B.IA.LEGAL

SCP 0180/2025-S2

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Segunda · 1 de abril de 2025

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Segunda
Fecha
1 de abril de 2025
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrado relator
Boris Wilson Arias López
Expediente
53779-2023-108-AAC
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

La cooperativa accionante, a través de su representante, denuncia la lesión de sus derechos a la tutela judicial efectiva, acceso a la justicia; y, al debido proceso en sus componentes fundamentación, motivación y, errónea interpretación de la legalidad ordinaria; así como, los principios de legalidad y seguridad jurídica, toda vez que, los Vocales demandados, mediante Auto de Vista 103/2022, confirmaron la improponibilidad de su demanda de mejor derecho propietario y usucapión, dispuesta por el Juez codemandado a través de Auto de 25 de noviembre de 2021, sin considerar lo que demandó en el proceso civil, toda vez que: 1) La demanda no pretendía la declaración del mejor derecho propietario a su favor, sino que, solicitaba se defina el mismo entre la empresa Hogares Bolivianos S.A., el GAM de La Paz y el Jockey Club La Paz S.A., a efectos de que, una vez identificado el verdadero titular, se pueda declarar la usucapión correspondiente; 2) La usucapión fue promovida en la modalidad de desafectación de la calidad de bien público atribuida al inmueble que pretende usucapir conforme al AS 472/2016 de 12 de mayo; y, 3) El proceso ordinario de nulidad de venta iniciado por Jockey Club La Paz S.A. […]

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 003/2023 de 6 de enero, cursante de fs. 473 a 477, pronunciada por la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, en consecuencia DENEGAR la tutela solicitada, conforme a los Fundamentos Jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Fundamentación y motivación de la resolución que resuelve la improponibilidad de la demanda
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0180/2025-S2 Sucre, 1 de abril de 2025 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de amparo constitucional Expediente: 53779-2023-108-AAC Departamento: La Paz En revisión la Resolución 003/2023 de 6 de enero, cursante de fs. 473 a 477, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Miguel Antonio Quiroga Mattos, Presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa Educacional Colegio Loretto Limitada (CECOL Ltda.) contra Fanny Coaquira Rodríguez e Iván Edgar Ordóñez Quijarro, ambos Vocales de la Sala Civil Quinta del Tribunal Departamental de Justicia; y, José Luis Sanjinés Mamani, Juez Público Civil y Comercial Vigesimotercero de la Capital, todos del departamento de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memoriales presentados el 29 de septiembre y 11 de noviembre, ambos de 2022, cursantes a fs. 1, 410 a 421; y, 430 a 435, la cooperativa accionante, a través de su representante, manifiesta lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Mediante Escritura Pública 124/69 de 11 de marzo, la Alcaldía Municipal de La Paz, en su calidad de titular de un terreno en “aires de río” ubicado en la urbanización San Miguel, cedió su uso por tiempo indefinido en favor de la empresa Hogares Bolivianos Sociedad Anónima (S.A.), con el propósito que, en dicho predio se construyera una unidad educativa; sin embargo, al no mantener dicha empresa la educación dentro de su objeto social, instó a CECOL Ltda. -ahora accionante- a tomar posesión de sus predios y dar cumplimiento al fin previsto. En consecuencia, desde el año 1977, la cooperativa impetrante de tutela se encuentra en posesión pacifica, pública, continua e ininterrumpida del predio, en el cual funciona el Colegio Loretto, ejerciéndola de buena fe y con intención de adquirir el derecho propietario. Por otra parte, Jockey Club La Paz S.A., entidad que vendió los terrenos donde se encuentra actualmente la urbanización San Miguel a favor de la empresa Hogares Bolivianos S.A. -de la cual, además, era uno de sus principales accionistas-, pretende apropiarse del predio en cuestión, aprovechando la transferencia efectuada por la Alcaldía Municipal de La Paz en beneficio de la Asociación de Propietarios de San Miguel, pese a que, dicha empresa desapareció tras un desfalco relacionado con la construcción de dicha urbanización. En ese contexto, Jockey Club La Paz S.A. inició un proceso ordinario de nulidad de venta de terreno y reivindicación contra la Alcaldía Municipal de La Paz y la referida Asociación de Propietarios, omitiendo incluir en la demanda a la cooperativa peticionante de tutela, a pesar de conocer su posesión consolidada sobre el inmueble. Dicho proceso fue tramitado ante el Juzgado de Partido en lo Civil y Comercial Primero de la Capital del departamento de La Paz, culminando con la Sentencia 367/88 de 1 de diciembre de 1988, que únicamente declaró la nulidad de la mencionada venta. No obstante, esta sentencia fue inscrita ante la oficina de Derechos Reales (DD.RR.) como si se tratara de un mejor derecho propietario, mediante la subinscripción en una partida distinta. Ante dicho suceso, como poseedora de buena fe, la cooperativa accionante promovió demanda de usucapión decenal contra la Empresa Hogares Bolivianos S.A., el Gobierno Autónomo Municipal (GAM) de La Paz y el Jockey Club La Paz S.A., al ostentar las referidas entidades derechos propietarios inscritos sobre el mismo terreno, es así que, la causa fue radicada ante José Luis Sanjinés Mamani, Juez Público Civil y Comercial Vigesimotercero de la Capital del departamento de La Paz -hoy codemandado-, quien bajo el argumento de que, previamente a “declararse” la usucapión, debía resolverse el conflicto sobre el mejor derecho propietario entre las tres entidades demandadas. Presentada y subsanada la demanda en esos términos, el Juez codemandado emitió el Auto de 25 de noviembre de 2021, declarando su improponibilidad. Contra dicha determinación, la cooperativa impetrante de tutela formuló recurso de apelación, que obtuvo como respuesta el Auto de Vista 103/2022 de 31 de marzo, emitido por Fanny Coaquira Rodríguez e Iván Edgar Ordoñez Quijarro, Vocales de Sala Civil Quinta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz -hoy demandados-, mediante el cual se confirmó la decisión del Juez a quo, argumentando lo siguiente: a) Al no contar con derecho propietario inscrito en DD.RR. sobre el inmueble objeto del litigio, la cooperativa ahora impetrante de tutela carecería de legitimación activa; b) La usucapión resulta improcedente respecto a bienes de dominio público; c) Jockey Club La Paz S.A. ostentaría la titularidad del bien inmueble en virtud de un proceso ordinario anterior, cuya sentencia tendría autoridad de cosa juzgada; por lo que, no corresponde su revisión; y, d) No se habría precisado la situación registral actual del inmueble, ni señalado la matrícula que debía ser cancelada como consecuencia de la usucapión.

Es decir que, la inadmisión de la demanda presentada por la cooperativa accionante, fue determinada por falta de legitimación al carecer de título propietario; por la imposibilidad de usucapir bienes de dominio público; y, por existir cosa juzgada; fundamentos falsos que denotan que el Auto de 25 de noviembre de 2021 y el Auto de Vista 103/2022, suprimieron derechos y garantías reconocidos en la Norma Suprema, ya que, no consideraron lo demandado en el proceso civil por los siguientes motivos: 1) La demanda no pretendía la declaración de mejor derecho propietario de la cooperativa impetrante de tutela, sino que, solicitaba se defina el mejor derecho entre la empresa Hogares Bolivianos S.A., el GAM de La Paz y el Jockey Club La Paz S.A., a efectos de que, una vez identificado el verdadero titular, se pueda declarar la usucapión; 2) La usucapión fue promovida en la modalidad de desafectación de la calidad de bien público atribuida al inmueble que pretendían usucapir, conforme al AS 472/2016 de 12 de mayo, debido a que el precitado municipio cedió el mismo “…con destino a la construcción de una escuela…” (sic), y; 3) Al declararse la cosa juzgada en favor de uno de los demandados -Jockey Club La Paz S.A.- los Vocales y el Juez demandados están negando el derecho de propiedad de los demandados del proceso civil sin que exista juicio contradictorio; y, si bien la Sentencia 367/88, refiere que “…el terreno se encuentra en posesión del Colegio Loretto no tiene ni se le puede reconocer una virtualidad suficiente para que con base en ella se pueda declararse la existencia de cosa juzgada…” (sic); en ese entendido, el proceso ordinario de nulidad de venta iniciado por el Jockey Club La Paz S.A. contra el precitado ente edil y la Asociación de Propietarios de San Miguel tenía un objeto procesal distinto a la declaración de mejor derecho; por lo que, no resulta oponible ni vinculante respecto a la acción de usucapión planteada.

I.1.2. Derechos y principio supuestamente vulnerados

La cooperativa accionante, a través de su representante, denuncia la lesión de sus derechos a la tutela judicial efectiva, acceso a la justicia; y, al debido proceso en sus componentes fundamentación, motivación e interpretación de la legalidad ordinaria; así como, los principios de legalidad y seguridad jurídica, citando al efecto los arts. 115, 117.I, 119; y, 120.I, 178.I y 180.I de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela impetrada; y, en consecuencia se disponga: i) Dejar sin efecto el Auto de Vista 103/2022, emitido por los Vocales demandados; y, ii) Emitir una nueva determinación que anule la decisión de primera instancia, disponiendo la admisión de la demanda de usucapión y mejor derecho de propiedad.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia pública virtual el 6 de enero 2023, según consta en el acta cursante de fs. 469 a 472 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

La cooperativa accionante, a través de su abogado, ratificó in extenso los argumentos expuestos en su memorial de acción de amparo constitucional; y, ampliando en audiencia y respondiendo a las preguntas formuladas por la Sala Constitucional, manifestó lo siguiente: a) El supuesto derecho propietario de Jockey Club La Paz S.A. se originó en una Sentencia dictada dentro de un juicio de nulidad, cuya versión fue falseada en el testimonio correspondiente, permitiendo su inscripción ante el registro de DD.RR. como si se tratara de un título de mejor derecho de propiedad, situación que no genera efectos de cosa juzgada, puesto que, en el mismo no participaron la empresa Hogares Bolivianos S.A., el GAM de La Paz ni la cooperativa accionante; b) La demanda de usucapión se dirigió contra la empresa Hogares Bolivianos S.A., titular registral desde 1973, y contra el GAM de La Paz, cuyo título data de 1976, debido a que se trataría de terrenos considerados como “aires de río” que fueron cedidos; c) La solicitud de declaración de mejor derecho a favor de la precitada empresa forma parte de la pretensión principal, en relación con los títulos inscritos en 1998; y, d) Dado que existen otros supuestos propietarios en disputa, antes de declarar la usucapión sobre el terreno, es necesario definir previamente cuál de los títulos ostenta el mejor derecho propietario.

I.2.2. Informe de la parte demandada

Fanny Coaquira Rodríguez e Iván Edgar Ordóñez Quijarro, Vocales de la Sala Civil Quinta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, por informe escrito, cursante de fs. 438 a 441, señalaron que: 1) La acción de amparo constitucional tutela derechos fundamentales, por lo que, no protege los principios de legalidad y seguridad jurídica invocados por la cooperativa accionante; 2) El Auto de Vista 103/2022 fue emitido con la debida fundamentación, motivación y congruencia, en estricto apego a lo dispuesto por el art. 203 de la CPE y el art. 15 del Código Procesal Constitucional (CPCo) ya que la demanda no fue dirigida contra el último propietario del bien que se pretende usucapir, de ahí su imprescriptibilidad; y, 3) Se cumplió con el derecho a la tutela, ya que, se respondió a cada uno de los agravios planteados en el memorial de apelación del prenombrado, no habiéndose vulnerado ningún derecho constitucional. José Luis Sanjinés Mamani, Juez Público Civil y Comercial Vigesimotercero de la Capital del departamento de La Paz, no presentó informe escrito alguno ni asistió a la audiencia de garantías, pese a su notificación cursante a fs. 437 y 468.

I.2.3. Resolución

La Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, por Resolución 003/2023 de 6 de enero, cursante de fs. 473 a 477, denegó la tutela solicitada, con base en los siguientes fundamentos: i) La improponibilidad de la demanda -conforme el art. 113.II del Código Procesal Civil (CPC)-, constituye un rechazo a la demanda, quedando abierta su apelación de acuerdo a los arts. 256, 257.I, 259.I y 260.I de la citada normativa, siendo un acto que corta todo procedimiento ulterior; y, ii) En el presente caso, se emitió un Auto Interlocutorio de carácter definitivo que puede ser apelado en el efecto suspensivo conforme a la norma procesal; además, por constituirse en un auto definitivo, admite su impugnación mediante recurso de casación, por lo que, el circuito de recursos en sede ordinaria no fue agotado por la cooperativa accionante, impidiendo ingresar al análisis de fondo de la problemática.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Por memorial presentado el 6 de abril de “2020” -lo correcto es 2021 de aquí en adelante-, Miguel Antonio Quiroga Mattos, Presidente de CECOL Ltda. -ahora accionante- presentó demanda de usucapión y acción de mejor derecho de propiedad de bien inmueble de -, contra la empresa Hogares Bolivianos S.A., el GAM de La Paz, y el Jockey Club S.A., ante el Juzgado Público Civil y Comercial Vigesimotercero de la Capital del departamento de La Paz (fs. 233 a 250 vta.). II.2. Mediante Auto de 25 de noviembre de 2021, José Luis Sanjinés Mamani, Juez Publico Civil y Comercial Vigesimotercero de la Capital del departamento de La Paz -ahora codemandado-, declaró improponible la demanda de mejor derecho propietario y de usucapión presentada por la cooperativa accionante (fs. 347 a 348). II.3. A través de memorial presentado el 13 de enero de 2022, la cooperativa impetrante de tutela interpuso recurso de apelación contra el Auto de 25 de noviembre de 2021, con los siguientes argumentos: a) Se definió la dirección para la procedencia de la demanda de usucapión y la necesidad previa de declarar el mejor derecho propietario de los demandados; b) Se argumentó la usucapión bajo el régimen de desafectación de la calidad e bien público; y, c) No existe cosa juzgada por causa del proceso de nulidad de escritura pública de la venta del terreno objeto de la litis (fs. 352 a 359). II.4. Por Auto de Vista 103/2022 de 31 de marzo, Fanny Coaquira Rodríguez e Iván Edgar Ordóñez Quijarro, ambos Vocales de Sala Civil Quinta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz -ahora demandados-, confirmaron el Auto de 25 de noviembre 2021 (fs. 388 a 391).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La cooperativa accionante, a través de su representante, denuncia la lesión de sus derechos a la tutela judicial efectiva, acceso a la justicia; y, al debido proceso en sus componentes fundamentación, motivación y, errónea interpretación de la legalidad ordinaria; así como, los principios de legalidad y seguridad jurídica, toda vez que, los Vocales demandados, mediante Auto de Vista 103/2022, confirmaron la improponibilidad de su demanda de mejor derecho propietario y usucapión, dispuesta por el Juez codemandado a través de Auto de 25 de noviembre de 2021, sin considerar lo que demandó en el proceso civil, toda vez que: 1) La demanda no pretendía la declaración del mejor derecho propietario a su favor, sino que, solicitaba se defina el mismo entre la empresa Hogares Bolivianos S.A., el GAM de La Paz y el Jockey Club La Paz S.A., a efectos de que, una vez identificado el verdadero titular, se pueda declarar la usucapión correspondiente; 2) La usucapión fue promovida en la modalidad de desafectación de la calidad de bien público atribuida al inmueble que pretende usucapir conforme al AS 472/2016 de 12 de mayo; y, 3) El proceso ordinario de nulidad de venta iniciado por Jockey Club La Paz S.A. contra el precitado ente edil y la Asociación de Propietarios de San Miguel tenía un objeto procesal distinto; por lo que, no resulta oponible ni vinculante respecto a la demanda de usucapión planteada. Ante ello, los Vocales demandados manifiestan que el Auto de Vista 103/2022, cumple con dar respuesta a todos los agravios contenidos en el recurso de apelación; así como a la debida fundamentación y motivación. Por su parte, el Juez codemandado, no presentó informe escrito alguno ni participó en la audiencia de garantías pese a su notificación. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. Fundamentación y motivación de la resolución que resuelve la improponibilidad de la demanda

En lo que respecta a los elementos de fundamentación y motivación, los cuales se encuentran directamente vinculados a las resoluciones emitidas por los operadores de justicia, la jurisprudencia constitucional ha desarrollado criterios relevantes. En ese sentido, la SCP 1037/2023-S1 de 1 de septiembre, refiere que: “…la SCP 1414/2013 de 16 de agosto, en su Fundamento Jurídico III.4, efectuó una precisión y distinción a ser comprendidos como elementos interdependientes del debido proceso, reflexionando que, la fundamentación es la obligación de la autoridad competente a citar los preceptos legales sustantivos y adjetivos, en los cuales se apoya la determinación adoptada, mientras que, la motivación, se refiere a la expresión de los razonamientos lógico-jurídicos sobre el porqué el caso se ajusta a la premisa normativa” (las negrillas y el subrayado corresponden al texto original).

Ahora bien, considerando que la improponibilidad constituye una manifestación de la potestad jurisdiccional para rechazar pretensiones que, de manera manifiesta, contravienen el orden jurídico y no requieren mayor sustanciación, su aplicación debe ser racionalizada. Por tanto, de manera general, su declaración debe observar los siguientes criterios: i) Al tratarse de una medida excepcional, no puede fundamentarse en deficiencias formales, tales como la falta de coherencia u oscuridad en la exposición de los hechos, en la invocación del derecho, en la formulación del petitorio, en el ofrecimiento de prueba u otras formas de incoherencia o contradicción. En tales supuestos, lo que corresponde es disponer la aclaración o subsanación de la demanda, y no su rechazo liminar. ii) La fundamentación no puede limitarse a una simple cita de la norma que faculta la declaración de improponibilidad. Por el contrario, exige un análisis de la pretensión, a fin de demostrar su manifiesta inviabilidad a partir de la normativa material que la regula. Ello, en atención a que la improponibilidad produce efectos jurídicos equivalentes de una sentencia que rechaza la pretensión de fondo y, por tanto, es susceptible de adquirir calidad de cosa juzgada.

iii) En caso de que la demanda contenga una pluralidad de pretensiones, la Resolución debe ofrecer una fundamentación específica y diferenciada respecto a cada una de ellas, señalando de manera expresa -con base en normas sustantivas- por qué resultan, ineludiblemente contrarias al orden jurídico. Además, la mera acumulación indebida de pretensiones no constituye, por sí sola, causal suficiente para declarar la improponibilidad de la demanda.

III.2. Análisis del caso concreto

Previo al análisis de fondo del caso, corresponde precisar que, en aplicación del principio de subsidiariedad, únicamente se analizará la decisión emitida por el Tribunal de apelación, en la medida en que, conforme a la normativa que rige la materia, dicho tribunal tenía el deber de revisar lo resuelto por el juez de primera instancia y, en ejercicio de su competencia, podía confirmar o revocar la decisión emitida por el juez codemandado. Ante lo expuesto, y con el propósito de determinar si el Auto de Vista 103/2022 de 31 de marzo -que confirmó la improponibilidad de la demanda- cumple con la debida fundamentación, corresponde verificar los agravios planteados en el recurso de apelación y contrastarlos con los puntos resueltos por los Vocales demandados, con base de los argumentos formulados en la presente acción tutelar; en ese sentido, se tiene lo siguiente: La cooperativa accionante mediante su demanda de usucapión y acción de mejor derecho de propiedad (Conclusión II.1), sostuvo que su posesión sobre el predio ubicado en la urbanización San Miguel desde 1977 le otorga legitimación para promover la usucapión. Asimismo, señaló que dirigió su demanda contra la empresa Hogares Bolivianos S.A., el GAM de La Paz, y el Jockey Club La Paz S.A., debido a que, estas entidades ostentan títulos de propiedad sobre el bien inmueble objeto del proceso antes descrito con registros distintos. En ese marco, planteó que, previo a la declaración de usucapión, debía resolverse el mejor derecho propietario entre los prenombrados, aclarando que no solicitó que se declare su propio mejor derecho, sino que, se identifique cuál de estos ostenta derecho propietario legítimo. Ante dicha pretensión, mediante decreto de 26 de septiembre de 2021, José Luis Sanjinés Mamani, Juez Público Civil y Comercial Vigesimotercero de la Capital del departamento de La Paz -codemandado-, observó la demanda señalando -entre otros aspectos- lo siguiente: “…Aclare quién es el o los titulares del bien inmueble que refiere adjuntando informe de la Oficina de Derechos Reales que acredite ese extremo. Sobre tal prueba extrañada, es menester que la parte actora tenga presente que la demanda de usucapión, debe dirigirse contra el último propietario registrado en Derechos Reales, requisito sine qua non para demostrar la legitimación pasiva en procesos de usucapión como señala el Auto Supremo No. 386/2016 de 19 de abril 2016 de la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia” (sic). Frente a dicha observación, la cooperativa impetrante de tutela alegó desconocer la titularidad actual del derecho propietario del inmueble, razón por la cual, solicitó que previamente se determine el mejor derecho de propiedad entre la empresa Hogares Bolivianos S.A., el GAM de La Paz y el Jockey Club La Paz S.A., lo que derivó en la emisión del Auto de 25 de noviembre de 2021, por el cual, el Juez demandado, declaró improponible la demanda (Conclusión II.2); determinación que fue apelada por memorial presentado el 13 de enero de 2022, invocando agravios que también son reclamados en la presente acción tutelar (Conclusión II.3); en virtud del cual, por Auto de Vista 103/2022, Fanny Coaquira Rodríguez e Iván Edgar Ordoñez Quijarro, ambos Vocales de Sala Civil Quinta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz -demandados- confirmaron tal decisión (Conclusión II.4).

Ahora bien, en la demanda de amparo constitucional, la cooperativa peticionante de tutela invoca tres aspectos esenciales que, a su juicio, fueron omitidos por los Vocales demandados al emitir el Auto de Vista 103/2022, es así que: a) Le reprocharon no tener derecho propietario sobre el bien objeto del proceso y, por tanto, carecer de legitimación para plantear una acción de mejor derecho; sin embargo, la cooperativa accionante aclaró que no solicitó que se declare su propio mejor derecho, sino que, se determine cuál de los demandados, del proceso civil que instauró, ostenta el derecho propietario, como paso previo a la usucapión; b) Consideraron que no es posible usucapir bienes de dominio público; no obstante, invocaron expresamente el régimen de desafectación respecto del bien registrado a nombre del GAM de La Paz conforme al AS 472/2016 de 12 de mayo, lo que -según refiere- habilitaría su usucapión; y, c) Sostuvieron que existe una sentencia con calidad de cosa juzgada dentro del proceso de nulidad de venta promovido por Jockey Club La Paz S.A. contra el GAM de La Paz y la Asociación de Propietarios de San Miguel; sin embargo, dicho proceso tiene un objeto procesal distinto, por lo que, no puede oponérsele como cosa juzgada. En lo que concierne al primer argumento, debe señalarse que el mismo resulta determinante, ya que, los dos restantes dependen de aquel; toda vez que, si la demanda de usucapión debe dirigirse necesariamente contra el titular registral, y la cooperativa impetrante de tutela -como demandante de dicho proceso civil- alega desconocer quién ostenta ese derecho, entonces las consideraciones sobre la existencia de cosa juzgada o la calidad de bien público son irrelevantes o carecen de efecto práctico en tanto no se resuelva previamente la legitimación pasiva en el proceso de usucapión. En efecto, los Vocales demandados, al confirmar la decisión de improponibilidad, invocaron el AS 262/2011 de 25 de agosto, señalando expresamente que: “…la pretensión de usucapión debe estar dirigida en contra del titular del derecho de propiedad a ser usucapido…” (sic). Es decir, respondieron al agravio desde el derecho sustantivo, concluyendo que, la demanda de usucapión debe dirigirse contra del titular del derecho propietario. En el caso concreto, la demanda fue interpuesta contra la empresa Hogares Bolivianos S.A., el GAM de La Paz y Jockey Club S.A. En ese contexto, las autoridades hoy demandadas argumentaron que el actor no puede interponer una acción de mejor derecho propietario a nombre de terceras personas, y que, al no haber identificado de forma clara al propietario del bien inmueble cuya usucapión se pretende, la demanda resultaba improponible, salvo que se modifiquen las circunstancias. En ese entendido, el Auto de Vista cuestionado cuenta con suficiente fundamentación, siendo coherente con el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, dado que, el examen de la legitimación pasiva por los Vocales demandados, implica un análisis de la pretensión misma, a efecto de establecer la improponibilidad de la demanda. Respecto al segundo argumento, basado en el AS 472/2016 de 12 de mayo, por el que, la cooperativa peticionante de tutela sostiene que, si bien su demanda de usucapión fue dirigida contra el GAM de La Paz, correspondía considerar que el bien había adquirido la condición de dominio privado bajo el régimen de desafectación; con relación a ello, resulta evidente que este agravio no fue expresamente abordado en el Auto de Vista impugnado; sin embargo, tal omisión carece de relevancia constitucional al depender del primer argumento analizado ut supra, en la medida en que, conforme a la jurisprudencia constitucional sentada por la SC 1262/2004-R de 10 de agosto, solo son tutelables aquellas lesiones al debido proceso -como la falta de fundamentación- cuando: “…esas lesiones tengan relevancia constitucional, es decir, que esa infracción procedimental de lugar a que la decisión impugnada tenga diferente resultado al que se hubiera dado de no haberse incurrido en los errores o defectos denunciados”. En cuanto al tercer argumento, referido a la inexistencia de cosa juzgada derivada del proceso de nulidad de venta promovido por el Jockey Club La Paz S.A. contra el GAM de La Paz y la Asociación de Propietarios de San Miguel, tramitado ante el Juzgado de Partido Civil y Comercial Primero de la Capital del departamento de La Paz, se advierte que, dichos cuestionamientos no desvirtúan el argumento central: que el actor no puede plantear una acción de mejor derecho propietario a nombre de terceros, con la finalidad de que, una vez determinado ese extremo, se declare la usucapión. Por consiguiente, al haberse emitido una resolución fundamentada y motivada, no se puede concluir que exista vulneración a la tutela judicial efectiva invocada por la cooperativa accionante, tampoco a los principios de legalidad y seguridad jurídica, por lo que, corresponde denegar la tutela. En consecuencia, la Sala Constitucional, al denegar la tutela impetrada, obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 003/2023 de 6 de enero, cursante de fs. 473 a 477, pronunciada por la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, en consecuencia DENEGAR la tutela solicitada, conforme a los Fundamentos Jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Boris Wilson Arias López

MAGISTRADO

Fdo. Karem Lorena Gallardo Sejas

MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0180_2025-S2.pdf · páginas 1 a 11.

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