Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Primera Especializada · 26 de febrero de 2026
Deniega la tutela
El accionante, denuncia la vulneración de sus derechos a la salud, al trabajo, a percibir un salario, al Seguro Social a Corto Plazo, a la estabilidad e inamovilidad laboral por ser padre progenitor; puesto que, en su condición de Director de Promoción del Desarrollo Municipal dependiente de la Subalcaldía de Mallasa del Municipio de La Paz, hizo conocer a Recursos Humanos de dicha Institución que su esposa se encontraba embarazada; posteriormente, sin justificación alguna y sin considerar su inamovilidad laboral por ser padre progenitor fue despedido por Memorando DGRRHH 03935/2022 de 23 de agosto; y ante el despido ilegal, acudió al Servicio Civil dependiente del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, que emitió la Resolución MTEPS-VESCyCOOP-DGSC-RC-AR/27 de 4 de octubre de 2022, rechazando su solicitud de reincorporación laboral por ser un funcionario de libre nombramiento. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: 1) Clasificación de los servidores públicos en el Estatuto del Funcionario Público; 2) Respecto al régimen laboral de los funcionarios públicos del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz; y, 3) Con relación a la inamovilidad laboral y las excepciones que se presentan en función al tipo de servidor público; 4) Análisis del caso concreto.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 55/2023 de 23 de marzo, cursante de fs. 80 a 84, pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0179/2026-S1 Sucre, 26 de febrero de 2026 SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de amparo constitucional Expediente: 55385-2023-111-AAC Departamento: La Paz En revisión la Resolución 55/2023 de 23 de marzo, cursante de fs. 80 a 84, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Carlos Eduardo Palenque Monroy contra Hernán Iván Arias Durán, Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz.
El accionante, por memoriales presentados el 25 de enero y 9 de febrero de 2023, cursante de fs. 18 a 31; y, 35 a 36 vta., manifestó lo siguiente:
Mediante Memorando DGRRHH 03024/2021 de 20 de mayo, fue designado en el cargo de Director de Gestión Social y Promoción Económica; posteriormente, por Memorando DGRRHH 07012/2021 de 31 de diciembre, fue designado como Director de Promoción del Desarrollo Municipal dependiente de la Subalcaldía de Mallasa; y, a través del Memorando DGRRHH 02854/2022 de 1 de junio, fue designado como Director de Promoción Municipal dependiente de la referida Subalcaldía. El 17 de agosto de 2022, puso a conocimiento del Director de Gestión de Recursos Humanos del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, el estado de gestación de su esposa de veintinueve semanas; sin embargo, el 23 del citado mes y año, le entregaron el Memorando DGRRHH 03935/2022 de agradecimiento de sus servicios, sin justificación alguna y sin considerar su inamovilidad laboral en su condición de padre progenitor.
Ante dicho despido ilegal, acudió al Servicio Civil dependiente del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, que emitió la Resolución MTEPS-VESCyCOOP-DGSC-RC-AR/27 de 4 de octubre de 2022, rechazando su solicitud de reincorporación laboral, bajo pretexto de que su persona sería un funcionario de libre nombramiento, lo que en la práctica no corresponde y de manera contradictoria a su errónea resolución se señaló: “…SIN PERJUICIO DE LO DISPUESTO EN LA PÁRRAFO ANTERIOR, EL AFECTADO PODRÁ INTERPONER LAS ACCIONES CONSTITUCIONALES QUE CORRESPONDAN, TOMÁNDOSE EN CUENTA LA INMEDIATEZ DE LA PROTECCIÓN DEL DERECHO CONSTITUCIONAL DE INAMOVILIDAD LABORAL” (sic); por ello, la citada Resolución carece de fundamento y desconoce la jurisprudencia constitucional y normativa que garantiza la inamovilidad laboral del padre y madre progenitores hasta que sus hijos cumplan un año de edad. Asimismo, refiere que el Informe de la Jefatura de Desarrollo de Personal del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, realizó una clara discriminación hacia su persona, por no contar con un título profesional, para poder desempeñar el cargo que se le asignó, sin tomar en cuenta que pasó un proceso de reclutamiento de personal; por lo que, resulta contradictorio que teniendo conocimiento de su hoja de vida y su trayectoria laboral, no realizaran ninguna observación previamente además de que sus memorandos de designaciones fueron firmados por los Directores de Recursos Humanos; por lo tanto, conocían que su persona no contaba con un título profesional.
El accionante, denuncia la vulneración de sus derechos a la salud, al trabajo, a percibir un salario, al Seguro Social a Corto Plazo, a la estabilidad e inamovilidad laboral por ser padre progenitor; citando al efecto los arts. 46.I, 48 y 49.III de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicita se conceda la tutela; y en consecuencia, se disponga: a) La inmediata reincorporación a su fuente de trabajo; y, b) El pago de su salario desde agosto de 2022 y de todo el tiempo que estaba suspendida la relación laboral de manera injustificada y la reposición del Seguro Social a Largo y Corto Plazo, con imposición de costas.
Celebrada la audiencia virtual el 23 de marzo de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 76 a 79, se produjeron los siguientes actuados:
El accionante a través de su abogado, en audiencia, ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de amparo constitucional.
Hernán Iván Arias Durán, Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, a través de su representante legal, mediante informe presentado el 16 de marzo de 2023, cursante de fs. 67 a 74, y ampliándolo en audiencia, manifestó que: 1) Mediante Memorando DGRRHH 03935/2022 de 23 de agosto, se agradeció los servicios del accionante, en cumplimiento de las normas legales establecidas en el Estatuto el Funcionario Público, así como del Reglamento Interno de Personal, al no acreditar un título en provisión nacional para ocupar un cargo jerárquico como el de Director de Desarrollo Municipal, del cual en cualquier momento se puede prescindir de los servicios, por haber ocupado un cargo de confianza, de designación y libre nombramiento; 2) De acuerdo al Informe DGRH-UBSSO 307/2022 de 22 de agosto, emitido por la Unidad de Bienestar Social y Seguridad Ocupacional del referido Municipio, establece que el accionante, no goza de inamovilidad por paternidad; puesto que, ocupó un cargo jerárquico de libre disponibilidad del cargo; en consecuencia, existe una excepción a la regla de inamovilidad por paternidad del accionante, no pudiendo solicitar a título de embarazo de su esposa de cinco meses de gestación, inamovilidad en su fuente laboral; 3) El accionante ante su despido recurrió ante la Dirección del Servicio Civil del Ministerio del Trabajo, Empleo y Previsión Social, que emitió el Auto MTEPS-VESCyCOOP-DGSC-RC-AR/27, rechazando su solicitud de reincorporación laboral, por haber ocupado un cargo jerárquico y de libre nombramiento y designación; finalmente, sobre la Seguridad Social, el accionante no realizó ningún trámite administrativo para asegurar en la Caja Nacional de Salud (CNS) a su esposa para beneficiarse de los subsidios correspondientes y a la fecha queda extemporánea la reposición de ese derecho, ni tampoco presentó el certificado de nacimiento del beneficiario; y, 4) Las normas por las cuales se rigen los servidores públicos municipales son dos: La Ley 321 de 18 de diciembre de 2012, que en su art. 1 señala que reingresan al campo de competencia de la Ley General del Trabajo, todos los trabajadores permanentes de planta hasta técnico administrativo IV; sin embargo, ese no es el caso del accionante y realiza una excepción quienes se encuentran fuera del ámbito de competencia de la Ley General del Trabajo (LGT) en su párrafo II, al señalar: “…los Directores o Secretarios Generales, los Jefes de Unidad, los asesores y los profesionales…” (sic); ocupando el accionante un cargo de dirección; es decir, un cargo de libre nombramiento y de confianza de la Subalcaldía; en ese sentido, el virtud del art. 1.II de la citada Ley, el accionante se encuentra fuera del ámbito de competencia de la Ley General de Trabajo; y, la segunda norma es el art. 5 inc. c) del EFP, que señala que los funcionarios de libre nombramiento son aquellas personas que realizan funciones administrativas de confianza y asesoramiento técnico especializado para los funcionarios electos y designados, el sistema de administración personal en forma coordinada con el sistema de organización administrativa y de presupuesto y las atribuciones específicas de esos funcionarios no están sujetos a las disposiciones relativas a la carrera administrativa del referido Estatuto.
La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante Resolución 55/2023 de 23 de marzo, cursante de fs. 80 a 84, denegó la tutela solicitada, bajo los siguientes fundamentos: i) No se advierte la vulneración del derecho a la inamovilidad laboral por ser padre progenitor del accionante, pues al estar en un cargo de libre nombramiento y de confianza se acomoda a uno de los presupuestos de excepción de ese derecho, dada las características propias del cargo, la forma en que fue designado y la naturaleza del mismo; ii) De acuerdo a la documentación presentada por el accionante, respecto al Certificado de 3 de agosto de 2022, de la CNS, su esposa se encuentra asegurada a la citada Caja cumpliendo funciones en un Centro Educativo, gozando de los derechos que la ley otorga sin vulnerar el derecho a la Seguridad Social; y, iii) El accionante al momento de su despido cumplía la labor de Director de Desarrollo Municipal, cargo jerárquico de confianza de la autoridad municipal, asumiendo conocimiento sobre condiciones y reglas a las que se someten funcionarios de dicho rango, situación por la que se toma en cuenta al momento de emitir el presente fallo. En vía de enmienda, complementación y aclaración el accionante mediante memorial presentado el 24 de marzo de 2023, cursante de fs. 86 a 91 vta., solicitó a la Sala Constitucional que se aclare: a) Por qué decidieron de forma arbitraria vulnerar sus derechos al trabajo, a la salud, a la seguridad social y a la estabilidad laboral, a pesar que adjuntaron documentación pertinente que demuestra que goza de inamovilidad laboral; sin embargo, no fue valorada de manera objetiva; y, b) Se complemente por qué no se tomó en cuenta los arts. 1, 2 y 3 del Decreto Supremo (DS) 0012 de 19 de febrero de 2009; 48 y 233 de la CPE; 3, 23 y 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH), los Convenios 111, 095 y 102 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la jurisprudencia constitucional. En mérito a esa solicitud, mediante Auto de 28 de marzo de 2023, cursante a fs. 92, los Vocales de la Sala Constitucional, rechazaron la solicitud de aclaración, complementación y enmienda del accionante, por ser presentada fuera del plazo que otorga la normativa procesal constitucional.
Mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP-003/2025-II de 26 de noviembre, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa. Asimismo, mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 004/2025-II de 30 de diciembre de 2025, se dispuso la devolución a Comisión de Admisión de los expedientes sorteados a los Magistrados cesados, los cuales se encontraban pendientes de resolución; a efecto de que, se realice un nuevo sorteo para que los actuales Magistrados asuman conocimiento y resuelvan dichas causas.
De la revisión a los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. A través de los Memorandos Carlos Eduardo Palenque Monroy -ahora accionante- asumió los siguientes cargos en el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz: DGRRHH 03873/2015 de 16 de junio, de Director II y Puesto de Trabajo de Director de Atención Social Integral SMDS SEM, dependiente de Secretaría Municipal de Desarrollo Social con el ITEM E-0477 y Nivel Salarial 126 B05 (fs. 17); DGRRHH 03024/2021 de 20 de mayo, de Director II y Puesto de Trabajo de Director de Gestión Social y Promoción Económica dependiente de la Subalcaldía Mallasa, con el ITEM E-1460 y Nivel Salarial 126 B05 (fs. 4); DGRRHH 07012/2021 de 31 de diciembre, de Director II y Puesto de Trabajo de Director de Promoción del Desarrollo Municipal, dependiente de la Subalcaldía Mallasa, con el ITEM E-1471 y Nivel Salarial 126 B02 (fs. 5); y, DGRRHH 02854/2022 de 1 de junio, de Director II y Puesto de Trabajo de Director de Promoción Municipal dependiente de la Subalcaldía Mallasa, con el ITEM-E-1486 y Nivel Salarial 124 B02 (fs. 6). II.2. Por Nota presentada el 17 de agosto de 2022, ante el Director de Gestión de Recursos Humanos del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, el accionante informó que su esposa María Prudencio Bonifaz , se encontraba en estado de gestación de veintinueve semanas (fs. 7). II.3. Mediante Memorando DGRRHH 03935/2022 de 23 de agosto, el Director de Gestión de Recursos Humanos del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, comunicó al accionante que se dispuso agradecer sus servicios como Director de Promoción de Desarrollo Municipal, considerando que su puesto se encuentra en la categoría de funcionario designado (fs. 8). II.4. Cursa Certificado de Atención pre Natal de la Caja Nacional de Salud en la que consta como Asegurada de la Asociación para la Promoción Educativa (APES) y Colegio Horizontes, la esposa del accionante María Prudencio Bonifaz, a quien partir del 3 de agosto de 2022, se la habilitó para el subsidio pre Natal (fs. 10). II.5. Mediante Resolución MTEPS-VESCyCOOP-DGSC-RC-AR/27 de 4 de octubre de 2022, el Director General de Servicio Civil del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, rechazó la solicitud de reincorporación laboral del accionante (fs. 12 al 16).
El accionante, denuncia la vulneración de sus derechos a la salud, al trabajo, a percibir un salario, al Seguro Social a Corto Plazo, a la estabilidad e inamovilidad laboral por ser padre progenitor; puesto que, en su condición de Director de Promoción del Desarrollo Municipal dependiente de la Subalcaldía de Mallasa del Municipio de La Paz, hizo conocer a Recursos Humanos de dicha Institución que su esposa se encontraba embarazada; posteriormente, sin justificación alguna y sin considerar su inamovilidad laboral por ser padre progenitor fue despedido por Memorando DGRRHH 03935/2022 de 23 de agosto; y ante el despido ilegal, acudió al Servicio Civil dependiente del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, que emitió la Resolución MTEPS-VESCyCOOP-DGSC-RC-AR/27 de 4 de octubre de 2022, rechazando su solicitud de reincorporación laboral por ser un funcionario de libre nombramiento. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: 1) Clasificación de los servidores públicos en el Estatuto del Funcionario Público; 2) Respecto al régimen laboral de los funcionarios públicos del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz; y, 3) Con relación a la inamovilidad laboral y las excepciones que se presentan en función al tipo de servidor público; 4) Análisis del caso concreto.
El ámbito de aplicación del Estatuto del Funcionario Público (EFP) abarca a todos los servidores públicos que presten servicios en relación de dependencia con cualquier entidad estatal, independientemente de su fuente de remuneración; norma que establece como clasificación de los funcionarios públicos, los funcionarios electos, designados, de libre nombramiento, de carrera e interinos. Al respecto, el art. 5 del EFP, señala que:
“a) Funcionarios electos: Son aquellas personas cuya función pública se origina en un proceso eleccionario previsto por la Constitución Política del Estado. Estos funcionarios no están sujetos a las disposiciones relativas a la Carrera Administrativa y Régimen Laboral del Presente Estatuto. b) Funcionarios designados: Son aquellas personas cuya función pública emerge de un nombramiento a cargo público, conforme a la Constitución Política del Estado, disposición legal u sistema de Organización Administrativa aplicable. Estos funcionarios no están sujetos a las disposiciones relativas a la Carrera Administrativa del presente Estatuto. c) Funcionarios de libre nombramiento: Son aquellas personas que realizan funciones administrativas de confianza y asesoramiento técnico especializado para los funcionarios electos o designados. El Sistema de Administración de Personal, en forma coordinada con los Sistemas de Organización Administrativa y de Presupuesto, determinará el número y atribuciones específicas de estos y el presupuesto asignado para este fin. Estos funcionarios no están sujetos a las disposiciones relativas a la Carrera Administrativa del presente Estatuto. d) Funcionarios de carrera: Son aquellos que forman parte de la administración pública, cuya incorporación y permanencia se ajusta a las disposiciones de la Carrera Administrativa que se establecen en el presente Estatuto”. El art. 71 del citado Estatuto, respecto a la condición de funcionario provisorio, establece que: “Los servidores públicos que actualmente desempeñen sus funciones en cargos correspondientes a la carrera administrativa y cuya situación no se encuentre comprendida en el artículo precedente, serán considerados funcionarios provisorios, que no gozarán de los derechos a los que hace referencia el Numeral II del Artículo 7o de la presente Ley”. Por otro lado, en cuanto a los derechos de los que gozan los funcionarios públicos de carrera, el art. 7 del nombrado Estatuto, prevé: “II. Los funcionarios de carrera tendrán, además, los siguientes derechos: a) A la carrera administrativa y estabilidad, inspirada en los principios de reconocimiento de mérito, evaluación de desempeño, capacidad e igualdad. (…) c) A impugnar, en la forma prevista en la presente Ley y sus reglamentos, las decisiones administrativas que afecten situaciones relativas a su ingreso, promoción o retiro, o aquellas que deriven de procesos disciplinarios. d) A representar por escrito, ante la autoridad jerárquica que corresponda, las determinaciones que se juzguen vulneratorias de alguno de sus derechos”. En ese sentido, es importante precisar que los servidores públicos electos, designados y de libre nombramiento no forman parte de la carrera administrativa, por lo tanto no tienen derecho a la estabilidad laboral, conforme lo señala el art. 233 de la CPE y el art. 5 del EFP, y respecto a los funcionarios provisorios -distintos a los de libre nombramiento- la SC 0474/2011-R de 18 de abril, interpretando el art. 71 del EFP reconoció que en la Administración Pública continúa existiendo servidores públicos provisorios, entendidos como aquellos cargos sujetos a la carrera administrativa pero de manera provisional; puesto que, no ingresaron por el procedimiento regular establecido en el ordenamiento jurídico sino por la decisión discrecional de la Máxima Autoridad Ejecutiva, quienes tampoco tienen derecho a la estabilidad laboral, en virtud a su forma de ingreso.
La SCP 0439/2019-S4 de 2 de julio señala que: “El Estatuto del Funcionario Público, en su art. 3.III, establece que las carreras administrativas en los Gobiernos Municipales, Universidades Públicas, Escalafón Judicial del ‘Poder’ Judicial, carrera fiscal del Ministerio Público, Servicio Exterior y Escalafón Diplomático así como el Magisterio Público, debían regularse por su legislación especial aplicable en el marco establecido en la indicada norma, aunque no existe constancia de que se hubiera emitido tal legislación. En el caso de los Gobiernos Municipales, la Ley 2028 de 28 de octubre de 1999 (actualmente abrogada por la Ley 482 de 9 de enero de 2014, denominada Ley de Gobiernos Autónomos Municipales), reguló la carrera municipal señalando que debía articularse a través de las Normas Básicas del Sistema de Administración de Personal; y, además previó que las personas contratadas en las empresas municipales públicas o mixtas, establecidas para la prestación directa de servicios públicos, estaban sujetas a la Ley General del Trabajo. Posteriormente, mediante Ley 321 de 18 de diciembre de 2012, se regularon las siguientes disposiciones respecto al personal municipal: a) Incorporó al ámbito de aplicación de la Ley General del Trabajo, a las trabajadoras y los trabajadores asalariados permanentes que desempeñen funciones en servicios manuales y técnico operativo administrativas de los Gobiernos Autónomos Municipales de Capitales de Departamento y de El Alto del departamento de La Paz; b) Exceptuó expresamente, a las y los servidores públicos electos y de libre nombramiento, así como a quienes ocupen cargos de: 1. Dirección, 2. Secretarías Generales y Ejecutivas, 3. Jefatura, 4. Asesor, y 5. Profesional; y, c) Mantuvo la aplicación del régimen laboral de las empresas municipales públicas o mixtas, dispuesto en el numeral 3 del art. 59 de la Ley 2028 de Municipalidades; es decir, bajo el amparo de la Ley General del Trabajo.
En todos los casos, en atención a que los Gobiernos Autónomos Municipales son entidades de derecho público, previó que las trabajadoras y los trabajadores asalariados que prestan servicios en ellos, se encuentran sujetos a las responsabilidades funcionarias establecidas por la Ley de Administración y Control Gubernamentales, y sus disposiciones complementarias. Resumiendo, se tiene que gozan de la protección de la Ley General del Trabajo y por ende, de la reincorporación señalada por el DS 0495 de 1 de mayo de 2010, los trabajadores que desempeñan funciones en servicios manuales así como técnico operativo administrativas; y el personal de las empresas municipales públicas y privadas, excluyéndose a los funcionarios electos (Alcalde y Concejales); al personal de libre nombramiento (Secretarias y Secretarios Municipales y el personal de asesoramiento técnico especializado que integra el Órgano Ejecutivo y el Órgano Deliberante ) y al resto de funcionarios públicos que no ejecutan dichas tareas manuales ni técnico operativas administrativas, vale decir, dirección asesoramiento y funciones que requieren formación profesional” (las negrillas son nuestras). Asimismo, el art. 13.I de las Normas Básicas del Sistema de Administración de Personal (NB-SAP) -Decreto Supremo (DS) 26115 de 16 de marzo de 2001- en la categoría de Ejecutivo, establece que el personal de libre nombramiento se ubica en el tercer nivel de la escala de puestos de la entidad, y esclarece que ocuparán solamente puestos con funciones administrativas de confianza y asesoramiento especializado y técnico a los puestos de la categoría superior de una entidad, razón por la cual, también son de libre remoción.
La SCP 0579/2015-S3 de 10 de junio, establece que: “…la SCP 1044/2013 de 27 junio, estableció que: ‘…por el principio de universalidad la garantía de la inamovilidad laboral alcanza tanto al sector privado como al sector público (SCP 1417/2012 de 20 de septiembre); sin embargo, debe reconocerse que tampoco es absoluto de forma que puede verse limitado por las necesidades instituciones que atañen al correcto funcionamiento del aparto público y el bienestar de la colectividad…’ (…) aspecto que debe resultar de una ponderación de los supuestos y bienes en conflicto en cada caso concreto.
(…)
En este mismo sentido, en un caso similar sobre la inamovilidad argüida por un Fiscal de Distrito, la SCP 1521/2012, ha determinado que ‘…no se puede alegar vulneración al goce de la inamovilidad laboral, ni siquiera por motivos de protección del progenitor justamente por la naturaleza del cargo del accionante. En casos de autoridades de alto rango jerárquico la garantía de inamovilidad en razón a contar con un hijo menor de un año de edad trastrocaría la organización institucional del Estado boliviano e impediría el logro de los objetivos institucionales y sin duda podría afectar incluso un ejercicio eficiente de las tareas del Ministerio Público’. Bajo el mismo razonamiento, ésta vez para el caso de una autoridad electa como Concejal Munícipe, la SCP 0853/2013 de 17 de junio, ratificando el entendimiento de la SC 1958/2010-R de 25 de octubre, sostuvo que: ‘…frente al reclamo de inamovilidad de mujer gestante hasta el año del menor nacido, es preciso puntualizar que los cargos electivos no gozan de la protección de la inamovilidad laboral, precisamente por la legitimidad electiva que a estos revisten, bajo este entendimiento la carrera administrativa y regímenes laborales previstos por el Estatuto del Funcionario Público, y la propia Ley General del Trabajo, no incluye a los funcionarios electos, tal cual reza el art. 5.A del Estatuto del Funcionario Público; por consiguiente, no existe el beneficio de la inamovilidad laboral para el estatus de cargos electivos; en la materia no puede la accionante alegar vulnerado tal derecho debido a su situación de Concejala suplente, además de encontrarse en la condición de Autoridad (suplente) electa’. pretendiendo una extensión de mandato, no obstante de ello el Estado debe evitar dejarlos en desprotección por su condición de progenitores a través de los sistemas de seguridad social, pero no mediante la inamovilidad laboral.
Es decir, que la jurisprudencia de este Tribunal si bien reconoció que el derecho a la inamovilidad laboral es universal ya que protege a trabajadores resguardados por la Ley General del Trabajo y a funcionarios públicos, reconoce también que el derecho no es absoluto, en el ámbito administrativo, no es transversal a todos los servidores públicos, pues puede verse limitado cuando se trata de servidores públicos de libre nombramiento, pues éstos, son reclutados sin procesos previos sino de manera directa por invitación personal del máximo ejecutivo de la entidad pública, para ocupar funciones de confianza o asesoramiento técnico, que precisamente por las característica de confianza y especialidad, no están bajo la protección absoluta de la inamovilidad laboral, ya sea esta producto de embarazo o de discapacidad. La carencia de inamovilidad laboral en servidores públicos de libre nombramiento, tiene por finalidad garantizar la eficacia y eficiencia del servicio público, ya que las labores que desempeñan este tipo de funcionarios son de iniciativa, decisión y mando, por ello su duración en el cargo es temporal, y su retiro discrecional, aceptar lo contrario significaría afectar la gestión pública, pues se obligaría a una autoridad ejecutiva a reconocer en un puesto de libre nombramiento a personal que no cuenta con confianza o condiciones técnicas requeridas por la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE), obligándole a asignar funciones de iniciativa, decisión y mando a personas que no cumplen con estas condiciones” (las negrillas son nuestras). De lo señalado precedentemente, se entiende que la garantía de inamovilidad laboral señalada en el art. 48.VI de la CPE en favor de las mujeres embarazadas y los progenitores hasta que su hijo o hija cumpla un año de edad tanto para el Sector Privado como para la Administración Pública; no es absoluta, pudiendo ser limitada para los servidores públicos electos, que se encuentran sujetos a las características del proceso eleccionario, los designados y de libre nombramiento, cuyo reclutamiento no responde a un proceso de selección de personal, sino a una invitación directa de la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) de una institución pública, para desarrollar cargos jerárquicos de confianza o asesoramiento técnico especializado, en labores que impliquen iniciativa decisión y mandato, siendo la duración en el puesto temporal y de libre disposición, por la naturaleza de las funciones que cumplen. En ese entendido, es necesario precisar que conforme al art. 71 del EFP los servidores públicos provisorios son los que ejercen cargos sujetos a la carrera administrativa, diferentes de los funcionarios de libre nombramiento quienes realizan funciones administrativas de confianza y asesoramiento técnico especializado en cargos jerárquicos; es decir, que se constituyen en dos tipos de servidores públicos distintos, y respecto a la inamovilidad laboral de funcionarios provisorios la SCP 0227/2013-L de 10 de abril señaló que “…su condición de servidora pública provisoria no se encuentra fuera del marco de dicho resguardo; es evidente que conforme al art. 71 del Estatuto del Funcionario Público (EFP), los funcionarios que no se encuentren comprendidos en la carrera administrativa, no gozan de los derechos a los que hace referencia el parágrafo II del art. 7 del referido Estatuto; sin embargo, la situación de la accionante, resulta ser diferente, por cuanto la inamovilidad laboral que por mandato constitucional le asiste, responde a su condición de madre en estado de gestación, situación que representa para el Estado de primordial protección”; por lo que, en consecuencia se concluye que el Tribunal Constitucional Plurinacional a través de su jurisprudencia garantizó la inamovilidad laboral de las mujeres embarazadas y los progenitores que tengan la condición de servidores públicos provisorios, hasta que el hijo o hija cumpla un año de edad, en resguardo de los derechos del menor de edad nacido o por nacer.
El accionante, denuncia la vulneración de sus derechos a la salud, al trabajo, a percibir un salario, al Seguro Social a Corto Plazo, a la estabilidad e inamovilidad laboral por ser padre progenitor; puesto que, en su condición de Director de Promoción del Desarrollo Municipal dependiente de la Subalcaldía de Mallasa del Municipio de La Paz, hizo conocer a Recursos Humanos de dicha Institución que su esposa se encontraba embarazada; posteriormente, sin justificación alguna y sin considerar su inamovilidad laboral por ser padre progenitor fue despedido por Memorando DGRRHH 03935/2022 de 23 de agosto; y ante el despido ilegal, acudió al Servicio Civil dependiente del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, que emitió la Resolución MTEPS-VESCyCOOP-DGSC-RC-AR/27 de 4 de octubre de 2022, rechazando su solicitud de reincorporación laboral por ser un funcionario de libre nombramiento. Conforme a los antecedentes, se tiene que el accionante asumió los siguientes cargos en el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz a través de los Memorandos: DGRRHH 03873/2015 de 16 de junio, de Director II y Puesto de Trabajo de Director de Atención Social Integral SMDS SEM, dependiente de Secretaría Municipal de Desarrollo Social con el ITEM E-0477 y Nivel Salarial 126 B05; DGRRHH 03024/2021 de 20 de mayo, de Director II y Puesto de Trabajo de Director de Gestión Social y Promoción Económica dependiente de la Subalcaldía Mallasa, con el ITEM E-1460 y Nivel Salarial 126 B05; DGRRHH 07012/2021 de 31 de diciembre, de Director II y Puesto de Trabajo de Director de Promoción del Desarrollo Municipal, dependiente de la Subalcaldía Mallasa, con el ITEM E-1471 y Nivel Salarial 126 B02; y, DGRRHH 02854/2022 de 1 de junio, de Director II y Puesto de Trabajo de Director de Promoción Municipal dependiente de la Subalcaldía Mallasa, con el ITEM E-1486 y Nivel Salarial 124 B02 (Conclusión II.1.).
Posteriormente, mediante Nota presentada el 17 de agosto de 2022, ante el Director de Gestion de Recursos Humanos del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, el accionante informó que su esposa María Prudencio Bonifaz, se encontraba en estado de gestación de veintinueve semanas (Conclusión II.2.); asimismo, por Memorando DGRRHH 03935/2022 de 23 de agosto, el Director de Gestión de Recursos Humanos del referido Gobierno Autónomo, le comunicó que se dispuso agradecer sus servicios como Director de Promoción de Desarrollo Municipal, considerando que su puesto se encuentra en la categoría de funcionario designado (Conclusión II.3.).
Ante el citado despido, acudió a la Dirección General de Servicio Civil del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, que a través de la Resolución MTEPS-VESCyCOOP-DGSC-RC-AR/27 de 4 de octubre de 2022, rechazó la solicitud de reincorporación laboral del accionante, fundamentando que al no evidenciarse la comisión de hecho o acto vulneratorio alguno en que hubiese incurrido el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz y sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, el afectado podrá interponer las acciones constitucionales que correspondan, tomándose en cuenta la inmediatez de la protección del derecho constitucional de inamovilidad laboral (Conclusión II.5.).
Ahora bien, a efectos de resolver la problemática planteada, se tiene que el accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la salud, al trabajo, a percibir un salario, al seguro social a corto plazo y a la estabilidad e inamovilidad laboral por ser padre progenitor; puesto que, a través del Memorando DGRRHH 03935/2022 de 23 de agosto, emitido por el Director de Gestión de Recursos Humanos del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, lo desvincularon de su fuente laboral, sin considerar que era padre progenitor; ya que, el 17 del citado mes y año, mediante Nota hizo conocer del embarazado de su esposa, adjuntando la documentación pertinente conforme a fs. 7; empero, conforme a los Fundamentos Jurídicos III.1. y III.3. de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, existe diferencia entre el derecho a la estabilidad laboral y la garantía de inamovilidad laboral, siendo que el primero, conforme al Estatuto del Funcionario Público, únicamente gozan de estabilidad los funcionarios de carrera, diferente a la garantía de inamovilidad laboral, que conforme a lo establecido en el Fundamento Jurídico III.3. del presente fallo constitucional no es absoluta, viéndose limitada para los servidores públicos electos, designados y de libre nombramiento, al tratarse de cargos jerárquicos, de confianza o de asesoramiento técnico y especializados, lo contrario ocurre con los servidores públicos provisorios que ocupan cargos sujetos a la carrera administrativa provisionalmente, quienes si gozan de esa garantía.
Es así que, para el análisis del caso concreto, de la presente acción de amparo constitucional, es necesario precisar que de acuerdo al art. 5 incs. c) y d) del EFP, los funcionarios de libre nombramiento, son aquellos que realizan funciones administrativas de confianza y asesoramiento técnico especializado para los funcionarios electos y designados, quienes no están sujetos a las disposiciones relativas a la carrera administrativa, y por lo mismo, tampoco gozan de los derechos comprendidos por el art. 7.II del citado Estatuto; por cuanto, su ingreso a una entidad pública no es resultado de un proceso de reclutamiento y selección de personal, sino que obedece a una invitación personal de parte del máximo ejecutivo; por lo tanto, esos no gozan de estabilidad laboral.
En consecuencia, respecto a los trabajadores de los Gobiernos Autónomos Municipales de Capitales de Departamento, la Ley 321 excluye del ámbito de la Ley General del Trabajo a los funcionarios electos -Alcalde y Concejales-; al personal de libre nombramiento Secretarias y Secretarios Municipales y el personal de asesoramiento técnico especializado que integra el Órgano Ejecutivo y el Órgano Deliberante y al resto de funcionarios públicos que no ejecutan dichas tareas manuales ni técnico operativas administrativas, vale decir, aquellos que ocupen cargos de dirección, asesoramiento y funciones que requieren formación profesional; en ese sentido, a tiempo de clasificar al personal de libre nombramiento, el art. 13.I del DS 26115 de 16 de marzo de 2001 NB-SAP, en el marco de la Ley de Administración y Control Gubernamental -Ley 1178 de 20 de julio de 1990-, establece que éstos se ubican en el tercer nivel de la escala de puestos de la entidad, y ocuparán solamente puestos con funciones administrativas de confianza y asesoramiento especializado y técnico, razón por la cual, también son de libre remoción.
En ese entendido, se tiene que último cargo que fue designado el accionante, fue de Director II y Puesto de Trabajo de Director de Promoción Municipal dependiente de la Subalcaldía Mallasa del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, con el ITEM-E-1486 y Nivel Salarial 124 B02, mediante Memorando DGRRHH 02854/2022 de 1 de junio, y que conforme al art. 13.I del DS 26115 NB-SAP, en el marco de la Ley 1178 concordante con el art. 5 del EFP, respecto a las clases de servidores públicos, ubica a dicho cargo -Director- en el tercer nivel, categoría ejecutiva, donde se encuentran los funcionarios de libre nombramiento, quienes conforme lo descrito líneas arriba no gozan de estabilidad laboral; puesto que, su forma de ingreso a la institución no responde a un proceso de selección de personal, sino a una invitación directa de la MAE de una institución pública, para desarrollar cargos jerárquicos de confianza o asesoramiento técnico especializado, en labores que impliquen iniciativa decisión y mandato, siendo la duración en el puesto temporal y de libre disposición; asimismo, tampoco gozan de la garantía de inamovilidad laboral -distinto al derecho de estabilidad laboral- descrita por el art. 48.VI de la CPE en favor de las mujeres embarazadas y los progenitores hasta que su hijo o hija cumpla un año de edad; puesto que, conforme a lo establecido en el Fundamento Jurídico III.3. del presente fallo constitucional señala que dicha garantía no es absoluta, pudiendo ser limitada ante las necesidades institucionales que atañen al correcto funcionamiento del aparato público y el bienestar de la colectividad, como es el caso de los servidores públicos de libre nombramiento, quienes por la naturaleza de las funciones que desempeñan se sitúan en cargos jerárquicos, de confianza o asesoramiento técnico y especializado, y no sería razonable obligar a la MAE a asignar funciones que implican decisión y mandato, a quienes no gozan de su confianza o condiciones técnicas requeridas, velando por el cumplimiento de los objetivos institucionales; por lo tanto, al desvincular laboralmente al accionante, mediante Memorando DGRRHH 03935/2022 de 23 de agosto, no se vulneró sus derechos a la salud, al trabajo, a percibir un salario y a la estabilidad e inamovilidad laboral; correspondiendo en consecuencia denegar la tutela solicitada.
Finalmente corresponde aclarar que en relación a las asignaciones familiares en favor del nuevo ser hasta que cumpla un año de edad; cursa Certificado de Atención pre Natal de la CNS se tiene como Asegurada de la Asociación para la Promoción Educativa APES y Colegio Horizontes a la esposa del accionante, otorgándosele a partir del 3 de agosto de 2022, su habilitación para el subsidio pre Natal (Conclusión II.4.); con dicha certificación se evidencia que las asignaciones familiares están siendo otorgadas a la esposa del accionante como funcionaria de una Entidad Educativa; por lo tanto, goza del Seguro Social a Corto Plazo. En consecuencia, la Sala Constitucional, al denegar la tutela solicitada, obró de manera correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 55/2023 de 23 de marzo, cursante de fs. 80 a 84, pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0179_2026-S1.pdf · páginas 1 a 15.
Huella digital del PDF (SHA-256): a28e6c7945dade51ff83b65e7ec10046a8b7fad34939360f1a8f0588740996dd
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