Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Primera · 24 de marzo de 2025
Concede en parte la tutela
Los accionantes denuncian la vulneración de sus derechos a la “vivienda”, al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y valoración de la prueba; y, a la tutela judicial efectiva; puesto que: 1) El Juez ahora coaccionado, por Auto Interlocutorio 330/22 de 14 de agosto de 2022, dispuso que Álvaro Julio Muñoz Mejía -hoy tercero interesado- sea beneficiado con medidas cautelares sin restricción de libertad; ante lo cual, en el mismo acto procesal los representantes del Ministerio Público, del Ministerio de Gobierno, del Comando Departamental de la Policía de Santa Cruz y de la parte civil formularon recurso de apelación incidental, conforme al art. […]
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución de 29 de noviembre de 2022, cursante de fs. 405 a 409 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, en consecuencia: 1º CONCEDER en parte la tutela solicitada, con relación a la falta de motivación del Auto de Vista 418 de “14” -15- de septiembre de 2022, únicamente en cuanto al defecto procesal relacionado con la carencia de motivación respecto a las razones por las que Wálter Pérez Lora, ex Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz consideró necesario modificar las medidas inicialmente fijadas mediante Auto Interlocutorio 330/22 de 14 de agosto de ese año, emitido por Rodrigo Aldo Vedia Espinoza, Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal Primero de la Guardia del departamento de Santa Cruz en favor de Álvaro Julio Muñoz Mejía.
a) Dejar sin efecto el Auto de Vista 418 de “14” -15- de septiembre de 2022, emitido por el ex Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz.
b) Disponer que los Vocales de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz emitan un nuevo auto de vista, en el que puedan subsanar la carencia de motivación respecto a las razones por las que el ex Vocal de dicha Sala consideró necesario modificar las medidas inicialmente fijadas en favor de Álvaro Julio Muñoz Mejía, por el Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal Primero de la Guardia del departamento de Santa Cruz. 2º DENEGAR la tutela solicitada, con relación a los derechos a la “vivienda”, a la tutela judicial efectiva y al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y valoración de la prueba, respecto al riesgo procesal concurrente -art. 234.7 del Código de Procedimiento Penal-, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0182/2025-S1 Sucre, 24 de marzo de 2025 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de amparo constitucional Expediente: 53787-2023-108-AAC Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución de 29 de noviembre de 2022, cursante de fs. 405 a 409 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Liliana Sánchez Rojas, Rocío Magdalena Gonzales Alcocer y Lider Candia contra Arminda Méndez Terrazas y José Emerson Figueroa Morales, Vocales de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; Walter Pérez Lora, ex Vocal de dicha Sala; y, Rodrigo Aldo Vedia Espinoza, Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal Primero de la Guardia del mismo departamento.
Los accionantes por memoriales presentados el 14 de octubre y 8 de noviembre de 2022, cursantes de fs. 279 a 285 vta.; y, 325 a 326 vta., manifestaron lo siguiente:
En el proceso penal seguido por el Ministerio Público y por las “víctimas”, por el “ASESINATO DE POLICIAS EN PORONGO SARGENTO ALFONSO CHAVEZ, SARGENTO EUSTAQUIO OLANO Y JOSE DAVID CANDIA OROSCO (EFECTIVO DEL GACIP)…” (sic) ocurrido el 21 de junio de 2022, dicha entidad presentó imputación formal contra Misael Nallar Viveros, Rodrigo Gonzáles Arrazola y Esteban Beltrán Muñoz -y posteriormente contra Álvaro Julio Muñoz Mejía, hoy tercero interesado-. En ese entendido, el 23 de igual mes y año, en el Juzgado Público Mixto Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal Primero de la Guardia del departamento de Santa Cruz, se llevó a cabo la respectiva audiencia de aplicación de medidas cautelares contra los referidos coimputados. La audiencia de aplicación de medidas cautelares finalizó en la madrugada del 24 de junio de 2022, y en esa oportunidad, se sustentó la improcedencia de las excepciones e incidentes planteados “POR LA PARTE”, la fundamentación de la autoría de los coimputados y la existencia de riesgos procesales, culminando con base a los elementos colectados, que una de las principales pruebas existentes era la del guantelete, en la cual, los “tres” imputados obtuvieron resultado positivo para nitritos y nitratos. El 24 de junio de 2022, “la autoridad jurisdiccional” sustentó el riesgo de fuga previsto por el art. 234.7 del Código de Procedimiento Penal (CPP), en la existencia de la gravedad del hecho, la forma del asesinato y la existencia de víctimas, los cuales, eran familiares de los asesinados, lo cual constituye “CALIDAD DE COSA JUZGADA MATERIAL” (sic). Posteriormente, el 12 de julio de 2022, se realizó la audiencia de apelación incidental ante los Vocales de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, quienes confirmaron en todas sus partes la autoría de los tres coimputados y ratificaron la concurrencia de los riesgos procesales fijado, incluido el peligro de fuga, bajo el mismo fundamento del Juez ahora coaccionado. Por otra parte, se tiene, la imputación formal presentada por el Ministerio Público contra Álvaro Julio Muñoz Mejía -ahora tercero interesado-, por la presunta comisión del delito de asesinato el 11 de agosto de 2022, en mérito a lo cual, el 14 de igual mes y año, se llevó a cabo su audiencia de aplicación de medidas cautelares, en la que el Juez hoy coaccionado sustentó la existencia de probabilidad de autoría del nombrado, por el delito de “COMPLICIDAD EN ASESINATO”, indicando que el mencionado estuvo presente en el momento en el que se repartieron las armas y que encontrándose en un alto rango y elite de la Policía Boliviana no habría realizado ningún acto para impedir el asesinato, sino que por el contrario, cooperó con los antisociales que mataron a dos efectivos policiales y a un miembro del Grupo de Apoyo Civil a la Policía (GACIP), indicando que la autoría se consideraba por una acción por omisión, culminando en el incumplimiento de sus funciones. No obstante, lo anterior, el Juez ahora coaccionado, contraviniendo su fundamentación, a momento de exponer la concurrencia de peligros procesales, indicó que, con relación al art. 234.7 del CPP, sobre el peligro de fuga, la SCP “056/20214” “…EL IMPUTADO ALVARO JULIO MUÑOZ NO TENDRIA UNA SENTENCIA CONDENATORIA, OLVIDANDOSE LA RESOLUCION QUE HABRIA DISPUESTO EL INICIO DEL PRESENTE PROCESO PENAL MEDIANTE SU RESOLUCION DE FECHA 24 DE JUNIO DEL 2022 Y LA CUAL FUE RATIFICADA MEDIANTE AUTO DE VISTA DE FECHA 12 DE JULIO DEL 2022 EL CUAL BASABA EL RIESGO PARA LAS VICTIMAS EN BASE A LA EXISTENCIA DEL DELITO LA GRAVEDAD DEL HECHO Y LA FORMA EN QUE SE ASESINO A LOS POLICIAS (…) TAMPOCO SEÑALA NADA SOBRE LA EXISTENCIA DE 7 HUERFANOS Y TRES VIUDAS…” (sic). Ante ello, en grado de recurso de apelación incidental, Walter Pérez Lora, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz -hoy coaccionado-, por Auto de Vista de 418 de 15 de septiembre de 2022, confirmó en todas sus partes el Auto Interlocutorio 330/22 de 14 de agosto de dicho año, olvidándose del Auto de 24 de junio del referido año de audiencia de medida cautelar y del Auto de Vista de 12 de julio del mismo año, que ratificó la existencia del peligro para las víctimas en la existencia de la gravedad del hecho, la forma de asesinato y la existencia de víctimas, las cuales eran familiares de los asesinados y simplemente ratificó la decisión del Juez ahora coaccionado con base a las Sentencias Constitucionales Plurinacionales “0056/2014” y “0185/2019-S3”, olvidándose de otra jurisprudencia constitucional sentada en la SCP 0559/2022-S4 de 14 de junio, que en lo principal aclaró que la SCP 0185/2019-S3 de 30 de abril no podía ser aplicada; puesto que, la misma resolvió un caso de robo agravado “mas no así de abuso sexual contra una menor de edad…” (sic). De esa manera, el Auto Interlocutorio 330/22 y el Auto de Vista 418 no determinan ni con meridiana claridad sobre qué pruebas de forma clara se quita el riesgo procesal de peligro para la víctima previsto por el art. 234.7 del CPP; no contienen una exposición clara de los aspectos fácticos pertinentes, olvidándose de la fundamentación aplicable al caso de autos; por cuanto, la “SCP 0056/2014” se trata de una acción de inconstitucionalidad y la SCP 0185/2019-S3 de un delito de robo agravado, lo cual es completamente diferente a un delito de asesinato, siendo ese el último delito sobre el cual se sustentó la decisión del petitorio latente para las víctimas; no describen de manera expresa los supuestos hechos contenidos en la norma jurídica aplicable al caso, olvidándose que no puede compararse un delito de robo a otro de asesinato; se actuó de forma ultra petita; por cuanto, si bien se ratificó la medida del Juez hoy coaccionado, en definitiva se ordenaron medidas más gravosas para la parte imputada, lo cual no fue requerido por el Ministerio Público ni por la parte apelante -ahora tercera interesada-; no valoraron de manera concreta y explícita todos y cada uno de los medios probatorios producidos, asignándoles un valor, tomando en cuenta que se trata del asesinato de tres personas; y, no se determinó el nexo de causalidad entre las denuncias o pretensiones de las partes procesales, el supuesto hecho inserto en la norma aplicable y la sanción o consecuencia jurídica emergente de la determinación del nexo de causalidad. Si bien anteriormente formularon otra acción de amparo constitucional, la cual fue resuelta por la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz el 31 de octubre de 2022, por la que se le concedió la tutela, solo que esa acción fue planteada solo respecto a la “resolución” que dispuso la cesación de la detención preventiva en favor del coimputado Rodrigo Gonzáles Arrazola; empero, el fundamento era el mismo acerca del art. 234.7 del CPP y la SCP “056/2014”. Finalmente, se debe considerar que en el caso que se analiza las autoridades ahora accionadas no podían haber emitido resoluciones arbitrarias y caprichosas, sin fundamento legal que sustente su decisión.
Los accionantes denuncian la vulneración de sus derechos a la “vivienda”, al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y valoración de la prueba; y, a la tutela judicial efectiva; citando al efecto los arts. 13.IV, 115, 117, 256.I y 410.I de la Constitución Política del Estado (CPE); 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica (CADH); y, 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).
Solicitan se conceda la tutela, y en consecuencia, se disponga: a) Se deje sin efecto el Auto de Vista 418 de 15 de septiembre de 2022, emitido por el ex Vocal de la Sala Penal “Tercera” -siendo lo correcto Segunda- del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz ahora coaccionado; b) Se deje sin efecto el Auto Interlocutorio 330/22 de 14 de agosto de igual año, dictado por el Juez hoy coaccionado; y, c) En mérito a lo anterior, se ordene a las autoridades ahora accionadas pronunciar un nuevo auto de vista, respetando sus derechos y garantías.
Celebrada la audiencia virtual el 29 de noviembre de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 398 a 404 vta., se produjeron los siguientes actuados:
Los accionantes a través de sus abogados, en audiencia, ratificaron de manera íntegra el contenido del memorial de acción de amparo constitucional, y ampliándolo, manifestaron que: 1) Lo que en el fondo cuestionan es la “ilegal resolución” -se entiende el Auto de Vista 418- que determinó la inexistencia de peligro de fuga conforme al art. 234.7 del CPP, que alude al “…peligro efectivo para la sociedad y la víctima…” (sic), concluyendo que no existía un peligro efectivo, dado que el procesado Álvaro Julio Muñoz Mejía -ahora tercero interesado- no tenía condena ni sentencia alguna, para respaldar su decisión, el ex Vocal ahora coaccionado se basó en la SCP 0185/2019-S3, que establece la necesidad de antecedentes penales, conductas delictivas reiteradas o sentencias ejecutoriadas para considerar riesgo procesal; no obstante, el referido Auto de Vista carecía de la debida fundamentación jurídica, al no considerar adecuadamente la gravedad del delito ni los elementos del caso; 2) Asimismo, se debe considerar lo señalado por los arts. 115. “2” de la CPE y 124 del CPP, que garantizan el derecho al debido proceso, además de las Sentencias Constitucionales Plurinacionales “2221/2012” y “712/2015-S3”, que establecen que toda resolución debe cumplir con cinco requisitos: el respeto a la Constitución Política del Estado y las leyes, la falta de otra vía posible para resolver, la razonabilidad en caso de revisión por una instancia superior, la transparencia ante las partes, y la resolución de todos los puntos planteados; 3) Asimismo, conforme al art. 44 del citado Código, toda resolución debía ser ejecutada por la autoridad judicial competente, siendo importante resaltar que el caso trataba de un triple asesinato ocurrido el 21 de junio de 2022, donde fueron asesinados con armas de fuego de uso militar dos policías y un miembro del GACIP; 4) En ese contexto, la imputación del Ministerio Público fijó la existencia de un peligro efectivo para la sociedad, al considerar la naturaleza violenta del delito y el impacto en la seguridad pública; 5) El 24 de igual mes y año, el juez de control jurisdiccional determinó la existencia del peligro procesal conforme al art. 234.7 del referido Código, basándose en tres factores: la gravedad del hecho, el uso de armas de grueso calibre y la existencia de múltiples víctimas; decisión que fue ratificada por los Vocales de la Sala Penal “Segunda” del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz el 12 de julio de ese año -se entiende respecto a otro coimputado-; 6) Sin embargo, en la audiencia cautelar de 14 de agosto de dicho año, el Juez ahora coaccionado no tomó en cuenta esos elementos y concluyó que no existía peligro efectivo, apoyándose en la SCP “0056/2014”, y a pesar de la gravedad de los hechos y del uso de armamento militar, entre otras cosas, argumentó que el procesado -hoy tercero interesado- representaba un riesgo por no residir en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra; postura que posteriormente fue mal interpretada en la apelación por los Vocales de la Sala Penal Tercera del referido Tribunal, la cual también citó la señalada Sentencia Constitucional Plurinacional y además la SCP “185/2013-S3”, haciendo una descontextualización y mala interpretación del citado artículo; 7) La SCP 0559/2022-S4, refiere que no se puede aplicar la SCP “056/2014” en delitos graves contra la mujer; 8) El referido artículo, establece que existe peligro efectivo para la sociedad o víctima y en ningún momento la norma exige una imputación o condena por algún delito, y si bien es cierto que dicho precepto normativo en su parte final indica que no se podrá fundar en meras suposiciones abstractas, se tiene que existen “resoluciones anteriores”, en las que se fijaron los tres pilares; por lo que, existe peligro efectivo en este caso, como ser que no es suposición la muerte de tres personas, ni la manera en cómo los mataron; además, de las múltiples víctimas; extremos que no fueron considerados por los Vocales de la Sala Penal “Tercera” -siendo lo correcto Segunda- del indicado Tribunal al emitir el Auto de Vista 418; 9) De esa manera, el señalado Auto de Vista no determina ni con meridiana claridad los elementos de prueba con los que se indica como cómplice a Álvaro Julio Muñoz Mejía hoy tercero interesado; 10) En el proceso penal, en alzada, no se consideraron declaraciones de dos testigos protegidos en Cámara Gessel; 11) De esa manera, el ex Vocal ahora coaccionado se limitó a sustentar el referido Auto de Vista en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales “056/2014” y “185/2019-S3” olvidándose que la última es sobre un delito de robo agravado; es decir, un delito patrimonial no así un delito contra la vida como en ese caso; 12) Sumado a ello, el indicado Auto de Vista, va más allá de lo solicitado actuando ultra petita; y, 13) Por lo mencionado, el citado Auto de Vista y el Auto Interlocutorio 330/22 emitidos tanto por el indicado Juez, así como por el ex Vocal ahora coaccionados, no contienen los elementos fácticos razonables del debido proceso y la fundamentación adecuada, al no considerar las características particulares del hecho, su gravedad, la forma y las múltiples víctimas. Liliana Sánchez Rojas, esposa del Sargento Alfonso Chávez Flores, por sí misma, en audiencia de consideración de la presente acción de amparo constitucional pidió justicia no solo por el fallecido sino por sus cuatro hijos huérfanos. Rocío Magdalena Gonzáles Alcocer, esposa del sargento “Eustaquio Lano” -siendo lo correcto Olano-, en audiencia de consideración de la presente acción tutelar, sostuvo que el nombrado tenía la cabeza destrozada; por lo que, solicitó se haga justicia por el nombrado y su familia. Lider Candia, padre de José David Candía Orozco, funcionario del GACIP asesinado, pidió que se conceda la tutela y que Álvaro Julio Muñoz Mejía -ahora tercero interesado- sea enviando al Centro Penitenciario Palmasola de Santa Cruz, más aún tomando en cuenta que su hijo dejó a una niña de casi dos años de edad.
Arminda Méndez Terrazas y José Emerson Figueroa Morales, Vocales de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, mediante informe presentado el 28 de noviembre de 2022, cursante a fs. 378 y vta., manifestaron que: i) No conocieron ni resolvieron el recurso de apelación incidental formulado por Álvaro Julio Muñoz Mejía -ahora tercero interesado- el “15” de septiembre de dicho año, que dio lugar al Auto de Vista 418 que motiva la presente acción de amparo constitucional; haciendo constar que fue Walter Pérez Lora, Vocal de turno -hoy coaccionado-; y, ii) Además, consta una recusación formulada al suscrito que dio lugar al Auto de Vista 36/2022 de 30 de septiembre, y una excusa, de la suscrita que dio lugar al Auto de Vista 37/2022 de 30 de dicho mes, los cuales fueron confirmados por los Vocales de la Sala Penal Tercera de ese Tribunal; por lo que, ambos se separaron definitivamente del caso. Walter Pérez Lora, ex Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, no asistió a la audiencia de consideración de la acción de amparo constitucional, ni remitió informe alguno; pese a su citación cursante a fs. 368.
Rodrigo Aldo Vedia Espinoza, Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal Primero de la Guardia del departamento de Santa Cruz, no asistió a la audiencia de consideración de esta acción de defensa, ni remitió informe alguno; pese a su citación cursante a fs. 360.
El representante del Ministerio Público no asistió a la audiencia de consideración de la presente acción de defensa, pese a su notificación cursante a fs. 367.
Álvaro Julio Muñoz Mejía, mediante memorial presentado el 29 de noviembre de 2022, cursante de fs. 381 a 392, así como en audiencia, a través de su abogado, manifestó que: a) Si bien la defensa técnica de las víctimas, sostiene que se demostró de manera clara y contundente el peligro efectivo para la sociedad y la víctima por la magnitud del delito; empero, ello lo pone en una situación de total vulneración a sus derechos al debido proceso y a la presunción de inocencia, tomando en cuenta que el art. 24 del Código Penal (CP), establece que ninguna persona puede ser juzgada o procesada por las acciones de otras personas dentro de un proceso penal; b) A partir de ello, se tiene que cada participante será penado conforme a su culpabilidad sin tomar en cuenta la culpabilidad de otros; por lo que, cada conducta tiene que ser individualizada, más aún si en el caso concreto existen como cinco o siete coimputados, de los cuales unos se defienden en libertad y otros están con detención preventiva; c) Asimismo, se debe considerar que las audiencias de medidas cautelares, conforme al art. 233 bis del CPP, en su “numeral quinto” señala que la carga de la prueba corresponde tanto a la parte acusadora como a las víctimas, en este caso, los querellantes estableciendo de manera clara en qué consisten todos los elementos probatorios para demostrar que el coimputado se va a fugar o va a obstaculizar el proceso, siendo esas las “…reglas del juego para la audiencia de medidas cautelares…” (sic); lo cual, no fue cumplido ni en primera instancia o en apelación; d) La defensa de la parte víctima, se basa en puras presunciones para sostener la concurrencia del art. 234.7 del citado Código; e) Se debe tener presente que el proceso penal del cual deviene esta acción tutelar se encuentra en etapa preparatoria y que incluso existe una declaración del “mayor conde” en la que el mismo alegó que su persona se encontraba con él a momento del hecho sin ponerlo en situación de duda razonable; f) Es importante considerar la SC “303” y SCP “56/2014” que dan los parámetros para determinar la concurrencia del art. 234.7 del referido Código, y en lo principal, señalan que se debe considerar la prueba documental consistente en sentencia ejecutoriada y “otros elementos” que demuestren que el coimputado tenga una participación o haya cometido un ilícito; empero, en el caso que se analiza tales extremos no existen, pese a que ello debió ser acreditado por la parte acusadora; g) De esa manera, se tiene una mala fundamentación y acreditación de dicho riesgo procesal, por parte de la víctima; h) Así, al existir falta de prueba idónea y al existir carencia de fundamentación, se le estaría condenando como si fuera culpable del hecho punible sin darse cuenta de la presunción de inocencia, lo cual obliga a que sea tratado como inocente; además, de la concurrencia del principio de favorabilidad para no dañar su imagen al existir dudas razonables sobre su participación en el ilícito; e, i) Por lo mencionado, la interposición de esta acción de amparo constitucional carace de objetividad y fundamentación, más aún cuando la defensa de la parte víctima incluso citó jurisprudencia constitucional que no corresponde a hechos análogos y que “la testigo protegido” en ningún momento indicó que él estaba con armas, debiéndose en consecuencia denegar la tutela solicitada. El representante del Ministerio de Gobierno, no asistió a la audiencia de consideración de la presente acción de defensa, pese a su notificación cursante a fs. 364. El representante del Comando Departamental de la Policía de Santa Cruz, no asistió a la audiencia de consideración de la presente acción de amparo constitucional, pese a su notificación cursante a fs. 369. El representante del Viceministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción, no asistió a la audiencia de consideración de esta acción de amparo constitucional, pese a su notificación cursante a fs. 346.
La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, mediante Resolución de 29 de noviembre de 2022, cursante de fs. 405 a 409 vta., denegó la tutela solicitada, bajo los siguientes fundamentos: 1) Los accionantes reclaman que el Vocal y el Juez ahora accionados no consideraron que respecto al coimputado del proceso penal Álvaro Julio Muñoz Mejía -ahora tercero interesado-, del cual deviene esta acción tutelar, para fijar el riesgo procesal de peligrosidad para la sociedad y las víctimas, no tomaron en cuenta la complejidad y gravedad del caso, por la cual perdieron la vida tres personas; además, del tipo de armamento y que existen múltiples víctimas, vulnerando de esa manera el derecho al debido proceso porque no se fundamentó si existían “resoluciones judiciales anteriores” o si era necesario que se demuestre la existencia de una sentencia condenatoria y si existía reincidencia por parte del nombrado para determinar si efectivamente concurría dicho riesgo procesal; 2) En ese entendido, es importante considerar la SCP “603/2019” que hace mención a la fundamentación, motivación y congruencia como elementos del debido proceso en las resoluciones judiciales, en las que se analice situaciones jurídicas análogas, siendo preciso recoger el análisis del Tribunal Constitucional Plurinacional, que señala que las medidas cautelares sustentan los caracteres de excepcionalidad, instrumentalidad, provisionalidad y variabilidad, provocando que su aplicación y vigencia esté regida por determinados requisitos procesales cuya verificación de cumplimiento está a cargo de la autoridad judicial competente que conoce la causa en cada una de las etapas del proceso penal, trascendiendo en esa autoridad la obligación de fundamentar suficientemente sus decisiones; y en ese entendido, se pronunció la SC “759/2010-R de 2 de agosto”; 3) En ese contexto, corresponde analizar lo expuesto por el ex Vocal ahora coaccionado en el Auto de Vista 418 impugnado, puntualmente en torno a lo señalado respecto a la concurrencia del art. 234.7 del CPP, debiendo partir de la aclaración de que no se está analizando la probabilidad de autoría conforme al art. 233.1 del mismo Código, sino la concurrencia de un peligro procesal; 4) A partir de ello, considerando que el ex Vocal hoy coaccionado realizó un análisis correcto en torno al peligro efectivo para la sociedad; toda vez que, no se incorporaron en los antecedentes o en la fundamentación del Ministerio Público, Ministerio de Gobierno, el Comando Departamental de la Policía de Santa Cruz o la parte civil, cuál sería el peligro efectivo para la sociedad o la víctima; además, que no se incorporó ningún antecedente que pudiera haber tenido el nombrado a efectos de establecer si tiene conducta delictiva reiterada, y en cuanto, al peligro efectivo para las víctimas; toda vez que, para su concurrencia deben verificarse sobre qué persona se acredita; 5) Si bien se entiende que el delito tiene relevancia social por los antecedentes del hecho; toda vez que, “somos” parte de la sociedad y lo que se busca es que se haga justicia y se dé con los responsables; empero, en el caso concreto el ex Vocal ahora coaccionado explicó que de acuerdo al art. 124 del citado Código, no se activó el peligro para la sociedad y víctima, al no haber identificado materialmente el mismo; 6) Además, se debe tener presente que conforme al art. 221 del indicado Código, se tiene que la finalidad y alcance de las medidas cautelares son para asegurar la averiguación de la verdad, el desarrollo del proceso y la aplicación de la ley; 7) Asimismo, el peligro procesal establecido por el art. 234.7 y 8 del señalado Código no se puede fundar en meras presunciones abstractas sobre la concurrencia de los numerales 1 al 8, sino que deberá surgir información precisa, confiable y circunstanciada que el fiscal o querellante aporten en audiencia y den razonabilidad suficiente de porqué la circunstancia alegada permite concluir que el coimputado evadirá la justicia, lo cual se relaciona estrechamente con lo indicado por el ex Vocal hoy coaccionado respecto a que no se demostró que el coimputado en cuestión Álvaro Julio Muñoz Mejía -ahora tercero interesado- tenga una sentencia condenatoria ejecutoriada o que sea reincidente en la comisión de delitos similares y que de esa manera podría ser una amenaza para las víctimas; 8) Por otra parte, se debe tener presente que la justicia constitucional no actúa de manera invasiva con otras jurisdicciones, realizando interpretación de legalidad ordinaria, ni valoración de la prueba en el marco de la doctrina de las auto restricciones, ampliamente modulada por la jurisprudencia constitucional, ello en resguardo a que el ordenamiento jurídico sea respetado y cada instancia cumpla con las competencias y atribuciones que le franquea la norma, y de esa forma, evitar generar una disfunción procesal; por ello, se aclara que esa Sala Constitucional no analiza si existió o no delito, o si las partes deben estar privadas de su libertad o valorar las pruebas aportadas; 9) En torno a lo mencionado, si bien existen excepciones para realizar interpretación de la legalidad ordinaria y valoración de la prueba; empero, para ello debe existir la suficiente carga argumentativa desplegada por los accionantes, lo cual no ocurre en ese caso; toda vez que, los nombrados no señalaron de manera precisa la norma aplicada de manera incorrecta y cuál debió ser la labor interpretativa a realizar, especificando la relevancia constitucional; y, 10) En cuanto a la fundamentación y motivación del Auto de Vista 418 impugnado, se concluye que el ex Vocal hoy coaccionado cumplió con su deber de explicar las razones de su decisión, conforme a lo planteado por la parte apelante. En vía de aclaración, complementación y enmienda, los accionantes a través de su abogado solicitaron a la Sala Constitucional, que complemente lo siguiente: i) Explique lo relacionado con el anticipo de prueba de dos testigos “César y Alberto Conde”, los cuales fueron objeto de la fundamentación para la existencia de peligro efectivo para la víctima y sociedad, participación del coimputado Álvaro Julio Muñoz Mejía -hoy tercero interesado- y de la existencia de víctimas de gravedad; ii) Aclare si es una suposición de la existencia de una muerte grave y la existencia de siete víctimas; iii) Señale por qué no se consideró la SCP 0559/2022-S4, que estableció que en casos graves no se puede aplicar la SCP “054/2014”; y, iv) Por qué no se dio una correcta valoración a la prueba adjunta. En mérito a esa solicitud la Sala Constitucional, señalo lo siguiente: a) Sobre las declaraciones de dos testigos que extraña a los accionantes, no se ingresó a valorar ningún elemento probatorio para establecer una categoría o no de la gravedad o peligrosidad de alguien; b) Acerca de las alegadas “suposiciones”, esa Sala Constitucional no puede acreditar nada; toda vez que, existe el proceso investigativo, en el cual, es la autoridad competente la que debe establecer tales extremos; y, c) Respecto a la extrañada valoración de la prueba, por el principio de auto restricción esa Sala Constitucional no puede valorar prueba; por lo que, no existe nada que complementar, aclarar ni enmendar.
De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Mediante Acta de audiencia de ampliación de medida cautelar de 14 de agosto de 2022, Rodrigo Aldo Vedia Espinoza, Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal Primero de la Guardia del departamento de Santa Cruz -ahora coaccionado-, emitió el Auto Interlocutorio 330/22, de la misma fecha, por el que dispuso que Álvaro Julio Muñoz Mejía -ahora tercero interesado- sea beneficiado con medidas cautelares sin restricción de libertad, entre ellas, la obligación de presentarse cada treinta días en el Ministerio Público de la ciudad de Nuestra Señora de La Paz, la prohibición de comunicarse con las víctimas de ese caso, la prohibición de consumir bebidas alcohólicas o estupefacientes, la prohibición de concurrir a lugares donde se las consuman, la prohibición para salir del país y una fianza personal consistente en un garante personal y solvente; ante lo cual, en el mismo acto procesal los representantes del Ministerio Público, del Ministerio de Gobierno -ahora tercero interesado-, del Comando Departamental de la Policía de Santa Cruz -hoy tercero interesado- y de la parte civil -ahora tercera interesada- formularon recurso de apelación incidental, conforme al art. 404 del CPP (fs. 204 a 226).
II.2. Cursa Acta de audiencia de apelación incidental a la audiencia de cesación de la detención preventiva de 15 de septiembre de 2022, en el cual Walter Pérez Lora, entonces Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz -hoy coaccionado-emitió el Auto de Vista 418 de “14” -siendo lo correcto 15- de ese mes y año, por el que declaró admisible y procedente en parte el recurso de apelación incidental planteado por los representantes del Ministerio Público, del Ministerio de Gobierno, del Comando Departamental de la Policía de Santa Cruz y por la parte civil; en consecuencia, revocó parcialmente el Auto Interlocutorio 330/22, dictado por el Juez ahora coaccionado modificándose la medida cautelar de presentarse ante el Ministerio Público cada treinta días, estableciéndose en su lugar la obligación de presentarse ante esa entidad cada quince días; y, se dejó sin efecto la fianza personal, disponiéndose en su lugar la fianza económica en la suma de Bs20 000.- (veinte mil bolivianos), debiendo ser depositados en el tesoro judicial del “Órgano Judicial” (fs. 370 a 375).
Los accionantes denuncian la vulneración de sus derechos a la “vivienda”, al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y valoración de la prueba; y, a la tutela judicial efectiva; puesto que: 1) El Juez ahora coaccionado, por Auto Interlocutorio 330/22 de 14 de agosto de 2022, dispuso que Álvaro Julio Muñoz Mejía -hoy tercero interesado- sea beneficiado con medidas cautelares sin restricción de libertad; ante lo cual, en el mismo acto procesal los representantes del Ministerio Público, del Ministerio de Gobierno, del Comando Departamental de la Policía de Santa Cruz y de la parte civil formularon recurso de apelación incidental, conforme al art. 404 del CPP; y, 2) En mérito a ello, Walter Pérez Lora, ex Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz -hoy coaccionado-, por Auto de Vista 418 de 15 de septiembre de ese año, olvidándose de la SCP 0559/2022-S4 de 14 de junio, declaró admisible y procedente en parte el referido recurso; y en consecuencia, revocó parcialmente el citado Auto Interlocutorio impugnado, modificando la medida cautelar de presentarse ante el Ministerio Público cada treinta días, estableciéndose en su lugar la obligación de presentarse ante esa entidad cada quince días; y, dejó sin efecto la fianza personal, disponiéndose en su lugar la fianza económica en la suma de Bs20 000.-, debiendo ser depositados en el tesoro judicial del “Órgano Judicial”; determinaciones que no especifican ni con meridiana claridad sobre qué pruebas se quitó el riesgo procesal de peligro para la víctima y sociedad previsto por el art. 234.7 del indicado Código, ni se desplegó exposición clara de los aspectos fácticos pertinentes. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada, para el efecto se desarrollarán los siguientes temas: i) El deber de observancia del parámetro de la debida fundamentación y motivación a los fines de la vigencia del derecho al debido proceso y su exigencia de cumplimiento por el Tribunal de alzada con relación a las medidas cautelares de carácter personal; y, ii) Análisis del caso concreto.
Al respecto, dentro de un marco general, la SCP 0875/2019-S1 de 12 de septiembre, señaló que: «...la SCP 0450/2012 de 29 de junio, luego de puntualizar la línea jurisprudencial establecida al respecto finalmente concluyó que: “La jurisprudencia señaló que el debido proceso es de aplicación inmediata, vincula a todas las autoridades judiciales, jurisdiccionales y administrativas, y constituye una garantía de legalidad procesal prevista por el constituyente para proteger la libertad, la seguridad jurídica y la fundamentación o motivación de las resoluciones judiciales o administrativas. Abarca un conjunto de derechos y garantías mínimas que garantizan el diseño de los procedimientos judiciales y administrativos, entre sus elementos se encuentra la fundamentación y motivación de las resoluciones, a las que toda autoridad a cargo de un proceso está obligada a cumplir, no solamente a efectos de resolver el caso sometido a su conocimiento, sino exponiendo de manera suficiente, las razones que llevaron a tomar cierta decisión, así como las disposiciones legales que sustentan la misma, es decir, debe llevar al convencimiento que se hizo justicia, tanto a las partes, abogados, acusadores y defensores, así como a la opinión pública en general; de lo contrario, no sólo se suprimiría una parte estructural de la resolución sino impediría que las partes del proceso conozcan los motivos que llevaron a dicha autoridad a asumir una determinación, lo que no implica que dicha motivación contenga una exposición ampulosa y sobrecargada de consideraciones y citas legales, basta con que ésta sea concisa pero clara y satisfaga todos los aspectos demandados. El tratadista mexicano Javier Alba Muñoz indicó que el debido proceso debemos entenderlo como: ‘…el razonamiento mediante el cual se da la explicación lógicamente razonable del porqué el acto de autoridad tiene su apoyo en la disposición legal…’ (ALBA MUÑOZ, Javier, Contrapunto Penal, Cárdenas Editor y Distribuidor, México, 1998, p. 7)”.
Por su parte, la SCP 0712/2015-S3 de 3 de julio, a tiempo de establecer la diferenciación existente entre fundamentación y motivación como elementos del debido proceso, precisó que: “…la fundamentación consiste en la justificación normativa de la decisión judicial, y la motivación es la manifestación de los razonamientos que llevaron a la autoridad a la conclusión de que el acto concreto que se trate, se encuentra, por una parte probado, lo que supone que la autoridad judicial debe explicar las razones por las cuales considera que la premisa fáctica se encuentra probada, poniendo de manifiesto la valoración de la prueba efectuada, y por otra explicando por qué el caso encuadra en la hipótesis prevista en el precepto legal -contexto de justificación-. Por consiguiente, no basta que en el derecho positivo exista un precepto que pueda sustentar el acto de la autoridad, ni un motivo para que ésta actúe en consecuencia, sino que es indispensable que se hagan saber al afectado los fundamentos y motivos del procedimiento respectivo, ya que solo así estará en aptitud de defenderse como estime pertinente; de esta forma, se entiende que la fundamentación debe ser específica al caso de que se trate y la motivación explícita”» (las negrillas son nuestras).
En concordancia de los razonamientos jurisprudenciales precedentemente desarrollados, en temática de medidas cautelares de carácter personal, de igual manera se estableció la exigencia del Tribunal de apelación de fundamentar la resolución que disponga, modifique o mantenga la misma, así, la SCP 0025/2020-S3 de 12 de marzo, citando a la SCP 0339/2012 de 18 de junio, precisó que: “De lo que se concluye que la fundamentación de las resoluciones judiciales no sólo es exigible al momento de disponer la detención preventiva, sino también cuando se rechaza la solicitud de cesación de la detención preventiva, se determine la sustitución o modificación de esa medida o, finalmente, cuando se la revoca; aclarándose que la fundamentación se exige tanto en las resoluciones pronunciadas en primera instancia, como aquellas emitidas en apelación y en toda decisión judicial conforme establece el art. 124 del CPP” (las negrillas nos corresponden).
Los accionantes denuncian la vulneración de sus derechos a la “vivienda”, al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y valoración de la prueba; y, a la tutela judicial efectiva; puesto que: a) El Juez ahora coaccionado, por Auto Interlocutorio 330/22 de 14 de agosto de 2022, dispuso que Álvaro Julio Muñoz Mejía -hoy tercero interesado- sea beneficiado con medidas cautelares sin restricción de libertad; ante lo cual, en el mismo acto procesal los representantes del Ministerio Público, del Ministerio de Gobierno, del Comando Departamental de la Policía de Santa Cruz y de la parte civil formularon recurso de apelación incidental, conforme al art. 404 del CPP; y, b) En mérito a ello, Walter Pérez Lora, ex Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz -hoy coaccionado-, por Auto de Vista 418 de 15 de septiembre de ese año, olvidándose de la SCP 0559/2022-S4 de 14 de junio, declaró admisible y procedente en parte el referido recurso; y en consecuencia, revocó parcialmente el citado Auto Interlocutorio impugnado, modificando la medida cautelar de presentarse ante el Ministerio Público cada treinta días, estableciéndose en su lugar la obligación de presentarse ante esa entidad cada quince días; y, dejó sin efecto la fianza personal, disponiéndose en su lugar la fianza económica en la suma de Bs20 000.-, debiendo ser depositados en el tesoro judicial del “Órgano Judicial”; determinaciones que no especifican ni con meridiana claridad sobre qué pruebas se quitó el riesgo procesal de peligro para la víctima y sociedad previsto por el art. 234.7 del indicado Código, ni se desplegó exposición clara de los aspectos fácticos pertinentes.
Precisada la problemática, y a efectos de su resolución en la dimensión de su planteamiento, resulta necesario efectuar una contextualización de ese caso, de cuya revisión de antecedentes, se tiene que cursa Acta de audiencia de ampliación de medida cautelar de 14 de agosto de 2022, en la que el Juez ahora coaccionado, por Auto Interlocutorio 330/22, dispuso que Álvaro Julio Muñoz Mejía -hoy tercero interesado-sea beneficiado con medidas cautelares sin restricción de libertad, entre ellas, la obligación de presentarse cada treinta días en el Ministerio Público de la ciudad de Nuestra Señora de La Paz, la prohibición de comunicarse con las víctimas de ese caso, la prohibición de consumir bebidas alcohólicas o estupefacientes, la prohibición de concurrir a lugares donde se las consuman, la prohibición para salir del país y una fianza personal consistente en un garante personal y solvente; ante lo cual, en el mismo acto procesal los representantes del Ministerio Público, del Ministerio de Gobierno, del Comando Departamental de la Policía de Santa Cruz y de la parte civil formularon recurso de apelación incidental, conforme al art. 404 del CPP (Conclusión II.1.).
Asimismo, cursa Acta de audiencia de apelación incidental a la audiencia de cesación a la detención preventiva de “15” de septiembre de 2022, en la que por Auto de Vista 418, el ex Vocal ahora coaccionado, declaró admisible y procedente en parte el recurso de apelación incidental planteado por los representantes del Ministerio Público, del Ministerio de Gobierno, del Comando Departamental de la Policía de Santa Cruz y por la parte civil; y en consecuencia, revocó parcialmente el Auto Interlocutorio 330/22, modificando la medida cautelar de presentarse ante el Ministerio Público cada treinta días, estableciendo en su lugar la obligación de presentarse ante esa entidad cada quince días; y, se dejó sin efecto la fianza personal, disponiéndose en su lugar la fianza económica en la suma de Bs20 000.- debiendo ser depositados en el tesoro judicial del “Órgano Judicial” (Conclusión II.2.).
Precisada la relación de actuados cursantes en el expediente constitucional y delimitada la problemática planteada por los accionantes, que radica en la supuesta falta de fundamentación, motivación y valoración de la prueba del Auto de Vista 418, impugnado, inicialmente, corresponde precisar, que si bien se dirigió la presente acción tutelar contra los Vocales; el ex Vocal; y, el Juez ahora coaccionados, en razón a que a su turno, dichas autoridades judiciales emitieron dos resoluciones -Auto Interlocutorio 330/22 y Auto de Vista 418-, que los accionantes como familiares víctimas de los fallecidos consideran lesivas a sus derechos; sin embargo, se aclara, que en virtud al principio de subsidiariedad, el análisis a efectuarse se realizará con base a la actuación desplegada por el ex Vocal hoy coaccionado, quien emitió el citado Auto de Vista dictado en instancia de recurso de apelación incidental y que en aplicación de dicho principio, era la autoridad competente para en su caso subsanar o corregir los cuestionamientos ahora planteados respecto al Juez hoy coaccionado; por lo que, respecto a esta última autoridad se debe denegar la tutela solicitada por subsidiariedad excepcional de la acción de amparo constitucional.
Asimismo, en este punto se aclara que, ante el cambio de autoridades, se interpuso la presente acción de amparo constitucional también contra los actuales Vocales de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz ahora accionados. Con esas necesarias aclaraciones, del acta de audiencia de apelación incidental planteada por los representantes del Ministerio Público, del Ministerio de Gobierno, del Comando Departamental de la Policía de Santa Cruz y por la parte civil, se tienen los siguientes puntos de agravios expuestos por las víctimas a través de Juan Pablo Ibáñez -abogado-: El agravio se refirió a la falta de fundamentación en el Auto Interlocutorio 330/22, el cual carece de motivación conforme a lo establecido por los arts. 115.II de la CPE y 124 del CPP; ya que, el Juez ahora coaccionado actuó de forma incongruente y sin la debida fundamentación, vulnerando así la SCP 0014/2018-S2 de 28 de febrero, que estableció que toda resolución judicial debe estar sujeta a la Constitución Política del Estado, lograr el convencimiento de las partes y no ser arbitraria, observando principios como la justicia, razonabilidad, habitabilidad y congruencia. En particular, el “núm. b” del Auto Interlocutorio 330/22 careció de congruencia; ya que, el Juez ahora coaccionado, el 14 de agosto de 2022, al establecer la probabilidad de autoría y complicidad del “mayor Muñoz”, sostuvo que él representaba un peligro por haber sido encontrado en el lugar donde, supuestamente, se repartieron las armas junto con otros autores, momentos antes del asesinato de las víctimas.
El Juez ahora coaccionado utilizó este hecho para sustentar la autoría, argumentando que, pese a su alto rango como director policial, el “mayor Muñoz” no actuó para impedir la distribución de armas ni evitó el homicidio, considerando esto como fundamento para aplicar el art. 23 con relación con el art. 252 ambos del CP. Sin embargo, pese a reconocer su alto rango y su presencia en el lugar de los hechos respaldada por dos testigos de cámara -se entiende Cámara Gessel-que lo identificaron, el citado Juez concluyó más adelante que el “mayor Muñoz” no representaba un peligro para la sociedad. Esa conclusión resultó contradictoria, especialmente si se toma en cuenta que, en la audiencia de 23 de julio de 2022, se fundamentó la existencia de riesgo de fuga conforme al art. 234.6 del CPP, basándose en la gravedad del hecho, la conmoción social generada por el asesinato de dos policías y uno del GACIP y, la brutalidad con la que fueron ultimadas tres personas, lo cual consta en el cuaderno de investigaciones. Si bien en un primer momento se estableció la responsabilidad al momento de analizar el riesgo conforme al art. 234.7 del CPP, el Juez hoy coaccionado minimizó la peligrosidad y desestimó la existencia del hecho.
Se mencionó también que la SCP “056/2014” fue dictada con base en el entonces vigente art. “234.10” -se entiende del CPP-, ahora modificado al art. “234.7” -se entiende del CPP-, que establece el peligro efectivo para la víctima. Esta circunstancia ya fue establecida en la audiencia del “24 de junio”; y posteriormente, fue ratificada por los Vocales de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; hecho respaldado por el acta correspondiente.
Dicho argumento fue uniforme respecto a todos los acusados de ese caso; ya que, se fundamentó en la gravedad del hecho -el asesinato de dos policías, incluido uno del GACIP- la existencia de víctimas, y el riesgo efectivo que aún persiste conforme al art. 44 del CPP. En consecuencia, la autoridad judicial de primera instancia ahora coaccionada estaba obligada a mantener la coherencia de sus resoluciones anteriores y no podía sustentar la eliminación del art. 234.7 del CPP, con argumentos inexistentes, especialmente considerando que las muertes se produjeron con armas de guerra y que, hasta la fecha, las víctimas siguen presentes, temen por su vida y la investigación continúa sin una acusación formal. Ante ello, el ex Vocal ahora coaccionado, emitió el Auto de Vista 418 -hoy impugnado-, con los siguientes argumentos:
«…del análisis integral del Auto Interlocutorio de fecha 14 de agosto de 2022, con relación al Art. 234. 7 del C.P.P. “Peligro efectivo para la sociedad o para la víctima o el denunciante”; la autoridad jurisdiccional establece que ha fundado el Ministerio Público la activación de este riesgo con relación al peligro efectivo para la sociedad únicamente y la parte civil, víctima o denunciante a referido la activación del peligro efectivo para la víctima, en el sentido que ya en la anterior audiencia se hubiera activado este riesgo con relación a las víctimas que conforme al Art. 76, 77 y 78 vienen a ser los familiares del occiso, pero debemos tomar en cuenta como es de conocimiento el día de ayer se ha celebrado una audiencia anterior de anticipo de prueba y cámara gessell de dos testigos protegidos los cuales uno de ellos al momento de reconocer o admitir la probabilidad de autoría, coloca al imputado en el taller Team 777 que conforme a esta misma declaración, este testigo identificado como Yovana en ningún momento ha manifestado que el imputado hubiera provisto las armas, usado las armas, percutado las armas o los chalecos y las gorras que fueron manifestado por este testigo debidamente protegido, es decir que con relación al peligro efectivo para la sociedad, al margen de como se ha suscitado el hecho cuyo objeto de investigación y tomando en cuenta la admisión de la probabilidad de autoría en grado de complicidad con relación a la omisión que se ha valorado y se admitió en su momento, debemos tomar en cuenta y dice que la S.C.P. 0056/2014 ya que para activar este peligro efectivo para la sociedad, debe tenerse acreditado por la parte acusadora en este momento procesal que el imputado haya sido objeto de la concesión de una condena y que la misma ha sido debidamente ejecutoriada para que en base a ello se pueda establecer la peligrosidad que está previsto, en el caso de Autos no se tiene acreditado este extremo y al margen de ello, la declaración del testigo identificado como Yovana a diferencia de los otros co-imputados no refiere que el imputado hubiese proveído las armas, usado las armas o percutado las armas, brindando las gorras o chalecos, en la que todos conocemos en relación a lo que se ha celebrado el día de ayer, con relación al peligro efectivo para la victima a manifestado también que bajo la misma valoración realizada para los otros co-imputados este hoy imputado Álvaro Julio Muñoz Mejía constituye un peligro efectivo para la víctima que ya se habría valorado en la anterior audiencia que los otros co-imputados y el hecho de que los mismos se encuentra a la presente fecha sin sus seres queridos, se hubiese activado en relación a que los mismos puedan ser objeto de una amenaza o en relación a una influencia negativa, en el caso de Auto y conforme a hecho uso de su defensa material a referido el mismo de que será esta la primera vez que pueda tomar contacto con ellos, adicional a ello debemos tomar en cuenta que el imputado tiene una residencia en un departamento distinto donde se está tramitando la presenta investigación, es decir no podría existir ese peligro efectivo para la victima cuando este último se encuentra desplegado en un departamento alejado a donde radica esta investigación, por lo que el peligro efectivo para la víctima y sociedad no se encuentra activado. Se debe tomar en cuenta, lo establecido el Art. 234. 7 del C.P.P. “Peligro efectivo para la sociedad o para la víctima o el denunciante”. Conforme a la S.C.P. 0185/2019-S3 que establece “...El concepto 'efectivo' que se debe adicionar a la peligrosidad para que opere como fundamento de la detención preventiva por peligro de fuga, hace alusión, según el diccionario jurídico que utiliza este Tribunal, a un apeligro existente, real o verdadero, como contraposición a lo pretendido, dudoso, incierto o nominal; es decir a un peligro materialmente verificable, más allá del criterio subjetivo del juez, que puede ser arbitrario, por ello supone la asistencia de elementos materiales comprobables en la situación particular concreta desde la perspectiva de las personas y los hechos, por ello se debe aplicar bajo el principio de la razonabilidad y la proporcionalidad, no encontrando en ello ninguna inconstitucionalidad por afectación del debido proceso o de la presunción de inocencia consagrados constitucionalmente. En consecuencia, el peligro efectivo, encuentra justificación en la necesidad de imponer medidas de seguridad a las personas que hubieran sido encontradas culpables de un delito anteriormente, pero no le sindica como culpable del ilícito concreto que se juzga, ni provoca que en la tramitación del proceso sea culpable del presunto delito cometido...” Es decir, para establecer este riesgo procesal, se debe establecer la conducta anterior o los antecedentes que tiene el imputado, es decir si tiene procesos penales, sentencia condenatoria ejecutoriada, si tiene conducta delictiva reiterada, no se puede incorporar un peligro bajo presunciones o suposiciones; no se debe confundir que en esta etapa procesal, no se está considerando la probabilidad de autoría conforme al Art. 233. 1 del C.P.P., sino que se está analizando la concurrencia del peligro efectivo para la sociedad, el suscrito Vocal considera que la autoridad jurisdiccional hizo un análisis correcto con relación al peligro efectivo para la sociedad, toda vez que no se ha incorporado en los antecedentes o en la fundamentación del Ministerio Público, Ministerio de Gobierno, el Comando Departamental de la Policía y parte civil cual sería el peligro efectivo para la sociedad y víctima, además que no se ha incorporado ningún antecedente que pudiera haber tenido el imputado a efecto de establecer si tiene una conducta delictiva reiterada, de igual manera con relación peligro efectivo para la víctima, toda vez que para que exista este riesgo procesal, debe verificarse la concurrencia del mismo, sobre que víctima es que concurre este riesgo procesal. Si bien se entiende que es un delito de relevancia social, por los antecedentes del hecho, toda vez que somos parte de la sociedad y entendemos que el objetivo es que se cumpla el mandato establecido en el Art. 221 del C.P.P., buscando la aplicación de la justicia y se dé con los responsables de la comisión del delito, en el caso presente considero que la autoridad jurisdiccional ha realizado un razonamiento cumpliendo con el mandato del Art. 124 del C.P.P., es decir que se ha explicado cuales son los motivos por los cuales considera que no se activa este riesgo procesal, tanto en relación al peligro efectivo para la sociedad y peligro efectivo para la víctima, al no haberse identificado materialmente el mismo. Asimismo, se debe tomar en cuenta que el Art.221 del C.P.P. que establece la finalidad y alcance de las medidas cautelares que son para asegurar la averiguación de la verdad, el desarrollo del proceso y la aplicación de la Ley, en consecuencia considero que las medidas cautelares impuestas al imputado Álvaro Julio Muñoz Mejía conforme al Art. 231 bis del C.P.P., el suscrito Vocal considera que se debe modificar las medidas cautelares personales dispuestas» (sic).
A partir de esa necesaria contextualización de los puntos expuestos por los accionantes en su recurso de apelación incidental y los fundamentos de respuesta a los mismos por el ex Vocal ahora coaccionado, al emitir el Auto de Vista 418 hoy cuestionado, es pertinente considerar lo señalado en el Fundamento Jurídico III.1. de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, que refiere que entre los elementos del debido proceso se encuentran, la fundamentación y motivación de las resoluciones, a las que toda autoridad a cargo de un proceso está obligada a cumplir, no solamente a efectos de resolver el caso sometido a su conocimiento, sino exponiendo de manera suficiente, las razones que llevaron a tomar cierta decisión, así como las disposiciones legales que sustentan la misma; es decir, debe llevar al convencimiento que se hizo justicia, tanto a las partes procesales, como a los abogados, acusadores, defensores, posibles víctimas e incluso terceros con interés legítimo; de lo contrario, no sólo se suprimiría una parte estructural de la resolución, sino impediría que las partes del proceso conozcan los motivos que llevaron a la referida autoridad a asumir una determinación, lo que no implica que dicha motivación contenga una exposición ampulosa y sobrecargada de consideraciones y citas legales, basta con que ésta sea concisa pero clara y satisfaga todos los aspectos demandados y/o cuestionados.
En ese contexto y delimitada la problemática planteada, en el presente caso, se puede advertir que el ex Vocal ahora coaccionado, al pronunciar el Auto de Vista 418, cumplió con lo señalado por la jurisprudencia constitucional citada en el Fundamento Jurídico III.1. de este fallo constitucional, debido a que desplegó la fundamentación y motivación requeridas en el caso; puesto que, expuso las razones de hecho y de derecho de su determinación, basándose en los hechos fácticos expuestos, la prueba presentada y, amparándose en la base normativa legal aplicable y correspondiente, explicando en lo esencial que: 1) Durante una audiencia previa sobre anticipo de prueba y Cámara Gessel, se presentó el testimonio de dos testigos protegidos. Uno de estos testigos, identificada como “Yovana”, reconoció la probabilidad de autoría del coimputado -ahora tercero interesado-, ubicándolo en el taller “Team 777”; sin embargo, “Yovana” no afirmó que el nombrado hubiese provisto las armas, usado las armas, percutado las armas, o proporcionado los chalecos o las gorras mencionadas; 2) Respecto al peligro efectivo para la sociedad, la autoridad judicial consideró que, según la SCP “0056/2014”, se debía acreditar que el nombrado hubiera sido condenado previamente y que dicha condena estuviera ejecutoriada. En el caso concreto, no se había acreditado este extremo, y la testigo no vinculó al coimputado con la provisión o uso de las armas; 3) En cuanto al peligro efectivo para la víctima, se evaluó que Álvaro Julio Muñoz Mejía -hoy tercero interesado- representaba un riesgo para la víctima, en línea con lo que se había señalado para los otros coimputados y la parte civil -ahora tercera interesada- argumentó que el coimputado podría representar una amenaza debido a la pérdida de seres queridos, aunque la defensa del -actual- nombrado ahora tercero interesado indicó que esta sería la primera vez que podría contactar a las víctimas; además, que el mismo reside en un departamento distinto, lejos del lugar donde se tramitaba la investigación, lo que reduciría el peligro para la víctima; 4) La autoridad judicial de primera instancia hoy coaccionado, siguiendo lo establecido por el art. 234.7 del CPP y en concordancia con la SCP 0185/2019-S3, consideró que para activar el peligro efectivo debía existir un peligro materialmente verificable, y no meras suposiciones, destacando que no se demostró que el coimputado tuviera antecedentes penales o una conducta delictiva reiterada; por lo que, no se podía justificar un peligro efectivo para la sociedad ni para la víctima; y, 5) Por lo tanto, se concluyó que el Juez ahora coaccionado realizó un análisis adecuado, cumpliendo con los mandatos del art. 124 del referido Código y que las medidas cautelares impuestas al coimputado Álvaro Julio Muñoz Mejía -hoy tercero interesado- debían ser modificadas conforme al art. 231 bis del indicado Código.
A partir de lo expuesto, se advierte que el ex Vocal ahora accionado, al emitir el Auto de Vista 418 ahora confutado, aplicó el debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación, pues de forma suficiente, explicó a la parte apelante, -accionantes-, las razones de hecho emergentes de los elementos fácticos que fueron de su conocimiento, lo cual a su vez fue subsumido a la aplicación de la norma adjetiva y jurisprudencia constitucional, en lo esencial e inherente al riesgo procesal concurrente -art. 234.7 del CPP-; por lo que, corresponde denegar la tutela solicitada con relación a esos puntos.
No obstante lo anterior, esta Sala del Tribunal Constitucional Plurinacional no puede dejar de lado que en la parte resolutiva del Auto de Vista 418 se modificaron las medidas cautelares inicialmente dispuestas por el Juez de primera instancia ahora coaccionado, que inicialmente eran las de acudir ante el Ministerio Público cada treinta días, pero en su lugar, en alzada, se estableció la obligación de presentarse ante dicha entidad cada quince días; y, por otra parte, inicialmente se impuso cumplir con una fianza personal, pero en apelación, se ordenó reemplazarla por la fianza económica en la suma de Bs20 000.-, debiendo ser depositados en el tesoro judicial del “Órgano Judicial”; modificación que si bien es posible por la facultad de valoración integral que tienen los tribunales de alzada; empero, en el presente caso sobre el punto específico de ese cambio de medidas, no se encuentra la exposición suficiente por parte del ex Vocal ahora coaccionado respecto al porqué las medidas inicialmente fijadas por el Juez hoy coaccionado eran excesivas para tener que modificarlas; por lo que, al respecto corresponde conceder en parte la tutela solicitada. Con la aclaración que dicha concesión parcial abarca únicamente al defecto procesal relacionado con la carencia de motivación respecto a las razones por las que el ex Vocal hoy coaccionado consideró necesario modificar las medidas inicialmente fijadas mediante Auto Interlocutorio 330/22, emitido por el Juez de primera instancia hoy coaccionado en favor de Álvaro Julio Muñoz Mejía -ahora tercero interesado-.
Con relación a la valoración de la prueba, corresponde precisar que en el presente caso los accionantes denuncian que el ex Vocal ahora coaccionado “NO VALORA de manera concreta y explícita todos y cada uno de los medios probatorios producidos, asignándoles un valor probatorio especifico a cada uno de ellos…” (sic); y al respecto, se tiene que dicha alegación incumple los presupuestos establecidos al resultar muy general para realizar la excepción de verificación; por lo que, corresponde denegar la tutela solicitada.
Finalmente, en cuanto a la denuncia de los accionantes de vulneración a sus derechos a la “vivienda” y a la tutela judicial efectiva, los mismos se limitaron a mencionarlos sin realizar mayor fundamentación al respecto y con relación a los elementos del debido proceso precedentemente analizados; por lo que, no corresponde emitir mayor pronunciamiento, debiéndose denegar la tutela solicitada. En consecuencia, la Sala Constitucional, al denegar la tutela solicitada, obró de manera parcialmente incorrecta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución de 29 de noviembre de 2022, cursante de fs. 405 a 409 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, en consecuencia: 1º CONCEDER en parte la tutela solicitada, con relación a la falta de motivación del Auto de Vista 418 de “14” -15- de septiembre de 2022, únicamente en cuanto al defecto procesal relacionado con la carencia de motivación respecto a las razones por las que Wálter Pérez Lora, ex Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz consideró necesario modificar las medidas inicialmente fijadas mediante Auto Interlocutorio 330/22 de 14 de agosto de ese año, emitido por Rodrigo Aldo Vedia Espinoza, Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal Primero de la Guardia del departamento de Santa Cruz en favor de Álvaro Julio Muñoz Mejía.
a) Dejar sin efecto el Auto de Vista 418 de “14” -15- de septiembre de 2022, emitido por el ex Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz.
b) Disponer que los Vocales de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz emitan un nuevo auto de vista, en el que puedan subsanar la carencia de motivación respecto a las razones por las que el ex Vocal de dicha Sala consideró necesario modificar las medidas inicialmente fijadas en favor de Álvaro Julio Muñoz Mejía, por el Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal Primero de la Guardia del departamento de Santa Cruz. 2º DENEGAR la tutela solicitada, con relación a los derechos a la “vivienda”, a la tutela judicial efectiva y al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y valoración de la prueba, respecto al riesgo procesal concurrente -art. 234.7 del Código de Procedimiento Penal-, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0182_2025-S1.pdf · páginas 1 a 23.
Huella digital del PDF (SHA-256): 08cc6cee65adfbcbf5459cf5e45ed5bf45ffd03ce555a83ea0b9139d34c733c9
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