B.IA.LEGAL

SCP 0179/2024-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 22 de mayo de 2024

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
22 de mayo de 2024
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
MSc. Isidora Jiménez Castro
Expediente
48223-2022-97-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante mediante su representante sin mandato, denuncia como lesionado su derecho a la libertad; toda vez que, el Tribunal de Sentencia Penal Primero, Juzgado de Partido del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal de Achacachi del departamento de La Paz, ordenó la remisión del recurso de apelación incidental contra la Resolución 77/2022 de 21 de abril, al superior en grado, determinación que no fue cumplida hasta la fecha -se entiende hasta la interposición de la presente acción de libertad- por la Secretaria accionada pese a los reiterados reclamos efectuados. En revisión, corresponde verificar, si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución T.G.C. 125/2022 de 13 de mayo, cursante de fs. 20 a 21 vta., emitida por el Juez de Sentencia Penal Séptimo de El Alto del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, conforme los Fundamentos Jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; y,

2° Disponer que la Secretaria del Tribunal de Sentencia Penal Primero, Juzgado de Partido del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal de Achacachi del departamento de La Paz, remita los antecedentes de apelación en el plazo de veinticuatro horas de su legal notificación, si es que a la fecha aún no lo hizo.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Jurisprudencia reiterada sobre la acción de libertad traslativa o de pronto despacho
  2. III.2. Respecto a la legitimación pasiva del personal de apoyo jurisdiccional, en las acciones de libertad
  3. III.3. Análisis del caso concreto

¿Tenés un caso parecido?

B.IA.Legal lee esta sentencia junto con tu expediente, te dice en qué te sirve y te ayuda a redactar el memorial con la cita exacta, sacada del texto del Tribunal.

Probá 6 consultas gratis con registro y foto en tiempo real, y tu matrícula del RPA

¿No sos abogado? Hacé tu consulta legal gratis →

Texto completo

Texto tal como la publicó el Tribunal Constitucional Plurinacional, leído de su PDF oficial. Se sacaron solo los números de página.

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0179/2024-S3 Sucre, 22 de mayo de 2024 SALA TERCERA Magistrada Relatora: MSc. Isidora Jiménez Castro Acción de libertad Expediente: 48223-2022-97-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución T.G.C. 125/2022 de 13 de mayo, cursante de fs. 20 a 21 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por José Roberto Cusi Rodríguez en representación sin mandato de Máximo Colquehuanca Colque contra Yesenia Leidy Aduviri Hinojosa, Secretaria del Tribunal de Sentencia Penal Primero, Juzgado de Partido del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal de Achacachi del departamento de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 12 de mayo de 2022, cursante a fs. 1 y 8 a 9, el accionante, expresó los siguientes argumentos de hecho y derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal incoado en su contra el accionante mediante su representante, solicitó la cesación de la detención preventiva con base en el art. 239.2 del Código de Procedimiento Penal (CPP); toda vez que, inicialmente se dispuso su detención por seis meses y ya habrían pasado casi ocho; ante ello, en audiencia de 21 de abril de 2022 el Tribunal de Sentencia Penal Primero, Juzgado de Partido del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal de Achacachi del departamento de La Paz, resolvió no dar curso a su requerimiento; por lo que, en forma oral, en la misma audiencia, formuló recurso de apelación incidental; sin embargo, hasta la fecha el expediente no fue remitido para resolución; ante ello, interpuso acción de libertad; toda vez que, bajo diferentes excusas la accionada evadió sus funciones dando diferentes pretextos, transcurriendo hasta la fecha veinte días sin que el mismo sea remitido, pese a sus reclamos constantes, sin haber recibido respuesta hasta la interposición de la acción tutelar.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Señaló como lesionado su derecho a la libertad, sin señalar normativa constitucional que la contenga.

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela; y en consecuencia: a) Se ordene que la accionada remita en el día los antecedentes para que se resuelva el recurso de apelación incidental contra la Resolución 77/2022 de 21 de abril; y; b) Se establezca la responsabilidad negligente de la accionada indicando que, son reiteradas las demoras de la misma en cumplimiento de su trabajo, pese a saber que se trataría de un caso con detenido, con costas y costos a cubrir por la accionada.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia pública el 13 de mayo de 2022, según consta en acta cursante de fs. 16 a 19, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante a través de su representante, ratificó in extenso los argumentos contenidos en la demanda tutelar, añadiendo que desde la fecha que interpuso recurso de apelación hasta el día de hoy -se entiende la fecha de la audiencia de la presente acción tutelar-, no se remitió el referido recurso de apelación a la Sala Penal de turno del Tribunal Departamental de Justicia de Nuestra Señora de La Paz y señaló que: 1) El 25 de abril de 2022, conversó personalmente con la accionada en la ciudad de La Paz y le pidió que remita los antecedentes porque se trataba de un caso con detenido; toda vez que, en estos casos hay que darles prioridad; a ello, la accionada le comunicó que estaría listo para ese día viernes porque debía transcribir el acta de audiencia que según ella fue un poco larga, siendo su misma quien llevaría el acta extrañada aprovechando que tenía audiencia en la referida ciudad; de esta manera, esperó hasta el día señalado pero el expediente no fue remitido; por esto, insistió nuevamente el lunes y el viernes de la subsiguiente semana y tampoco fue remitido; entonces, tuvo que comunicarse con la accionada vía telefónica y esta le indicó que ya se dejaron los antecedentes pero que no había sistema; es decir, con una serie de excusas que lamentablemente fueron recurrentes, hasta que el primero de mayo (feriado nacional) le manifestó que estaría listo para el viernes siguiente sin lograr la remisión pretendida; es así que, el 11 de mayo del señalado año, su abogado se constituyó en la localidad de Achacachi y habló con la accionada personalmente, requiriendo el libro de altas y bajas para verificar si la apelación había sido remitida, a lo que le manifestó que el pasante los llevó para alguna diligencia; indicándole también que ella estaba en suplencia del otro juzgado, pero que le mandaría vía fotográfica la remisión de la apelación, no pudiendo hacer nada más porque la accionada salió a otra audiencia de inspección. Como era de suponer, la accionada no le mandó la constancia fotográfica de la remisión de antecedentes; lo cual evidencia su incumplimiento; a más de ello, todos los días se estuvo apersonando al Tribunal para hacer seguimiento de su causa, pero ni siquiera se remitieron los antecedentes; por cuya razón, nuevamente se apersonó al Juzgado y solicitó el expediente original evidenciando que ni siquiera se había elaborado el acta de audiencia de cesación a la detención preventiva, siendo todo un actuar negligente de la accionada, habiendo transcurrido casi tres semanas para realizar un acta de audiencia, y la referida remisión; 2) Estos hechos dilatorios repercutieron en su derecho a la libertad, porque son más de ocho meses que se encuentra en detención preventiva, y es esta apelación que puede cambiar su situación jurídica a través de una eventual revocatoria de la resolución y dar lugar a la cesación de la detención preventiva; entonces, al no remitirse los antecedentes en el plazo que establece el Código de Procedimiento Penal (CPP) se lesiona su derecho a la libertad; y, 3) Se disponga “…una responsabilidad disciplinaria contra la funcionaria porque repito es esto reiterado no hay acto en el que pueda esperar que la Secretaria cumpla con su trabajo siendo que hemos presentado acción de libertad su señoría (…) se le ha dado el tiempo prudente creemos nosotros su señoría para que puedan cumplir considerando que es Secretaria en suplencia también y que hay que transcribir el acta y demás pero ya tres semanas prácticamente señor Magistrado, es súper abundante tiempo, eso es cuanto solicitamos su señoría” (sic).

I.2.2. Informe de la accionada

Yesenia Leidy Aduviri Hinojosa, Secretaria del Tribunal de Sentencia Penal Primero, Juzgado de Partido del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal de Achacachi del departamento de La Paz, mediante informe escrito del 13 de mayo de 2022, cursante a fs. 15, señaló que: i) Se encuentra en suplencia legal del Juzgado Público de la Niñez y Adolescencia y de Instrucción Penal de Achacachi, Juzgado que no cuenta con un auxiliar y oficial de diligencias; de igual forma en el despacho donde ejerce sus funciones como titular (Tribunal de Sentencia Penal Primero, Juzgado de Partido del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal de Achacachi), no cuenta con auxiliar ni oficial de diligencias, por lo que estaría desempeñando el cargo de cuatro funcionarios, lo cual resultaría inhumano; situación que hizo conocer al presidente del Consejo de la Magistratura; ii) Hizo el esfuerzo de regularizar la apelación pero no pudo; toda vez que, ese despacho judicial tenía ya señaladas audiencias en distintas comunidades y al no contar con auxiliar ni con pasantes para que le puedan colaborar con las respectivas remisiones, más la distancia para la remisión a la Sala Penal de Turno desde Achacachi hasta el Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, hicieron que no pueda remitir los antecedentes de la apelación en sus tiempos; a más de ello que, el referido Tribunal tampoco cuenta con boletas para poder sacar las copias respectivas y transportarse ida y vuelta hasta la ciudad de La Paz; iii) A efectos de realizar la remisión de la apelación precitada pidió colaboración del personal del juzgado civil, pero al llegar a la gestora, le indicaron que solo un funcionario puede remitir el legajo negándole la recepción; por lo que, tuvo que salir desde el asiento de Achacachi, pero en la comunidad de Pucarani había bloqueos por dos semanas, aspecto que impidió el paso en la carretera y no pudo llegar al juzgado de la ciudad de El Alto. Refiriendo que no cuenta con recursos para ir y venir una y otra vez a la ciudad de El Alto. iv) La Apelación en contra de la Resolución 77/2022 ya fue remitida a la Sala Penal de turno. Por otra parte, respondiendo las interrogantes formuladas por el juez de garantías en su defensa sostuvo: a) Respecto al motivo por el cual, el acta de cesación y la Resolución que fue emitida en la misma se encontraban legalizadas y no en originales; manifestó que, “…se pone unas tomas de razón en Achacachi que tenemos las originales y nos hemos cambiado de ambientes y lastimosamente dónde estaba el acta, la puerta se ha cerrado, hemos llamado al personal que es dueño de la alcaldía y nos indicaron de que esa puerta no tendría llave, es por eso que no sé ha adjuntado el acta original pero cabe mencionar de que la apelación ya sido en la en la sala primera doctor ya ha sido remitida ya está mandado al auxiliar la foto de la sala primera” (sic); b) En cuanto al motivo por el cual, la resolución estaba en fotostática legalizada; refirió que, justo en ese momento estaba llevando a cabo dos audiencias (vía plataforma web) y que por la premura del tiempo la tarde anterior hasta la noche habrían armado el legajo en fotocopias legalizadas más el legajo de todo a la rápida y tal vez se le habría traspapelado con la apelación que ya ha mandado; c) Referente a la fecha y hora de recepción de la apelación; refirió que, fue realizado el 13 de mayo a horas 8:42 y el sorteo recayó en la Sala Penal Primera; d) Con relación a si el Tribunal donde la accionada ejerce funciones, se constituye en la ciudad de La Paz los días lunes para celebrar audiencias; expresó que, si, pero cuando es con detenido y solo habría salido un lunes; y, e) Si habría realizado la remisión o lo único hecho sería el sorteo; manifestó que, solamente es la carátula de sorteo, porque los asientos son de la ciudad de El Alto a la ciudad de La Paz y que estaría en camino llevándolo.

I.2.4. Resolución

El Juez de Sentencia Penal Séptimo de El Alto del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución T.G.C. 125/2022 de 13 de mayo, cursante de fs. 20 a 21 vta., concedió la tutela impetrada; y, dispuso que: 1) En el día, la accionada remita el legajo de la merituada apelación a la Sala Penal correspondiente y comparta al solicitante de tutela la constancia de su recepción; 2) Se remitan antecedentes ante el representante distrital del Consejo de la Magistratura, para que inicie las actuaciones disciplinarias correspondientes en contra de la funcionaria accionada; y, 3) Recomendó a los miembros del Tribunal de Sentencia Penal Primero de Achacachi “… que atiendan todas las solicitudes vinculadas al derecho a la libertad dentro del plazo de 48 horas, conforme lo determina el artículo 239 del Código de Procedimiento Penal. Asimismo, se les recomienda que ejerzan supervisión sobre las funciones de la Secretaria de su Tribunal, a fin que la misma cumpla con sus funciones dentro de los plazos establecidos y brinde información leal a los litigantes de dicho tribunal. A tal propósito, hágase conocer esta resolución a los miembros del referido Tribunal mediante oficio a ser diligenciado por la Oficina Gestora de Procesos” (sic). Resolución que fue emitida con base en los siguientes fundamentos: i) La presente acción de libertad radica en la no remisión del legajo de antecedentes en grado de apelación, -por parte de la hoy accionada- omisión que repercute en la posibilidad de que al resolverse el accionante recobre su libertad; sin embargo, la accionada de tutela ha referido una serie de justificativos, que en audiencia se pidió a la Secretaria los exhiba o comparta la constancia de recepción de la apelación por parte de la Sala Penal de Turno, a lo cual, ella se retractó diciendo que en realidad el día de la audiencia a horas 8:40 se sorteó por el sistema la apelación y que la remisión física de los actuados aún estaría pendiente, así también se tiene por lo que ella refirió que recién el día de ayer al armar el legajo de apelación por la premura, posiblemente se le han entrepapelado los documentos, lo que hace vislumbrar que el día 12 de mayo de 2022, recién habría armado el legajo de apelación, resultando inverosímil que con anterioridad hubiere pretendido remitir un legajo que no tenía preparado; ii) Si bien no se pueden emitir disposiciones respecto a funcionarios que no hubieran sido accionados realizó una precisión advertida a través de la solicitud de cesación a la detención preventiva del accionante que presentó el 6 de abril del 2022, empero, bajo el argumento que el Juez que emitió el decreto se encontraba en comisión, recién el 18 de abril del mismo año, se señaló audiencia; “…al respecto se debe considerar que un Tribunal de Sentencia se encuentra conformado por tres jueces, y, si uno de ellos se encontraba en comisión, cualquiera de los otros dos podía convocar a audiencia. Así, mediante el referido decreto, se convocó a una audiencia a celebrarse el 20 de abril; audiencia que no se llevó a cabo, pues, según se registró en un informe de la Secretaria, no había una sala virtual disponible; por lo que, la audiencia se difirió para el 21 de abril; es decir que, la solicitud del accionante, que debió atenderse, indefectiblemente, en el plazo de 48 horas, según lo establece el artículo 239 del Código de Procedimiento Penal, fue atendido en un plazo de diez días hábiles. Lo que nos lleva a evidenciar que el accionante no sólo soportó la dilación de la remisión de su apelación por el lapso de catorce días hábiles. Es decir que, sumando los plazos establecidos en los trámites de cesación y su apelación, establecidos en los artículos 239 y 404 del Código de Procedimiento Penal, lo que al accionante le debió tomar, desde la presentación de su solicitud hasta la resolución de su apelación un tiempo aproximado de noventa y seis horas, le viene significando una espera de veinticuatro días hábiles. Demora indebida que, al contrariar la celeridad con la que se debe atender las solicitudes del acusado relacionadas a su derecho a la libertad o puede ser inadvertida por este juez” (sic).

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:

II.1. Consta impresión del Sistema Integrado de Registro Judicial (SIREJ)

204017412 de 13 de mayo de 2022 a horas 08:42, sorteo o reparto: “Secretaria Sala Penal Primera, a fs. 56, Segunda Instancia, Gestora 7, La Paz, Zona Sur, Imputado Colquehuanca Máximo” (sic [fs. 14]). II.2. Cursa informe de 13 de mayo de 2022 emitido por la autoridad accionada (fs. 15).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante mediante su representante sin mandato, denuncia como lesionado su derecho a la libertad; toda vez que, el Tribunal de Sentencia Penal Primero, Juzgado de Partido del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal de Achacachi del departamento de La Paz, ordenó la remisión del recurso de apelación incidental contra la Resolución 77/2022 de 21 de abril, al superior en grado, determinación que no fue cumplida hasta la fecha -se entiende hasta la interposición de la presente acción de libertad- por la Secretaria accionada pese a los reiterados reclamos efectuados. En revisión, corresponde verificar, si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. Jurisprudencia reiterada sobre la acción de libertad traslativa o de pronto despacho

La jurisprudencia constitucional a través de las SCP 0329/2021-S2 de 20 de julio, 0791/2015-S3 de 10 de julio, establece que: “El entonces Tribunal Constitucional, mediante la SC 1579/2004-R de 1 de octubre, realizó la clasificación doctrinal del recurso de hábeas corpus -ahora acción de libertad-, a saber: a) Reparador, si ataca una lesión que ya fue consumada; b) Preventivo, cuando procura impedir una lesión a producirse; y, c) Correctivo, si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida; posteriormente, a través de la SC 0044/2010-R de 20 de abril, se amplió dicha clasificación identificando al hábeas corpus: 1) Restringido, ante limitaciones del ejercicio del derecho a la libertad; 2) Instructivo, que procede cuando el derecho a la libertad se encuentra vinculado al derecho a la vida; y, 3) Traslativo o de pronto despacho, a través del cual se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona privada de libertad. Respecto a esta última -la ahora acción de libertad traslativa o de pronto despacho-, el Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0011/2014 de 3 de enero, se pronunció señalando que esta: ‘…busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad, precisamente para la concreción del valor libertad, el principio de celeridad y el respeto a los derechos′. Además enfatizó que: ‘…todo tipo de decisiones judiciales vinculadas al derecho a la libertad personal, tienen que ser: tramitadas, resueltas (SC 0224/2004-R de 16 de febrero) y efectivizadas (SC 0862/2005-R de 27 de julio) con la mayor celeridad (SCP 528/2013 de 3 de mayo)′” .

III.2. Respecto a la legitimación pasiva del personal de apoyo jurisdiccional, en las acciones de libertad

En ese orden, se tiene que las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0425/2023-S2 y 0427/2015-S2, partiendo de la naturaleza jurídica de la acción de libertad, así como de los principios que la rigen, precisó que: “…se debe tener claramente establecido que la legitimación pasiva recae sobre toda persona cuya acción u omisión se constituya en causal para la vulneración o amenaza en la integridad y eficacia de los derechos tutelados por la presente acción de defensa; más aún, si el texto constitucional deja abierta la posibilidad de dirigir la demanda inclusive contra personas particulares; por consiguiente, en virtud al principio de generalidad, la presente acción de defensa no reconocen fueros, privilegios ni inmunidades, por lo que es plenamente viable dirigir contra toda persona, indistintamente si es particular o servidor público, sea este jurisdiccional o de apoyo judicial, e incluso de orden administrativo, cual podrían ser funcionarios policiales o del régimen penitenciario, solo a manera de ejemplo. En consecuencia, con lo manifestado líneas arriba, es posible afirmar que, las vulneraciones y las amenazas de los derechos a la vida, la libertad física y de locomoción, no necesariamente deben ser originadas como consecuencia del ejercicio de actos puramente jurisdiccionales, sino que, las acciones y omisiones de carácter administrativo, también tienen o pueden tener la misma cualidad para lesionar tales derechos. En este sentido, de acuerdo a la Ley del Órgano Judicial, los servidores de apoyo judicial son: la conciliadora o el conciliador, la secretaria o el secretario, la o el auxiliar, y, la o el oficial de diligencias, cuyas funciones y, particularmente sus obligaciones se encuentran disciplinadas en los arts. 83 al 106 de la LOJ. Ahora bien, a los fines de establecer la legitimación pasiva en la acción de libertad respecto a los servidores de apoyo judicial, se debe tener presente que, si la vulneración de los derechos tutelados por la presente acción de defensa emerge del incumplimiento o la inobservancia de las funciones y obligaciones conferidas al personal de apoyo jurisdiccional en los preceptos legales procedentemente referidos o del incumplimiento de las instrucciones u órdenes impartidas por el superior en grado, dicho servidor público adquiere la legitimación pasiva por lo que es plenamente viable dirigir la demanda contra ése funcionario, hasta establecer su responsabilidad si corresponde; habida cuenta que, el acto ilegal no es necesariamente el resultado del ejercicio de la función puramente jurisdiccional, sino que, las omisiones de carácter administrativo como: la falta o inoportuna elaboración del cuadernillo de apelación, el incumplimiento de plazos para la remisión de antecedentes al superior en grado, la falta o la inoportuna elaboración de actas, la falta o inoportuna notificación a las partes, tratándose en especial de audiencias de consideración de medidas cautelares, en fin, la inobservancia de las labores y obligaciones encomendadas al personal de apoyo, tiene la capacidad de repercutir negativamente en el ejercicio de los derechos fundamentales y garantías constitucionales del justiciable; sin embargo, el presente razonamiento no implica que el Juez como autoridad revestida de jurisdicción deje al desamparo la dirección del juzgado, por cuanto le asiste la facultad de impartir instrucciones al personal de apoyo judicial y de realizar el seguimiento correspondiente, puesto que de no cumplirse las mismas también asume la responsabilidad por ser la autoridad que finalmente tiene la responsabilidad del juzgado; consiguientemente, el buen desempeño de las labores administrativas y jurisdiccionales involucra tanto a los servidores de apoyo y principalmente a las autoridades judiciales propiamente dichas, de ahí que las responsabilidades emergentes del incumplimiento de las funciones y obligaciones no pueden centralizarse en una sola persona u autoridad, ya que cada servidor público tiene el deber de desempeñar sus funciones en el estricto marco de las disposiciones normativas que regulan su labor, más aún si de ello surge la lesión de los derechos objeto de protección de la presente garantía jurisdiccional” . Conforme a lo expuesto supra, resulta claro que, a partir del cambio de la línea jurisprudencial asumido en la SCP 0427/2015-S2, los funcionarios de apoyo jurisdiccional tienen legitimación pasiva para ser demandados en las acciones de libertad, a fin de establecer su responsabilidad si correspondiere; tomando en cuenta que, el acto ilegal denunciado puede no ser necesariamente resultado del ejercicio de la función puramente jurisdiccional, sino de omisiones de carácter administrativo emergentes del desarrollo de las labores de dichos funcionarios, que repercutan en la lesión de los derechos fundamentales y garantías constitucionales de los justiciables, debiendo considerarse; sin embargo, que lo afirmado no deslinda de responsabilidad a la autoridad judicial titular del juzgado respectivo, quien está obligada a impartir instrucciones al personal de apoyo judicial y efectuar el seguimiento respectivo de las causas de su despacho; de no obrar en dicho sentido, asume también responsabilidad de las vulneraciones cometidas en desmedro de los derechos fundamentales y garantías constitucionales de las partes; teniendo cada autoridad o servidor público, el deber de desempeñar sus funciones y labores en el marco de lo regulado para el ejercicio de las mismas”.

III.3. Análisis del caso concreto

En la problemática jurídica planteada, el accionante mediante su representante sin mandato denuncia como lesionado su derecho a la libertad; toda vez que, el Tribunal de Sentencia Penal Primero, Juzgado de Partido del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal de Achacachi del departamento de La Paz, ordenó la remisión del recurso de apelación incidental contra la Resolución 77/2022 de 21 de abril, al superior en grado, instrucción que no fue cumplida hasta la fecha de interposición de la presente acción de libertad, por la Secretaria accionada pese a los reclamos constantes. Dicho ello, se tiene que el impetrante de tutela a través de su representante sin mandato, refirió que desde la interposición del recurso de apelación, no fueron remitidos los antecedentes en alzada a la Sala Penal de turno del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, señalando que en reiteradas ocasiones se comunicó con la Secretaria del Juzgado -hoy accionada- para pedirle que realice la remisión correspondiente, pero por un sin número de excusas hasta la fecha no lo hizo, incluso se constituyó en la localidad de Achacachi para solicitarle remita los antecedentes porque se trata de un caso con detenido, siendo este actuar negligente de la accionada porque son ya casi tres semanas que se estaría atrasando con la referida remisión, siendo que estos hechos dilatorios repercuten en el derecho a la libertad del accionante que se encuentra con detención preventiva. Ahora bien, desde la audiencia donde se ordena la remisión de antecedentes en grado de apelación realizada el 21 de abril de 2022, hasta la fecha de la presentación de la demanda tutelar el 12 de mayo, habrían transcurrido más de veinte días sin que exista evidencia o descargo idóneo que acredite o desvirtúe los argumentos para la interposición de la acción de libertad. Por su parte, la Secretaria accionada, en su defensa sostuvo que en el juzgado donde trabaja no cuenta con auxiliar ni oficial de diligencias por lo que aparte de las funciones que desempeña de Secretaria en el Tribunal de Sentencia Penal Primero, Juzgado de Partido de Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal de Achacachi, debe realizar estas otras con el apoyo de un pasante; también refirió que se encuentra en suplencia legal del Juzgado Público de la Niñez y Adolescencia y de Instrucción de Achacachi, Juzgado que tampoco cuenta con un auxiliar y oficial de diligencias, por lo que la accionada estaría desempeñando todas estas funciones, por demás de excesivas e imposibles de cumplir en los plazos y tiempos señalados por ley; indicando que, hizo conocer esta situación al Presidente del Consejo de la Magistratura, sin que le brindaran solución alguna; indicó también, que constantemente tiene audiencias en comunidades y al no contar con auxiliar, oficial de diligencias, ni pasantes para que le ayuden con las remisiones, más la distancia para llevar estos expedientes a la Sala Penal de turno desde Achacachi hasta La Paz, tomaría todo el día y el referido tribunal tampoco cuenta con boletas para poder sacar las copias respectivas y transportarse ida y vuelta hasta la ciudad de La Paz. Así también manifestó que el legajo de antecedentes de la apelación, ya fue sorteado a la Sala Penal Primera, el 13 de mayo 2022 a horas 8:42, es decir durante la sustanciación de la audiencia de acción de libertad (Conclusión II.1). En primera instancia, se debe tener claramente establecido, que en cuanto a la legitimación pasiva, el Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional, indica que, si la vulneración del derecho tutelado de la libertad, emerge del incumplimiento o la inobservancia de las funciones y obligaciones conferidas al personal de apoyo jurisdiccional o del incumplimiento de las instrucciones u órdenes impartidas por el superior en grado, como es el presente caso, se puede dirigir la demanda contra esta servidora pública por ser viable la legitimación pasiva con la finalidad de establecer su responsabilidad. Toda vez que, la omisión administrativa como es el incumplimiento de plazos para la remisión de antecedentes en apelación, más si se trata de consideración de medidas cautelares, por lo que esta inobservancia de sus funciones del personal de apoyo jurisdiccional, no implica que también el Juez descuide la dirección y seguimiento del accionar del juzgado, dando instrucciones al personal de apoyo judicial y principalmente verificar el cumplimiento de las mismas, asumiendo una responsabilidad compartida, en caso de incumplimiento. Ahora bien, de los antecedentes y lo señalado por las partes, se tiene que evidentemente el retraso en la remisión del legajo en apelación, esto de acuerdo a lo manifestado expresamente por la demanda en sentido que, si no remitió en su tiempo, fue por una serie de contratiempos. Dicho ello, se tiene que la Secretaria del Juzgado ahora accionada, al omitir por alrededor de tres semanas, remitir el legajo citado a la sala penal de turno para que se resuelva el recurso de apelación, restringió los derechos del ahora peticionante de tutela, denotando el incumplimiento en sus funciones que como secretaria y personal de apoyo jurisdiccional debe realizar en los plazos establecidos por ley o dentro de los términos prudentes. Obviamente, al no haber presentado informe ni descargos que evidencien su sobrecarga laboral, o los descargos como la suplencia legal y la misiva que hizo al Consejo de la Magistratura, a su favor en la audiencia de acción de libertad, hacen evidente la dilación en la remisión de los antecedentes en apelación de la Resolución 77/2022, así fue entendida por lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, además, sin olvidar que dicha funcionaria cuenta con legitimación pasiva conforme lo señalado precedentemente. En ese orden, constriñe a quienes administren justicia, eviten retardaciones o dilaciones indebidas e innecesarias, en una correcta administración de justicia, dentro del cumplimiento en la actividad judicial; debiendo las autoridades judiciales, ejercer al efecto una función activa en la dirección judicial de los procesos a su cargo. Además, sin justificativo alguno para la no remisión del legajo de apelación incidental y así otra autoridad jurisdiccional con otra competencia, garantice los derechos de una persona privada de libertad conforme a la Constitución Política del Estado, como es la sala penal, que hasta la fecha de la audiencia de acción de libertad, habría sido sorteada; sin embargo, era incierta la remisión del legajo, correspondiendo conceder la tutela impetrada, y sea sin costas conforme a lo señalado por el Juez de garantías. Finalmente, se aclara a la Secretaria accionada que, en caso de incurrir nuevamente en la transgresión de derechos constitucionales, se pondrá en conocimiento del Consejo de la Magistratura, para efectos consiguientes previsto en la ley. En consecuencia, el Juez de garantías al conceder la tutela impetrada, aunque con otros argumentos, efectuó una adecuada compulsa de los datos del proceso.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución T.G.C. 125/2022 de 13 de mayo, cursante de fs. 20 a 21 vta., emitida por el Juez de Sentencia Penal Séptimo de El Alto del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, conforme los Fundamentos Jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; y,

2° Disponer que la Secretaria del Tribunal de Sentencia Penal Primero, Juzgado de Partido del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal de Achacachi del departamento de La Paz, remita los antecedentes de apelación en el plazo de veinticuatro horas de su legal notificación, si es que a la fecha aún no lo hizo. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. MSc. Isidora Jiménez Castro

MAGISTRADA

Fdo. Dr. Petronilo Flores Condori

MAGISTRADO

Más sobre Acción de libertad — doctrina general

Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0179_2024-S3.pdf · páginas 1 a 12.

Huella digital del PDF (SHA-256): 693a13e9b544a5ecc2253a270c1e36ff1a0be96f4faa3e08a09fe3fa75f5686c

La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.

Ver las sentencias más consultadas por abogados bolivianos →