Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 21 de mayo de 2024
Concede la tutela
Los accionantes denuncian la vulneración de sus derechos a la libertad, infiriéndose la lesión del debido proceso vinculado al principio de legalidad; por cuanto, dentro del proceso penal seguido en su contra por el Ministerio Público, por la presunta comisión de los delitos de receptación proveniente de delitos vinculados a la sustracción de minerales e incumplimiento de deberes, previstos en los arts. 332 ter del CP, insertado por la Ley 1093; y, 154 del mismo Código, modificado por la Ley 1390, se encuentran detenidos preventivamente de forma ilegal e indebida, en razón a la errónea interpretación y aplicación de las referidas normas sustantivas con base en la consideración de normas derogadas, pues dichas normas establecen respecto al quantum de la pena, entre uno a tres años, y uno a cuatro años de privación de libertad como pena máxima, que en concordancia con lo dispuesto por el art. 232.I.5 del CPP -modificado por la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-, modificado a su vez por la Ley 1226 de 18 de septiembre de 2019, no procede la detención preventiva. En consecuencia, corresponde en revisión determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 06/2022 de 1 de junio, cursante de fs. 35 a 37, pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Cuarta de la Capital del departamento de Oruro; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, disponiendo dejar sin efecto el Auto de Vista 126/2022 de 30 de mayo, debiendo el Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, emitir nueva Resolución en el término de veinticuatro horas de notificada con este fallo constitucional, conforme a los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; a menos que la situación de los ahora accionantes ya hubiera sido modificada o definida.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0181/2024-S2 Sucre, 21 de mayo de 2024 SALA SEGUNDA Magistrada Relatora: MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas Acción de libertad Expediente: 48102-2022-97-AL Departamento: Oruro En revisión la Resolución 06/2022 de 1 de junio, cursante de fs. 35 a 37, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Henry Cari Calle y Ronald Churqui Choquehuanca contra Julio Huarachi Pozo, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro.
Por memorial presentado el 1 de junio de 2022, cursante a fs. 1 y 13 a 14 vta., los accionantes, manifiestan lo siguiente:
Dentro del proceso penal seguido en su contra por el Ministerio Público, el 10 de mayo de 2022, Nicanor Freddy Yucra Ticona, Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal, Administrativo, Coactivo Fiscal Tributario Primero de Huanuni del departamento de Oruro, llevó a cabo la audiencia de aplicación de medidas cautelares personales, determinando la detención preventiva en el Centro Penitenciario San Pedro del citado departamento, arguyendo principalmente que sus personas no se encuentran amparadas con lo previsto por el art. 232 del Código de Procedimiento Penal (CPP), en razón de que la autoridad fiscal habría imputado por la presunta comisión de los delitos de “RECEPTACIÓN DE DELITOS VINCULADOS A LA SUSTRACCIÓN DE MINERALES” -siendo lo correcto, receptación proveniente de delitos vinculados a la sustracción de minerales-, previsto y sancionado por el art. 332 ter, con la modificación establecida en la Ley 1093 de 29 de agosto de 2018; e incumplimiento de deberes, previsto y sancionado por el art. 154, sin indicar ninguna modificación, ambos del Código Penal (CP); por lo que, si bien el quantum de la pena de los dos delitos referiría que el máximo legal en cuanto al primero sería de tres años y del segundo cuatro años, no estarían enmarcados a la improcedencia de la detención preventiva, debido a que el delito de incumplimiento de deberes señalaría en su última parte que: ‘“la pena será agravada en un tercio, cuando el delito ocasione daño económico al estado”’; argumentos con los cuales se dispuso su detención preventiva alegando esa agravante que haría proceder dicha medida extrema. Posteriormente, el 30 de mayo de 2022, al margen de reclamar los riesgos procesales que determinaron su detención preventiva, enfatizaron que estarían ilegalmente privados de libertad porque el quantum de la pena determinaría la improcedencia de la detención preventiva, prevista en el art. 232.I.5 del Código adjetivo penal, precisamente porque la Ley de Fortalecimiento para la Lucha Contra la Corrupción -Ley 1390 de 27 de agosto de 2021-, modificó el art. 154 del CP, que tipifica el delito de incumplimiento deberes, que no determina ninguna agravante; es decir, que haya afectación o no al Estado. Así, no modificaría el quantum de la pena, constitutiva de dos a cuatro años de privación de libertad. De ahí que, tanto la autoridad fiscal, el Juez de la causa y Julio Huarachi Pozo, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro -ahora accionado-, incurrieron en los delitos de prevaricato de juez o fiscal y resoluciones contrarias a la constitución y a las leyes, por emitir un requerimiento fiscal con un precepto derogado, un Auto Interlocutorio -103/2022- privándoles de su libertad indebidamente y luego pronunciar un Auto de Vista -126/2022 de 30 de mayo- convalidando dichas arbitrariedades. Invocando la SCP 1439/2013 de 19 de agosto, relacionada a los componentes del debido proceso, refiere que, ‘“...Los elementos que componen el debido proceso son el derecho a un proceso público, derecho al Juez Natural, derecho a la igualdad procesal de las partes, derecho a no declarar contra sí mismo, garantía de presunción de inocencia, derecho a la comunicación previa de la acusación, derecho a la defensa material y técnica, concesión al inculpado de tiempo y los medios para su defensa, derecho a ser juzgado sin dilaciones indebidas, derecho a la congruencia entre acusación y condena, la garantía no bis in dem, derecho a la valoración valorable de la prueba, derecho al acceso a la justicia, derecho a la fundamentación de las decisiones”’ (sic).
Los impetrantes de tutela denuncian la lesión de sus derechos a la libertad -infiriéndose del sustento argumentativo la lesión del debido proceso vinculado al principio de legalidad-; citando al efecto los arts. 115.II y 116.I de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicita se conceda la tutela impetrada y, en consecuencia, se revoque el Auto de Vista 126/2022, disponiendo su inmediata libertad.
Celebrada la audiencia pública el 1 de junio de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 33 a 34, se produjeron los siguientes actuados:
Los peticionantes de tutela a través de su abogado, ratificaron los argumentos expuestos en su memorial de acción de libertad, y ampliando en audiencia señalaron que, en el caso de referencia las resoluciones emitidas fueron por demás agravantes, debido a la mala interpretación y aplicación de la norma sustantiva penal; y a razón de ello, se encuentran indebidamente privados de libertad, cuando en vez de la detención preventiva se podía aplicar cualquiera de las medidas cautelares personales previstas por el art. 231 bis del CPP; razón por la cual, reiterando su petición de disponerse su libertad inmediata, arguyeron que no ven la relación y necesidad de pronunciarse a los riesgos procesales, aunque concurran todos, no podía disponerse tal medida extrema. Asimismo, ante la no remisión del informe de la autoridad accionada, solicita se presuma la veracidad de los hechos hasta que no se pruebe lo contrario.
Julio Huarachi Pozo, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, no presentó informe alguno ni asistió a la audiencia de garantías, pese a su citación cursante a fs. 24.
La Jueza de Sentencia Penal Cuarta de la Capital del departamento de Oruro, constituida en Jueza de garantías, por Resolución 06/2022 de 1 de junio, cursante de fs. 35 a 37, concedió la tutela solicitada, disponiendo que la autoridad accionada emita nueva resolución en un plazo máximo de cuarenta y ocho horas a partir de su legal notificación. Decisión asumida con base en los siguientes fundamentos: a) La parte accionante alega que, tanto la autoridad fiscal, la autoridad de control jurisdiccional y el Vocal accionado no hubieran advertido que el art. 154 del CP, hubiera sido modificado por la Ley 1390; es decir, que conforme prevé el art. 232.I.5 del CPP, que hace referencia a la improcedencia de la detención preventiva, no procedería la detención preventiva en los delitos sancionados con pena privativa de libertad cuyo máximo legal sea inferior o igual a cuatro años; b) Siendo así, el delito de incumplimiento de deberes modificado por la Ley 1390, pese que haya o no afectación al patrimonio del Estado, el quantum de la pena es un mínimo de dos años y un máximo de cuatro años, sin establecer la agravante que antes de la modificación de ese artículo señalaba tal extremo; asimismo, respecto al otro delito acusado de receptación proveniente de delitos vinculados a la sustracción de minerales, previsto y sancionado por el art. 332 ter del CP, incorporado por la Ley 1093, determina que la pena privativa fluctúa entre uno a tres años en su máximo legal; empero, tales aspectos no fueron observados por la autoridad accionada, quien por el contrario habría confirmado la resolución emitida por el “Juez de Instrucción”, sin considerar lo anteriormente señalado; c) Dentro de los argumentos del Auto de Vista se establece que, el Juez de la causa aplicó correctamente la ley dando lugar a ordenar la detención preventiva de los imputados -hoy accionantes- ante la advertencia de afectación al patrimonio del Estado y también vinculados con el delito de corrupción, al margen de que el órgano jurisdiccional evidenció la concurrencia de los riesgos procesales como son los peligros de fuga y obstaculización; sin embargo, de acuerdo a lo referido precedentemente la autoridad accionada no advirtió que el art. 154 -del CP-, fue modificado por la Ley 1390, que prevé lo siguiente:“(Incumplimiento de Deberes): Será sancionado con privación de libertad de dos a cuatro años e inhabilitación, la servidora, servidor, empleado o empleado público que niegue, omita o rehusé hacer, ilegal e injustificadamente, un acto propio de sus funciones y con ellos genere: 1. Daño económico al estado o a un tercero…”; a diferencia de lo anterior; es decir, antes de la promulgación de la Ley 1390, el art. 154 del CP, señalaba: “Incumplimiento de Deberes. La servidora o el servidor público que ilegalmente omitiere, rehusare hacer o retardare un acto propio de sus funciones, será sancionado con privación de libertad de uno (1) a cuatro (4) años. La pena será agravada en un tercio, cuando el delito ocasione daño económico al Estado”; y, d) De lo que se advierte que la última parte del citado artículo fue modificada por la Ley 1390; es decir, que ya se suprimió lo que es el agravante, pese a que el art. 154.1 del mencionado Código, señale el daño económico al Estado o a un tercero que aún se mantiene, pero la misma norma conforme se manifestó no agrava el quantum de la pena. Pronunciada que fue la citada Resolución, la parte accionante refirió que, lo resuelto no puede pasar por desapercibido, teniendo su autoridad la obligación de denunciar conforme el art. 184 del CP, puesto que el detener preventivamente sin que la norma lo establezca es un delito de resoluciones contrarias a la ley; motivo por el cual, solicitó se realice la respectiva notificación al Ministerio Público para que inicie la investigación correspondiente, asimismo pidió se determine la responsabilidad civil a fin de resarcir el daño causado a las “víctimas”, debiendo a ese efecto abrirse el plazo de diez días para término de prueba. Ante ello, la Jueza de garantías, dispuso “Se tiene presente tomando en cuenta lo solicitado por el abogado de la parte accionante deberá acudir a la instancia legal correspondiente” (sic).
De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Cursa resolución de imputación formal presentado el 9 de mayo de 2022, por el Fiscal de Materia contra Henry Cari Calle y Ronald Churqui Choquehuanca -ahora accionantes-, por la presunta comisión de los delitos de “RECEPTACION DE DELITOS VINCULADOS A LA SUSTRACCIÓN DE MINERALES” -siendo lo correcto, receptación proveniente de delitos vinculados a la sustracción de minerales- previsto y sancionado por el art. 332 ter del CP, incorporado por la Ley 1093, e incumplimiento de deberes, normado en el art. 154 del citado Código, resultando víctima del hecho el Estado y la Empresa Minera Huanuni, con relación al art. 20 (autoría) del mismo compilado penal, solicitando al efecto como medida cautelar, su detención preventiva en el Centro Penitenciario San Pedro del departamento de Oruro (fs. 9 a 12 vta.). II.2. A través del Auto Interlocutorio 103/2022 de 10 de mayo, Nicanor Freddy Yucra Ticona, Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal, Administrativo, Coactivo Fiscal Tributario Primero de Huanuni del departamento de Oruro, dispuso la medida excepcional de la detención preventiva de los impetrantes de tutela en el Centro Penitenciario San Pedro de igual departamento, por el plazo de cuatro meses (fs. 2 a 8 vta.) -determinación que posteriormente fue apelada por la parte accionante-. II.3. Consta acta de registro de audiencia pública de apelación incidental de carácter personal de 30 de mayo de 2022, así como Auto de Vista 126/2022 de igual fecha, pronunciado por Julio Huarachi Pozo, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro -ahora accionado-, por el que declaró improcedente el recurso de apelación incidental interpuesto por los peticionantes de tutela; y en consecuencia, confirmó el Auto Interlocutorio 103/2022, aclarando que en el caso analizado, no concurre expresamente el numeral 7 del art. 234 del CPP (fs. 25 a 32 vta.).
Los accionantes denuncian la vulneración de sus derechos a la libertad, infiriéndose la lesión del debido proceso vinculado al principio de legalidad; por cuanto, dentro del proceso penal seguido en su contra por el Ministerio Público, por la presunta comisión de los delitos de receptación proveniente de delitos vinculados a la sustracción de minerales e incumplimiento de deberes, previstos en los arts. 332 ter del CP, insertado por la Ley 1093; y, 154 del mismo Código, modificado por la Ley 1390, se encuentran detenidos preventivamente de forma ilegal e indebida, en razón a la errónea interpretación y aplicación de las referidas normas sustantivas con base en la consideración de normas derogadas, pues dichas normas establecen respecto al quantum de la pena, entre uno a tres años, y uno a cuatro años de privación de libertad como pena máxima, que en concordancia con lo dispuesto por el art. 232.I.5 del CPP -modificado por la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-, modificado a su vez por la Ley 1226 de 18 de septiembre de 2019, no procede la detención preventiva. En consecuencia, corresponde en revisión determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Respecto al principio de legalidad Con relación al principio de legalidad, la SCP 0363/2020-S3 de 24 de julio, haciendo cita a la SCP 0970/2013 de 27 de junio, desarrolló lo siguiente: [«Conforme lo establece el art. 180.I de la CPE, el principio de legalidad es uno de los principios procesales en los cuales se fundamenta la jurisdicción ordinaria, debe entenderse por principio de legalidad, el sometimiento a la ley y a la normativa vigente en un Estado, tanto por los gobernantes como por los gobernados, situación que conlleva a que una decisión sólo podrá ser adoptada dentro de los límites previamente establecidos por una ley material anterior. Sobre este principio, la jurisprudencia constitucional expresó que: “…el principio de legalidad, que es una manifestación del principio general de imperio de la ley, según el cual todos (gobernantes y gobernados), se encuentran sujetos a la ley y únicamente en virtud de ella adquieren legitimidad sus actuaciones. Conforme a esto, en el marco de nuestra Constitución, como en las otras de esta órbita de cultura, el principio de legalidad se constituye en el pilar básico del Estado de Derecho y soporte del principio de seguridad jurídica. Viene a sustituir el gobierno de los hombres por el gobierno de la ley. Es por tanto un principio informador de todo el ordenamiento jurídico de la nación, al que debe sujeción todo funcionario, cualquiera sea su jerarquía”; en ese sentido, la SC 0129/2004 de 10 de noviembre, citada a su vez entre otras por la SC 0085/2006 de 20 de octubre. Así también, la SCP 0770/2012 de 13 de agosto, que en cuanto al respeto y la vigencia de este principio desarrolló: “…el mismo en sus dos vertientes, en este sentido, a través de la SC 0062/2002 de 31 de julio, precisó: ‘…el principio general de legalidad, como elemento esencial del Estado de Derecho, representa la materialización de los valores fundamentales que este encarna; consiguientemente, se constituye en un presupuesto básico insoslayable de la administración (realización) de la justicia, de que, siendo la ley expresión de la voluntad de sus destinatarios en materia sancionatoria, se legitimiza sólo cuando la misma ha sido aprobada con las exigencias formales establecidas por el ordenamiento superior: su Constitución. (...) el principio de legalidad en su vertiente procesal (garantía jurisdiccional), tiende a garantizar que nadie pueda ser sancionado sino en virtud de un proceso desarrollado conforme a las reglas establecidas en el procedimiento en cuestión, en el que se respeten las garantías establecidas por ley…'”»] (las negrillas son nuestras). Ahora bien, el análisis del referido principio a partir del marco del estado constitucional de derecho y el sistema constitucional boliviano vigente, debe entenderse: «“…en su clásica concepción implica el sometimiento de gobernantes y gobernados a la ley; significa, entonces, el reconocimiento al legislador como único titular de la facultad normativa, a la cual debe estar sometida la administración. Sin embargo, actualmente dicha definición resulta insuficiente en el marco del estado constitucional de derecho y el sistema constitucional boliviano vigente; por ello debe entenderse que dicho principio supone, fundamentalmente, el sometimiento de los gobernantes y gobernados a la Constitución Política del Estado, la vigencia de derecho y el respeto a la norma. (…) De lo señalado, se colige que en un Estado Constitucional de Derecho, tanto gobernantes como gobernados, deben someterse al imperio de la ley, a fin que no sean los caprichos personales o actuaciones discrecionales, las que impongan su accionar, desconociendo lo anteladamente establecido por la norma positiva, vulnerando el principio de seguridad» (SCP 0318/2020-S1 de 13 de agosto, remitiéndose al razonamiento asumido en la SCP 0982/2010-R de 17 de agosto [las negrillas nos pertenecen]). En ese marco, la SCP 0318/2020-S1, respecto a las condiciones de validez de la detención preventiva, identificó los siguientes elementos: el principio de presunción de inocencia y la aplicación excepcional de la detención preventiva, el principio de legalidad, la proporcionalidad de la detención preventiva; y finalmente, la razonabilidad de la duración de la medida cautelar. Respecto al principio de legalidad, dicho fallo constitucional asumió lo siguiente: “II.2.2. Segunda condición para la validez de la detención preventiva: Principio de legalidad
El art. 23.III de la CPE, señala que: ‘Nadie podrá ser detenido, aprehendido o privado de su libertad, salvo en los casos y según las formas establecidas por la ley. La ejecución del mandamiento requerirá que éste emane de autoridad competente y que sea emitido por escrito’. De la norma glosada, se desprenden los requisitos de validez material y formal para la restricción del derecho a la libertad; pues, ésta únicamente puede ser limitada: i) En los casos previstos por ley; y, ii) Según las formas establecidas por ley; conforme lo entendió la SC 0010/2010-R de 6 de abril, que realizando una interpretación de los arts. 23.I y II de la CPE y a la luz de los arts. 9.I del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y 7.2 de la CADH, sostiene: De las normas glosadas, se concluye que para que una restricción al derecho a la libertad sea constitucional y legalmente válida, se deben cumplir con determinados requisitos materiales y formales. Respecto a los primeros, sólo se puede restringir el derecho a la libertad en los casos previstos por Ley, que de acuerdo a la Opinión Consultiva (OC) 6/86 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos debe tratarse de una Ley formal, es decir de aquella que emana del órgano legislativo. Con relación a los requisitos formales, la restricción al derecho a la libertad sólo será válida si se respetan las formas establecidas por ley, si el mandamiento emana de autoridad competente y es emitido por escrito, salvo el caso de flagrancia, de conformidad a lo establecido por el art. 23.IV de la CPE. Esas condiciones de validez, también están desarrolladas por la jurisprudencia de la Corte IDH. Así en la Sentencia de 21 de enero de 1994, Caso Gangaram Panday vs. Surinam, señaló: ‘…nadie puede ser privado de la libertad personal sino por las causas, casos o circunstancias expresamente tipificadas en la ley (aspecto material) pero, además, con estricta sujeción a los procedimientos objetivamente definidos por la misma (aspecto formal)’. Es así, que la libertad individual no está concebida como un derecho absoluto, inmune a cualquier forma de restricción; del propio texto constitucional se establece que, en determinados supuestos, ese derecho fundamental es susceptible de limitación; pero los casos en que tal limitación tenga lugar han de venir fijados por la ley, siendo claro, que tratándose de la libertad personal, la Constitución Política del Estado, establece una estricta reserva legal. En materia penal, los casos en los que una persona puede ser privada de su libertad, están expresamente previstos en el Código Penal tratándose de sanciones penales y en el Código de Procedimiento Penal de medidas cautelares, entre ellas la detención preventiva; en cuanto, a las formalidades que deben observarse para la privación de libertad de una persona, también están establecidas en el citado Código procesal. Conforme lo anotado, el motivo que la privación de la libertad sea previamente definida por la ley y con las formalidades legales, no es otra cosa que la realización del principio de legalidad; en virtud del cual, no puede haber delito sin ley que lo defina ni pena sin ley que la determine, tampoco medidas cautelares no autorizadas por el legislador; principio que exige a toda y todo servidor público el acatamiento estricto a los motivos definidos, en especial a las autoridades judiciales, quienes conforme a la Constitución Política del Estado y la ley pueden ordenar la privación de libertad de un individuo por los motivos señalados, observando las formalidades legales y el respeto a la dignidad personal” (el resaltado nos pertenece).
Con la finalidad de resolver la problemática planteada, es necesario efectuar una contextualización del escenario fáctico y procesal en el que se circunscribe el mismo. Así, de las piezas procesales descritas en el apartado de las Conclusiones II.1 a II.3 de este fallo constitucional, se tiene que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra los ahora accionantes, Wladimir Martínez Michaga, Fiscal de Materia, formuló imputación formal, por la presunta comisión de los delitos de receptación proveniente de delitos vinculados a la sustracción de minerales, previsto y sancionado por el art. 332 ter del CP incorporado por la Ley 1093 e incumplimiento de deberes, normado en el art. 154 del citado Código, resultando víctima del hecho el Estado y la Empresa Minera Huanuni, con relación al art. 20 (Autoría) del mismo compilado penal, solicitando al efecto como medida cautelar, su detención preventiva en el Centro Penitenciario San Pedro del departamento de Oruro; resolución de imputación formal que fue presentada el 9 de mayo de 2022, y radicado en el Juzgado Público Mixto Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal, Administrativo, Coactivo Fiscal Tributario Primero de Huanuni del indicado departamento. Al efecto, el 10 de mayo de 2022, se llevó a cabo la audiencia de aplicación de medidas cautelares personales contra los impetrantes de tutela, donde a través del Auto Interlocutorio 103/2022 de la misma fecha, se dispuso la medida excepcional de la detención preventiva de los precitados en el Centro Penitenciario San Pedro del departamento de Oruro.
Determinación que siendo apelada por los peticionantes de tutela, en audiencia pública de apelación incidental de carácter personal de 30 de mayo de 2022, la autoridad ahora accionada, pronunció el Auto de Vista 126/2022 de igual fecha, por el que declaró improcedente el recurso de apelación incidental interpuesto por los accionantes; y en consecuencia, confirmó el Auto Interlocutorio 103/2022. Así, en el Auto de Vista en estudio, se tiene que el Vocal accionado para mantener subsistente la probabilidad de autoría endilgada a los imputados -ahora impetrantes de tutela- (art. 233.1 del CPP), en el punto “3°” de los “Fundamentos de la Resolución”, señaló lo siguiente: “…en el caso que nos ocupa, la problemática jurídica así identificada, es en relación al art. 233 Núm. 1 del Código de Procedimiento Penal, a cuyo efecto, la defensa invoco la mala aplicación de la ley, en razón que, esta clase de delito de incumplimiento de deberes o el delito de receptación proveniente de delitos vinculados a la sustracción de minerales, serian delitos de orden patrimonial, por lo tanto, no sería posible la detención preventiva, porque la penalidad del art. 154 del Código Penal, no estaría vinculado con el daño causado al Estado. Al respecto, el art. 154 del Código Penal, Modificado con la Ley N° 004, en la última parte de aquella disposición legal señala que; ‘La pena será agravada en un tercio, cuando el delito ocasione daño económico al Estado’, esta disposición legal, también se vincula con lo que han hecho notar la defensa de los apelantes, en sentido de que, en el caso en concreto, no es posible de que exista daño económico al Estado, porque no se hubiese indicado en ese sentido; sin embargo, esa disposición legal, de mejor manera es redactada cuando la Ley N° 1390 de 27 de agosto de 2021 que modifica el art. 154 Núm. 1 del Código Penal, señala; ‘daño económico al Estado o a un tercero’. En consecuencia se mantiene vigente el daño económico al Estado, en el delito de incumplimiento de deberes, por lo tanto, es posible daño económico al Estado, en el caso analizado, toda vez que, este tipo penal de carácter sustantivo legal, se encuentra vigente, por lo que, es necesario confrontar vía control de logicidad con relación a lo que señala el art. 232 del Código de Procedimiento Penal, donde con claridad nos señala que: ‘En los Núm. 4, 5 y 6 del párrafo primero del presente artículo, no se aplicara como causal de improcedencia la detención preventiva, cuando se trate de alguno de los siguientes delitos y precisamente esa situación jurídica al que hemos hecho mención señala se adecua al Núm. 4 de dicha disposición legal que señala: ‘De contenido patrimonial con afectación al Estado, de corrupción o vinculados’. De cuya interpretación, es posible advertir que concurra daño patrimonial con afectación al Estado y vinculados al delito de corrupción, entonces se concluye en el caso analizado que se tiene afectado los dos mencionados bienes jurídicos tutelados vinculados con la Ley N° 1173, Modificado con la Ley N° 1226, en consecuencia, es posible subsumir a las referidas disposiciones legales, por lo tanto, en el caso analizado, no advertimos un defecto absoluto sobre la mala aplicación de la ley sustantiva; es decir, el juez inferior, aplicó correctamente la ley, dando lugar a ordenar la detención preventiva de los imputados, porque se hubo advertido afectación al patrimonio del Estado y también vinculados con el delito de corrupción, como es la Ley N° 004 que se encuentra inmerso el delito de incumplimiento de deberes, desde esa perspectiva reiteramos, no hay ninguna mala aplicación de la ley, sobre este punto así reclamado y para mayor precisión, conviene también a los fines solamente aclaratorio, que esta clase de delitos son delitos de carácter instantáneos, o sea se consuma en el momento del hecho punible y el hecho de alegar por ejemplo que, ‘los sacos de minerales, ya los propios funcionarios militares lo rescataron’ ya no adquiere trascendencia en la teoría del delito; toda vez que, consideramos que estamos aplicando el derecho penal del acto, donde se juzga en esos márgenes de ley y hay que realizar un test de subsunción razonable, en sentido de que, esta clase de delitos, son de carácter instantáneo, es más, en este caso en concreto la parte apelante estaba de acuerdo al contexto de la imputación formal, donde habrían sido secuestrados como dijo la defensa 29 sacos de minerales y eso el Ministerio Público, a considerado como un daño al patrimonio del Estado, en la forma que reclamaba, a la Empresa Minera Huanuni, con esas explicaciones consideramos reitero no hay defecto alguno en el auto impugnado” (sic [el subrayado nos corresponde]). En tal contexto fáctico, los accionantes denuncian la vulneración de sus derechos a la libertad, -infiriéndose del sustento argumentativo lesión al debido proceso en vinculación a la inobservancia del principio de legalidad-; por cuanto, debido a una errónea interpretación y aplicación del Código Penal, modificado por las Leyes 1093 y 1390 en cuanto a los delitos de receptación proveniente de delitos vinculados a la sustracción de minerales e incumplimiento de deberes con relación a lo dispuesto en el art. 232.I.5 del CPP, modificado por la Ley 1173 a su vez modificada por la Ley 1226, ilegalmente se hubiese dispuesto su detención preventiva. En ese marco, es preciso referirnos la normativa que fue aplicada por el Vocal accionado en el Auto de Vista 126/2022, de la cual emerge la actual problemática: Art. 232.I.5 del CPP, modificado por la Ley 1173, establece que: “(IMPROCEDENCIA DE LA DETENCIÓN PREVENTIVA). I. No procede la detención preventiva:
1. En los delitos de acción privada; 2. En los delitos que no tengan prevista pena privativa de libertad;
3. Cuando se trate de personas con enfermedad en grado terminal, debidamente certificada; 4. Cuando se trate de personas mayores de sesenta y cinco (65) años; 5. En los delitos sancionados con pena privativa de libertad, cuyo máximo legal sea inferior o igual a cuatro (4) años; 6. En los delitos de contenido patrimonial con pena privativa de libertad cuyo máximo legal sea inferior o igual a seis (6) años, siempre que no afecte otro bien jurídico tutelado; 7. Cuando se trate de mujeres embarazadas; 8. Cuando se trate de madres durante la lactancia de hijos menores de un (1) año; y, 9. Cuando la persona imputada sea la única que tenga bajo su guarda, custodia o cuidado a una niña o niño menor de seis (6) años o a una persona con un grado de discapacidad que le impida valerse por sí misma. II. En los casos previstos en el Parágrafo precedente, y siempre que concurran los peligros de fuga u obstaculización, únicamente se podrá aplicar las medidas previstas en los numerales 1 al 9 del Artículo 231 bis del presente Código.
1. De lesa humanidad, terrorismo, genocidio, traición a la patria y crímenes de guerra.
2. Contra la vida, integridad corporal o libertad sexual de niñas, niños, adolescentes, mujeres y adultos mayores.
3. De contenido patrimonial que se ejerzan con violencia física sobre las personas.
4. De contenido patrimonial con afectación al Estado, de corrupción o vinculados” (las negrillas son añadidas). De lo descrito por la autoridad accionada, se debe tener presente que el art. 232 de la Ley 1173, ya no se encuentra vigente por las modificaciones realizadas por la Ley 1226, que ingresó en vigencia a partir de su publicación el 23 de septiembre de 2019, en el marco de la Disposición Final Única de la propia Ley. Así, en el caso concreto, se advierte que a tiempo de analizarse la consideración de las medidas cautelares solicitadas por el Ministerio Público contra los ahora impetrantes de tutela, el 9 de mayo de 2022 (Conclusión II.1), se encontraba vigente la referida modificación a la norma adjetiva penal. El mentado art. 232.I.5 del CPP con las modificaciones efectuadas por la Ley 1226, establece que: “Artículo 232. (Improcedencia de la Detención Preventiva). I. No procede la detención preventiva:
1. En los delitos de acción privada; 2. En los delitos que no tengan prevista pena privativa de libertad; 3. Cuando se trate de personas con enfermedad en grado terminal, debidamente certificada; 4. Cuando se trate de personas mayores de sesenta y cinco (65) años; 5. En los delitos sancionados con pena privativa de libertad, cuyo máximo legal sea inferior o igual a cuatro (4) años; 6. En los delitos de contenido patrimonial con pena privativa de libertad cuyo máximo legal sea inferior o igual a seis (6) años, siempre que no afecte otro bien jurídico tutelado; 7. Cuando se trate de mujeres embarazadas; 8. Cuando se trate de madres durante la lactancia de hijos menores de un (1) año; y, 9. Cuando la persona imputada sea la única que tenga bajo su guarda, custodia o cuidado a una niña o niño menor de seis (6) años o a una persona con un grado de discapacidad que el impida valerse por sí misma. II. En los casos previstos en el Parágrafo precedente, y siempre que concurran los peligros de fuga u obstaculización, únicamente se podrá aplicar las medidas previstas en los numerales 1 al 9 del Artículo 231 bis del presente Código.
Artículo, no se aplicarán como causal de improcedencia de la detención preventiva cuando se trate de alguno de los siguientes delitos:
1. De lesa humanidad, terrorismo, genocidio, traición a la patria y crímenes de guerra.
2. Contra la vida, integridad corporal o libertad sexual de niñas, niños, adolescentes, mujeres y adultos mayores. 3. De contenido patrimonial que se ejerzan con violencia física sobre las personas.
4. De contenido patrimonial con afectación al Estado, de corrupción o vinculados.
5. De narcotráfico y sustancias controladas.” IV. En delitos por violencia familiar o doméstica, podrá considerarse la aplicación de la detención preventiva” (las negrillas son añadidas). Bajo ese contexto normativo, corresponde remitirnos a lo descrito en el Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, en el cual asumió que el principio de legalidad en el marco del Estado constitucional de derecho y el sistema constitucional boliviano vigente, debe entenderse, fundamentalmente, el sometimiento de los gobernantes y gobernados a la Constitución Política del Estado, la vigencia de derecho y el respeto a la norma, constituyéndose en un pilar básico del Estado constitucional de derecho y soporte del principio de seguridad jurídica; encontrándose tanto gobernantes como gobernados, sometidos al imperio de la ley, a fin que sus actuaciones no sean discrecionales, desconociendo lo anteladamente establecido por la norma positiva, vulnerando el principio de seguridad jurídica. En ese marco, uno de los principios que rige la validez de la detención preventiva, es precisamente el principio de legalidad. Así, cuando se trata de la restricción del derecho a la libertad, impone a los administradores de justicia observar el mandato constitucional contenido en el art. 23.III, en el que se determina la inexcusable observancia de las formas establecidas por la ley a efecto de la detención, aprehensión o privación de libertad de una persona, resaltándose que la limitación del citado derecho, únicamente procede en los casos previstos por ley y según las normas previstas por ley; concluyéndose que, para que una restricción al derecho a la libertad sea constitucional y legalmente válida, se deben cumplir con determinados requisitos materiales y formales, ya que la libertad individual no está concebida como un derecho absoluto, inmune a cualquier forma de restricción.
Consiguientemente, subsumiendo el supuesto fáctico que comprende el caso concreto al precedente jurisprudencial y marco normativo citados ut supra, teniendo como parámetro el art. 232 del CPP, con las modificaciones efectuadas por la Ley 1226, cuyo texto dispone que no procede la detención preventiva: “5. En los delitos sancionados con pena privativa de libertad, cuyo máximo legal sea inferior o igual a cuatro (4) años”; se advierte que el referido numeral no se encuentra previsto dentro de las excepciones establecidas en el parágrafo III del citado artículo, en el que se establecen una serie de presupuestos en los que no puede considerarse como causal de improcedente de la detención preventiva, sin que -se reitera- se encuentre el numeral 5 del referido artículo. Efectuada dicha aclaración, corresponde remitirnos ahora a los delitos de receptación proveniente de delitos vinculados a la sustracción de minerales e incumplimiento de deberes. Es necesario establecer que el primero de ellos, previsto en el art. 332 ter del CP, modificado por la Ley 1093, prevé “…será sancionado con privación de libertad de uno (1) a tres (3) años y el decomiso de los bienes producto del ilícito” (sic) -sanción que corresponde al parágrafo I del citado artículo, transcrito en la Resolución de imputación formal de 9 de mayo de 2022, fs. 10-. Por su parte, el segundo tipo penal endilgado a los accionantes, está previsto en el art. 154 del mismo Código, modificado por la Ley 1390, que establece como consecuencia jurídica, la “privación de libertad de dos (2) a cuatro (4) años e inhabilitación”, sin que prevea -como lo hacía el art. 154 derogado-, agravación alguna. En consecuencia, considerando el quantum de la pena establecida para los ilícitos penales atribuidos a los impetrantes de tutela, en la audiencia de consideración de imposición de medidas cautelares en su contra el 10 de mayo de 2022 y en la audiencia de apelación incidental celebrada el 30 del mismo mes y año, se tiene que conforme al art. 232.I del CPP, no es procedente la aplicación de la detención preventiva, constituyéndose dichos presupuestos en aspectos formales que hacen a la validez de la imposición de la detención preventiva, en el marco de los principios de legalidad y seguridad jurídica. Sin embargo, se tiene que en el Auto de Vista 126/2022 -ahora cuestionado-, respecto al reclamo de los peticionantes de tutela, relacionado con la improcedencia de la detención preventiva conforme las previsiones sustantivas y adjetivas penales señaladas, estableció en total desconocimiento del principio de legalidad, vinculado con el principio de seguridad jurídica, como componentes del debido proceso; y, de los criterios de validez de la detención preventiva que, no obstante las modificaciones insertas a la norma sustantiva penal por las Leyes 1093 y 1390, teniendo en cuenta que pese a las mismas se mantiene el daño económico al Estado en el delito de incumplimiento de deberes, conforme a la previsión del art. 232 del CPP, resultaba procedente la detención preventiva contra los accionantes; empero, para llegar a tal interpretación, aplicó erróneamente el art. 232.III del CPP en vigencia de la Ley 1173, cuando en el momento de la consideración de la procedencia de dicha medida, ya se encontraban en vigencia las modificaciones señaladas en la Ley 1226, que eliminó el numeral 5 -del parágrafo I- del art. 232.III del indicado Código en estudio, dedicado a los presupuestos excepcionales en los que sí es aplicable la detención preventiva; ello, considerando el quantum de la pena máxima. De lo expuesto, se concluye, que la autoridad accionada realizó una identificación incorrecta del precepto adjetivo penal aplicable al caso, ya que no tomó en cuenta las modificaciones impuestas por la Ley 1226 al art. 232.III del CPP, conforme a la cual no procede la detención preventiva, entre otros numerales, cuando: “5. En los delitos sancionados con pena privativa de libertad, cuyo máximo legal sea inferior o igual a cuatro (4) años”, acomodándose la situación de los impetrantes a este numeral; en cuyo mérito corresponde conceder la tutela solicitada por lesión de la garantía y derecho del debido proceso en sus elementos principios de legalidad y seguridad jurídica en vinculación al derecho a la libertad de los accionantes. Finalmente, amerita referirse a la pretensión de los impetrantes de tutela quienes a través de este mecanismo de defensa piden se conceda la tutela y se disponga su inmediata libertad; al respecto, cabe remarcar que, tal disposición se constituye en una facultad inherente de la jurisdicción ordinaria; por cuanto, si bien se está concediendo la tutela, ello no puede derivar en que este Tribunal determine su libertad. En consecuencia, el Juez de garantías, al conceder la tutela impetrada, aunque con otros fundamentos, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 06/2022 de 1 de junio, cursante de fs. 35 a 37, pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Cuarta de la Capital del departamento de Oruro; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, disponiendo dejar sin efecto el Auto de Vista 126/2022 de 30 de mayo, debiendo el Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, emitir nueva Resolución en el término de veinticuatro horas de notificada con este fallo constitucional, conforme a los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; a menos que la situación de los ahora accionantes ya hubiera sido modificada o definida. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas
MAGISTRADA
Fdo. MSc. DAEN Brigida Celia Vargas Barañado
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0181_2024-S2.pdf · páginas 1 a 17.
Huella digital del PDF (SHA-256): 2f518be5e8d2e7f246cacdc65c8a5f5938162752f1d6e4cb79d658e360cbc701
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