Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 31 de marzo de 2025
Concede la tutela
Los accionantes a través de su representante denuncian la vulneración de sus derechos a la libertad y el debido proceso, citando la Constitución Política del Estado; la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; la Convención Americana sobre Derechos Humanos; y el Pacto Internacional de derechos Civiles y Políticos, toda vez que, los demandados no elaboraron los informes del “área de educación y del área médica” del Centro Penitenciario Qalahuma de la Paz, los cuales resultan indispensables para realizar un nuevo cómputo de cumplimiento de condena, impidiéndoles completar los requisitos que les permita acogerse a los beneficios penitenciarios de “Incidente de Redención” e “Incidente de Libertad Condicional”. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 06/2022 de 17 de septiembre, cursante de fs. 45 a 47, pronunciada por el Juzgado de Sentencia Penal Décimo quinto de la Capital del departamento de La Paz; y en consecuencia: CONCEDER la tutela, con relación a las solicitudes de los impetrantes de tutela en los términos dispuestos por la citada resolución, es decir en el plazo de tres días, siempre y cuando por el tiempo transcurrido, su situación ya se haya definido.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0181/2025-S3 Sucre, 31 de marzo de 2025 SALA TERCERA Magistrada Relatora: Paola Verónica Prudencio Candia Acción de libertad Expediente: 50598-2022-102-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 06/2022 de 17 de diciembre, cursante de fs. 45 a 47, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Erika Fanny Tolín Aguilar en representación sin mandato de Jhonatan Flores Quispe, Marco Antonio Apaza Castro, Marcelo Sito Gonzales, Beymar Jhunior López, Fabián Angel Angulo Quisbert y Ronald Jesús Tapia Aguilar contra Franz Laura Berrios, Director Departamental de Régimen Penitenciario de La Paz; y Encargados del Área de Educación y Área Médica, ambos del Centro Penitenciario Qalauma de La Paz.
Por memorial presentado el 16 de septiembre de 2022, cursante de fs. 28 a 32 vta; los demandantes a través de su representante, expresaron lo siguiente:
Todos cuentan con sentencia condenatoria ejecutoriada, por diferentes tipos penales y se encuentran recluidos en el Centro Penitenciario de Qalahuma de La Paz, en su pretensión de acogerse a los beneficios penitenciarios de “Incidente de Redención” e “Incidente de Libertad Condicional”, iniciaron los trámites administrativos en enero de 2022, dado que reunen los requisitos estipulados; sin embargo, “hasta la fecha” (entiéndase de presentación de la acción de libertad) no se les entregó los informes del “área de educación” y del “área médica” que deben ser elaborados por los responsables de dichas áreas del reclusorio donde cumplen condena, enfatizaron que “…no remiten los informes de juntas de trabajo y estudio, siendo que son requisitos indispensable para la realización de los respectivos cómputos entre los informes de cargas horarias como para acogernos a los beneficios penitenciarios de redención y libertad condicional…” (sic). Señalaron que los Juzgados de Ejecución Penal Primero, Segundo, Tercero y Cuarto del departamento de La Paz, en cumplimiento a lo establecido en la Ley de Ejecución Penal y Supervisión, -Ley 2298 de 20 de diciembre de 2021-; “… emitió los oficios correspondientes conminando al área de trabajo y estudio para la emisión de informe de los beneficiados por Redención y Libertad Condicional del CENTRO DE REHABILITACIÓN DE QALAHUMA” (sic), sin recibir respuesta a ningún oficio enviado, siendo que conforme al art. 175 de la referida Ley, las respuestas deben ser enviadas a los diez días de emitido el oficio. De igual manera señalaron que las autoridades demandadas incurrieron en dilación indebida, causando indebido procesamiento, restringiendo y atentando contra su derecho a la libertad, vulnerando el principio de celeridad y el debido proceso al no emitir los informes correspondientes en el tiempo que señala la Ley 2298.
Los impetrantes de tutela denuncian la lesión a su derecho a la libertad y el debido proceso, citando al efecto los arts. 178 y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE); 1 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (DADDHH); 7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 9 del Pacto Internacional de derechos Civiles y Políticos (PIDCP).
Solicitaron que se conceda tutela impetrada y en consecuencia se disponga: a) Designar personal adecuado; y, b) Se realice los respectivos informes para que sean remitidos a la autoridad jurisdiccional a la brevedad posible.
Celebrada la audiencia pública virtual, el 17 de septiembre de 2022, según consta en acta cursante de fs. 41 a 44 vta., se produjeron los siguientes actuados:
Los accionantes a través de su representante, ratificaron el contenido íntegro del memorial de demanda de acción de libertad, añadiendo que: 1) No se remitieron los informes de “… las juntas de trabajo…” (sic) ante la autoridad jurisdiccional y que el 8 de junio de 2022, (de forma escrita) reiteraron la solicitud de certificación psicológica, social y médica; posteriormente, el 1 de agosto del mismo año, presentaron una queja, al respecto; 2) En el caso del interno Jonathan Flores Quispe, señaló que el Juez de Ejecución Penal Primero del departamento de La Paz, solicitó informes de trabajo y de estudio para que se realice nuevamente el cómputo de cumplimiento de la condena, conforme a la Ley 2298; puesto, que estaría a cuatro meses de cumplir su condena, añade que ya debió haberse beneficiado con las prerrogativas que existen para los privados de libertad; y, 3) Con relación al Médico del reclusorio o área médica, “…es una persona que no es tratable” (sic), no atendió a los ahora accionantes, quienes se apersonaron al médico “…y no tuvieron una respuesta, respecto a su situación de salud” (sic
Franz Laura Berrios, Director Departamental de Régimen Penitenciario de La Paz, en audiencia virtual, señaló que: i) Los Directores de Recintos Penitenciarios, ni el Director General de Régimen Penitenciario tiene atribuciones para contratación o designación de personal, a nivel departamental se cuenta con dos educadores para seis recintos penitenciarios; ii) Mediante Nota CITE DDRP 896/2022 de 9 de septiembre, hizo conocer a la Dirección General de Régimen Penitenciario, las acefalías existentes, el 13 de septiembre de ese mismo año dicha autoridad elevó la solicitud a la instancia correspondiente del Ministerio de Gobierno; iii) En respuesta se tiene el Memorándum de designación de funciones de Sandra Cruz Sirpa quien cumplirá funciones de Educadora a partir del 16 de septiembre; y, iv) En cuanto al personal de salud, los funcionarios del área, dependen del Ministerio de Salud; sin embargo, hace aproximadamente dos meses solicitó el rote completo de los médicos asignados por no tener al día los historiales médicos de los privados de libertad, dando a conocer mediante pantalla virtual un memorando de cambio de médicos. Los Encargados del Área de Educación y del Área Médica, ambos del Centro Penitenciario de Qalahuma de La Paz, no se presentaron en audiencia de garantías, ni remitieron informe escrito alguno; pese a su legal notificación cursante a fs. 33 vta.
El Juez de Sentencia Penal Décimo quinto de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 06/2022 de 17 de septiembre, cursante de fs. 45 a 47, denegó la tutela, bajo los siguientes argumentos: a) De los hechos denunciados y lo expresado por la autoridad accionada se evidencia que los informes reclamados no han sido emitidos, debido a la acefalía de los cargos, en ese sentido si bien existe dilación en el trámite la misma se encuentra justificada; b) Al gozar la acción de libertad del principio de informalismo, es posible interponer la misma contra el cargo sin identificar a la persona; sin embargo, al existir las acefalías la legitimación pasiva no ha sido identificada, debió dirigirse la acción contra las personas responsables de la designación de funcionarios; c) Empero como Juez de garantías y velando por los derechos de los privados de libertad, se va a disponer que se imprima el trámite correspondiente, debiendo ser a la brevedad posible; y, d) Habiéndose designado a los responsables de educación y salud, las solicitudes de los seis accionantes debe ser atendida por dichos profesionales en el plazo de tres días.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursan las siguientes notas de solicitud: 1) Informe de junta de estudio, suscrita por Fabián Angel Angulo Quisbert y otra por Jhonatan Flores Quispe (fs. 6 y 10) respectivamente; y, 2) De certificados de permanencia y conducta e informes biopsicosocial, a favor de trece reclusos, entre ellos los accionantes, suscrita por la representante sin mandato (fs. 21). II.2. Por memorándum DGAA/URH/INS-216/2022, de 16 de septiembre se designa a Sandra Cruz Sirpa, para cumplir funciones en el Área de Educación de la Dirección Departamental de Régimen Penitenciario de La Paz (fs. 39).
Los accionantes a través de su representante denuncian la vulneración de sus derechos a la libertad y el debido proceso, citando la Constitución Política del Estado; la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; la Convención Americana sobre Derechos Humanos; y el Pacto Internacional de derechos Civiles y Políticos, toda vez que, los demandados no elaboraron los informes del “área de educación y del área médica” del Centro Penitenciario Qalahuma de la Paz, los cuales resultan indispensables para realizar un nuevo cómputo de cumplimiento de condena, impidiéndoles completar los requisitos que les permita acogerse a los beneficios penitenciarios de “Incidente de Redención” e “Incidente de Libertad Condicional”. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela.
Al respecto, el Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0142/2018-S2 de 30 de abril, asumió el siguiente razonamiento: “La Constitución Política del Estado en su art. 23, establece que toda persona tiene derecho a la libertad física como un derecho fundamental de carácter primario para su desarrollo; por ello, el Estado tiene el deber primordial de respetarlo y protegerlo por constituirse un derecho inviolable; razón por la que, la acción de libertad fue configurada de manera exclusiva, extraordinaria y sumarísima con el propósito que este derecho, goce de protección especial, cuando se pretenda lesionarlo o esté siendo amenazado de lesión. A ese efecto, la jurisprudencia constitucional contenida en la SC 1579/2004-R de 1 de octubre, efectuó una clasificación del entonces recurso de hábeas corpus ante violaciones a la libertad individual y/o de locomoción, señalando que puede ser reparador, si ataca una lesión ya consumada; preventivo, si procura impedir una lesión a producirse o correctivo, si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida. Posteriormente, a través de la SC 0044/2010-R de 20 de abril, se amplió dicha clasificación, identificando además al hábeas corpus restringido, el que procede ante limitaciones del ejercicio del derecho a la libertad; dentro del que se encuentra el hábeas corpus instructivo, que se admite cuando el derecho a la libertad se encuentra vinculado con el derecho a la vida; y, traslativo o de pronto despacho; a través del cual, se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos ante dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona privada de libertad y la concreción del valor libertad, de los principios de celeridad y respeto a los derechos; debiendo ser tramitados, resueltos -SC 0224/2004-R de 16 de febrero- y efectivizados -SC 0862/2005-R de 27 de julio- con la mayor celeridad -SCP 0528/2013 de 3 de mayo-. Con ese razonamiento, toda autoridad judicial que conozca una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos, dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa otorgar o dar curso a la petición en forma positiva o negativa, ya que el resultado a originarse dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, por cuanto la lesión del derecho a la libertad física está en la demora o dilación indebida, al resolver o atender una solicitud efectuada con la adecuada celeridad” (las negrillas y el subrayado corresponden al texto original).
La SCP 0545/2019-S1 de 16 de julio, que recoge a su vez la jurisprudencia constitucional sobre este tópico señalo que: “La SCP 0849/2017-S3 de 1 de septiembre, citando la SC 0224/2004-R de 16 de febrero, estableció que: ‘…toda autoridad que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa, que siempre tendrá que otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva, pues esto dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, dado que se reitera la lesión del derecho a la libertad física, está en la demora o dilación indebida de una solicitud de tal naturaleza, vale decir, que si la solicitud es negada de acuerdo a una compulsa conforme a Ley no es ilegal siempre que esa negativa se la resuelva con la celeridad que exige la solicitud’.
Asimismo, la SC 0465/2010-R de 5 de julio, desarrollando la doctrina que reconoce a la acción traslativa o de pronto despacho, sostuvo que: ‘…se constituye en el mecanismo procesal idóneo para operar en caso de existir vulneración a la celeridad cuando esté relacionada a la libertad y devenga de dilaciones indebidas, que retardan o evitan resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad’, de donde se extrae que cuando una persona privada de libertad realiza una solicitud en la que pretenda la resolución de su situación jurídica, el Estado a través del Juez de la causa debe tramitar dicha solicitud en los plazos que señala la norma, o en su caso a la brevedad posible y dentro de un plazo razonable, en razón de la naturaleza del derecho que se pretende se tutele” (las negrillas corresponden al texto original).
Los impetrantes de tutela, denuncian la vulneración de los derechos invocados; toda vez que, los responsables del área médica y del área de salud, no emitieron los informes de “Juntas de Trabajo” solicitados tanto por los demandantes como por la autoridad judicial, razón por la cual se encuentran imposibilitados de pedir un nuevo cómputo de cumplimiento de condena, con el objetivo de acogerse a los beneficios penitenciarios de redención y libertad condicional, cabe hacer notar que dichos informes constituyen requisitos indispensables, para tal efecto.
Del informe presentado por el Director Departamental de Régimen Penitenciario se concluye que el cargo de responsable de Educación se encontraba acéfalo y con relación al titular del área de medicina, pidió su rotación, debido a denuncias recibidas y por no realizar las historias clínicas de los reclusos; ahora bien, en el marco de lo reclamado y la revisión de antecedentes plasmados en las Conclusiones de este fallo constitucional, se advierte que, mediante memorándum emitido por la unidad de recursos humanos del Ministerio de Gobierno, el 16 de septiembre de 2022 se designó a la funcionaria del Área de Educación de la Dirección Departamental de Régimen Penitenciario La Paz; sin embargo, tomando en cuenta las reiteradas solicitudes sin respuesta, se produjo perjuicio en la tramitación de los beneficios pretendidos por los accionantes. (Conclusión II.1 y II.2), la alegación presentada por el Director, respecto a que el cargo estaba en acefalía y por eso motivo no se emitieron los informes solicitados, no justifica la dilación, pues correspondía a su autoridad realizar las diligencias o trámites necesarios a objeto de contar con dicho personal, tal situación podía ser remediada anteriormente, además resulta ser su obligación como Director de Régimen Penitenciario velar porque en los centros de rehabilitación cuenten con el personal asignado, funcionen en lo posible de manera óptima y se atiendan los requerimientos de información o certificación más aun tratándose de solicitudes vinculadas a la libertad.
Conforme a la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.1. de este fallo constitucional la acción de libertad, en la modalidad de traslativa o de pronto despacho constituye el recurso idóneo para la atención del presente caso; puesto que toda autoridad del régimen penitenciario que conozca una solicitud de un recluso que en alguna medida implique una definición jurídica vinculada a la libertad del mismo debe tramitarla con la diligencia en aplicación del principio de celeridad citado en el Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional. Consecuentemente corresponde conceder la tutela, por vulneración al debido proceso -en su elemento celeridad- vinculado al derecho a la libertad de los accionantes. Conforme lo expuesto; el Juez de Garantías a momento de emitir la Resolución 06/2022, no valoró correctamente la dilación en la cual incurrieron los demandados, no consideró la jurisprudencia citada en los Fundamentos Jurídicos de esta Sentencia Constitucional Plurinacional; sin embargo, el establecer un término de tres días para la atención de solicitudes presentadas por los accionantes, implica reparar los derechos vulnerados que implícitamente se vincula a otorgar la tutela impetrada; empero contradictoriamente la denegó. En consecuencia, el Juez de garantías, al haber denegado la tutela solicitada, obró de manera incorrecta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 06/2022 de 17 de septiembre, cursante de fs. 45 a 47, pronunciada por el Juzgado de Sentencia Penal Décimo quinto de la Capital del departamento de La Paz; y en consecuencia: CONCEDER la tutela, con relación a las solicitudes de los impetrantes de tutela en los términos dispuestos por la citada resolución, es decir en el plazo de tres días, siempre y cuando por el tiempo transcurrido, su situación ya se haya definido.
Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia
MAGISTRADA
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0181_2025-S3.pdf · páginas 1 a 8.
Huella digital del PDF (SHA-256): c1341317d198f62849ce9970c47a0d49cfb74c2bb1a66d007cedcff25bdf6926
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