Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 31 de marzo de 2025
Concede en parte la tutela
El accionante denuncia la lesión de sus derechos a la libertad, al debido proceso y a la presunción de inocencia; toda vez que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, el Juez de Instrucción Anticorrupción ycontra la Violencia hacia la Mujer Tercero de El Alto de departamento de La Paz, le negó la cesación de la detención preventiva pese a haber cumplido abundantemente el tiempo de dicha medida; posterior a ello, tampoco fueron contestadas sus solicitudes de consideración de su situación jurídica, salida alternativa al juicio oral y procedimiento abreviado; y, si bien existe requerimiento conclusivo, la causa no fue remitida al juez o Tribunal correspondiente. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución AL-07/2022, de 21 de septiembre, cursante de fs. 24 a 26, pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Noveno de El Alto del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1º CONCEDER en parte la tutela, únicamente en relación a la vulneración al debido proceso en su elemento de celeridad; en los mismos términos y alcances a los dispuestos por la Jueza de garantías, con la única modificación que la concesión de tutela alcanza a René Eduardo Foronda Escóbar, Juez Tercero de Instrucción Anticorrupción contra la Violencia hacia la Mujer y Jharmila Yara Zotez Lara, Secretaria del mismo despacho judicial. y, 2º DENEGAR la tutela respecto a la indebida detención preventiva y falta de pronunciamiento respecto de la solicitud de procedimiento abreviado, conforme a los Fundamentos Jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0180/2025-S3 Sucre, 31 de marzo de 2025 SALA TERCERA Magistrada Relatora: Paola Verónica Prudencio Candia Magistrado Correlator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 50552-2022-102-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución AL-07/2022 de 21 de septiembre, cursante de fs. 24 a 26, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Alfredo Julio Apaza Paucara contra René Eduardo Foronda Escobar, Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de El Alto de departamento de La Paz.
Por memorial presentado el 20 de septiembre de 2022, cursante de fs. 2 a 3, el accionante expresó que:
Dentro del proceso penal seguido en su contra a instancia del Ministerio Público por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, el Juez de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Tercero de El Alto de Departamento de La Paz -demandado-, mediante Resolución 464/2021 de 23 de diciembre, -en audiencia de medidas cautelares-, dispuso su detención preventiva por el lapso de cuatro meses; empero, lleva ya más de ocho meses detenido en el Centro Penitenciario de San Pedro de La Paz. Pese a su solicitud, el Juez demandado le negó la cesación a la detención preventiva, siendo que ya cumplió superabundantemente dicha medida extrema, encontrándose indebidamente detenido; más aún, cuando a fiscalía no presentó ninguna ampliación de su detención preventiva.
Denunció como lesionado sus derechos a la libertad y al debido proceso, sin citar norma constitucional alguna.
Solicitó se conceda la tutela, disponiendo su inmediata libertad.
Celebrada la audiencia pública el 21 de septiembre de 2022, según consta en acta cursante a fs. 23 y vta., se produjeron los siguientes actuados:
El accionante a través de su abogado, ratificó los argumentos expresados en su memorial de acción de libertad, y ampliándolo señaló que: a) El 26 de abril de 2022, presentó una solicitud de cesación de la detención preventiva; el 6 de mayo de igual año, pidió considerar su situación jurídica; de igual manera, postuló la salida alternativa al juicio oral, y el 17 de junio de ese año, demandó procedimiento abreviado, los cuales no fueron respondidos por el Juez demandado; y, b) Evidentemente existe el requerimiento conclusivo de acusación formal presentado el 15 de agosto de igual año; sin embargo, no fue remitido al Juez o Tribunal de Sentencia correspondiente; aspectos que transgredieron su derecho al debido proceso y a la presunción de inocencia.
René Eduardo Foronda Escobar, Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de El Alto del departamento de La Paz, por informe escrito de 21 de septiembre de 2022, cursante a fs. 19, manifestó que: 1) De la revisión del cuaderno de control jurisdiccional, la causa cuenta con acusación fiscal presentado por la representante del Ministerio Público; por lo que, se remitió al “Juzgado Noveno de Sentencia Penal”; sin embargo, por informe del auxiliar de su despacho, ese juzgado no recibió el proceso; toda vez que, existiría un tribunal especializado; 2) Le informaron que “el Juzgado de Sentencia y Violencia contra la Mujer Primero de El Alto del departamento de La Paz”, no puede recepcionar ninguna acusación si no está sorteado por el Sistema Integrado de Registro Judicial (SIREJ); pues, no se puede sortear directamente solo direccionar la causa y, 3) Se deniegue la tutela al no existir vulneración alguna de derecho o garantía constitucional, tampoco retardación de justicia.
El Juez de Sentencia Penal Noveno de El Alto del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución AL-07/2022 de 21 de septiembre, cursante de fs. 24 a 26, concedió la tutela solicitada, en relación al debido proceso en su componente celeridad, disponiendo que la autoridad demandada remita la acusación formal descrita, en el plazo de veinticuatro horas ante el Juzgado de Sentencia de Violencia Hacia la Mujer de esa jurisdicción; asimismo, ordenó la remisión de antecedentes ante el Consejo de la Magistratura a efectos de la sanción correspondiente al demandado; denegó la tutela impetrada, respecto a la indebida detención preventiva, por concurrir el principio de subsidiariedad; determinación asumida con base en los siguientes fundamentos: i) De la revisión del cuaderno de control Jurisdiccional con CUD 201502022109389, se evidenció que: a) La autoridad demandada mediante Resolución 464/2021 de 23 de diciembre, dispuso la tramitación de la causa con detención preventiva del impetrante de tutela en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz por el tiempo de cuatro meses, señalando audiencia para la consideración su situación jurídica para el 22 de abril de igual año; extrañándose en el cuaderno procesal el registro de dicho verificativo; b) Se tiene que el juez demandado “…mediante Resolución No. 59/2022 de 17 de enero de 2022, determinó rechazar la procedencia de la solicitud de cesación de detención preventiva impetrada por Alfredo Julio Apaza Paucara, manteniendo firme y subsistente la detención preventiva, empero, en contra del mismo el imputado ahora accionante no hizo uso del derecho impugnatorio que la ley le franquea” (sic); c) El 26 de abril de 2022, el accionante pidió cesación de la detención preventiva, señalándose por decreto de 27 de igual mes y año, audiencia para dicho verificativo, el 29 de igual mes y año, mismo que fue diferido para el 5 de mayo de ese año, extrañándose el registro de dicha audiencia. El 6 del mes y año señalados, invocó la consideración de sus situación jurídica, empero, fue diferido, hasta el 18 de mayo de igual año, sin que se evidencie el registro de dicha audiencia en el cuaderno de control jurisdiccional; d) Por memorial de 17 de junio de 2022, solicitó se aplique procedimiento abreviado, respondiendo el Juez demandado, se considerará en su oportunidad; a lo cual, el accionante, solicitó se fije día y hora de audiencia de salida alternativa, mereciendo el decreto de 3 de agosto de 2022, señalando que previamente, el impetrante de tutela adecua su solicitud conforme a procedimiento; determinación contra la cual, no se advierte que el nombrado hubiera interpuesto impugnación alguna; y, e) Asimismo, el 15 de igual mes y año, el Ministerio Público presentó requerimiento conclusivo, acusando formalmente al solicitante de tutela por el delito de violencia familiar o domestica; por lo que, la autoridad demandada, mediante decreto de 25 de ese mes y año, dispuso remitir el proceso ante el Juzgado o Tribunal de Sentencia en lo Penal que corresponda, sin existir otro actuado posterior; “…que demuestra que no es evidente lo informado por la autoridad demandada…” (sic); pues, la causa fue sorteada recién el 21 de septiembre de 2022 a horas 12:54:58; es decir después de haber sido notificado con el señalamiento de audiencia en la presente acción tutelar; y, ii) Se demostró la vulneración del debido proceso en su componente celeridad; toda vez que, si bien la autoridad judicial demandada, ante la presentación del requerimiento conclusivo de acusación formal el 15 de agosto de 2022, mediante decreto de 25 de igual mes y año, dispuso el sorteo y remisión de la causa ante el Juzgado o Tribunal de Sentencia que corresponda; empero, la causa fue recién sorteada el 21 de septiembre de ese año, actuación previa a la audiencia de garantías;
empero, el Juez demandado alegó que habiendo sido sorteado al Juzgado de Sentencia Noveno el mismo no habría recepcionado la causa por existir un juzgado especializado; lo cual, no sería evidente, en consecuencia incumplió lo establecido por el art. 325.I del Código de Procedimiento Penal (CPP), que dispone la remisión de antecedentes dentro el plazo de veinticuatro horas previo sorteo; considerando además, que el citado decreto de remisión fue emitido después de las veinticuatro horas establecido por la Ley del Órgano Judicial (LOJ) -Ley 025 de 24 de junio de 2010-, siendo obligación de toda autoridad judicial cumplir los plazos procesales.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Alfredo Julio Apaza Paucara -accionante- por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica tipificado y sancionado por el art. 272 bis del Código Penal (CP), René Eduardo Foronda Escobar, Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de El Alto del departamento de La Paz, mediante Auto Interlocutorio 464/2021 de 23 de diciembre, dispuso que la causa sea tramitada con la detención preventiva del impetrante de tutela en el Centro Penitenciario de San Pedro de La Paz, otorgando al Ministerio Público cuatro meses para realizar los actos investigativos (fs. 8 a 10). II.2. Mediante escrito presentado el 26 de abril de 2022, el solicitante de tutela pidió cesación a la detención preventiva; mereciendo el decreto de 27 de igual mes y año, por el cual el Juez demandado, señaló audiencia para su consideración para el 29 de ese mes y año, verificativo que fue diferido para el 5 de mayo de 2022, por inasistencia del accionante (11 a 12). II.3. Por memorial de 6 de mayo de 2022, el accionante, solicitó consideración de su situación jurídica; señalándose audiencia para el efecto el 11 de ese mes y año; verificativo que la autoridad demandada suspendió para el 13 de mayo de 2022 por inasistencia del imputado; conforme consta en acta de suspensión de audiencia de 13 de mayo de 2022, ésta fue nuevamente diferida para el 18 de mayo de 2022, en virtud a la ausencia del imputado, la víctima y su abogado (fs. 13 a 14). II.4. El accionante, a través del memorial presentado el 17 de junio de 2022, refiriendo adjuntar acuerdo de aceptación de salida alternativa al juicio oral de procedimiento abreviado, solicitó audiencia para dicho verificativo; solicitud que fue providenciada por el Juez demandado el 20 del mismo año señalando “se tiene presente y se considerara en su oportunidad” (fs. 16 y vta.).
II.5. Mediante escrito presentado el 15 de agosto de 2022, José Ángel Ponce Rivas, Fiscal de Materia de La ciudad de La Paz, presentó requerimiento conclusivo de acusación contra el hoy accionante (fs. 18 y vta.). II.6. Cursa informe de 21 de septiembre de 2022, presentado al Juez demandado, por Víctor Hugo Quispe Limachi, Auxiliar del Juzgado Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Tercero de El Alto del departamento de La Paz, refiriendo que: ”…dentro del proceso Ministerio Público contra APAZA PAUCARA ALFREDO JULIO, con CUD: 201502022109389, por el delito de VIOLENCIA FAMILIAR O DOMÉSTICA enviado el cuaderno en original para su remisión correspondiente por ya contar con pliego acusatorio N° 51/2022, la misma se preparó y se sorteó al correspondiente Juzgado de Sentencia, la cual se negó a la recepción del cuaderno de Control Jurisdiccional haciendo conocer que existe una Instructiva N° SB-RDJ-LP, N° 23/2022 emitida por el Tribunal Departamental de Justicia misma que hace conocer que los juzgados de Instrucción deben efectuar el sorteo de causas a los Juzgados refuncionalizados creados también en la ciudad de El Alto, por tal razón me apersone al Juzgado de Sentencia de Violencia contra la Mujer [P]rimero de la ciudad de El Alto y me informaron que no pueden recepcionarnos ninguna acusación si no está sorteado conforme sistema (…) por tal razón nos vemos impedidos de poder realizar la correspondiente remisión…” (fs. 20).
El accionante denuncia la lesión de sus derechos a la libertad, al debido proceso y a la presunción de inocencia; toda vez que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, el Juez de Instrucción Anticorrupción ycontra la Violencia hacia la Mujer Tercero de El Alto de departamento de La Paz, le negó la cesación de la detención preventiva pese a haber cumplido abundantemente el tiempo de dicha medida; posterior a ello, tampoco fueron contestadas sus solicitudes de consideración de su situación jurídica, salida alternativa al juicio oral y procedimiento abreviado; y, si bien existe requerimiento conclusivo, la causa no fue remitida al juez o Tribunal correspondiente. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0733/2019-S2 de 28 de agosto, asumió el siguiente razonamiento:
[E]l Tribunal Constitucional en la SC 0160/2005-R de 23 de febrero, sentó la línea jurisprudencial sobre el principio de la subsidiariedad excepcional en la acción de libertad, determinando que en los supuestos en los que existan medios idóneos para reparar de manera urgente, pronta y eficaz el derecho a la libertad física ilegalmente restringido, los mismos deben ser utilizados antes de acudir a la justicia constitucional a través de la acción de libertad.
La SC 0008/2010-R de 6 de abrilindicó que la acción de libertad, es el medio idóneo y eficaz para restituir cualquier tipo de lesión o vulneración que atente los derechos a la vida y a la libertad: …empero, en caso de existir mecanismos procesales específicos de defensa que sean idóneos, eficientes y oportunos para restituir el derecho a la libertad y a la persecución o procesamiento indebido, deben ser utilizados previamente por el o los afectados; en estos casos por tanto, la acción de libertad operará solamente en caso de no haberse restituido los derechos afectados a pesar de haberse agotado estas vías específicas (las negrillas son agregadas).
Entendimiento que también fue asumido en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0455/2018-S2 y 0662/2018-S2, entre otras.
En similar sentido, la SC 0608/2010-R de 19 de julio concluye que no es posible activar simultáneamente dos jurisdicciones, para que ambas se pronuncien sobre hechos denunciados como ilegales; toda vez que, este proceder conllevaría a una disfunción procesal contraria al orden jurídico constitucional; entendimiento confirmado por el Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0003/2012 de 13 de marzo.
De la citada jurisprudencia constitucional, se concluye que a efectos de no desnaturalizar la acción de libertad en su esencia y finalidad, evitando que se convierta en un medio alternativo o paralelo que provoque confrontación jurídica entre la jurisdicción ordinaria y la constitucional; al momento de ser 1 El FJ III.1.2, señala: “De lo anterior se extrae, que la existencia de la garantía constitucional en análisis, no implica que todas las lesiones al derecho a la libertad tengan que ser necesariamente reparadas de manera exclusiva y excluyente a través del hábeas corpus; pues no se trata de una garantía que tenga la vocación de reparar, en exclusiva, todas las formas de lesión a la libertad que pudieran invocarse, sino la de dotar a la persona de un medio de defensa sencillo, eficaz y oportuno, para restablecer la lesión sufrida.
En consecuencia, en los supuestos en que la norma procesal ordinaria de manera específica prevea medios de defensa eficaces y oportunos para resguardar el derecho a la libertad supuestamente lesionado, estos deben ser utilizados, previamente, circunstancia en la que excepcionalmente, el recurso de habeas corpus operará de manera subsidiaria”. 2 El FJ III.5, indica: “El art. 167 de la misma norma adjetiva penal, disciplina el resguardo normativo frente a la actividad procesal defectuosa, determinando en el art. 168 los supuestos para la corrección de oficio o a petición de parte de actos que puedan ser enmendados. Asimismo, los arts. 169 y 170 regulan los supuestos de hecho catalogados como defectos procesales absolutos y relativos. Precisamente, para corregir actos procesales defectuosos que puedan afectar derechos fundamentales, en la segunda parte, capítulo IV del Código de Procedimiento Penal, se norma el procedimiento para la tramitación de excepciones e incidentes, concretamente, los arts. 314 y 315 regulan el procedimiento para los incidentes, que en caso de actos procesales defectuosos, constituyen mecanismos de defensa expresos, efectivos idóneos y oportunos para pedir protección de derechos fundamentales afectados en el proceso, mecanismos que deben ser agotados antes de acudir a la tutela constitucional”. 3 El FJ III.3, determina: “En ese sentido, para que se abra la tutela que brinda esta acción, es preciso que previamente se determine si existen los medios de impugnación específicos e idóneos para restituir el derecho a la libertad en forma inmediata pero además de ello, se debe considerar también que cuando quien recurre de hábeas corpus, acciona en forma paralela un medio de defensa previsto en el ordenamiento jurídico, aún en el supuesto de que dicho medio o recurso no sea el más idóneo, eficaz o inmediato, es lógico suponer que tampoco procede esta acción tutelar en aplicación de la excepción de subsidiariedad, ello debido a que el recurrente, actual accionante, no puede activar dos jurisdicciones en forma simultánea para efectuar sus reclamos, no siendo admisible dicha situación que de ocurrir inviabiliza la acción tutelar, pues al activar en forma simultánea la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción constitucional, para que ambas conozcan y resuelvan las irregularidades denunciadas, se crearía una disfunción procesal contraria al orden jurídico”.
activada esta última, no deben existir otros recursos de carácter ordinario pendientes de resolución. Entendimiento reiterado en la SCP 0121/2025-S1 de 20 de marzo.
La Constitución Política del Estado en su art. 23.I, establece que toda persona tiene derecho a su libertad física, constituido como un derecho fundamental de carácter primario para su desarrollo; por ello, el Estado tiene el deber primordial de respetarlo y protegerlo, por ser inviolable; razón por la que, la acción de libertad fue configurada de manera exclusiva, extraordinaria y sumarísima, con el propósito que la libertad física goce de protección especial, cuando se pretenda lesionarla o esté siendo amenazada de vulneración. A ese efecto, la SC 1579/2004-R de 1 de octubre, efectuó una clasificación del entonces recurso de hábeas corpus ante violaciones a la libertad individual y/o de locomoción, señalando que puede ser reparador, si ataca una lesión ya consumada; preventivo, si procura impedir una vulneración a producirse; o, correctivo, si intenta evitar que se agraven las condiciones en las que se mantiene a una persona detenida. Posteriormente, a través de la SC 0044/2010-R de 20 de abril, se amplió dicha clasificación, identificando además al hábeas corpus restringido, que procede ante limitaciones del ejercicio del derecho a la libertad; dentro del cual, se encuentra el hábeas corpus instructivo, 4El FJ III.1.1, señala: “Para la procedencia del hábeas corpus reparador es decisivo que se haya configurado una situación de privación de libertad física ilegal inobservando las formalidades esenciales, por ejemplo una detención ejecutada sin orden escrita, o resuelta por autoridad incompetente (…)”.
El FJ III.1.2, menciona: “El hábeas corpus procede como un medio preventivo, cuando la detención aún no se ha producido pero puede presuponerse que la misma es inminente, en tanto que la amenaza pueda demostrarse positivamente (…)”.
El FJ III.1.3, determina: “El hábeas corpus denominado correctivo, protege al detenido de aquellas condiciones que agravan en forma ilegítima la detención, violando su condición humana. A través de este recurso, se garantiza el trato humano al detenido, establecido en las Convenciones Internacionales de Derechos Humanos. La base legal de este tipo de hábeas corpus, la encontramos en el art. 89 de la LTC, que amplía los alcances protectivos de esta garantía, al referirse a otras `violaciones que tengan relación con la libertad personal en cualquiera de sus formas…´. Conforme a esto, una de las formas en que se manifiestan estas violaciones vinculadas a la libertad, está la referida al agravamiento ilegal de la situación del detenido o condenad (…)”. 5El FJ III.5, indica: “El primer (instructivo); hace referencia a la supuestos, en que el derecho a la libertad se encuentra vinculado al derecho a la vida, fundamentalmente en los casos de desaparición forzada de personas, y tiene como objeto identificar el paradero de la víctima, disponer su libertad e individualizar a los autores del hecho, garantizándose el derecho a la vida y también el derecho a la integridad física.
Este hábeas corpus, ahora está previsto en el art. 125 de la CPE, cuando hace referencia a los casos en los que la persona considere que su vida está en peligro. Esta ampliación es coherente con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en la Opinión Consultiva OC-8/87 de 30 de enero de 1987, al absolver la consulta formulada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto a la interpretación de los arts. 25.1 y 7.6 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación a la última frase del art. 27.2 de dicha Convención, que enumera los derechos que no pueden suspenderse durante los estados de excepción; estableció que, la función del hábeas corpus es esencial como: `…medio para controlar el respeto a la vida e integridad de la persona, para impedir su desaparición o la indeterminación de su lugar de detención, así como para protegerla contra la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes´
Por último, se debe hacer referencia al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, a través del cual lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad” (las negrillas nos corresponden).
que procede cuando el derecho a la libertad se encuentra vinculado al derecho a la vida; y, traslativo o de pronto despacho, a través del que, se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos ante dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona privada de libertad y la concreción del valor libertad, de los principios de celeridad y respeto a los derechos, debiendo ser tramitados, resueltos -SC 0224/2004-R de 16 de febrero- y efectivizados -SC 0862/2005-R de 27 de julio- con la mayor celeridad -SCP 0528/2013 de 3 de mayo. Sobre la base de ese razonamiento, toda autoridad que conozca una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo, podría provocar una restricción indebida del citado derecho; lo que no significa, otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva o negativa, ya que el resultado a originarse, dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso; por cuanto, la lesión del derecho a la libertad física está en la demora o dilación indebida, al resolver o atender una solicitud; que más bien, debería ser efectuada con la debida celeridad. Esta sistematización fue desarrollada en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0117/2019-S2 de 8 de abril y 0319/2019-S2 de 29 de mayo, entre otras.
Con relación a la legitimación pasiva de funcionarios subalternos del Órgano Judicial, la SC 1572/2003-R de 4 de noviembre ratificada posteriormente por las SSCC 0332/2010-R de 17 de junio y 0345/2012 de 22 de junio; y, por la SCP 2171/2012 de 8 de noviembre, entre otras, estableció que éstas o éstos servidores públicos no tienen facultades jurisdiccionales y sus funciones se limitan a cumplir las órdenes o instrucciones de las autoridades judiciales; por lo que, carecen de legitimación pasiva en acciones de libertad, salvo que incurrieran en excesos que impliquen contradicción o alteración de las determinaciones de autoridades jurisdiccionales, o sus actos u omisiones relacionados a sus deberes, contribuyan o lesionen directamente derechos fundamentales de las personas, conforme lo determina la SCP 0427/2015-S2 de 29 de abril, en el Fundamento Jurídico III.2, que establece: Ahora bien, a los fines de establecer la legitimación pasiva en la acción de libertad respecto a los servidores de apoyo judicial, se debe tener presente que, si la vulneración de los derechos tutelados por la presente acción de defensa emerge del incumplimiento o la inobservancia de las funciones y obligaciones conferidas al personal de apoyo jurisdiccional en los preceptos legales procedentemente referidos o del incumplimiento de las instrucciones u órdenes impartidas por el superior en grado, dicho servidor público adquiere la legitimación pasiva por lo que es plenamente viable dirigir la demanda contra ése funcionario, hasta establecer su responsabilidad si corresponde; habida cuenta que, el acto ilegal no es necesariamente el resultado del ejercicio de la función puramente jurisdiccional, sino que, las omisiones de carácter administrativo como: la falta o inoportuna elaboración del cuadernillo de apelación, el incumplimiento de plazos para la remisión de antecedentes al superior en grado, la falta o la inoportuna elaboración de actas, la falta o inoportuna notificación a las partes, tratándose en especial de audiencias de consideración de medidas cautelares, en fin, la inobservancia de las labores y obligaciones encomendadas al personal de apoyo, tiene la capacidad de repercutir negativamente en el ejercicio de los derechos 7El FJ III.2, dice: “Con relación a la legitimación pasiva de los servidores de apoyo judicial, la jurisprudencia constitucional, contenida en la SC 0332/2010-R de 17 de junio, sostuvo que: `Con relación a la responsabilidad del personal subalterno de los Juzgados y Salas de las Cortes Superiores de Distrito y Corte Suprema de Justicia, la jurisprudencia constitucional estableció que la administración de justicia está encomendada a los órganos jurisdiccionales del Estado, de acuerdo con el art. 16.I, IV CPE y art. 3 de la Ley de Organización judicial (LOJ); en consecuencia son los jueces los funcionarios que ejercen esa jurisdicción entre tanto que los secretarios , actuarios y oficiales de diligencias, no tienen facultades jurisdiccionales sino que están obligados a cumplir las órdenes o instrucciones del Juez, emergentes de sus decisiones, por lo que no tienen legitimación pasiva para ser demandados por cuanto no son los que asumen determinaciones de orden jurisdiccional dentro de los procesos, salvo que incurrieran en excesos contrariando o alterando esas determinaciones de la autoridad judicial´. Posteriormente, la SC 1279/2011-R de 26 de septiembre, estableció la excepción a la regla anterior, declarando lo siguiente: `El personal subalterno puede ser demandado en los casos en los que contrarían lo dispuesto por dicha autoridad o cometieran excesos en sus funciones que pudieran vulnerar derechos fundamentales o garantías constitucionales; sin embargo si la autoridad judicial conocedora del acto vulneratorio de derechos y garantías no reconduce el procedimiento y lo convalida, se deslinda la responsabilidad del funcionario subalterno´; ahora bien, este Tribunal considera que el entendimiento asumido en ambas Sentencias Constitucionales citadas, no guarda coherencia con el razonamiento plenamente fundamentado contenido en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, puesto que conforme a la explicación realizada, la presente acción constitucional puede ser dirigida incluso contra particulares, entonces, con mayor razón podrá ser dirigida contra funcionarios de apoyo judicial o incluso de orden administrativos, pues a partir del momento en que las leyes les imponen deberes, y particularmente la Ley del Órgano Judicial en el caso de los funcionarios de apoyo judicial, son sujetos de responsabilidad por el incumplimiento de esos deberes, tal es así, que pueden ser objeto incluso de responsabilidad administrativa, civil o penal; consecuentemente, con mayor razón serán responsables, y por tanto, tendrán legitimación pasiva para ser demandados por esta vía, cuando sus actos u omisiones relacionados a sus deberes contribuyan o lesionen directamente derechos fundamentales de las personas, siendo así, no se puede concebir el razonamiento expuestos en dichas Sentencias que liberan de responsabilidad al funcionario de apoyo judicial, para cargar la misma únicamente sobre el juzgador cuando éste no reconduce el procedimiento y lo convalida, puesto que, si el incumplimiento de los deberes y funciones del personal de apoyo, no es reconducido por el juez, corresponderá establecer responsabilidad en relación a ambos funcionarios; es decir, el juez y el personal de apoyo judicial, cuyos actos u omisiones merezcan reproche en la vía constitucional.
En base a los fundamentos supra expuestos, el entendimiento generado en el presente acápite implica cambio de línea jurisprudencial en relación a los razonamientos asumidos en las SSCC 0332/2010-R de 17 de junio y 1279/2011-R de 26 de septiembre, en las que se estableció que los servidores de apoyo judicial no tienen legitimación pasiva para ser demandados en las acciones de defensa”.
fundamentales y garantías constitucionales del justiciable; sin embargo, el presente razonamiento no implica que el Juez como autoridad revestida de jurisdicción deje al desamparo la dirección del juzgado, por cuanto le asiste la facultad de impartir instrucciones al personal de apoyo judicial y de realizar el seguimiento correspondiente, puesto que de no cumplirse las mismas también asume la responsabilidad por ser la autoridad que finalmente tiene la responsabilidad del juzgado (las negrillas son añadidas). Sistematización extraída de la SCP 0154/2019-S2 de 24 de abril, entre otras.
El accionante, denunció la lesión de su derecho a la libertad, al debido proceso y a la presunción de inocencia; en sentido que dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, el Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de El Alto del departamento de La Paz, le negó la cesación a la detención preventiva pese a haber cumplido el tiempo impuesto para dicha medida; posteriormente formuló nuevas solicitudes de consideración de su situación jurídica, las cuales no fueron contestadas por la autoridad jurisdiccional; de igual manera impetró salida alternativa al juicio oral por procedimiento abreviado, la cual tampoco fue atendida; y, si bien existe requerimiento conclusivo de acusación formal, la causa no fue remitida al Juez o Tribunal de Sentencia correspondiente. De los antecedentes cursantes en el expediente, se tiene dentro del proceso penal que sigue el Ministerio Público contra el accionante, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica tipificado y sancionado en el art. 272 bis del Código Penal (CP); el Juez demandado pronunció el Auto Interlocutorio de Consideración de Medida Cautelar 464/2021 de 23 de diciembre, a través del cual dispuso la detención preventiva del solicitante de tutela en el Centro Penitenciario de San Pedro de La Paz; dicha determinación conforme a la inmediación y revisión objetiva de la Jueza de Garantías al cuaderno de control jurisdiccional de proceso penal signado CUD201502022109389 -que no fue controvertida en audiencia-; se estableció que la autoridad jurisdiccional demandada, por Resolución 59/2022 de 17 de enero, rechazó la procedencia de solicitud de cesación de detención preventiva impetrada por el accionante, sin que haya interpuesto ningún recurso impugnatorio contra la referida Resolución.
Siguiendo la revisión realizada por la Jueza de garantías al cuaderno de control jurisdiccional, se tiene que el accionante solicitó nuevamente cesación a la detención preventiva por memorial de 26 de abril de 2022, el cual mereció decreto de 27 de igual mes y año señalando audiencia para su consideración para el 29 del mismo mes y año, audiencia que fue diferida para el 5 de mayo de 2022, por ausencia de la parte imputada, extrañando el registro de audiencia en el cuaderno de control jurisdiccional. El 6 de mayo de 2022, una vez más, el accionante solicitó consideración de su situación jurídica; por lo que, el Juez demandado mediante decreto de 9 del mismo mes y año, señaló audiencia para el 13 de mayo de similar año, audiencia que fue diferida para el 18 de igual mes y año, por ausencia de la víctima, su abogado, y del imputado, cuyo registro de audiencia tampoco cursa en el expediente del proceso penal; sin evidenciarse que el accionante ante su inasistencia a las referidas audiencias hubiera solicitado reprogramación de las mismas; o eventualmente, presentado reclamo o recurso alguno sobre la falta de la celebración de las referidas audiencias de consideración a su situación procesal, por alguna causal no imputable a su persona. Continuando con el orden cronológico de los actos procesales, se establece que el accionante, el 17 de junio de 2022, solicitó la aplicación de procedimiento abreviado, que fue respondida por decreto de 20 de junio de 2025, que dispuso se consideraría en su oportunidad; dicha solicitud -conforme la revisión probatoria de la Jueza de garantías- fue reiterada el 2 de agosto del mismo año, mereciendo decreto de 3 del mismo mes y año; por el que, se dispone que previamente la parte impetrante adecue su solicitud conforme a procedimiento; estas determinaciones judiciales tampoco fueron reclamadas por el accionante, ante la autoridad demandada, como tampoco fueron objeto de reclamo o recurso impugnatorio alguno en sede ordinaria. En ese orden, se advierte que ante la Resolución que denegó la cesación de detención preventiva del accionante, el solicitante de tutela no activó el mecanismos de impugnación idóneos de apelación incidental previsto en el art. 251 del Código de Procedimiento Penal (CPP); sobre las posteriores solicitudes de consideración a su situación jurídica, después de la última suspensión de audiencia por inasistencia suya- 13 de mayo de 2022-, tampoco presentó solicitud de reprogramación de audiencia de consideración de su situación procesal, ni activó incidente por actividad procesal defectuosa o recurso alguno por la falta de atención al mismo, por causas no imputables a su persona pronunciamiento; de igual manera ante la falta de señalamiento de audiencia contra la solicitud de aplicación de procedimiento abreviado, no activó ningún recurso ordinario tendiente a modificar las disposiciones emitidas por el Juez demandado, conforme lo previsto por la norma adjetiva penal; por lo que, conforme lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional, no corresponde acoger la solicitud de tutela del accionante, toda vez que ante la existencia de medios idóneos para reparar de manera urgente, pronta y eficaz el derecho a la libertad, por los supuesto desarrollados supra, los mismos debieron ser utilizados antes de acudir a la justicia constitucional a través de la acción de libertad, habiendo operado el principio de subsidiariedad para su denegatoria. Ahora bien, en relación a la falta de remisión de los antecedentes procesales al Juez o Tribunal competente, ante el requerimiento conclusivo de acusación presentada por el Ministerio Público contra el accionante, presentado el 15 de agosto de 2022, conforme lo establecido por la revisión efectuada por la Jueza de garantías al cuaderno de control jurisdiccional, se tuvo que el Juez demandado por decreto de 25 de agosto de 2022, dispuso que la Secretaria Abogada en coordinación con la Auxiliar I de ese despacho judicial, debían realizar la remisión del proceso ante el Juzgado o Tribunal de Sentencia Penal correspondiente, sin existir otro actuado posterior. A ello, el Juez demandado por el informe presentado en esta acción, justificó la referida falta de remisión, con el Informe de 21 de septiembre que le remitió el Auxiliar del Juzgado a su cargo, que refirió que el cuaderno de control jurisdiccional, fue preparado para el sorteo correspondiente; sin embargo, el Juzgado de Sentencia asignado se negó a la recepción del proceso, con base al Instructivo AP-TDJ-LP 23/2022 de 21 de septiembre, que dispuso que los sorteos debían realizarse a los Juzgados refuncionalizados especializados creados en el Alto; pero habiéndose apersonado al Juzgado de Sentencia de Violencia Hacia la Mujer Primero de El Alto, se le indicó que no se podría recepcionar el expediente, ya que el sorteo debía ser vía sistema, situación que le impidió materializar la remisión del expediente (Conclusión II.7); la autoridad demandada acotó que por lo expuesto se solicitó informe al SIREJ, por el perjuicio ocasionado a los sujetos procesales. De la compulsa de antecedentes, se puede establecer que el requerimiento de acusación fue presentado por el Ministerio Público, el 15 de agosto de 2022 (Conclusión II. 6), conforme la revisión del cuaderno jurisdiccional realizada por la Juez de Garantías, se tiene que el decreto que dispone la remisión de obrados data de 25 de agosto de 2022 (10 días después), y conforme la carátula de reparto con CUD 201502022109389, el sorteo de asignación al Juez o Tribunal de Sentencia correspondiente, recién fue realizado en 21 de septiembre de 2022, a las 12:54:58, es decir, después 37 días, desde la presentación de requerimiento conclusivo, en inobservancia de lo previsto por el art. 324.I del CPP que dispone que, la remisión de antecedentes a la Jueza, Juez o Tribunal de Sentencia, previo sorteo de la causa, se la debe realizar en el plazo de 24 horas, bajo responsabilidad; situación que desvirtúa lo informado por el Juez demandado, haciendo evidente una grosera dilación en la remisión del cuaderno de control jurisdiccional al Juez o Tribunal competente, para la prosecución de la causa penal en la instancia procesal que correspondía; aspecto que incide en la situación procesal del accionante, al estar pendiente una solicitud de procedimiento abreviado la cual al no haber sido tramitada oportunamente ante el Juez demandado, se encontraba pendiente de continuidad, para definir la situación jurídica del prenombrado, que eventualmente podría resultarle más favorable, evidenciándose dilación injustificada vulnerando el debido proceso en su elemento de celeridad. En ese contexto, debe puntualizarse, que el Juez demandado en su calidad de director del proceso, y; por sus deberes específicos en razón de la materia, tenía la obligación de efectuar el seguimiento al cumplimiento de sus determinaciones; el incumplimiento de este deber permitió que se provoque una dilación e indebida respecto a la remisión del expediente del proceso penal al Juez o Tribunal competente, a efecto que se pueda continuar con la tramitación de la causa, vulnerando el debido proceso en su elemento del principio de celeridad; por lo que, con relación al Juez demandado, corresponde conceder la tutela en la modalidad de acción de libertad traslativa o de pronto despacho. Por último, corresponde señalar que, si bien en la acción de libertad se identificó como única autoridad demandada a René Eduardo Foronda Escobar, Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia Hacia la Mujer Tercero de El Alto de departamento de La Paz, constando que, el Auto de admisión de 20 de septiembre de 2022 (fs. 4), fue expedido únicamente respecto a dicha autoridad; por el principio de informalismo y la flexibilización de la legitimación pasiva, es posible considerar las actuaciones indebidas de todos los responsables de la dilación, a efecto de una mejor comprensión de los justiciables; siendo plenamente viable, ingresar de manera excepcional al análisis fondo de una acción de libertad, pese a no haber sido dirigida contra la persona o autoridad que ostenta dicha legitimación, en los supuestos en los que los jueces o tribunales de garantías y el Tribunal Constitucional Plurinacional, constaten la evidente vulneración de los derechos de la parte accionante. En ese orden, respecto al personal subalterno del referido juzgado, conforme se refirió en el Fundamento Jurídico III.3, las acciones de los funcionarios subalternos del Órgano Judicial, que pudieran ser objeto de demanda de acciones tutelares, y, consiguientemente, ser objeto de legitimación pasiva, la jurisprudencia constitucional estableció las condiciones para que dichos funcionarios asuman legitimación pasiva, encontrándose entre dichos supuestos la vulneración de los derechos tutelados a través de las acciones de defensa que emerjan de un evidente incumplimiento o desconocimiento de las funciones y obligaciones conferidas a estos. En el caso presente, se advierte que la Secretaria del juzgado, en el marco de sus obligaciones, no cumplió con las mismas conforme a lo señalado en el art. 56.6 y 9 del CPP; toda vez que, omitió cumplir con la remisión del cuaderno de control jurisdiccional al Juez o Tribunal de Sentencia competente, ordenada por el Juez por decreto de 25 de agosto de 2022, así como realizar la debida coordinación para el sorteo del proceso penal referido, en estricta observancia de sus funciones, impidiendo materializar de manera pronta y oportuna la situación jurídica del accionante privado de libertad, para la continuidad del proceso en la instancia procesal competente, causando dilación indebida en la tramitación del referido proceso. Por lo que, igualmente concierne conceder la tutela en cuanto a dicha funcionaria, sin responsabilidad, al no haber sido identificada como parte demandada en la acción de defensa. En consecuencia, la Jueza de garantías, al haber denegado la tutela respecto a la indebida detención preventiva y falta de pronunciamiento respecto de la solicitud de procedimiento abreviado; y, haber concedido la misma, sobre la vulneración al debido proceso en su elemento de celeridad, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución AL-07/2022, de 21 de septiembre, cursante de fs. 24 a 26, pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Noveno de El Alto del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1º CONCEDER en parte la tutela, únicamente en relación a la vulneración al debido proceso en su elemento de celeridad; en los mismos términos y alcances a los dispuestos por la Jueza de garantías, con la única modificación que la concesión de tutela alcanza a René Eduardo Foronda Escóbar, Juez Tercero de Instrucción Anticorrupción contra la Violencia hacia la Mujer y Jharmila Yara Zotez Lara, Secretaria del mismo despacho judicial. y, 2º DENEGAR la tutela respecto a la indebida detención preventiva y falta de pronunciamiento respecto de la solicitud de procedimiento abreviado, conforme a los Fundamentos Jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional.
Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia
MAGISTRADA
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
6 El FJ III.2, indica: “…son los jueces los funcionarios que ejercen esa jurisdicción, entre tanto que los secretarios, actuarios y oficiales de diligencias, no tienen facultades jurisdiccionales sino que están obligados a cumplir las órdenes o instrucciones del Juez, emergentes de sus decisiones, por lo que no tienen legitimación pasiva para ser demandados por cuanto no son los que asumen determinaciones de orden jurisdiccional dentro de los procesos, salvo que incurrieran en excesos contrariando o alterando esas determinaciones de la autoridad judicial”.
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0180_2025-S3.pdf · páginas 1 a 15.
Huella digital del PDF (SHA-256): 27c48d3626e45b900b492721505698c7c7f4d00bc2ae7e005549318e80977b1a
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