Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Primera · 10 de abril de 2023
Deniega la tutela
El accionante denuncia la lesión de sus derechos al trabajo y a la estabilidad laboral; toda vez que, el Viceministerio de Inversión y Financiamiento Externo, a través de la Nota CITE: MPD/DGAJ/UGJ-NE 0125/2020 de 9 de junio, notificado el 12 del mismo mes y año, realizó la RESOLUCIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL DE LÍNEA MPD/DGAJ/CL 069/2018, de forma intempestiva, unilateral e ilegal, sin seguir el procedimiento previo descrito en el numeral 11.3.1 de la Cláusula Décima Primera del referido Contrato, y pese a las solicitudes realizadas con posterioridad, haciendo conocer sobre su error, el demandado se ratificó en la decisión asumida de resolución del mencionado Contrato, vulnerado sus derechos y los de su familia. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela; para ello, se desarrollarán los siguientes temas: 1) Sobre el principio de inmediatez; y, 2) Análisis del caso concreto.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 29/2021 de 17 de febrero, cursante de fs. 331 a 333, pronunciada por la Sala Constitucional Primera del departamento de La Paz; y en consecuencia DENEGAR la tutela solicitada, en los mismos términos dispuestos por la Sala Constitucional, y en base a los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0182/2023-S1 Sucre, 10 de abril de 2023 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Georgina Amusquivar Moller Acción de amparo constitucional Expediente: 41266-2021-83-AAC Departamento: La Paz En revisión la Resolución 29/2021 de 17 de febrero, cursante de fs. 331 a 333, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Florentino Tórrez Velásquez contra Harley Jesús Rodríguez Téllez, Viceministro de Inversión Pública y Financiamiento Externo.
Por memorial presentado el 16 de diciembre de 2020, cursante de fs. 39 a 46, el accionante expuso los siguientes argumentos de hecho de derecho:
El 14 de septiembre de 2018, suscribió un Contrato de Prestación de Servicios de Consultoría Individual en Línea MPD/DGAJ/CL 069/2018, con el Ministerio de Planificación del Desarrollo en el cargo de Especialista en Adquisiciones, vigente hasta el 29 de septiembre de 2020. Empero, en el desarrollo de sus actividades, sin que exista causal o justificativo alguno, por Nota de 9 de junio de citado año con cargo de recepción de 12 del mismo mes y año, el Viceministro de Inversión Pública y Financiamiento Externo autoridad ahora demandada, dispuso la terminación del referido contrato; motivo por el cual, realizó el reclamo correspondiente por dicho proceder de forma irregular, ratificando dicha entidad su decisión a través de la Nota “VCITE: MPD/DGAJ/UGJ-NE 0208/2020” de 9 de septiembre, puesta en su conocimiento el 16 del mismo mes y año. Para dicha terminación contractual, la entidad demandada, acudió a la Cláusula Décima Primera, numeral i) del inciso A) del numeral 11.3.2 del antedicho contrato, que establece la resolución del mismo sin requerimiento judicial o extrajudicial; empero, en la Nota de terminación del contrato y los informes que lo avalan, no existen las supuestas causales de incumplimiento a los que hubiera incurrido, emitiendo una decisión sin fundar en las razones que imposibilite la ejecución del contrato. El demandado, en la nota de terminación desconoce el procedimiento prescrito para la conclusión del contrato, respecto al incumplimiento; en ese entendido, la Cláusula Décima Primera establece el procedimiento a seguirse; sin embargo, la misma no se cumplió; por lo que, ante el acto ilegal y abrupto, representó la nota de terminación del contrato ante la entidad demandada, en la cual solicitó se corrija el procedimiento y por consiguiente el cumplimiento del contrato; empero, el demandado mantuvo su decisión ilegal, vulnerando sus derechos al trabajo y estabilidad laboral.
El impetrante de tutela denunció la lesión de sus derechos al trabajo y a la estabilidad laboral, señalando al respecto los arts. 46.I y II; 48.I, II y III; y, 49.III de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitó se conceda la tutela, disponiendo: a) Se deje sin efecto la Carta de terminación de contrato “CITE: MDP/DGAJ/UGJ-NE 0125/2020” de 9 de junio; y, b) Se ordene el pago de los meses restantes hasta la fecha del plazo final del contrato, que no fueron cancelados.
Celebrada la audiencia virtual el 17 de febrero de 2021, según se tiene del acta de audiencia cursante de fs. 327 a 330, se produjeron los siguientes actuados:
El peticionante de tutela a través de su abogado se ratificó en su memorial de acción de amparo constitucional, y ampliando el mismo señaló que: 1) Se tenía un contrato con vigencia hasta el 29 de septiembre de 2020, y antes de que se cumpla dicho plazo el 12 de junio del mismo año, el Ex Viceministro Gonzalo Quiroga solicitó su renuncia y ante la negativa, decidió rescindir de sus servicios; 2) No cumpliendo con lo establecido en el contrato de servicios, entregándole una nota de resolución del mismo, refiriendo que en base a las recomendaciones se decide terminar con el contrato por incumplimiento a las obligaciones convenidas imputables al consultor; 3) Sin embargo, el referido contrato en su Cláusula Décima Primera especifica el procedimiento a cumplir en caso de incumplimiento por cualquiera de las partes; 4) La decisión de resolver el contrato, hubiera sido tomada en base a una evaluación de desempeño, que no está contemplada en el mismo; 5) La determinación, no solo afecta a su persona, sino a su entorno familiar quienes dependen directamente de él, vulnerando sus derechos; y, 6) Al encontrarse en indefensión respecto a su derecho al trabajo, en el presente caso al tratarse de derechos laborales se debe prescindir del principio de subsidiariedad. Ante las aclaraciones solicitadas por la Sala Constitucional, la parte accionante se ratificó en su petitorio que se deje sin efecto la nota 0125 de 9 de julio “…lo correcto es junio” de 2020.
Harley Jesús Rodríguez Téllez, Viceministro de Inversión Pública y Financiamiento Externo, a través de sus representantes legales, presentó informe escrito el 12 de febrero de 2021, cursante de fs. 318 a 326, bajo los siguientes argumentos: i) La acción de amparo constitucional fue interpuesta fuera del término de los seis meses, plazo estipulado en el art. 55.I del Código Procesal Constitucional CPCo; puesto que, la nota de terminación del contrato fue de conocimiento del peticionante de tutela el 12 de junio de 2020, venciendo su plazo el 12 de diciembre del mismo año; empero, la demanda fue presentada el 16 del mismo mes y año, estando el plazo vencido; ii) No cumplió con el principio de subsidiariedad, ya que no acudió a la vía jurisdiccional respectiva, incumpliendo lo dispuesto en los arts. 129.I de la CPE y 54 del CPCo; iii) La resolución del contrato administrativo, fue respaldado por Informes Técnicos, en los cuales se estableció el incumplimiento del contrato por parte del consultor; por lo que, no fue intempestiva; iv) El procedimiento utilizado, se encuentra previsto en el mismo contrato, aspecto que no se torna en un despido injustificado, además que el procedimiento establecido en la Cláusula 11.3.2 del contrato es una atribución facultativa del Viceministerio, en la que solo se requiere identificar la omisión o incumplimiento para activarlo, la cual es de conocimiento de las partes; y, v) No existe alguna prueba que demuestre que se vulneraron los derechos del accionante, tampoco se evidencia la comisión de actos ilegales u omisiones indebidas, solicitando se deniegue la tutela. Asimismo, en su intervención en la audiencia virtual, se ratificó en todos los argumentos expuestos en su informe escrito.
La Sala Constitucional Primera del departamento de La Paz, mediante Resolución 29/2021 de 17 de febrero, cursante de fs. 331 a 333, denegó la tutela solicitada, con base a los siguientes argumentos: a) Existió una relación contractual entre el impetrante de tutela y el demandado, a través de un contrato de consultoría individual en línea de 14 de septiembre de 2018 con vigencia hasta el 29 de septiembre de 2020 y que la misma fue resuelta el 12 de junio de 2018 “lo correcto es 2020”; b) Solicitó se deje sin efecto la Nota “CITE: MPD/DGAJ/UGJ-NE 0125/2020 de 9 de junio” identificándolo como el último acto administrativo lesivo a sus derechos, siendo notificado el 12 del mismo mes y año; c) Procediéndose con el cómputo de los seis meses para interponer la acción de defensa, el plazo de inmediatez corre a partir de la notificación con la nota de resolución del contrato, y siendo que la acción de amparo constitucional fue presentada el 16 de diciembre de igual año, misma que se encuentra fuera del plazo establecido en el art. 129.II de la CPE; por lo que, no se ingresa al análisis de fondo. En vía de complementación, aclaración y enmienda, el peticionante de tutela, refirió si para la emisión de la resolución, se estaba considerando la nota de 9 de septiembre de 2020 como última decisión administrativa, a lo cual la Sala Constitucional, indicó que la pretensión del accionante, en la que se identificó el acto lesivo, es la nota 125/2020 de 9 de junio, limitando la decisión a dicho acto; y, que hubiera sido diferente si se hubiera cuestionado como lesivo la de 9 de septiembre de similar año.
Por Decreto Constitucional de 31 de agosto de 2022, cursante a fs. 337, se dispuso la suspensión del plazo procesal a objeto de recabar documentación complementaria; reanudándose el mismo a partir del día siguiente de la notificación con el Decreto Constitucional de 28 de marzo de 2023 (fs. 365); por lo que, la presente Sentencia es emitida dentro del plazo establecido en el Código Procesal Constitucional.
De la revisión de antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. El 14 de septiembre de 2018 se firma entre Florentino Tórrez Velásquez
-ahora accionante- y el Viceministro de Inversión Pública y Financiamiento Exterior -ahora demandado- el CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL DE LÍNEA MPD/DGAJ/CL 69/2018 para prestar sus servicios como Especialista en Adquisiciones, misma que conforme a la CLÁUSULA CUARTA, el objeto fue: “El CONSULTOR prestará los Servicios requeridos por el CONTRATANTE en la Unidad Ejecutora del Programa, para impulsar, verificar, supervisar, monitorear y realizar objetivamente los procesos de contratación de bienes y servicios del programa, de acuerdo con la normativa del financiador, en coordinación con las instancias respectivas de los proyectos financiados por el BID dentro de la programación establecida; en estricta sujeción a lo estipulado en los Términos de Referencia incluidos en el Anexo A de este CONTRATO” (sic.), siendo el plazo de prestación del Servicio y conforme regula la CLÁUSULA QUINTA se establece que: “El CONSULTOR prestará los servicios objeto del presente CONTRATO desde el día siguiente hábil a la suscripción del CONTRATO hasta el 29 de septiembre de 2020, sin lugar a que sea prorrogado automáticamente. Es decir, este Contrato no admite la tácita reconducción y así lo entienden el CONSULTOR y el CONTRATANTE. El plazo del contrato podrá ser prorrogado por acuerdo de partes, siempre y cuando el desempeño del CONSULTOR haya sido evaluado como satisfactorio por el CONTRATANTE, con la respectiva justificación” (sic), de igual manera la CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA aborda las causales de Terminación del Contrato y su procedimiento correspondiente, que establece:
“CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA. (TERMINACIÓN DEL CONTRATO). El presente CONTRATO concluirá bajo una de las siguientes modalidades: 11.1. Por Cumplimiento del Contrato
Tanto el CONTRATANTE como el CONSULTOR, darán por terminado el presente CONTRATO, una vez que ambas partes hayan dado cumplimiento a todas las condiciones y estipulaciones contenidas en él, lo cual se hará constar por escrito. 11.2. Por terminación unilateral del Contrato por parte del CONSULTOR.
El CONSULTOR podrá solicitar la terminación anticipada de la consultoría, mediante carta notariada, con al menos quince (15) días hábiles de anticipación, plazo en el cual despachará todos los trámites y actividades pendientes y que fueren exigibles en el momento de la solicitud, cuyo detalle será inserto al informe final de actividades. 11.3 Por Resolución del CONTRATO. 11.3.1Resolución por Requerimiento.
En caso de incumplimiento -por cualquiera de las Partes- de las obligaciones contraídas bajo este CONTRATO, mediante carta notariada la Parte afectada podrá requerir a la otra que cumpla sus obligaciones dentro de los siguientes quince (15) días calendario, apercibiéndola de que, en caso contrario, el CONTRATO quedará resuelto sin necesidad de formalidad judicial o extrajudicial alguna, quedando -si fuese el caso- a cargo de la Parte incumplidora el resarcimiento de los daños y/o perjuicios ocasionados por su incumplimiento. La primera notificación de intención de resolución del CONTRATO deberá ser hecha mediante carta notariada dirigida al CONTRATANTE o al CONSULTOR, según corresponda, en un término no menor a quince (15) días previos a la fecha prevista para darlo por resuelto. Si la causal argumentada se revierte, no proseguirá la resolución; sin embargo, si no existe solución en el lapso previsto, se debe cursar una segunda carta notariada comunicando que la resolución se ha hecho efectiva a partir de la fecha de la misma comunicación.
11.3.2Resolución sin Necesidad de Requerimiento Judicial o Extrajudicial.
Adicionalmente, el CONTRATANTE o el CONSULTOR podrán dar el CONTRATO por resuelto, sin necesidad de requerimiento judicial o extrajudicial, por los siguientes motivos:
A) Causas de resolución por el CONTRATANTE:
i) Incumplimiento de las obligaciones convenidas en este CONTRATO, imputable al CONSULTOR. ii) Cesión de Contrato a terceros sin autorización escrita del CONTRATANTE. iii) Si el CONSULTOR acepta nuevas asignaciones contractuales que afecten el cumplimiento del Contrato.
B) Causas de resolución por el CONSULTOR:
i) Incumplimiento de las condiciones de este CONTRATO por parte del CONTRATANTE.
En los casos indicados en los incisos A y B, la parte que incumplió quedará sujeta al resarcimiento de daños y perjuicios, si hubieren.
C) Acuerdo Mutuo.
Por acuerdo mutuo entre el CONTRATANTE y el CONSULTOR. D) Casos de Fuerza Mayor.
De acuerdo a lo previsto en la Cláusula Décima Octava del presente CONTRATO.
E) Efectos de la resolución.
Cuando se efectúe la resolución del CONTRATO, se procederá a una liquidación de saldos deudores y acreedores de ambas partes, efectuándose los pagos a que hubiere lugar, conforme a la evaluación del grado del cumplimiento de los Términos de Referencia.” [sic (fs. 1 a 8)]. II.2. Cursa Informe MPD/VIPFE/DGPP/UP-INF 0188/2020 de 18 de mayo, dirigida al Viceministro de Inversión Pública y Financiamiento Externo, vía la Directora General de Programación y Preinversión, elaborado por la Jefe de la Unidad de Preinversión, en la que respecto a la Resolución de Contrato de Consultor Individual de Línea del cargo de Especialista en Adquisiciones, en el acápite de Conclusiones y Recomendaciones, señaló que:
“Por lo antes expuesto, en el marco de lo previsto en los términos contractuales, se concluye que no es favorable el desempeño general del consultor Florentino Torrez Velásquez, corresponde la Resolución del Contrato, según lo previsto en la letra i) Incumplimiento de las obligaciones convenidas en este CONTRATO, imputable al CONSULTOR, del inciso A) Causas de resolución por el CONTRATANTE, del Numeral 11.3.2. Resolución Sin Necesidad de Requerimiento Judicial o Extrajudicial, de la Cláusula Décima Primera (TERMINACIÓN DEL CONTRATO); recomendándose la resolución anticipada del Contrato de Prestación de Servicios de Consultoría Individual de Línea MPD/DGAJ/CL N°069/2018, así como la remisión del presente informe a la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Planificación del Desarrollo para iniciar las acciones que correspondan” [sic (fs. 15 a 18)]. II.3. Consta Informe Jurídico MPD/DGAJ/UGJ-INF 0236/2020 de 8 de junio, remitida al Viceministro de Inversión Pública y Financiamiento Externo, vía Director General de Asuntos Jurídicos y Jefe de la Unidad de Gestión Jurídica, elaborada por abogados de la Unidad de Gestión Jurídica, en la que refiriéndose sobre la “RESOLUCIÓN DE CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL DE LÍNEA MPD/DGAJ/CL N° 045/2017; MPD/DGAJ/CL N° 057/2018; MPD/DGAJ/CL N° 063/2018; MPD/DGAJ/CL N° 69/2018 Y MPD/DGAJ/CL N° 048/2019 – CONTRATO DE PRÉSTAMO N° 3534/BL-BO” (sic), en la parte de conclusiones y recomendaciones, expresaron que: “III. CONCLUSIONES
De la revisión a los antecedentes y el análisis de la normativa aplicable al presente caso, se concluye que: 1. En el marco normativo del Contrato de Préstamo 3534/BL-BO, el Estado Plurinacional de Bolivia recibió un financiamiento del Banco Interamericano del Desarrollo (BID) para financiar el Programa de Preinversión para el Desarrollo y por consiguiente, la ejecución de los CONTRATOS. 2. El numeral i) del inciso A) del numeral 11.3.2 de la Cláusula Décima Primera de los CONTRTOS, prevé la resolución de los mismos sin necesidad de requerimiento Judicial o Extrajudicial, por causas de resolución por el CONTRATANTE por incumplimiento de las obligaciones convenidas en los CONTRATOS, imputables a los CONSULTORES. 3. La Unidad de Coordinación del VIPFE al establecer el incumplimiento de los CONSULTORES a los términos contractuales, conforme a los respaldos correspondientes adjuntos en Anexos a los Informes Técnicos MPD/VIPFE/DGPP/UP-INF 0180/2020 de 15 de mayo de 2020; MPD/VIPFE/DGPP/UP-INF 0181/2020 de 15 de mayo de 2020; MPD/VIPFE/DGPP/UP-INF 0183/2020 de 15 de mayo de 2020; MPD/VIPFE/DGPP/UP-INF 0188/2020 de 18 de mayo de 2020 MPD/VIPFE/DGPP/UP-INF 180/2020 de 15 de mayo de 2020;y MPD/VIPFE/DGPP/UP-INF 0193/2020 de 19 de mayo de 2020; MPD/VIPFE/DGPP/UP-INF 0188/2020 de 18 de mayo de 2020 y MPD/VIPFE/DGPP/UP-INF 0181/2020 de 15 de mayo de 2020. En consecuencia, conforme a la evaluación realizada a las actividades desempeñadas por los CONSULTORES, y en el marco de la Cláusula Octava de los CONTRATOS, se estableció que los objetivos propuestos no fueron realizados satisfactoriamente, lo cual ratifica su incumplimiento, activando las sanciones correspondientes, conforme a la evaluación realizada por la Supervisión de la Consultoría y según se advierte en los Anexos Adjuntos. 4. Finalmente, corresponderá comunicar a la Dirección General de Asuntos Administrativos, la resolución de los CONTRATOS, para fines de conciliación de saldos a favor y en contra, de acuerdo a lo previsto en el inciso E) del numeral 11.3.2 de la Cláusula Décima Primera de los CONTRATOS y la correspondiente devolución de activos fijos. 5. Finalmente, corresponde regularizar con la Dirección General de Asuntos Administrativos, lo concerniente a la liquidación de haberes que corresponda, por los días efectivamente trabajados, previa entrega de la documentación y activos fijos a su cargo.
Se recomienda a su Autoridad la Resolución de los Contratos de Prestación de Servicios de Consultoría Individual de Línea MPD/DGAJ/CL N° 045/2017; MPD/DGAJ/CL N° 057/2018/; MPD/DGAJ/CL N° 063/2018; MPD/DGAJ/CL N° 69/2018 y MPD/DGAJ/CL N° 049/2019, todo ello en el marco del numeral i) de Inciso A) de la Cláusula Décima Primera de los referidos CONTRATOS” [sic (fs. 10 a 14)]. II.4. Por Nota CITE: MPD/DGAJ/UGJ-NE 0125/2020 de 9 de junio, el Ex Viceministro de Inversión Pública y Financiamiento Externo, comunicó al impetrante de tutela, que a partir del 12 del mismo mes y año -fecha del cargo de recepción- el Contrato de Prestación de Servicios de Consultoría Individual de Línea MPD/DGAJ/CL 069/2018 quedaba formalmente resuelto, bajo el siguiente argumento:
“…conforme a las recomendaciones efectuadas a través del Informe MPD/VIPFE/DGPP/UPE-INF 0188/2020 de 18 de mayo de 2020 y su Anexos, así como del Informe MPD/DGAJ/UGJ-INF 0236/2020 de 8 de junio de 2020, emitidos por el Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo (VIPFE) y la Dirección General de Asuntos Jurídicos, respectivamente, y, que, al estar adjuntos a la presente sus fundamentos forman parte de esta nota; a través de la presente Carta, comunico a usted que el Contrato de Prestación de Servicios de Consultoría Individual de Línea MPD/DGAJ/CL N° 69/2018, suscrito el 14 de septiembre de 2018, queda formalmente resuelto, a partir de la fecha de notificación con la presente comunicación; por haber incurrido el CONSULTOR en la causal señalada en el numera i) del inciso A) del numeral 11.3.2 de la Cláusula Décima Primera del CONTRATO: “Por incumplimiento a las obligaciones convenidas en este CONTRATO, imputable al CONSULTOR”. Finalmente, informarle que en aplicación del inciso E) del numeral 11.3.2 de la citada Cláusula Décima Primera, deberá apersonarse a la Dirección General de Asuntos Administrativos para la liquidación de saldos deudores y acreedores a que hubiere lugar entre las partes [sic (fs. 9)]. II.5. Cursa Nota de 17 de junio de 2020, por la que el impetrante de tutela, representa la Resolución de Contrato, solicitando dejar sin efecto la carta CITE: MPD/DGAJ/UGJ-NE 0125/2020 de 9 de junio, por ser ilegal y por lo mismo se aplique la Cláusula Décima Primera numeral 11.3.1, y se realice la cancelación de los honorarios de los meses de marzo, abril y mayo de citado año y poder entregar la documentación ordenada para revisiones futuras (fs. 19 a 24), carta que fue respondida mediante Nota CITE: MPD/DGAJ/UGJ-NE 0174/2020 de 5 de agosto, con cargo de recepción de 12 del mismo mes y año, en la que la entidad demandada se ratificó en los fundamentos de la resolución del contrato (fs. 25 a 29). II.6. Mediante Nota de 7 de septiembre de 2020, el peticionante de tutela, dirigiéndose al Ministro de Planificación del Desarrollo, solicitó el cumplimiento del contrato, ya que el mismo sufrió una interrupción unilateral, solicitando la aplicación de un procedimiento de resolución de contrato, descrito en el mismo (fs. 30 a 31); la cual fue respondida mediante Nota CITE: MPD/DGAJ/UGJ-NE 0208/2020 de 9 de septiembre, recepcionada por el accionante el 10 del mismo mes y año; en la cual de igual manera, ratifican las causas de resolución del contrato (fs. 32 a 33).
El accionante denuncia la lesión de sus derechos al trabajo y a la estabilidad laboral; toda vez que, el Viceministerio de Inversión y Financiamiento Externo, a través de la Nota CITE: MPD/DGAJ/UGJ-NE 0125/2020 de 9 de junio, notificado el 12 del mismo mes y año, realizó la RESOLUCIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL DE LÍNEA MPD/DGAJ/CL 069/2018, de forma intempestiva, unilateral e ilegal, sin seguir el procedimiento previo descrito en el numeral 11.3.1 de la Cláusula Décima Primera del referido Contrato, y pese a las solicitudes realizadas con posterioridad, haciendo conocer sobre su error, el demandado se ratificó en la decisión asumida de resolución del mencionado Contrato, vulnerado sus derechos y los de su familia. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela; para ello, se desarrollarán los siguientes temas: 1) Sobre el principio de inmediatez; y, 2) Análisis del caso concreto.
El principio de inmediatez se encuentra reconocido en el art. 129.II de la CPE, al establecer que: “La Acción de Amparo Constitucional podrá interponerse en el plazo máximo de seis meses, computable a partir de la comisión de la vulneración alegada o de notificada la última decisión administrativa o judicial” (las negrillas son nuestras). Con las mismas prerrogativas, el art. 55 del Código Procesal Constitucional (CPCo), dispone que:
“ARTÍCULO 55. (PLAZO PARA LA INTERPOSICIÓN DE LA ACCIÓN).
II. Para los casos de solicitud de complementación, aclaración y enmienda de una decisión judicial o administrativa, el plazo se computará desde la notificación con la resolución que la conceda o rechace” (el resaltado es nuestro).
El Tribunal Constitucional a través de la SC 1157/2003-R de 15 de agosto, hizo referencia al principio de inmediatez, señalando en su Fundamento Jurídico III.1, que:
“…por principio general del derecho ningún actor procesal puede pretender que el órgano jurisdiccional esté a su disposición en forma indefinida, sino que sólo podrá estarlo dentro de un tiempo razonable, pues también es importante señalar que si en ese tiempo el agraviado no presenta ningún reclamo implica que no tiene interés alguno en que sus derechos y garantías le sean restituidos”. Similar criterio, fue asumido en la SC 0128/2010-R de 10 de mayo.
De igual forma, el Tribunal Constitucional Plurinacional a través de numerosas sentencias constitucionales plurinacionales, se pronunció sobre el plazo que se otorga para interponer este mecanismo de defensa, en atención a la necesidad de brindar una protección inmediata y eficaz a los derechos y garantías lesionados; en ese sentido, la SCP 1463/2013 de 22 de agosto, en el Fundamento Jurídico III.4, señaló respecto al doble efecto de este principio, que:
“El principio de inmediatez se caracteriza por tener una doble dimensión; positiva y negativa, la primera consistente en que el amparo constitucional es la vía idónea para la protección inmediata de derechos fundamentales y garantías constitucionales restringidos o suprimidos indebida o ilegalmente; la segunda, la activación de esta garantía jurisdiccional depende que su interposición se realice en un plazo razonable, que la Norma Fundamental fijó en seis meses computables a partir de la comisión del acto ilegal u omisión indebida del servidor público o del particular, o de notificado con la última decisión judicial o administrativa.
…no existiendo o no mediando una notificación o pronunciamiento judicial o administrativo expreso que haga conocer del acto ilegal u omisión indebida, el cómputo del plazo para activar esta garantía jurisdiccional, se efectuará a partir de la última vulneración alegada o en su caso del último reclamo efectuado por el agraviado o afectado” (las negrillas y el subrayado nos pertenecen). Dicha línea jurisprudencial es complementada por la SCP 0213/2018-S2, de 22 de mayo, que expresa textualmente: “En resumen, corresponde puntualizar que en estos supuestos, deberá establecerse si hubo desinterés, desidia, negligencia o indiferencia de los actores, en cuanto al reclamo de sus derechos, o si por el contrario, existió un reclamo continuo de los derechos considerados como vulnerados”.
El accionante denuncia la lesión de sus derechos al trabajo y a la estabilidad laboral; toda vez que, el Viceministerio de Inversión y Financiamiento Externo, a través de la Nota CITE: MPD/DGAJ/UGJ-NE 0125/2020 de 9 de junio, notificado el 12 del mismo mes y año, realizó la RESOLUCIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL DE LÍNEA MPD/DGAJ/CL 069/2018, de forma intempestiva, unilateral e ilegal, sin seguir el procedimiento previo descrito en el numeral 11.3.1 de la Cláusula Décima Primera del referido Contrato, y pese a las solicitudes realizadas con posterioridad, haciendo conocer sobre su error, el demandado se ratificó en la decisión asumida de resolución del mencionado Contrato, vulnerado sus derechos y los de su familia. De los antecedentes, se tiene que el impetrante de tutela, juntamente la entidad demandada, suscribieron un Contrato de Prestación de Servicios de Consultoría Individual de Línea el 14 de septiembre de 2018, signado como MPD/DGAJ/CL 069/2018, con una vigencia hasta el 29 de septiembre de 2020, en la cual el peticionante de tutela, brindaba sus servicios como Especialista de Adquisiciones, abordando las causales de Terminación del Contrato y su procedimiento correspondiente en la Cláusula Décima Primera; por lo que, al Viceministro de Inversión Pública y Financiamiento Externo, le fue puesto en conocimiento el Informe MPD/VIPFE/DGPP/UP-INF 0188/2020 de 18 de mayo, emitida por la Jefa de la Unidad de Preinversión; en la cual, recomienda ante el desempeño laboral desfavorable, realizar la correspondiente Resolución de Contrato, en base al Numeral 11.3.2 de la Cláusula Décima Primera del Contrato Principal; la que fue avalada por el Informe Jurídico MPD/DGAJ/UGJ-INF 0236/2020 de 8 de junio, realizada por los abogados de la Unidad de Gestión Jurídica de dicha entidad; en la que de igual forma, recomienda se realice la Resolución de Contrato, enmarcados en el numeral i) del inciso A) de la Cláusula Décima Primera del Contrato; por lo que, el 9 de junio de igual año, la autoridad ahora demandada remitió a Florentino Tórrez Velásquez, la Nota CITE: MPD/DGAJ/UGJ-NE 0125/2020, con cargo de recepción del 12 de junio de similar año; por la que, se le comunicaba que el Contrato MPD/DGAJ/CL 069/2018 quedaba formalmente resuelta, por incumplimiento del contrato imputable a su persona; razón por la cual, el 17 de junio de citado año, el accionante remitió al demandado una nota de representación, solicitando dejar sin efecto la resolución de contrato, y que se aplique el numeral 11.3.1 de la Cláusula Décima Primera del mismo, más la cancelación de sus honorarios adeudados y entregar la documentación a su cargo, misma que fue respondida por Nota CITE: MPD/DGAJ/UGJ-NE 0174/2020 de 5 de agosto, en la que la entidad demandada se ratifica en dicha resolución; posteriormente, se dirige al Ministro de Planificación del Desarrollo mediante nota de 7 de septiembre de precitado año; por la que solicitó la aplicación del respectivo procedimiento resolución del contrato, descrito en el mismo, respondida por CITE: MPD/DGAJ/UGJ-NE 0208/2020 de 9 de septiembre, puesta a conocimiento del peticionante de tutela el 10 del mismo mes y año, en la cual se ratifican las causas por las que se resolvió su contrato. (Conclusiones II.1, II.2, II.3, II.4, II.5 y II.6). Con los antecedentes detallados, en la presente acción de amparo constitucional, si bien el impetrante de tutela planteó problemas jurídicos substanciales relacionados con la lesión de sus derechos fundamentales en la tramitación de la resolución de contrato; empero, la entidad demandada, también opuso cuestiones procesales, como es el incumplimiento de los principios de inmediatez y subsidiariedad, que merecen una análisis previos en la presente causa. Conforme la Conclusión II.4, se tiene que el impetrante de tutela fue notificado el 12 de junio de 2020 con la Nota CITE MPD/DGAJ/UGJ-NE 0125/2020, en la cual se disponía la RESOLUCIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL DE LÍNEA MPD/DGAJ/CL 069/2018 de 14 de septiembre, acto que conforme a la ratificación realizada por el accionante; por la cual, se vulneraron sus derechos fundamentales; por lo que, el cómputo del plazo de presentación de la acción de amparo constitucional, se la realizará desde dicha fecha, y que conforme al Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, se establece que:
“…la activación de esta garantía jurisdiccional depende que su interposición se realice en un plazo razonable, que la Norma Fundamental fijó en seis meses computables a partir de la comisión del acto ilegal u omisión indebida del servidor público o del particular, o de notificado con la última decisión judicial o administrativa” (las negrillas fueron adicionadas).
Por lo que aplicando dicho razonamiento, se tiene denunciado como acto lesivo, la Nota de Resolución de Contrato de 12 de junio de 2020, y computando los seis meses en los cuales debe interponerse la presente acción de defensa, se tiene que el plazo fenecía el 12 de diciembre de igual año tiempo en que el impetrante de tutela tenía la jurisdicción constitucional aperturada para hacer valer sus derechos y reclamar su tutela; empero, se tiene que la presente acción de defensa fue interpuesta el 16 DE DICIEMBRE DE CITADO AÑO, resultando por ende extemporánea, decayendo en el incumplimiento de la inmediatez, cuyo plazo es de seis meses a partir del acto lesivo que se cuestiona; por cuanto, de manera expresa el accionante reconoció que el acto que impugna, es la nota CITE: MPD/DGAJ/UGJ-NE 0125/2020 notificado a su persona el 12 de junio del mismo año, extremo que mantiene inalterable el incumplimiento del principio de inmediatez descrito en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, puesto que la presente acción de amparo constitucional fue presentada el 16 de diciembre de precitado año. En ese contexto, se tiene que hacer una aclaración, que si bien, el impetrante de tutela presentó notas de representación y de cumplimiento de contrato en fechas posteriores; empero, de forma expresa, el prenombrado indicó que el acto lesivo fue la Nota CITE MPD/DGAJ/UGJ-NE 0125/2020 de 12 de junio; por lo que, esta instancia constitucional no puede salvar su desidia o negligencia con la interposición de la presente acción de amparo constitucional, denunciando la lesión de sus derechos fundamentales por el incumplimiento de procedimientos administrativos por parte de la entidad demandada, puesto que dejó pasar el término para interponer la presente acción de defensa, incurriendo en el vencimiento del plazo de la inmediatez para la interposición de la presente acción tutelar, correspondiendo denegar la tutela solicitada, aclarando que no se ingresó al análisis de fondo de la cuestión planteada, por el vencimiento del término de la inmediatez. En consecuencia, la Sala Constitucional, al denegar la tutela solicitada, obró de manera correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 29/2021 de 17 de febrero, cursante de fs. 331 a 333, pronunciada por la Sala Constitucional Primera del departamento de La Paz; y en consecuencia DENEGAR la tutela solicitada, en los mismos términos dispuestos por la Sala Constitucional, y en base a los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. MSc. Georgina Amusquivar Moller
MAGISTRADA
Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0182_2023-S1.pdf · páginas 1 a 13.
Huella digital del PDF (SHA-256): 4045c382b8d3b8f738b645f9d5381dbe9af5825881554b9e74b9aa122d741c1f
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