispe contra Juan José Quiroz Crespo, Juez de Instrucción Anticorrupción Segundo de la Capital del departamento de Santa Cruz.
Por memorial presentado el 20 de septiembre de 2022, cursante de fs. 10 a 13 vta., el accionante a través de su representante, expresó que:
Se abrió en su contra el proceso penal a instancias del Ministerio Público por la presunta comisión del delito de enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado, previsto y sancionado por el art. 28 de la Ley de Lucha contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas “Marcelo Quiroga Santa Cruz” -Ley 004 de 31 de marzo de 2010-, en atención al Informe de 26 de junio de 2021, emitido por el funcionario policial Álvaro Jiménez Fernández, en mérito a una entrevista informativa tomada a Yuliza Elizabeth Godoy Llano, quien le sindicó de haberla convencido de obtener un Número de Identificación Tributario (NIT) para viabilizar el funcionamiento del “LOCAL LUXOS”, desconociendo el uso dado al talonario de facturas, acusándole de evadir impuestos.
Después de cinco meses y un día computables desde la apertura del proceso penal, la Fiscal de Materia pronunció en su contra, imputación formal de 30 de noviembre de 2021, endilgándole la autoría del mencionado delito; en ese entendido, el 7 de marzo de 2022, dirigiéndose a la aludida autoridad del Ministerio Público solicitó fotocopia legalizada del cuadernillo de investigaciones, mereciendo como respuesta, el decreto de 9 de ese mes y año, en el cual señala que “…HASTA LA FECHA 9-03-2022 NO SE HALLA EN CONDICIÓN DE INVESTIGADO, NO SIENDO PARTE DEL PROCESO, NO SIENDO PARTE PROCESAL” (sic). El 19 de mayo de 2022, se llevó adelante la audiencia de aplicación de medidas cautelares, en la cual el Juez de Instrucción contra la Violencia hacia la Mujer Segundo de la Capital del departamento de Santa Cruz, dispuso su detención preventiva; y posteriormente, mediante “AUTO DE 06-07-2022” se dispuso la cesación de la misma, imponiéndole entre otras medidas el arresto domiciliario. Es así que mediante escritos de 18 y 27 de ese mismo mes y año, impetró ante la precitada autoridad jurisdiccional, que dentro de los alcances del art. 134 del Código de Procedimiento Penal (CPP) se declare la extinción de la acción en la etapa preparatoria, mereciendo como respuesta con una demora de dieciocho días calendario computables desde el 10 de igual mes y año (fecha de vencimiento de la etapa preparatoria), el decreto de 28 de idéntico mes y año. Revisado el Sistema Justicia Libre 1 (JL1), tomó conocimiento de que la Fiscal de Materia subió la Resolución de ampliación de la investigación de 6 de julio de 2022, en su contra, por la comisión del delito de legitimación de ganancias ilícitas, previsto y sancionado por el art. 185 Bis del Código Penal (CP), informando esa ampliación a la autoridad jurisdiccional recién el 5 de agosto del mismo año. Entonces, por memorial de 19 del referido mes y año, interpuso incidente de extinción del proceso penal por vencimiento del plazo de la etapa preparatoria, ante el Juez de Instrucción contra la Violencia hacia la Mujer Segundo de la Capital del departamento de Santa Cruz, pretensión que “a la fecha”, no fue resuelta; por lo que, a través de escrito de 12 de septiembre del citado año, impetró de manera expresa ante el Juez de Instrucción Anticorrupción Segundo de la Capital del departamento de Santa Cruz -ahora demandado-, se digne a resolver los incidentes de nulidad y las solicitudes de control jurisdiccional pendientes, sea en el plazo de ley, reclamo que tampoco fue atendido “a la fecha” -se entiende de presentación de la acción de defensa-, vulnerando de manera directa, flagrante y dolosa su derecho a la libertad.
El accionante denunció la lesión de sus derechos al debido proceso con afectación a la libertad y a la conclusión del proceso dentro de un plazo razonable; citando al efecto los arts. 115 y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicita se conceda la tutela impetrada, ordenando al Juez demandado, pronuncie resolución fundamentada resolviendo el incidente de extinción del proceso penal por vencimiento del plazo de la etapa preparatoria planteado mediante memorial de 19 de agosto de 2022 y de ese modo cese el procesamiento indebido.
Celebrada la audiencia pública el 21 de septiembre de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 50 a 51, se produjeron los siguientes actuados:
El accionante a través de su abogado, en audiencia de garantías ratificó los fundamentos de su demanda de acción de libertad, y ampliándolos refirió que: a) Transcurrieron más de seis meses de la etapa preparatoria de investigación y al vencimiento del plazo a partir de la emisión de la imputación formal y la notificación formal a su persona, se informó este extremo al Juez de control jurisdiccional; en ese sentido, planteó un incidente de extinción del proceso de acuerdo a lo establecido en los arts. 304 y 305 del CPP, pidiendo un pronunciamiento en tres o cuatro reiteraciones; b) Esperó aproximadamente un mes para que el Juez se pronuncie, empero, considerando que se encuentra con detención domiciliaria, no puede hacer reclamos diariamente; c) Se creó un nuevo Juzgado y en ese sentido el Juez fue reemplazado por otro en el tiempo que no obtuvo respuesta; y, d) Lo que busca es acelerar ese trámite judicial que genera un proceso indebido en su contra, al encontrarse privado de libertad, y a través de esta vía se repare la vulneración al derecho al debido proceso vinculado al derecho que tiene todo ciudadano a la conclusión del proceso dentro de un plazo razonable.
Juan José Quiroz Crespo, Juez de Instrucción Anticorrupción Segundo de la Capital del departamento de Santa Cruz, a pesar de su legal notificación cursante a fs. 17, no presentó informe alguno ni participó de la audiencia.
La Jueza de Sentencia Penal Decimosegunda de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituida en Jueza de garantías, mediante Resolución 33/22 de 21 de septiembre de 2022, cursante de fs. 52 a 55, concedió la tutela ordenando al demandado que una vez radicada la causa, aplique el trámite procesal de traslado y resolución del incidente de extinción de la acción penal por duración máxima de la etapa preparatoria, con base en los siguientes fundamentos: 1) Se advierte que el Juez demandado, de manera arbitraria, sin que medie una causal fundamentada, acreditada o circunstancia de fuerza mayor demostrada, desde que la causa fue remitida a su “repartición judicial” el 6 de septiembre de 2022, no se pronunció sobre la radicatoria del mismo y tampoco se procedió al respectivo trámite procesal para resolver el incidente de extinción de la acción penal por duración máxima de la etapa preparatoria incoado por el accionante y previsto por el art. 314 del CPP; y, 2) Resulta evidente la lesión del derecho al debido proceso en su elemento celeridad, vinculado a su libertad, en razón a que el accionante se encuentra cumpliendo medida cautelar de detención domiciliaria de veinticuatro horas, y de la decisión que vaya emitirse depende la situación jurídica del mismo.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. El 6 de diciembre de 2021, la Fiscal de Materia de la Fiscalía Especializada Anticorrupción, Legitimación de Ganancias Ilícitas, Delitos Tributarios y Delitos Aduaneros, de oficio presentó imputación formal contra Rubén Jaime Rejas Quispe -ahora accionante- por la supuesta comisión del delito de enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado, solicitando la aplicación de la medida cautelar personal de detención preventiva en el Centro de Penitenciario Palmasola de Santa Cruz y sea por el plazo de seis meses; señalándose audiencia mediante decreto de igual fecha, emitido por el Juez de Instrucción contra la Violencia hacia la Mujer Segundo de la Capital del departamento de Santa Cruz, para el 11 de enero de 2022 (fs.18 a 30). II.2. El 5 de julio de 2022, se llevó adelante la audiencia de cesación de la detención preventiva, emitiéndose en consecuencia el Auto Interlocutorio 253/2022, disponiendo la aplicación de medidas cautelares menos gravosas conforme al art. 231 Bis del CPP, entre ellas la detención domiciliaria del imputado en su propio domicilio durante las veinticuatro horas del día, sin escolta policial (fs. 31 a 36 vta.). II.3. Mediante memorial presentado el 19 de agosto de 2022, el peticionante de tutela planteó incidente de extinción del proceso penal por vencimiento del plazo de la etapa preparatoria. Mereciendo Decreto de igual fecha, a través del cual, el Juez de Instrucción contra la Violencia hacia la Mujer Segundo de la Capital del departamento de Santa Cruz, refiriendo que al haberse suprimido las competencias en materia de anticorrupción de su despacho judicial y al no contar con el instructivo de Sala Plena del Tribunal Departamental de Justicia del indicado departamento, a objeto de no incurrir en vicios de nulidad posteriores, dispuso que el memorial sea valorado en su oportunidad por la autoridad judicial que corresponda (fs. 37 a 43).
II.4. Por Auto 255/2022 de 1 de septiembre, el Juez de Instrucción contra la Violencia hacia la Mujer Segundo de la Capital del departamento de Santa Cruz, declinó competencia en razón de materia, disponiendo que se remitan los actuados del proceso al Juzgado de Instrucción Anticorrupción de turno, previo sorteo por la Oficina Gestora de Procesos (fs. 44). En ese mérito, a través de oficio Of. 933/2022 de 5 de septiembre, el Juez de Instrucción Penal contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de la Capital del citado departamento, remitió el expediente de la causa en original por refuncionalización, al Juez de Instrucción Anticorrupción Segundo de ese asiento judicial -hoy demandado- (fs. 45). II.5. A través de escrito presentado el 12 de septiembre de 2022 ante el Juez de Instrucción Anticorrupción Segundo de la Capital del departamento de Santa Cruz -demandado-, el hoy accionante ratificando los fundamentos de su memorial de 19 de agosto de igual año, impetró expresamente se resuelva el incidente planteado (fs. 48 a 49).
El accionante por medio de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso con afectación a la libertad y a la conclusión del proceso dentro de un plazo razonable; toda vez que, el Juez de Instrucción Anticorrupción Segundo de la Capital del departamento de Santa Cruz -demandado-, hasta la presentación de esta acción tutelar, no emitió pronunciamiento alguno respecto al incidente de extinción del proceso penal por vencimiento del plazo de la etapa preparatoria, presentado el 19 de agosto de 2022 ante el Juez de Instrucción contra la Violencia hacia la Mujer Segundo de la citada Capital y departamento y reiterado en sus fundamentos el 12 de septiembre de igual año ante la autoridad judicial demandada. En consecuencia, corresponde en revisión verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
La SCP 0624/2024-S4 de 17 de septiembre, determinó que: “El Tribunal Constitucional en la SC 1579/2004-R de 1 de octubre, concluyó que el entonces recurso de hábeas corpus -actualmente acción de libertad-‘…por violaciones a la libertad individual y/o locomoción, puede ser reparador si ataca una lesión ya consumada, preventivo si procura impedir una lesión a producirse o correctivo si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida’. A partir de dicha clasificación del entonces recurso de hábeas corpus, la SC 0044/2010-R de 20 de abril, amplío las tipologías del hábeas corpus (acción de libertad)), haciendo referencia al hábeas corpus restringido, al instructivo y al traslativo o de pronto despacho, precisando que, a través de este último ‘…lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad’; entendimiento que fue ratificado por la SC 0465/2010-R de 5 de julio, que determina que la acción de libertad, se constituye en el mecanismo procesal idóneo para operar en caso de existir vulneración a la celeridad cuando devenga de dilaciones indebidas, que retardan o evitan resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad. En dicha línea, la SCP 0203/2013 de 27 de febrero, resolviendo un problema jurídico vinculado a la falta de resolución de las excepciones interpuestas, que no merecieron respuesta por más de un año, concluyó que aquella omisión dilatoria, constituyó una indiscutible vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso y a la celeridad. A tales entendimientos, es necesario añadir que, conforme dispone el art. 8.I de la CPE, en su Capítulo Segundo denominado ‘Principios, Valores y Fines del Estado’, el Estado Plurinacional de Bolivia: ‘…asume y promueve como principios ético-morales de la sociedad plural: ama qhilla, ama llulla, ama suwa (no seas flojo, no seas mentiroso ni seas ladrón), suma qamaña (vivir bien), ñandereko (vida armoniosa), teko kavi (vida buena), ivi maraei (tierra sin mal) y qhapaj ñan (camino o vida noble)’. En lo que se refiere al principio del ama quilla –no seas flojo–, este no es de aplicación exclusiva para casos concernientes a pueblos y naciones indígenas originarios campesinos, sino su espectro axiomático, se extiende igualmente a la jurisdicción ordinaria; por lo que, se instituye en un deber de inexcusable cumplimiento por las autoridades jurisdiccionales en el desempeño de sus funciones, por cuanto del cumplimiento debido de las mismas, depende la concretización de los derechos fundamentales de los justiciables; esto, en razón a que dicho principio, se halla destina a evitar toda actitud dilatoria que no contravenga con los principios estatuidos en la Constitución Política del Estado que hacen a la adecuada administración de justicia a la que aspira. En consecuencia, el ama quilla, como principio ético-moral ancestral, resulta de aplicación ineludible, propendiendo eliminar toda práctica jurídica tardía, requiriendo de los servidores públicos y principalmente de los administradores de justicia, una labor diligente, afanosa y responsable, con la finalidad de garantizar una justicia pronta y oportuna que impida la afectación de derechos fundamentales” (las negrillas son nuestras).
La SCP 0022/2017-S2 de 6 de febrero, al respecto señaló que: [El art. 8.II de la CPE, señala que el Estado se sustenta entre otros valores en la libertad, cuya concreción material trasciende en el fin máximo el cual resulta ser el vivir bien. En este sentido, el constituyente ha previsto no sólo los valores generales entre los cuales figura como se mencionó la libertad, sino también, principios procesales específicos en los cuales se fundamenta la jurisdicción ordinaria entre los cuales se encuentra la celeridad, así se tiene previsto en el art. 180.I de la CPE; es por ello que, precisamente la potestad de impartir justicia según el art. 178.I de la CPE, emana del pueblo boliviano y se sustenta en la seguridad jurídica, en la celeridad y el respeto a los derechos, entre otros no menos importantes. Ahora bien, sobre el principio de celeridad en los procesos penales, la SCP 0600/2016-S2 de 30 de mayo, precisó lo siguiente: «Sobre este principio la SCP 0017/2012 de 16 de marzo, precisó lo siguiente: “El constituyente ha previsto principios procesales específicos en los cuales se fundamenta la jurisdicción ordinaria, así se tiene el art. 178.I de la Constitución Política del Estado (CPE), que dispone que la potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta entre otros principios, en el de celeridad, norma constitucional concordante con el art. 180.I de la CPE, que determina que dicha jurisdicción se fundamenta también en los principios procesales de eficacia, eficiencia y celeridad, entre otros. La jurisprudencia constitucional, contenida en la SC 1072/2005-R de 5 de septiembre, ha establecido que: ‘…los fiscales, autoridades judiciales o administrativas, debe atender las solicitudes y trámites en los que esté de por medio el derecho a la libertad, con la inmediatez necesaria, dentro de un plazo razonable, con la finalidad de que la situación jurídica de las personas, dado el derecho primario que se encuentra amenazado o restringido, pueda ser definida sin dilaciones indebidas’. Entendiéndose que en todo trámite judicial, específicamente en el procedimiento penal, toda solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física o personal, debe tramitarse con la mayor celeridad posible o dentro de un plazo razonable”. En este marco, el extinto Tribunal Constitucional desarrolló jurisprudencia específica para el reguardo de esta garantía bajo la denominada tipología del habeas corpus traslativo o de pronto despacho, es así que la SC 0234/2011-R de 16 de marzo, señaló que: “…se debe hacer referencia al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, a través del cual lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad. Este tipo de hábeas corpus, implícito en el art. 125 de la CPE, emerge directamente del art. 89 de la LTC, que establece que, también procede el hábeas corpus cuando se aleguen ‘…otras violaciones que tengan relación con la libertad personal en cualquiera de sus formas, y los hechos fueron conexos con el acto motivante del recurso, por constituir su causa o finalidad…’”. Razonamiento coherente, que también es asumido por el Tribunal Constitucional Plurinacional, conforme se tiene de la SCP 1349/2013 de 15 de agosto, precisó que: “En el Estado Plurinacional de Bolivia, al configurarse la acción de libertad como una garantía constitucional de naturaleza adjetiva, inequívocamente en el marco de los postulados del Estado Constitucional de Derecho, se evidencia que ésta tiene una naturaleza jurídica progresiva, por cuanto, debe ser interpretada a la luz de una pauta hermenéutica evolutiva, en mérito de la cual, su contenido esencial no puede mantenerse estático en el tiempo con un reconocimiento limitado únicamente al tenor literal del art. 125 de la CPE, sino por el contrario, su activación, en una interpretación extensiva, debe comprender también supuestos que en una interpretación sistémica, tutelen de manera eficaz tanto el derecho a la vida como a la libertad en una comprensión amplia de supuestos que pudieran afectarlos. En ese contexto y con la finalidad de cumplir en su real magnitud el mandato inserto en el art. 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y para consagrar en el Estado Plurinacional de Bolivia una garantía jurisdiccional efectiva, la jurisprudencia emanada del máximo contralor de derechos fundamentales, en una interpretación extensiva del citado art. 125 de la CPE, a través de la SC 0044/2010-R de 20 de abril, tipificó las diversas modalidades de la acción de libertad, disciplinando de manera específica la acción de libertad expeditiva o de pronto despacho. En este marco, se tiene que la acción de libertad expeditiva o de pronto despacho, en una interpretación evolutiva del art. 125 de la CPE, tiene la finalidad de tutelar una garantía sustantiva esencial: La celeridad procesal vinculada a la libertad física o de locomoción.
En este orden, en una interpretación acorde con el bloque de constitucionalidad imperante y en el marco del objeto de protección de la denominada acción de libertad expeditiva o de pronto despacho, es preciso establecer que la activación de este mecanismo tutelar, para su eficacia, no necesita el agotamiento previo de mecanismos intra-procesales de defensa y puede ser interpuesta de manera directa por los afectados o cualquier persona a su nombre cuando su libertad física o de locomoción se encuentre afectada por dilaciones indebidas provocadas por autoridades públicas o particulares. Asimismo, debe señalarse que la jurisprudencia emanada del Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la SCP 2491/2012 de 3 de diciembre, ha establecido la naturaleza jurídica y efectos de la denominada acción de libertad innovativa; en ese orden, siguiendo este entendimiento jurisprudencial, es pertinente establecer que la protección a los derechos tutelados a través de la acción de libertad, deben ser analizados a través de este mecanismo propio del control de constitucionalidad, aun cuando en el momento de la activación de la acción de libertad o en etapa de revisión, los actos vulneratorios de derechos hubiesen cesado en sus efectos’”»] (las negrillas nos corresponden).
La SCP 0624/2024-S4 de 17 de septiembre, estableció lo siguiente: “…el art. 314 del CPP, modificado por la Ley de Descongestionamiento y Efectivización del Sistema Procesal Penal –Ley 586 de 30 de octubre de 2014– establecía que una vez planteada la excepción o incidente, el juez de instrucción, en el plazo de veinticuatro horas, debía correr traslado a la víctima y a las otras partes, quienes podían responder en forma escrita en el plazo de tres días; en el caso de existir respuesta, el juez debía señalar audiencia para su resolución en el plazo de tres días; empero, para el supuesto de que no hubiera existido contestación, la resolución debía producirse en el plazo de dos días, sin necesidad de audiencia. Sin embargo, el art. 314 del CPP, en examen, con las modificaciones introducidas por la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral Contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres –Ley 1173 de 3 de mayo de 2019–, establece que: I. Durante la etapa preparatoria las excepciones e incidentes se tramitarán por la vía incidental por una sola vez, ofreciendo prueba idónea y pertinente. Las excepciones podrán plantearse desde el inicio de la investigación penal hasta diez (10) días siguientes de la notificación judicial con la imputación formal. Los incidentes deberán plantearse dentro del plazo de diez (10) días de notificado o conocido el acto que vulnere un derecho o garantía jurisdiccional.
El planteamiento de las excepciones e incidentes no implica la suspensión de los actos investigativos o procesales. II. La jueza o el juez de Instrucción en lo Penal dentro del plazo de veinticuatro (24) horas, señalará audiencia y notificará a las partes con la prueba idónea y pertinente. La audiencia se llevará a cabo dentro del plazo de tres (3) días, en la cual se considerará el planteamiento de las excepciones e incidentes y respuestas de las partes. Cuando la parte procesal que planteó las excepciones e incidentes no asista injustificadamente a la audiencia señalada, se rechazará su planteamiento y en su caso, se aplicará el principio de convalidación del acto u omisión cuestionada. Cuando la otra parte no asista a la audiencia, no será causal de suspensión, salvo impedimento físico acreditado mediante prueba idónea.
numeral 4 del Artículo 308 del presente Código…” (las negrillas nos corresponden).
De la compulsa de los antecedentes adjuntos a la acción de libertad, se tiene que dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra el ahora accionante, por la presunta comisión del delito de enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado, previsto y sancionado por el art. 28 de la Ley 004, el 6 de diciembre de 2021, la Fiscal de Materia de la Fiscalía Especializada Anticorrupción, Legitimación de Ganancias Ilícitas, Delitos Tributarios y Delitos Aduaneros, de oficio presentó imputación formal en contra del prenombrado solicitando la aplicación de la medida cautelar personal de detención preventiva en el Centro Penitenciario Palmasola de Santa Cruz y sea por el plazo de seis meses. Señalándose audiencia mediante decreto de igual fecha, emitido por el Juez de Instrucción contra la Violencia hacia la Mujer Segundo de la Capital del departamento de Santa Cruz, para el 11 de enero de 2022. Asimismo, el 5 de julio de 2022, se llevó adelante la audiencia de cesación de la detención preventiva, emitiéndose en consecuencia el Auto Interlocutorio 253/2022, disponiendo la aplicación de medidas cautelares menos gravosas conforme al art. 231 Bis del CPP, entre ellas la detención domiciliaria del imputado en su propio domicilio durante las veinticuatro horas del día, sin escolta policial (Conclusiones II.1 y II.2). Posteriormente, mediante memorial presentado el 19 de agosto de 2022, el peticionante de tutela planteó incidente de extinción del proceso penal por vencimiento del plazo de la etapa preparatoria. Mereciendo Decreto de igual fecha, a través del cual, el Juez de Instrucción contra la Violencia hacia la Mujer Segundo de la Capital del departamento de Santa Cruz, refiriendo que al haberse suprimido las competencias en materia de anticorrupción de su despacho judicial y al no contar con el instructivo de Sala Plena del Tribunal Departamental de Justicia del indicado departamento, a objeto de no incurrir en vicios de nulidad posteriores, dispuso que el memorial sea valorado en su oportunidad por la autoridad judicial que corresponda. Es así que por Auto 255/2022 de 1 de septiembre, el aludido Juez declinó competencia en razón de materia, disponiendo que se remitan los actuados del proceso al Juzgado de Instrucción Anticorrupción de turno, previo sorteo por la Oficina Gestora de Procesos y en ese mérito, a través de oficio Of. 933/2022 de 5 de septiembre, el Juez de Instrucción Penal contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de la Capital del citado departamento remitió el expediente de la causa en original por re funcionalización, al Juez de Instrucción Anticorrupción Segundo de ese asiento judicial -hoy demandado- (Conclusiones II.3 y II.4). Bajo esas circunstancias, a través de escrito presentado el 12 de septiembre de 2022 ante el Juez de Instrucción Anticorrupción Segundo de la Capital del departamento de Santa Cruz -demandado-, el hoy accionante ratificando los fundamentos de su memorial de 19 de agosto de igual año, impetró expresamente se resuelva el incidente planteado (Conclusión II.5). Ahora bien, de la cronología de los antecedentes señalados y en función al reclamo efectuado por el peticionante de tutela, se debe precisar que el mismo planteó inicialmente el incidente de extinción del proceso penal por vencimiento del plazo de la etapa preparatoria, del cual reclama pronunciamiento, el 19 de agosto de 2022, el cual no fue resuelto debido a que el Juez que tenía el control jurisdiccional del caso perdió competencia en razón de materia de anticorrupción, lo cual evidentemente generó una primera dilación en el trámite del incidente planteado; seguidamente, una vez remitida la causa a la nueva autoridad jurisdiccional -Juez ahora demandado- el 5 de septiembre de ese año, el peticionante de tutela solicitó se resuelva el incidente pendiente mediante escrito presentado el 12 de septiembre de 2022, pedido que no fue atendido hasta el 20 de ese mes y año, motivando la presentación de esta acción de defensa en esa fecha.
Con esa puntualización y de acuerdo a los establecido en el Fundamento Jurídico III.3 de este fallo constitucional, el Juez de Instrucción Anticorrupción Segundo de la Capital del departamento de Santa Cruz -demandado- una vez remitido a su conocimiento el incidente de extinción del proceso penal por vencimiento del plazo de la etapa preparatoria -5 de septiembre de 2022-, debía señalar audiencia y notificar a las partes dentro del plazo de veinticuatro horas, a efecto de que se lleve a cabo la audiencia dentro del plazo de tres días para su consideración. Al no haber obrado de esa forma generó una dilación en el tratamiento de dicho incidente, con el añadido de que, reiterado el mismo el 12 de ese mes y año, igual no fue atendido conforme señala el procedimiento, cuando correspondía que la autoridad demandada, cumpla con los plazos procesales y el principio de celeridad en cuanto se refiere a la tramitación de solicitudes vinculadas con el derecho a la libertad de las personas, en este caso del impetrante de tutela, por cuanto, en todo trámite judicial y/o administrativo en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física o personal, debe tramitarse con la mayor celeridad posible o dentro de un plazo razonable. En este antecedente, de acuerdo a la jurisprudencia constitucional glosada en el Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional, en todo trámite judicial y específicamente en materia penal, toda solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física o personal, debe tramitarse con la mayor celeridad posible dentro de un plazo razonable y cumpliendo en su caso con los plazos previstos por la norma adjetiva penal. Consiguientemente, en consonancia con el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, que establece que a través de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad y se constituye en el mecanismo procesal idóneo para operar en caso de existir vulneración a la celeridad cuando devenga de dilaciones indebidas, que retardan o evitan resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad; en este caso, la omisión y actuación de la autoridad demandada se alejó del principio de celeridad -componente del debido proceso- dentro del ámbito de protección del derecho a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones, vinculado con el derecho a la libertad que le asiste al accionante; por el cual, se concede la tutela en la modalidad de acción de libertad de pronto despacho disponiéndose que el Juez demandado asuma las medidas y gestiones necesarias para resolver el incidente planteado, en caso de que aún no haya pronunciamiento.
En consecuencia, la Jueza de garantías, al conceder la tutela impetrada, obró de manera correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 44.1 del Código Procesal Constitucional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 33/22 de 21 de septiembre de 2022, cursante de fs. 52 a 55, pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Decimosegunda de la Capital del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada disponiendo que el Juez de Instrucción Anticorrupción Segundo de la Capital del departamento de Santa Cruz, obre conforme al procedimiento establecido respecto a los incidentes y emita el pronunciamiento respectivo, con relación al incidente de extinción del proceso penal por vencimiento del plazo de la etapa preparatoria impetrado, siempre y cuando ello no se hubiese realizado. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia
MAGISTRADA
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0183_2025-S3.pdf · páginas 1 a 13.
Huella digital del PDF (SHA-256): fd15d0186fa63f6e1008397f7c4e0b29791f3f7ef465bc7d9ccc0d7682997da0
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