B.IA.LEGAL

SCP 0180/2024-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 5 de junio de 2024

Concede en parte la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera
Fecha
5 de junio de 2024
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
Expediente
63648-2024-128-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

La parte accionante, denuncia la vulneración de sus derechos a la vida, al debido proceso en sus elementos de motivación y congruencia vinculado al interés superior de las niñas, niños y adolescentes; toda vez que, la autoridad judicial demandada, por Auto Interlocutorio de 9 de abril de 2024, rechazó el recurso de reposición interpuesto por la ahora accionante, manteniendo firme el proveído de 3 de igual mes y año, que dejó en suspenso el mandamiento de captura ordenado por Resolución de 1 del referido mes y año; lo cual, incumple la debida diligencia como obligación del Estado de sancionar los hechos de violencia cometidos contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes, ya que el acusado se encuentra con sentencia condenatoria ejecutoriada y tiene otro proceso penal en etapa de juicio oral, situación que pone en peligro su vida y la de su entorno familiar. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela impetrada; para el efecto, se analizará lo siguiente: a) La obligación de sancionar la violencia en razón de género y la Ley 348; a.1) Norma aplicable; b) Las medidas de reparación a la víctima; c) La protección de los derechos de la víctima en casos de violencia en razón de género, en el marco de un enfoque integral del problema jurídico: c.1) El equilibrio entre los derechos de la víctima y del imputado en el Estado Constitucional y su análisis en las acciones de defensa; c.2) El derecho de las mujeres a vivir libres de violencia y discriminación; y, el consiguiente deber del Estado y la sociedad …

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 07/2024, de 12 de abril, cursante de fs. 489 a 494, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Sexto de El Alto del departamento de La Paz; y en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada respecto a la vulneración de los derechos al debido proceso en su vertiente de motivación y congruencia, a la tutela judicial efectiva, vinculado al derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y el interés superior de las niñas, niños y adolescentes, conforme a los fundamentos jurídicos desarrollados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; y, 2° Disponer dejar sin efecto el Auto de 9 de abril de 2024 y Proveído de 3 de igual mes y año, emitidos por el Juez de Sentencia contra la Violencia Hacia la Mujer y Ejecución Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz; ordenando la emisión de un nuevo Auto interlocutorio cumpliendo el deber del Estado de actuar con la debida diligencia, que incumbe la obligación de sancionar los hechos de violencia contra las mujeres, en el plazo ordenado por el Juez de garantías; y, 3° DENEGAR la tutela impetrada respecto al derecho a la vida, conforme a lo desarrollado en los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La obligación de sancionar la violencia en razón de género y la Ley
  2. III.2. Las medidas de reparación a la víctima
  3. III.3. La protección de los derechos de la víctima en casos de violencia en razón de género, en el marco de un enfoque integral del problema jurídico
  4. III.4. Análisis del caso concreto

¿Tenés un caso parecido?

B.IA.Legal lee esta sentencia junto con tu expediente, te dice en qué te sirve y te ayuda a redactar el memorial con la cita exacta, sacada del texto del Tribunal.

Probá 6 consultas gratis con registro y foto en tiempo real, y tu matrícula del RPA

¿No sos abogado? Hacé tu consulta legal gratis →

Texto completo

Texto tal como la publicó el Tribunal Constitucional Plurinacional, leído de su PDF oficial. Se sacaron solo los números de página.

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0180/2024-S1 Sucre, 5 de junio de 2024 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de libertad Expediente: 63648-2024-128-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 07/2024, de 12 de abril, cursante de fs. 489 a 494, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Katty Melania Dorado Mollo por sí y en representación sin mandato de sus hijos menores de edad AA, BB y CC contra Gonzalo Enrique Montaño Durán, Juez de Sentencia contra la Violencia Hacia la Mujer y Ejecución Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 11 de abril de 2024, cursante de fs. 273 a 298, la parte accionante, manifestó los siguientes argumentos de hecho y derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro el fenecido proceso penal seguido por el Ministerio Público a instancia de Katty Melania Dorado Mollo -ahora accionante- contra Abraham Aliaga Quisbert por la comisión del delito de violencia familiar o doméstica, previsto y sancionado por el art. 272 bis del Código Penal (CP), el Juez de Sentencia Penal Tercero de El Alto del departamento de La Paz emitió la Sentencia 31/2020 de 10 de julio, que condena al acusado a tres años de reclusión a cumplirse en el Centro Penitenciario de San Pedro del mismo departamento; decisión que, se ejecutorió mediante Auto Interlocutorio de 21 de febrero de 2024; remitiéndose antecedentes ante el Juez de Sentencia contra la Violencia Hacia la Mujer y Ejecución Penal Primero del mismo asiento judicial -ahora demandado- a efectos de la correspondiente ejecución de sentencia. Ante dicha remisión, la referida autoridad jurisdiccional pronunció el Auto Interlocutorio de 1 de abril de 2024, ordenando se libre mandamiento de captura en contra del sentenciado, a efecto de que sea conducido al aludido Centro Penitenciario; sin embargo, a través de la Nota Cite 511/2024 de 2 de abril, el Juez de Sentencia Penal Tercero de El Alto informó que se encuentra pendiente de celebración y resolución una audiencia de consideración de sanciones alternativas solicitada por el condenado. Ante dicho informe, el prenombrado Juez, por providencia de 3 de igual mes y año, determinó que “…hasta que se tenga las resultas de la aludida audiencia se deja en suspenso el mandamiento de captura ordenado mediante el Auto de fecha 1°. de abril de este año…” (sic). Dicha decisión judicial fue objeto de recurso de reposición por parte de su persona a través del memorial de 5 de abril de 2024 que fue rechazado por Auto Interlocutorio de 9 de igual mes y año; sin considerar que, la suspensión de la ejecución de la sentencia condenatoria amenaza su derecho a la vida y la de sus hijos, núcleo familiar que se encuentra en situación de violencia verificándose el incumplimiento el deber del Estado de ejecutar las sanciones impuestas, ya que no valoró los antecedentes de violencia sistemática ejercida en su contra, toda vez que el acusado no solo se encuentra sentenciado, sino que también tiene existe un otro proceso penal en etapa de juicio oral por violencia contra sus hijos. Por ello, señala que la autoridad judicial demandada está poniendo en peligro su vida y la de su entorno familiar, vulnerando flagrantemente el debido proceso en su elemento el derecho a la motivación y congruencia de las decisiones judiciales, atentando contra la situación de garante que tiene el Estado en relación a los actos de violencia contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes, pues favorece una ilegal suspensión del mandamiento de captura del condenado, que no goza de presunción de inocencia, sino de certeza por la comisión del delito violencia familiar o doméstica, al existir una sentencia condenatoria ejecutoriada en su contra.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

Denuncia la vulneración de sus derechos a la vida, al debido proceso en sus elementos de motivación y congruencia; y, “…el interés superior de las niñas, niños y adolescentes…” (sic); citando al efecto, los arts. 15.III, 60, 61 y 111 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitan se conceda la tutela restituyendo los derechos y garantías constitucionales de las víctimas -ahora accionantes- de forma inmediata, ordenando a la autoridad judicial demandada, a juzgar con perspectiva de género dejando sin efecto la providencia de 3 de abril de 2024 y Auto Interlocutorio de 9 de igual mes y año, ordenando la emisión del mandamiento de captura y ejecución en contra del condenado en el día aplicándose la debida diligencia como obligación del Estado para sancionar los delitos de violencia de género.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia pública de la presente acción de libertad, el 12 de abril de 2024, según consta en el acta cursante de fs. 478 a 488, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

La parte accionante, a través de su abogado, en audiencia ratificó los argumentos expuestos en su demanda tutelar y ampliándolos señaló que: a) El Auto de 9 de abril de 2024, rechazó el recurso de reposición afirmando que debe aplicarse el in dubio pro reo, debiendo estar a lo más favorable al sentenciado, manteniendo firme el proveído de 3 de igual mes y año; sin embargo, dicha decisión fue emitida sin valorar la prueba ofrecida junto al recurso de reposición, donde se demostró la existencia de otro proceso penal por el mismo delito, ya que el sentenciado volvió a incurrir en agresiones contra su esposa y sus hijos menores de edad, por lo que se hace notar que el Auto -de 9 de abril de 2024-, no tiene ningún tipo de análisis o valoración de ese bagaje probatorio, que demuestra que se encuentra en peligro el derecho a la vida y a vivir una vida libre de violencia de la ahora accionante y sus hijos menores de edad; b) En el presente caso no existe probabilidad de autoría, existe certeza sobre la comisión del delito por parte del acusado, lo que demuestra que la ahora accionante y sus representados menores de edad se encuentran en una situación de violencia comprobada, por la agresión física sufrida, ya que se tiene certificado médico forense de un día de impedimento para AA menor de edad, cuatro días de impedimento para BB y dos días de impedimento para CC menor de edad, además de informes psicológicos que determinaron estrés post traumático y depresión; c) Conforme a la jurisprudencia es posible tutelar derechos conexos que no se encuentran dentro del ámbito de protección de la acción de libertad, pero que si están vinculados a la protección de la niñez y adolescencia, así como de la mujer en situación de violencia, derechos conexos como el debido proceso en su elemento debida motivación y fundamentación de las decisiones judiciales, por incongruencia omisiva de valoración de los elementos presentados, ya que las víctimas -ahora accionantes- se encuentran en situación de violencia reiterada; d) El informe de la autoridad accionada refiere que suspendió el mandamiento de captura en aplicación de la SCP 0760/2014 de 15 de abril; sin embargo, la jurisprudencia invocada no es aplicable a la tramitación de la presente causa en ejecución de sentencia, porque fue emitida en un proceso penal ordinario por el delito de estafa y estelionato, por lo que no existe la aplicación análoga de la referida jurisprudencia, soslayando la aplicación del estándar más alto de protección de los derechos de las mujeres en situación de violencia y de menores de edad; en ese entendido, es inconcebible que la autoridad judicial accionada pueda suspender una sanción penal ejecutoriada como ocurre en el presente caso; y, e) La providencia que suspende la ejecución del mandamiento de captura no cuenta con la carga argumentativa correspondiente, desconociendo la SCP 721/2018 de 31 de octubre, que establece que en ningún caso los derechos del agresor pueden ser valorados judicialmente por encima de los derechos humanos de la mujer que sufrió violencia, por lo que solicita se conceda la tutela impetrada.

I.2.2. Informe de la autoridad demandada

Gonzalo Enrique Montaño Durán, Juez de Sentencia contra la Violencia Hacia la Mujer y Ejecución Penal Primero de la Ciudad de El Alto del departamento de La Paz, mediante informe escrito presentado el 4 de julio de 2022, cursante de fs. 474 a 475, señaló que: 1) En su condición de Juez de Ejecución Penal, actuó como garante de derechos de ambas partes, tanto de las víctimas -ahora accionantes- como del sentenciado, respondiendo oportunamente a las solicitudes, incluso de oficio con la finalidad de garantizar el cumplimiento de la Ley, al encontrarse el acusado con sentencia condenatoria ejecutoriada; 2) El 2 de abril de 2024, el Juzgado de Ejecución Penal Tercero de la ciudad de El Alto del departamento de La Paz, envió oficio señalando que se consideraría la aplicación de sanciones alternativas a favor del sentenciado; razón por la cual, el 3 de igual mes y año, se dispuso en aplicación del principios in dubio pro reo, favorabilidad, progresividad y pro homine, la suspensión del mandamiento de captura ordenado por Auto de 1 de igual mes y año; contra dicha determinación, la ahora accionante interpuso recurso de reposición, utilizando argumentos que no cursan en los datos del expediente, ya que no se dejó sin efecto el Auto que dispone el referido mandamiento, sino que se suspendió porque se encontraba en duda la acogida o negativa de la solicitud de aplicación de sanciones alternativas por el Juzgado de origen y mientras no se tenga esa decisión no podía emitir el mandamiento de captura; 3) Conforme a la SCP 0760/2014 de 15 de abril, surge la obligación constitucional de no emitir el mandamiento de captura, ya que se encuentra pendiente la audiencia de consideración de aplicación de sanciones alternativas a favor del sentenciado, que no se instaló en el Juzgado de origen por la inasistencia del abogado de la ahora accionante; siendo en consecuencia, ella misma la que causó la falta de certeza sobre la aplicación de sanciones alternativas e impide la emisión del mandamiento de captura, ya que existe duda en su aplicación y esa situación beneficia al imputado ahora sentenciado; y, 4) En cuanto a la posible vulneración del derecho a la vida, los accionantes sostienen que esta acción tutelar sería la única vía para su tutela y protección; sin embargo, no debe olvidarse que el caso que motivó la presente acción tutelar, trata de violencia de género, pudiendo aplicarse medidas de protección, tanto a favor de la víctima como de su grupo familiar, por lo que cualquier situación que implique su vulneración debe ser puesta en conocimiento del Ministerio Público y del Juzgado de origen, para que en uso de sus atribuciones, apliquen las sanciones que el caso amerite, si la defensa técnica no actúa así, sencillamente es una omisión del mimos que no se puede atribuir a la autoridad judicial ahora accionada.

I.2.3. Resolución

El Juez de Sentencia Penal Sexto de El Alto del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, mediante la Resolución 07/2024, de 12 de abril, cursante de fs. 489 a 494, concedió en parte la tutela solicitada contra el Juez de Sentencia contra la Violencia Hacia la Mujer y Ejecución Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz -ahora accionado-, disponiendo que actúe en base a la normativa especial y la perspectiva de género así como el bloque de constitucionalidad que integran los Tratados y Convenios Internacionales en materia especializada, donde se identifican derechos de mujeres en situación de violencia; en consecuencia, se deja sin efecto el proveído de 3 de abril de 2024, así como el Auto Interlocutorio de 9 de igual mes y año, disponiendo que en el plazo de cuarenta y ocho horas dicte nueva resolución bajo los parámetros efectuados en el fallo constitucional, materializando la debida diligencia y el ámbito de protección, en base a los siguientes fundamentos: i) El Juez de Ejecución Penal Tercero de la ciudad de El Alto del departamento de La Paz, puso en conocimiento del Juez ahora demandado, la solicitud de sanciones alternativas y que la misma estaría pendiente de resolución, con señalamiento de audiencia para el 3 de abril de 2024 a horas 09:30, por lo que la autoridad judicial ahora demandada, a través del proveído de la misma fecha, dejó en suspenso el mandamiento de captura; situación que, vulnera el debido proceso y a la seguridad jurídica; ii) La determinación del Juez demandado, se sustenta en que no se vulneró ningún derecho o garantía constitucional, ya que se aplicó la recomendación 35 de la CEDAW, así como el in dubio pro reo, en base a la jurisprudencia establecida por la SCP 0760/2014 de 15 de abril; sin embargo, esta jurisprudencia se encuentra vinculada a un caso ordinario, no así dentro de un caso especializado como el que se analiza, por lo que los alcances del art. 203 de la CPE no pueden ser aplicados conforme a lo establecido y sustentado en la presente causa, ya que el art. 5 y 47 de la Ley 348, establecen claramente la aplicación preferente de la Ley especial en relación a la aplicación de la normativa ordinaria; iii) La autoridad judicial demandada, sustenta su fundamentación en la SCP 0760/2014 de 15 de abril; sin embargo, la misma trata sobre el beneficio de la suspensión condicional de la pena, regulado por el art. 366 del CPP; en cambio, la presente causa se rige bajo los alcances del art. 76 de la Ley 348; en ese entendido, la jurisprudencia constitucional estableció el deber y la obligación de brindar a las mujeres la debida diligencia, teniendo el carácter de prioridad en la atención de este tipo de procesos, por lo referido, el proveído de 3 de abril de 2024 y Auto de 9 de igual mes y año, no se encuentra acordes a la normativa especial establecida por la Ley 348, así como el bloque de constitucionalidad que integra los Tratados y Convenios Internacionales, que establecen que toda autoridad sea judicial o administrativa debe atender con la debida diligencia las causas que se encuentran en su conocimiento, esencialmente los delitos vinculados a la referida Ley 348, en consecuencia se advierte la vulneración al debido proceso y la seguridad jurídica; iv) En cuanto al otro proceso penal iniciado contra el acusado, efectivamente corresponde aplicar el debido proceso, seguridad jurídica y presunción de inocencia, toda vez que se encuentra en pleno desarrollo de la audiencia de juicio oral, por lo que es impertinente su consideración y tramitación dentro de esta acción constitucional, hasta que se tenga una resolución con calidad de cosa juzgado, ya que el objeto de esta acción tutelar nace del cumplimiento de la ejecución de la condena en la cual se encuentra únicamente identificada la víctima hoy accionante; y, v) Por lo expuesto, se advierte la falta de motivación y sustento jurídico normativo especial por parte del Juez ahora demandado al emitir el proveído de 3 de abril de 2024 y Auto de 9 de igual mes y año, ya que no se atendió la causa con la debida diligencia y perspectiva de género reconocido por el Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género, aprobado por el Tribunal Supremo de Justicia; y, la Ley 348 regula la tramitación de las sanciones alternativas, pero las mismas deben ser tratadas por la autoridad competente; sin embargo, se reitera la aplicación preferente que tiene la Ley 348 bajo los alcances de los arts. 5 y 47 debiendo brindar la debida diligencia en el ámbito de protección de las víctimas.

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Mediante acuerdo jurisdiccional TCP-AJ-SP-005/2021 de 22 de julio, se dispuso la priorización en el sorteo de casos de niñas, niños y adolescentes a efectos de hacer efectiva su atención prioritaria y eficaz protección; en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de ese Tribunal, sin aguardar el orden cronológico respectivo, procedió al sorteo de la presente causa.

II. CONCLUSIONES

Del análisis y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establecen las siguientes conclusiones: II.1. Por Sentencia 31 /2020 de 10 de julio, con SIREJ 201608468E, el Juez de Sentencia Penal Tercero de El Alto del departamento de La Paz “FALLA declarando al acusado ABRAHAM ALIAGA QUISBERT, con C.I. No. 4987723 L.P., nacido el 13 de abril de 1978, de 42 años, de estado civil divorciado, de profesión abogado, (…) AUTOR Y CULPABLE de la comisión del delito de VIOLENCIA FAMILIAR O DOMÉSTICA, previsto y sancionado por el art. 272 bis num. 1) del Código Penal incorporado por la Ley 348, (…) se le condena a (…) una pena privativa de libertad de tres (3) años en reclusión que será cumplido en el Centro Penitenciario de San Pedro de La Paz” (sic); la misma que, por Auto de 21 de febrero de 2024, se establece “que de conformidad al art. 126 del Código de Procedimiento Penal, se declara la ejecutoria de la Sentencia No. 31/2020 de fecha 10 de julio” (sic [fs. 12 a 18 y 36 vta.]). II.2. Cursa Auto de 1 de abril de 2024, emitido por Gonzalo Enrique Montaño Durán, Juez de Sentencia contra la Violencia Hacia la Mujer y Ejecución Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz -autoridad judicial demandada-, por el que “…dispone se libre MANDAMIENTO DE CAPTURA en contra de ABRAHAM ALIAGA QUISBERT para que sea remitido al Recinto Penitenciario de San Pedro de la ciudad de La Paz para que cumplan la condena de 3 AÑOS DE RECLUSIÓN impuesta en la Sentencia No. 31/2020 en fecha 10 de julio de 2020, encomendando su ejecución a la FELCC” (sic [fs. 56]). II.3. Mediante Nota Cite 511/2024 de 2 de abril, el Juez de Sentencia Penal Tercero de El Alto del departamento de La Paz, puso en conocimiento a la autoridad judicial demandada, que mediante proveído de 25 de marzo de 2024, se dispuso “en atención a lo solicitado, se señala audiencia de consideración de aplicación de sanciones alternativas, para el día MIÉRCOLES 3 DE ABRIL DE 2024, a hrs. 09:30am.” (sic); asimismo, mediante proveído de 28 de marzo de 2024, señaló que “…de obrados se evidencia que el sentenciado Abraham Aliaga Quisbert solicitó a este juzgado la aplicación de sanciones alternativas a la privación de libertad señalándose audiencia para su consideración para el día miércoles 03 de abril del presente, por lo que ofíciese al Juzgado de ejecución a objeto de hacer conocer el extremo señalado.”(sic [fs. 60 y vta.]). II.4. Por proveído de 3 de abril de 2024, la autoridad judicial ahora demandada, señaló que “…le corresponde al Juzgado de Origen remitir a este despacho judicial las resultas de la audiencia de consideración de sanciones alternativas a fin que esta autoridad pueda disponer lo que enderecho corresponda. Mientras tanto y en consideración a que el principio IN DUBIO PRO REO es un componente sustancial del debido proceso por el que aquellas situaciones excluyentes de certeza benefician al imputado, es que corresponde que hasta que se tenga las resultas de la aludida audiencia se deja en suspenso el mandamiento de captura ordenado mediante el Auto de 1° de abril de este año” (sic [fs. 61]). II.5. Consta memorial presentado el 5 de abril de 2024, por el que, la ahora accionante, interpuso recurso de reposición contra el proveído de 3 de abril de 2024, mismo que fue resuelto por Auto de 9 de igual mes y año, por el que la autoridad judicial ahora demandada, resolvió que “si la propia Ley 348 abre la posibilidad que el sentenciado pueda cumplir sanciones alternativas y existe un señalamiento de audiencia para dicho efecto, lo justo y correcto es aguardar las resultas de dicha audiencia para luego, si correspondiere, expedir el mandamiento de captura en contra del sentenciado para su ejecución, mandamiento que, se reitera, NO FUE DEJADO SIN EFECTO como erróneamente y de manera reiterada señala la ahora recurrente pretendiendo inducir en error (…) POR LO TANTO (…) RECHAZA del recurso de reposición (…) en consecuencia se mantiene firme el proveído de fecha 3 de abril del año en curso para su cumplimiento.” (fs. 131 a 138 vta.). II.6. Cursa Auto de Apertura de Juicio Oral, público y contradictorio, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a instancia de Katty Melania Dorado Mollo -ahora accionante- en representación de AA, BB y CC menores de edad contra Abraham Aliaga Quisbert por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, previsto y sancionado por el art. 272 bis del CP, con NUREJ 20309163, ante el Juez de Sentencia Penal Segundo de la Ciudad de El Alto del departamento de La Paz, cuyo hecho denunciado trata sobre la agresión en contra de sus hijos que tiene en común con la ahora accionante, quienes se identifican como AA, BB y CC menores de edad (fs. 103 a 105 vta.).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La parte accionante, denuncia la vulneración de sus derechos a la vida, al debido proceso en sus elementos de motivación y congruencia vinculado al interés superior de las niñas, niños y adolescentes; toda vez que, la autoridad judicial demandada, por Auto Interlocutorio de 9 de abril de 2024, rechazó el recurso de reposición interpuesto por la ahora accionante, manteniendo firme el proveído de 3 de igual mes y año, que dejó en suspenso el mandamiento de captura ordenado por Resolución de 1 del referido mes y año; lo cual, incumple la debida diligencia como obligación del Estado de sancionar los hechos de violencia cometidos contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes, ya que el acusado se encuentra con sentencia condenatoria ejecutoriada y tiene otro proceso penal en etapa de juicio oral, situación que pone en peligro su vida y la de su entorno familiar. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela impetrada; para el efecto, se analizará lo siguiente: a) La obligación de sancionar la violencia en razón de género y la Ley 348; a.1) Norma aplicable; b) Las medidas de reparación a la víctima; c) La protección de los derechos de la víctima en casos de violencia en razón de género, en el marco de un enfoque integral del problema jurídico: c.1) El equilibrio entre los derechos de la víctima y del imputado en el Estado Constitucional y su análisis en las acciones de defensa; c.2) El derecho de las mujeres a vivir libres de violencia y discriminación; y, el consiguiente deber del Estado y la sociedad de eliminar toda forma de violencia en razón de género; c.3) Las normas especiales de la Ley 348, aplicables en los procesos judiciales y administrativos por hechos de violencia en razón de género; y, c.4) El enfoque integral del problema jurídico en casos de violencia en razón de género en las acciones de defensa; y, d) Análisis del caso concreto.

III.1. La obligación de sancionar la violencia en razón de género y la Ley

348

El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0721/2018-S2 de 31 de octubre, en el Fundamento Jurídico III.3 desarrolló el siguiente razonamiento:

1) El derecho de las mujeres a vivir libres de violencia y discriminación; y, el consiguiente deber del Estado y de la sociedad, de eliminar toda forma de violencia en razón de género

La magnitud de la violencia hacia las mujeres a nivel nacional e internacional y los resultados adversos que ocasiona a las víctimas, pone de manifiesto el grave problema que la sociedad enfrenta. Detrás de estos cuadros de violencia contra la mujer, se devela una discriminación estructural resultante de categorías, roles y diferencias culturales y sociales, donde predominó y continúa predominando una visión patriarcal; es decir, que la posición subordinada de la mujer respecto del varón, se origina en una estructura social construida sobre la base de un modelo de masculinidad hegemónica; sin embargo, en el caso de la mujer, no existen razones naturales o biológicas que la releguen a una posición de subordinación o dependencia; puesto que, su situación no es asimilable a otros sectores poblaciones, que por sus características físicas o psíquicas resultan vulnerables. Sin embargo, la construcción cultural y social vista desde una visión patriarcal, es la que tiende a situarla en un escenario de desigualdad.

Sobre el particular, Patricia Faraldo Cabana refiere que la situación de la mujer en el ámbito de la pareja, no puede ser equiparada con la de las personas dependientes; en todo caso, de la patología de la relación, que a través del maltrato y el ejercicio de la violencia, la hace vulnerable frente a su agresor.

Ahora bien, la violencia de género se presenta como un reflejo de esta situación de desigualdad, basada en la distribución de roles sociales que fue transcendiendo históricamente; lo cual, engloba a las diversas aristas que adquiere la violencia contra la mujer, que según el espacio físico o personal en el que ocurre el hecho, comprende la violencia que sufre en el ámbito doméstico o familiar.

Ello, nos demuestra que la violencia hacia las mujeres, y en particular, la efectuada en el seno familiar, no es un problema que deba resolverse entre particulares, por la trascendencia y connotación social que adquirió, como una violación a los derechos humanos de las mujeres y los demás miembros del núcleo familiar, que limita el desarrollo pleno de sus potencialidades y que el Estado no puede desatender; en tal sentido, el abordaje de una problemática vinculada a un tema de violencia de género, no puede perder de vista este componente básico, que subyace y es su razón última, que son las relaciones de dominación y subordinación.

Estos aspectos fueron visibilizados en la comunidad internacional; así, la Declaración Sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, menciona que:

…la violencia contra la mujer constituye una violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales e impide total o parcialmente a la mujer gozar de dichos derechos (…).

…la violencia contra la mujer constituye una manifestación de relaciones de poder históricamente desiguales entre el hombre y la mujer, que han conducido a la dominación de la mujer y a la discriminación en su contra por parte del hombre e impedido el adelanto pleno de la mujer y que la violencia contra la mujer es uno de los mecanismos sociales fundamentales por los que se fuerza a la mujer a una situación de subordinación respecto de hombre.

Asimismo, el art. 1 de la referida Declaración, entiende por violencia contra la mujer:

…todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o sicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada. En igual sentido, en el ámbito del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, la Convención Interamericana Para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer (Convención de Belém do Pará), ratificada por Bolivia mediante Ley 1599 de 18 de octubre de 1994, señala en el Preámbulo, que la violencia contra la mujer es: “…una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres” y que su eliminación es una: “…condición indispensable para su desarrollo individual y social y su plena e igualitaria participación en todas las esferas de vida...” .

La Convención de Belém do Pará, en su art. 2, también otorga una definición de violencia, señalando que:

Se entenderá que violencia contra la mujer incluye la violencia física, sexual y psicológica:

a. que tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal, ya sea que el agresor comparta o haya compartido el mismo domicilio que la mujer, y que comprende, entre otros, violación, maltrato y abuso sexual;

b. que tenga lugar en la comunidad y sea perpetrada por cualquier persona y que comprende, entre otros, violación, abuso sexual, tortura, trata de personas, prostitución forzada, secuestro y acoso sexual en el lugar de trabajo, así como en instituciones educativas, establecimientos de salud o cualquier otro lugar, y que sea perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes, donde quiera que ocurra.

El reconocimiento de los derechos a la integridad física, psicológica y sexual y a una vida digna, no podría adquirir efectividad en un escenario de violencia; razón por la que, se requiere del Estado, acciones afirmativas, también denominadas medidas o prestaciones positivas -medidas legislativas y administrativas, entre otras- que atenúen esta situación, a fin de garantizar el ejercicio efectivo de los mismos. En ese sentido, corresponde mencionar al art. 2 de la Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer, ratificada por Bolivia mediante Ley 1100 de 15 de septiembre de 1989; instrumento jurídico del Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos, que significó un importante avance en el reconocimiento de derechos de las mujeres, que contempla el compromiso de los Estados a adoptar por todos los medios apropiados y sin dilaciones, una política encaminada a eliminar la discriminación hacia la mujer, comprometiéndose, entre otras medidas, a:

b) Adoptar medidas adecuadas, legislativas y de otro carácter, con las sanciones correspondientes, que prohíban toda discriminación contra la mujer;

c) Establecer la protección jurídica de los derechos de la mujer sobre una base de igualdad con los del hombre y garantizar, por conducto de los tribunales nacionales competentes y de otras instituciones públicas, la protección efectiva de la mujer contra todo acto de discriminación; (…)

e) Tomar todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer practicada por cualesquiera personas, organizaciones o empresas; (…) [las negrillas son añadidas].

Ahora bien, una de las pautas que guían al juez constitucional es el principio de interpretación conforme a los instrumentos internacionales sobre derechos humanos; es decir, que su función interpretativa no solo se circunscribe a las disposiciones del texto constitucional, sino, que su campo de acción se extiende a la normativa consignada en dichos instrumentos internacionales en derechos humanos, a partir de lo dispuesto en los arts. 13 y 256 de la CPE; y, a la aplicación preferente de los mismos, en caso que el reconocimiento o interpretación que derive de estos, contenga un estándar de protección más favorable al derecho en cuestión.

Entre los estándares jurídicos internacionales vinculados a la violencia de género, cabe mencionar a la Recomendación General 19 sobre la Violencia contra la Mujer de 29 de enero de 1992, pronunciada por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés); al ser una de las más relevantes en estos temas; afirmando que la violencia contra la mujer es una forma de discriminación, que impide gravemente que ella goce de derechos y libertades en igualdad con el varón.

La referida Recomendación General 19, también señala que la violencia contra la mujer conlleva responsabilidad estatal, no solamente por actos violentos cometidos por agentes estatales, sino, por particulares, cuando el Estado no implemente los mecanismos necesarios para proteger a las mujeres de este tipo de violencia; cuando no adopta medidas con la diligencia debida para impedir la violación de los derechos o para investigar y castigar los actos de violencia e indemnizar a las víctimas.

En la misma Recomendación, el CEDAW señala que con la finalidad de combatir la violencia en la familia, los Estados Partes, entre otras medidas, deben velar porque las leyes contra la violencia y los malos tratos en la familia, la violación, los ataques sexuales y otro tipo de agresiones contra la mujer, protejan de manera adecuada a todas las mujeres y respeten su integridad y su dignidad; proporcionando resguardo y apoyo a las víctimas; y, capacitando a los funcionarios judiciales, a los agentes del orden público y a otros funcionarios públicos, para que apliquen la Convención para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer.

El CEDAW, en la Recomendación General 33 sobre el acceso de las mujeres a la justicia de 3 de agosto de 2015, examina las obligaciones de los Estados Partes, para asegurar que las mujeres tengan acceso a dicho derecho, al advertir que existen obstáculos y restricciones que impiden materializarlo en pie de igualdad; obstáculos que se producen en un contexto estructural de discriminación y desigualdad, debido a factores como los estereotipos de género, leyes discriminatorias, procedimientos interseccionales de discriminación, así como las prácticas y los requisitos en materia probatoria; dificultades que constituyen violaciones persistentes a los derechos humanos de las mujeres.

En la citada Recomendación General 33, se hace referencia a la justiciabilidad, estableciendo que se requiere el acceso irrestricto de las mujeres a la justicia, y para ello, recomienda mejorar la sensibilidad del sistema de justicia a las cuestiones de género, empoderando a las mujeres para lograr la igualdad de hecho y derecho; asegurando que los profesionales de los sistemas de justicia, tramiten los casos teniendo en cuenta las cuestiones de género; y, revisen las normas sobre carga de la prueba, para asegurar la igualdad entre las partes, en todos los campos, en aquellas relaciones de poder que las priven de la oportunidad de un tratamiento equitativo de su caso.

El CEDAW, también recomienda a los Estados Partes, establecer y hacer cumplir recursos adecuados y efectivos, atribuidos con prontitud, holísticos y proporcionales a la gravedad del daño sufrido por las mujeres; recursos que deben incluir, según corresponda, la restitución -reintegración-, la indemnización -en forma de dinero, bienes o servicios-y la rehabilitación -atención médica y psicológica y/u otros servicios sociales-. Asimismo, el señalado CEDAW, establece recomendaciones específicas en la esfera del Derecho Penal, encomendando que los Estados Partes ejerzan la debida diligencia para prevenir, investigar, castigar y ofrecer reparación por todos los delitos cometidos contra mujeres, ya sea perpetrados por agentes estatales o no estatales; garanticen que la prescripción se ajuste a los intereses de las víctimas; tomen medidas apropiadas para crear un entorno de apoyo que aliente a las mujeres a reclamar sus derechos, denunciar delitos cometidos contra ellas y participar activamente en los procesos; revisen las normas sobre pruebas y su aplicación específicamente en casos de violencia contra la mujer; y, mejoren la respuesta de la justicia penal a la violencia en el hogar.

En el Sistema Regional de Protección de Derechos Humanos, cabe destacar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) se pronunció en algunas oportunidades sobre la violencia de género. Al respecto, en el Caso del Penal Miguel Castro Castro Vs. Perú, en la Sentencia de 25 de noviembre de 2006 sobre Fondo, Reparaciones y Costas, la referida Corte IDH identificó tres ángulos para abordar la problemática, desde una perspectiva de género; en el primero, reconoció que las mujeres se habían visto afectadas por los actos de violencia de manera diferente a los hombres; en el segundo, que algunos actos de violencia se habían encontrado dirigidos específicamente a ellas; y en el tercero, que otros actos les habían afectado en mayor proporción que a los hombres. De este modo, se asevera el reconocimiento por parte de la Corte IDH al universo femenino dentro de su conceptualización de dignidad humana, por la seriedad que revisten los actos de violencia contra la mujer.

Siguiendo en el ámbito regional, la Convención de Belém do Pará, en su art. 7, establece las obligaciones de los Estados de actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer e incluir en su legislación interna normas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, entre otras. Resulta importante destacar en esta parte, el hecho que el Estado boliviano asume la norma de la debida diligencia, que conlleva una responsabilidad internacional, encaminada a eliminar las limitaciones jurídicas, institucionales, culturales discriminatorias por razones de género y económicas, para prever las necesidades de las mujeres y las de sus familiares -y de otra índole-, que les aseguren su derecho a la igualdad con el hombre y a protegerlas eficazmente frente a hechos de violencia y malos tratos en la familia.

Lo que significa, que la violencia no solo es un asunto de Estado, que identifica una clara responsabilidad en llevar adelante diferentes acciones -legislativas, administrativas y judiciales- para prevenir, intervenir, erradicar y sancionar la violencia en el seno de las familias, sino de la propia familia y la sociedad. Para ello y como punto de partida, se dejó atrás aquella postura pasiva, en la cual se sostenía que por principio, todas las cuestiones relativas a la familia formaban parte de la esfera privada de sus integrantes, y por lo tanto, estaban exentas de toda intromisión estatal. 2) Las sanciones alternativas previstas en la Ley 348

En el marco de los instrumentos internacionales antes anotados, los Estados Partes deben identificar los actos que constituyen violencia y su carácter vulnerador de los derechos humanos, así como las pautas culturales, que con una visión patriarcal, atribuyen diferentes características y roles a mujeres y varones, ubicándolos en una jerarquía distinta, en la que el varón ostenta un lugar superior, mientras se perpetúa la condición inferior que se le atribuye a la mujer en la familia, el trabajo, la comunidad y la sociedad; asimismo, tienen el mandato expreso de sancionar al agresor, y ello, se justifica como una medida tendiente a erradicar la violencia contra las mujeres, garantizando el cumplimiento de una sentencia, después de un proceso penal, en el cual, se expone a la víctima a un potencial escenario de violencia

Ahora bien, en el marco de los fundamentos internacionales desarrollados en el punto anterior, el constituyente boliviano incidió en el reconocimiento de derechos, de modo tal que la Constitución Política del Estado, contiene en su catálogo de derechos fundamentales, específicamente en el art. 15, la disposición que señala:

I. Toda persona tiene derecho a la vida y a la integridad física, psicológica y sexual (…)

I. Todas las personas, en particular las mujeres, tienen derecho a

no sufrir violencia física, sexual o psicológica, tanto en la familia como en la sociedad;

III. El Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar la violencia de género y generacional (…) tanto en el ámbito público como privado (las negrillas son añadidas).

Cabe señalar, que los estándares del Sistema Universal y del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, con relación a la discriminación y violencia en razón de género, deben ser aplicados por todas las juezas, jueces y tribunales, en el marco de las obligaciones asumidas por el Estado boliviano; es decir, sometiéndose al control de convencionalidad y a las normas contenidas en los arts. 13 y 256 de la CPE.

En cuanto a las normas internas de desarrollo, debe recordarse que hasta antes de la promulgación de la Ley 348, el tema de la violencia hacia la mujer, fue abordado desde la perspectiva privada, a partir de la promulgación de la Ley Contra la Violencia en la Familia o Doméstica -Ley 1674 de 15 de diciembre de 1995-; posteriormente, la Ley 348, dada la gravedad e intensidad de la violencia contra las mujeres, visibiliza a la mujer como sujeto afectado en los contenidos de las tipificaciones penales, buscando así, la prevención de estos delitos, sumado a que el Estado Plurinacional de Bolivia asume como prioridad nacional, la erradicación de la violencia hacia las mujeres, como establece el art. 3.I de la Ley 348, al disponer que: “El Estado Plurinacional de Bolivia asume como prioridad la erradicación de la violencia hacia las mujeres, por ser una de las formas más extremas de discriminación en razón de género”.

La declaratoria de prioridad nacional implica que todas las instituciones públicas deben adoptar las medidas y políticas necesarias para erradicar la violencia contra las mujeres, asignando los recursos económicos y humanos suficientes con carácter obligatorio. Asimismo, la Ley 348 define como tareas específicas, las de coordinar y articular la realización de instrumentos, servicios, acciones y políticas integrales de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia hacia las mujeres, tanto en el nivel central como con las entidades territoriales autónomas (ETA); rompiendo de esta manera, progresivamente, las tradicionales prácticas, procedimientos y decisiones que revelan sesgos de género, que relativizaban los hechos de agresión hacia la mujer, y por ende, su vida e integridad.

Así, el art. 1 de la citada Ley 348, establece que la misma:

…se funda en el mandato constitucional y en los Instrumentos, Tratados y Convenios Internacionales de Derechos Humanos ratificados por Bolivia, que garantizan a todas las personas, en particular a las mujeres, el derecho a no sufrir violencia física, sexual y/o psicológica tanto en la familia como en la sociedad.

Existiendo, por lo mismo, un mandato imperativo tendiente a la erradicación de la violencia contra las mujeres, estableciendo como obligación subyacente, la de actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer, en aquellos delitos que contienen hechos de violencia contra las mujeres, que comprometen su vida e integridad sexual, entre los cuales, estarían inmersos los tipos penales de feminicidio, homicidio, suicidio, aborto forzado, lesiones gravísimas, violación, abuso sexual, acoso sexual, actos sexuales abusivos, padecimientos sexuales, incumplimiento de deberes de protección a mujeres en situación de violencia, así como la violencia familiar o doméstica, que se halla contemplada en el art. 272 bis del Código Penal (CP).

En ese contexto, con el compromiso internacional de sancionar la violencia hacia la mujer, la Ley 348, en el Título V -denominado Legislación Penal-, Capítulo I -titulado Sanciones Alternativas-, en el art. 76, dispone lo siguiente: ARTÍCULO 76. (APLICACIÓN DE SANCIONES ALTERNATIVAS).

I. En los delitos de violencia hacia las mujeres, siempre que el autor no sea reincidente, se podrán aplicar las sanciones alternativas a la privación de libertad, cuando:

1. La pena impuesta no sea mayor a tres años, en cuyo caso será reemplazada por una sanción alternativa de las señaladas en la presente Ley.

A solicitud del condenado a pena privativa de libertad superior a tres 2. años que hubiera cumplido al menos la mitad de ésta, las sanciones alternativas no podrán superar el tiempo de la pena principal impuesta.

II. La autoridad judicial aplicará una sanción alternativa, junto a otras, cuando sea necesario para proteger a la mujer, hijos e hijas o el núcleo familiar en situación de violencia (las negrillas son nuestras).

Del conjunto de disposiciones legales desarrolladas, a partir de un análisis integral de las mismas, se puede concluir que la normativa interna boliviana, en el marco de los derechos reconocidos en el art. 15 de la CPE y los estándares internacionales de protección, incluidas las recomendaciones efectuadas al Estado boliviano, hace especial énfasis en la persecución y la sanción de los agresores de violencia familiar o doméstica, buscando de ese modo, garantizar a las mujeres una vida digna y el ejercicio pleno de sus derechos.

III.1.1. Norma aplicable

La Ley 348, adopta medidas específicas para la prevención y la sanción de los delitos de violencia contra las mujeres, introduciendo regulaciones especiales con impacto directo en la protección especial a la mujer agredida, tendientes a evitar los altos niveles de impunidad y el mantenimiento de conductas discriminatorias hacia las mujeres, en aras de una igualdad procesal realmente efectiva. En ese entendido, en ningún caso los derechos del agresor pueden ser valorados judicialmente por encima de los derechos humanos de la mujer; es decir, a su integridad física y mental; y, a vivir libre de cualquier tipo de violencia.

Conforme a lo anotado, la Ley 348, en el marco de las normas internacionales sobre derechos humanos, hace especial énfasis en la persecución y sanción de los agresores, no previendo, por lo mismo, la posibilidad de otorgar al agresor la suspensión condicional de la pena; más bien, establece la posibilidad de la aplicación de sanciones alternativas a la privación de libertad, entre otros casos, cuando la pena impuesta no sea mayor a tres años, en cuyo caso, el juez podrá aplicar las sanciones alternativas descritas en los arts. 77 al 82 de la referida Ley; debiendo la autoridad judicial, aplicar un plan de conducta al condenado, de conformidad a lo previsto por el art. 82 de la misma norma.

Esta disposición legal, establece mecanismos, medidas y políticas integrales de prevención, atención, protección, reparación a las mujeres en situación de violencia, así como la persecución y sanción a los agresores, con el fin de garantizar a las mismas una vida digna y el ejercicio pleno de sus derechos para vivir bien; mandato que se dota de contenido, cuando nos remitimos a los distintos instrumentos internacionales, por los cuales se impone el deber de evitar la impunidad, a través del ejercicio de dos funciones que atañan a la administración de justicia: i) Esclarecer los hechos; y, ii) Sancionar a los culpables; porque solo de ese modo, se desalientan futuras violaciones a los derechos de las mujeres.

Así, la obligación de sancionar a los culpables debe ser cumplida indefectiblemente, no existiendo posibilidad de perdonar el cumplimiento de la pena o suspender de modo condicional su cumplimiento; pues lo contrario, implicaría incumplir con las obligaciones internacionales del Estado; más aún, cuando al nivel interno existe una norma que expresamente prevé la aplicación de sanciones alternativas a la privación de libertad cuando la pena impuesta no sea mayor a tres años; sanciones que de acuerdo a la Ley 348, deben ir acompañadas de las medidas de seguridad necesarias para proteger a la mujer que se encuentra en situación de violencia, a sus hijas e hijos o su núcleo familiar; medida que cumple con el objeto y la finalidad de la Ley 348, que es erradicar la violencia y no permitir la impunidad. Consiguientemente, la Ley 348, al prever de manera expresa, en el Título V, Capítulo I, las sanciones alternativas a aplicarse en los casos en los que la privación de libertad no sobrepase los tres años, se constituye en una norma especial que debe ser aplicada de manera preferente como lo dispone su art. 5.III, al señalar que la referida Ley: “No reconoce fuero ni privilegio de ninguna clase, su aplicación es preferente respecto a cualquier otra norma para los delitos establecidos en la presente Ley” (el resaltado es ilustrativo); con la aclaración, que ello no significa que en todos los casos se deba disponer la privación de libertad del condenado, sino por el contrario, la aplicación de las sanciones alternativas previstas en la Ley 348, como la multa, detención de fin de semana, trabajo comunitario, entre otras.

De lo señalado, se concluye que existe un marco normativo jurídico especial, de aplicación preferente; por el cual, el Estado garantiza los derechos de las mujeres cuando son víctimas de violencia, conforme al mandato constitucional y a la normativa internacional, que da especial importancia a la prevención, persecución y sanción efectiva de los delitos de violencia contra las mujeres, así como a la reparación integral a las víctimas.

III.2. Las medidas de reparación a la víctima

El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0721/2018-S2 de 31 de octubre, desarrolló el siguiente razonamiento: Conforme establece la SCP 0019/2018-S2 de 28 de febrero, el derecho a la reparación, en el caso boliviano, está constitucionalmente reconocido en el art. 113.I de la CPE, que establece las medidas tendientes a mitigar los daños ocasionados por la vulneración de derechos cuando señala que: “La vulneración de los derechos concede a las víctimas el derecho a la indemnización, reparación y resarcimiento de daños y perjuicios en forma oportuna”. A partir de la concepción de un nuevo modelo de Estado desde la promulgación de la Constitución Política del Estado el 2009, el derecho a la reparación, visto a través del principio/valor suma qamaña -vivir bien-, debe propender a mitigar no solo los daños patrimoniales, sino, principalmente los daños extrapatrimoniales. En ese sentido, si analizamos referencialmente los demás valores insertos en el texto constitucional, veremos que los mismos, al igual que el suma qamaña, guían a la aplicación de una reparación integral -tanto patrimonial como extrapatrimonial-; es decir, son fundamentos filosóficos de la misma: ñandereko -vida armoniosa-, teko kavi -vida buena-, ivi maraei -tierra sin mal- y qhapaj ñan -camino o vida noble-, advirtiéndose una protección integral del ser humano y de la vida en general -naturaleza-, teniéndolos a ambos como el epicentro de todo el sistema. Asimismo, otro valor propio de nuestro sistema jurídico, es la dignidad, reconocida en los arts. 8 y 22 de la CPE; sobre la cual, la jurisprudencia constitucional, a través de la SC 0338/2003-R de 19 de marzo, en su Fundamento Jurídico III.2, establece que:

…el derecho a la dignidad humana es aquel que tiene toda persona por su sola condición de `humano´, para que se la respete y reconozca como un ser dotado de un fin propio, y no como un medio para la consecución de fines extraños, o ajenos a su realización personal. La dignidad es la percepción de la propia condición humana, y de las prerrogativas que de ella derivan. En ese marco, es necesario revisar la jurisprudencia desarrollada por la Corte IDH, que fue fundamental en el tema de las medidas de reparación integral; así, a partir del art. 63.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), logró garantizar la vigencia y el respeto de los derechos humanos de una manera eficaz. La Corte IDH a partir del primer caso contencioso que conoció, cual es el Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras, en cuya Sentencia de 21 de julio de 1989, sobre Reparaciones y Costas, en el párrafo 26, establece que:

La reparación del daño ocasionado por la infracción de una obligación internacional consiste en la plena restitución (restitutio in integrum), lo que incluye el restablecimiento de la situación anterior y la reparación de las consecuencias que la infracción produjo y el pago de una indemnización como compensación por los daños patrimoniales y extrapatrimoniales incluyendo el daño moral.

A partir de lo anterior, la Corte IDH fue estableciendo una línea jurisprudencial en la que desarrolló medidas de reparación con carácter integral y no únicamente patrimonial. Así, podemos citar que estas medidas incluyen la restitución, indemnizaciones económicas por daños patrimoniales y extrapatrimoniales, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición.

Las medidas de reparación anotadas deben ser aplicadas por todos los Estados Partes de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en el marco del control de convencionalidad; lo que significa, que la reparación prevista en el art. 113.I de la CPE, que fue referida precedentemente, debe ser comprendida dentro de los parámetros establecidos por la Corte IDH, conforme lo entendió la SCP 0019/2018-S2, en cuyo Fundamento Jurídico III.4, señala que la reparación integral implica:

1) La restitución; esta medida resulta ser la que debería devolver a la víctima a una situación idéntica a la que se encontraba antes de sufrir alguna vulneración a sus derechos; 2) La indemnización; esta medida de reparación es una de las más comunes utilizadas por la Corte IDH, se refiere a una compensación económica tanto por los daños materiales como por los inmateriales que haya sufrido la víctima, como consecuencia de la vulneración de un derecho humano; 3) La rehabilitación; en casos en los que la Corte IDH aplica esta medida de reparación, señala que: “…es preciso disponer una medida de reparación que brinde una atención adecuada a los padecimientos físicos y psicológicos sufridos por las víctimas de las violaciones establecidas en la presente Sentencia…”; por ende, las medidas de reparación serán destinadas a los daños inmateriales, principalmente a los morales y físicos que vaya a sufrir la víctima como consecuencia de las violaciones a sus derechos humanos; 4) La satisfacción; esta medida tiende a generar en la víctima un sentimiento de reconocimiento positivo como consecuencia de los daños que pudiere haber sufrido por la violación de sus derechos humanos. Al respecto, Martín Beristaín señala: “Las medidas de satisfacción se refieren a la verificación de los hechos, conocimiento público de la verdad y actos de desagravio; las sanciones contra perpetradores; la conmemoración y tributo a las víctimas”. En resumen, estas medidas corresponden principalmente a actos, por parte del Estado responsable, de desagravio de los daños, tanto morales como al proyecto de vida, ocasionados a consecuencia de una violación de derechos humanos; y, 5) La garantía de no repetición; esta medida, principalmente, está dirigida a mitigar los daños colectivos. Así por ejemplo, con la tipificación de algún delito, se genera en toda la sociedad, de alguna manera, un sentimiento de confianza hacia el Estado, en el sentido de tener cierta seguridad que no se repetirán circunstancias que originen violaciones de derechos humanos (el resaltado es nuestro). Cabe hacer referencia a esta última medida de reparación -la garantía de no repetición- que como su nombre indica, tiene como principal objetivo, evitar la repetición de los hechos que ocasionaron la vulneración de los derechos fundamentales, así, como eliminar y superar las causas estructurales de la violencia masiva de los derechos humanos, con diversas instituciones que incluyen capacitaciones, reformas legislativas, adopción de medidas de derecho interno, entre otras. La Corte IDH señaló que en casos en los que se configura un patrón recurrente, las garantías de no repetición adquieren una mayor relevancia como medida de reparación, a fin que hechos similares no se vuelvan a repetir y contribuir a la prevención. Así, se constata que la Corte IDH, ordenó una vasta diversidad de medidas para garantizar la no repetición de vulneración de derechos fundamentales, que se pueden dividir en dos grandes grupos: a) Medidas de capacitación, formación o educación en materia de derechos humanos, para funcionarios públicos y otros grupos; y b) Adopción de medidas en derecho interno. En ese sentido, la justicia constitucional y las autoridades de las diferentes jurisdicciones, están obligadas a garantizar los derechos fundamentales y garantías constitucionales; por lo que, deben adoptar las medidas necesarias para prevenir la reiteración de violaciones a los derechos humanos, en especial de las mujeres, en el marco de los instrumentos internacionales sobre derechos humanos.

III.3. La protección de los derechos de la víctima en casos de violencia en razón de género, en el marco de un enfoque integral del problema jurídico

El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0017/2019-S2 de 13 de marzo, asumió el siguiente razonamiento: La comisión de un hecho delictivo y su correspondiente denuncia o descubrimiento, constituye el germen del proceso penal, y la víctima es la persona a quien el Estado debió proteger, para impedir que en su contra se consumara el atentado al bien jurídico tutelado; de ahí, que si bien la protección de los derechos del acusado es fundamental dentro del proceso penal; empero, también es necesario precautelar los derechos de la víctima; por ello, no puede dejar de abordarse el problema jurídico material que dio inicio al proceso penal, equilibrando los derechos del imputado y de la víctima, en particular, en delitos de violencia contra la mujer; en los cuales, el Estado, a través de las instancias de investigación, de acusación y de juzgamiento, tiene la obligación de actuar con la debida diligencia, en el marco de las normas constitucionales y los instrumentos internacionales sobre Derechos Humanos. En ese marco, es importante desarrollar los derechos de las víctimas en un Estado Constitucional, y de manera concreta, el derecho de las mujeres a vivir libres de violencia y discriminación; y el consiguiente deber del Estado y la sociedad, de eliminar toda forma de violencia en razón de género.

III.3.1. El equilibrio entre los derechos de la víctima y del imputado en el Estado Constitucional y su análisis en las acciones de defensa

Con referencia a los derechos de las víctimas de un delito, la SC 0815/2010-R de 2 de agosto, señala que la Constitución Política del Estado vigente, asume una nueva visión de protección a las mismas; pues, si bien el Estado asume el ius puniendi -poder punitivo-, cobran importancia trascendental los derechos de la víctima; pues, conforme al art. 121 de la CPE, tiene derecho a ser oída antes de cada decisión judicial. Asimismo, la indica SC 0815/2010-R, hizo referencia a la Declaración Sobre los Principios Fundamentales de Justicia Para las Víctimas de Delitos y del Abuso de Poder, adoptada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), a través de la Resolución 40/34 de 29 de noviembre de 1985. Dicha Declaración, establece los derechos de las víctimas, entre ellos, el acceso a la justicia y trato justo; según el cual:

Acceso a la justicia y trato justo

4. Las víctimas serán tratadas con compasión y respeto por su dignidad.

Tendrán derecho al acceso a los mecanismos de la justicia y a una pronta reparación del daño que hayan sufrido, según lo dispuesto en la legislación nacional. En el marco de dicho derecho, la referida Declaración señala también que:

6. Se facilitará la adecuación de los procedimientos judiciales y administrativos a las necesidades de las víctimas:

a) Informando a las víctimas de su papel y del alcance, el desarrollo cronológico y la marcha de las actuaciones, así como de la decisión de sus causas, especialmente cuando se trate de delitos graves y cuando hayan solicitado esa información;

b) Permitiendo que las opiniones y preocupaciones de las víctimas sean presentadas y examinadas en etapas apropiadas de las actuaciones siempre que estén en juego sus intereses, sin perjuicio del acusado y de acuerdo con el sistema nacional de justicia penal correspondiente;

c) Prestando asistencia apropiada a las víctimas durante todo Desde esta nueva perspectiva garantista aplicada al caso concreto; en la ponderación de bienes superiores, nítidamente se contraponen dos criterios de protección: 1. Los derechos de la víctima, al acceso efectivo a la justicia y la reparación del daño; y, 2. El derecho del procesado a ser juzgado dentro de un plazo razonable. (…)

En este esquema, si bien es el Estado el que asume el ius puniendi, actualmente cobran importancia trascendental los derechos de la víctima, que antes pasaron a un segundo plano, en la medida en que los mismos fueron “confiscados” por el Estado como único titular de la facultad sancionadora. (…)

Al respecto, la Organización de Naciones Unidas (ONU) adoptó en la Asamblea General de 29 de noviembre de 1985, en la Resolución 40/34, la primera declaración sobre la protección a la víctima: `Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del abuso de poder´, estableciendo los siguientes derechos de las víctimas:

1.Acceso a la justicia y trato justo: Las víctimas deben ser tratadas con compasión y respeto a su dignidad, superando los paradigmas del proceso penal para facilitar el acceso y permitir el pago por los daños y perjuicios ocasionados por la existencia de un hecho delictivo, para ello, los procesos judiciales y administrativos deberán adecuarse a las necesidades de la víctima, lo que comprende: (…)

d) Proteger su dignidad, minimizar molestias, garantizar su seguridad, el de la familia y testigos a su favor contra intimidaciones y represalias; (…)

`Dentro de la concepción de Estado Social de Derecho, que reconoce como principios esenciales la búsqueda de la justicia y el acceso a la misma, el derecho procesal penal no sólo debe operar como manifestación del poder sancionador del Estado, a favor del incriminado, sino que debe procurar también por los derechos de la víctima. Debe entonces -el proceso penal- hacer compatibles los intereses de ambos sujetos procesales, pues, el perjudicado con el delito no puede convertirse en una pieza suelta e ignorada por la política criminal del Estado ya que, como se ha explicado, los derechos de los sujetos procesales constituyen valores y principios reconocidos por la Constitución Política…´” (el resaltado es nuestro).

el proceso judicial;

d) Adoptando medidas para minimizar las molestias causadas a las víctimas, proteger su intimidad, en caso necesario, y garantizar su seguridad, así como la de sus familiares y la de los testigos en su favor, contra todo acto de intimidación y represalia;

e) Evitando demoras innecesarias en la resolución de las causas y en la ejecución de los mandamientos o decretos que concedan indemnizaciones a las víctimas. (…) [las negrillas son agregadas]. A partir de dichas normas, la SC 0815/2010-R antes citada, concluyó que el derecho procesal penal, no solo debe operar como manifestación del poder sancionador del Estado, a favor del incriminado, sino, que debe procurar también por los derechos de la víctima, haciendo: “…compatibles los intereses de ambos sujetos procesales, pues, el perjudicado con el delito no puede convertirse en una pieza suelta e ignorada por la política criminal del Estado ya que, como se ha explicado, los derechos de los sujetos procesales constituyen valores y principios reconocidos por la Constitución Política…”. En la misma línea, la SC 1388/2011-R de 30 de septiembre, señala que todo hecho punible, genera una colisión entre las garantías fundamentales de la víctima, del imputado, y en último término, de la sociedad; por ello:

…se requiere lograr un justo equilibrio entre los derechos constitucionales de la víctima y las garantías procesales del imputado, que naturalmente nadie niega y todos deben respetar; así encontramos entre los valores en el que se sustenta el Estado Plurinacional, el ‘equilibrio’ y ‘el bienestar común’ reconocidos por el art. 8.II de la CPE; valores éstos que forman parte del concepto ‘buen vivir’ y del modelo Boliviano de ‘Estado de Derecho del vivir bien’, asumiendo el Estado una responsabilidad fundamental (las negrillas son incorporadas).

En el marco de la jurisprudencia anotada precedentemente, es evidente que en las diferentes acciones de defensa, que llegan a conocimiento de la jurisdicción constitucional, emergentes de procesos penales, no se debe pasar por alto el equilibrio que se busca entre los derechos del imputado y de la víctima; especialmente, cuando éstos se encuentran en conflicto. En ese sentido, ya sea que la acción de defensa sea presentada por la víctima o por el imputado, este Tribunal debe considerar los derechos de la otra parte dentro del proceso penal; y por ende, sus resoluciones no pueden limitarse a analizar el problema jurídico planteado en la acción de defensa de manera unilateral, sino también, examinando el contexto y los derechos en conflicto, cuando corresponda; más aún, tratándose de los casos de violencia hacia las mujeres, en los cuales, se deben aplicar los estándares internacionales e internos para la tutela de sus derechos, conforme se analizará en el siguiente fundamento.

III.3.2. El derecho de las mujeres a vivir libres de violencia y discriminación; y, el consiguiente deber del Estado y la sociedad de eliminar toda forma de violencia en razón de género

La magnitud de la violencia contra las mujeres a nivel nacional e internacional y los resultados adversos que ocasiona a la víctima, pone de manifiesto el grave problema que la sociedad enfrenta. Detrás de estos cuadros de violencia contra la mujer, se devela una discriminación estructural, resultante de categorías, roles y diferencias culturales y sociales, donde predominó y continúa predominando una visión patriarcal; es decir, la posición subordinada de la mujer respecto del varón, se origina en una estructura social construida sobre la base de un modelo de masculinidad hegemónica; ya que en el caso de la mujer, no existen razones naturales o biológicas que la releguen a una posición de subordinación o dependencia; puesto que, su situación no es asimilable a otros sectores poblaciones, que por sus características físicas o psíquicas resultan vulnerables. Sin embargo, la construcción cultural y social vista desde una visión patriarcal, es la que tiende a situarla en un escenario de desigualdad. Ahora bien, la violencia de género, se presenta como un reflejo de esta situación de desigualdad, basada en la distribución de roles sociales que fueron transcendiendo históricamente; lo cual, engloba a las diversas aristas que adquiere la violencia contra la mujer, que según el espacio físico o personal en el que ocurre el hecho de violencia, comprende aquella que la mujer sufre en el ámbito doméstico o familiar. Ello, nos demuestra que la violencia hacia las mujeres, y en particular, la violencia en el seno familiar, no es un problema que deba resolverse entre particulares, por la trascendencia y connotación social que adquirió, como una violación a los derechos humanos de las mujeres y los demás miembros del núcleo familiar, que limita el desarrollo pleno de sus potencialidades, y que el Estado no puede desatender. Estos aspectos fueron visibilizados en la comunidad internacional; así, la Declaración Sobre la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, establece: “…la violencia contra la mujer constituye una violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales e impide total o parcialmente a la mujer gozar de dichos derechos…”. Asimismo, señala que esta clase de violencia:

…constituye una manifestación de relaciones de poder históricamente desiguales entre el hombre y la mujer, que han conducido a la dominación de la mujer y a la discriminación en su contra por parte del hombre e impedido el adelanto pleno de la mujer y que la violencia contra la mujer es uno de los mecanismos sociales fundamentales por los que se fuerza a la mujer a una situación de subordinación respecto de hombre. Esta Declaración, entiende por violencia contra la mujer, a todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino, que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la privada. Así los Estados Partes; por una lado, deben identificar los actos que constituyen violencia y su carácter vulnerador de los derechos humanos; y por otro, su procedencia específica de las pautas culturales, en concreto, de la visión patriarcal, que atribuye diferentes características y roles a mujeres y varones, ubicándolos en una jerarquía distinta, en la que el varón ostenta un lugar superior, mientras se perpetúa la condición inferior que se le atribuye a la mujer en la familia, el lugar de trabajo, la comunidad y la sociedad. Estos elementos fueron evidentes para el constituyente boliviano, incidiendo en el reconocimiento de derechos; de modo tal, que la Constitución Política del Estado, contienen en su catálogo de derechos fundamentales, específicamente en el art. 15, la disposición que señala:

I. Toda persona tiene derecho a la vida y a la integridad física, psicológica y sexual (…)

II. Todas las personas, en particular las mujeres, tienen derecho a no sufrir violencia física, sexual o psicológica,

tanto en la familia como en la sociedad;

III. El Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar la violencia de género y generacional (…) tanto en el ámbito público como privado (…) [el resaltado es adicionado].

El reconocimiento de los derechos a la integridad física, psicológica y sexual; y, a una vida digna, no podría adquirir efectividad en un escenario de violencia; razón por la que, se requiere del Estado, acciones positivas -medidas legislativas, administrativas, entre otras-, que atenúen esta situación, a fin de garantizar el ejercicio efectivo de los mismos. Ahora bien, una de las pautas que guían a la justicia constitucional, es el principio de interpretación conforme a los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos; por el cual, las normas internas deben ser interpretadas sobre la base no solo del texto constitucional, sino también, de las disposiciones normativas consignadas en los instrumentos internacionales en materia de Derechos Humanos, a partir de lo dispuesto en los arts. 13 y 256 de la CPE y a la aplicación preferente de los Tratados Internacionales en Derechos Humanos, siempre que el reconocimiento o interpretación que derive de éstos, contenga un estándar de protección más favorable al derecho en cuestión. En ese marco, a continuación se anotarán algunos de los estándares más importantes, aplicables al caso, sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y las obligaciones que genera para el Estado: i) Debida diligencia: El Comité Para la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés), supervisa el cumplimiento de las normas contenidas en la Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer; la cual, se constituye en el instrumento jurídico internacional del Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos, que significó un importante avance en el reconocimiento de la igualdad de los derechos entre hombres y mujeres. El CEDAW, emitió la Recomendación General 19 de 29 de enero de 1992 -sobre La Violencia Contra la Mujer-; la cual, afirma que la violencia contra la mujer es una forma de discriminación, que impide gravemente que ésta, goce de derechos y libertades en pie de igualdad con el hombre; y que dicha violencia, conlleva responsabilidad estatal, no solamente por actos violentos cometidos por agentes estatales, sino por particulares, cuando el Estado no implementa los mecanismos necesarios para proteger a las mujeres, y cuando no adopta medidas con la diligencia debida, para impedir la lesión de los derechos o para investigar y castigar los actos de violencia e indemnizar a las víctimas.

El mismo CEDAW, en la Recomendación General 33 de 3 de agosto de 2015, sobre el Acceso de las Mujeres a la Justicia, encomendó a los Estados a ejercer la debida diligencia para prevenir, investigar, castigar y ofrecer la reparación, por los delitos cometidos contra mujeres, ya sea, perpetrados por agentes estatales o no estatales; garantizando que la prescripción se ajuste a los intereses de las víctimas, tomando medidas apropiadas para crear un entorno de apoyo, que las aliente a reclamar sus derechos, denunciar delitos cometidos en su contra y participar activamente en los procesos; revisando las normas sobre pruebas y su aplicación específicamente en casos de violencia contra la mujer, mejorando la respuesta de la justicia penal a la violencia en el hogar.

Por su parte, en el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, la Convención Interamericana Para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer (Convención de Belém do Pará), en su art. 7, establece, entre otras, las obligaciones de los Estados de:

b. actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer;

c. incluir en su legislación interna normas penales, civiles y administrativas, así como las de otra naturaleza que sean necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer (…) [las negrillas son añadidas].

Asimismo, el Estado boliviano al ratificar la Convención de Belém do Pará, mediante Ley 1599 de 18 de octubre de 1994; por ende, asume la norma de la debida diligencia; en ese sentido, la violencia hacia la mujer es un asunto que compromete y responsabiliza al mismo, que está obligado a realizar acciones -legislativas, administrativas y judiciales-para prevenir, intervenir, erradicar y sancionar los diferentes tipos de violencia ejercidos contra la mujer, entre ellos, la violencia en la familia. Para ello y como punto de partida, se dejó atrás aquella postura pasiva, en la cual, se sostenía que por principio, todas las cuestiones relativas a la familia formaban parte de la esfera privada de sus integrantes, y por lo tanto, estaban exentas de toda intromisión estatal. En Bolivia, esta problemática inicialmente fue abordada desde la perspectiva privada, a partir de la promulgación de la Ley Contra la Violencia en la Familia o Doméstica -Ley 1674 de 15 de diciembre de 1995-.

Posteriormente, a través de la Ley Integral Para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia -Ley 348 de 9 de marzo de 2013-, dada la gravedad e intensidad de la violencia contra la mujer, se visibiliza a la misma como sujeto afectado en los contenidos de las tipificaciones penales, buscando así la prevención de estos delitos, sumado a que el Estado Plurinacional de Bolivia asume como prioridad, la erradicación de la violencia hacia las mujeres, en el marco de lo dispuesto en su art. 3.I, que tiene el siguiente texto: “El Estado Plurinacional de Bolivia asume como prioridad la erradicación de la violencia hacia las mujeres, por ser una de las formas más extremas de discriminación en razón de género”.

La declaratoria de prioridad nacional, implica que todas las instituciones públicas deben adoptar las medidas y políticas necesarias para erradicar la violencia contra las mujeres, asignando los recursos económicos y humanos suficientes con carácter obligatorio. Asimismo, la Ley 348 que acoge el contenido de las disposiciones internacionales, define como tareas específicas coordinar y articular la realización de instrumentos, servicios, acciones y políticas integrales de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia hacia las mujeres, tanto en el nivel central como con las entidades territoriales autónomas (ETA). Rompiendo progresivamente las tradicionales prácticas, procedimientos y decisiones, que revelan sesgos de género, que relativizaban los hechos de agresión hacia la mujer, y por ende, su vida e integridad. ii) Protección a las víctimas: El CEDAW, en la referida Recomendación General 19, señala que los Estados Partes, entre otras medidas, deben velar porque las leyes contra la violencia y los malos tratos en la familia, la violación, los ataques sexuales y otro tipo de agresión contra la mujer, protejan de manera adecuada a todas las mujeres, respetando su integridad y su dignidad; proporcionando protección y apoyo a las víctimas; capacitando a los funcionarios judiciales, a los agentes del orden público y a otros funcionarios públicos, para que apliquen la Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer.

Por otra parte, la Convención de Belém do Pará, en el art. 7.d. y f. establece que los Estados tienen el deber de:

d. adoptar medidas jurídicas para conminar al agresor a abstenerse de hostigar, intimidar, amenazar, dañar o poner en peligro la vida de la mujer de cualquier forma que atente contra su integridad o perjudique su propiedad; (…)

f. establecer procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que haya sido sometida a violencia, que incluyan, entre otros, medidas de protección, un juicio oportuno y el acceso efectivo a tales procedimientos; (…) [las negrillas son nuestras]. iii) Sensibilidad de la justicia por temas de género -perspectiva de género-: El mencionado CEDAW, en la citada Recomendación General 33, examinó las obligaciones de los Estados Partes, para asegurar que éstas tengan acceso a dicho derecho, al advertir que existen obstáculos y restricciones que les impiden efectivizarlo en el marco de la igualdad; asimismo, hace referencia a la justiciabilidad, estableciendo que se requiere el acceso irrestricto de la mujer a la justicia; y para ello, recomienda que se debe mejorar la sensibilidad del sistema de justicia a las cuestiones de género, empoderando a las mujeres para lograr la igualdad de jure y de facto -de derecho y hecho-; asegurando que los profesionales de los sistemas de justicia, tramiten los casos, teniendo en cuenta las cuestiones de género; y, revisando las normas sobre la carga de la prueba, para asegurar la igualdad entre las partes, en todos los campos, en aquellas relaciones de poder que priven a las mujeres a la oportunidad de un tratamiento equitativo de su caso.

En el mismo sentido, la Convención de Belém do Pará, en su art. 8, establece que los Estados Partes deben adoptar, entre otras, medidas específicas para modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, para contrarrestar prejuicios, costumbres y todo tipo de prácticas, que se basen en la premisa de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los géneros o en los papeles estereotipados para el hombre y la mujer, que legitimizan o exacerban la violencia contra la misma; así, como para fomentar la educación y capacitación del personal en la administración de justicia, policial y demás funcionarios encargados de la aplicación de la ley, así como del personal, a cuyo cargo esté la concreción de las políticas de prevención, sanción y eliminación de la violencia contra la mujer. En el marco de lo anotado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en el Caso Gonzáles y Otras (“Campo Algodonero”) vs. México, en la Sentencia de 16 de noviembre de 2009, sobre Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas, estableció que debían removerse todos los obstáculos de jure o de facto -de derecho y hecho-que impidan la debida investigación de los hechos y el desarrollo de los respectivos procesos judiciales; además, que debía incluirse una perspectiva de género en la investigación. Por ende, en los procesos penales, la perspectiva de género debe ser adoptada desde el inicio de la etapa preparatoria, tanto en el control jurisdiccional como en la fase de la investigación. iv) Reparación integral a la víctima: El CEDAW, también recomienda a los Estados Partes, establecer y hacer cumplir recursos adecuados, efectivos; atribuidos con prontitud, holísticos y proporcionales a la gravedad del daño sufrido por las mujeres; recursos, que deben incluir, según corresponda, la restitución -reintegración-, la indemnización -en forma de dinero, bienes o servicios- y la rehabilitación -atención médica, psicológica y otros servicios sociales-.

Por su parte, la Convención de Belém do Pará, señala en su art. 7.g, la obligación para los Estados de establecer los mecanismos judiciales y administrativos necesarios para asegurar que la mujer objeto de violencia, tenga acceso efectivo al resarcimiento, reparación del daño u otros medios de compensación justos y eficaces. Por tanto, la protección que otorgan los Estados, a través de este instrumento internacional, se extiende a los distintos momentos en los que se identifiquen indicios de violencia que afecta el ejercicio de los derechos de las mujeres, pero va más allá, ya que la simple sanción al agresor no resulta suficiente; pues lo que se busca, es la reparación y compensación justa del daño causado, superando la naturaleza sancionadora del hecho de violencia, encaminándose hacia un enfoque integral para cumplir con la debida diligencia en casos de violencia contra las mujeres. Todo lo cual, representa la obligación de los Estados de adecuar sus estructuras orgánicas, procesos y procedimientos; y, de armonizarlos con la Convención de Belém do Pará; lo cual, aconteció con la Ley 348 en el caso boliviano, conforme se analizará en el punto siguiente.

III.3.3. El enfoque integral del problema jurídico en casos de violencia en razón de género en las acciones de defensa

Los principios y garantías procesales a favor de las víctimas mujeres de violencia, que fueron descritos en el anterior Fundamento Jurídico, no solo se aplican a los procesos penales, sino, como manda la misma Ley 348, a todas las causas por hechos de violencia contra las mujeres, en todas las materias; consiguientemente, también en la justicia constitucional; pues, en el marco de lo señalado en el Fundamento Jurídico III.3 de la presente Sentencia, es obligación del Tribunal Constitucional Plurinacional, analizar el problema jurídico planteado en las acciones de defensa de manera integral, considerando los derechos de las partes en conflicto; más aún, tratándose de casos que emerjan de hechos de violencia en razón de género; pues en éstos asuntos, aun el peticionante de tutela sea el imputado, corresponderá analizar el contexto del proceso penal, para verificar si se cumplieron los estándares internacionales e internos respecto a la protección de los derechos de las mujeres; de lo contrario, se cohonestaría actuaciones contrarias a la normativa internacional e interna; incumpliendo con las responsabilidades internacionales asumidas por el Estado boliviano. Entendimiento, que es coherente con el principio de verdad material contemplado en el art. 180.I de la CPE, a partir del cual, de acuerdo a la jurisprudencia constitucional, la o el juzgador debe buscar la paz social, la aplicación de la justicia y el respeto a los derechos humanos, encontrando la verdad de los hechos, por encima de mecanismos formales o procesales; con la finalidad que las partes, accedan a una justicia material, eficaz y eficiente. Así, la SCP 1662/2012 de 1 de octubre, entendió en el Fundamento Jurídico III.3, que el contenido del principio de verdad material:

…implica la superación de la dependencia de la verdad formal o la que emerge de los procedimientos judiciales, por eso es aquella verdad que corresponde a la realidad, superando cualquier limitación formal que restrinja, parcialice o distorsione la percepción de los hechos a la persona encarga de juzgar a otro ser humano, o de definir sus derechos y obligaciones, dando lugar a una decisión injusta e irrazonable que no responda a los principios, valores y valores éticos consagrados en la Norma Suprema de nuestro país, a los que todas las autoridades del Órgano Judicial y de otras instancias, se encuentran impelidos de aplicar, entre ellas, al principio de verdad 22 El principio de prevalencia del derecho sustancial respecto al formal, se vincula con el principio de verdad material, conforme lo entendió la SCP 1662/2012 de 1 de octubre, al sostener en el FJ III.3, que: “…el principio de verdad material consagrado por la propia Constitución Política del Estado, corresponde ser aplicado a todos los ámbitos del derecho; en ese orden, debe impregnar completamente la función de impartir justicia. Por ende, no es posible admitir la exigencia de extremados ritualismos o formalismos, que eclipsen o impidan su materialización, dado que todo ciudadano tiene derecho a una justicia material, como se desprende de lo estipulado por el art. 1 de la CPE, por lo que, debe garantizarse que las decisiones de las autoridades jurisdiccionales a cargo del proceso, sean producto de apreciaciones jurídicas, procurando la resolución de fondo de las problemáticas sometidas a su jurisdicción y competencia; pues si bien, las normas adjetivas prevén métodos y formas que aseguren el derecho a la igualdad de las partes procesales, para garantizar la paz social evitando cualquier tipo de desorden o caos jurídico; sin embargo, los mecanismos previstos no pueden ser aplicados por encima de los deberes constitucionales, como es la de otorgar efectiva protección de los derechos constitucionales y legales, accediendo a una justicia material y por lo tanto, verdaderamente eficaz y eficiente. Todo ello con el objetivo final de que el derecho sustancial prevalezca sobre cualquier regla procesal que no sea estrictamente indispensable para resolver el fondo del caso sometido a conocimiento del juez”.

material, por sobre la limitada verdad formal (el resaltado es ilustrativo). El principio de verdad material no solo es predicable respecto a las o los jueces, sino, que como todo principio, se irradia hacia la actividad de las y los diferentes operadores jurídicos, cuyas actuaciones se enmarcan en la debida diligencia, en el marco de los estándares de la Corte IDH y lo previsto expresamente por el art. 86.11 de la Ley 348; según el cual, las decisiones administrativas o judiciales, que se adopten respecto a casos de violencia contra las mujeres, deben considerar la verdad de los hechos comprobados, por encima de la formalidad pura y simple. En mérito a lo anotado, esta Sala del Tribunal Constitucional Plurinacional, considera que en las acciones de defensa que emerjan de procesos judiciales o administrativos en los que se debatan hechos de violencia hacia las mujeres, la justicia constitucional está obligada a efectuar un análisis integral del problema jurídico, sin limitarse a la denuncia efectuada por la o el accionante, sino también, analizando los derechos de la víctima y las actuaciones realizadas por las autoridades policiales, fiscales o judiciales, de acuerdo al caso; pues, solo de esta manera, se podrá dar cumplimiento a las obligaciones asumidas por el Estado y se respetarán los derechos de las víctimas de violencia en razón de género, entre ellos, el derecho a la vida, a la integridad física, psicológica y sexual, así como a una vida libre de violencia.

III.4. Análisis del caso concreto

La parte accionante, denuncia la vulneración de sus derechos a la vida, al debido proceso en sus elementos de motivación y congruencia vinculados al interés superior de las niñas, niños y adolescentes; toda vez que, la autoridad judicial ahora demandada, por Auto de 9 de abril de 2024, rechazó el recurso de reposición interpuesto por la ahora accionante, manteniendo firme el proveído de 3 de igual mes y año, que dejó en suspenso el mandamiento de captura ordenado por Auto de 1 del referido mes y año; lo cual, incumple la debida diligencia como obligación del Estado de sancionar los hechos de violencia cometidos contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes, ya que el acusado se encuentra con sentencia condenatoria ejecutoriada y tiene otro proceso penal en etapa de juicio oral, situación que pone en peligro su vida y la de su entorno familiar. De la revisión de los antecedentes que cursan en el legajo constitucional, se verifica que por Sentencia 31/2020 de 10 de julio, el Juez de Sentencia Penal Tercero de El Alto del departamento de La Paz, falló declarando al acusado Abraham Aliaga Quisbert, autor y culpable de la comisión del delito de violencia familiar o doméstica, previsto y sancionado por el art. 272 bis num. 1) del Código Penal, imponiéndole una sanción penal de tres años de reclusión, a ser cumplidos en el Centro Penitenciario de San Pedro de la ciudad de La Paz, cuya ejecutoria se halla dispuesta por Auto Interlocutorio de 21 de febrero de 2024 (Conclusión II.1). Es así que, en atención a la remisión de dicha Sentencia condenatoria ejecutoriada ante el Juez de Sentencia contra la Violencia Hacia la Mujer y Ejecución Penal Primero de referido asiento judicial -ahora accionando-, mediante Auto Interlocutorio de 1 de abril de igual año, se dispuso la emisión del mandamiento de captura contra el referido condenado (Conclusión II.2); sin embargo, por Nota Cite 511/2024 de 2 de abril, el prenombrado Juez de Sentencia Penal Tercero del señalado asiento judicial, puso en conocimiento del Juez ahora demandado, que se encuentra pendiente la audiencia de consideración de sanciones alternativas señalada para el 3 de igual mes y año a horas 09:30 (Conclusión II.3), por lo que a través del proveído de la misma fecha -3 de abril de 2024-, resolvió que “hasta que se tenga las resultas de la aludida audiencia se deja en suspenso el mandamiento de captura ordenado mediante el Auto de 1° de abril de este año” (sic [Conclusión II.4]). En este punto, la parte accionante por memorial de 5 de abril de 2024, interpuso recurso de reposición contra el proveído de 3 de igual mes y año; impugnación que mereció la emisión del Auto de 9 del referido mes y año, pronunciada por el Juez ahora demandado, quien resolvió rechazar el recurso de reposición manteniendo firme y subsistente el señalado Proveído de 3 de abril de 2024 a efectos de aguardar las resultas de la audiencia de consideración de sanciones alternativas; y, si corresponde, expedir el mandamiento de captura dispuesto por resolución de 1 del mismo mes y año (Conclusión II.5). Se aclara que, en el presente caso como se señaló supra, por un lado, se tiene que dentro del proceso penal con Número de Registro Judicial (NUREJ) 201608468E, se declaró a Abraham Aliaga Quisbert, autor y culpable de la comisión del delito de violencia familiar o doméstica, previsto y sancionado por el art. 272 bis num. 1) del CP incorporado por la Ley 348 en contra de la víctima Katty Melania Dorado Mollo -ahora accionante-, pues la investigación que en su totalidad, estuvo orientada a la finalidad específica de determinar la verdad histórica de los hechos, dispuso la sanción del responsable, imponiendo una pena de tres años de reclusión en el Centro Penitenciario de San Pedro de La Paz. Por otra parte, se tiene el proceso penal con NUREJ 20309163, seguido por el Ministerio Público en contra del mismo condenado -Abraham Aliaga Quisbert-, que se encuentra en etapa de juicio oral, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, ejercida en contra de sus hijos, que tienen en común con la ahora accionante, quienes se identifican como AA, BB y CC menores de edad (Conclusión II.6). Al respecto, es preciso señalar que, la presente acción tutelar tiene como acto vulneratorio, el Auto Interlocutorio de 9 de abril de 2024, emitido en ejecución de sentencia dentro del proceso penal con NUREJ 201608468E, en atención al recurso de reposición planteado por la víctima -ahora accionante; contra la determinación de dejar en suspenso la orden de captura al haberse ejecutoriado la Sentencia 31/2020 de 10 de julio que determinó la comisión del delito de violencia familiar o doméstica, por lo que de acuerdo a los Fundamentos Jurídicos desarrollados en el presente fallo constitucional, en aplicación del enfoque integral del problema jurídico, tratándose de hechos de violencia en razón de género, corresponde la protección de la ahora impetrante de tutela y sus representados AA, BB y CC menores de edad, como parte de su núcleo familiar en situación de violencia en cumplimiento de la obligación de sancionar la violencia en razón de género y la Ley 348 con la debida diligencia; más aún, si el proceso penal con NUREJ 20309163, se encuentra en etapa de juicio oral, público y contradictorio por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, por violencia ejercida en contra de los mencionados menores de edad. En esa línea, de la revisión del legajo constitucional, se advierte que la emisión del Auto de 9 de abril de 2024, que rechazó el recurso de reposición planteado por la víctima -ahora accionante-, manteniendo firme y subsistente el Proveído de 3 de igual mes y año, que en su oportunidad dispuso la suspensión del mandamiento de captura del sentenciado, es contraria a la obligación del Estado de actuar con la debida diligencia, que fue explicada en los Fundamentos Jurídicos III.3.2 y III.3.3 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; así como al derecho de las mujeres a una vida libre de violencia (art. 15.II de la CPE), el interés superior de las niñas, niños y adolescentes (art. 60 de la CPE) en cuanto a la prohibición de toda forma de violencia en su contra (art. 61 de la CPE); y, a las obligaciones concretas derivadas de la Ley 348, que como se señaló, en el marco de la debida diligencia, se debe mejorar la sensibilidad del sistema de justicia a las cuestiones de género con el propósito de lograr la igualdad de jure y de facto -de derecho y de hecho-, lo cual es posible aplicando la perspectiva de género en todos los procesos sobre violencia en razón de género; en ese entendido, es preciso referirnos al principio de accesibilidad, previsto por el art. 86.9 de la Ley 348, que establece que, la falta de requisitos formales o materiales en el procedimiento no deberá retrasar, entorpecer ni impedir la restitución de los derechos vulnerados y la sanción a los responsables de hechos de violencia contra las mujeres; principio procesal, que fue incumplido por el Juez ahora demandado al emitir el referido Auto -de 9 de abril de 2024-.

Esto en razón a que consideró con prioridad el resultado de la audiencia de sanciones alternativas a celebrarse ante el Juzgado de origen en virtud del principio in dubio pro reo, anteponiendo las garantías procesales del sentenciado, frente a los derechos constitucionales de la víctima -ahora accionante- y su entorno familiar, omitiendo su labor de equilibrar los derechos de ambas partes. Si bien las sanciones alternativas se encuentran previstas por la Ley 348, las mismas no pueden ser un obstáculo para lograr la sanción penal de los responsables de hechos de violencia contra las mujeres, incumpliendo con las responsabilidades internacionales asumidas por el Estado boliviano, pues las sanciones alternativas se aplican previa verificación de requisitos y condiciones previstos por la señalada ley 348 (art. 76), ante la autoridad competente; y, si su resolución está pendiente, no significa que se pueda retrasar, entorpecer o impedir la ejecución de una sentencia condenatoria que se encuentra ejecutoriada, pues el deber de actuar con la debida diligencia incumbe la obligación de sancionar los hechos de violencia contra las mujeres, que en el marco del art. 15 de la CPE y los estándares internacionales de protección, la sanción de los agresores de violencia familiar o doméstica, busca garantizar a las mujeres una vida digna y el ejercicio pleno de sus derechos. De igual modo, se evidencia también que el Auto de 9 de abril de 2024, emitido por el Juez ahora demandado, vulneró una de las directrices de procedimiento que fueron incorporadas para simplificar el procedimiento penal para delitos de violencia contra las mujeres, que se encuentra establecida por el art. 87.4 de la referida Ley 348, la cual claramente dispone que, las autoridades Administrativas, Judiciales e Indígena Originaria Campesinas, tienen la “Obligación de investigar, proseguir y procesar hasta lograr la sanción de todos los hechos que constituyan violencia hacia las mujeres” ; esta directriz de procedimiento, no es un mero capricho, sino que conforme el art. 90 de la misma Ley, se considera que todos los delitos insertos en el referido cuerpo normativo, como es la violencia familiar o doméstica en cualquiera de sus vertientes (física, psicológica y sexual) son delitos de acción pública; por ello, surge el deber no solo de seguir de oficio, sino también de investigar, proseguir y procesar hasta logra la sanción de los hechos de violencia hacia las mujeres; en consecuencia, en el marco de los estándares internacionales e internos de protección a las mujeres víctimas de violencia, el Estado tiene la obligación de actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer, imprimiendo no solo la celeridad que el caso amerita, sino también la protección inmediata de la mujer víctima de violencia y su núcleo familiar, por tratarse precisamente de una prioridad Estatal, la erradicación de la violencia hacia las mujeres, ya que es una de las formas más extremas de discriminación en razón de género (art. 3.I Ley 348). En tal sentido, en el presente caso, se tiene que el Juez demandado al haber emitido el Auto de 9 de abril de 2024 y rechazar el recurso de reposición interpuesto por la víctima -ahora accionante-, manteniendo firme y subsistente el Proveído de 3 de igual mes y año, que dispuso la suspensión del mandamiento de captura del sentenciado, omitiendo el deber del Estado de actuar con la debida diligencia para procesar al encausado hasta lograr su sanción penal, por hechos de violencia contra las mujeres, no hizo una ponderación de los derechos de la víctima frente a los del sentenciado, y mucho menos se analizó el caso con perspectiva de género, ni existió una justificación sobre la necesidad de la suspensión temporal del mandamiento de captura -en ejecución de la Sentencia 31/2020 de 10 de julio ejecutoriada por Auto de 21 de febrero de 2024-, enmarcada en la obligación internacional del Estado de aplicar la debida diligencia para investigar y sancionar los hechos de violencia hacia las mujeres, incumpliendo los estándares internacionales e internos respecto a la protección de los derechos de las mismas; lo que lesionó los derechos al debido proceso en su vertiente de motivación y congruencia, a la tutela judicial efectiva, vinculado al derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y el interés superior de las niñas, niños y adolescentes, en cuanto a la prohibición de toda forma de violencia en su contra; se aclara que el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia descrito es considerado como lesionado en atención al principio iura novit curia, que fue soslayado por la autoridad judicial demandada al no juzgar con enfoque de género. Con relación al derecho a la vida, no se advierte su vulneración, ya que el acto que menoscaba los derechos de la parte accionante, trata sobre el Auto de 9 de abril de 2024, que mantiene firme y subsistente el proveído de 3 de igual mes y año, que suspendió el mandamiento de captura del sentenciado -Abraham Aliaga Quisbert-, emitido por el Juez ahora demandado; y el mismo, no afecta de modo alguno o de forma directa o indirecta ese derecho; más aún, si dentro de los procesos penales identificados con NUREJ 201608468E y NUREJ 20309163 existen medidas de protección dispuestas en favor de las víctimas -ahora accionantes-, que se encuentran bajo control jurisdiccional (fs. 158); en ese entendido, se recuerda que las medidas de protección son mecanismos procesales que forman parte del derecho a la tutela judicial efectiva, son de aplicación inmediata y subsisten mientras dure la tramitación del proceso, incluso en ejecución de sentencia, en atención al derecho de las mujeres a una vida libre de violencia (art. 15.II de la CPE). Estas medidas están íntimamente ligadas a la integridad personal de las víctimas de violencia, y las autoridades jurisdiccionales tienen el deber de actuar con la debida diligencia para evitar que nuevos hechos de violencia se produzcan o que las víctimas sean objeto de revictimización. Por ello, toda vez que no se advierte en qué medida y de qué manera se hubieran vulnerado el referido derecho, se deniega la tutela al respecto. En consecuencia, el Juez de garantías al conceder en parte la tutela solicitada, obró de forma parcialmente correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 07/2024, de 12 de abril, cursante de fs. 489 a 494, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Sexto de El Alto del departamento de La Paz; y en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada respecto a la vulneración de los derechos al debido proceso en su vertiente de motivación y congruencia, a la tutela judicial efectiva, vinculado al derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y el interés superior de las niñas, niños y adolescentes, conforme a los fundamentos jurídicos desarrollados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; y, 2° Disponer dejar sin efecto el Auto de 9 de abril de 2024 y Proveído de 3 de igual mes y año, emitidos por el Juez de Sentencia contra la Violencia Hacia la Mujer y Ejecución Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz; ordenando la emisión de un nuevo Auto interlocutorio cumpliendo el deber del Estado de actuar con la debida diligencia, que incumbe la obligación de sancionar los hechos de violencia contra las mujeres, en el plazo ordenado por el Juez de garantías; y, 3° DENEGAR la tutela impetrada respecto al derecho a la vida, conforme a lo desarrollado en los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo

MAGISTRADA

Fdo. MSc. Georgina Amusquivar Moller

MAGISTRADA

Notas al pie

1 FARALDO CABANA, Patricia, Razones para la Introducción de la Perspectiva de Género en Derecho Penal a través de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, sobre Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. Revista Penal 17, ISSN 1138-9168, 2006, pág. 82. Dicha autora, señala que: “Respecto de la mujer no existe una posición de inferioridad natural o una necesaria relación de dependencia o de inferioridad, sino que es precisamente la práctica del maltrato la que actúa como el mecanismo dirigido a obtener y a mantener el acatamiento y la sumisión a la voluntad del varón”. 2Preámbulo de la Declaración Sobre la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, a través de Resolución 48/104 del 20 de diciembre de 1993.

Disponible en: http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/ViolenceAgainstWomen.aspx 3Ibídem. 4Disponible en: http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-61.html

5 Ibídem.

6 Disponible en: http://archive.ipu.org/splz-e/cuenca10/cedaw_19.pdf

7 Ibídem. 8Disponible en: https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2016/10710.pdf 9Ibídem.

10 Recomendación General 33, pág. 10. Disponible en: https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2016/10710.pdf 11Recomendación General 33, págs. 21 y 22 Disponible en: https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2016/10710.pdf 12FERIA TINTA, Mónica, Primer caso internacional sobre violencia de género en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos: El caso del penal Miguel Castro; un hito histórico para Latinoamérica. Revista CEJIL. Debates sobre Derechos Humanos y Sistema Interamericano. Disponible en: http:www.corteidh.or.cr/tablas/r24778.pdf

13 Ratificada por Bolivia mediante Ley 1599 de 18 de octubre de 1994.

14 Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia -Ley 348 de 9 de marzo de 2013-.

15 El art. 63.1, señala: “Cuando decida que hubo violación de un derecho o libertad protegidos en esta Convención, la Corte dispondrá que se garantice al lesionado en el goce de su derecho o libertad conculcados. Dispondrá asimismo, si ello fuera procedente, que se reparen las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la vulneración de esos derechos y el pago de una justa indemnización a la parte lesionada”.

16 Caso Pacheco Teruel Vs. Hondura, Sentencia de abril de 2012 sobre Fondo, Reparaciones y Costas, párr. 96.

17 El FJ III.5, señala: “La Constitución Política del Estado vigente, asume una nueva visión del principio de eficacia y la protección a la víctima -arts. 180.I y 113.I CPE-, a partir de estos postulados fundamentales deben desarrollarse la normatividad, la doctrina y la jurisprudencia, orientando el sistema constitucional hacia un Estado más garantista y respetuoso de los Derechos Humanos.

18 Entendimiento asumido de la Sentencia C-277/98, emitida por la Sala Plena de la Corte Constitucional de Colombia.

19 Preámbulo de la Declaración Sobre la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas <https://es.wikipedia.org/wiki/Asamblea_General_de_las_Naciones_Unidas>, a través de la Resolución 48/104 del 20 de diciembre de 1993. Disponible en: <https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/ViolenceAgainstWomen.aspx>

20 Ibídem.

21 Adoptada y abierta a la firma y ratificación, o adhesión, por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en su Resolución 34/180 de 18 de diciembre de 1979.

Más sobre Acción de libertad — doctrina general

Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0180_2024-S1.pdf · páginas 1 a 37.

Huella digital del PDF (SHA-256): 08e1273bb56801a381c8ad2739d11305e040ce0f34cfa1a5acd44e5216405cf9

La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.

Ver las sentencias más consultadas por abogados bolivianos →