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SCP 0182/2023-S2

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Segunda · 24 de abril de 2023

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Segunda
Fecha
24 de abril de 2023
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrada relatora
MSc. Brigida Celia Vargas Barañado
Expediente
46543-2022-94-AAC
Departamento
Oruro
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

El accionante denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso, a la legalidad y a la defensa; alegando que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la comisión del delito de lesión seguida de muerte, tras ser condenado a cinco años de reclusión por Sentencia 65/2021 de 25 de noviembre; no fue notificado de forma personal con ese fallo, reconociendo que si bien se le comunicó esa determinación vía ciudadanía digital a su abogado defensor, no podría definirse el cómputo de quince días que exige la apelación restringida; formulando ese recurso el 14 de enero de 2022, que mereció el Auto de Vista 35/2022-SP1 de 3 de marzo, emitido por los Vocales demandados, quienes decidieron declarar inadmisible dicha impugnación causándole con esa decisión un menoscabo al ejercicio de los citados derechos. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 24/2022 de 23 de marzo, cursante de fs. 253 a 257, pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, con la aclaración que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. De la subsidiaridad de la acción de amparo constitucional
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0182/2023-S2 Sucre, 24 de abril de 2023 SALA SEGUNDA Magistrada Relatora: MSc. Brigida Celia Vargas Barañado Acción de amparo constitucional Expediente: 46543-2022-94-AAC Departamento: Oruro En revisión la Resolución 24/2022 de 23 de marzo, cursante de fs. 253 a 257, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Miguel Ángel Vargas Ramallo contra Eve Carmen Mamani Roldán y José Miguel Vásquez Castelo, Vocales de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 14 de marzo de 2022, cursante de fs. 2 a 5 vta., el accionante refirió que:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, a instancia de Ruth Antonia Flores Huaranca -tercera interesada-, por la comisión del delito de lesión seguida de muerte, fue condenado a cinco años de reclusión a través de la Sentencia 65/2021 de 25 de noviembre, pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Tercera de la Capital del departamento de Oruro; con la cual no le notificaron personalmente, habiéndose puesto a conocimiento únicamente de su abogado por buzón digital el 3 de diciembre de 2021; aspecto que, dio a conocer el 14 de enero de 2022, al formalizar el recurso de apelación restringida; no obstante de ese reclamo, los Vocales demandados decidieron rechazar su impugnación por Auto de Vista 35/2022-SP1 de 3 de marzo, argumentado que fue presentada de forma extemporánea, inobservando los alcances del art. 163.3 del Código de Procedimiento Penal (CPP); asimismo, “…omitiendo que hasta la fecha (…) no fue notificado de manera personal con la sentencia, y el plazo de 15 días debe ser necesariamente computados a partir de tal notificación, y no desde la notificación realizada en la ciudadanía Digital de [su] Abogado defensor…” (sic).

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denunció la lesión de sus derechos al debido proceso, a la legalidad y a la defensa, citando al efecto los arts. 115.II y 119.II de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela, disponiendo se anule el Auto de Vista 35/2022-SP1 y que dentro de las veinticuatro horas se pronuncie uno nuevo, admitiendo su recurso de apelación restringida.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia pública virtual el 23 de marzo de 2022, según consta en acta cursante de fs. 246 a 252 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante a través de su abogado, ratificó in extenso los argumentos del memorial de la acción de amparo constitucional y ampliándolos señaló que: a) Se vulneró el debido proceso en su vertiente legalidad; ya que, el Auto de Vista 35/2022-SP1 partió del razonamiento que cursaba un reporte de notificación con la Sentencia 65/2021 a través de ciudadanía digital; lo que, se constituye en una omisión a los arts. 160, 163 y 398 del CPP, los cuales prevén que dicha diligencia debe realizarse de forma personal; b) Su derecho a la defensa fue lesionado por los Vocales demandados; ya que, al rechazar su apelación restringida y devolver el expediente al Juzgado de origen generaron que se libre mandamiento de condena en su contra; y, c) En respuesta al informe de dichas autoridades, aclaró que el hecho generador no sería la notificación con la Sentencia, sino el citado Auto de Vista que denegó su apelación restringida.

I.2.2. Informe de los demandados

Eve Carmen Mamani Roldán y José Miguel Vásquez Castelo, Vocales de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, en audiencia de garantías señalaron que: 1) La acción de amparo constitucional tiene la característica de la subsidiariedad reconocida por el Código Procesal Constitucional y la Constitución Política del Estado, así como, en innumerables fallos del Tribunal Constitucional Plurinacional; 2) El accionante identificó como hecho generador la falta de notificación personal con la Sentencia 65/2021; por tal razón, tuvo la posibilidad de sostener su reclamo a través de un incidente de nulidad de la misma y no recurrir directamente a esta acción tutelar; 3) Se configuraron actos consentidos; por cuanto, pese a que el impetrante de tutela en el referido recurso adujo que no se le notificó con el mencionado fallo, reconoció que su abogado si tuvo acceso a través de ciudadanía digital; así también, de la revisión de esa impugnación se tiene la firma del prenombrado; por ende, tuvo pleno conocimiento de la determinación asumida en su contra, habiendo cumplido la finalidad de la diligencia extrañada con la presentación de la aludida apelación; 4) El art. 361 del CPP modificado por la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-, establece la posibilidad de notificar la sentencia por medio de ciudadanía digital; y, 5) Debió considerarse el Acuerdo de Sala Plena 160/2021 -no indicó fecha-; por el cual, se dictaminó qué juzgados ingresaron de vacaciones; asimismo, cuando un despacho goza de tal beneficio se inserta una nota marginal en los expedientes a fin de establecer el lapso de la suspensión de plazos; tal señalética, no cursa en el proceso en cuestión; por lo que, el término para la apelación restringida se computó de manera normal.

I.2.3. Intervención de la tercera interesada

Ruth Antonia Flores Huaranca, a través de su abogado del Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima (SEPDAVI), en audiencia de garantías sostuvo que, el accionante no se encontraba presente en la lectura de la sentencia; razón por la cual, al amparo del art. 361 del CPP se dispuso su notificación vía internet; por lo que, solicitó se deniegue la tutela.

I.2.4. Participación del Ministerio Público

El representante fiscal, no presentó escrito alguno ni asistió a la audiencia de garantías, pese a su notificación cursante a fs. 11.

I.2.5. Resolución

La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, por Resolución 24/2022 de 23 de marzo, cursante de fs. 253 a 257, denegó la tutela solicitada, con base en los siguientes fundamentos: i) El plazo de quince días para formalizar recurso de apelación restringida se computó a partir del 6 de diciembre de 2021 y venció a las veinticuatro horas del 27 de similar mes y año, y el accionante interpuso dicha impugnación el 14 de enero de 2022; ii) Del Acuerdo de Sala Plena 167/2021, se evidenció que el Juzgado de origen de la causa penal no ingresó en vacaciones; por lo que, el impetrante de tutela tuvo la oportunidad de formular su apelación en el término establecido por ley; y, iii) El aludido en su apelación manifestó que se encontraba en tiempo hábil y oportuno para presentar la misma; por ello, esa Sala concluyó que se configuraron actos consentidos; además, la presente acción de defensa no suple los actos de la jurisdicción ordinaria, sea judicial o administrativa. Vía complementación y enmienda, el solicitante de tutela impetró se aclare si los actos consentidos son extensibles a todo lo dispuesto por el art. “163” del Código Procesal Constitucional (CPCo).

En sustanciación y resolución, la referida Sala Constitucional rechazó dicha solicitud alegando que, no corresponde ninguna aclaración; empero, puntualizó que no era posible ingresar al fondo, porque revisados los antecedentes no cursaba ningún acto de reclamo con relación a la notificación que hubiera vulnerado su derecho, existiendo además un acto que convalidó esa diligencia, identificado en la formulación del recurso de apelación restringida.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:

II.1. Por Sentencia 65/2021 de 25 de noviembre, con fecha de lectura el 30 de idéntico mes y año, Elizabeth Vargas Zambrana, Jueza de Sentencia Penal Tercera de la Capital del departamento de Oruro, declaró a Miguel Ángel Vargas Ramallo -accionante- autor de la comisión del delito de lesión seguida de muerte, imponiéndole una pena privativa de libertad de cinco años (fs. 21 a 33 vta.) II.2. Consta notificación efectuada por ciudadanía digital el 2 de diciembre de 2021, con la aludida Sentencia al peticionante de tutela (fs. 39). II.3. Cursa formulario de notificaciones RG2W9ZA5-21 de 3 de idéntico mes y año, con el referido fallo al abogado del impetrante de tutela (fs. 141). II.4. Mediante representación de 6 de similar mes y año, Limber Claudio García Tito, Gestor de la Oficina Gestora de Procesos Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, alegó respecto al domicilio del solicitante de tutela, según los datos del proceso la dirección señalada “…URBANIZACIÓN 9 DE JUNIO (INMEDIACIONES PARADA 117)…” (sic), sería genérica y no consignaba mayores datos como número de manzana, lote o casa y que incluso revisado el sistema “SIREJ-GESTORAS” no pudo acceder a ningún croquis; por ello, solicitó se adjunte una referencia satelital y placas fotográficas del frontis del inmueble (fs. 37). II.5. Por memorial presentado el 14 de enero de 2022, el solicitante de tutela formuló recurso de apelación restringida contra la Sentencia 65/2021, expresando que se encontraba en tiempo hábil y oportuno, por cuanto se efectuó la notificación a través de ciudadanía digital a su abogado el 3 de diciembre de 2021 (fs. 131 a 135). II.6. A través del Auto de Vista 35/2022-SP1 de 3 de marzo, Eve Carmen Mamani Roldan y José Miguel Vásquez Castelo, Vocales de la Sala Penal Primera del merituado Tribunal Departamental de Justicia -demandados-, determinaron rechazar y declarar inadmisible la apelación restringida formulada por el accionante, por ser extemporánea (fs. 236 y vta.).

II.7. Mediante decreto de 10 de marzo de 2022, la Jueza de la causa declaró ejecutoriada la Sentencia 65/2021 (fs. 242).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso, a la legalidad y a la defensa; alegando que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la comisión del delito de lesión seguida de muerte, tras ser condenado a cinco años de reclusión por Sentencia 65/2021 de 25 de noviembre; no fue notificado de forma personal con ese fallo, reconociendo que si bien se le comunicó esa determinación vía ciudadanía digital a su abogado defensor, no podría definirse el cómputo de quince días que exige la apelación restringida; formulando ese recurso el 14 de enero de 2022, que mereció el Auto de Vista 35/2022-SP1 de 3 de marzo, emitido por los Vocales demandados, quienes decidieron declarar inadmisible dicha impugnación causándole con esa decisión un menoscabo al ejercicio de los citados derechos. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. De la subsidiaridad de la acción de amparo constitucional

Al respecto, la SCP 0611/2016-S2 de 30 de mayo, precisó que: «La Constitución Política del Estado en su art. 129.I, señala que: “La Acción de Amparo Constitucional se interpondrá por la persona que se crea afectada, por otra a su nombre con poder suficiente o por la autoridad correspondiente de acuerdo con la Constitución, ante cualquier juez o tribunal competente, siempre que no exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados”. En el mismo sentido, respecto al principio de subsidiariedad la SCP 0415/2013 de 3 de junio, asumiendo el entendimiento de la jurisprudencia desarrollada en la SCP 1476/2012 de 24 de septiembre, precisa que: “La acción de amparo constitucional, se configura como una garantía jurisdiccional extraordinaria, de tramitación especial y sumarísima, que tiene por objeto la restitución o restablecimiento de los derechos fundamentales, consagrados en la Constitución Política del Estado, cuando éstos son restringidos, suprimidos o amenazados por parte de particulares o funcionarios públicos y siempre que no hubiere otro medio o recurso legal para su protección; es decir, que esta acción se activa cuando no existen otros medios o vías idóneas para otorgar la tutela solicitada. Este recurso es una acción de naturaleza subsidiaria, así lo ha establecido el art. 129.I de la CPE que dispone ‘…siempre que no exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados’ concordante con el art. 54 del Código Procesal Constitucional (CPCo), que manifiesta: I ‘La acción de Amparo Constitucional no procederá cuando exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados de serlo. II Excepcionalmente, previa justificación fundada, dicha acción será viable cuando: 1. La protección pueda resultar tardía. 2. Exista la inminencia de un daño irremediable e irreparable a producirse de no otorgarse la tutela’. En ese entendido, la jurisprudencia del Tribunal anterior sobre la subsidiariedad dentro la acción de amparo constitucional ha establecido mediante la SC 0273/2010-R de 7 de junio, que: ‘…El Amparo Constitucional no es un instrumento alternativo o sustitutivo de las acciones ordinarias que la Constitución y la ley asignan a las distintas jurisdicciones, según su especialidad, para la protección de los derechos considerados vulnerados, sino, por el contrario, es un mecanismo subsidiario, porque puede instaurarse cuando el lesionado no tiene otro medio de defensa; por lo tanto, cuando hay otros recursos expeditos, éstos deben ser utilizados primero y sólo se concederá el Amparo Constitucional cuando aquéllos resultaren ineficaces para la defensa de los derechos, o cuando se lo conceda como protección inmediata para evitar un daño irreparable’”. En el mismo sentido la SCP 0471/2012 de 4 de julio, respecto a la subsidiariedad, expresó lo siguiente: “…el entonces Tribunal Constitucional a través de la SC 1035/2010-R de 23 de agosto, reiterando el entendimiento asumido por la SC 1337/2003-R de 15 de septiembre, señaló que existen: ‘…reglas y sub reglas de improcedencia de amparo por subsidiariedad cuándo: 1) las autoridades judiciales o administrativas no han tenido la posibilidad de pronunciarse sobre un asunto porque la parte no ha utilizado un medio de defensa ni ha planteado recurso alguno, así: a) cuando en su oportunidad y en plazo legal no se planteó un recurso o medio de impugnación y b) cuando no se utilizó un medio de defensa previsto en el ordenamiento jurídico; y 2) las autoridades judiciales o administrativas pudieron haber tenido o tienen la posibilidad de pronunciarse, porque la parte utilizó recursos y medios de defensa, así: a) cuando se planteó el recurso pero de manera incorrecta, que se daría en casos de planteamientos extemporáneos o equivocados y b) cuando se utilizó un medio de defensa útil y procedente para la defensa de un derecho, pero en su trámite el mismo no se agotó, estando al momento de la interposición y tramitación del amparo, pendiente de resolución. Ambos casos, se excluyen de la excepción al principio de subsidiaridad, que se da cuando la restricción o supresión de los derechos y garantías constitucionales denunciados, ocasionen perjuicio irremediable e irreparable, en cuya situación y de manera excepcional, procede la tutela demandada, aún existan otros medios de defensa y recursos pendientes de resolución…’”» (las negrillas nos pertenecen).

III.2. Análisis del caso concreto

De antecedentes remitidos a este Tribunal se tiene que dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra el accionante, por la comisión del delito de lesión seguida de muerte, por Sentencia 65/2021 de 25 de noviembre, con fecha de lectura el 30 de idéntico mes y año, la Jueza de Sentencia Penal Tercera de la Capital del departamento de Oruro, declaró al accionante como autor de la comisión del referido ilícito (Conclusión II.1); determinación que fue notificada por ciudadanía digital el 2 y 3 de diciembre del referido año, al prenombrado y a su abogado defensor, respectivamente (Conclusiones II.2 y 3); mediante representación de 6 de similar mes y año, Limber Claudio García Tito, Gestor de la Oficina Gestora de Procesos Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, expresó que respecto al domicilio del solicitante de tutela y acorde a los datos del proceso la dirección señalada “…URBANIZACIÓN 9 DE JUNIO (INMEDIACIONES PARADA 117)…” (sic) era genérica y no consignaba mayores datos como número de manzana, lote o casa y que incluso revisado el sistema “SIREJ-GESTORAS” no pudo acceder a ningún croquis; por ello, solicitó se adjunte una referencia satelital y placas fotográficas del frontis del bien inmueble (Conclusión II.4); en ese ínterin, por memorial presentado el 14 de enero de 2022, el impetrante de tutela formuló recurso de apelación restringida contra la Sentencia 65/2021 (Conclusión II.5); mereciendo el Auto de Vista 35/2022-SP1 de 3 de marzo, por los Vocales demandados, rechazando la referida impugnación por ser extemporánea (Conclusión II.6); constando decreto de 10 de marzo de 2022, por el cual la Jueza de la causa declaró ejecutoriada la citada Sentencia (Conclusión II.7). En ese contexto corresponde identificar la problemática traída a revisión que versa sobre lo dispuesto por los Vocales demandados, mediante el Auto de Vista 35/2022-SP1 rechazando el recurso de apelación restringida del accionante sin considerar que no se cumplió con la notificación personal con la Sentencia 65/2021; señalando en audiencia de garantías el prenombrado a través de su abogado que: “…debía cuestionarse a la Juez de Sentencia Penal, para que cumplan las formalidades conforme al 163.3 del Código Procedimiento Penal y exigir básicamente de que se notifique de manera personal…” (sic). Ahora bien, conforme la jurisprudencia desarrollada en el Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, la presente acción tutelar se constituye en un mecanismo eficaz de defensa, que tiene como prerrogativa salvaguardar los derechos de las personas ante la restricción, supresión o amenaza de los mismos, siempre y cuando se superen las reglas y subreglas de improcedencia por subsidiaridad para el análisis de fondo de la problemática traída a revisión. El impetrante de tutela, señala lesionados sus derechos; por cuanto, se le notificó con la Sentencia 65/2021 a través de ciudadanía digital, diligencia irregular que considera difuminó su plazo para apelar en la vía restringida, y pese a que formuló ese recurso le fue negado por las autoridades demandadas sin que hubiesen corregido tal impase quienes adujeron que dicha impugnación fue planteada de manera extemporánea; por ello, interpuso esta acción de defensa; ahora bien, el punto neurálgico para establecer el cómputo del plazo que tenía el peticionante de tutela para oponer apelación restringida es la comunicación con la referida Sentencia y de considerar que la misma no se efectuó conforme a procedimiento estaba facultado a plantear incidente de nulidad de notificación; lo que, hubiera permitido a la Jueza de la causa revisar ese acto presuntamente anómalo; sin embargo, ello no aconteció; por lo que, se configura una de las causales de concurrencia del principio de subsidiariedad que rige a la presente acción tutelar, consistente en que: “…1) las autoridades judiciales o administrativas no han tenido la posibilidad de pronunciarse sobre un asunto porque la parte no ha utilizado un medio de defensa ni ha planteado recurso alguno, así: a) cuando en su oportunidad y en plazo legal no se planteó un recurso o medio de impugnación y b) cuando no se utilizó un medio de defensa previsto en el ordenamiento jurídico…” (las negrillas nos corresponden [SCP 0471/2012 de 4 de julio]), en ese entendido, resulta inviable ingresar al análisis de fondo de la problemática propuesta para revisar los alcances del Auto de Vista 35/2022-SP1 que resolvió denegar la apelación restringida del accionante, sustentada en el fundamento de que el aludido estaba notificado con la Sentencia 65/2021. En consecuencia, la Sala Constitucional al haber denegado la tutela impetrada, obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 24/2022 de 23 de marzo, cursante de fs. 253 a 257, pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, con la aclaración que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada.

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

MSc. Brigida Celia Vargas Barañado

MAGISTRADA

MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0182_2023-S2.pdf · páginas 1 a 9.

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